Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08007-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-08007-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08007-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-08007-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
21 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08007-01
Demandante: Castro Tcherassi SA y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 21 de mayo de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08007-01
Demandante: CASTRO TCHERASSI SA Y OTRO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A.
Temas: Contra providencia judicial dictada en el medio de control de
controversias contractuales. Defecto fáctico y por violación directa de
la Constitución. Improcedencia de la acción de tutela. Requisito de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 26
de febrero de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
que declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 16 de diciembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado, las sociedades Castro Tcherassi SA y Equipo Universal SA pidieron la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a
la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 7
de noviembre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, que confirmó la decisión de primera instancia que denegó las pretensiones de la
demanda de controversias contractuales con radicado 25000-23-26-000-2004-00780-
00/01 (acumulado 25000-23-26-000-2004-01731-00).
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
2.1.- PRIMERA: Que en defensa del derecho constitucional al debido proceso y, en especial, al derecho
de defensa y al derecho de acceso a la justicia de la accionante, se deje sin efecto legal alguno la
sentencia de segunda instancia de fecha 7 de noviembre de 2025 proferida dentro del proceso de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho por la SUBSECCIÓN A de la SECCIÓN TERCERA del
HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, Magistrado Ponente Doctor JOSÉ ROBERTO SÁCHICA
MÉNDEZ, que puso fin al proceso formulado por EL CONSORCIO y luego acumula do con el promovido
por la sociedad CONFIANZA S.A, al cual le correspondió la Radicación No 25000-2326-000-2004-
00780-01 (71.644).
2.2.- SEGUNDA: Que para garantizar el efectivo goce del derecho al debido proceso y, en especial, al
derecho de defensa y al derecho de acceso a la justicia de la accionante, se le ordene a la autoridad
accionada SUBSECCIÓN A de la SECCIÓN TERCERA del HONORABLE CONSEJO DE ESTADO,
que dentro del término que al efecto se le señale produzca una nueva sentencia en la que resuelva, en
derecho, todas y cada una de las pretensiones de la demanda que dio origen al proceso promovido por
EL CONSORCIO y luego acumulado con el formulado por la sociedad CONFIANZA S.A., al haber
incurrido la mencionada sentencia en, al menos, una de las causales específicas de procedencia de
este mecanismo de protección constitucional en contra de providencias judiciales, particularmente el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08007-01
Demandante: Castro Tcherassi SA y otro
defecto procedimental - vía de hecho - (defecto fáctico) mencionadas por la Corte Constitucional en
múltiples decisiones y, particularmente, en la Sentencia SU- 659 DE 2015.
PARÁGRAFO: Para los efectos de la nueva sentencia que en derecho se debe proferir, pongo de
presente que dentro del proceso EL CONSORCIO y la sociedad CONFIANZA S.A. demostraron en
debida forma que los daños presentados en las zonas de no paraderos no son imputables al contratista,
como aparece más adelante.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación contractual
Manifestaron las sociedades tutelantes que conformaron un consorcio para celebrar, con
el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el contrato de obra 089, que tenía por objeto
ejecutar la rehabilitación de las calzadas de tráfico mixto y la adecuación de las calzadas
centrales de Transmilenio de la avenida Caracas de la ciudad de Bogotá.
Que para el seguimiento técnico de las obras el IDU suscribió el contrato de interventoría
126 del 2000 con el consorcio Ingetec – PIV – la Viabilidad (en adelante el interventor).
Que, por otro lado, tomaron un seguro de cumplimiento con la compañía aseguradora de
Fianzas SA, que amparó la estabilidad de la obra.
Que la ejecución del contrato de obra 089 inició el 23 de marzo de 2000. Que las obras
finalizaron el 7 de febrero de 2001 y que fueron recibidas provisionalmente el 7 de marzo
de ese mismo año por el IDU y el interventor. Que a partir de esa fecha corrió el término
de garantía, que era de un año.
Que durante el término de garantía el IDU les remitió una lista de defectos constructivos
y encomendó al interventor la supervisión de las reparaciones, que se realizarían entre
el 8 de marzo y el 5 de julio de 2002. Que de forma paralela a las mencionadas
reparaciones se ejecutaron obras para subsanar daños en los paraderos de Transmilenio,
que, según dijeron, no les eran imputables.
Que el 19 de diciembre de 2002, suscribieron con el IDU el acta 43 de liquidación del
contrato. Que en esa acta acordaron acudir a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para
resolver las diferencias sobre las causas de los daños en las losas adyacentes a los
paraderos de Transmilenio, que, adicionalmente, la entidad se comprometió a solicitar un
estudio técnico a la Universidad Nacional de Colombia para la evaluación de las obras.
Que, en el mes de agosto de 2003, la Universidad Nacional de Colombia entregó el
estudio técnico. Que, posteriormente, el 30 de diciembre de 2003, el IDU profirió la
Resolución 14321 en la que: i) declaró la ocurrencia del riesgo cubierto por el amparo de
estabilidad de la obra de la póliza expedida por la compañía aseguradora de Fianzas SA,
ii) hizo efectiva esa garantía por $7.762.055.404 y, iii) dispuso que el pago de esa suma
se realizaría dentro del mes siguiente a la firmeza de esa resolución.
Que esa decisión se había sustentado en que, según el estudio de la nombrada
universidad, la causa de los daños había sido la modificación del diseño, que no había
sido aprobado por el IDU y que estaba relacionado con la utilización de relleno fluido
como material de nivelación de la estructura de pavimento, así como en un deficiente
proceso constructivo en el sellado de las juntas.
Que, inconformes, presentaron recurso de reposición contra la Resolución 14321 de
2003, que, sin embargo, a través de la Resolución 4038 del 26 de marzo de 2004, el IDU
desestimó su recurso y confirmó la decisión recurrida.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08007-01
Demandante: Castro Tcherassi SA y otro
3.2. Actuación judicial
El consorcio conformado por las sociedades Castro Tcherassi SA y Equipo Universal SA
promovió demanda de controversias contractuales contra el Instituto de Desarrollo
Urbano (IDU), para que se declarara la nulidad de las Resoluciones 14321 de 2003 y
4038 de 2004 y que no eran responsables de las fallas de la obra que el IDU les había
atribuido, por lo que, en consecuencia, no procedía hacer efectiva la garantía. Además,
pidieron que, en caso de haberse realizado el pago del siniestro, se ordenara la
devolución, se condenara a la entidad a pagar los perjuicios causados, más los
correspondientes intereses moratorios y costas procesales.
