Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-08043-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-08043-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-08043-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08043-00
Accionante: ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS GENERADORAS –
ANDEG
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial. Acción de cumplimiento. Defectos
sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente. Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la Asociación Nacional de Empresas Generadoras – ANDEG, quien
actúa a través de su representante legal1, contra la Sección Quinta del Consejo de
Estado y XM Compañía de Expertos en Mercados S.A.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 16 de diciembre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, supuestamente vulnerados
por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“7.1. Pretensiones Principales:
7.1.1. Primera Pretensión Principal: Tutele el derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva de ANDEG vulnerado por la Sección
Quinta del Consejo de Estado con la expedición de la sentencia de segunda instancia
del 25 de septiembre de 2025 dictada dentro del proceso de acción de cumplimiento
identificado con número de radicado 25000-23-41-000-2025-01019-01
7.1.2. Segunda Pretensión Principal: Tutele el derecho fundamental al debido proceso
de ANDEG vulnerado por la Sección Quinta del Consejo de Estado con la expedición de
la sentencia de segunda instancia del 25 de septiembre de 2025 dictada dentro del
1
Alejandro Castañeda Cuervo.
1
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Accionante: Asociación General de Empresas
Generadoras – ANDEG
proceso de acción de cumplimiento identificado con número de radicado 25000-23-41-
000-2025-01019-01.
7.1.3. Tercera Pretensión Principal: Tutele el derecho fundamental a la igualdad de
ANDEG vulnerado por la Sección Quinta del Consejo de Estado con la expedición de la
sentencia de segunda instancia del 25 de septiembre de 2025 dictada dentro del proceso
de acción de cumplimiento identificado con número de radicado 25000-23-41-000-2025-
01019-01.
7.2. Pretensiones Consecuenciales:
7.2.1. Primera Pretensión Consecuencial: Que como consecuencia de la prosperidad
de cualquiera de las pretensiones del numeral 6.1 y de la violación sistemática de
derechos fundamentales, se le ordene a la Sección Quinta del Consejo de Estado,
revocar o dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia del 25 de septiembre de
2025 dictada dentro del proceso de acción de cumplimiento identificado con número de
radicado 25000-23-41-000-2025-01019-01.
7.2.2. Segunda Pretensión Consecuencial: Que como consecuencia de la prosperidad
de cualquiera de las pretensiones del numeral 6.1 y de la violación sistemática de
derechos fundamentales, se le ordene a XM:
• Cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos en el literal c) del artículo 9 de la
Resolución CREG 116 de 1998 y en consecuencia, inicie el programa de limitación de
suministro en contra AIR-E S.A.S. E.S.P. por el incumplimiento de las obligaciones que
tiene con el MEM, causadas con posterioridad a la toma de posesión ejecutada por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, especialmente el pago de las
obligaciones por transacciones en la bolsa de energía a favor de los agentes
generadores.
Para efectos de lo anterior, XM deberá aplicar el procedimiento establecido en la
Resolución CREG 116 de 1998, la cual establece con absoluta claridad, como un deber
y una obligación de XM, iniciar de oficio procedimientos para la imposición de programas
de limitación de suministro para agentes morosos. Específicamente cuando, como
sucede en el caso de AIR-E S.A.S. E.S.P, acaece una de las causales dispuestas por la
CREG en el artículo 5 de la resolución en cita para la aplicación de la limitación de
suministro contra comercializadores y distribuidores de energía eléctrica.
• Cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos en el literal b) del artículo 9 de la
Resolución CREG 116 de 1998 y en consecuencia, haga efectivas las garantías
entregadas por AIRE S.A.S. E.S.P., e informar de la efectiva ejecución de garantías a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a todos los agentes del mercado
de energía mayorista.
• Cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos en el artículo 10 de la Resolución
CREG 19 de 2006 y en consecuencia, inicie el programa de limitación de suministro en
contra AIR-E S.A.S. E.S.P. por el incumplimiento de las obligaciones que tiene con el
MEM, causadas con posterioridad a la toma de posesión ejecutada por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, especialmente el pago de las
obligaciones por transacciones en la bolsa de energía a favor de los agentes
generadores.
Para efectos de lo anterior, XM deberá aplicar el procedimiento establecido en la
Resolución CREG 116 de 1998, la cual establece con absoluta claridad, como un deber
y una obligación de XM, iniciar de oficio procedimientos para la imposición de programas
de limitación de suministro para agentes morosos. Específicamente cuando, como
sucede en el caso de AIR-E S.A.S. E.S.P, acaece una de las causales dispuestas por la
CREG en el artículo 5 de la resolución en cita para la aplicación de la limitación de
suministro contra comercializadores y distribuidores de energía eléctrica.
• Cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos en el artículo 20 del Anexo de la
Resolución CREG 19 de 2006 y en consecuencia, inicie el programa de limitación de
suministro en contra AIR-E S.A.S. E.S.P. por el incumplimiento de las obligaciones que
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Generadoras – ANDEG
tiene con el MEM, causadas con posterioridad a la toma de posesión ejecutada por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, especialmente el pago de las
obligaciones por transacciones en la bolsa de energía a favor de los agentes
generadores.
