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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-02089-01

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-02089-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 31 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, para, en su lugar, ORDENAR a XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. el cumplimiento de los artículos 13 y 20 de la Resolución 157 de 2011 y 18 de la Resolución 24 de 1995 de la CREG, y, en consecuencia, proceda a realizar el registro correspondiente en el contrato de suministro de energía de largo plazo identificado 14 Mediante Resolución SSPD 20241000531665 del 11 de septiembre de 2024, se ordenó la toma de posesión los bienes, haberes y negocios de AIR-E S.A.S. E.S.P. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Vientos del Norte S.A.S. E.S.P. Demandado: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. Radicado: 25000-23-41-000-2024-02089-01 con el código SIC 47490 conforme lo solicitado por la sociedad VIENTOS DEL NORTE S.A.S. E.S.P. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2024-02089-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

27 de marzo de 2025

Demandante: Vientos del Norte S.A.S. E.S.P.
Demandado: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2024-02089-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02089-01
Demandante: VIENTOS DEL NORTE S.A.S. E.S.P.
Demandado: XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

Tema: Acción de cumplimiento. Revoca decisión de primera instancia
que declaró improcedencia. Ordena el cumplimiento.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia
del 31 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, mediante la cual se declaró la improcedencia del
mecanismo constitucional por no satisfacer con el presupuesto de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda1

La empresa Vientos del Norte S.A.S. E.S.P. por conducto de apoderado judicial2,
promovió demanda en ejercicio de la acción establecida en el artículo 87 de la
Constitución Política y reglamentado en la Ley 393 de 1997, en la que solicitó el
cumplimiento de los artículos 16 y 20 de la Resolución 157 de 2011 y 18 de la
Resolución 24 de 1995 de la CREG.

Como consecuencia de lo anterior, pretende que «[…] se registre la terminación del
Contrato suscrito entre VIENTOS DEL NORTE SAS E.S.P. y AIR-E S.A.S. E.S.P. la
cual tuvo lugar el pasado 13 de septiembre de 2024».

1
Índice 2 Samai Cuaderno de primera instancia
2
Según poder conferido mediante mensaje de datos, por Felipe de Gamboa Tapias, en su condición
de suplente del gerente general conforme se desprende del certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, a favor del abogado Luis Felipe Botero
Aristizábal.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Vientos del Norte S.A.S. E.S.P.
Demandado: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2024-02089-01

1.2. Hechos

La solicitud de cumplimiento se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. en lo sucesivo XM, es una
sociedad anónima de economía mixta, constituida como empresa de servicios
públicos del orden nacional, que ejerce la función de Centro Nacional de Despacho3
en virtud del Decreto 848 de 20054, lo que le impone aplicar el Reglamento de
Operación expedido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en lo sucesivo
la CREG, así como los acuerdos que expida el Consejo Nacional de Operación.

Entre la sociedad Vientos del Norte S.A.S. E.S.P. en su calidad de vendedor, y la
empresa AIR-E S.A.S. E.S.P. en su condición de comprador, se celebró contrato de
suministro de energía de largo plazo identificado con el código SIC 47490 fechado del
9 de diciembre de 2019.

El citado negocio jurídico, conforme lo dispone el artículo 14 de la Resolución 24 de
1995 de la CREG, debía ser registrado ante el Administrador del Sistema de
Intercambios Comerciales5.

Con ocasión del incumplimiento presentado por la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P. frente
al contrato suscrito con la sociedad Vientos del Norte S.A.S. E.S.P. ésta procedió a la
terminación unilateral del negocio mediante comunicado del 13 de septiembre de
2024, lo cual fue informado en la misma fecha a XM en su calidad de Centro Nacional
de Despacho y Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales.