La demanda se adelantó bajo el radicado 25000-23-26-000-2004-00780-001 y
correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C, que, por sentencia del 22 de enero de 2015, denegó las pretensiones, al considerar
que las resoluciones demandadas no habían transgredido normas superiores, a pesar de
que fueron dictadas sin acudir previamente a los mecanismos alternativos de solución de
conflictos, como lo ordenaba la cláusula 50 del contrato, debido a que la compañía de
seguros no era parte de ese negocio jurídico, por lo que no le eran aplicables sus
estipulaciones.
Que no se había vulnerado el derecho de audiencia y de defensa, porque el IDU había
radicado una comunicación con la compañía de seguros en la que le informaba sobre las
fallas de la obra, lo que le permitió conocer la actuación administrativa de la entidad. Que
la compañía de seguros hizo parte del procedimiento adelantado para hacer efectiva la
garantía, que se le notificó la Resolución 14321 de 2003 y contra esa decisión pudo
promover el recurso de reposición.
Que las resoluciones demandadas no transgredieron los artículos 1045, 1054 y 1072 del
Código de Comercio, porque las fallas en las losas no habían sido un error en los diseños
suministrados por el IDU y, por el contrario, obedecieron a una decisión del consorcio
constructor de introducir una modificación no autorizada, al emplear relleno fluido para la
nivelación, en lugar de material asfáltico. Que el consorcio no realizó estudios para
verificar si debía mantenerse el espesor de las losas de concreto ni efectuó pruebas que
garantizaran la durabilidad de las obras.
Que tampoco se había desconocido el artículo 1602 del Código Civil, puesto que el hecho
de que el IDU autorizara el empleo de relleno fluido en otras obras no facultaba al
consorcio a introducir alteraciones unilaterales a los diseños. Que la cuantificación de la
pérdida estuvo fundamentada legalmente y con base en el estudio realizado por la
Universidad Nacional de Colombia, en el que se detallaron los daños y su
correspondiente cuantía.
La anterior decisión fue complementada el 7 de febrero de 2024, en el sentido de
desestimar los cargos de incompetencia del IDU para expedir los actos demandados; de
falsa motivación, porque no se demostró que los estudios previos suministrados por IDU
fueron la causa de los daños de las losas; de vulneración del principio de buena fe, porque
la autorización del uso de relleno fluido en otros contratos no implicaba su extensión al
negocio objeto de controversia y porque el IDU no aprobó las modificaciones del diseño
y el cargo de vulneración del derecho al debido proceso.
Inconformes, el consorcio demandante y la compañía aseguradora de Fianzas SA
apelaron. Por un lado, el consorcio manifestó que era improcedente hacer efectivo el
amparo de estabilidad de la obra por un presunto incumplimiento durante la ejecución del
contrato, consistente en la modificación de los diseños que permitió el relleno de fluido
como material de nivelación.
1 Acumulada con la demanda con radicado 25000-23-26-000-2004-01731-00 promovida por la compañía aseguradora
de Fianzas SA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08007-01
Demandante: Castro Tcherassi SA y otro
Que el amigable componedor designado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros
había resuelto, con efectos de cosa juzgada, la controversia sobre las causas de las fallas
en las losas, que en esa ocasión se le había atribuido el 90% de la responsabilidad al
IDU, al haber previsto en los diseños suministrados el uso del relleno fluido como material
de nivelación. Que el amigable componedor demostró la falta de competencia del IDU
para proferir las resoluciones demandadas, puesto que esa entidad había aceptado que
un tercero definiera las causas de los daños.
Que hubo indebida valoración de las pruebas, porque había demostrado la falsa
motivación. Que el testimonio del director de la entidad interventora y las pruebas
documentales evidenciaban que las causas del daño en la estructura de pavimento
fueron el reducido espesor de las losas, el agua proveniente de los paraderos que fueron
construidos por terceros y las fallas de los sellos por exceso de presión hidráulica. Que
el amigable componedor también había concluido que no se había cambiado el diseño,
debido a que el suministrado por el IDU contemplaba la posibilidad de utilizar el relleno
fluido como material de nivelación, que, además, había determinado que la entidad y el
interventor habían avalado el empleo de ese material.
Por otro lado, la compañía aseguradora de Fianzas SA señaló que el IDU carecía de
potestad para decidir unilateralmente sobre las causas de las fallas en las losas, en razón
a un pacto arbitral fijado en el contrato. Que no se había garantizado su derecho al debido
proceso, porque la notificación de la Resolución 14321 de 2003 no podía equipararse a
una citación a intervenir en el procedimiento administrativo que concluyó con ese acto
administrativo.
Que hubo indebida valoración de las pruebas relacionadas con las causas de las fallas
en las losas. Que no se tuvieron en cuenta documentales que acreditaban sanciones
disciplinarias, penales y fiscales contra funcionarios del IDU, que evidenciaban que los
daños de las calzadas eran atribuibles a esa entidad. Que no se valoró el dictamen
pericial elaborado por el señor Silva Valenzuela, las pruebas testimoniales ni la decisión
del amigable componedor, que determinaban que las causas de las fallas fue el uso del
relleno fluido en la nivelación, que había sido contemplado en los diseños suministrados
por el IDU.
Que no se había tenido en cuenta que el mencionado dictamen determinó que el pliego
de condiciones se apartó de los parámetros del diseño estructural de pavimentación. Que
los testimonios habían acreditado que el IDU no atendió las advertencias del contratista
sobre las falencias del diseño aportado. Que la cuantificación de la pérdida no tuvo en
cuenta las condiciones del seguro de cumplimiento, con lo que se trasgredían los artículos
1077, 1088 y 1090 del Código de Comercio.
Respecto de la sentencia complementaria, dijo que se desconoció el acuerdo de las
partes de acudir al amigable componedor y que estaba probada la excepción de cosa
juzgada, debido a que la decisión del amigable componedor producía los mismos efectos
jurídicos que un contrato de transacción.
Por sentencia del 7 de noviembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, confirmó la decisión apelada, básicamente por las mismas
consideraciones del a quo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la autoridad judicial demandada
incurrió en los siguientes vicios de fondo:
Defecto fáctico por indebida valoración probatoria, al afirmar que hubo falsa motivación,
debido a que, a su juicio, no era cierto que las causas del deterioro de las losas fueran la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08007-01
Demandante: Castro Tcherassi SA y otro
utilización del relleno fluido, sino también, y en mayor medida, el espesor de las losas,
que era insuficiente.
Dijeron que en los documentos contractuales se previó la posibilidad de utilizar el relleno
de fluido y que ello fue advertido por el amigable componedor.