Para efectos de lo anterior, XM deberá aplicar el procedimiento establecido en la
Resolución CREG 116 de 1998, la cual establece con absoluta claridad, como un deber
y una obligación de XM, iniciar de oficio procedimientos para la imposición de programas
de limitación de suministro para agentes morosos. Específicamente cuando, como
sucede en el caso de AIR-E S.A.S. E.S.P, acaece una de las causales dispuestas por la
CREG en el artículo 5 de la resolución en cita para la aplicación de la limitación de
suministro contra comercializadores y distribuidores de energía eléctrica.
• Cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos en el artículo 20 del Anexo de la
Resolución CREG 19 de 2006 y en consecuencia, haga efectivas las garantías
entregadas por AIR-E S.A.S. E.S.P., e informar de la efectiva ejecución de garantías a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a todos los agentes del MEM.
7.2.3. Tercera Pretensión Consecuencial: Que se adopte cualquier otra medida que el
juez constitucional considere necesaria para proteger los derechos fundamentales
vulnerados de ANDEG”.
2. Hechos
La parte actora relató que AIR-E S.A.S. E.S.P. es una empresa de servicios públicos
domiciliarios cuyo objeto social es la generación, distribución y comercialización de
energía eléctrica y actividades relacionadas, la cual fue intervenida por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante la Resolución no.
20241000531665 de 12 de septiembre de 2024 y, posteriormente, ordenada la
liquidación a través de la Resolución no. 20251000004725 de 9 de enero de 2025.
Agregó que con posterioridad a la intervención, la empresa incumplió sus
obligaciones financieras dentro del mercado de energía mayorista, configurándose
las causales previstas en el artículo 5° de la Resolución CREG 116 de 1998,
incluyendo el no pago de las transacciones realizadas en la bolsa de energía.
Expresó que dicho incumplimiento obligaba en principio a XM S.A. E.S.P. a aplicar
de oficio los programas de limitación del suministro de electricidad, sin embargo,
XM se abstuvo de iniciar y ejecutar dichos programas respecto de AIR-E en atención
a lo dispuesto en la Circular Externa de la SSPD no. 20241000001314 de 13 de
diciembre de 2024, pese a que el 15 de mayo de 2025 se le requirió el cumplimiento
de los artículos 5 y 9 literales b) y c) de la Resolución CREG 116 de 1998, así como
de los artículos 10 y 20 del anexo de la Resolución CREG 19 de 2006, a lo cual XM
respondió el 29 de mayo de 2025 que no era posible aplicar el procedimiento de
limitación del suministro al agente AIR-E debido a su condición de empresa
intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
En ese orden de ideas, indicó que el 2 de julio de 2025 presentó demanda en
ejercicio de la acción de cumplimiento contra XM Compañía de Expertos en
Mercados S.A., E.S.P. con la pretensión de que se ordenara a dicha autoridad
cumplir con las obligaciones y deberes contenidos en las disposiciones que
regulaban la aplicación de programas de limitación de suministro -Normativa
CREG-:
i. “Artículo 5 y literales b) y c) del artículo 9 de la Resolución CREG 116 de 1998 “Por la
cual se reglamenta la limitación del suministro a comercializadores y/o distribuidores
morosos, y se dictan disposiciones sobre garantías de los participantes en el mercado
mayorista, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado
Nacional”;
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ii. Artículo 10 de la Resolución CREG 19 de 2006 “Por la cual se modifican
algunas disposiciones en materia de garantías y pagos anticipados de los agentes
participantes en el Mercado de Energía Mayorista”, y,
iii. Artículo 20 del anexo de la Resolución CREG 19 de 2006 “Anexo – Reglamento
de mecanismos para las transacciones en el mercado de energía mayorista”;
relacionados con ordenar la limitación del suministro de electricidad al agente mayorista
AIR-E S.A.S”.
Adujo que el proceso le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C2, que mediante sentencia de 8 de
agosto de 2025 declaró improcedente la acción de cumplimiento, al considerar que
en el proceso se planteó una controversia de interpretación y aplicación de las
normas que se invocaron como incumplidas frente a lo dispuesto por la Circular
Externa no. 20241000001314 del 13 de diciembre de 2024. Asimismo, aclaró que
no era preciso vincular al proceso a otras entidades públicas porque el medio de
control de cumplimiento era improcedente para zanjar el debate interpretativo de
aplicación de los artículos 5 literales b) y c), 9 de la Resolución CREG 116 de 1998,
artículo 10 de la Resolución CREG 19 de 2006 y el artículo 20 del anexo de la
Resolución CREG 19 de 2006, respecto a una Circular Externa proferida por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Precisó que contra la anterior determinación presentó impugnación, al estimar que
aunque AIR-E se encontraba bajo toma de posesión por parte de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios continuó participando en el
Mercado de Energía Mayorista (MEM) y adquirió obligaciones que incumplió de
manera reiterada, lo que dio lugar a una deuda que superó un billón de pesos. Pese
a esta situación, agregó que XM con base en una circular que carecía de la
capacidad jurídica para modificar o exceptuar lo dispuesto en las resoluciones de
la CREG, se abstuvo de iniciar los procedimientos legalmente previstos, incurriendo
en el incumplimiento de deberes que son de obligatorio cumplimiento.
