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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08051-01

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-08051-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08051-01 (5981)
Accionante: Hanny Sofía Guerrero Cerón
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: proceso de reparación directa.
Subtema 2: falla del servicio por agente de policía. Subtema 3: defectos fáctico, de
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por la señora Hanny Sofía Guerrero Cerón contra la
sentencia de primera instancia del 10 de abril de 2026 proferida por la Subsección
A de la Sección Tercera de esta corporación.

1. Síntesis del caso

La señora Hanny Sofía Guerrero Cerón presentó solicitud de amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la verdad, a la justicia, a la reparación
integral y a la protección especial de víctimas del Estado, que consideró vulnerado
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con la sentencia proferida el 3 de
diciembre de 2025 dentro del proceso de reparación directa con radicado núm.
76001-33-33-004-2021-00212-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela 1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:

1Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08051-01, índice 2, certificado BDBF97968A435204
DD2B777E8FB81C14 0F6DA48698D464C5 28FBBDC788F59C11.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08051-01 (5981)
Accionante: Hanny Sofía Guerrero Cerón
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

2. Los señores Soraya Cerón Peña, Hanny Sofía Guerrero Cerón, Andrey
Mauricio Cerón Peña2, Ruby Johnson Quintero Arana, Juan Sebastián Quebrada
Guerrero, Carlos Eduardo Quebrada Guerrero y Genoveva Quintero Arana
interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra
la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con las pretensiones
de que se declarara la responsabilidad por la «tortura, lesiones, perturbaciones
físicas, como sicológicas y la muerte del señor Jorge Mauricio Guerrero Rivera el
27 de noviembre de 2019» y, en consecuencia, que se ordenara el reconocimiento
de los daños y perjuicios materiales e inmateriales causados.

3. Como fundamento de las pretensiones, sustentaron que el señor Jorge
Mauricio Guerrero Rivera fue abordado por agentes de policía, quienes, para un
supuesto control policial, lo transportaron en carro oficial; sin embargo, fue llevado
a una zona rural del municipio de Jamundí (Valle del Cauca) y posteriormente
apareció muerto.

4. El asunto correspondió en primera instancia bajo radicado núm. 76001-33-33-
004-2021-00212-00 al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cali,
autoridad que, en fallo del 3 de septiembre de 20243 accedió parcialmente a las
pretensiones de reparación.

5. El despacho tuvo en cuenta, entre otras pruebas, las decisiones penales
condenatorias y disciplinarias emitidas contra los agentes de policía por los mismos
hechos que sustentaron la demanda y citó las sentencias de la Sección Tercera del
Consejo de Estado del 7 de diciembre de 20214 y 17 de junio de 20245, de lo cual
concluyó que quedó demostrado que aquellos abordaron y retuvieron al señor Jorge
Mauricio Guerrero Rivera de manera concertada con una organización criminal para
causar su muerte.

6. La anterior decisión fue apelada. En segunda instancia, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 3 de diciembre de 2025 6 en
la que revocó el fallo del juzgado y negó las pretensiones de la demanda. Afirmó
que resultaba claro que los uniformados, junto con un civil que portaba chaleco y
gorra de la institución, abordaron y condujeron al señor Jorge Mauricio Guerrero
Rivera a zona rural del municipio de Jamundí, donde fue entregado a una estructura
criminal, y que posteriormente fue hallado sin vida y con signos de tortura.

7. Así, el Tribunal indicó que los uniformados no solo portaron dotación oficial,
sino que cuando se encontraban en servicio activo y dentro de la jornada laboral
transportaron al señor Guerrero Rivera al sitio donde sería secuestrado.

8. No obstante, citó la sentencia del 1 de septiembre de 20257 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la «culpa personal

2
El señor Andrey Mauricio Cerón Peña falleció durante el trámite del proceso ordinario de reparación directa.
3
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08051-00, índice 2, certificado C14A2D3935C3FA5D
D5A43DB2B72510E6 4C8A5B7197909371 9DCC1E7854455AB3.
4 Expediente núm. 05001-23-31-000-2005-01311-01.
5 Expediente núm. 41001-23-31-000-2008-00236-01.
6 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08051-00, índice 2, certificado D14C70AE2D44CDAB

5B1DC8F6F3D17A3B A2AA7EF8867D705E 61125CCCF052082A.
7 Expediente núm. 52001-23-33-000-2016-00595-01.