3
Artículo 32 Parágrafo 1º Ley 143 de 1994: El Centro Nacional de Despacho será una dependencia
interna de la empresa encargada del servicio de interconexión nacional, constituido con los bienes
actualmente de propiedad de Interconexión Eléctrica S.A., destinados a la planeación, supervisión y
control de la operación y despacho de los recursos en el sistema interconectado nacional, así como los
demás que le asigne el Gobierno Nacional.
4
Artículo 1º. Autorízase la constitución de una sociedad anónima prestadora de servicios públicos, del
orden Nacional, de carácter comercial, que será la encargada de desarrollar dentro de su objeto social
las funciones asignadas al Centro Nacional de Despacho relacionadas con la planeación y coordinación
de la operación de recursos del sistema interconectado nacional y la administración del sistema de
intercambios y comercialización de energía eléctrica en el mercado mayorista, así como la liquidación
y administración de los cargos por uso de las redes del sistema interconectado nacional con sujeción
a lo dispuesto en el Reglamento de Operación expedido por la Comisión de Regulación de Energía y
Gas, CREG y los acuerdos expedidos por el Consejo Nacional de Operación, CNO.
5
Según la Resolución 24 de 1995 de la CREG, se entiende Administrador del Sistema de Intercambios
Comerciales lo siguiente: Dependencia del Centro Nacional de Despacho adscrita a Interconexión
Eléctrica S.A. "E.S.P.", encargada del registro de los contratos de energía a largo plazo; de la
liquidación, facturación, cobro y pago del valor de los actos o contratos de energía en la bolsa por
generadores y comercializadores; del mantenimiento de los sistemas de información y programas de
computación requeridos; y del cumplimiento de las tareas necesarias para el funcionamiento
adecuado del Sistema de Intercambios Comerciales (SIC).

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Demandante: Vientos del Norte S.A.S. E.S.P.
Demandado: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2024-02089-01

Con base en los artículos 16 y 20 de la Resolución 157 de 2011 y 18 de la Resolución
24 de 1995 de la CREG, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales,
esto es XM, tenía la obligación de registrar la anterior situación en el término de 3
días. Es decir, en otros términos, modificar el estado del contrato identificado con el
código SIC 47490 bajo el entendido que éste había sido terminado unilateralmente.

XM, el 20 de septiembre de 2024, informó a Vientos del Norte S.A.S. E.S.P. que había
elevado consulta ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la
que indagó sobre la posibilidad de llevar a cabo el registro de terminación unilateral
del contrato, lo cual, según afirma la sociedad actora, es una situación que carece de
sustento normativo.

Conforme lo anterior, la demandante, mediante comunicado del 19 de noviembre de
2024, en aplicación del artículo 8 de la Ley 393 de 1997, constituyó en renuencia a la
demandada, a efectos de que procediera a acatar el mandato establecido en los
artículos 16 y 20 de la Resolución 157 de 2011 y 18 de la Resolución 24 de 1995 de
la CREG.

A su turno, se tiene que la entidad accionada, mediante comunicado del 3 de
diciembre de 2024, dio respuesta a la anterior solicitud en la que puso de presente
que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante Resolución No.
SSPD – 20241000531665 del 11 de septiembre de 2024, tomó posesión de la
sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P.

Con base en lo anterior, XM presentó consulta a la citada autoridad administrativa,
respecto a la situación de facto presentada en el caso de la sociedad objeto de
intervención, por lo que recibió el concepto SSPD-OJ-2024-398 del 23 de septiembre
de 2024, en donde se precisó la improcedencia de terminación del contrato en razón
al proceso de intervención.

Por otra parte, refirió que el citado ente de inspección y vigilancia profirió la Circular
Externa N° 20241000001274 del 27 de noviembre de 2024, en la que se estableció la
prohibición de terminar unilateralmente los contratos suscritos con las empresas que
son objeto de intervención. Lo cual, para el caso concreto, significa que XM debe
abstenerse de llevar el registro de terminación unilateral de contratos.

1.3. Actuaciones procesales relevantes

1.3.1. Admisión de la demanda e intervenciones

Por auto del 11 de diciembre de 2024 se admitió la acción constitucional, se dispuso
la notificación de XM, y ordenó la vinculación de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios.