Asimismo, concluyó que la acción de cumplimiento no tenía como finalidad discutir
el alcance hermenéutico de las disposiciones legales ni resolver controversias de
interpretación compleja, pues su propósito fundamental era garantizar que XM
acatara deberes legales, los cuales se encontraban definidos en las Resoluciones
116 de 1998 y 19 de 2006.
Sostuvo que la Sección Quinta del Consejo de Estado por medio de sentencia de
25 de septiembre de 2025 confirmó la decisión de 8 de agosto de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C
que declaró improcedente la acción de cumplimiento, al considerar que las normas
invocadas como incumplidas se encontraban suspendidas en virtud de la
Resolución MME 40307 de 5 de agosto de 2024, prorrogada por las Resoluciones
MME 40359 y 40409 de 2024, así como por la aplicación de la Circular Externa
20241000001314 de diciembre de 2024, por lo que el debate no versaba
propiamente sobre un incumplimiento normativo, sino sobre la negativa de la
demandada a adelantar el procedimiento de limitación de suministro frente a AIR-
E S.A.S. E.S.P. con fundamento en dicha circular. Y concluyó que en ese contexto,
el asunto implicaba controvertir la legalidad y aplicabilidad de actos administrativos
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Proceso no. 25000-23-41-000-2025-01019-00.
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de carácter general y perseguía la protección de un interés particular y subjetivo,
razón por la cual la acción era improcedente por falta de vigencia y subsidiariedad.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora manifestó que se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra sentencias judiciales. En relación con la relevancia
constitucional precisó que la autoridad judicial accionada profirió la sentencia “bajo
postulados arbitrarios y contrarios al ordenamiento jurídico colombiano”, y agregó
que “en contravía del principio de reserva de ley y de la Constitución Política, la
Sentencia Impugnada desconoce el diseño constitucional del sector y tolera de
manera indebida el principio de legalidad y el reparto de competencias entre la
Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG —autoridad competente para
expedir la regulación técnica y económica del servicio público de energía— y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD -autoridad de
inspección, vigilancia y control”.
Asimismo, adujo que la acción de tutela no busca manifestar una inconformidad o
plantear un debate jurídico formal, pues lo que pretendía es que se “i) corrija una
arbitrariedad que altera todo el ordenamiento jurídico, ii) mantenga la estabilidad del
mercado energético colombiano, iii) restablezca los derechos fundamentales de
ANDEG y iv) proteja a los usuarios del servicio público de energía eléctrica”.
En relación con el requisito de subsidiariedad, indicó que se agotaron todos los
medios ordinarios de defensa judicial, comoquiera que no existe otro mecanismo
para controvertir la decisión de segunda instancia proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado que resolvió la acción de cumplimiento núm. 11001-31-10-
008-2018-00251-00.
Respecto del requisito de inmediatez, mencionó que se encontraba cumplido toda
vez que entre la expedición de la providencia impugnada y la presentación del
escrito de tutela no habían transcurrido 3 meses.
Finalmente, refirió que se identificaron de manera clara los hechos en que
fundamentaron la acción de tutela, y concluyó que no se cuestiona una sentencia
de tutela, comoquiera que la providencia objetada se profirió en el marco de una
acción de cumplimiento.
En lo que atañe a las causales especiales de procedibilidad explicó que se
configuraron los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente judicial.
Respecto del defecto sustantivo, la parte actora alegó que la autoridad judicial
accionada aplicó como fundamento de su decisión resoluciones del MME 3 que no
se encontraban vigentes. En efecto, precisó que la sentencia cuestionada declaró
la improcedencia de la acción de cumplimiento con base en un supuesto fáctico y
jurídico “inexistente”, al considerar que las Resoluciones 40307 de 5 de agosto de
2024, 40359 de 30 de agosto de 2024 y 40409 de 30 de septiembre de 2024 del
Ministerio de Minas y Energía se encontraban vigentes y tenían la capacidad jurídica
de suspender la normativa CREG que regulaba los programas de limitación de
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Ministerio de Minas y Energía.
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suministro. Y en ese sentido, afirmó que sobre dicha premisa equivocada, el fallo
concluyó que las normas cuya ejecución solicitaba estaban suspendidas y se
abstuvo de realizar un análisis de fondo, atribuyendo a dichos actos administrativos
efectos jurídicos que no tenían para las fechas relevantes del proceso.
Asimismo, explicó que al momento de presentarse la acción de cumplimiento -2 de
julio de 2025- y de proferirse la sentencia de segunda instancia -25 de septiembre
de 2025- las resoluciones MME no estaban vigentes, y precisó que “en esa medida,
para el año 2025, las directrices adoptadas por el MME en las citadas resoluciones
habían expirado meses atrás. Pese a ello, la Sección Quinta las utilizó como
fundamento como si las mismas estuvieran vigentes, lo que constituye un defecto
sustantivo grave, pues la decisión se sustentó en normas inexistentes para el
momento de decidir”.