2

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del agente» y destacó que quedó demostrado que la intención de los policías que
participaron en los hechos se alejó por completo de su deber funcional y de ninguna
manera estuvo ligada a los fines de la institución.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9. La señora Hanny Sofía Guerrero Cerón solicitó al juez constitucional que
ampare sus derechos fundamentales al debido proceso, a la verdad, a la justicia, a
la reparación integral y a la protección especial de víctimas del Estado; que deje sin
efectos la sentencia del 3 de diciembre de 2025 proferida dentro del proceso con
radicado núm. 76001-33-33-004-2021-00212-01; y, en consecuencia, que ordene lo
siguiente:

2. […] a la entidad accionada, o bien sea que otra Sala del mismo Tribunal o un juez
distinto profiera una nueva sentencia valorando integralmente la prueba, aplicando el
precedente y los estándares constitucionales
3. En caso de que el Honorable Consejo de Estado, determine que me asiste un
derecho no pedido, pido se emita una sentencia extra petita y ultrapetita y se emita
Cualquier otra orden necesaria para la protección efectiva de mis derechos 8.

10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora relacionó los hechos
expuestos en la demanda de reparación directa y las actuaciones principales del
proceso ordinario y sostuvo que los fallos objeto de reparos incurrieron en los
defectos fáctico, de desconocimiento del precedente y por violación directa de la
Constitución.

11. Indicó que el Tribunal desconoció, entre otras pruebas, el «uso del uniforme
oficial [y] del vehículo oficial», que el operativo en el que se detuvo al señor Jorge
Mauricio Guerrero Rivera fue en «jornada laboral» de los agentes y los fallos
disciplinarios que acreditaron la violación del deber funcional, así como la conexión
causal entre la investidura policial y la facilidad para que se ejecutara la retención.

12. Afirmó que el Consejo de Estado ha reiterado en su jurisprudencia que si un
agente utiliza su investidura, símbolos, medios o prerrogativas del cargo y causa un
daño, compromete la responsabilidad institucional. Para ello, citó los radicados
núms. «84001-23-31-000-1997-1145-01 [y] 68001-23-31-000-2000-01442-01» y la
«sentencia del 26 de abril de 2017 [que dice que] “cuando el agente se vale del
cargo o de elementos del servicio, no hay culpa personal».

13. En ese orden, manifestó que el Tribunal aplicó indebidamente la figura de la
«culpa personal del agente», pues esta ocurre cuando el uniformado no se beneficia
del cargo para la actividad que causa el daño. Agregó que la autoridad judicial
sustituyó el «criterio objetivo» por un análisis «subjetivo (“intención criminal”)», lo
que está prohibido por el precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado
en «sentencia del 16 de mayo de 2019».

14. Por otro lado, alegó la violación directa de la Constitución por desconocimiento
de la protección de la vida, la responsabilidad patrimonial del Estado y el acceso a

8 Se transcribe incluso con errores de texto.

3

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la administración de justicia. Por último, agregó que el estándar internacional en
casos de violaciones graves de derechos humanos con participación de agentes
estatales «Corte IDH: Velásquez Rodríguez, 1988» prohíbe trasladar la culpa
exclusivamente al agente cuando la investidura fue el medio para cometer un
crimen. Por las razones expuestas, concluyó lo siguiente:

Finalizo diciendo, que obra un video que registra que en efecto los agentes del Estado
en cabeza de la policía nacional, abordan mi padre, estando esos policías en su turno
de servicio practican registro personal y mi padre confiando en que eran policías
accede y se luego ellos le piden que se suba al carro oficial y el accede, también están
los múltiples seguimientos que hicieron las noticias a nivel nacional, existe una
sanción disciplinaria contera los policías, luego si fuera como dice el tribunal la misma
policía no hubiera sancionado a los agentes, también obra proceso penal donde el
tercero que estaba en el lugar de los hechos y estaba de civil pero con un chaleco de
la policía y una gorra de la policía, ese tercero directamente señala a los policiales
diciendo que ellos participaron en los hechos.
[…]
Todo esto demuestra sin duda alguna que, si la investidura pública enmarcada en
agentes de Policía Nacional fue el medio para aprehender y conducir a mi padre al
lugar donde se ejecuta el crimen, la responsabilidad es del Estado, sin que importe si
el agente tenía intención criminal o si previamente había cohonestado con una
organización criminal9.

2.3. Trámite Procesal

15. La tutela correspondió a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado que, a través del despacho ponente, profirió auto el 19 de diciembre de
202510 en el que admitió la acción; vinculó al Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional y a los señores Soraya Cerón Peña, Ruby Johnson Quintero Arana, Juan
Sebastián Quebrada Guerrero, Carlos Eduardo Quebrada Guerrero y Genoveva
Quintero Arana; tuvo como pruebas los documentos aportados con la tutela; requirió
el expediente ordinario; y ordenó las notificaciones de rigor.

