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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01936-00

Fecha
30 de agosto de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01936-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Beatriz Alonso de Cantor, María Isabel Cantor Alonso, María Magdalena Cantor Alonso, Ana Luisa Cantor Alonso, María Olga Cantor Alonso y Martha Patricia Cantor Alonso, en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01936-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

30 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01936-00

Accionante: BEATRIZ ALONSO DE CANTOR Y OTROS

Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN C

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia
/ INMEDIATEZ - la demanda no se presentó en un término razonable.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En virtud de lo resuelto por la Sección Quinta de esta Corporación, en providencia
del 12 de julio de 20241, corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la
demanda de tutela instaurada por Beatriz Alonso de Cantor y otras personas, de
conformidad con el Decreto 333 de 20212.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda3

1. El 22 de abril de 2024, Beatriz Alonso de Cantor, María Isabel Cantor Alonso, María
Magdalena Cantor Alonso, Ana Luisa Cantor Alonso, María Olga Cantor Alonso y
Martha Patricia Cantor Alonso, por conducto de apoderado judicial, presentaron
demanda de tutela contra el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, por considerar que la sentencia del
12 de diciembre de 2022 que puso fin al proceso de reparación directa identificado
con radicado 250002326000200800628-01 (47.991), vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la vida, vivienda digna, mínimo vital y de trabajo.

1
Índice 16 del aplicativo Samai, segunda instancia, expediente: 11001031500020240193601.
2
Que ingresó para fallo el 3 de mayo de 2024, índice 17 del aplicativo Samai.
3
Índice 2 del aplicativo Samai.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01936-00
Accionante: Beatriz Alonso de Cantor y otros
Accionado: Consejo De Estado, Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Hechos relevantes

2. El 26 de noviembre de 2008, Luis Eduardo Cantor Neuta4, en ejercicio de la acción
de reparación directa presentó demanda en contra del Distrito Capital de Bogotá, el
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y el Terminal de Transporte de Bogotá, con el
fin de que se les declarara responsables por “avaluar erradamente el bien inmueble
(…) expropiado por vía administrativa por el Instituto de Desarrollo Urbano de
Bogotá”.

3. Mediante sentencia del 12 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión declaró la
caducidad del medio de control de reparación directa. La parte demandante
interpuso recurso de apelación contra esa decisión.

4. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 12
de diciembre de 2022, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró
la indebida escogencia de la acción de reparación directa, porque el demandante
cuestionó la legalidad de un acto administrativo que ordenó la expropiación
administrativa y acogió el avalúo del inmueble por valor de $481’142.0885.

Pretensiones

5. Solicita la parte accionante lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con
los posibles errores):

“Primero: Que se conceda a mis prohijadas los derechos fundamentales al
debido proceso, derecho a la vida, vivienda digna, mínimo vital, tutela judicial
efectiva, así como al principio de confianza legítima, que fueron vulnerados por
la autoridad judicial accionada, a través del fallo del 12 de diciembre de 2022,
referido en precedencia.

Segunda: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la
sentencia del 22 de junio de 2023, dictada en la causa 2500023260002002008-
00628-01 (47991) por la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en
consecuencia, se le ordene al órgano acusado emitir una nueva decisión, en la
que, esta vez, si valore y no omita el análisis de los medios de prueba allegados
al plenario, para decrete la justa tasación del precio del bien inmueble ubicado
en la Carrera 75 F No 57 No-73 sur, al avaluar el I.D.U. erradamente por debajo
del precio comercial que obliga la Ley 388 de 1997, además de la consecuente
indemnización de la expropiación a que tuvo el derecho el causante y hoy sus
herederas ya que sufrieron la carga pública de abarcar los daños y perjuicios
materiales y morales sufridos por dicho hecho.

Pretensiones Subsidiarias:

4
Se advierte que en el proceso ordinario (expediente visible en índice 8 del aplicativo Samai),
mediante auto del 5 de julio de 2019, se reconocieron como sucesoras procesales del demandante
a: Beatriz Alonso de Cantor, María Isabel Cantor Alonso, María Magdalena Cantor Alonso, Ana Luisa
Cantor Alonso, María Olga Cantor Alonso y Martha Patricia Cantor Alonso.
5
El avalúo había sido determinado y comunicado al propietario mediante Resolución 3707 del 8 de
agosto de 2006.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01936-00
Accionante: Beatriz Alonso de Cantor y otros
Accionado: Consejo De Estado, Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Primera: Que se ordene a la Sección Tercera del Consejo de Estado la admisión
del recurso extraordinario de revisión a mis prohijadas.

