Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08059-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08059-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-08059-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
30 de abril de 2026
Demandante: Henry Alexander Alarcón Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08059-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C, treinta [30] de abril de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08059-01
Demandante: HENRY ALEXANDER ALARCÓN RODRÍGUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial – Revoca la que negó el
amparo para declarar improcedente por falta de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación presentada por el señor Henry Alexander
Alarcón Rodríguez contra la sentencia de 2 de febrero de 2026, por medio de la
cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó la
acción de tutela.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Mediante escrito radicado el 18 de diciembre de 2025, el señor Henry Alexander
Alarcón Rodríguez consideró transgredidas sus garantías constitucionales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad.
Los mencionados derechos fundamentales los consideró vulnerados por parte
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
con ocasión de la sentencia de 20 de noviembre de 2025 mediante la cual, se
modificó la sentencia de 24 de julio de 2024 proferida por el Juzgado 31
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá en el trámite de reparación
directa identificado bajo el número 11001-33-36-031-2023-00340-00/01.
1
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Demandante: Henry Alexander Alarcón Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08059-01
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
El señor Henry Alexander Alarcón Rodríguez prestó el servicio militar obligatorio
en la Armada Nacional, en calidad de infante de marina regular. Durante su
vinculación fue asignado al Batallón de Infantería de Marina No. 12, con sede en
el municipio de Cartagena, Bolívar.
El 10 de marzo de 2022, en el corregimiento de El Hobo, municipio de Santa
Catalina, Bolívar, sufrió graves lesiones en su mano derecha. El hecho ocurrió
mientras descendía los morrales de la patrulla en la que era transportado, en
cumplimiento de órdenes de sus superiores relacionadas con el alistamiento de
dispositivo electoral.
Con ocasión de las lesiones, la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad,
mediante Acta No. 229-2024 del 30 de agosto de 2024, le diagnosticó fractura
de escafoides derecho tratada quirúrgicamente, con secuelas de dolor y
limitación leve a la flexión del puño derecho.
En virtud de lo anterior, se le determinó una disminución de la capacidad laboral
del 10% y se clasificó su situación como incapacidad permanente parcial.
Por estos hechos, el señor Alarcón Rodríguez promovió el medio de control de
reparación directa con la finalidad de definir la presunta responsabilidad de la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional, por los daños y
perjuicios causados.
El proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado 31 Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Bogotá, con el radicado 11003-33-36-031-2023-
00340-00.
Mediante sentencia de 24 de julio de 2025 dicho despacho declaró la
responsabilidad1 de la Armada Nacional con ocasión de las lesiones padecidas
1
El a quo fundamentó su decisión en el régimen de responsabilidad objetiva, bajo el
título de daño especial, aplicable a los perjuicios sufridos por conscriptos. Determinó
que el daño es atribuible a la Armada Nacional, en la medida en que se produjo durante
la ejecución de la carga pública impuesta y bajo la custodia del Estado.
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Demandante: Henry Alexander Alarcón Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Tercera, Subsección A
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por el conscripto Alarcón Rodríguez, accedió al reconocimiento del perjuicio
moral y negó daño a la salud, así como el lucro cesante.
Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación
con el propósito que se le reconocieran los perjuicios en la modalidad de lucro
cesante.
En segunda instancia, el asunto fue conocido por la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que profirió fallo el 20 de
noviembre de 2025, en el cual modificó la decisión del a quo y ordenó el
reconocimiento de perjuicios por daño a la salud a favor de la víctima directa. No
obstante, negó el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante.
En ese sentido, la autoridad judicial indicó que no se acreditó que el señor
Alarcón Rodríguez desarrollara una actividad productiva antes de su ingreso al
servicio militar obligatorio, por lo que no resultaba posible reconocer un lucro
cesante.
1.3. Peticiones del amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
«[…] 2. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos jurídicos la referida
providencia únicamente en lo relacionado con la negativa del reconocimiento de
los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, por haberse adoptado
con desconocimiento del precedente judicial, defecto fáctico y exceso ritual
manifiesto.