Y agregó que dicho error configuraba un defecto sustantivo evidente, en la medida
en que la Sección Quinta del Consejo de Estado fundamentó su decisión en normas
que no se encontraban vigentes, en contravía del deber constitucional de fallar
conforme al ordenamiento jurídico aplicable consagrado en el artículo 230 de la
Constitución Política. En ese sentido, aclaró que la jurisprudencia constitucional
había sido clara al establecer que el defecto sustantivo se presentaba cuando el
juez apoyaba su decisión en disposiciones inaplicables, entre ellas, aquellas cuya
vigencia ha cesado. Sin embargo, refirió que la providencia impugnada no solo
desconoció dicho mandato, sino que además derivó efectos jurídicos de actos
administrativos carentes de eficacia, vulnerando de manera directa el debido
proceso y el ordenamiento jurídico.
Finalmente, sostuvo que tal situación se agravó si se tiene en cuenta que además
de haber perdido vigencia las resoluciones invocadas por la Sección Quinta fueron
posteriormente declaradas nulas por el Tribunal Administrativo de Antioquia
mediante la sentencia 170 del 14 de octubre de 2025 (Rad. 05001-23-33-000-2025-
00146-00).
En relación con la violación directa de la Constitución, precisó que la autoridad
judicial accionada “violó los artículos 229, 29, los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y el principio constitucional de jerarquía
normativa”. Frente al principio de jerarquía normativa respecto de las circulares de
servicio, sostuvo que la Sección Quinta cometió un error al atribuirle a la Circular de
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios efectos que el
ordenamiento jurídico no le reconocía, pues dicho acto no suspendía ni modificaba
la regulación de la CREG que establecía y regulaba los programas de limitación de
suministro. Y precisó que la normatividad de la CREG por su jerarquía y naturaleza
regulatoria, era la única competente para crear y regular dichos programas.
Precisó que la autoridad judicial accionada incumplió sus funciones como juez de
cumplimiento al realizar un análisis superficial de la demanda y la controversia
planteada, y porque afirmó que la acción promovida constituía un debate de
“interpretación y aplicación de normas” que excedía su competencia y debía
ventilarse por otras vías. Y aclaró que “al respecto debe señalarse que es FALSO
que la acción de cumplimiento promovida por ANDEG planteé un debate de
interpretación normativa. La acción interpuesta por ANDEG es clara y se
circunscribe a reclamarle a XM el cumplimiento de deberes imperativos e
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inobjetables contenidos en la Normatividad CREG, que por cierto está plenamente
vigente”.
Por último, en lo concerniente al desconocimiento del precedente judicial, indicó
que la sentencia cuestionada se apartó del precedente judicial contenido en la
sentencia de 27 de marzo de 2025 del Consejo de Estado “sin cumplir las cargas
establecidas por la Corte Constitucional”.
Precisó que en un caso similar, el Consejo de Estado ordenó a XM cumplir con
obligaciones establecidas en la regulación vigente de la CREG, pese a la existencia
de una circular de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que
contradecía dicha regulación. Explicó que en la sentencia de 27 de marzo de 2025,
dentro del proceso no. 25000-23-41-000-2024-02089-01 (Caso Vientos del Norte),
se dispuso que XM cumpliera los artículos 13 y 20 de la Resolución CREG 157 de
2011 y el artículo 18 de la Resolución CREG 24 de 1994, registrando la terminación
del contrato de suministro de energía solicitado por el demandante.
En ese sentido, afirmó que al igual que en el presente caso, XM se negó a cumplir
con la regulación de la CREG argumentando que la Circular Externa SSPD no.
20241000001274 de 27 de noviembre de 2024 le impedía terminar unilateralmente
contratos con empresas intervenidas, como AIR-E. Sin embargo, el Consejo de
Estado concluyó que la obligación de XM se derivaba directamente de las
resoluciones de la CREG y, por tanto, debía proceder al registro solicitado, dejando
claro que la circular no podía sustituir ni suspender la normativa de mayor jerarquía.
Para terminar, concluyó que “la Circular de la SSPD por sí sola no tiene la eficacia
de impedir que XM cumpla con sus obligaciones ni le resta eficacia jurídica a las
Resoluciones CREG 116 de 1998 y 19 de 2006. Dichas disposiciones incluyen de
forma explícita la posibilidad de iniciar los programas de limitación de suministro
frente a empresas intervenidas, sin que la toma de posesión pueda interpretarse
como una causal de suspensión de la aplicación de la regulación vigente. Por el
contrario, el marco normativo prevé expresamente que el régimen de limitación de
suministro es aplicable a todo agente incumplido, incluyendo los intervenidos, como
AIR-E, como mecanismo de salvaguarda de la sostenibilidad y estabilidad del
MEM”.
4. Trámite procesal
Mediante auto de 15 de enero de 2026, el despacho admitió la demanda y ordenó
notificar a la parte actora y a las autoridades judiciales accionadas – Consejo de
Estado, Sección Quinta y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C y XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. como tercero
interesado en el resultado del proceso y se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General
del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 4468 a 4472 del 16
de enero de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión4.
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Índice 14 de Samai.