Que había quedado demostrado que, a pesar de las observaciones que formularon al
IDU, este último decidió que se debía seguir trabajando con un espesor de la losa de
20cm, como lo determinó en el acta 8 del 3 de agosto de 2000. Que no había duda de
que el espesor de la losa fue una de las causas de la falla que hicieron efectiva la póliza
de estabilidad de la obra, pero que la autoridad judicial demandada no tuvo eso en cuenta.
Que en el estudio de la Universidad Nacional se había señalado que el espesor de la losa
requerido era superior a 20 centímetros y que esa consideración también fue mencionada
por el interventor.
Que, en razón a lo anterior, no se le podían atribuir los daños de la troncal Caracas
generados por el uso de relleno fluido incluido en el pliego de licitación y el menor espesor
de las losas de concreto.
Manifestaron que el siniestro se basó en la falta de estabilidad en la construcción de una
sobrelosa de concreto destinada a la circulación de los buses del sistema Transmilenio,
que utilizó como apoyo los pavimentos existentes construidos en 1950, que estaban
conformados por dos calzadas bidireccionales de 10 metros de ancho cada una.
Que, de acuerdo con el diseño geométrico del proyecto, el ancho de 10 metros de cada
calzada existente era insuficiente para acomodar los 4 carriles que especificaba, de los
cuales dos carriles interiores eran para la circulación exclusiva de los buses de
Transmilenio, por lo que era necesario ensanchar las calzadas existentes.
Que para la construcción de las ampliaciones realizaron excavaciones laterales contra el
separador central, hasta obtener lo requerido para la construcción de una sobrelosa en
concreto rígido para la circulación de buses de Transmilenio. Que el relleno de la
excavación debía realizarse con relleno fluido, hasta un nivel similar a la parte inferior de
la losa de concreto rígido existente, para luego colocar una capa de concreto de cemento
de características similares a la del pavimento rígido existente, de tal manera que la parte
inferior quedara al mismo nivel.
Que los diseños de pavimentación abarcaban la colocación de una capa de pavimento
rígido conformado por losas en cementos Portland simple no reforzado con acero, que
se apoyaba sobre la estructura de concreto existente y de la zona de ampliación.
Que revisaron el diseño de pavimentación y encontraron que el espesor de las losas de
concreto a construir sobre la estructura existente era insuficiente y se rompería a corto
plazo, que el espesor de las losas debía ser de 30 cm y no de 20 cm. Que esa información
fue comunicada al IDU oportunamente y antes de comenzar las obras, pero que la
respuesta de la entidad fue construir las losas con el espesor indicado en los planos, es
decir, de 20 cm.
Que la rotura de las losas construidas con el espesor indicado en los planos del contrato
sucedió tanto en los tramos apoyados por el pavimento asfáltico como en los que hubo
relleno fluido, lo que indicaba que la falla de las losas fue en todo el trayecto contratado
y porque fueron construidas con un espesor deficiente.
Que el primer síntoma que aparece en un pavimento rígido construido con un espesor
deficiente era la aparición de grietas transversales en el tercio medio de la longitud de la
losa, lo que indicaba que el material había fallado por fatiga, como ocurrió en la obra.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08007-01
Demandante: Castro Tcherassi SA y otro
Que la Resolución 4038 de 2004 se fundamentó en el estudio realizado por la Universidad
Nacional, pero que ese estudio no le fue entregado oportunamente y no tuvo la
oportunidad de revisarlo, que, además, se ignoró cuál fue la metodología empleada por
la nombrada universidad.
Que el estudio realizado por la Universidad Nacional no fue explícito en mencionar que
el espesor de las losas de 20cm no fue el adecuado. Que en otros tramos realizados por
otros contratistas no se presentaron fallas porque el espesor de las losas fue de
aproximadamente 30cm.
Que lo anterior permitía advertir que las conclusiones técnicas presentadas por la
Universidad Nacional al IDU, y que dieron origen a la Resolución 4038 del 2004, fueron
erradas, debido a que no presentaron reparos sobre el espesor de las losas. Que se
utilizó el método PCA, cuando se debió acudir al método AASHTO 1993, que sí tenía en
cuenta la presencia de agua que penetraba las capas inferiores de soporte de la losa.
Que ellos sí habían empleado el método AASHTO 1993 y obtuvieron que el espesor de
la sobrelosa a colocar era de 30cm, siempre y cuando las condiciones de la construcción
fueran la utilización de relleno fluido, la construcción de sardinales en forma monolítica y
se replicara la estructura del pavimento rígido existente.
Que, en todo caso, la Universidad Nacional había concluido que el espesor de la losa
debió ser de 26 cm, es decir, 6 cm más de los dispuestos en el pliego de condiciones.
Que las roturas de las losas que soportan los buses de Transmilenio obedecieron al
deficiente espesor de 20cm, que ello implicó que la durabilidad del pavimento fuera entre
2.5 y 3 años.
Que el IDU reparó las losas rotas de los tramos más críticos y lo hizo mediante el retiro
del relleno fluido y construyó unas losas de concreto de 30cm de espesor, reforzadas con
varillas de un diámetro de una pulgada; que, sin embargo, la entidad no solicitó el pago
adicional de esos refuerzos para no reconocer el error en que había incurrido. Que, si lo
anterior se hubiera tenido en cuenta, la decisión cuestionada hubiera sido dictada en otro
sentido.
La Sala advierte que la parte actora alega un defecto sustantivo; sin embargo, los
argumentos están relacionados con un cargo por violación directa de la Constitución
porque se transgredió su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
Por último, alegaron la causación de un perjuicio irremediable, porque el IDU inició un
proceso ejecutivo con los actos demandados, que se encuentra pendiente de que se
profiera sentencia de segunda instancia y en el que eventualmente se condenará a la
compañía aseguradora de Fianzas SA, quien posteriormente repetirá contra ellas.
5. Intervenciones
Un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, señaló que, en la sentencia de primera instancia del 22 de enero de 2015,
que fue complementada el 7 de febrero de 2024, se expusieron los argumentos que
resolvieron de fondo el asunto.
El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, ponente de la
sentencia cuestionada, adujo que no se podían acoger las pretensiones de la parte
actora, porque la solicitud de amparo era improcedente por falta de relevancia
constitucional, debido a que se pretendía emplear como una instancia adicional del
proceso ordinario.
Hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso objeto de tutela, para advertir
que se incumplía el requisito de relevancia constitucional porque no se demostró la
restricción injustificada o desproporcionada de los derechos reclamados. Que se
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08007-01
Demandante: Castro Tcherassi SA y otro
pretendía reabrir el debate sobre la valoración probatoria realizada a la causa de los
deterioros presentados en las losas de pavimento. Que no se había demostrado que se
hubiere incurrido en una apreciación irracional, arbitraria o incompleta de los medios de
prueba.