2.4. Intervenciones

16. Los señores Soraya Cerón Peña, Ruby Johnson Quintero Arana, Juan
Sebastián Quebrada Guerrero, Carlos Eduardo Quebrada Guerrero y Genoveva
Quintero Arana apoyaron la tutela interpuesta por Hanny Sofía Guerrero Cerón,
pues consideraron que el Tribunal vulneró sus derechos. Así, afirmaron coadyuvar
las pretensiones de amparo, dado que la Policía Nacional secuestró ilegalmente al
señor Jorge Mauricio Guerrero Rivera11.

17. La Policía Nacional contestó 12 que en el caso concreto no se presenta
vulneración de derechos fundamentales imputable a la institución y que la parte
actora no acreditó una afectación real sino una simple inconformidad con la decisión
del Tribunal. Argumentó que, eventualmente, se debe atribuir responsabilidad por
«culpa personal del agente», lo que rompe el nexo causal con el daño. Citó las
9
Se transcribe incluso con errores de texto.
10 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08051-00, índice 4.
11 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08051-00, índice 13.
12 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08051-00, índice 14.

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consideraciones de la sentencia del 3 de diciembre de 2025 y señaló que no se
configura un perjuicio irremediable. Pidió que no se accediera a las pretensiones de
amparo.

2.5. Sentencia de tutela de primera instancia

18. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia, el 10 de abril de 202613, en la que, en el numeral
primero aceptó la solicitud de coadyuvancia; y, en el numeral segundo, declaró
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

19. Explicó que las circunstancias destacadas por la accionante fueron advertidas
por el Tribunal, cuestión distinta era que aquellas, por sí solas, no imponían la carga
al Estado de reparar los perjuicios perseguidos, ya que el actuar de los policías no
obedeció a la función policial sino a una planificación criminal, lo que exoneraba a
la institución de responsabilidad estatal. Consideró que el accionado no incurrió en
una omisión o en indebida valoración probatoria y que el tutelante expuso un
desacuerdo con lo concluido en la sentencia.

20. Por otro lado, advirtió que los datos de las sentencias del Consejo de Estado
que sustentaron el cargo por desconocimiento del precedente no permitieron
encontrar las providencias porque resultaron insuficientes; y que, en contraposición,
el Tribunal basó su decisión en dos fallos de esta corporación que abordaron el
eximente de responsabilidad de «culpa personal del agente».

21. También agregó que, en todo caso, la Sección Tercera no ha emitido sentencia
de unificación en la que fije las situaciones fácticas concretas que determinen la
exclusión de responsabilidad, lo que implica que quede al criterio del operador
judicial la definición de cada caso en atención a las particularidades que se logren
acreditar. Así, adujo que el Tribunal no incurrió en arbitrariedad o capricho, pues su
decisión materializó su autonomía judicial.

22. En cuanto a los cargos por violación directa de la Constitución y por
desconocimiento del bloque de constitucionalidad, manifestó que se limitan a insistir
para que se acoja la tesis de la parte demandante del proceso ordinario, pero no
acreditan alguna irregularidad.

23. Un magistrado integrante de la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado salvó su voto en la sentencia del 10 de abril de 2026, pues
consideró que la tutela superó el requisito de relevancia constitucional y que el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca incurrió en el defecto fáctico.

2.6. Impugnación

24. La accionante interpuso recurso de impugnación contra la sentencia del 10 de
abril de 2026. Argumentó que la tutela supera el requisito de relevancia

13 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08051-00, índice 18.

5

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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

constitucional, para lo cual reiteró lo dicho en el escrito de amparo. Afirmó que las
pruebas, en particular, el video, el fallo disciplinario y el escrito acusatorio del fiscal
en el proceso penal seguido contra los uniformados no permitían aplicar el eximente
de «culpa personal del agente» porque demostraban que los elementos del servicio
fueron indispensables para la consumación del daño14.

25. Insistió en que el Tribunal desconoció el precedente vinculante del Consejo de
Estado sobre la figura de «culpa personal del agente», según el cual, si el agente
se vale de su investidura, instrumentos de dotación o medios del servicio no aplica
el eximente de responsabilidad.

26. Agregó en el escrito de impugnación que la sentencia del 1 de septiembre de
2025 que sustentó el fallo del Tribunal no establece una regla absoluta y que su
aplicación fue «errónea», en particular, por las diferencias fácticas entre uno y otro
caso, asunto que el fallo de primera instancia no profundizó.

27. También añadió en el recurso que el juzgado ordinario de primera instancia
tuvo en cuenta «correctamente» el precedente del Consejo de Estado sobre la
materia, en específico, la sentencia del 17 de junio de 202415, la cual ignoró el
Tribunal y el juez constitucional. En esta línea, argumentó que la figura de «culpa
personal del agente» exige que: i) actúe completamente al margen de sus
funciones; ii) el daño no tenga conexidad con el servicio; iii) la víctima no fuera
conducida a obedecer en virtud de la autoridad que representa el cargo; y iv) el
agente procede en su esfera privada. Afirmó que las anteriores condiciones no se
cumplen en el asunto bajo estudio.

