Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08023-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08023-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-08023-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
23 de abril de 2026
Demandante: Jorge Humberto Becerra Cely
Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08023-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintitrés [23] de abril de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08023-01
Demandante: JORGE HUMBERTO BECERRA CELY
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
Constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación elevada por la parte actora contra el fallo de 19 de
febrero de 2026, por medio del cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente el mecanismo constitucional de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Jorge Humberto Becerra Cely, mediante apoderado judicial, radicó acción de
tutela el 16 de diciembre de 2025, con el fin de que se le protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, de defensa
y «de la primacía de la realidad».
Las referidas garantías superiores las consideró vulneradas con ocasión de los autos
de 17 de septiembre de 2025, del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial
de Pereira, que negó el decreto de la prueba testimonial solicitada en la demanda y, de
30 de septiembre de 2025, del Tribunal Administrativo de Risaralda, que confirmó la
decisión de primer grado, dictadas al interior del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que adelantó contra el municipio de Pereira, identificado con el radicado
66001-33-33-007-2024-00336-00/01.
1.2. Pretensiones
Las peticiones deprecadas fueron las siguientes:
1. Amparar los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido
proceso, derecho de defensa y contradicción, derecho de la primacía de la realidad, del
señor Jorge Humberto Becerra Cely, identificado con cédula de ciudadanía número
10.112.482.
2. Ordenar al Juzgado Septimo Administrativo Oral del Circuito de Pereira, Risaralda
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento identificado bajo el radicado número
66001333300720240033600 reponer el auto del 17 de septiembre de 2025 decreto de
pruebas, para en su lugar aprobar las pruebas testimonial en protección de los derechos
fundamentales del señor Jorge Humberto Becerra Cely.
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3. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento identificado bajo el radicado número
66001333300720240033601 reponer el auto del 30 de septiembre de 2025 decreto de
pruebas, para en su lugar aprobar las pruebas testimonial en protección de los derechos
fundamentales del señor Jorge Humberto Becerra Cely1.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta instancia:
El señor Jorge Humberto Becerra Cely, laboró en la Secretaría de Educación del
municipio de Pereira desde el año 2017 hasta el año 2023, mediante contratos de
prestación de servicios. El 14 de marzo de 2024, solicitó a la entidad territorial el
reconocimiento de acreencias laborales con ocasión de una verdadera relación laboral,
frente a lo cual no hubo pronunciamiento.
Dado el silencio de la administración al referido pedimento, el accionante interpuso
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
de la cual conoció, en primera instancia, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Pereira, autoridad judicial que, en auto de 17 de septiembre de 2025,
dictado en la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, negó
el decreto de la prueba testimonial deprecada por la parte demandante, con sustento
en que, no se había indicado, de manera sucinta y concreta, los hechos objeto de la
prueba, en los términos del artículo 212 del Código General del Proceso.
El Tribunal Administrativo de Risaralda, al desatar el recurso de apelación interpuesto
por el extremo activo del litigio, en decisión de 30 de septiembre de 2025, confirmó la
providencia del a quo, para lo cual iteró el incumplimiento de los requisitos previstos
en el artículo 212 del Código General del Proceso, para la petición de testimonios.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora alegó que, después de haberse agotado los recursos de reposición y
apelación en el proceso ordinario, las decisiones de primera y segunda instancia que
negaron el decreto de la prueba testimonial vulneraron sus derechos fundamentales,
razón por la cual acudía a la acción de tutela para garantizar la protección de estos.
Aseveró que los autos cuestionados incidían directamente en las decisiones finales de
su proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que pretende el reconocimiento
de una relación laboral encubierta, con sustento en el principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, luego, en su sentir, los testimonios solicitados eran
parte clave para dilucidar el asunto.
Asimismo, señaló que con la negativa de la prueba testimonial determinada por las
autoridades judiciales accionadas se configuraba el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, al aplicar de forma textual la norma sin consideración al caso concreto
y la relevancia de la misma para el esclarecimiento de la verdad, sumado a que no se
1 Transcripción de conformidad con el texto original con posibles errores.
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hizo uso de las herramientas con que cuenta el juez administrativo para la dirección
del proceso.
Finalmente, trajo a colación extractos de las sentencias T-1306 de 2001, T-053 de
2012, T-591 de 2011 y T-599 de 2009, de la Corte Constitucional referidas a los temas
de la prevalencia del derecho sustancial y del defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 19 de diciembre de 2025, el a quo constitucional admitió la solicitud
de amparo y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda
y al titular del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, como
accionados. Asimismo, como tercero con interés vinculó al municipio de Pereira.
