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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08100-00

Fecha
20 de marzo de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08100-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales invocados por la señora Mariana Chaves de Carlosama, de conformidad por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 10 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Putumayo en el proceso de nulidad y restablecimiento del Radicado: 11001-03-15-000-2025-08100-00 Accionante: Mariana Chaves de Carlosama Concede el amparo derecho núm. 86001-33-31-002-2020-00093-02. En consecuencia, ORDENAR a dicho Tribunal a que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera nueva decisión de remplazo en la cual se atienda a lo expresado en esta decisión. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-08100-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

20 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08100-00
Accionante: Mariana Chaves de Carlosama
Accionados: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por la señora
Mariana Chaves de Carlosama contra la sentencia proferida el 10 de julio de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Putumayo.

SÍNTESIS1

La accionante cuestiona la sentencia del 10 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Putumayo, mediante la cual se revocó la decisión de primera
instancia, emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que declaró la
nulidad del acto administrativo mediante el cual el Departamento de Putumayo negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
parciales, y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado núm. 86001-33-31-002-
2020- 00093-02. La Sala concederá el amparo solicitado por la accionante por cuanto
la providencia judicial cuestionada incurrió en los defectos sustantivo y violación directa
de la Constitución.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 17 de diciembre de 2025, Mariana Chaves de Carlosama presentó, en nombre
propio, una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de
sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración
de justicia y defensa, los cuales, a su juicio, fueron vulnerados por la sentencia proferida
el 10 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Putumayo, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 86001-33-
31-002-2020-00093-02, por medio de la cual se revocó la sentencia de primera instancia
que accedió a las pretensiones de la demanda presentadas en el proceso ordinario.

2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Concede
amparo / Sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08100-00
Accionante: Mariana Chaves de Carlosama
Concede el amparo

PRIMERO. Se TUTELE mis derechos fundamentales a la IGUALDAD, AL DEBIDO
PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y AL ACCESO EFECTIVO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, el cual se vulneró con la Sentencia de segunda
instancia del (10) de julio del año (2025) proferida dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho RADICACIÓN: 860013331002-2020-00093-02, misma
que fue notificada por correo electrónico el día (11) de julio del año (2025), con ponencia
del Honorable Magistrado Ponente: MANUEL ALÍ RODRÍGUEZ MUSTAFÁ, por medio
de la cual se revocó la sentencia de primera instancia proferida el día (16) de septiembre
del año (2021) por el Juzgado segundo Administrativo del Circuito de Mocoa (…)

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de segunda instancia del (10) de julio del
año (2025) proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
RADICACIÓN: 860013331002-2020-00093-02, misma que fue notificada por correo
electrónico el día (11) de julio del año (2025), con ponencia del Honorable Magistrado
Ponente: MANUEL ALÍ RODRÍGUEZ MUSTAFÁ, por medio de la cual se revocó la
sentencia de primera instancia proferida el día (16) de septiembre del año (2021) por el
Juzgado segundo Administrativo del Circuito de Mocoa.

TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Putumayo, a que profiera nueva
sentencia respetando mis derechos fundamentales, y que tenga en cuenta los criterios
normativos y jurisprudenciales del juzgado de primera instancia el cual accedió a
todas mis pretensiones.

CUARTO. ORDENAR aplicar a mi caso en concreto el Derecho a la igualdad y la solicitud
previa de aplicación de precedente horizontal. (Negrilla y subrayado del texto citado)2

B. Hechos

3.Mediante Resolución núm. 010 del 25 de junio de 1992, la señora Mariana Chaves
de Carlosama fue vinculada como auxiliar de servicios generales en el establecimiento
educativo Almirante Padilla del Departamento de Putumayo.

4. El 7 de octubre de 2019, la señora Mariana Chaves presentó reclamación
administrativa ante el Departamento de Putumayo orientada a obtener el reconocimiento
y pago de la indemnización moratoria por el no pago oportuno de las cesantías parciales,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de
2006.

5.Mediante Resolución núm. 4486 del 8 de octubre de 2019, la Secretaría de Educación
Departamental de Putumayo negó la solicitud presentada, tras determinar que tal
sanción no era aplicable a los servidores públicos que se encuentran bajo el régimen de
cesantías retroactivas.

6. La señora Mariana Chaves promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el Departamento de Putumayo con el fin
de que se declarara la nulidad del acto administrativo núm. 4486 del 2019 y, a título de
restablecimiento, se reconociera y pagara la indemnización moratoria por el no pago
oportuno de las cesantías parciales, de conformidad con la Ley 244 de 1995 modificada
por la Ley 1071 de 2006.

