Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08051-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08051-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-08051-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
10 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08051-00
Accionante: Hanny Sofía Guerrero Cerón
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de reparación directa. Secuestro, tortura y muerte de
persona por parte de miembros de la Policía Nacional / DECLARA
IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional. Reproches pretenden emplear la acción de tutela como una instancia
adicional al proceso ordinario.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 16 de diciembre de 2025 la señora Hanny Sofía Guerrero Cerón promovió
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de
que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, verdad, justicia y
reparación integral.
2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia del 3 de diciembre de esa anualidad,
emitida dentro del proceso de reparación directa 2 incoado contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, junto con su núcleo familiar 3,
encaminado a obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por el secuestro,
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Expediente 76001-33-33-004-2021-00212-01.
3 Soraya Cerón Peña, Andrey Mauricio Cerón Peña (q. e. p. d.); Ruby Johnson y Genoveva Quintero Arana y
Juan Sebastían y Carlos Eduardo Quebrada Guerrero, en su calidades de compañera permanente, hijo, tías y
sobrinos de la víctima.
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Accionante: Hanny Sofía Guerrero Cerón
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tortura y posterior homicidio de su padre, el señor Jorge Mauricio Guerrero Rivera, a
manos de miembros de la Policía Nacional.
3.
Mediante la providencia acusada se revocó la sentencia de 3 de septiembre de
2024 del Juzgado Cuarto Administrativo de Cali, que accedió parcialmente a las
pretensiones4 para, en su lugar, negarlas. Para el tribunal se demostró que en los
hechos que finalizaron con el fallecimiento de la víctima directa tuvieron participación
dos agentes activos de la Policía Nacional. Sin embargo, también se acreditó que
uno de ellos fue contactado y contratado por un grupo delincuencial, para que
retuviera y le entregara a la víctima, como finalmente sucedió, con la colaboración
de otra policial. Es decir, se comprobó una planificación criminal entre todos ellos, de
lo que se deduce que la intención de los agentes estatales se alejó por completo de
su deber institucional, tanto así que no plasmaron su irregular y singular operativo en
ninguno de los libros oficiales.
4.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto fáctico, pues se omitió la
valoración de pruebas determinantes para definir el litigio, que demostraban el uso
de informe oficial y vehículo institucional, la realización del operativo en jornada
laboral y la conexión causal entre la investidura policial y la facilidad para ejecutar la
retención. Se allegó un video en el que se observó que dos policías abordaron a su
padre, lo registraron y le pidieron que subiera al carro oficial, a lo cual él obedeció
por su investidura.
5.
Tampoco se tuvo en cuenta la destitución disciplinaria, que acredita violación del
deber funcional, pues si fueron destituidos por esos hechos entonces la Policía
reconoció que sus agentes actuaron dentro de la órbita funcional.
6.
De igual modo, se configuró desconocimiento del precedente, toda vez que se
inobservó la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha indicado que cuando un
agente estatal utiliza su investidura, símbolos, medios o prerrogativas del cargo, la
responsabilidad es institucional, incluso si su finalidad es ilícita. Para tal efecto, citó
las sentencias emitidas en los expedientes 84001-23-31-000-1997-01145-01 y
68000-23-31-000-2000-01442-01, así como la dictada el 26 de abril de 2017, en la
que se sostuvo que “Cuando el agente se vale del cargo o de elementos del servicio,
no hay culpa personal”. Es decir, si el agente usa el uniforme o vehículo oficial, la
conducta está vinculada al servicio, no hay culpa personal, como en este caso.
7.
Asimismo, se constituyó defecto sustantivo, en tanto aplicó de manera indebida
la figura de “culpa personal”, pues se pasó por alto que esta solo opera cuando el
agente no se beneficia del cargo y no puede declararse cuando hay apropiación de
4 Declaró administrativamente responsable a la entidad demandada y la condenó al pago de perjuicios morales
en favor de la tutelante y del señor Andrey Guerrero Cerón (q. e. p. d.), en su condición de hijos de la víctima,
por un monto de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), pero negó lo referente al desagravio
del daño a la salud y a la afectación del derecho convencional y constitucionalmente amparado. De igual modo,
negó el resarcimiento para la compañera permanente, porque no se demostró convivencia, así como para las
tías y sobrinos, al no acreditarse la relación afectiva ni el sufrimiento padecido por estos.
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la función pública. Por tanto, es incompatible con el uso de medios y prerrogativas
del servicio, en consecuencia, carece de importancia si el agente tenía la intención
criminal o si previamente había cohonestado con una organización criminal.
8.