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Demandado: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2024-02089-01

Posteriormente, mediante proveído del 23 de enero de 2025, advirtió la necesidad de
vincular a la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P. y a la CREG, a efectos que rindieran un
informe sobre los hechos y pretensiones materia de cumplimiento.

XM por conducto de apoderado judicial se opuso a las pretensiones de la demanda,
para lo cual acotó que la falta de registro de la terminación del contrato celebrado
entre las partes obedeció a las órdenes dadas por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, las cuales, resultan de obligatorio cumplimiento.

Enfatizó que la sociedad no ejerce una función administrativa propiamente hablando,
por cuanto sus labores se encuentran enmarcadas por las disposiciones del derecho
privado, aunado que su rol en la actividad se contrae a la ejecución de las
instrucciones que al respecto profiere la CREG.

Precisó que, con ocasión de la actuación administrativa que actualmente adelanta la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, referente a la intervención de la
sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P. resulta improcedente registrar la terminación del
contrato suscrito con Vientos del Norte S.A.S. E.S.P.

Finalmente, indicó que el debate planteado por la demandante es susceptible de ser
ventilado a través de los medios de control de nulidad simple y nulidad y
restablecimiento del derecho, lo que conlleva a la improcedencia de la acción de
cumplimiento.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no realizó
pronunciamiento de fondo sobre los hechos y pretensiones de la demanda; no
obstante, precisó, respecto a la Circular Externa N° 20241000001274 del 27 de
noviembre de 2024, que esta «[…] constituye un acto administrativo de carácter
general, que contiene únicamente lineamientos sobre las disposiciones legales
aplicables a los procesos de toma de posesión, especialmente, en referencia a la
terminación de los contratos de las empresas intervenidas.]

La CREG rindió un informe en el que explicó sucintamente las competencias que tiene
a cargo la entidad, por lo que indicó que «[…]tiene la función de regular la prestación
de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible. Sobre
el sector de combustibles líquidos, además, existen funciones delegadas por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía a través
de la Resolución 40193 de 2021». Respecto al tema objeto de estudio, manifestó lo
siguiente:

De las normas citadas se desprende que, en la regulación aplicable al registro,
modificación y terminación de contratos, no se establecen condiciones particulares ni
especiales para empresas sobre las cuales se haya ordenado la toma de posesión por
parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).

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Demandante: Vientos del Norte S.A.S. E.S.P.
Demandado: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2024-02089-01

Como responsable de este tipo de intervenciones, la SSPD ha señalado en distintos
pronunciamientos que, para estas situaciones, aplican disposiciones legales especiales,
que no se encuentran dentro de las competencias otorgadas a esta Comisión y que se
reseñan a continuación.

Finalmente, la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P. pese a haber sido notificado, no realizó
pronunciamiento alguno.

1.4. Sentencia de primera instancia

El a quo, luego de agotadas las etapas procesales para este tipo de asuntos, dictó
sentencia el 31 de enero de 2025 en la que declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento. Al respecto, indicó lo siguiente:

3) De conformidad con lo expuesto se precisa que, en el presente caso la parte
demandante más allá de solicitar el cumplimiento de la norma antes transcrita, lo que
pretende mediante esta acción es que XM S.A. E.S.P, en su función de Administrador
del Sistema de Intercambios Comerciales –ASIC registre la terminación del contrato de
suministro de energía a largo plazo suscrito entre la accionante, Vientos del Norte S.A.S.
E.S.P, y la sociedad Air-E S.A.S. E.S.P. lo cual escapa del objeto de la presenta acción
de cumplimiento ya que, conforme a las pruebas allegadas y la normativa y
jurisprudencia advertida, en el presente trámite constitucional no estamos frente a un
incumplimiento de un mandato contenido en una norma a secas; sino frente a un
presunto incumplimiento de una obligación de un contrato de mandato mercantil entre
la accionante Vientos del Norte S.A.S. E.S.P, como empresa y agente que concurre en
el del Mercado de Energía Mayorista y XM S.A. E.S.P, como Centro Nacional de
Despacho en ejercicio de sus competencias de Administrador del Sistema de
Intercambios Comerciales –ASIC, contrato de mandato que se rige por las normas del
derecho privado sin perjuicio de que esté sujeto al reglamento operativo de la CREG.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes el 17 de febrero de 2025 a
través de correo electrónico.

