Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08098-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08098-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-08098-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
13 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08098-00
Accionante: Luis Alberto Polo Delgado
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Sanción
moratoria. Régimen retroactivo de cesantías / DECLARA IMPROCEDENCIA –Falta
de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional. Reproches pretenden
emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 182 de diciembre de 2025, el señor Luis Alberto Polo Delgado promovió acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Putumayo, con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales3 y se dejara sin efectos la sentencia de 24
de julio de esa anualidad, emitida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho4 incoado contra el departamento del Putumayo, encaminado a obtener
la anulación del acto administrativo5 mediante el cual se le negó el pago de la sanción
moratoria por cancelación tardía de sus cesantías parciales6, desde el 16 de junio de
2018 hasta el 9 de julio de 2019 (389 días calendario)7, de conformidad con la Ley
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Si bien en la herramienta electrónica Samai se observa que la tutela fue presentada el 17 de diciembre de 2025,
lo cierto es que ello se realizó a las 07:14 p.m. y, en todo caso, en esa fecha se celebra el día de justicia, por lo
que no es un día hábil en el escenario judicial.
3 Invocó los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, defensa y acceso a la administración de
justicia.
4 Expediente 86001-33-31-002-2020-00089-01.
5 Resolución 4455 de 8 de octubre de 2019.
6 En su condición de conductor mecánico del ente territorial demandado.
7 Equivalente a un día de salario por cada día de tardanza.
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244 de 1995, subrogada por la Ley 1071 de 2006, y, en consecuencia, se ordenara
dicho reconocimiento.
2.
Mediante la providencia acusada se revocó la sentencia de 16 de septiembre de
2021 del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, que accedió parcialmente a las
pretensiones 8 , para en su lugar, negarlas. Se sostuvo que, de acuerdo con el
régimen retroactivo de cesantías al cual estaba adscrito el demandante, al vincularse
al servicio oficial con antelación al 30 de diciembre de 19969 (30 de noviembre de
1981), no le resulta aplicable el reconocimiento ni el pago de la sanción moratoria
pretendida, en razón a que dicha penalidad es propia del régimen anualizado y no
obra prueba de que aquel se haya acogido voluntariamente a este régimen.
3.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto sustantivo, pues se
interpretaron e inaplicaron de manera indebida las Leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006, las cuales regulan el pago de las cesantías a los servidores públicos, sin
excepción alguna. Además, se analizó el asunto de acuerdo con la sanción moratoria
estipulada en la Ley 50 de 1990, pese a que esa norma no constituyó el fundamento
de sus pretensiones, sino bajo el amparo de la Ley 244 de 1995, que está dirigida a
los servidores públicos de todos los órdenes, sin condicionarla al régimen de
liquidación de cesantías.
4.
De igual modo, el Tribunal accionado introdujo un requisito no previsto en la ley,
consistente en que el servidor esté en el régimen anualizado para conceder dicha
sanción, y descarta su aplicación a servidores del régimen retroactivo, a pesar de
que las normas de sanción no distinguen entre uno y otro régimen. Lo que denota
que no se diferenció en debida forma la sanción “privada” consagrada en la Ley 50
de 1990 y la “pública”, estipulada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
5.
Asimismo, se configuró un desconocimiento del precedente, pues se inobservó
la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018 del Consejo
de Estado10, en la que se señaló que al docente oficial, al tratarse de un servidor
público, le son aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la
sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas
de los servidores públicos. Por tanto, él, al ser servidor público, tiene derecho a la
sanción pretendida, con independencia del régimen de cesantías al que pertenezca.
6.
En razón del derecho fundamental a la igualdad, se debe tener en cuenta que en
un asunto de tutela 11 con similares supuestos fácticos y jurídicos (naturaleza del
vínculo -público-, objeto de la controversia y el comportamiento del Tribunal
accionado), se accedió al amparo allí reclamado, al estimar que la providencia
atacada, la cual también fue emitida por el Tribunal accionado, había incurrido en
8 Negó la indexación de la sanción.
9 Fecha en que entró en vigor la Ley 344 de 1996, con la cual se extendió para el sector púbico el régimen
anualizado de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990.