Del mismo modo, se presentó violación directa de la Constitución. Se
desconocieron los artículos 3 (protección de la vida), 90 (responsabilidad patrimonial
del Estado), 93 (bloque de constitucionalidad -obligación reforzada de protección
cuando participan agentes estatales) y 229 (acceso a la justicia).
9.
También se desconoció el bloque de constitucionalidad, en cuanto al deber
reforzado de debida diligencia, consistente en la presunción reforzada de
responsabilidad estatal (Corte IDH: Velásquez Rodríguez, 1988) y la prohibición de
trasladar la culpa exclusivamente al agente cuando la investidura fue el medio para
cometer el crimen.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
10.
Mediante auto de 19 de diciembre de 20255, se admitió la acción de tutela, se
ordenó notificar a la autoridad demandada y se vinculó a los señores Soraya Cerón
Peña; Ruby Johnson y Genoveva Quintero Arana; Juan Sebastián y Carlos
Quebrada Guerrero, así como al Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en
condición de terceros con interés. De igual modo, ordenó comunicar la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
(i) Ministerio de Defensa – Policía Nacional
11.
Adujo que no se configura vulneración alguna de derechos fundamentales que le
sea imputable. Su actuación se ajustó al marco constitucional y legal, con
observancia del debido proceso, la legalidad y la buena fe. Además, la parte actora
no acredita una afectación real y actual de sus derechos, sino una inconformidad
frente a decisiones que cuentan con medios ordinarios de defensa, lo que torna
improcedente la tutela.
12.
En ese sentido, se tiene que no se cumple con la carga argumentativa y probatoria
que evidencia la violación de los derechos invocados. Ante la descripción genérica e
insuficiente razonamiento en el caso concreto, es infructuoso establecer la
vulneración de derechos, máxime cuando su protección no implica necesariamente
una resolución favorable a quien acude a los jueces.
13.
Indicó que en el proceso ordinario no se demostró que la Policía haya incurrido en
alguna omisión que conllevara a causar perjuicios a la accionante y, que tal situación,
pudiera configurar una responsabilidad institucional, dado que se encuentran
ausentes los elementos tales como el daño antijurídico y la imputación, pues los
5 Notificado el 14 de enero de 2026.
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hechos fueron producto del propio actuar de los uniformados, no derivado de una
actuación del servicio y causa de este.
14.
Asimismo, advirtió que no se está ante el acontecimiento de un perjuicio
irremediable o de una amenaza inminente o injustificada, que amerite la procedencia
de la tutela como un mecanismo para acceder al reconocimiento de las pretensiones
solicitadas por la accionante.
(ii) Soraya Cerón Peña; Ruby Johnson y Genoveva Quintero Arana; Juan
Sebastián y Carlos Quebrada Guerrero
15.
Informaron que coadyuvan la presente tutela, por cuanto los derechos tanto de la
accionante como de ellos fueron quebrantados por el tribunal accionado, toda vez
que, a pesar de ser familiares del difunto, no les reconoció el derecho.
16.
Por lo anterior, solicitan que se conceda la protección constitucional reclamada,
pues la Policía Nacional secuestró ilegalmente a su familiar y luego le quitó la vida,
circunstancias que podría comportar un delito de lesa humanidad, porque se trató de
una desaparición forzada a cargo del Estado y de una posterior tortura y finalmente
la muerte.
17.
En Sala del 13 de marzo de 2026 de la Sección Tercera – Subsección A del
Consejo de Estado, se designó –por sorteo– al consejero Nicolás Yepes Corrales
como conjuez.
II. CONSIDERACIONES
D. Solicitud de coadyuvancia
18.
La coadyuvancia es una figura procesal, que consiste en que una persona acude
a una controversia judicial para apoyar las aspiraciones del extremo activo o
compartir la oposición del demandado, y así salvaguardar sus propios intereses, de
acuerdo con el inciso 2 del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, que prevé que
“Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud”.
19.
Con base en lo expuesto, comoquiera que los señores Soraya Cerón Peña; Ruby
Johnson y Genoveva Quintero Arana; Juan Sebastián y Carlos Quebrada Guerrero
tienen un interés legítimo en este asunto, al haber actuado también como
demandantes en el proceso ordinario dentro del que se profirió la sentencia que se
ataca, se reconocerán como coadyuvantes de la parte actora.
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20. Se precisa que el anterior reconocimiento, de acuerdo con la Corte
Constitucional6, no implica que se deba examinar el quebranto de sus derechos
fundamentales, por cuanto para dicho efecto deberán promover una acción de tutela
diferente.