1.5. Impugnación6

Como punto de partida explicó que en el proceso se acreditaron los presupuestos
establecidos en la Ley 393 de 1997, para que la pretensión de cumplimiento tuviera la
vocación de éxito.

Frente a la decisión de primera instancia, indicó que el estudio se hizo frente a la figura
del contrato de mandato no resultaba idóneo, pues, el debate no refiere a la relación
negocial, sino que se centra en las disposiciones invocadas en la demanda. Sobre
este punto, indicó lo siguiente:

Lo anterior hace indiscutible que el derecho que tiene la Empresa a que se registre la
terminación unilateral y el deber regulatorio del ASIC de registrarla (sin consideración
alguna adicional) emana directamente de la prescripción regulatoria prevista en la

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Índice 24 de Samai. Radicada el 10 de diciembre de 2024.

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Radicado: 25000-23-41-000-2024-02089-01

modificación introducida por la Resolución CREG 038 de 2010, que obviamente
tiene el carácter de acto administrativo. De modo que no deriva, como erradamente
concluyó el fallo que se impugna, del contrato de mandato que es un mero instrumento
de algunas de las funciones de XM pero no la fuente directa del deber regulatorio y
menos de la obligación del registro, como erróneamente interpreta la Sentencia.

Por otro lado, reprochó que el a quo concluyera que la labor que desarrolla XM no
pueda ser catalogada como un particular que ejerce una función administrativa, para
lo cual precisó que «[…] más allá de si cumple o no función administrativa es una
entidad estatal que debe cumplir la regulación y que se sustrajo de ello. Y según la
jurisprudencia constitucional, las empresas de servicios públicos mixtas son entidades
estatales, bajo la modalidad de entidades descentralizadas (sentencia C 706 de 2003)]

Incluso, sostuvo que aun quitando la condición de entidad pública de XM, igual suerte
se predicaría del asunto, pues, la obligación de registro acá demandada no deviene
de la existencia de un contrato, sino que su fuente es la ley y las resoluciones que
profiere la CREG.

1.6. Réplica a la impugnación7

El apoderado judicial de XM presentó escrito en el que solicitó que se confirme la
decisión de primera instancia, dado que, en su criterio, no se acreditaron los requisitos
de procedencia de la acción en los términos establecidos en la Ley 393 de 1997.

Al respecto, explicó que la demandada no se sustrajo arbitrariamente de la realización
del registro del contrato, sino que dicha determinación encontró sustento en los
pronunciamientos que ha proferido la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.

Por otro lado, refirió que XM no ejerce una función administrativa y, en ese sentido,
no podría ser llamado a soportar la pretensión de la parte demandante, pues, en el
ejercicio de sus funciones no profiere actos administrativos, sino que simplemente
realizar una labor de ejecución con base en los parámetros que para tal efecto
establece la CREG.

Finalmente, puso de presente que en el caso concreto no se configura una situación
constitutiva de perjuicio irremediable.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por el accionante
contra la sentencia de primera instancia del del 31 de enero de 2025, proferida por el

7
Índice 4 de Samai

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Demandante: Vientos del Norte S.A.S. E.S.P.
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Radicado: 25000-23-41-000-2024-02089-01

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, de
conformidad con lo establecido en los artículos 3º de la Ley 393 de 1997, 10, 125, 150
y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de
la Corporación para conocer de las «apelaciones contra las providencias susceptibles
de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia
en las acciones de cumplimiento».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
primera instancia, que declaró improcedente la acción de cumplimiento. Para lo cual
se resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de la autoridad demandada
frente a la disposición invocada como incumplida?

• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?

En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:

• ¿XM se encuentra en la obligación de cumplir los artículos 16 y 20 de la
Resolución 157 de 2011 y 18 de la Resolución 24 de 1995 de la CREG y, en
consecuencia, debe proceder a registrar la terminación del contrato de
suministro de energía de largo plazo identificado con el código SIC 47490
conforme lo solicitado por la sociedad VIENTOS DEL NORTE S.A.S. E.S.P.?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y iii)
el caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política;
como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del
deber omitido».

En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el

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Demandante: Vientos del Norte S.A.S. E.S.P.
Demandado: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2024-02089-01

cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».

Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el de
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante el
inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de
los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle
a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de
acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber
que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el
particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se
encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos
administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado
Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y
económico justo] (subrayado por fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)8

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del
deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por
la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (art.
8.º).

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito
«cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

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Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.

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d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr
el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que,
de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció
la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es
improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de normas
que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de
las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de esta
acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber
pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al ejercicio de
la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido
por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde
silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará acreditada la renuencia de la
respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la
norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa,
puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica
el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la
entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto
muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del
destinatario de la norma a cumplir con ella.

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Radicado: 25000-23-41-000-2024-02089-01

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar
tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber
omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y, para
demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de
cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para exigir
el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos [9]
(Negrillas fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir
el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»10, ya que no
se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una finalidad
distinta a la de constitución en renuencia».

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo,
«resulte contraria al querer del ciudadano»11.

Puestas de ese modo las cosas, en el presente asunto, resulta claro que el requisito
en cuestión se encuentra plenamente acreditado. Lo anterior, por cuanto la
demandante, mediante comunicado del 19 de noviembre de 2024, constituyó en
renuencia a la demandada, a efectos que procediera a acatar el mandato establecido
en los artículos 16 y 20 de la Resolución 157 de 2011 y 18 de la Resolución 24 de
1995 de la CREG, la cual, a su turno, el 3 de diciembre de 2024, se negó al
acatamiento solicitado.

2.3.3. Caso concreto

La Sala anticipa que revocará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de cumplimiento para, en su lugar, acceder a las
pretensiones de la demanda.

9
[En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de
junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
10
Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres
Cuervo.
11
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-
2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

10
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Como punto de partida, la Sala debe traer a colación las disposiciones sobre las
cuales recae la pretensión de la demandante, las cuales actualmente se encuentran
vigentes, no han sido derogadas o removidas del ordenamiento jurídico mediante
providencia judicial debidamente ejecutoriada.

Al respecto, se itera, la actora busca que se ordene a la demandada el cumplimiento
de los artículos 13 y 20 de la Resolución 157 de 2011 y 18 de la Resolución 24 de
1995 de la CREG, los cuales disponen lo siguiente:

RESOLUCIÓN 157 DE 2011
(noviembre 17)
Diario Oficial No. 48.311 de 13 de enero de 2012
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
Por la cual se modifican las normas sobre el registro de fronteras comerciales y
contratos de energía de largo plazo, y se adoptan otras disposiciones.

ARTÍCULO 16. ESTUDIO DE LA SOLICITUD DEL REGISTRO. Dentro de los tres (3)
días calendario siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de registro de un
contrato de energía de largo plazo, el ASIC la estudiará y pedirá las aclaraciones sobre
la información requerida en el Artículo 15 de esta Resolución. Si a las cinco (5:00) p.
m., del séptimo día calendario posterior a la fecha de presentación de la solicitud el
agente no ha dado respuesta satisfactoria a las aclaraciones requeridas por el ASIC,
se entenderá que el agente ha desistido de la solicitud.

El ASIC dispondrá de dos (2) días calendario para registrar el contrato, una vez sean
presentadas las aclaraciones solicitadas por el ASIC, a satisfacción de este.