28. Reprochó que la intención criminal no destruye el nexo causal entre el daño y
el servicio, pues lo relevante es si el uso de la investidura policial permitió que se
causara el perjuicio; y refirió que, según este alto tribunal, el Estado tiene una
posición de garante frente a la conducta de sus agentes cuando estos usan medios
del servicio. De lo expuesto, sostuvo que el juez constitucional debía analizar lo
siguiente:

5. DEFECTO FACTICO ACREDITADO: Las pruebas determinantes fueron ignoradas.
El video, el fallo disciplinario y el escrito acusatorio fiscal demuestran de manera
inequívoca el nexo funcional entre la conducta de los agentes y el servicio policial.

6. DEFECTO SUSTANTIVO ACREDITADO: La 'culpa personal del agente' no era
aplicable al caso concreto, dado que el uniforme y el vehículo oficial fueron el medio
indispensable para consumar el daño.

7. DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE ACREDITADO: El Tribunal ignoro el
precedente consolidado sobre responsabilidad institucional por nexo instrumental,
aplicando en su lugar un precedente que regula una situación fáctica sustancialmente
diferente.

14 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08051-00, índice 22.
15 Expediente núm. 41001-23-31-000-2008-00236-01.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08051-01 (5981)
Accionante: Hanny Sofía Guerrero Cerón
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

8. VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION ACREDITADA: El artículo 90 de la
Carta impone la responsabilidad del Estado cuando el daño antijurídico le es
imputable. Aquí, la imputación está demostrada16.

29. Por último, manifestó que se debía tener en cuenta el Protocolo de Estambul;
que, aun aceptando la posición de la sentencia de tutela y del Tribunal ordinario,
existió una privación injusta de la libertad del señor Jorge Mauricio Guerrero Rivera
que comprometió la responsabilidad del Estado, dado que los agentes si tienen
dentro de sus funciones la aprehensión y captura bajo ciertas normas incumplidas
en el asunto bajo estudio; y que se desconoció que el caso fue de connotación
nacional.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

30. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene
competencia para conocer de la impugnación presentada por la parte accionante,
en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia
y 32 del Decreto 2591 de 199117.

3.2. Legitimación en la causa de las partes

31. La legitimación en la causa por activa de la señora Hanny Sofía Guerrero
Cerón se encuentra acreditada, por cuanto fue demandante dentro del proceso de
reparación directa en el que fue emitida la sentencia del 3 de diciembre de 2025
objeto de tutela y, por lo tanto, es la titular de los derechos que consideró
vulnerados.

32. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por ser la autoridad a la cual se le atribuyen los
defectos que, según afirmó la parte tutelante, se configuraron en el proceso de
reparación directa y que vulneraron sus derechos fundamentales.

3.3. Manifestación de impedimento

33. El magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera manifestó su impedimento
para conocer del asunto al considerarse incurso en la causal de impedimento
descrita en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Al
respecto, la Sala dual aceptará dicha manifestación, toda vez que la decisión objeto
de tutela fue suscrita por el magistrado Óscar Alonso Valero Nisimblat, con quien lo
une una relación de amistad por ser el padrino de uno de sus hijos.

16 Se transcribe incluso con errores de texto.
17 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08051-01 (5981)
Accionante: Hanny Sofía Guerrero Cerón
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

3.4. Problema jurídico

34. Al tener en cuenta que la sentencia de primera instancia declaró la
improcedencia de la tutela, la Sala debe determinar si ¿la solicitud de amparo
supera el requisito de relevancia constitucional y los demás requisitos de
procedibilidad, en particular, el de suficiencia argumentativa? En caso afirmativo, se
deberá establecer si ¿la sentencia del 3 de diciembre de 2025 incurrió en los
defectos fáctico, de desconocimiento del precedente judicial y por violación directa
de la Constitución?

3.4.1. Cuestión preliminar

35. Antes de analizar el cumplimiento de los requisitos generales, es necesario
aclarar que, en el asunto bajo estudio, la accionante manifestó que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la protección especial
de víctimas del Estado, con ocasión de la sentencia proferida el 3 de diciembre de
2025 dentro del proceso con radicado núm. 76001-33-33-004-2021-00212-01.

36. Revisado el escrito de amparo, la Sala observa que la tutelante argumentó que
en la providencia objeto de reparos se configuraron los defectos fáctico, sustantivo,
de desconocimiento del precedente judicial, de violación directa de la Constitución
y desconocimiento del bloque de constitucionalidad.

