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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08096-00

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08096-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. NEGAR el amparo solicitado por la parte accionante, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-08096-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08096-00
Accionante: Yilmer Asnober Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Caducidad.
Responsabilidad por condiciones de hacinamiento en establecimiento
carcelario. NIEGA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Yilmer Asnober
Ávila en contra del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué y del
Tribunal Administrativo del Tolima, con ocasión de las providencias del 6 de febrero
y 24 de julio de 2025 proferidas en el medio de control de reparación directa, al que
le fue asignado el radicado 73001-33-33-005-2024-00116-00/02.

ANTECEDENTES

La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

El accionante narró que permaneció detenido en las instalaciones de la Permanente
Central de la Policía de Ibagué desde el 24 de marzo de 2021 hasta el 24 de
noviembre de 2022.

Que una vez recobró su libertad se enteró de que presuntamente había sufrido de
condiciones de hacinamiento, por lo cual para confirmarlo el 17 de enero de 2023
presentó una petición a la Policía Metropolitana de Ibagué, para que se le informara

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cuál era la capacidad total con la que contaban dichas instalaciones para albergar
detenidos y si existía hacinamiento.

Que el 19 de enero de 2023, la Policía Metropolitana de Ibagué, Distrito Uno,
contestó que la infraestructura estaba diseñada para un cupo máximo de 46
personas y las antiguas instalaciones de espacio público para 20 personas e indicó
que el porcentaje de hacinamiento era del 514 %.

Que el 6 de marzo de 2024, presentó solicitud de audiencia de conciliación
extrajudicial, la cual se declaró fallida mediante certificación del 10 de mayo de
2024, y el 22 de mayo de 2024, instauró medio de control de reparación directa en
contra de la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, de la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios, del Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional,
de la Fiscalía General de la Nación, del municipio de Ibagué y del departamento del
Tolima, por los perjuicios causados.

Que el 6 de febrero de 2025, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué
rechazó la demanda porque determinó que desde que ingresó al establecimiento
carcelario conocía del hacinamiento, por lo cual tenía hasta el 25 de marzo de 2023
para demandar, pero cuando radicó la solicitud de conciliación extrajudicial el medio
de control ya había caducado.

Que interpuso recurso de apelación y el 24 de julio de 2025, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, confirmó el auto
recurrido, con fundamento en iguales razonamientos.

Considera que la autoridad judicial incurrió en violación directa de la Constitución
porque desconoció principios y derechos fundamentales, como el acceso a la
administración de justicia, la protección de los derechos humanos de las personas
privadas de la libertad y la justicia material, al interpretar el término de caducidad de
forma restrictiva y formalista, a pesar de que la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado han reconocido que en asuntos donde se debate la responsabilidad por
privación injusta de la libertad debe privilegiarse una interpretación que garantice el
acceso efectivo a la justicia y la reparación integral del daño.

Que también omitió efectuar un análisis i) sobre la naturaleza continuada del daño,
la cual implicaba que el término de caducidad solo inició cuando cesó el tiempo de
reclusión, lo que cobra especial relevancia ante la existencia de estándares
internacionales sobre la protección reforzada para las personas que han estado en
condiciones de detención indignas; y ii) acerca de la suspensión del término de
caducidad con ocasión de la solicitud de conciliación extrajudicial, según el artículo
56 de la Ley 2220 de 2022.

Que debían aplicarse los principios pro damato, pro homine y pro actione y, en ese
sentido, adoptarse la interpretación más favorable para la efectividad de los

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derechos, especialmente tratándose de hacinamiento carcelario, donde las
vulneraciones afectan de manera directa y sostenida la integridad física y
psicológica, así como la dignidad de las personas.

Para fundamentar su decisión, transcribió apartes de las siguientes sentencias de
las distintas subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado: del 26 de
junio de 2015, exp. 25000-23-41-000-2014-01569-01; del 30 de enero de 2013, exp.
25000-23-26-000-1997-05265-01 (22867); del de octubre de 2019, exp. 70001-23-
33-000- 2014-00186-01; del 8 de junio de 2014, exp. 76001-23-33-000-2014-00839-
01 (54799); del 8 de junio de 2016, exp. 11001-03-15-000-2015-02405-01; del 9 de
iciembre de 2019, exp. 50001-23-31-000-2012-00196-01 (48152); del 5 de
diciembre de 2005, exp. 54001-23-31-000-1993-07753-01 (14801); del 29 de enero
de 2004, exp. 25000-23-26-000-1995-00814-01 (18273); del 1 de marzo de 2018,
exp. 68001-23-31-000-2010-00605-01(49396); y del 2 de marzo de 2023, exp.
11001-03-15-000-2022-01335-02; y las sentencia C-115/19, T-191/09, T-342/16,
SU-241/24 y T-238/23 de la Corte Constitucional.

PRETENSIONES

Solicita que se dejen sin efectos los autos del 6 de febrero y 24 de julio de 2025
proferidos por las autoridades judiciales y se ordene al Tribunal Administrativo del
Tolima que dicte una decisión de reemplazo, acorde con el ordenamiento jurídico.