10 Expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.
11 Expediente 11001-03-15-000-2025-02749-01, C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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defecto sustantivo, al inaplicar los artículos 2 de la Ley 244 de 1995 y 5 de la Ley
1071 de 2006. Normas que regulan la sanción moratoria por mora en el pago de
cesantías definitivas y parciales para todos los servidores públicos, sin distinguir
entre régimen retroactivo y anualizado. En ese sentido, con base en aquella decisión
judicial se debe conceder en este caso la protección constitucional pretendida.
7.
De igual modo, se configuró violación directa de la Constitución. Con la
providencia acusada se quebrantaron principios y derechos constitucionales
laborales, como los principios de favorabilidad laboral e igualdad material y las
prerrogativas al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
8.
Mediante auto de 14 de enero de 202612, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad demandada y se vinculó al departamento del Putumayo, en
condición de terceros con interés. De igual modo, ordenó comunicar la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
(i) Tribunal Administrativo del Putumayo
9.
Advirtió que el accionante pretende reabrir un debate jurídico y probatorio que ya
fue ampliamente discutido y definitivamente resuelto por la jurisdicción contencioso-
administrativa. El fallo acusado valoró de manera integral el material probatorio
obrante en el expediente, interpretó en forma razonable y sistemática la normativa
aplicable al caso concreto y concluyó, con fundamento jurídico suficiente, que el actor
pertenece al régimen retroactivo de cesantías, razón por la cual no resulta
procedente la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
10.
En ese sentido, la acción de tutela no puede ser utilizada como un mecanismo
para reabrir discusiones jurídicas ya definidas ni para controvertir la interpretación
judicial adoptada por el juez natural.
11.
En todo caso, no se satisfacen los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez.
El accionante contó con un medio de defensa judicial ordinario idóneo y eficaz, el
cual fue efectivamente ejerció. Por tanto, el hecho de que la decisión adoptada por
el juez de segunda instancia no haya sido favorable a sus pretensiones no habilita,
por sí solo, el uso de este trámite constitucional. Además, la providencia acusada se
profirió el 24 de julio de 2025, notificada el 25 de los mismos mes y año, y la tutela
se formuló 5 meses después.
12.
Frente a la inobservancia del fallo de tutela invocado por el actor, anotó que este
no constituye precedente obligatorio.
(ii) Departamento del Putumayo
12 Notificado el 19 de enero de 2026.
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13.
Señaló que la solicitud de amparo no cumple con los presupuestos
constitucionales y jurisprudenciales de procedencia, se dirige contra una entidad que
carece de legitimación en la causa por pasiva y la parte actora pretende emplearla
como un mecanismo para reabrir un debate judicial ya definido por el juez natural,
en abierta contravía de su carácter subsidiario y excepcional.
14.
Ese ente territorial carece de legitimación en la causa por pasiva, en tanto que no
profirió la providencia judicial cuestionada, no ejerció función jurisdiccional alguna y
no ostenta competencia constitucional ni legal para revocar, modificar o dejar sin
efectos decisiones judiciales, funciones reservadas de manera exclusiva a los jueces
de la República. Por ende, solicitó que se le desvincule de las presentes diligencias.
15.
Sin perjuicio de lo anterior, aclaró que la tutela no puede ser empleada como una
tercera instancia ni como un medio para controvertir interpretaciones jurídicas
razonables adoptadas por el juez natural. Se pretende que el juez de tutela revalore
el contenido normativo y probatorio ya examinado por la jurisdicción contencioso-
administrativa.
16.