37. El defecto sustantivo fue justificado en que el Tribunal aplicó indebidamente
en el caso concreto la figura de «culpa personal del agente», como eximente de
responsabilidad, la cual solo opera cuando el uniformado no se beneficia del cargo
para realizar los hechos que causan el daño; es decir, como lo identificó el juez de
tutela de primera instancia, no se señalaron preceptos legales como desatendidos.
Por su parte, el defecto del desconocimiento del precedente judicial radicó en que
la sentencia del 3 de diciembre de 2025 no tuvo en cuenta la jurisprudencia del
Consejo de Estado que ha desarrollado el mencionado eximente.

38. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado18.

39. De este modo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, ya que los jueces son autónomos
para escoger entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que
consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en
el artículo 230 de la Constitución Política.

18 Corte Constitucional, sentencia SU-214 de 2023.

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Accionante: Hanny Sofía Guerrero Cerón
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

40. Por su parte, frente al desconocimiento del precedente judicial, el artículo 230
de la Constitución Política establece que los jueces de la República tienen un deber
de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y relevantes, pues se
constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación de la
interpretación de las normas jurídicas19.

41. Al respecto, la Corte Constitucional20 ha considerado que el precedente se
define como la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a
un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los
problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las
autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior21.

42. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia22.

43. Así, el asunto bajo estudio, los argumentos del defecto sustantivo serán
analizados en conjunto con los reparos que justificaron la causal del
desconocimiento del precedente judicial, puesto que coinciden entre sí, los primeros
no radican en la indebida interpretación o aplicación normativa (supuesto de hecho
general de la causal sustantiva) y su resolución de manera autónoma implicaría para
el juez constitucional decidir el objeto del proceso de reparación directa, esto es, si
se configuró el eximente de «culpa personal del agente» o si le asiste
responsabilidad extracontractual a la Policía Nacional, asunto exclusivo del juez
contencioso-administrativo.

44. Si bien en el defecto sustantivo aducido por la accionante se cuestionó la
aplicación que el Tribunal efectuó en el caso concreto de la «culpa personal del
agente» y no directamente la responsabilidad de la Policía Nacional; lo cierto es que
no cualquier reproche contra la forma en que el juez contencioso-administrativo
decide el problema jurídico es procedente para ser estudiado mediante la acción de
tutela. Lo anterior, porque la protección de los derechos fundamentales en este
mecanismo constitucional genera tensión con los principios de autonomía judicial y
cosa juzgada, así como con el derecho al debido proceso de la contraparte del
trámite ordinario.

19 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:

«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar”
la vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento
en estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la
misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para
valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse
de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce el
precedente horizontal».
20 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
21 Se transcribe incluso con errores de texto.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08051-01 (5981)
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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

45. En tal sentido, para que los cargos de amparo sean analizados de fondo por
el juez constitucional, deben estar formulados o interpretados a la luz de los defectos
definidos por la Corte Constitucional para tal fin. De lo contrario, se desnaturalizaría
la acción de tutela y se convertiría en una tercera instancia para continuar con la
discusión propia del proceso ordinario.

46. Similar situación ocurre con algunos de los reparos que sustentaron el defecto
de violación directa de la Constitución, toda vez que alegan la infracción de
preceptos superiores como la vida, la responsabilidad patrimonial del Estado y el
bloque de constitucionalidad sobre obligaciones de protección ante daños causados
con participación de agentes estatales, con sustento, nuevamente, en que no
aplicaba en el caso concreto la tesis de «culpa personal del agente».

47. Por último, la accionante expuso en el escrito de amparo el desconocimiento
de los estándares internacionales desarrollados por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, y en el recurso
de impugnación la falta de aplicación del Protocolo de Estambul. Estos reproches
buscan la protección de los derechos fundamentales de las víctimas frente a daños
causados por agentes estatales. En esa medida, serán abordados dentro del
defecto por violación directa de la Constitución.

48. De lo expuesto, la Sala advierte que los cargos de amparo se reducen a la
posible configuración de los defectos de desconocimiento del precedente judicial,
fáctico y de violación directa de la Constitución, los cuales procederá a analizar.

3.4.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

49. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado23 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional24.

50. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental.

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
24 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

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v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

51. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del
recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad,
hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 25 y,
por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

52. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución26.

3.4.3. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

53. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia27.

54. Contrario a lo resuelto por el juez de tutela en primera instancia, la Sala
considera que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez
que el accionante afirma la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia con la sentencia del 3 de
diciembre de 2025, que revocó el fallo que condenó a la Policía Nacional, y expone
los defectos en que, a su juicio, pudo incurrir el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.