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5. Oposición
5.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Quinta
El magistrado ponente rindió informe en el que solicitó que la acción de tutela fuera
declarada improcedente o, en su lugar, se negara el amparo constitucional
solicitado, al considerar que no se encuentra reunidas las condiciones para la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Manifestó que la parte actora presentó escrito de tutela al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y a la tutela efectiva porque, a su juicio, la sentencia de 25 de
septiembre de 2025, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C que declaró improcedente la acción de cumplimiento había incurrido
en unas “vías de hecho” al aplicar erróneamente los requisitos de procedibilidad
establecidos en la Ley 393 de 1997.
Sostuvo que contrario a lo alegado por la parte actora, la decisión cuestionada no
adolecía de ningún vicio, comoquiera que contaba con una estructura clara y con
fundamento en el material probatorio aportado al caso. Asimismo, explicó que para
que prosperara el medio del control se debían cumplir con unos requisitos mínimos,
entre ellos, que lo pretendido por la parte actora no tuviera como fin último que el
juez de cumplimiento realizara de forma tácita un juicio de legalidad y
preponderancia normativa como sucedió en el caso concreto.
En ese sentido, explicó que al estudiar los requisitos de procedencia de la acción
de cumplimiento se advirtió que, “más allá del obedecimiento de los artículos
invocados en la demanda, la parte actora propuso un debate que escapa al objeto
del medio de control presentado. En efecto, este caso implica un debate jurídico
para controvertir la legalidad y la aplicación o no de la circular externa
20241000001314 del 13 de diciembre de 2024, que estableció lineamientos básicos
en relación con los procesos de limitación de suministro en prestadores de servicios
públicos de energía eléctrica en toma de posesión y la posibilidad de ser aplicada
o no en el caso concreto, así como lo establecido en la Resolución MME 40307 del
5 de agosto de 2024; además, busca la consecución de un interés particular y
subjetivo”.
Adicionalmente, sostuvo que las resoluciones que sirvieron para sustentar el fallo
cuestionado a través del mecanismo constitucional, para el momento de la
presentación de la demanda y cuando se profirió el fallo se encontraban vigentes,
comoquiera que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
que declaró la nulidad de las Resoluciones 40307 de 5 de agosto, 40359 de 20 de
agosto y 40409 de 30 de septiembre de 2024 emitidas por el ministro de Minas y
Energía eran del 14 de octubre de 2025 y actualmente se encuentra surtiendo el
recurso de apelación.
Frente al supuesto desconocimiento del precedente judicial relacionado con la
inaplicación de la sentencia de 27 de marzo de 2025 en el proceso no. 25000-23-
41-000-2024-02089-01, advirtió que la controversia ahí decidida no guardaba
similitud fáctica ni jurídica con el asunto en mención, toda vez que se trató de una
solicitud de cumplimiento de lo establecido en los artículos 16 y 20 de la Resolución
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157 de 2011 y 18 de la Resolución 24 de 1995 de la CREG y cuya pretensión
consistía en que se registrara la terminación del contrato suscrito entre VIENTOS
DEL NORTE SAS E.S.P. y AIR-E S.A.S. E.S.P. la cual tuvo lugar el 13 de
septiembre de 2024.
Agregó que el escrito de tutela no cumplía con una carga mínima argumentativa
que le permitiera al juez constitucional abordar los defectos señalados, toda vez
que los argumentos de la parte actora se limitaron a exponer el simple desacuerdo
con la sentencia cuestionada.
Finalmente, concluyó que “la reiteración de los argumentos expuestos en la acción
de cumplimiento que evidencian que lo pretendido trasciende más allá de las
disposiciones legales invocadas como incumplidas, y tiene como fin último que el
juez de cumplimiento realice de forma tácita un juicio de legalidad y preponderancia
normativa, respecto a las decisiones de la administración que ordenaron la no
aplicación de las medidas de limitación, como consecuencia de la intervención de
Air-E., lo cual escapa del objeto establecido en la Ley 393 de 1997, conduce a que
la tutela pase a convertirse en una tercera instancia”.
5.2. Respuesta de la sociedad XM Compañía de Expertos en Mercados S.A.
E.S.P
La apoderada judicial de la sociedad rindió informe en el que solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela por carecer de legitimación en la causa
por pasiva, al considerar que “XM S.A. E.S.P. en su calidad de ejecutor de la
regulación, debe dar estricto cumplimiento a las normas y órdenes
gubernamentales contenidos en actos administrativos y en órdenes judiciales, por
lo que su actuar en relación con la imposibilidad de aplicación del programa de
limitación de suministro a AIR-E se ha dado bajo el estricto acatamiento de lo
establecido en cada momento, no siéndole exigible una conducta diferente a la que
ha desplegado hasta la fecha”.
Asimismo, precisó que la acción de tutela se presentó contra una sentencia
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por lo que XM S.A. E.S.P.
no fue la autoridad que emitió el fallo objeto de discusión y, en ese sentido, no era
competente para decidir acerca de la acción de cumplimiento.
Por último, concluyó que “el hecho de que la hoy demandante hubiese quedado
insatisfecha con las decisiones no justifica que se considere que existe una vía de
hecho ni tampoco vulneración de derechos fundamentales, como se pretende
plantear en esta acción. Sus argumentos, los mismos que hoy se exponen por esta
vía, fueron analizados, debatidos y valorados dentro del trámite de cumplimiento y
sobre ellos se dictó tanto una sentencia en primera instancia como una en trámite
de apelación, decisiones ambas que coincidieron al definir que no era aquella la vía
judicial para decidir una discusión sobre la validez o no de una decisión
administrativa ni mucho menos sobre su interpretación”.