3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que profiera una nueva
providencia en la que decida nuevamente sobre el reconocimiento de los
perjuicios materiales por lucro cesante, valorando de manera integral y razonada
el acervo probatorio obrante en el expediente y respetando los lineamientos fijados
por el precedente reiterado del Consejo de Estado en materia de reconocimiento
del lucro cesante a soldados conscriptos que han sufrido una disminución de su
capacidad laboral durante la prestación del servicio militar obligatorio.
4. Disponer que, en la nueva decisión, el Tribunal se abstenga de exigir la
acreditación de una actividad productiva previa o de la pérdida concreta de una
oportunidad laboral, y funde su análisis en las afecciones físicas, secuelas
permanentes y disminución objetiva de la capacidad laboral demostradas en el
proceso, conforme a las reglas de la sana crítica y a la prevalencia del derecho
sustancial […].» 2
2 Transcripción del texto original, por lo que puede contener errores.
3
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1.4. Fundamento de la solicitud
El accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia, y a la igualdad, al negar el
reconocimiento del lucro cesante con fundamento en exigencias probatorias
irrazonables y una valoración deficiente del material probatorio.
En primer lugar, alegó un desconocimiento del precedente judicial, pues el
Tribunal exigió acreditar una actividad productiva previa al ingreso al servicio
militar, pese a que, a su juicio, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
establecido que, tratándose de conscriptos, no es necesario demostrar ingresos
anteriores, ya que se presume que su vida laboral inicia una vez finaliza el
servicio.
En segundo lugar, señaló la configuración de un defecto fáctico, en la medida en
que la autoridad judicial ignoró el dictamen de la Junta Médica Laboral que
acreditó una disminución del 10% de la capacidad laboral, derivada de una lesión
permanente que afecta su mano dominante, lo cual incide en su futura capacidad
productiva.
Adujo un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, dado que se le
impuso una carga probatoria imposible de cumplir al exigirle demostrar una
trayectoria laboral o la pérdida de oportunidades concretas, a pesar de tratarse
de un joven que pasó directamente del colegio al servicio militar obligatorio.
Finalmente, el actor consideró que el ad quem privilegió un formalismo excesivo
sobre la realidad del daño sufrido, lo que derivó en la negativa del reconocimiento
de los perjuicios materiales en modalidad de lucro cesante.
1.5. Trámite de la acción
El 19 de diciembre de 2025, el ponente de la decisión de primera instancia
admitió la acción de tutela y ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A como parte demandada; y a la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional como terceros con
interés en las resultas del proceso. Requirió al Juzgado 31 Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Bogotá remitir el expediente del proceso ordinario.
Aunado a lo anterior, dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.
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1.6. Intervención
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentó la siguiente
contestación:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
El magistrado ponente, al rendir informe dentro del trámite de tutela, solicitó
declarar la improcedencia del amparo, al considerar que no se vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte actora.
Indicó que la providencia se ajustó a derecho y fue producto del análisis de las
pruebas y del precedente aplicable. Añadió que el hecho de que la decisión no
fuera favorable al accionante no implica la vulneración del derecho de acceso a
la administración de justicia.
Del mismo modo, señaló que el proceso se adelantó con respeto del debido
proceso, en tanto el actor contó con los mecanismos de defensa, incluido el
recurso de apelación, y que en segunda instancia se modificó la decisión inicial
en su favor al reconocerse el daño a la salud.
En relación con el lucro cesante, reiteró que su negativa obedeció a que el
demandante no acreditó el ejercicio de una actividad productiva antes de
ingresar al servicio militar, con fundamento en la sentencia de unificación de 9
de abril de 20213 del Consejo de Estado.
Frente al defecto fáctico, expresó que no incurrió en una valoración indebida de
las pruebas, pues estas fueron analizadas, sin que se demostrara la incidencia
de la pérdida de capacidad laboral en la productividad del actor.
Por último, advirtió que la tutela no es una tercera instancia y que no puede
emplearse para reabrir un debate jurídico ya definido en el proceso ordinario.