E. Análisis del caso concreto
21. La tutela deviene en improcedente, al no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional. La parte actora pretende que se acoja la manera como, a su juicio,
se debió haber zanjado el litigio. Para cuyo efecto, se limita a presentar
inconformidad con la decisión judicial atacada, en cuanto a la valoración probatoria
y aplicación normativa y jurisprudencial, con el objeto de reabrir el debate probatorio
y jurídico ya definido por el juez natural de la causa sobre esos aspectos.
22. La parte actora señaló que se demostró en el plenario, a través de un video
adosado a esas diligencias, que los miembros de la policía involucrados en la
situación fáctica que finalizó con el deceso de su padre hicieron uso del uniforme
oficial y vehículo institucional durante su jornada laboral y que existió una conexión
causal entre la investidura de policial y la facilidad para ejecutar la retención.
23. Sobre los anteriores supuestos fácticos, se observa que el tribunal accionado los
tuvo en cuenta, pues indicó que era claro que los agentes estatales “realizaron las
actividades previas al secuestro del mentado señor, para lo cual no sólo portaron
sus uniformes de dotación oficial, sino que lo transportaron al sitio donde sería
secuestrado por un grupo sedicioso a bordo de un automotor al servicio de la
institución pública. Por ende, podría de manera desprevenida concluirse como lo
hizo el A Quo, que su actuación fue legitimada en tanto, utilizaron para esa actividad
elementos propios del servicio, además porque se encontraban de servicio activo y
cumpliendo su jornada laboral respectiva”.
24. No obstante, también hicieron referencia a que, conforme a la investigación
adelantada sobre ese hecho por parte de la Fiscalía General de la Nación, se
esclareció que uno de los policías había sido contactado y contratado por un grupo
delincuencial para que, aprovechando su cargo, retuviera y entregara a la víctima,
como en efecto ocurrió, con la participación de otra compañera, lo que denotaba una
planificación criminal, de la que se deducía que la intención de esos policiales se
alejó por completo de su deber institucional, tan es así, que no plasmaron su irregular
y singular operativo en ninguno de los libros oficiales.
25. Con base en lo anterior, el tribunal concluyó que no era posible condenar al
Estado por el daño sufrido por la parte actora, en razón a que la intencionalidad y el
proceder de los agentes estatales no estuvieron ligados a los fines de la institución
policial.
6 Sentencia T-269 de 2012.
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26. Al respecto, la Sala precisa que las mencionadas circunstancias fueron advertidas
por el juez natural de la causa. Diferente es que haya considerado que aquellas por
sí solas no imponían condenar al Estado a la reparación de perjuicios perseguida.
Si bien se podría determinar, en principio, que el actuar de los policiales fue
legitimado al emplear para su ejecución elementos propios de su investidura, así
como el uso de un vehículo oficial y que el suceso tuvo lugar cuando se encontraban
en servicio activo, lo cierto es que el Tribunal encontró acreditado que este
desafortunado hecho no acaeció en cumplimiento de la función policial, sino por una
planificación criminal, situación que exoneraba de responsabilidad estatal.
27. También indicó la tutelante que no se tuvo en cuenta la destitución disciplinaria,
la cual demostraba la violación del deber funcional. Sobre el particular, se advierte
que la autoridad judicial consideró dicha destitución, pues señaló que en la
investigación disciplinaria se concluyó la participación de los dos agentes de la
Policía en la desaparición y posterior muerte del señor Guerrero Rivera, quienes
fueron retirados por la institución castrense al encontrar su actuar contrario a los
objetivos y principios que deben regir el desarrollo de las funciones de tales
servidores.
28. Esbozado lo anterior, para la Sala las conclusiones probatorias a las que arribó
la autoridad judicial no vislumbran arbitrariedad alguna ni contradicción con los
postulados de la sana crítica. Por el contrario, el juez natural relacionó las
circunstancias planteadas por la parte actora, diferente es que no les haya otorgado
el grado de certeza que propone la parte actora para endilgar responsabilidad
estatal.
29. Enese sentido, se advierte que la parte accionante se limitó a plantear un
desacuerdo con las conclusiones probatorias a las que arribó el juez natural, lo cual
no basta por sí solo para acceder al amparo de sus garantías superiores, dado que
esta acción no se instituyó como una instancia adicional que habilite al juez de tutela
para revivir el debate probatorio zanjado por el juez natural de la causa y, de este
modo, proceder a examinar nuevamente el material probatorio recaudado, cuando
no se acreditó la afectación constitucional alegada.
30. Por consiguiente, la Sala deduce que más que una omisión o indebida valoración
probatoria, la tutelante expone un desacuerdo con lo concluido por la autoridad
judicial y no algún tipo de omisión o arbitrariedad en el desarrollo de dicho ejercicio.