Que el debate propuesto era de naturaleza patrimonial, de contenido económico evidente
y sin incidencia en el interés general. Que las pretensiones de la parte actora estaban
sustentadas en la existencia de un proceso ejecutivo en curso que, eventualmente,
implicaría que la aseguradora ejerciera acciones contra las sociedades demandantes y
que la sentencia acusada no incurrió en el defecto fáctico alegado.
El director técnico de gestión judicial del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU solicitó
su desvinculación, al estimar que no tenía legitimación en la causa por pasiva, debido a
que carecía de competencias para atender las pretensiones de la parte actora.
Dijo que se había tramitado la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-
02124-00 que estaba relacionada con el mismo proceso ordinario discutido en esta
acción constitucional.
Que la sentencia controvertida no vulneró los derechos fundamentales reclamados por la
parte actora. Que la solicitud de amparo no cumplía con el requisito de relevancia
constitucional, porque se utilizaba como un medio alternativo o complementario del
proceso ordinario.
La sociedad Seguros Confianza SA pidió que se concediera el amparo deprecado y se
ordenara dictar una sentencia de reemplazo que no incurriera en defecto fáctico por
indebida valoración probatoria. Reiteró los argumentos del escrito de tutela relacionado
con que la autoridad judicial demandada no valoró los medios de convicción de forma
correcta.
El 14 de enero de 2026, la parte actora allegó memorial en el que aportó dos autos
dictados en el proceso ejecutivo con radicado 25000-23-26-000-2004-02145-00, iniciado
por el IDU contra la sociedad Confianza SA, y manifestó que el 17 de mayo de 2024 ese
proceso ingresó a un despacho del Consejo de Estado, Sección, Tercera, Subsección C,
para dictar sentencia de segunda instancia.
Luego, el 16 de enero siguiente, presentó memorial de oposición al informe rendido por
el magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, ponente de la
sentencia cuestionada, para lo cual indicó que la causa del daño ocurrido en la avenida
Caracas no provenía de la utilización del relleno fluido, sino en que el IDU no autorizó
aumentar el espesor de las losas de concreto. Que la acción de tutela sí tenía relevancia
constitucional porque puso de presente la vulneración de sus derechos fundamentales
reclamados.
6. Sentencia Impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, declaró improcedente la solicitud
de amparo por incumplir el requisito de relevancia constitucional, debido a que la
discusión propuesta correspondía a un asunto de mera legalidad y probatorio, que era
propio del proceso ordinario y ajeno al ámbito de protección de la acción de tutela contra
providencia judicial.
Que resultaba evidente que se buscaba reabrir la discusión probatoria y configurar una
tercera instancia para obtener una decisión distinta, sin proponer argumentos de carácter
constitucional.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08007-01
Demandante: Castro Tcherassi SA y otro
Argumentó que no pretendía reabrir el debate probatorio como si se tratara de una tercera
instancia, porque en la sentencia acusada hubo una indebida valoración de los medios
de prueba que permitió que se profiriera una decisión que no respetó la sana crítica, la
razonabilidad y el marco jurídico.
Que la valoración probatoria de la autoridad judicial demandada debió dirigirse a
establecer las causas del daño. Que no se valoró la conducta del IDU de no aprobar el
aumento del espesor para ejecutar las actividades con el relleno fluido, a pesar de que
era necesario para evitar la erosión.
Que la sentencia controvertida consideró que las fallas en la obra se dieron por utilizar
relleno fluido en las losas de concreto, con fundamento en el informe elaborado por la
Universidad Nacional. Que, sin embargo, esa no había sido la causa de los daños, sino
no haber aumentado el espesor de las losas de concreto.
Que el mismo informe de la Universidad Nacional había advertido que, al cambiarse el
material asfáltico por relleno fluido, el espesor de la losa debía ser mayor a 26 cm. Que
la sentencia cuestionada no le dio importancia al espesor de la losa que se requería.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela.
La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, por cuanto la acción de tutela es
improcedente por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional, debido
a que la parte demandante pretende discutir aspectos que ya fueron resueltos por el juez
natural en el proceso ordinario.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la reiteración de argumentos y, (iii) el análisis del
caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08007-01
Demandante: Castro Tcherassi SA y otro
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que, por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de controversias contractuales.
Básicamente, en ese proceso y en la acción de tutela, la parte actora señala que la causa
del daño ocurrido en la obra adelantada en la avenida Caracas – entre la calle 6º y la
calle 80 – para la rehabilitación de las calzadas de tráfico mixto y la adecuación de las
calzadas centrales de Transmilenio obedeció a que no se autorizó modificar el espesor
de la losa a 30 cm.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por el consorcio conformado por las
sociedades Castro Tcherassi SA y Equipo Universal SA contra la sentencia de primera
instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, en proceso ordinario se lee lo siguiente:
La parte que represento ha venido sosteniendo - y hoy reitera - que las fallas presentadas en la obra se
deben al "bajo espesor de losa, el agua de infiltración proveniente de los paraderos diseñados,
construidos y supervisados por otros contratistas, falla de los sellos por exceso de la presión hidráulica
del agua infiltrada" y, por ello, desde las reuniones iniciales de ejecución del Contrato de obra, en las
cuales se revisó conjuntamente el cronograma de las mismas, el contratista manifestó al IDU tener
reparos al diseño del pavimento, considerando que se requería de un espesor mayor de losa al
considerado en los diseños de SD&G. Sin embargo, el IDU ordenó al contratista construir la sobre
carpeta con el espesor del diseño.
(…)
En este orden de ideas, el Acta No 8 del 3 de agosto de 2000 hace referencia a que el constructor debe
continuar trabajando con un espesor de 20 cms. Esta instrucción del IDU es claramente transmitida por
la interventoría al Consorcio Constructor en la reunión de obra No 20 del 1/08/00, cuando manifiesta:
"La interventoría informa que recibió el diseño de la estructura de pavimento por parte del contratista
para los sectores 1 y 3, confirmando que con base en comunicación del diseñador se mantendrán los
espesores definidos en el diseño original de Steer Davies y las especificaciones de construcción".
De conformidad con lo anterior, está acreditado que el IDU desde el inicio del contrato y durante la
ejecución del mismo, confirmó el espesor de la losa de acuerdo con los diseños entregados a los
contratistas en los documentos de la licitación y que en consecuencia la obra fue desarrollada bajo estas
indicaciones o parámetros.