1.6.2. El Juzgado 31 Administrativo Oral de Bogotá remitió el enlace del
expediente 11001-33-36-031-2023-00340-00.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Exp. No. 55583, M.P. Marta Nubia Velàsquez Rico.
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1.7. Fallo Impugnado4
Mediante sentencia del 2 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B negó el amparo solicitado por el accionante.
Consideró que la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Tercera, Subsección A no incurrió en los defectos alegados y que
contaba con una motivación suficiente y coherente, especialmente en lo
relacionado con la negativa del lucro cesante.
En cuanto al defecto fáctico, indicó que el ad quem valoró las pruebas allegadas,
entre ellas la historia clínica y el acta de Junta Médica Laboral. Sin embargo,
concluyó que estas acreditaban el daño a la salud, más no el lucro cesante, al
no existir prueba, siquiera sumaria, de una actividad productiva previa ni de la
imposibilidad de desarrollarla en el futuro.
También señaló que, para el momento de la decisión, no existía una postura
unificada en el Consejo de Estado que obligara a reconocer el lucro cesante a
conscriptos con base únicamente en el porcentaje de pérdida de capacidad
laboral.
Finalmente, expresó que el juez de tutela no puede sustituir al juez natural ni
invadir su autonomía, salvo en casos de arbitrariedad, lo cual no se evidenciaba
en este asunto
1.8. Impugnación5
El señor Henry Alexander Alarcón Rodríguez señaló que la impugnación se dirige
a controvertir la sentencia del 2 de febrero de 2026, mediante la cual se negó el
amparo solicitado, al considerar que el juez de tutela avaló la decisión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, sin
analizar de fondo los cargos propuestos.
Asimismo, sostuvo que no se valoró adecuadamente el acta de Junta Médica
Laboral, la cual acredita una disminución del 10% de la capacidad laboral, y que
se le impuso una carga probatoria inexistente, lo que configura un exceso ritual
manifiesto.
Con fundamento en lo anterior, agregó que la decisión carece de una motivación
suficiente al no realizar un análisis material de los defectos alegados, por lo que
4 La sentencia fue notificada el 17 de marzo de 2026.
5 La impugnación se presentó el 18 de marzo de la presente anualidad.
6
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Sección Tercera, Subsección A
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solicitó revocar la providencia impugnada y ordenar la expedición de un nuevo
fallo en que se reconozca el lucro cesante.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el
accionante contra la sentencia de 2 de febrero de 2026, de conformidad con el
Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021 y los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2 Problema jurídico
Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si debe
confirmarse, modificarse o revocarse la decisión de primera instancia de 2 de
febrero de 2026 proferida por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante la cual se negó la acción de tutela.
Para el efecto, se abordará el estudio del caso así: (i) la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva,
y, de superarse (iii) el caso en concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20126
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema7.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de
la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales8.
6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
8 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados
hasta el momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 9, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Ahora bien, frente al estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de
la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022
en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara al requisito de
relevancia constitucional, así:
[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201410, que en concreto se refieren a:
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29
de septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil.
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i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal11.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una
vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque
estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela
no puede convertirse en una tercera instancia.
Sobre el particular, se considera, que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.
En primera medida, se recuerda que, en el escrito de tutela, se indicó que la
providencia controvertida vulneró sus garantías constitucionales, al considerar
que desconoció el reconocimiento del lucro cesante.
Si bien sostuvo que la decisión judicial del 20 de noviembre de 2025 se enmarcó
en los defectos de desconocimiento del precedente judicial, fáctico y
procedimental por exceso ritual manifiesto, lo cierto es que no desarrolló una
argumentación de naturaleza constitucional que permita sustentar tales
reproches, ni explicó de manera concreta y razonada los motivos por las cuales
consideró configurados dichos defectos.
Sobre el particular, se itera que en materia de tutelas contra providencias
judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de
la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre iusfundamental esgrimidos por
la parte actora dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
motivos de los accionantes frente a la apreciación jurídica del proceso
contencioso expuestos en la solicitud de amparo sin el debido contraste de un
indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial, ello atentaría
contra el principio de autonomía judicial y así, se convertiría el mecanismo de
amparo en una tercera instancia.