5.3 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
La sociedad XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. solicitó su
desvinculación de la acción constitucional, al considerar que no ostentan legitimidad
en la causa por pasiva, en razón a que no tienen competencia para resolver lo
pretendido por la parte accionante con la acción de tutela.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala
no accederá a la solicitud de desvinculación, en tanto se advierte que su vinculación
se dio como tercero con interés en las resultas del trámite constitucional, en razón
a su condición de accionado en el marco de la acción de cumplimiento.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a la tutela efectiva de la parte actora, al incurrir en los defectos
sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente
judicial.
4. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones5.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20056, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
5
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
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En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional7.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala8, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado
está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos
reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso
ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
5. Estudio y solución del caso concreto
La Asociación General de Empresas Generadoras - ANDEG, quien actúa a través
de su representante legal, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado,
7
la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
8
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Sección Quinta, por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la tutela
judicial efectiva, con ocasión de la sentencia de 25 de septiembre de 2025, mediante
la cual confirmó la decisión de 8 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C que declaró
improcedente la acción de cumplimiento no. 25000-23-41-000-2025-01019-01.
La parte accionante afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos sustantivo y violación directa de la Constitución, al declarar improcedente
la acción de cumplimiento con fundamento en resoluciones del Ministerio de Minas
y Energía que no se encontraban vigentes al momento de presentar la demanda ni
al proferirse la sentencia, atribuyéndoles erróneamente la capacidad de suspender
la normativa de la CREG sobre limitación de suministro y omitiendo así un análisis
de fondo, en contravía del artículo 230 de la Constitución Política.
Además, señaló que la Sección Quinta desconoció el principio de jerarquía
normativa al otorgar efectos suspensivos a una circular de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, pese a que la regulación de la CREG era la única
competente para establecer dichos programas. Y precisó que la providencia
cuestionada se apartó sin justificación del precedente fijado en la sentencia del 27
de marzo de 2025 (Caso Vientos del Norte), en la cual el Consejo de Estado ordenó
a XM cumplir la regulación CREG pese a la existencia de una circular de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, reiterando que tales
circulares no podían suspender ni restar eficacia a las Resoluciones CREG 116 de
1998 y 19 de 2006.
Revisadas las actuaciones surtidas en el marco de la acción de cumplimiento, la
Sala observa que la Asociación Nacional de Empresas Generadoras – ANDEG, a
través de su representante legal, presentó demanda en ejercicio de la acción de
cumplimiento, con el fin de obtener el cumplimiento de los artículos “Artículo 5 y
literales b) y c) del artículo 9 de la Resolución CREG 116 de 1998 “Por la cual se
reglamenta la limitación del suministro a comercializadores y/o distribuidores
morosos, y se dictan disposiciones sobre garantías de los participantes en el
mercado mayorista, como parte del Reglamento de Operación del Sistema
Interconectado Nacional.” Artículo 10 de la Resolución CREG 19 de 2006 “Por la
cual se modifican algunas disposiciones en materia de garantías y pagos
anticipados de los agentes participantes en el Mercado de Energía Mayorista.”
Artículo 20 del Anexo de la Resolución CREG 19 de 2006 “Anexo. Reglamento De
Mecanismos De Cubrimiento Para Las Transacciones En El Mercado de Energía
Mayorista”. Y como consecuencia de la pretensión principal, solicitó que se ordenara
“a XM cumplir con las obligaciones y/o deberes establecidos en el artículo 5 de la
Resolución CREG 116 de 1998 y en consecuencia, inicie el programa de limitación
de suministro en contra AIR-E S.A.S. E.S.P. por el incumplimiento de las
obligaciones que tiene con el MEM, causadas con posterioridad a la toma de
posesión ejecutada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
especialmente el pago de las obligaciones por transacciones en la bolsa de energía
a favor de los agentes generadores”, entre otras.
El proceso le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, que mediante sentencia de 8 de agosto de 2025
declaró improcedente la acción de cumplimiento, al considerar que las normas
invocadas como incumplidas, principalmente las Resoluciones CREG 116 de 1998
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y 19 de 2006 imponían a la parte demandada deberes claros y obligatorios
relacionados con la aplicación de los programas de limitación de suministro y la
ejecución de garantías, incluso frente a empresas intervenidas que incumplieran
obligaciones posteriores a la intervención.
Sin embargo, precisó que la empresa XM fundamentó su actuación en la Circular
Externa 20241000001314 de 2024 de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, mediante la cual se impartieron lineamientos para abstenerse de
iniciar dichos programas respecto de empresas en toma de posesión, con el
argumento de garantizar la continuidad del servicio. Finalmente, concluyó que el
asunto planteaba una controversia sobre la interpretación y aplicación de normas
de distinto rango, razón por la cual era improcedente la acción de cumplimiento y
estimó innecesaria la vinculación de otras entidades públicas al proceso.