(…)
Por último, se resalta que de conformidad con lo indicado en el informe de la Universidad Nacional -
páginas 85 y 86 del mismo - el espesor de la losa previsto en los diseños de SD&G, fue insuficiente.
En este punto la sentencia recurrida se apoya en el informe de la Universidad Nacional que, como atrás
quedó demostrado, no lo tuvo en cuenta para su decisión el amigable componedor, que es cosa juzgada,
luego cualquier argumento sobre el particular es absolutamente irrelevante.
Si bien es cierto que en el informe del amigable componedor, se concluyó "que los daños de las calzadas
ubicadas en zonas de paraderos de la troncal caracas desde la calle 6 hasta la calle 80 (los Héroes) se
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08007-01
Demandante: Castro Tcherassi SA y otro
originaron principalmente por la utilización del material conocido como "relleno fluido", como material de
nivelación", también lo es que la utilización de ese material estaba previsto desde los pliegos de
condiciones de la licitación y se confirmó su uso durante la ejecución del contrato, como pasa a
demostrarse.
(…)
Tanto la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General
de la Nación, adelantaron las correspondientes investigaciones por razón de los daños ocurridos.
(…)
Como se observa de todo lo anterior, los distintos organismos de control del Estado han venido todos
ellos reconociendo - al unísono - la responsabilidad del IDU y de sus funcionarios por las múltiples fallas
en las que incurrieron y por los nefastos efectos que el deterioro acelerado de las calzadas de las vías
de Transmilenio han tenido, no solo para la buena marcha del propio sistema de transporte masivo, sino
para los muchísimos usuarios de dichas vías quienes han tenido que soportar, por varios años ya, unas
condiciones muy precarias para poder circular y múltiples dificultades mientras se adelantan las
incontables reparaciones.
(…)
7.2.- Las fallas presentadas en las obras, se derivaron de la utilización del relleno fluido, cuyo uso estaba
previsto tanto en el Pliego de Condiciones de la Licitación, como en el contrato, y su incremento en
metros cúbicos estuvo autorizado por la interventoría y posteriormente pagado por el IDU.
Desde el mes de noviembre de 1999 el IDU había incluido el relleno fluido, como quedó demostrado
durante el trámite de este proceso, en sus propias especificaciones técnicas para la Construcción de
Pavimentos de Concreto Hidráulico - Revisión 21.
(…)
Por su parte, en la acción de tutela (y ahora en la impugnación) la parte actora argumenta
lo siguiente:
Los contratistas afirmaron durante el trámite del proceso, y ahora lo reiteran enfáticamente, que hubo
una falsa motivación de los actos administrativo que hicieron efectiva la póliza de estabilidad de la obra,
al evidenciarse que las causas de los deterioros presentados en la Troncal Caracas fueron: (1) el
reducido espesor de las losas de pavimento definido por el IDU; (2) la infiltración de aguas provenientes
de las estaciones diseñadas y construidas por otros contratistas y (3) las deficiencias de los sellos
originados en una presión hidráulica excesiva.
(…)
No es cierto que solo las causas de los deterioros de las losas fue la utilización del relleno fluido, sino
también y en gran medida, el espesor de las losas, que lamentablemente la sentencia no le dio
importancia alguna, a pesar de que la evidencia indicaba que, en las condiciones dadas, éste habría de
resultar claramente insuficiente.
En cuanto a la utilización del relleno fluido, éste, como ya se dijo, se encontraba incluido en los
documentos contractuales y destacado por el amigable componedor:
(…)
A pesar de las observaciones formuladas por el CONTRATISTA, el IDU decidió, como atrás se anotó,
que se debía seguir trabajando con un espesor de la losa de 20 cm, como se encuentra demostrado en
el Acta nº 8 de 3 de agosto de 2000, así:
(…)
Y la interventoría en la reunión de obra No 20 del 1/08/00, le informa a los contratistas "que recibió el
diseño de la estructura de pavimento por parte de los contratistas para los sectores 1 y 3, confirmando
que con base en comunicación del diseñador se mantendrán los espesores definidos en el diseño
original de Steer Davies y las especificaciones de construcción".
No hay duda que el espesor de la losa fue una de las causas de la falla a que se refieren las resoluciones
que hicieron efectiva la póliza de estabilidad de la obra, que lamentablemente la sentencia de 7 de
noviembre no la tuvo en cuenta, tal como quedó acreditado en el estudio de la misma UNIVERSIDAD
NACIONAL, en el que se dice en los numerales 11.2.1 "REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA
CONSTRUIDA" y 12.0 "CONCLUSIONES", lo siguiente:
(…)
Como bien podrá observarse, las causas de los daños de la Troncal Caracas, proveniente del uso de
relleno fluido, incluido desde los pliegos de la licitación, y el menor espesor de las losas de concreto,
NO son imputables a los accionantes, que fue precisamente lo que desconoció la sentencia de fecha 7
de noviembre de 2025.
(…)
El Consorcio Contratista, antes de iniciar las obras del IDU, revisó los diseños de pavimento elaborados
por la firma inglesa Steer Davies & Gleave y encontró que el espesor de las losas de concreto a construir
sobre las estructuras existentes y que le servían como base de apoyo, era insuficiente y que éste se
rompería a muy corto plazo, además que el espesor mínimo de las losas de concreto a colocar debería
ser de 30 cm y no de 20 cm (Ver Resolución de la Dirección General del IDU No. 4038 del 26 de marzo
de 2004, hoja 5 a la 10 y hoja 34 a 43).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08007-01
Demandante: Castro Tcherassi SA y otro
Esta conclusión relativa a la deficiencia del espesor de las losas de concreto, encontrada en la revisión
del Consorcio Contratista, le fue informada por escrito al IDU oportunamente, antes de comenzar las
obras, previa reunión sostenida con el Secretario General de esta Institución y cuya respuesta fue que
se debían construir las losas de concreto con el espesor indicado en los planos, o sea 20 cm en vez de
los 30 cm que el Consorcio Contratista propuso inicialmente. Posteriormente, la instrucción dada verbalmente por el IDU en la reunión sostenida con el mismo
funcionario, de colocar 20 cm de espesor de pavimento rígido, fue confirmada al Consorcio Contratista,
por escrito después de que el IDU hizo revisar los diseños por parte del diseñador Steer Davies &
Gleave, quien reafirmó que las obras debían ejecutarse de acuerdo con sus diseños, o sea construir las
losas con un espesor de 20 cm (Ver Resolución de la Dirección General del IDU No. 4038 del 26 de
marzo de 2004). En conclusión, la rotura de las losas construidas con el espesor indicado en los planos del contrato,
para conformar el pavimento rígido de refuerzo, sucedió tanto en los tramos donde quedó apoyado
sobre el pavimento asfáltico, como también donde quedó apoyado sobre el "relleno fluido", siendo éste
un hecho indicativo que la falla de las losas sucedidas a lo largo de todo el trayecto contratado, no
obedeció al tipo de material sobre el que se apoyaran las losas nuevas y que la causa de su rotura era
de orden estructural, al construir las losas con un espesor deficiente.