11 Énfasis de la sala.
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Al respecto, se resalta que la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A se fundamentó en las siguientes
consideraciones:
Reconocimiento del daño a la salud: El ad quem, a diferencia del juez de
primera instancia, consideró acreditado el daño a la salud del demandante, con
fundamento en el acta de Junta Médica Laboral No. 229-2024, en la que se
determinó como secuela el dolor y la limitación leve en la flexión del puño
derecho. Con base en ello, concluyó que dicha afectación compromete su
integridad psicofísica, especialmente ante la realización de esfuerzos físicos,
razón por la cual ordenó su indemnización en cuantía de 20 SMLMV, conforme
a los parámetros fijados en la sentencia de unificación del 28 de agosto de
201412.
Negativa del reconocimiento del lucro cesante: El tribunal confirmó la
negativa de reconocer perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, al
considerar que no se acreditó, ni siquiera de manera sumaria, el ejercicio de una
actividad productiva previa al ingreso al servicio militar. Señaló que la carga de
la prueba correspondía al demandante13 [con base en la Sentencia de 9 de abril
de 2021 de la Sección Tercera del Consejo de Estado], quien debía demostrar14
la existencia de ingresos o la afectación de su capacidad productiva futura, sin
que ello se hubiera probado en el proceso.
Entonces, se considera que no se habilita la procedencia de la acción de tutela
en los términos de las sentencias de unificación 573 de 2019 y 215 de 2022,
máxime cuando se evidencia que lo pretendido por el tutelante es someter ante
el juez constitucional un asunto netamente legal y económico, sin que se
evidencie la tensión entre la decisión que se enjuicia y una vulneración ostensible
de un derecho fundamental.
Lo anterior, porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces
ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del 28 de agosto de
2014, Rad. 23001233100020010027801 (28804), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia del 18 de julio de 2019, exp. 73001-23-31-000-2009-00133-01 (44.572) CP. Carlos
Alberto Zambrano Barrera.
14 Consideró que en el caso objeto de análisis, se observó que la parte actora en el libelo
demandatorio, no argumentó de manera específica que la razón por la cual, las lesiones
padecidas el 10 de marzo de 2022, generaron menoscabo en el provecho económico que el ex
infante de marina afectado percibía para la época de los hechos ni se explicó de qué manera le
impedirá recibir ingresos a futuro.
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Así las cosas, los reproches formulados por la parte actora se circunscriben a
manifestar su desacuerdo con dicha conclusión, sin aportar elementos que
permitan advertir una afectación iusfundamental que habilite la intervención del
juez constitucional.
2.4.2. Ahora bien, en este mismo sentido, se advierte que el defecto de
desconocimiento del precedente judicial tampoco satisface la carga
argumentativa para ser estudiado15 en sede constitucional, en la medida en que
la parte accionante no explicó ni desarrolló un análisis de fondo acerca de la
forma en que la providencia cuestionada habría transgredido sus derechos
fundamentales.
Por tal razón, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este presupuesto,
en atención a que no se justificó la posible trasgresión de las garantías
constitucionales del tutelante, sino que, por el contrario, se advierten argumentos
con el fin de que se acceda a sus intereses, para, a su vez, disentir del análisis
efectuado por la autoridad judicial de segundo grado demandada.
De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la
controversia planteada por la parte accionante, la Sala advierte que esta no se
encuentra ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional,
máxime cuando sus argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa,
lo que conduce a concluir la improcedencia del amparo solicitado.
Por lo tanto, para esta Sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»16 y por ello, al funcionario
constitucional no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
2.5. Conclusión
Así las cosas, se revocará la sentencia de 2 de febrero de 2026, mediante la cual
la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado negó el amparo, para
en su lugar, declarar la improcedencia la acción de tutela de la referencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
15 Consultar en similar sentido Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, providencia de 24 de abril de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-01617-
00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-
573 de 2017 y C-590 de 2005.
11
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Demandante: Henry Alexander Alarcón Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08059-01
Por lo tanto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 2 de febrero de 2026, por medio de la
cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B negó el amparo,
para en su lugar, DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
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