Asimismo, anotó que el tutelante no acreditó identidad plena entre su situación y
la atendida en el fallo de tutela que invoca como inobservado, ni el plano fáctico, ni
probatorio, ni procesal.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa
17. La Sala negará la solicitud de desvinculación del departamento del Putumayo. Al
juez de tutela le asiste la obligación de integrar de oficio el contradictorio y
comoquiera que la referida entidad integró la parte demandada en el proceso de
reparación directa en el que se dictó la decisión judicial acusada, era indispensable
que fuera llamada a estas diligencias como tercera interesada.
D. Análisis del caso concreto
18. La Sala advierte que la tutela deviene en improcedente, al no satisfacer el
requisito de relevancia constitucional. La parte actora pretende que se acoja la
manera como, a su juicio, se debió haber zanjado el litigio. Para cuyo efecto, se
limita a presentar inconformidad con la decisión judicial atacada, en cuanto a la
aplicación normativa y jurisprudencial, con el objeto de reabrir el debate jurídico ya
definido por el juez natural de la causa sobre esos aspectos.
19. La parte actora señaló que se interpretaron e inaplicaron de manera indebida las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, dado que estas regulan las cesantías de los
servidores públicos sin excepción alguna, por lo que al exigir que el empleado
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pertenezca al régimen anualizado de cesantías para que pueda acceder a la sanción
moratoria por pago tardío de esas prestaciones, desborda lo contemplado por la ley.
20. La Sala evidencia que el Tribunal accionado realizó un recuento normativo acerca
de la evolución de las cesantías de los empleados públicos bajo el régimen
retroactivo. De este concluyó que como el tutelante se vinculó a la entidad territorial
con anterioridad al 31 de diciembre de 1996 (puntualmente, el 30 de noviembre de
1081), es decir, antes de la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996, y no consta que
aquel se hubiere acogido de manera expresa y voluntaria al régimen de liquidación
anual de cesantías establecido en la Ley 50 de 1990, no le asiste derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, en razón
a que dicha penalidad fue prevista exclusivamente para quienes se encuentran bajo
el régimen de liquidación anualizado.
21. Para la Sala, lo anterior supone una discusión de naturaleza legal, sin alcance
constitucional; que fue resuelta por la autoridad judicial, en el marco de su
autonomía, de forma razonable; diferente es que esta postura no sea compartida
por la parte actora por resultarle desfavorable a sus intereses.
22. En ese sentido, se advierte que la parte actora se limitó a plantear un desacuerdo
con la manera en que el juez natural de la causa aplicó la norma que regulaba su
caso, sin que desplegara argumentación alguna dirigida a acreditar el por qué la
manera en que lo hizo la autoridad judicial comporta una afrenta a sus derechos
fundamentales, más allá que ello conllevó la negativa de sus pretensiones.
23. Cabe anotar que someter un litigio al aparato jurisdiccional no asegura la
prosperidad de las pretensiones de quien acude a este, por tanto, obtener una
decisión desfavorable a una de las partes no la habilita para que promueva esta
acción como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de que se acoja la
hermenéutica que pregona.
24. Por consiguiente, la Sala deduce que más que una indebida interpretación
normativa, el tutelante expone un desacuerdo con lo concluido por la autoridad
judicial. Ello, con el objeto de que se le imponga la manera como se debió aplicar la
norma que regulaba su situación y así obtener una decisión que le resultara
favorable, esto es, que se tenga por beneficiario de la sanción moratoria que reclamó
en sede ordinaria, sin consideración al régimen de cesantías al que pertenecía.
Acceder a lo pretendido implicaría invadir la órbita de competencia del juez natural,
como si este escenario constitucional hubiera sido instituido como una tercera
instancia, en el que se examine nuevamente el marco normativo que regula la
controversia.
25. Así las cosas, no resulta suficiente para acreditar la presunta indebida
interpretación normativa, exponer inconformidad con la hermenéutica acogida por el
juez natural de la causa. Para tal efecto, es indispensable acreditar en ese escenario
la configuración de algún tipo de arbitrariedad, capricho o irrazonabilidad, lo cual no
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se corroboró en este asunto constitucional. Ello, por cuanto al juez de tutela le está
vedado arrogarse la competencia de efectuar un ejercicio jurídico sobre el modo en
que se debe interpretar la norma que cobija el litigio, como si se tratara de una
instancia adicional al proceso ordinario.