(…)
La revisión efectuada por la Universidad Nacional, en forma post mortem, concluyó que los daños que
se presentaron en el pavimento rígido simple, obedecían a la erosión del material de la capa de
renivelación elaborada mediante la utilización de una mezcla consistente en materiales finos
adicionados de cemento Portland y una alta cantidad de agua, denominada "relleno fluido", utilizada
para reparar las losas de concreto del pavimento rígido antiguo y darle los niveles indicados en los
planos más no tuvo reparos en lo referente al espesor de las losas del pavimento rígido que se
construyeron con el espesor de 20 cm indicado en los planos y especificaciones entregados por el IDU
al Consorcio Contratista para la construcción de las obras, a pesar de que al revisar el espesor de las
losas, si encontraron que éste ha debido ser mayor y no fueron explícitos en mencionar este hecho,
como se mencionará más adelante. También es importante tener en cuenta que la rotura de las losas nuevas colocadas por este mismo
Consorcio Contratista, igualmente se presentó en los tramos donde quedaron apoyadas sobre los
pavimentos asfálticos existentes, de la calle 6 a la calle 26 y de la calle 63 a la calle 80 (Monumento a
Los Héroes), sin que se utilizara el "relleno fluido" y también conservando los 20 cm de espesor de las
nuevas losas de concreto colocadas sobre ellos, tal como la ciudadanía lo pudo apreciar visualmente
en su momento. La prueba real de campo del concepto del Consorcio Contratista vino a quedar demostrada en las fallas
similares que presentaron los pavimentos de concreto rígido, construidos por otros contratistas en el
mismo corredor en la Avenida Caracas, entre las calles 6 y calle 50 sur (Estación Molinos), donde las
losas de concreto fueron construidas con un espesor de 20 cm aproximadamente, utilizando como base
de apoyo los pavimentos asfálticos existentes y no rellenos fluidos. Adicional a esto, es bien conocido que en la segunda etapa de construcción de otros corredores del
Transmilenio no se han presentado fallas significativas debido a que el espesor de las losas que se han
construido ha sido de aproximadamente de 30 o más cm, tal como debe constarle al IDU. Lo anterior muestra claramente que la conclusión técnica presentada por la Universidad Nacional al
IDU, y que dio origen a la Resolución de la Dirección General de esta entidad No.
4038 del 26 de marzo
de 2004, está errada, ya que en su informe técnico, nunca manifestó su disconformidad o efectuó reparo
alguno sobre el espesor de las losas indicadas en los planos de construcción suministrados por el IDU,
y más bien se puede concluir que implícitamente en dicha revisión técnica estaba reafirmando el espesor
de losa colocado, pues tan solo se limitó a poner en tela de juicio la metodología de diseño utilizada por
el Consorcio Contratista para que éste propusiera los 30 cm de espesor de losa.
(…)
Conclusiones
• La rotura de las losas nuevas que soportan directamente la acción de las cargas de los buses de
Transmilenio, obedece al deficiente espesor de 20 cm con que fueron construidas, en lugar de los
30 cm propuestos por el Consorcio Contratista, Memorando No. 13 del Consorcio Contratista.
• Una vez que se presenta el fisuramiento transversal en el tercio medio de las losas por efecto de las
cargas aplicadas por el tránsito vehicular y penetre el agua lluvia, el deterioro de la totalidad del
pavimento se acelera por el deterioro en la capa subyacente, independientemente de la calidad de
éstas y la falla estructural de la losa de concreto se propaga con rapidez, llevándola al colapso total.
• Al construirse el pavimento rígido con un espesor de 20 cm, la posible durabilidad del mismo se
estimó entre 2.5 y 3 años, tal como efectivamente sucedió.
• Las losas de los pavimentos rígidos de 20 cm de espesor, construidos en los tramos que quedaron
apoyados sobre estructuras de pavimentos asfálticos, también fallaron.
• Las losas construidas entre la calle 6 y la calle 50 sur (Estación Molinos), por otros contratistas y que
quedaron apoyados sobre el pavimento asfáltico existente, también fallaron al colocar sobre ellos
losas de espesores similares a los 20 cm (como es de público conocimiento).
• En el informe técnico preparado por la Universidad Nacional, no se hizo mención al tema de los
espesores si no se cuestionó el método de diseño utilizado por el Consorcio Contratista, para la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08007-01
Demandante: Castro Tcherassi SA y otro
revisión de los pavimentos. No incluyó ni recomendó una dimensión específica, con la cual han
debido quedar construidas las losas del pavimento rígido.
• El haber construido las obras bajo unos conceptos técnicos erróneos por parte del diseñador Steer
Davies & Gleave, que fue revisado por parte de ellos cuando el Consorcio Contratista manifestó su
disconformidad con el espesor de los 20 cm para la construcción de las losas y que el IDU reconfirmó
nuevamente con base en la revisión mencionada, sin atender las consideraciones técnicas a que
alegó el Consorcio Contratista de construir las losas con un espesor de 30 cm (Memorando No. 13
del contratista, junto con las comunicaciones SBTRA-007-00161 de fecha 1º de junio de 2000 y
SBTRA-007-00259 de la misma fecha, que incluye el Memorando No 15, todas las cuales obran en
el expediente, pero que ahora se adjuntan para facilitar su lectura a los distinguidos magistrados).
• La ratificación que hizo el IDU sobre la construcción de las losas con un espesor de losas de 20 cm,
después de que el diseñador Steer Davies & Gleave revisó sus propios diseños fue:
• "El IDU informa que recibió el concepto al diseño geotécnico por parte de Steer Davies & Gleave, se
debe seguir trabajando con el diseño propuesto por ellos y entregados a los Contratistas que están
haciendo las obras en la Troncal Caracas", Ver numeral 6.2.4 de la Resolución No. 4038 del 26 de
Marzo de 2004.
• El Consorcio Contratista se declara no culpable por la rotura de las losas, ya que cumplió con el
deber de revisar los diseños que le fueron entregados por el IDU antes de iniciar la pavimentación.
Haber informado a la interventoría y al IDU su no conformidad con el espesor de los 20 cm de espesor
de losa que le fueron impuestos por el IDU a construir, después de la revisión efectuada por Steer
Davies & Gleave a sus diseños por solicitud del Consorcio Contratista.