Contra la anterior determinación, la parte actora presentó impugnación, al
considerar que pese a la toma de posesión de AIR-E por parte de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dicha empresa continuó
operando en el mercado de energía mayorista y acumulando incumplimientos que
derivaron en deudas superiores a un billón de pesos, frente a lo cual XM omitió
iniciar los procedimientos regulatorios correspondientes, amparándose en una
circular sin fuerza para modificar la regulación CREG. Asimismo, sostuvo que la
acción de cumplimiento no buscaba resolver debates interpretativos complejos, sino
exigir el acatamiento de deberes claros e imperativos previstos, entre otras, en las
Resoluciones CREG 116 de 1998 y 19 de 2006, y que el Tribunal desconoció el
impacto sistémico del incumplimiento de AIR-E sobre el mercado eléctrico.
Añadió que la inacción de XM equivalía a permitir transferencias patrimoniales
forzosas al posibilitar que AIR-E recibiera energía sin pagar, lo que afectaba a los
generadores y comprometía la sostenibilidad y continuidad del servicio eléctrico. Y
reiteró que las circulares de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
carecían de fuerza normativa para suspender, modificar o derogar la regulación
expedida por la CREG.
El recurso de alzada fue resuelto por la Sección Quinta del Consejo de Estado
mediante sentencia de 25 de septiembre de 2025 que confirmó la decisión de 8 de
agosto de 2025 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C. En ese orden de ideas, frente al argumento de la parte actora
relacionado con que las Resoluciones del Ministerio de Minas y Energía no se
encontraban vigentes cuando se presentó la demanda y se profirió la decisión
cuestionada, la autoridad judicial accionada precisó:
“Al verificar la respuesta otorgada por las entidades demandada y vinculada como tercero
con interés, se advierte que las normas demandadas como incumplidas se encuentran
suspendidas, como consecuencia de la expedición de la Resolución MME 40307 del 5
de agosto de 202413, por medio de la cual se adoptaron medidas transitorias para
garantizar la prestación del servicio público y se dispuso la suspensión de los programas
de limitación de suministro de energía; las Resoluciones MME 40359 del 30 de agosto
de 2024 y, MME 40409 del 30 de septiembre de 2024, que prorrogaron la medida;
además, en aplicación de lo establecido en la circular externa 20241000001314 del 13
de diciembre de 2024”.
Asimismo, la parte actora alegó que la Sección Quinta del Consejo de Estado
desconoció el principio de jerarquía normativa al otorgar efectos suspensivos a una
circular de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pese a que la
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regulación CREG era la única competente para establecer programas de limitación
de suministro para agentes morosos. Al respecto, la autoridad judicial aclaró que:
“49. En todo caso, a pesar de que la accionante invocó una serie de normas como
supuestamente incumplidas, lo cierto es que, para la Sala, el problema gira en torno a
que la demandada no ha adelantado el procedimiento para la imposición de programas
de limitación de suministro para agentes morosos, específicamente en el caso de AIR-E
S.A.S. E.S.P., como consecuencia de la aplicación de una circular con la cual la actora
no está de acuerdo.
50. En efecto, este caso implica un debate jurídico para controvertir la legalidad y la
aplicación o no de la circular externa 20241000001314 del 13 de diciembre de 2024, que
estableció lineamientos básicos en relación con los procesos de limitación de suministro
en prestadores de servicios públicos de energía eléctrica en toma de posesión y la
posibilidad de ser aplicada o no en el caso concreto, así como lo establecido en la
Resolución MME 40307 del 5 de agosto de 2024; además, busca la consecución de un
interés particular y subjetivo”.
De lo expuesto, la Sala advierte que en este caso particular y concreto, el
mecanismo constitucional se está utilizando para controvertir un asunto meramente
legal, pues se circunscribe a cuestionar la interpretación y aplicación que realizó la
autoridad judicial accionada respecto de normas de distinto rango, en particular, la
regulación expedida por la CREG, las resoluciones del Ministerio de Minas y
Energía y una circular de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
En efecto, los reproches formulados no evidencian, prima facie, la configuración de
una vulneración de derechos fundamentales para la demandante, sino una
discrepancia frente al entendimiento jurídico adoptado en la acción de cumplimiento
sobre la vigencia, alcance y efectos de tales disposiciones.
En ese sentido, los argumentos de la parte accionante se orientan a demostrar que
las autoridades judiciales incurrieron en un yerro al reconocer efectos suspensivos
a determinados actos administrativos y al considerar improcedente la acción de
cumplimiento, lo cual supone un análisis estrictamente normativo sobre jerarquía de
normas, competencia regulatoria y vigencia de los actos administrativos invocados,
comoquiera que dichos planteamientos corresponden a un desacuerdo
interpretativo propio de la actividad judicial ordinaria y no a un problema de
relevancia constitucional que habilite la intervención del juez de tutela.
Adicionalmente, la Sala observa que en el asunto bajo examen la controversia
propuesta involucra intereses de carácter legal relacionados con el funcionamiento
del mercado de energía mayorista, la sostenibilidad financiera de los agentes
generadores y las consecuencias patrimoniales derivadas de la aplicación o no de
los programas de limitación de suministro, situaciones que no tienen una
connotación constitucional, máxime cuando su resolución exige un examen técnico
y jurídico profundo sobre la legalidad y aplicabilidad de actos administrativos, ámbito
que desborda la finalidad de la acción de tutela.
