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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02749-01

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02749-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia de primera instancia del 5 de junio de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la que declaró la improcedencia de la acción de tutela. Para en su lugar, Segundo: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia e igualdad de la señora Ilma Eugenia Pazmiño Ordóñez, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente proveído. Tercero: Dejar sin efectos la sentencia del 7 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Putumayo, de conformidad con los argumentos esgrimidos en precedencia. En consecuencia, esta Sala procederá: Cuarto: Ordenar al Tribunal Administrativo de Putumayo que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente decisión, profiera una nueva decisión dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 86001-33-31-001-2020-00083-01, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en este proveído. Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Sexto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-02749-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

24 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02749-01
Accionante: Ilma Eugenia Pazmiño Ordóñez
Accionados: Tribunal Administrativo de Putumayo

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento

Decisión: Revocar la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela para, en su lugar, amparar los
derechos fundamentales invocados en protección porque se
incurrió en un defecto sustantivo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 5 de junio
2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante la cual
declaró la improcedencia de la acción de tutela.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. La señora Ilma Eugenia Pazmiño Ordóñez en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho demandó la Resolución 4470 del 8 de
octubre de 2019 mediante la cual el departamento del Putumayo negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de sus
cesantías parciales.

3. El proceso correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Mocoa quien accedió parcialmente a las súplicas de la demanda a través de
sentencia del 14 de diciembre de 2021.

4. En sede apelación, el Tribunal Administrativo de Putumayo mediante sentencia
del 7 de noviembre de 2024 revocó la anterior decisión y, negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que el asunto debía analizarse a partir de lo
preceptuado en las leyes 10ª de 1934, 6ª de 1945 y 65 de 1946, toda vez que su
vinculación se dio con anterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996 y no se
acogió de manera expresa y voluntaria al régimen de liquidación anual de
cesantías de que trata la Ley 50 de 1990.

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2.2. Fundamento jurídico

5. La parte actora señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto sustantivo por inaplicación de lo preceptuado en los artículos 2.° de la
Ley 244 de 1995 y 5.° de la Ley 1071 de 2006, disposiciones normativas que
regularon el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores
públicos y contemplaron la sanción moratoria tanto para el régimen retroactivo
como el anualizado, extendiendo dicho beneficio a los docentes.

6. Asimismo, manifestó que la decisión objeto de cuestionamiento adolece de un
desconocimiento de precedente contenido en la sentencia de unificación del
18 de julio de 2018 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado
relacionada con el reconocimiento de la sanción moratoria, de que trata la Ley
1071 de 2006.

7. De otra parte, sostuvo que el Tribunal incurrió en un defecto procedimental
absoluto porque debió declarar desierto el recurso de apelación, pues, a su
juicio, el departamento de Putumayo no lo sustentó en debida forma, lo que
vulnera los derechos fundamentales invocados en protección.

8. Finalmente, indicó que la decisión cuestionada adolece de un defecto fáctico
por indebida valoración del material probatorio allegado al proceso, en la medida
que «únicamente se limita a una sentencia del Consejo de Estado, la cual habla
sobre la oportunidad del servidor público de cambiarse del régimen retroactivo al
anualizado, dando la voluntad expresa y voluntaria de acogerse a dicho régimen
anualizado de las cesantías de que trata la ley 50 de 1990».

2.3. Pretensiones

9. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
PRIMERO. Se TUTELE el Derecho a la igualdad, al debido proceso,
derecho de defensa y al acceso efectivo a la administración de justicia, el
cual se vulneró con la sentencia de segunda instancia proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE PUTUMAYO con fecha del (07) de
noviembre del año (2024) proferida dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho RADICACIÓN: 86001333100120200008301
con ponencia del Honorable Magistrado Ponente: MARCO ANTONIO
MUÑOZ MERA, por medio de la cual se revocó la sentencia de primera
instancia del día (14) de diciembre del año (2021) Proferida por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, en donde resolvió condenar:
(…)
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO la sentencia de SEGUNDA instancia
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE PUTUMAYO con fecha
del (07) de noviembre del año (2024) dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho RADICACIÓN: 86001333100120200008301
con ponencia del Honorable Magistrado Ponente: MARCO ANTONIO
MUÑOZ MERA.

TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Putumayo, a que
profiera nueva sentencia respetando mis derechos fundamentales, y que
tenga en cuenta los criterios del juzgado de primera instancia el cual accedió

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a todas mis pretensiones.» (Sic)

2.4. Intervenciones

10. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado mediante auto del 19 de mayo de 2025, a través del cual se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Putumayo como accionado y al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa y al Departamento del
Putumayo como terceros con interés en el resultado del proceso.