Segunda: Que, bajo el AMPARO de los derechos fundamentales de mis
prohijadas, los jueces de tutela adopten las medidas pertinentes que garanticen
la efectividad de sus derechos dentro del trámite de Reparación Directa”.

Fundamentos de la demanda de tutela

6. La parte accionante alega la violación de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la vida, vivienda digna, mínimo vital y de trabajo, supuestamente
vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante
sentencia del 12 de diciembre de 2022, porque no se tuvo en cuenta que el señor
Luis Eduardo Cantor Neuta sufrió daños y perjuicios materiales y morales por el
incorrecto avalúo del inmueble de su propiedad, y, por ende, por tratarse de una
acción resarcitoria la demanda debía ejercerse mediante la acción de reparación
directa.

7. Al respecto, señaló que la señora Beatriz Alonso de Cantor, quien actuó en el
proceso de reparación directa identificado con radicado 250002326000200800628-
01 como una de las sucesoras procesales de Luis Eduardo Cantor Neuta, padece
múltiples afectaciones de salud y que se trata de una paciente de la tercera edad
(91 años).

8. En esa misma línea, manifestó que es claro que el IDU ha actuado de mala fe y
violentó los derechos fundamentales de los accionantes porque avaluó el bien
objeto de expropiación por un monto de dinero inferior al valor comercial. Debido a
esa situación, expresó que las hijas de Beatriz Alonso de Cantor, han tenido que
asumir estos costos de medicamentos del tratamiento de su madre, además de
tener que pagarle a una enfermera y una cuidadora para que este ella las 24 horas
al día; por lo que “requieren con urgencia el dinero de la justa tasación del inmueble
de la expropiación, más la correspondiente indemnización a que tienen derecho”.

9. Como consecuencia de lo anterior, indicó que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, en la sentencia del 12 de diciembre de 2022, incurrió en un
defecto fáctico por omisión de la valoración de las pruebas aportadas al proceso,
por declarar la indebida escogencia del medio de control sin tener en cuenta las
particularidades del caso, en el que el señor Luis Eduardo Cantor Neuta dejó pasar
el tiempo de 4 meses para demandar mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho porque estaba sufriendo problemas físicos y
psicológicos causados, precisamente, por la expropiación del inmueble, por lo que,
únicamente contaba con la acción de reparación directa para lograr la
indemnización de los perjuicios causados.

10. En ese contexto alegó que en la providencia cuestionada se desconoció el
precedente fijado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-132 de 2002 y

3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01936-00
Accionante: Beatriz Alonso de Cantor y otros
Accionado: Consejo De Estado, Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

T-118 de 2013, en relación con el deber del juez de practicar las pruebas decretadas
y valorar los elementos probatorios que obran en el proceso.

Trámite de la demanda de tutela

11. Mediante auto del 23 de abril de 2024, se admitió la demanda de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó como terceros intervinientes
a: (i) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; (ii) el Distrito Capital de Bogotá
D.C.; (iii) el Instituto de Desarrollo Urbano del Distrito Capital de Bogotá (IDU); (iv)
el Terminal de Transportes de Bogotá y (v) a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

Intervenciones

12. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C solicitó que se declare la
improcedencia de la demanda por incumplir el requisito de relevancia constitucional
por falta de carga argumentativa, debido a que se pretende reabrir el debate jurídico
en una tercera instancia. En todo caso, adujo que no se demostró el defecto fáctico
alegado, al respecto, indicó los elementos probatorios valorados en la providencia
cuestionada, además, señaló que la controversia se relacionó con la afectación al
patrimonio del demandante, debido a que el IDU profirió la Resolución No. 3707 del
8 de agosto de 2006 en la que fijó como avalúo del inmueble de su propiedad en la
suma de $481.142.088, valor que fue acogido en la Resolución No. 5725 del 31 de
octubre de 2006 que ordenó la expropiación administrativa del bien, por lo que, la
fuente del daño alegada se derivó de la supuesta ilegalidad de los actos
administrativo enunciados y, equivocadamente, el demandante ejerció la acción de
reparación directa.

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
solicitó que se declare improcedente la demanda, porque la acción de tutela contra
providencia judicial no puede ser usada como un juicio de corrección en la sentencia
cuestionada.