• En el documento de la Universidad Nacional quedó consignado que al revisar el espesor del
pavimento, éste debería construirse con 26 cm de espesor, hecho al cual no se le dio importancia
en el documento final de la Universidad Nacional, centrándose únicamente como causa de la rotura
de las losas en el tema del relleno fluido. Por qué?
• Cuando el IDU reparó las losas rotas en los tramos más críticos, lo hizo mediante la demolición en
las losas existentes el retiro del relleno fluido y construyó unas losas de concreto de 30 cm de
espesor, reforzadas con varillas de un diámetro de 1 pulgada, armada en ambas direcciones y
espaciadas a 20 cm.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, en la sentencia del 7 de noviembre de 2025, en la que consideró:
200. En el caso concreto, la labor de la Sala consiste en establecer el grado de corroboración de las
hipótesis en conflicto: si la utilización del relleno fluido y los defectos del procedimiento de sellado de
las juntas constituyen la condición necesaria dentro de una cadena causal que, en su conjunto, es
suficiente para la aparición de los deterioros en las losas de pavimento; o si lo son los hechos señalados
por el Consorcio Constructor.
201. Desde un punto de vista puramente cuantitativo, sin involucrar apreciaciones sobre la calidad de
las pruebas, la mayoría de los elementos de juicio sobre la causalidad específica del siniestro respaldan
la hipótesis adoptada por el IDU para declarar su ocurrencia y acogida por el Tribunal en su sentencia.
El estudio de la Universidad Nacional, el informe de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Distrito
Capital y los dictámenes periciales técnicos concluyeron que la causa de las fallas fue la utilización del
relleno fluido y los defectos del sellado de las juntas.
202. En contraste, los documentos elaborados por el propio Consorcio Constructor son los únicos que
plantean directamente la hipótesis contraria. En el informe presentado para pronunciarse sobre el
estudio de la Universidad Nacional, el Interventor no afirmó de manera categórica que el espesor
constituyera la causa del siniestro ni desvirtuó la hipótesis causal formulada por la institución académica.
203. La Sala también advierte que los únicos medios de prueba que, mediante métodos científicos y
técnicos, sustentaron las generalizaciones sobre la causa del siniestro respaldan la inferencia del
Tribunal: la utilización del relleno fluido como material de nivelación fue la principal causa del daño de
las losas de pavimento. Los peritos judiciales no controvirtieron la idoneidad técnica de esos métodos,
sino que ponderaron su valor para fundamentar las conclusiones sobre el origen de los deterioros.
204. En el estudio de la Universidad Nacional, elaborado a partir de ensayos de laboratorio practicados
sobre núcleos extraídos de la estructura de pavimento, se formuló una hipótesis causal general sobre
el empleo del relleno fluido. A partir de ella se infirió que este material fue la condición necesaria para
la producción del daño y no el espesor de la losa de pavimento.
205. Lo anterior es concordante con lo planteado en el estudio de la Universidad de los Andes que,
igualmente, a partir de ensayos de laboratorio sobre núcleos extraídos, formuló la siguiente hipótesis
causal general: “cuando se somete el relleno fluido de 30 kg/cm2 de resistencia a la compresión [el
mismo empleado en la Avenida Caracas] a velocidades de agua similares a las que se presentan en la
base de pavimento se obtiene una erosión muy significativa”. A partir de esa premisa concluyó lo
siguiente respecto del deterioro de las losas de la Autopista Norte: “Dada la magnitud de la erosión que
presenta el relleno fluido colocado en la Autopista Norte, es previsible que en los sitios en que existe
abundancia se presente fenómenos de bombeo importantes. Estos fenómenos inicialmente serían más
significativos en las juntas longitudinales en donde la transferencia de carga es de menor calidad que
en las juntas transversales. Si se deja avanzar el proceso aparecerán desniveles en las juntas y se
podrá producir la rotura prematura de las losas”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08007-01
Demandante: Castro Tcherassi SA y otro
206. La generalización en que se apoya la tesis del Consorcio Constructor —según la cual la instalación
de losas de pavimento rígido de 20 cm de espesor, con independencia del material empleado en la
nivelación, produce deterioros prematuros— carece de respaldo en pruebas fundadas en la aplicación
de métodos científicos y técnicos. En los documentos elaborados por el propio Consorcio se planteó
esa hipótesis, pero no se demostró mediante tales métodos. 207. Dado el conocimiento especializado que exige la inferencia sobre la relación causal, esta hipótesis
no puede considerarse probada con documentos que contienen simples afirmaciones de una de las
partes procesales: “La ley de cobertura no puede ser simplemente afirmada, conjeturada o
presupuestada; su existencia debe ser probada (...) Si no es el juez, sino la ciencia, quien «formula» las
leyes de cobertura sobre las que se funda la inferencia del nexo causal, entonces son las denominadas
pruebas científicas las que deben ofrecer al juez los conocimientos que le son necesarios para la
individualización de las leyes causales sobre las que se funda la prueba del nexo causal específico”5. 208. Al lado de las anteriores consideraciones, la Sala también considera que la hipótesis relativa a la
utilización del relleno fluido y a los defectos en el sellado de juntas como causa de los deterioros
presentados en las losas constituye la explicación más verosímil a la luz de los elementos de juicio
existentes. Esta conclusión se sustenta en la aplicación de los criterios de (i) no refutación, (ii)
coherencia y (iii) capacidad explicativa. 209. La hipótesis conforme a la cual el uso del relleno fluido en la conformación de la estructura de
pavimento y los defectos en el sellado de las juntas constituyeron la causa de los deterioros observados
no fue refutada. Las pruebas analizadas anteriormente no acreditan ningún hecho incompatible con
dicha hipótesis. 210. En contraste con lo anterior, existen elementos que refutan la explicación alternativa planteada por
el Consorcio Constructor, según la cual los deterioros se originaron por el espesor de la losa y la presión
ejercida sobre los sellos, con independencia del material de nivelación utilizado en la estructura de
pavimento. El estudio elaborado por la Universidad Nacional, que examinó expresamente esta
proposición, concluyó —a partir de un análisis contrafáctico — que ese conjunto de condiciones no era
necesario para la producción del siniestro. Manteniendo iguales las demás circunstancias, incluido el
espesor de 20 cm de las losas, si se hubiera empleado material granular asfáltico en la base en lugar
de relleno fluido, no se habrían presentado los deterioros que, durante la vigencia del amparo de
estabilidad, dieron lugar a la efectividad de la garantía. 211. En síntesis, las pruebas demuestran que el uso del relleno fluido en la conformación de la estructura
del pavimento rígido fue la causa determinante de los daños observados en las losas. En contraste, no
existe evidencia que acredite que un mayor espesor de las losas habría evitado los deterioros
manteniéndose iguales las demás condiciones del contexto causal. Tampoco se demostró que, aun
utilizando relleno fluido como material de nivelación de la base del pavimento, el incremento del espesor
de la losa en 5 cm hubiera impedido el daño. Por lo tanto, en este caso, no puede afirmarse la existencia
de causas concurrentes o alternativas (cada una de ellas ha sido suficiente por sí sola para causar el
daño, pero es dudoso cuál de ellas efectivamente lo ha causado). 212. La hipótesis según la cual el uso del relleno fluido y los defectos en el sellado de las juntas de las
losas constituyeron la causa de los deterioros presenta, además, un mayor nivel de coherencia con
otros hechos probados en este proceso.