De otra parte, reconoció al abogado Daniel Galeano Castro como apoderado del
accionante en los términos del poder otorgado en su favor.
1.6. Intervenciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes manifestaciones:
1.6.1. Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Pereira
La titular del referido despacho, después de referirse al trámite impartido al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, así como a los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial y al defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, solicitó la negativa del amparo, ante la falta de relevancia constitucional.
Indicó, que lo pretendido por la parte actora era reabrir una discusión sobre una
temática que ya fue resuelta en el contencioso y, con ello crear una instancia adicional.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Risaralda
El magistrado ponente de la providencia de segunda instancia censurada, manifestó
que no se incurrió en ningún defecto, en atención a que la decisión tuvo como sustento
el estudio de los requisitos formales y procesales para el decreto de la prueba
testimonial.
Asimismo, señaló que el mecanismo constitucional era improcedente, dado su carácter
residual, frente a lo cual, advirtió que el tutelante debió acreditar la configuración de un
perjuicio irremediable y no utilizarlo como una tercera instancia.
1.6.3. Municipio de Pereira
El referido ente territorial pidió que se deniegue por improcedente la solicitud de
amparo, comoquiera que lo que estaba buscando el actor era que se reabriera el
debate probatorio en un proceso en curso.
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1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 19 de febrero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
En ese orden, señaló que no era admisible que el actor pretendiera mediante la acción
de tutela cuestionar un asunto probatorio que ya había sido alegado y resuelto en sede
de apelación por el superior jerárquico del juzgado de conocimiento. Sobre el
particular, el a quo transcribió las consideraciones expuestas por las autoridades
judiciales accionadas, para concluir que se reiteraban los argumentos que fueron
decididos por los operadores, luego, se trataba de una mera inconformidad con los
dispuesto sobre la prueba testimonial deprecada.
De otra parte, ordenó la corrección en el aplicativo Samai del nombre del accionante,
en tanto figuraba como tal era el apoderado del señor Jorge Humberto Becerra Cely.
1.8. Impugnación
La parte actora indicó que, se pretendía la protección de sus garantías superiores,
comoquiera que en el proceso ordinario se buscaba el reconocimiento de prerrogativas
laborales como consecuencia de una relación laboral encubierta, bajo el principio de
la primacía de la realidad sobre las formas, como consecuencia de la vulneración de
los derechos fundamentales al trabajo y a la seguridad social.
En ese orden, señaló que, si bien era cierto el deber de concretar los hechos objeto de
la prueba, también el juez contaba con elementos para efectos de aplicar la norma
formal en el caso concreto, en busca de la verdad material del proceso, lo cual no
sucedió en su caso, razón por la cual, el presente asunto sí tenía relevancia
constitucional, porque la decisión de las autoridades judiciales cambiaría radicalmente
si se decretara la prueba testimonial.
Asimismo, señaló que precisamente lo pretendido en el contencioso de nulidad y
restablecimiento del derecho con la aplicación del principio de realidad sobre las
formas era buscar la verdad de la situación fáctica, no obstante, las autoridades
judiciales accionadas aplicaron la norma sin mostrar ningún interés por aquella,
alegando una presunta ignorancia sobre el sustento de la solicitud de la prueba
testimonial.
Por último, iteró que, conforme al tema del litigio, los autos incidían en la resolución
del problema jurídico planteado, pues, la prueba testimonial denegada era relevante
para el esclarecimiento de la verdad, luego, en su sentir, era claro el desconocimiento
de la jurisprudencia constitucional sobre el exceso ritual manifiesto.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra el fallo de 19 de febrero de 2026, proferido por la Sección Cuarta del
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Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de
2024, de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 19 de febrero de 2026, de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado que declaró improcedente el mecanismo de protección superior
presentado por el señor Jorge Humberto Becerra Cely, ante la falta de cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: [i] la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, [ii] de los requisitos de procedibilidad
adjetiva, en especial el de relevancia constitucional y, de superarse, junto con los
demás, [iii] el caso concreto.
Se precisa en este punto que, aun cuando el actor cuestionó los autos tanto del
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Pereira como del Tribunal
Administrativo de Risaralda, el análisis recaerá sobre el dictado en segundo grado por
ser el pronunciamiento que puso fin a la controversia sobre el decreto de pruebas.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 2,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema3.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la viabilidad del mecanismo superior contra decisiones de los jueces4.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20145, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, sobre la referida temática.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
4 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
2.4.1.1. La Sala advierte que en el caso sub examine, de conformidad con lo señalado
por el a quo constitucional, no se cumple el presupuesto de la referencia, para lo cual
resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-
215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción de amparo de cara a este
requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito se
cumple, el juez debe analizar: [i] que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; [ii] que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, [iii] que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […]. [Énfasis de la Sala]
En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20226, modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito
de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se
pueda advertir la necesidad de desarrollar un análisis de fondo respecto de una posible
vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el examen de dicha exigencia debía estar
acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por
esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta
que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo solo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad.