14. El Distrito Capital de Bogotá, a través de la Secretaría Jurídica Distrital, se opuso
a las pretensiones de la demanda de tutela por considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva dado que la entidad no expidió los actos
administrativos cuestionados en el proceso ordinario. Además, expresó que el
asunto carece de relevancia constitucional porque la definición de la acción
procedente para cuestionar la legalidad de los actos administrativos no debe ser
definida por el juez constitucional.

15. El IDU señaló que la demanda de tutela es improcedente porque con la sentencia
cuestionada no se vulneraron sus derechos fundamentales. Al respecto expresó que
los accionantes, mediante el ejercicio de la acción constitucional, pretenden corregir
su error de haber demandado de manera equivocada la supuesta ilicitud de los
actos administrativos expedidos por la entidad, además, adujo que no es posible
revivir los términos de caducidad fenecidos por negligencia de la parte actora. En

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01936-00
Accionante: Beatriz Alonso de Cantor y otros
Accionado: Consejo De Estado, Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

ese sentido consideró que en el debate jurídico ya resuelto operó la cosa juzgada
que tiene el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas.

16. En ese mismo sentido, la entidad reiteró la improcedencia de la demanda porque
no se cumplió con el requisito de inmediatez, porque los accionantes no ejercieron
la acción constitucional en un plazo razonable contado desde el momento en que
conocieron la providencia que ahora cuestionan.

17. La Terminal de Transporte S.A. indicó que la sentencia del 12 de diciembre de
2022 fue proferida de acuerdo con el análisis de los elementos probatorios que
obraban en el proceso, además, alegó la improcedencia de la demanda de tutela
porque: (i) no satisface los requisitos para cuestionar providencias judiciales; (ii)
operó la cosa juzgada y (iii) se configura una falta de legitimación en la causa por
pasiva porque ninguno de los hechos constitutivos de la solicitud de amparo es
imputable a la sociedad.

18. La Secretaría Distrital de Movilidad sostuvo que la solicitud de amparo no tiene
relación con las acciones u omisiones de la entidad, por lo que pidió que se declare
la ausencia de nexo de causalidad y se nieguen las pretensiones elevadas en su
contra.

Declaratoria de nulidad

19. En el trámite de la segunda instancia6, a través de auto del 20 de junio de 20247, se
puso en conocimiento de las partes una eventual nulidad saneable por la no
vinculación como tercero con interés de la aseguradora La Previsora S.A., debido a
que fue llamada en garantía en el proceso de reparación directa que dio origen a la
presente acción de tutela.

20. Una vez advertida la situación, La Previsora S.A., mediante comunicación del 26 de
junio de 2024, solicitó que se declarara la nulidad procesal por la falta de notificación
personal de la demanda de tutela.

21. La Sección Quinta de esta Corporación, en providencia del 12 de julio de 2024 8
declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso a partir del auto admisorio de la
demanda, sin afectar las pruebas e informes rendidos en la actuación, porque se
configuraron las causales 3 y 8 de nulidad consagradas en el artículo 133 del CGP 9.

6
Previo a resolver el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia del
20 de mayo de 2024, índice 19 del aplicativo Samai.
7
Índice 4 del aplicativo Samai, segunda instancia, expediente: 11001031500020240193601.
8
Índice 16 del aplicativo Samai, segunda instancia, expediente: 11001031500020240193601.
9
Artículo 133. “Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los
siguientes casos: (…).
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de
suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.
(…).
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01936-00
Accionante: Beatriz Alonso de Cantor y otros
Accionado: Consejo De Estado, Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Como consecuencia de lo declarado remitió el expediente, a la Sección Tercera
para adelantar nuevamente el trámite de la actuación judicial.

22. El despacho ponente, en auto 26 de julio de 202410, vinculó al proceso a La
Previsora S.A. y le otorgó dos días para que se pronunciara sobre las pretensiones
de la demanda de tutela. La aseguradora no presentó informe en el término
otorgado.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

23. La Subsección reitera en esta oportunidad que no hay lugar a hacer un estudio de
fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de
procedibilidad de inmediatez.

24. La Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores con el
propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: (i) la situación personal del peticionario; (ii) el momento en el que se
produce la vulneración; (iii) la naturaleza de la misma; (iv) la actuación contra la que
se dirige la tutela y (v) los efectos de la tutela11.

25. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha considerado
que para efectos de establecer si la acción de tutela contra providencia judicial se
ejerció oportunamente, es decir, que se cumple con el requisito de la inmediatez, se
debe verificar que se hubiese presentado dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación o ejecutoria de la providencia cuestionada, según sea el caso12.