11. El Tribunal Administrativo de Putumayo solicitó se declare la
improcedencia de la acción de tutela por falta del requisito de relevancia
constitucional.

12. Además, indicó que no se configura ninguna de las causales genéricas de
procedencia de esa acción constitucional, en la medida que el régimen
retroactivo no contempla la sanción moratoria. Por lo tanto, insistió en que no era
beneficiario de dicha prerrogativa.

13. El Departamento del Putumayo manifestó que la decisión objeto de
cuestionamiento fue proferida con fundamento en el ordenamiento jurídico con
sujeción a las reglas de la sana crítica.

14. De otra parte, señaló que la Corte Constitucional ha sostenido que las
autoridades judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes, bien sean
estos verticales u horizontales, siempre y cuando cumplan con (i) la carga de
transparencia, de hacer referencia al precedente del que se va a apartar, y (ii) la
carga de argumentación que les impone el deber de señalar una justificación
razonable, suficiente y proporcionada.

15. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa remitió el link
del proceso. Sin embargo, no rindió informe.

2.5. Sentencia Impugnada

16. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de junio
de 2025, declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de los
requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

17. Con relación a los argumentos expuestos para el defecto procedimental
absoluto, esto es, que se debió declarar desierto el recurso de apelación,
consideró que dicha inconformidad no superó el requisito de subsidiariedad
porque la parte actora tuvo la oportunidad de presentar recurso de reposición en
contra del auto que concedió la alzada y dispuso sobre su admisión. Sin
embargo, no lo hizo.

18. De otra parte, manifestó que no se acreditó el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que la controversia aquí planteada se limita a un debate
legal, sin que los argumentos expuestos tengan la identidad o trascendencia
suficiente para aplicar, interpretar o desarrollar un mandato constitucional, en la

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medida que, si bien la actora enuncia la transgresión de derechos
fundamentales, sus argumentos pretenden es reabrir el debate que ya fue objeto
de decisión por el juez natural de la causa, y no le corresponde al juez
constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría
el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.

2.5. Impugnación

19. La parte actora después de insistir en los argumentos expuestos en la
demanda de tutela solicitó se revoque la decisión de primera instancia y, en
consecuencia, se ampare los derechos fundamentales invocados en protección.

I. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

20. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

21. La Sala aclara que, si bien en la demanda de tutela se invocó un defecto
fáctico, lo cierto es que la parte accionante no argumentó de qué manera la
autoridad judicial accionada incurrió en la referida causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, pues solo se
limitó a señalar de manera genérica una indebida valoración probatoria, en la
medida que la decisión objeto de cuestionamiento «únicamente se limita a una
sentencia del Consejo de Estado», pero no expuso de manera concreta las
razones por las cuales considera que la decisión cuestionada adolece de tal
defecto.

22. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo en lo
atinente a dichos reparos, en caso de superar los presupuestos generales de la
acción de tutela contra providencias judiciales.

3.3. Problema jurídico

23. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo de Putumayo, a través de sentencia del
7 de noviembre de 2024, vulneró los derechos fundamentales de igualdad,
debido proceso, mínimo vital y seguridad social, al incurrir en los defectos
sustantivo, procedimental absoluto y desconocimiento de precedente.

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3.4. Procedencia de la acción de tutela

24. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

25. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en
esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar
justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo
constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

26. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en
esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

27. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate
sentencias de tutela.

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3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.

3.5.1.2. La providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y
extraordinarios para obtener el amparo constitucional en lo que concierne al
presunto defecto sustantivo, pues no se cuenta con otro mecanismo judicial
idóneo para hacer valer los argumentos en que se funda, esto es el presunto
desconocimiento de lo preceptuado en los artículos 2.° de la Ley 244 de 1995 y
5.° de la Ley 1071 de 2006 que incide en el régimen pensional aplicable al actor.
Ahora, en lo relacionado con las demás causales alegadas no resulta necesario
analizar si se cumple el requisito de subsidiariedad, por las consideraciones que
se expondrán más adelante.

3.4.1.2. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo
constitucional1 se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han
transcurrido más de 6 meses desde la ejecutoria de la última providencia
cuestionada2.