26. Por otro lado, adujo la parte actora que se inobservó la sentencia de unificación
CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018 del Consejo de Estado, en la que se
señaló que al docente oficial, al tratarse de un servidor público, le son aplicables las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por mora en el
reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas.
27. No obstante, se evidencia que en esa providencia, en efecto, se abordó la
situación de una persona que ejercía la docencia, cargo que difiere del
desempeñado por el tutelante en el departamento del Putumayo (conductor
mecánico), por ende, no es dable analizar el desconocimiento del precedente
alegado, en la medida en que el fallo presuntamente inobservado versó sobre una
situación fáctica diferente a la del actor.
28. En esa medida, imponer la observancia de la aludida decisión de unificación
desconocería su objeto, consistente en que se aplica a las personas con similar
situación fáctica a la abordada en aquella, en razón a que a estas son las que se
dirigen sus reglas de unificación, dado que están encaminadas a que ante supuestos
fácticos y jurídicos similares se adopten también similares decisiones judiciales.
29. Ahora bien, en cuanto al fallo de tutela presuntamente desatendido, cabe advertir
que este no comporta un criterio jurisprudencial vinculante para la autoridad judicial,
en la medida en que sus efectos son inter partes. Además, el hecho de que se haya
concedido el amparo constitucional en dicha providencia, no implica que en este
asunto, con fundamento en el derecho de igualdad, se debe decidir en el mismo
sentido, en atención, se reitera, a sus efectos.
30. Con base en lo expuesto, se tiene que la mencionada decisión de unificación no
cobija la situación concreta del accionante y el fallo de tutela que invoca no implica
que se deba adoptar una decisión en el mismo sentido. Por tanto, lejos de advertir
el desconocimiento del precedente alegado, se evidencia que la parte actora
pretende con fundamento en esta causal específica de procedibilidad de la tutela
que se acoja su tesis sobre la manera en que se debe zanjar la controversia.
31. Además, la parte actora no relacionó otras sentencias emitidas por la Sección
Segunda de esta Corporación, máximo órgano de la jurisdicción contencioso-
administrativa en materia laboral, de las que se deduzca la existencia de un criterio
uniforme sobre la materia, lo que refuerza el hecho de la imposibilidad de imponer
una hermenéutica interpretativa, máxime cuando la asumida por la autoridad judicial
resulta razonable.
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32. Por último, el accionante adujo que se vulneraron principios y derechos
fundamentales en material laboral. Sin embargo, frente a tales reproches la Sala
advierte que tienen como fin insistir en que se acoja la tesis propuesta por el tutelante
en sede ordinaria, consistente en que se le reconozca la sanción moratoria que
reclamó en sede administrativa, sin que se acredite algún tipo de irregularidad en la
providencia atacada que denote la afectación constitucional que se alega.
33. De acuerdo con lo considerado en precedencia, se aclara que el hecho de que la
autoridad accionada no haya zanjado la controversia como lo pretendía el tutelante,
no lo faculta para que acuda a este mecanismo judicial para imponer el criterio que
defiende. La simple inconformidad de criterios, no comporta en sí la acreditación de
la afectación constitucional que se requiere para conceder el amparo reclamado, ni
habilita el estudio de fondo de la tutela. No basta para tal efecto invocar unas
causales específicas de procedibilidad de la tutela y derechos fundamentales que
se estiman vulnerados y expresar un desacuerdo con la decisión judicial atacada.
34.
En ese orden de ideas, se declarará la improcedencia de la acción, al no superar
el requisito de relevancia constitucional.
35.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN formulada por el
departamento del Putumayo, por las razones expuestas en la motivación de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
13 VF
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Accionante: Luis Alberto Polo Delgado
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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