55. En relación con el requisito de exposición suficiente de hechos y argumentos,
es preciso indicar que el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de tutela tiene un carácter informal. No obstante, la solicitud de amparo
deberá exponer con la mayor claridad posible la acción o la omisión que la motiva,

25 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.

26 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
27 Ibidem.

La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el
requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente
legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea
exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un
aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que
la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las
cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

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el derecho que se considera amenazado, el nombre de la autoridad accionada, y la
descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud.

56. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencia judicial, la Corte
Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, incluyó como un requisito general de
procedibilidad que la parte actora identifique de manera razonable los hechos
generadores de la vulneración y los derechos afectados. En igual sentido, el tribunal
constitucional, en sentencia SU-585 de 2017, sostuvo que:

[A] pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido
control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto, resulta
de vital importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad especial, la
que de verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la providencia
judicial.

57. Al tener en cuenta lo anterior, cuando la acción es presentada contra una
providencia judicial, es necesario que la parte actora cumpla una carga
argumentativa mayor y describa los motivos, causales o defectos en los que incurre
la decisión judicial enjuiciada. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, manifestó que:

[E]sta exigencia se justifica porque de prosperar el amparo se afectaría el principio de
cosa juzgada de la sentencia o el auto cuya revisión se pretende en sede de tutela, y
que solo podría ocurrir cuando de la argumentación que el actor haga, se deduzca
con claridad que la decisión es arbitraria e irrazonable y vulneró derechos
fundamentales»28.

58. En el presente asunto, la tutelante argumentó que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca desconoció el precedente del Consejo de Estado sobre la figura
de «culpa personal del agente», en la medida en que dicho eximente no aplicaba
en casos en los que el uniformado causó el daño con el uso de símbolos, funciones,
dotación o prerrogativas del cargo. Como se indicó con anterioridad, esta causal
exige que la parte accionante demuestre la existencia del precedente que,
consideró, fue desatendido.

59. En tal sentido, una vez la Sala revisó el escrito de tutela, encontró que la
señora Hanny Sofía Guerrero Cerón citó las sentencias del 26 de abril de 2017 y
del 16 de mayo de 2019 de la Sección Tercera del Consejo de Estado; sin embargo,
no refirió la Subsección que las profirió o el radicado de los expedientes, el
respectivo número interno o la parte demandante ni citó un segmento considerable
de la providencia para rastrearla en motores de búsqueda.

60. En ese orden, esta Sala coincide con el juez de tutela de primera instancia, en
cuanto a que los datos aportados por la accionante de las sentencias del Consejo
de Estado que, según afirmó, eran precedente vinculante para el Tribunal a efectos

28 Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de marzo de 2019, expediente núm.

25000-23-36-000-2019-00003-01(AC).

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de aplicar la causal de eximente de responsabilidad denominada «culpa personal
del agente», no permitieron encontrar las respectivas providencias.

61. Por otro lado, la tutelante citó el radicado núm. «84001-23-31-000-1997-1145-
01»; no obstante, al buscarlo en las plataformas Samai y Consulta de Procesos
Nacional Unificada no se obtuvo resultado alguno, puesto que en la Rama Judicial
ningún proceso judicial inicia por «84001».

62. Así las cosas, el desconocimiento del precedente judicial fue sustentado por
la parte accionante, pero sus reproches no contienen el fundamento suficiente, de
cara al defecto invocado, para que el juez de tutela pueda realizar un análisis de
fondo. La falencia argumentativa expuesta impide evaluar la existencia de un
precedente y, por lo tanto, de considerar su desatención por parte del Tribunal.

63. En cuanto al radicado que fue citado en el escrito de tutela con núm. 68001-
23-31-000-2000-01442-01, pertenece a un proceso adelantado en segunda
instancia ante el Tribunal Administrativo de Santander, autoridad que emitió
sentencia el 29 de enero de 2015.

64. Aunque tampoco fue posible encontrar el archivo de dicha decisión judicial,
cabe advertir que, aun si esa providencia tuviera la tesis de la accionante, no
constituye precedente obligatorio en la medida en que la autoridad que la profirió no
es superior del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, es decir que, al ser
corporaciones del mismo nivel, prevalece la autonomía judicial.

65. De lo expuesto, la Sala concluye que el cargo por desconocimiento del
precedente no superó el requisito de suficiencia argumentativa, por cuanto la señora
Hanny Sofía Guerrero Cerón no acreditó la existencia de una postura de la Sección
Tercera del Consejo de Estado sobre el eximente de responsabilidad de «culpa
personal del agente».