ACTUACIÓN PROCESAL

El 15 de enero de 2026, se admitió la demanda y se corrió el traslado respectivo.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué se limitó a allegar el
enlace del proceso de reparación directa objeto de esta acción.

El Tribunal Administrativo del Tolima guardó silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la

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protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)

1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»

3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.

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En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

A esta Subsección corresponde verificar si se superan los requisitos generales de
procedencia que habilitan el estudio de la sentencia controvertida, pues solo en el
evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.

Al respecto, se encuentra que i) el asunto a resolver tiene relevancia constitucional,
en la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida
se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección por la
incursión en el defecto alegado por el accionante; ii) la acción se presentó con
inmediatez, pues la providencia discutida fue notificada mediante mensaje de datos
enviado el 10 de diciembre de 2025 y esta acción fue instaurada el 18 de ese mes
y año; iii) se agotaron los mecanismos de defensa judicial con los que se contaba;
iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los
derechos estimados como transgredidos; v) no se trata de una sentencia de tutela.

En consecuencia, se procederá al estudio de los disensos expuestos. La autoridad
judicial analizó la naturaleza del daño que dio lugar a la reclamación en sede judicial,
aspecto frente al cual indicó que en oportunidades previas había acogido la tesis
consistente en que los daños ocasionados por el hacinamiento carcelario podían
configurarse como de tracto sucesivo o de carácter continuado, por la afectación de
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad de forma
persistente y renovada, pero advirtió que diversas secciones y subsecciones del
Consejo de Estado habían negado el amparo solicitado en acciones de tutela contra
providencias judiciales en las que se declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa por hacinamiento carcelario, al entenderse que los daños
derivados de este no son continuados, sino de ejecución instantánea con efectos
prolongados.

En esa medida, consideró que ese enfoque debía entenderse como un precedente
vertical obligatorio, al provenir del máximo tribunal de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, por lo cual acogía el criterio según el cual desde el
primer momento de reclusión el daño es conocido, en respeto por los principios de
seguridad jurídica, igualdad ante la ley y coherencia judicial, por lo que en el caso
desde el 24 de marzo de 2021, cuando el demandante ingresó a la Permanente
Central de Policía de Ibagué tuvo conocimiento de las condiciones de hacinamiento.

Por lo tanto, el Tribunal concluyó que el plazo de dos años para instaurar la
demanda de reparación directa venció el 25 de marzo de 2023, fecha para la cual
no se había solicitado la conciliación extrajudicial ni radicado la demanda.

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El recuento de los razonamientos de la autoridad judicial permite evidenciar que
justificó su decisión respecto a la naturaleza del daño continuado; en efecto, explicó
la postura que adoptó en pronunciamientos previos en casos en los que se
pretendía la declaratoria de responsabilidad estatal por las condiciones de
hacinamiento en los establecimientos carcelarios donde los demandantes fueron
privados de la libertad y fundamentó el cambio de tesis en la expedición de diversas
decisiones en sede de tutela por parte de las secciones del Consejo de Estado, lo
que evidencia que realizó una motivación razonable sobre el reparo planteado por
el demandante respecto al auto de rechazo de la demanda.

En ese orden de ideas, contrario a lo afirmado por el accionante, no se observa que
el análisis realizado haya sido restrictivo o formalista, sino que atendió a las
particularidades del caso y a las decisiones adoptadas en asuntos similares por
parte del máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

Además, se advierte que, si bien la autoridad judicial advirtió que existían diversas
interpretaciones sobre la naturaleza del daño, de allí que el accionante alegue la
falta de aplicación de los principios pro damato, pro homine y pro actione, lo cierto
es que acogió la postura que estimó era acorde con la postura mayoritaria actual
asumida por su superior jerárquico, lo cual no puede ser objeto de reproche en esta
sede, al no configurar alguno de los defectos definidos por la jurisprudencia
constitucional, especialmente el invocado por el actor, máxime cuando este ni
siquiera aludió a las normas constitucionales que consideró transgredidas o
desatendidas.

Sumado a lo expuesto, aunque el accionante transcribió apartes de algunas
decisiones judiciales del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, no
puntualizó la regla o subregla fijada que fue desatendida por la autoridad judicial,
más allá de insistir en su desacuerdo sobre la naturaleza del daño y ni discutió la
línea argumentativa del Tribunal sobre el particular, respecto a la tesis que
consideró, atendía a la postura actual.

En este punto, debe recordarse que la tutela no puede ser utilizada para que se
defina un criterio específico en asuntos propios de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuando existen distintas exegesis debidamente justificadas, pues
ello equivaldría a desconocer la autonomía e independencia del juez natural de la
causa.

Por último, se observa que la solicitud de conciliación extrajudicial, como el Tribunal
accionado lo señaló, fue formulada cuando ya había fenecido el término de
caducidad, por lo cual no tenía incidencia alguna en el cómputo efectuado en la
providencia discutida.

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En suma, lo que se observa es un desacuerdo de la parte actora con la conclusión
a la que llegó la autoridad judicial accionada que no resulta suficiente para habilitar
la intervención del juez constitucional, por lo cual se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. NEGAR el amparo solicitado por la parte accionante, de conformidad con
la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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