Ello, con el objeto de que se le imponga la manera como se debió valorar el material
probatorio y así obtener una decisión que le resultara favorable, esto es que se tenga
por demostrado que la Policía Nacional es responsable por el daño sufrido con
ocasión del secuestro y posterior deceso de su familiar a manos de miembros de
esa institución. Y más concretamente que, en los términos del tribunal, se le oriente
a considerar que los elementos probatorios obrantes en el proceso daban cuenta de
que el actuar de los responsables directos se relaciona con el servicio, y no es
posible hablar de la responsabilidad personal y exclusiva de los agentes.
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Accionante: Hanny Sofía Guerrero Cerón
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31. Acceder a lo pretendido implicaría invadir la órbita de competencia del juez
natural, como si este escenario constitucional hubiera sido instituido como una
tercera instancia, en la que se valore de nuevo el material probatorio recaudado para
definir el litigio.
32. Así las cosas, no resulta suficiente para acreditar la presunta omisión o indebida
valoración probatoria alegada, exponer inconformidad con las conclusiones a las
que arribó el juez natural de la causa o que no se consideraron algunas
particularidades que demostraban las pruebas allegadas. Para tal efecto, es
indispensable acreditar en ese escenario la configuración de algún tipo de
arbitrariedad, la inobservancia de postulados de la sana crítica o que las situaciones
que no se tuvieron en cuenta tenían la potencialidad de influir de manera directa en
el sentido de la decisión a adoptar sobre el litigio, lo cual no se corroboró en este
asunto constitucional. Ello, por cuanto al juez de tutela le está vedado arrogarse la
competencia de efectuar un ejercicio valorativo sobre los elementos de convicción o
imponer un grado de certeza sobre aquellos, como si se tratara de una instancia
adicional al proceso ordinario.
33. Por otro lado, la parte actora adujo que se inobservó jurisprudencia del Consejo
de Estado en la que se indica que, cuando un agente estatal utiliza su investidura,
símbolos, medios o prerrogativas del cargo, la responsabilidad es institucional,
incluso si su finalidad es ilícita. Para tal efecto, citó 3 sentencias emitidas por el
Consejo de Estado. Frente a lo cual la Sala advierte que no fue posible su búsqueda,
en la medida en que únicamente suministró el radicado de los procesos en los que
se emitieron dos de ellas y la fecha de la tercera providencia, datos que resultaron
insuficientes para su consulta.
34. En contraposición a lo anterior, se observa que en la providencia cuestionada el
tribunal trajo a colación dos sentencias de la Sección Tercera - Subsección A - del
Consejo de Estado que abordaron el eximente de responsabilidad “culpa personal
del agente”, a saber, las proferidas el 20 de agosto de 2023 y el 1 de septiembre de
2025, respectivamente, en los procesos 73001-23-31-000-2011-00108-01 (61.742)7
y 52001-23-33-000-2016-00595-01 (69.854)8.
35. La autoridad judicial destacó que en esta última se resolvió un caso similar al
estudiado y concluyó que se configuró la mencionada causal de exención de
responsabilidad, bajo el argumento de que la retención arbitraria e ilegal de la
víctima directa “devino del actuar personal de los agentes agresores, comoquiera
que dicha conducta o actividad delictiva no estaba determinada o encaminada a la
prestación del servicio público, ni al desempeño de las funciones propias del cargo
del cual estaban investidos”.