PARÁGRAFO. En caso de que para la liquidación del contrato se requieran
modificaciones a los programas de liquidación, que imposibiliten el inicio de la
liquidación comercial del contrato, el ASIC le informará tal situación a los agentes
respectivos, inmediatamente. El ASIC realizará las modificaciones que se requieran
para incluir los nuevos procedimientos en un plazo no mayor a siete (7) días
calendario, contados a partir de la fecha en que los agentes fueron informados. En
todo caso, el registro del contrato se hará con sujeción a lo establecido en el
artículo 17 de esta resolución.

ARTÍCULO 20. MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE UN CONTRATO. Si antes de
que se haya registrado un contrato de energía de largo plazo se requiere la
modificación de la información suministrada al ASIC para el registro, deberá iniciarse
un nuevo registro. Las nuevas condiciones sustituirán las inicialmente informadas.
Si se requiere la modificación del registro de un contrato de energía de largo plazo
previamente registrado, deberá gestionarse un nuevo registro. Una vez se culmine
este registro, las nuevas condiciones sustituirán las condiciones del contrato
inicialmente registrado. El nuevo registro no dará lugar a reliquidaciones por parte del
ASIC, sin perjuicio de las acciones que puedan iniciar quienes se consideren afectados
con el registro que fue objeto de modificaciones.

RESOLUCIÓN 24 DE 1995
(julio 13)
Diario Oficial No. 41.937 de 24 de julio de 1995
COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS

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Por la cual se reglamentan los aspectos comerciales del mercado mayorista de
energía en el sistema interconectado nacional, que hacen parte del Reglamento de
Operación.

ARTICULO 18. TERMINACION DE CONTRATOS. <Artículo modificado por el
artículo 3 de la Resolución 38 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> En caso de
terminación de un contrato, es obligación de las partes involucradas informar con una
anticipación mínima de siete (7) días calendario a la fecha de finalización del contrato,
para que el Administrador del SIC deje de considerarlo en la comercialización en el
mercado mayorista a partir de la fecha de terminación. El Administrador del SIC
informará a los agentes del mercado mayorista involucrados el registro de la
terminación del contrato. En el caso que uno de los agentes involucrados en la
terminación de contratos, no esté cumpliendo con las obligaciones como agente del
mercado mayorista se informará a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios para lo de su competencia.

Cuando en el contrato se haya pactado la terminación unilateral, bastará con que una
de las partes informe al ASIC que se ha producido la terminación del contrato. Esta
parte será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen si la terminación
informada no se sustenta en las causales de terminación previstas en el contrato.

Transcrito lo anterior, resulta necesario explicar las razones por las cuáles en el
presente asunto, contrario a lo sostenido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, la empresa Vientos del Norte S.A.S.
E.S.P. no cuenta con otro mecanismo judicial de defensa.

Para el a quo la discusión que se ventiló en el presente caso, se circunscribe a la
relación contractual suscitada entre las partes del proceso, es decir, lo siguiente:

«[…] estamos frente a un incumplimiento de un mandato contenido en una norma a
secas; sino frente a un presunto incumplimiento de un contrato de mandato mercantil
entre la accionante Vientos del Norte S.A.S. E.S.P, como empresa y agente que
concurre en el del Mercado de Energía Mayorista y XM S.A. E.S.P, como Centro
Nacional de Despacho en ejercicio de sus competencias de Administrador del Sistema
de Intercambios Comerciales –ASIC, contrato de mandato que se rige por las normas
del derecho privado sin perjuicio de que esté sujeto al reglamento operativo de la CREG.

El argumento en cita no resulta contundente para descartar la procedencia de la
acción de cumplimiento, pues es claro que la obligación que se pretende ejecutar tiene
como fuente son las Resoluciones de la CREG.

El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, esto es XM, tenía la
obligación de registrar la terminación unilateral del contrato identificado con el código
SIC 47490, basado en la existencia de los artículos que se encuentran vertidos en los
actos administrativos expedidos por la CREG.