3.4.1.3. En cuanto al requisito de relevancia constitucional contrario a lo
sostenido en la providencia impugnada, la Sala concluye que el presente asunto
cumple con dicho requisito, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental del debido proceso, defensa, acceso a la
administración de justicia e igualdad, como consecuencia de un defecto
sustantivo.

28. Al respecto, la Sala observa que la parte actora argumenta razonablemente
que la autoridad judicial accionada desconoció lo contemplado en Ley 244 de
1995 y Ley 1071 de 2006, disposiciones normativas que regularon el pago de las
cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos y contemplaron la
sanción moratoria tanto para el régimen retroactivo como para el anualizado,
extendiendo dicho beneficio a los docentes.

29. De modo que, no es cierto que lo pretendido por el accionante sea la
realización de un nuevo estudio del presente asunto comoquiera que se alega
un desconocimiento de unas normas que, a su juicio, resultan aplicables al caso
concreto.

3.2. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

30. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los

1 La acción de tutela se presentó el 9 de mayo de 2025.
2
Se notificó el 18 de noviembre de 2024

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siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»3.

31. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya
se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las
normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado,
ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por
error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de
las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien
es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan
con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el

3 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo

Montealegre Lynett.

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funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad,
(iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque
ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v)
porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador»4.

32. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que
se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio
decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.

3.5.1. Análisis del presunto defecto sustantivo en el caso concreto

33. En el presente asunto la señora Ilma Eugenia Pazmiño Ordóñez alega
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso
a la administración de justicia e igualdad ocurrida con ocasión de un presunto
desconocimiento de lo preceptuado en los artículos 2.° de la Ley 244 de 1995 y
5.° de la Ley 1071 de 2006, disposiciones normativas que regularon el pago de
las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos y contemplaron la
sanción moratoria tanto para el régimen retroactivo como el anualizado,
extendiendo dicho beneficio a los docentes.

34. En ese orden de ideas, se tiene que el artículo 2.° de la Ley 244 de 1995,
dispone:

«Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta
y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor
público, para cancelar esta prestación social.

Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores
públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al
beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo
el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo
por culpa imputable a éste.»

35. Por su parte, el artículo 5.° de la Ley 1071 de 2006, prevé:

«Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme
el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o
parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio
de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales
de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus

4 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.

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propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar
la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la
entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en
el pago se produjo por culpa imputable a este.»

36. Ahora bien, respecto de la aplicación de dichas disposiciones normativas, la
Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado5 ha mantenido el criterio
que la sanción por mora prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, les
resultan aplicables a todos los servidores sin distinción alguna del régimen de
cesantías al que pertenezcan, como se pasa a ver a continuación:

«Revisadas las pruebas, se evidencia que la demandante es beneficiaria del
régimen retroactivo de cesantías, por lo que en armonía con la normativa y
jurisprudencia aplicable, no es viable reconocer la sanción moratoria prevista en
la Ley 344 de 1996, artículo 13, y su decreto reglamentario 1582 de 1998, ni el
de la Ley 50 de 1990, artículo 99, porque tales previsiones son exclusivas del
sistema de liquidación anual de la prestación.

(…) le resultan aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por ende, como
I) la sanción aquí prevista se hace extensiva a todos los servidores indicados en
su artículo 2º sin distinción del régimen de cesantías que los cobije y II) la
solicitud en tal sentido fue elevada antes de la entrada en vigencia de la última
norma citada; habrá de analizarse, si en el caso particular se consolidó la sanción
moratoria solicitada por el pago tardío de las cesantías parciales.
(…)»

37. En vista de lo anterior, conviene analizar los argumentos que fundamentaron
la decisión judicial cuestionada:

«Así, entonces, teniendo en cuenta el citado acto administrativo, el juez debió
determinar que el caso de la actora, debía analizarse al tenor del régimen
retroactivo de cesantías, al cual, le asistía la aplicación de las Leyes 10 de 1934,
Ley 6ª de 1945 y Ley 65 de 1946.

La actora se vinculó a la entidad territorial con anterioridad al 31 de diciembre de
1996, es decir, previo a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, y teniendo
en cuenta que no se acogió de manera expresa y voluntaria al régimen de
liquidación anual de cesantías de que trata la Ley 50 de 1990, no tienen derecho
al reconocimiento de la sanción por mora por el pago tardío de las cesantías,
consistente en el pago un día de salario por cada día de retardo, toda vez que
dicha penalización, fue consagrada para el régimen de liquidación anualizado,
así lo explicó el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo6.
(…)
Por lo tanto, en punto del régimen retroactivo de cesantías, del cual, como ya se
anotó, es beneficiaria la demandante, habrá de revocarse la sentencia de
primera instancia, considerando que, no tenía derecho al reconocimiento de la
sanción moratoria, al tratarse de una penalización prevista para el régimen anual
de cesantías.».