66. En este punto, es preciso advertir que no se pasa por alto que la recurrente
alegó, en el escrito de impugnación, que la sentencia del Consejo de Estado que
sirvió al Tribunal para sustentar la decisión del 3 de diciembre de 2025 no resultaba
aplicable en el asunto bajo estudio, dado que tenía diferencias sustanciales en
relación con los hechos del caso concreto y porque no fijó una «regla absoluta»
sobre la materia en discusión; asimismo, que el fallo del 2024 que citó el juzgado
ordinario constituía el precedente más reciente acerca de la «culpa personal del
agente».

67. Al respecto, cabe destacar que dichos reparos no fueron planteados en el
escrito de tutela. Así las cosas, la Sala no puede resolverlos, en la medida en que
ello implicaría la vulneración de los derechos fundamentales a la defensa y
contradicción de la parte accionada y la vinculada, quienes no tuvieron la
oportunidad de pronunciarse sobre los nuevos cargos de amparo.

68. Cuestión distinta ocurre con los defectos fáctico y de violación directa de la
Constitución, que sí superan el requisito de hechos y argumentos, pues la parte
accionante identificó las pruebas indebidamente o no valoradas y explicó las

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razones por las cuales el Tribunal vulneró sus derechos fundamentales por el
desconocimiento de los estándares internacionales para la protección de los
derechos de las víctimas de daños causados por agentes estatales.

69. El reparo por el defecto fáctico también supera el requisito de subsidiariedad
porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o
extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las
instancias respectivas dentro del medio de control de reparación directa en el que
se profirió la decisión objeto de tutela.

70. En cambio, en cuanto a los argumentos del escrito de tutela sobre el
desconocimiento de los estándares internacionales desarrollados por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez vs
Honduras y el cargo del recurso de impugnación sobre la aplicación del Protocolo
de Estambul, no superan el requisito de subsidiariedad, debido a que no fueron
formulados y debatidos dentro del proceso ordinario, a pesar de que la Policía
Nacional adujo desde la contestación de la demanda la excepción de «culpa
personal del agente».

71. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la sentencia
reprochada fue proferida el 3 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca y la demanda de amparo se presentó el 29 de enero de 2026,
esto es, dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia
constitucional29 y del Consejo de Estado30 como razonable.

72. La parte actora, en el escrito de tutela, no adujo alguna irregularidad
procedimental y la providencia reprochada no se emitió dentro de un trámite de
tutela.

73. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto fáctico y, en ese orden,
continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Del defecto fáctico

74. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 31 . Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión» 32 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

75. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados

29 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
31 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
32 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.

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o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»33. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la
solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»34.

76. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos
que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso 35.

77. Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial 36 , lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, por qué el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia»37.

78. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica,
por lo menos, cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la
decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las
pruebas en cada caso:

El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas que
obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta –
siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios.

El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo.
Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o
voluntad.

33 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
34 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
35 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
36 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
37 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.

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El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de manera integral o
si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en relación con
otras, sin que exista justificación para ello.

El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]38.

3.5.1. Caso concreto

79. En el asunto bajo estudio, la señora Hanny Sofía Guerrero Cerón afirmó que
el Tribunal desconoció, entre otras pruebas, el «uso del uniforme oficial [y] del
vehículo oficial», que el operativo en el que se detuvo al señor Jorge Mauricio
Guerrero Rivera fue en «jornada laboral» de los agentes y los fallos disciplinarios y
penales seguidos contra los policías con los que se acreditó la violación del deber
funcional, así como la conexión causal entre la investidura policial y la facilidad para
que se ejecutara la retención.

80. Pues bien, revisada la sentencia del 3 de diciembre de 2025, la Sala observa
que el Tribunal tuvo en cuenta que dentro del acervo probatorio se recopiló lo
siguiente: i) noticia criminal de la Fiscalía General de la Nación con ocasión de la
desaparición del señor Jorge Mauricio Guerrero Rivera; ii) actas de las audiencias
de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de
aseguramiento de los dos policías que participaron en la comisión de los delitos de
secuestro simple y homicidio agravado; iii) sentencias penales condenatorias contra
los uniformados; iv) elementos de los procesos disciplinarios en los que resultaron
sancionados los agentes, como el informe de novedad, el auto de apertura de
indagación preliminar y el fallo sancionatorio de primera y segunda instancia. De lo
anterior, el Tribunal tuvo por probado los siguientes hechos:

Del plenario, se tiene demostrado que hacia las 12:40 horas del 26 de noviembre de
2019, el extinto señor Jorge Mauricio Guerrero Rivera (q.e.p.d.) cuando se
encontraba en la panadería “El Samán” ubicada en la carrera 10 con calle 19 del
Municipio de Jamundí, fue abordado por dos miembros de la Policía Nacional y un
tercer sujeto que vestía de civil y portaba chaleco y gorra de la Institución, quienes lo
condujeron una camioneta oficial y luego transportado a la zona rural del Municipio
de Jamundí en donde fue entregado a unas personas, quienes según las
investigaciones de la Fiscalía, hacían parte de una estructura criminal; y, cuatro días
después fue hallado sin vida, con señales de tortura.