Ahora bien, de avalarse la tesis en la que se indique que la obligación es fruto del
contrato de mandato, también sería plausible y razonable colegir que las partes en
ejercicio de su autonomía de la voluntad establezcan disposiciones en contravía de

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las resoluciones de la CREG sobre la materia, o, en otro posible escenario,
simplemente la falta de estipulación contractual conllevaría la inexistencia de la
obligación.

En suma, Vientos del Norte S.A.S. E.S.P. no cuenta con un mecanismo judicial idóneo
y eficaz que le permita ventilar su pretensión de cumplimiento contra XM, respecto al
acatamiento de los artículos 16 y 20 de la Resolución 157 de 2011 y 18 de la
Resolución 24 de 1995 de la CREG.

Siguiendo con el estudio de los demás requisitos, prontamente se colige que la
discusión expuesta en el presente caso y los derechos que se encuentran en
controversia, no son de carácter fundamental y, en consecuencia, la acción de tutela
no resultaría un medio eficaz para el fin perseguido.

Finalmente, el acatamiento de las disposiciones demandadas no conlleva que XM
deba incurrir en un gasto no presupuestado.

2.3.3.1. Sobre la existencia de un mandato

La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el acatamiento de una ley o de un
acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional.

No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como
“deberes”. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través
de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio,
claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato “imperativo e
inobjetable”.

Al respecto, resulta importante recordar que esta Sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que pueden ser
cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos imperativos,
expresos e inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó su postura de la
siguiente manera12:

[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en una
obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber imperativo,
expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las circunstancias
de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de la obligación,
implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo punto de vista y por
tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.

12
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-000-
2022-00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.

13
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Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en el
artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la realización
efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos administrativos ante
cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las autoridades públicas, y
de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el ejercicio de toda actividad
jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea posible de realizar»13.

Sobre el primer artículo, esto es el 16 de la Resolución 157 de 2011, se tiene que la
norma es clara en establecer la obligación de realización del registro en un término de
tres días, siendo el destinatario de ésta la Administradora del Sistema de Intercambios
Comerciales esto es XM.

Asimismo, la norma dispone que el Administrador del Sistema de Intercambios
Comerciales tiene la posibilidad de solicitar aclaraciones, siempre y cuando éstas se
encuentren amparadas en el artículo 15 de la misma resolución, el cual establece los
requisitos y condiciones que se deben cumplir para llevar a cabo la labor de registro.

Ahora bien, el artículo 20 hace referencia a la modificación del registro de un contrato,
establece que los cambios respecto a los contratos de energía a largo plazo que ya
se encuentra registrado, impone forzosamente que se haga un nuevo registro, el cual,
se deberá hacer con los requisitos que establece la norma y ante el Administrador del
Sistema de Intercambios Comerciales, el cual, a su turno, podrá solicitar nuevamente
aclaraciones al amparo del artículo 15 ya referido.

Por último, frente al artículo 18 de la Resolución 24 de 1995 de la CREG, se advierte
que la norma en su inciso 2º es clara en indicar que la terminación unilateral del
contrato exige únicamente que ésta sea informada al Administrador del Sistema de
Intercambios Comerciales, lo cual, conforme los medios de prueba arrimados al
proceso se encuentran demostrado.

13
Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del Estado
social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.

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Demandado: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2024-02089-01

El anterior panorama, permite evidenciar que Vientos del Norte S.A.S. E.S.P. en
ejercicio de una cláusula estipulada en el contrato de suministro de energía de largo
plazo identificado con el código SIC 47490, suscrito con la empresa AIR-E S.A.S.
E.S.P. decidió proceder a la terminación unilateral del mismo.

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en las normas invocadas en esta acción
constitucional, puso en conocimiento de XM la anterior situación, a efectos que ésta,
en su condición de Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales,
procediera a realizar el registro conforme se lo ordena el artículo 20 de la Resolución
157 de 2011.

Que XM tenía la posibilidad de solicitar la aclaración, siempre y cuando se configurara
alguna de las hipótesis de que trata el artículo 15 de la citada resolución, lo cual,
conforme los medios de prueba que obran en el proceso, no acaecieron y, en
consecuencia, debía realizar el registro.