Como se analizó previamente, se acreditó que un amigable
componedor resolvió la controversia técnica relativa al origen de las patologías en las losas ubicadas
en las zonas con presencia de paraderos de TransMilenio. En dicha decisión, se determinó que los
daños obedecieron principalmente a la utilización del relleno fluido como material de nivelación de la
base —al que se asignó una incidencia causal del 90%— y, en menor medida, a la deficiente instalación
del material de sellado de las juntas, a la que se atribuyó el 10%. 213. La explicación ofrecida por el Consorcio Constructor no resulta coherente con la decisión del
amigable componedor. Si fuera cierto que el diseño y la construcción de los paraderos, junto con el
espesor de las losas, fueron causa de los deterioros ocurridos en las zonas sin presencia de tales
estructuras, en la decisión en la que el amigable componedor analizó específicamente las patologías de
las losas adyacentes a esas estructuras se habría reconocido su contribución causal. Sin embargo, no
fue así. Aun en las zonas con presencia de paraderos, el amigable componedor concluyó que las causas
correspondían a las mismas identificadas por la Universidad Nacional para los sectores que no estaban
en su zona de influencia: el uso del relleno fluido en la conformación de la base y los defectos del sellado
de juntas. 214. Finalmente, la hipótesis acogida en la sentencia de primera instancia tiene una mayor capacidad
explicativa que la señalada en el recurso del Consorcio Constructor. En la motivación de la Resolución
14321 de 2003, el IDU citó un apartado del estudio de la Universidad Nacional según el cual, en el tramo
sur de la Avenida Caracas — diseñado bajo los mismos supuestos, según lo indicado en el dictamen
del perito Ismael Pérez Villamil—, se empleó base asfáltica (no relleno fluido) como material de
nivelación. En este último no se presentaron los deterioros que sí se evidenciaron en el tramo norte,
comprendido entre las calles 6.a y 80. 215. Este conjunto de hechos, cuya veracidad no fue controvertida por el Consorcio Constructor,
refuerza la capacidad explicativa del supuesto fáctico en que se apoyó la entidad estatal para hacer
efectiva la garantía. Si las condiciones de diseño de la Avenida Caracas eran equivalentes en los tramos
norte y sur, y en el primero —donde se presentaron deterioros severos— se utilizó relleno fluido como
material de nivelación de la base de las losas, mientras que en el segundo —donde no se presentaron—
5 Cita del texto original: Taruffo, M. (2008). Apéndice IV. La prueba del nexo causal. En La prueba (p. 264). Madrid:
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08007-01
Demandante: Castro Tcherassi SA y otro
se empleó material granular asfáltico, resulta más plausible la hipótesis en la que se basó la entidad
estatal: la utilización del relleno fluido fue la condición necesaria para que se produjera el siniestro, pues
de otro modo también se habrían presentado en el tramo sur.
216. Por las razones expuestas, la Sala no encuentra fundado el motivo de inconformidad. Los medios
de prueba respaldan la inferencia en que se sustentó la sentencia impugnada: las resoluciones
demandadas no fueron falsamente motivadas en lo relacionado con la causa del siniestro.
Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, que explicó que, de acuerdo con las pruebas
allegadas al proceso ordinario, la causa de las fallas en la obra adelantada en la avenida
Caracas – entre la calle 6º y la calle 80 – para la rehabilitación de las calzadas de tráfico
mixto y la adecuación de las calzadas centrales de Transmilenio fue la utilización de
relleno fluido y los defectos del sellado de las juntas.
Que la tesis del consorcio demandante, relacionada con que la causa del daño en la
mencionada obra era que no se autorizó modificar el espesor de la losa a 30 cm, carecía
de respaldo probatorio.
En el escenario que propone la parte demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales demandadas en
el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar cuál
era la causa que generó los daños en la obra adelantada en la avenida Caracas – entre
la calle 6º y la calle 80 – para la rehabilitación de las calzadas de tráfico mixto y la
adecuación de las calzadas centrales de Transmilenio.
La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.
Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la sentencia cuestionada fue el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte
Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017.
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que solo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos, los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.
En este punto, conviene resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
determinado que la acción de tutela contra decisiones judiciales se concibe como un juicio
de validez, mas no de corrección6, y que, por lo tanto, este mecanismo no puede utilizarse
como una instancia para discutir asuntos de índole probatoria que dieron origen a los
procesos ordinarios.
Por otro lado, la Sala no desconoce que la parte actora alega la causación de un perjuicio
irremediable, en razón al proceso ejecutivo que se encuentra en curso, adelantado por el
IDU; sin embargo, el hecho de que una situación jurídica les sea adversa no implica per
6 Ver, entre otras, las sentencias T.344 de 2015, SU-425 de 2016, y T-022 de 2019.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08007-01
Demandante: Castro Tcherassi SA y otro
se que se esté ante un perjuicio irremediable. Además, lo que ocurra en ese proceso
ejecutivo escapa de la competencia del juez constitucional y, en todo caso, en el trámite
de ese proceso judicial las sociedades demandantes podrán ejercer los mecanismos de
defensa que estimen necesarios, de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable.
Finalmente, la Sala observa que la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-
02124-00 no guarda identidad de partes ni de objeto con la presente solicitud de amparo,
puesto que en esa acción constitucional se demandó al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, por presuntamente transgredir los derechos fundamentales de
las sociedades Equipo Universal SA y Castro Tcherassi SA con ocasión a dos
providencias dictadas en el proceso de controversias contractuales con radicado 11001-
03-15-000-2024-02124-00, que fue acumulado con el expediente 11001-03-15-000-
2024-02124-00.
Las anteriores razones son suficientes para que la Sala confirme la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
II. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.