Advierte la Sala de las piezas procesales obrantes en la investigación disciplinaria
SIJUR MECAL-2019-274 que adelantó la Policía Nacional y en el proceso penal CUI
760016000000202000236, así como de la Sentencia No. P – 39 del 25 de mayo de
2022, radicado 76001-60-00000-2021-00557 proferida en contra de Jair Sánchez
Hernández, que efectivamente en los hechos que concluyeron con la desaparición y
posterior muerte del señor Guerrero Rivera si tuvieron activa participación dos
agentes activos de la Policía Nacional, quienes fueron retirados por la institución
castrense al encontrar su actuar contrario a los objetivos y principios que deben regir
el desarrollo de las funciones de tales servidores públicos.

38 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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Es claro que, realizaron las actividades previas al secuestro del mentado señor, para
lo cual no sólo portaron sus uniformes de dotación oficial, sino que lo transportaron
al sitio donde sería secuestrado por un grupo sedicioso a bordo de un automotor al
servicio de la institución pública. Por ende, podría de manera desprevenida concluirse
como lo hizo el A Quo, que su actuación fue legitimada en tanto, utilizaron para esa
actividad elementos propios del servicio, además porque se encontraban de servicio
activo y cumpliendo su jornada laboral respectiva39.

81. De lo expuesto, la Sala encuentra que no es cierto lo que sostuvo la parte
tutelante respecto del defecto fáctico, por cuanto el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca no desconoció de las pruebas que dos uniformados participaron de
manera activa en la desaparición y posterior muerte del señor Jorge Mauricio
Guerrero Rivera, con el uso de dotación oficial y de un vehículo oficial.

82. Cuestión distinta es que el Tribunal concluyera, de lo probado en el proceso
de reparación directa, que no había lugar a imputar responsabilidad
extracontractual a la Policía Nacional, toda vez que uno de los uniformados que
participó en los hechos fue contactado y «contratado» por un grupo delincuencial
para que, desde su condición de agente, retuviera y entregara al señor Guerrero
Rivera, como finalmente ocurrió, lo que daba cuenta de que la «intención de los
policías se alejó por completo de su deber institucional».

83. En ese orden, se destaca que el juez de segunda instancia aplicó un eximente
de responsabilidad, toda vez que el actuar de los agentes se apartó por completo
de la misión institucional de la Policía Nacional, al margen de que estos actuaran
con uso de dotación oficial y en un vehículo oficial, para lo cual citó jurisprudencia
del Consejo de Estado sobre la figura de la «culpa personal del agente».

84. Sobre este último punto, es preciso recordar que la parte accionante no
acreditó la existencia de un precedente vinculante del Consejo de Estado que
mostrara un desconocimiento de este por parte del Tribunal de segunda instancia.

85. Por los anteriores motivos, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, lejos de desconocer el material probatorio y de incurrir en un
defecto fáctico en la sentencia del 3 de diciembre de 2025, lo valoró y fundó su
decisión bajo criterios de razonabilidad y de autonomía judicial.

4. Conclusión

86. Por las razones contenidas en esta providencia, la Sala considera que la parte
tutelante no demostró que el Tribunal accionado vulnerara los derechos
fundamentales al debido proceso, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral
y a la protección especial de víctimas del Estado, por cuanto no incurrió en el defecto
fáctico.

87. En consecuencia, se modificará la sentencia del 10 de abril de 2026 proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el sentido de
declarar improcedente la tutela en relación con los defectos por desconocimiento

39 Se transcribe incluso con errores de texto.

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del precedente judicial y de violación directa de la Constitución; y negar las
pretensiones de amparo frente al defecto fáctico. Además, se confirmará en lo
demás la providencia impugnada.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Jorge
Edison Portocarrero Banguera para decidir la acción de tutela de la referencia, por
las razones consignadas en esta providencia. En consecuencia separarlo del
conocimiento del presente trámite constitucional.

Segundo: Modificar la sentencia del 10 de abril de 2026 que profirió la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta
providencia. En su lugar, quedará así:

Segundo: Declarar la improcedencia de la acción de tutela en relación con los
defectos por desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución del escrito de tutela; y negar las pretensiones de amparo frente al
defecto fáctico, por los motivos contenidos en este fallo.

Tercero: Confirmar en lo demás el fallo del 10 de abril de 2026, por los motivos
expuestos en esta providencia.

Cuarto: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Con impedimento

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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