En igual sentido, se echa de menos elementos de juicio que permitan inferir con
mediana razonabilidad que XM ha sido notificada de orden administrativa o judicial
que le imponga una obligación de no hacer, traducida en que se pueda sustraer
válidamente de la realización del registro mencionado.

Por otro lado, se tiene que XM no ostenta condición de parte en el contrato de
suministro de energía de largo plazo identificado con el código SIC 47490, suscrito
entre Vientos del Norte S.A.S. E.S.P. y la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P. por lo que no
sería la llamada a verificar si se cumplen desde el punto de vista fáctico o jurídico las
razones que justifiquen la terminación unilateral del contrato.

Asimismo, se debe resaltar que los eventuales perjuicios que se irroguen, derivados
del registro de la terminación del contrato, es una situación que también fue prevista
en el inciso 2º del artículo 18 de la Resolución 24 de 1995 de la CREG, al disponer lo
siguiente:

Cuando en el contrato se haya pactado la terminación unilateral, bastará con que una
de las partes informe al ASIC que se ha producido la terminación del contrato. Esta
parte será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen si la terminación
informada no se sustenta en las causales de terminación previstas en el contrato.

Lo anterior quiere decir, que los posibles daños y perjuicios que se ocasionen, como
consecuencia del acatamiento del mandato por parte de XM, serán asumidos única y
exclusivamente por Vientos del Norte S.A.S. E.S.P. quedando en todo caso indemne
la demandada en el presente caso.

Por otro lado, en lo que concierne a la existencia de un proceso de intervención por

15
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parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios14, por sí solo no
tendría la eficacia de impedir el acatamiento del mandato que se demanda, pues,
dicho acto administrativo es de carácter particular y no tiene la virtualidad de restar la
eficacia jurídica que tienen los artículos 16 y 20 de la Resolución 157 de 2011 y 18 de
la Resolución 24 de 1995 de la CREG.

Aunado lo anterior, se debe tener en cuenta que el registro de terminación del contrato
entre las partes por parte de XM, no apareja que Vientos del Norte S.A.S. E.S.P. ya
no tenga el deber de hacerse parte en dicho proceso de naturaleza concursal, pues,
como bien se infiere del literal c) del artículo 2º del acto administrativo de intervención
forzosa, se tiene lo siguiente:

c) La comunicación a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten
procesos de jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los procesos de la ejecución
en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad
objeto de toma de posesión con ocasión de obligaciones anteriores a dicha medida.

Aspecto reforzado por el artículo cuarto de la resolución de toma de posesión, en el
que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios imparte de manera clara
la orden de cesar el pago de obligaciones de la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P. a sus
acreedores, dentro de los que se encuentra Vientos del Norte S.A.S. E.S.P.

En suma, las razones fácticas y jurídicas esgrimidas por XM para sustraerse del
cumplimiento del mandato, no se encuentran configuradas y, por ende, se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia que proceda a realizar el registro de
terminación del contrato de suministro de energía de largo plazo identificado con el
código SIC 47490.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 31 de enero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, para, en su lugar,
ORDENAR a XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. el
cumplimiento de los artículos 13 y 20 de la Resolución 157 de 2011 y 18 de la
Resolución 24 de 1995 de la CREG, y, en consecuencia, proceda a realizar el registro
correspondiente en el contrato de suministro de energía de largo plazo identificado

14
Mediante Resolución SSPD 20241000531665 del 11 de septiembre de 2024, se ordenó la toma de
posesión los bienes, haberes y negocios de AIR-E S.A.S. E.S.P.

16
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Demandante: Vientos del Norte S.A.S. E.S.P.
Demandado: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2024-02089-01

con el código SIC 47490 conforme lo solicitado por la sociedad VIENTOS DEL NORTE
S.A.S. E.S.P.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Ausente con excusa

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

17
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