En efecto, la Sala advierte que en este caso particular, no se está proponiendo un
genuino debate constitucional en el que se ventile la vulneración de derechos
fundamentales de la entidad accionante, pues sus pretensiones se dirigen a
cuestionar la validez, vigencia y alcance jurídico de las resoluciones expedidas por
el Ministerio de Minas y Energía y de la circular de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, así como la interpretación que de ellas realizó la jurisdicción
de lo contencioso administrativo frente a la regulación de la CREG. Por lo tanto,
para la Sala el reproche constitucional formulado constituye un desacuerdo con el
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criterio jurídico adoptado por la autoridad judicial accionada y se trata de una
discusión meramente legal que no hace relación con el contenido, alcance y goce
de una garantía iusfundamental.
En armonía con lo anterior, la Sala observa que la inconformidad planteada por la
parte actora se enmarca en un desacuerdo interpretativo frente a la aplicación y
alcance de determinadas disposiciones de carácter legal y reglamentario, supuesto
que, conforme a lo reiterado por la Corte Constitucional en la Sentencia de
Unificación SU-215 de 20229, no habilita la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En dicha decisión, se precisó que para determinar si se
cumple con el requisito de relevancia constitucional se debe tener en cuenta:
“En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional. De acuerdo con la Sentencia SU-573 de 2019 el asunto debe ser
“trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales. En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una
puramente legal y/o económica. Como se indica en la sentencia mencionada, un
asunto carece de relevancia constitucional cuando, entre otras razones,“(i) la
discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de derecho,
como la correcta interpretación o aplicación de una norma de rango
reglamentario o legal salvo que de esta se “desprendan violaciones a los
derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o
contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria
con connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés
general”.
De conformidad con lo anterior, la Sala concluye que en el asunto bajo estudio la
controversia planteada por la parte actora carece de relevancia constitucional, en
tanto no involucra un debate en torno al contenido, alcance o goce efectivo de
derechos fundamentales. Por el contrario, los reproches formulados por la
Asociación Nacional de Empresas Generadoras – ANDEG se limitan a cuestionar
la correcta interpretación y aplicación de disposiciones de carácter legal y
reglamentario, en particular la vigencia, jerarquía y efectos de las resoluciones
expedidas por el Ministerio de Minas y Energía y de la circular de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios frente a la regulación de la
CREG. En ese orden de ideas, resulta evidente que la acción de tutela se está
utilizando para controvertir un debate estrictamente legal que ya resuelto por la
jurisdicción contencioso administrativa.
Por otro lado, en relación con la inconformidad de la parte actora por el presunto
desconocimiento del precedente fijado en la sentencia del 27 de marzo de 2025
(caso Vientos del Norte), en la cual el Consejo de Estado ordenó a XM dar
cumplimiento a la regulación expedida por la CREG pese a la existencia de una
circular de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al reiterar que
dichas circulares no pueden suspender ni desvirtuar la eficacia de las Resoluciones
CREG 116 de 1998 y 19 de 2006, la Sala advierte que tras revisar la sentencia
cuestionada se concluye que no presenta identidad fáctica ni jurídica con el caso
bajo estudio. En efecto, dicho pronunciamiento versó sobre una solicitud de
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M.P. Natalia Ángel Cabo.
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cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 16 y 20 de la Resolución CREG 157
de 2011 y el artículo 18 de la Resolución CREG 24 de 1995, cuya pretensión
concreta consistía en que se registrara la terminación del contrato celebrado entre
Vientos del Norte S.A.S. E.S.P. y Air-e S.A.S. E.S.P., supuesto que difiere
sustancialmente del que ahora se analiza.
Finalmente, la Sala observa que tampoco es procedente el argumento de la parte
actora relacionado con la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nos. 40307,
40359 y 40409 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía efectuada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia mediante la Sentencia 170 del 14 de octubre de 2025.
Lo anterior, por cuanto dicha providencia judicial fue proferida con posterioridad a la
sentencia del 25 de septiembre de 2025 de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, razón por la cual no podía ser conocida ni aplicada por la autoridad judicial
accionada al momento de adoptar su decisión.
Lo anterior, es razón suficiente para concluir que la presente acción de tutela resulta
improcedente por cuanto en el caso concreto no se acredita la existencia de un
asunto de relevancia constitucional, siendo evidente que la controversia planteada
por la Asociación Nacional de Empresas Generadoras – ANDEG-, gira
exclusivamente en torno a una discusión de naturaleza legal.
Conforme lo ha señalado la Corte Constitucional, la tutela no es el mecanismo
idóneo para resolver controversias cuya materia se circunscribe a la interpretación
de normas legales o al reconocimiento de derechos de contenido puramente legal
y económico. En consecuencia, al no evidenciarse un impacto directo
iusfundamental, sino más bien una controversia de índole particular y patrimonial,
la intervención del juez constitucional se torna improcedente.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la Asociación
General de Empresas Generadoras - ANDEG, quien actúa a través de su
representante legal, contra el Consejo de Estado, Sección Quinta y XM Compañía
de Expertos en Mercados S.A.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
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Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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