7 C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
8 C.P. María Adriana Marín.
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Accionante: Hanny Sofía Guerrero Cerón
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36. Si bien las referencias jurisprudenciales del tribunal, en punto a ese tópico se
limitaron a las dos que se acaban de indicar, lo cierto es que la providencia del 1 de
septiembre de 2025 que se tomó como referencia incorpora un estudio que resulta
pertinente destacar, con ocasión al reproche formulado por la parte accionante
relativo al supuesto desconocimiento del precedente de esta corporación sobre la
materia:
«Según la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, no todas las
actuaciones de los funcionarios públicos comprometen la responsabilidad de la
Administración, sino solo aquellas que tengan algún nexo o vínculo con el servicio, puesto
que, si bien los agentes estatales son personas investidas de dicha calidad, lo cierto es
que dentro de su ámbito privado actúan como cualquier particular y pueden cometer
infracciones y delitos comunes, “sin relación alguna con su calidad de funcionarios, es
decir, separados por completo de toda actividad pública”»
37. La última cita del anterior extracto se complementa con una nota al pie de página,
cuyo tenor es el siguiente:
«“no cualquier actuación dañosa de los funcionarios o agentes administrativos conlleva
imputación de responsabilidad a la Administración de quien dependen o en la que están
encuadrados. Se requiere en todo caso para que opere el mecanismo de atribución a la
Administración del deber de reparar un daño patrimonial, que la actuación lesiva de la
persona autora material de éste pueda calificarse como propia del ‘funcionamiento de los
servicios públicos’. Es decir que la conducta del agente de la Administración productora
del evento dañoso suponga una manifestación del desempeño o ejercicio del cargo
público, presentándose externamente entonces el resultado lesivo como expresión o
consecuencia del funcionamiento del servicio público. Por tanto, la Administración no
responde de los daños causados por la actividad estrictamente privada de sus
funcionarios y agentes, es decir, la llevada a cabo absolutamente al margen de las
funciones del cargo público; en una palabra, la realizada fuera del servicio público. En
definitiva, el fenómeno jurídico de imputación de responsabilidad civil a la administración
no se produce ‘en aquellos supuestos de daños resarcibles en los que el funcionario se
presenta frente al sujeto dañado en su calidad de persona privada, desprovisto, por tanto,
de toda cualificación jurídico-pública”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de septiembre de 2002, expediente
14.036. C.P. Ricardo Hoyos Duque; reiterada, entre otras, en: Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2009,
expediente 34348, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y por esta Subsección, entre otras,
en las sentencias del 23 de julio de 2014, expediente 29327, M.P. Carlos Alberto
Zambrano Barrera y del 13 de agosto de 2014, expediente 30.025, M. P. Hernán Andrade
Rincón.»
38. La Sala no pasa por alto que entre el caso que estudió esta Subsección en la
sentencia del 1 de septiembre de 2025 (52001-23-33-000-2016-00595-01 / RI
69.854) y el que resolvió el tribunal en la providencia cuestionada, se presentan
algunas diferencias en cuanto a detalles fácticos, como que en este último los
agentes estaban en servicio y usaron un vehículo institucional; sin embargo, ello no
implica per se que se descarte la configuración del eximente de responsabilidad
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Accionante: Hanny Sofía Guerrero Cerón
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referido. Al respecto debe recordarse que la Sección Tercera del Consejo de Estado
no ha proferido sentencia de unificación en la que se fijen las situaciones fácticas
concretas que se deben verificar para dar por probada esa causal de exclusión de
responsabilidad, por lo que queda a criterio de cada operador judicial la definición
de ello, en atención a las particularidades. El tribunal simplemente acogió la tesis
expuesta por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado relativa
a los eventos en los que el actuar de los agentes escapa por completo de las
funciones del cargo y la misión institucional; y a partir de los elementos puestos a su
consideración descartó la responsabilidad estatal.
39. De otro lado, la parte actora adujo la configuración de un defecto sustantivo,
fundamentada en el hecho de que se aplicó de manera indebida la figura de “culpa
personal”. Sin embargo, no se citaron de manera concreta los preceptos legales que
presuntamente condujeron a la indebida aplicación normativa, lo que impide efectuar
un juicio de constitucionalidad en el caso concreto, que permita dilucidar la
ocurrencia o no de este yerro en la decisión acusada.
40. Sin perjuicio de ello, se evidencia que la autoridad judicial expuso las razones por
las cuales en este caso se configuraba la culpa personal de los agentes estatales.
Respecto de lo cual la Sala no observa algún tipo de arbitrariedad o capricho, sino
que materializa la autonomía judicial, como se advirtió en las anteriores líneas.
41. Por último, la accionante adujo violación directa de la Constitución, al desatender
los artículos 3, 90, 93 y 229 de la Carta Política, así como el bloque de
constitucionalidad. Sin embargo, frente a tales reproches, la Sala advierte que tienen
como fin insistir en que se acoja la tesis propuesta por la tutelante en sede ordinaria,
consistente en atribuirle responsabilidad al Estado por la desaparición y fallecimiento
de su padre, sin que se acredite algún tipo de irregularidad que denote la afectación
constitucional que se alega.
42.
En ese orden de ideas, se declarará la improcedencia de la acción, al no superar
el requisito de relevancia constitucional.
43.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: RECONOCER COMO COADYUVANTES DE LA TUTELANTE a los
señores Soraya Cerón Peña; Ruby Johnson y Genoveva Quintero Arana; y Juan
Sebastián y Carlos Quebrada Guerrero conforme a la motivación de esta
providencia.
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Accionante: Hanny Sofía Guerrero Cerón
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Salvamento de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
NICOLÁS YEPES CORRALES
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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