Por ende, se requiere demostrar que en la decisión atacada se presenta una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación arbitraria.
Así, dicho requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de las
prerrogativas superiores, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan
advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este mecanismo
constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre7.
2.4.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por el
tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que, en primer lugar, las inconformidades planteadas no
contienen la carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del por qué
el asunto requiere la intervención del fallador de esta sede; es decir, no tienen la
entidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales.
En efecto, si bien el actor alegó la configuración del defecto procedimental absoluto
por exceso ritual manifiesto, lo cierto es que no satisfizo la carga desde la perspectiva
constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de unificación SU-215 de
2022, pues, el debate planteado en esta instancia se circunscribe a un simple
desacuerdo con la interpretación y aplicación normativa, cimentado en que, la
negación del decreto de la prueba testimonial incidía en la decisión final que se tomará
en su proceso, en tanto, en su sentir, la misma era fundamental para el esclarecimiento
de la verdad, sumado a que el operador judicial ordinario no hizo uso de las
herramientas con que cuenta para la dirección del proceso.
Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y de
defensa, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista
necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en el
escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita vislumbrar
que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental. Esto, ya que la competencia de este operador judicial se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal
o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.
La carga argumentativa a la cual hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política o realizar
manifestaciones genéricas para cumplir el mencionado ejercicio, sino que dicha labor
comprende una labor de sustentación mucho más profunda.
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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En el escrito contentivo de la tutela, se advierte el reparo a la decisión de segunda
instancia a partir de la configuración de determinado defecto, pero huérfano de una
línea conceptual ius fundamental que permita al juez desarrollar, interpretar o aplicar
la Carta Política respecto al caso concreto.
En segundo lugar, la parte accionante busca en este escenario judicial que el juez
constitucional desplace al juez natural del asunto, para obtener la interpretación y
aplicación de las normas y principios, en la forma que a ella le parece «correcta». Es
decir, en otros términos, pretende a través del mecanismo constitucional crear una
instancia adicional, en la que se estudie nuevamente los cargos que ya fueron
zanjados por los operadores judiciales ordinarios y, además obtener una decisión
favorable.
Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado al
juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales
de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en las
consideraciones de raigambre constitucional esgrimidas por la parte actora dentro del
trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los motivos de los accionantes
frente a la apreciación jurídica del proceso contencioso expuestos en la solicitud de
amparo sin el debido contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la
autoridad judicial, ello atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en
últimas se convertiría el mecanismo de amparo en una tercera instancia.
Ello por cuanto, el tema referido a los requisitos formales para el decreto de la prueba
testimonial, en la providencia censurada de segunda instancia se realizó el respectivo
análisis, cuando, de una parte, y después de traer a colación la jurisprudencia del
Consejo de Estado sobre la materia, concluyó que, resulta de vital importancia que se
determinara el objeto de la prueba y, por otro lado, después de revisar el acápite de
solicitud de pruebas del escrito introductorio, advirtió que, al cotejar la coherencia de
la petición de dicho medio probatorio con los hechos y pretensiones de la demanda,
no se podía concluir que los deponentes tuvieran la aptitud de declarar sobre los
mismos, pues, no era claro sobre que situaciones en concreto conocieron o
percibieron.
Asimismo, el Tribunal Administrativo de Risaralda precisó sobre la inviabilidad de la
utilización de la facultad oficiosa prevista en el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, al
considerar que la omisión en estudio correspondía a una carga probatoria en cabeza
de la parte demandante y no a la hipótesis sobre puntos oscuros o difusos del litigio.
Luego, se itera, lo pretendido por el actor es que se realice nuevamente, en este
escenario, el análisis de dicho tópico, lo cual resulta notoriamente improcedente,
comoquiera que no le está permitido al juez de la acción de amparo constitucional
inmiscuirse en los asuntos que le son propios del administrador de justicia que conoce
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.
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2.5. Conclusión
Con fundamento en los anteriores argumentos, se confirmará la sentencia de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado de 19 de febrero de 2026, que declaró
improcedente el presente mecanismo constitucional, por falta de acreditación del
requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 19 de febrero de 2026, proferido por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación
en el siguiente vínculo https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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