38. De conformidad con lo anterior, para la Sala emerge con claridad que el
Tribunal Administrativo de Putumayo incurrió en un defecto sustantivo, en la
medida que a los beneficiarios del régimen retroactivo de cesantías les resulta

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez. Sentencia del 24

de febrero de 2024. Demandante: Yamileth Cobo Núñez. Radicado: 76001-23-33-000-2018-00922-01
(6374-2022).
6 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA –

SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Bogotá DC, diecisiete
(17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02749-01
Accionante: Ilma Eugenia Pazmiño Ordóñez

aplicable la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006,
disposiciones normativas que no hicieron distinción alguna del régimen de
cesantías para su aplicación, tal como lo ha sostenido la Sección Segunda del
Consejo de Estado en reiteradas ocasiones.7

39. En ese sentido, para la Sala no es de recibo cuando en la decisión objeto de
cuestionamiento el Tribunal argumenta que la Señora Pazmiño Ordóñez no le
asiste el derecho al reconocimiento a la sanción moratoria porque pertenecía a
un régimen distinto del anualizado, teniendo en cuenta que el Alto Tribunal en
materia de lo contencioso administrativo tiene el criterio que la sanción prevista
en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 se hace extensiva a todos los
servidores sin distinción del régimen de cesantías al que pertenezcan, el cual se
encontraba vigente a la fecha en que se profirió la sentencia que en sede de
tutela se discute.

40. Así las cosas, es preciso concluir que el Tribunal Administrativo de Putumayo
incurrió en la causal especifica de procedibilidad de la acción de tutela por
defecto sustantivo, pues, omitió dar aplicación a lo preceptuado en las leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006, disposiciones normativas que resultaban aplicables al
asunto bajo estudio, como se indicó en precedencia.

41. Por lo anterior, esta Sala de Subsección (i) amparará los derechos
fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia
e igualdad de la señora Ilma Eugenia Pazmiño Ordóñez.

42. Asimismo, (ii) dejará sin efectos la sentencia del 7 de noviembre de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Putumayo, a través de la cual se
revocó decisión de primera instancia y, en su lugar, negó el reconocimiento de
la sanción por mora, de conformidad con los argumentos esgrimidos en
precedencia.

43. En consecuencia, esta Sala (iii) ordenará al Tribunal Administrativo de
Putumayo que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la
presente decisión, profiera una nueva decisión dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 86001-33-31-001-
202000083-01, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en este
proveído.

44. Sin embargo, ello, no implica la concesión automática de las pretensiones de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pues será el juez de lo
contencioso administrativo a quien corresponda en el marco de sus
competencias y deberes, definir si en efecto hay lugar acceder al reconocimiento
de la sanción moratoria.

7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Sentencia del
10 de julio de 2024. Demandante: María Cecilia Páez Morales. Radicado 25000-23-42-000-2018-02066-
01 (6673-2022): Ver entre otras, la providencia del 27 de febrero de 2025. C.P. Luis Eduardo Mesa
Nieves. Demandante: Judith Galvis Cano. Radicado: 13001-23-33-000-2018-00569-01 (3291-2022), en la
que se ha mantenido dicho criterio.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02749-01
Accionante: Ilma Eugenia Pazmiño Ordóñez

45. De conformidad con lo expuesto, la Sala se releva de pronunciarse respecto
del defecto de desconocimiento de precedente judicial teniendo en cuenta que
se encontró acreditado el defecto sustantivo, por las razones expuestas en
precedencia.

FALLA

Primero: Revocar la sentencia de primera instancia del 5 de junio de 2025
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la que declaró la
improcedencia de la acción de tutela. Para en su lugar,

Segundo: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa,
acceso a la administración de justicia e igualdad de la señora Ilma Eugenia
Pazmiño Ordóñez, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente
proveído.

Tercero: Dejar sin efectos la sentencia del 7 de noviembre de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo de Putumayo, de conformidad con los argumentos
esgrimidos en precedencia. En consecuencia, esta Sala procederá:

Cuarto: Ordenar al Tribunal Administrativo de Putumayo que, dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación de la presente decisión, profiera una nueva
decisión dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 86001-33-31-001-2020-00083-01, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en este proveído.

Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Sexto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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