26. Por otra parte, esta Subsección ha precisado que, en principio, el plazo de 6 meses
se debe contabilizar desde la notificación de la providencia que se cuestiona, por
cuanto es a partir del momento en que se conoce la decisión que se puede advertir
la posible vulneración de derechos fundamentales por la configuración de uno o
varios de los defectos que hacen procedente la acción de tutela contra providencia
judicial13. A menos que se presenten actuaciones y/o pronunciamientos posteriores
que puedan tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por
tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento al interponer
la acción de tutela14.

ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes,
cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra
persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado”.
10
Índice 35 de Samai. Providencia debidamente notificada a la demandada y vinculadas, incluida La
Previsora S.A., según consta en el envío de notificación visible en el índice 39 del aplicativo.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
12
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
13
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de mayo de 2023, radicado
número: 11001-03-15-000-2023-00282-01. Criterio reiterado por la misma Subsección en sentencia
del 4 de julio de 2023, radicado número 11001-03-15-000-2023-01887-00.
14
En sentencia de 11 de abril de 2019, radicado número: 110010315000201803905-01.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01936-00
Accionante: Beatriz Alonso de Cantor y otros
Accionado: Consejo De Estado, Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

27. En el presente asunto, la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2022 se notificó
mediante edicto fijado el 14 de abril de 2023 y desfijado 18 del mismo mes y año15.
De ese modo, dado que la demanda tutela se presentó hasta el 22 de abril de 2024,
se evidencia que extendió en demasía el plazo razonable de 6 meses para
interponer la acción constitucional que se resuelve en este momento.

28. La Sala reconoce que en el proceso de reparación directa en el que se profirió la
sentencia que ahora se cuestiona, la autoridad judicial accionada profirió el 4 de
diciembre de 2023, de oficio, un auto de corrección de sentencia16. No obstante, el
término de los seis (6) meses no puede contabilizarse en este caso particular a partir
del auto de corrección, ya que ninguna incidencia tuvo sobre lo resuelto por la
autoridad judicial accionada en el fondo del asunto.

29. En ese mismo sentido, se considera que la petición presentada por la señora María
Magdalena Cantor Alonso en su calidad de sucesora procesal al despacho a cargo
del Magistrado Nicolás Yepes Corrales con miras a obtener “La restitución del lote
qué supuestamente iba a ser construido para un servicio Social según dice la
Alcaldía”, también carece de relevancia para justificar la demora en la presentación
de la acción de tutela, pues es sabido que el ejercicio de ese derecho fundamental
en procesos judiciales es improcedente, ya que estos se encuentran sometidos a
una reglamentación especial prevista en la ley.

30. Finalmente, la Sala considera que el estado de salud de la señora Beatriz Alonso
de Cantor y su avanzada edad (91 años) no impedían a cualquiera de las demás
personas reconocidas en el proceso ordinario como sucesoras procesales del señor
Luis Eduardo Cantor Neuta, para interponer la acción de tutela en un término
razonable.

31. Por las razones anotadas, la Sala estima que el plazo de 6 meses –considerado
como razonable para presentar la demanda de tutela– empezó a correr a partir de
la fecha en que se notificó la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, es decir, el 18 de abril de 2023. Por lo que era a partir de
esa fecha que la accionante contaba con seis meses para presentar la demanda de
tutela, pero solo lo hizo, se reitera, hasta el 22 de abril de 2024.

32. Adicionalmente, la Subsección precisa que la parte actora no demostró alguna
situación que diera lugar a flexibilizar la exigencia del requisito de la inmediatez y
que justifique su interposición por fuera del término que la jurisprudencia ha
considerado como razonable para ejercer la acción de tutela contra una decisión
judicial.

15
Consulta en el aplicativo Samai del expediente identificado con radicado
250002326000200800628-01 (47.991), índice 134.
16
En el auto de corrección se precisó que la fecha de la sentencia de primera instancia fue proferida
el 12 de abril de 2013 y no el 12 de abril de 2007 como equivocadamente se consignó en la parte
resolutiva de la sentencia de segunda instancia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01936-00
Accionante: Beatriz Alonso de Cantor y otros
Accionado: Consejo De Estado, Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

33. De conformidad con lo anterior, la Subsección declarará improcedente la petición
de amparo por el incumplimiento del requisito de la inmediatez.

34. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Beatriz Alonso de Cantor, María Isabel Cantor Alonso, María Magdalena Cantor
Alonso, Ana Luisa Cantor Alonso, María Olga Cantor Alonso y Martha Patricia
Cantor Alonso, en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la providencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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