7. Mediante sentencia del 16 de septiembre de 2021, el Juzgado Segundo

2
Índice 2 del expediente digital disponible en Samai.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08100-00
Accionante: Mariana Chaves de Carlosama
Concede el amparo

Administrativo de Mocoa accedió a las pretensiones de la demanda, tras concluir que el
Fondo de Cesantías del Personal Administrativo Nacionalizado de la Educación en el
Putumayo no pagó las cesantías parciales solicitadas e incurrió en mora desde el 6 de
julio de 2017 hasta el 24 de mayo de 2019, de conformidad con la Ley 1071 de 2006, la
cual precisó que su aplicación está destinada a empleados y trabajadores del Estado,
independientemente del régimen de liquidación del auxilio de cesantías.

8. El departamento de Putumayo presentó recurso de apelación e indicó que a la
demandante no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria,
toda vez que tal supuesto solo está previsto para aquellos trabajadores que se
vincularon después de la vigencia de la Ley 344 de 1996, fecha en la cual la demandante
ya se encontraba vinculada al departamento demandado. En ese contexto, precisó que
la normatividad contenida en la Ley 50 de 1990 y en la Ley 244 de 1995 no eran
aplicables al caso concreto, por el contrario, alegó que la demandante debía sujetarse
al régimen de cesantías retroactivo.

9. El 10 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Putumayo revocó la sentencia de
primera instancia, y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, tras concluir que
la demandante se vinculó a la entidad territorial demandada el 25 de junio de 1992, es
decir, con anterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996. Además, no se comprobó
que la señora Mariana Chaves se hubiera acogido al régimen de liquidación anual de
cesantías dispuesto en la Ley 50 de 1990. Por ello, no le asiste el derecho reclamado,
toda vez que tal sanción está prevista, exclusivamente, para quienes se encuentran bajo
el régimen de liquidación anualizado.

C. Fundamentos de la vulneración

10. La accionante alega que la sentencia del 10 de julio de 2025 incurrió en los defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

11. Señaló que se configuró el defecto sustantivo, toda vez que el Tribunal
Administrativo de Putumayo no distinguió la diferencia entre el régimen anualizado y el
régimen retroactivo de cesantías, ya que cada uno prevé su propia sanción.

12. Argumentó que la demanda del proceso ordinario no perseguía la sanción contenida
en el régimen anualizado de cesantías, regulada por el artículo 99 de la Ley 50 de 19903,
tal como lo advirtió el Tribunal accionado, por el contrario, pretendía la sanción dispuesta
en la Ley 244 de 19954 y la Ley 1071 de 20065. No obstante, el Tribunal aplicó una
normativa distinta, la cual no era compatible con el caso concreto, pues introdujo un
requisito que no estaba previsto en la ley, ya que exigía que el servidor público debía
encontrarse en el régimen anualizado para poder hacer efectiva la sanción, además
descartó la aplicación de la indemnización a servidores que se encuentran en el régimen

3
Congreso de Colombia. Ley 50 de 1990. “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del
Trabajo y se dictan otras disposiciones.”
4
Congreso de Colombia. Ley 244 de 1995. “Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno
de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.”
5
Congreso de Colombia. Ley 1071 de 2006. “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de
1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen
sanciones y se fijan términos para su cancelación.”

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08100-00
Accionante: Mariana Chaves de Carlosama
Concede el amparo

retroactivo, a pesar de que la normativa citada no distingue entre los regímenes
mencionados.

13. En cuanto a la violación directa de la Constitución alegó que el Tribunal
Administrativo de Putumayo se abstuvo de aplicar la sanción moratoria contenida en las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, las cuales están dispuestas para regular el pago de
las cesantías de los servidores públicos, sin excepción alguna. Al desconocer tal
regulación se configuró una vulneración directa a los principios y derechos
constitucionales laborales, en específico, respecto el principio de igualdad material,
favorabilidad laboral y los derechos al debido proceso y acceso a la administración de
justicia.

14. Sobre el desconocimiento del precedente manifestó que se desconoció la sentencia
del Consejo de Estado6 que unificó la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías y la aplicación de la Ley 1071 de 2006. Adujó que era una sentencia con
efectos “retrospectivos” en la cual se señaló que, a los docentes, al ser servidores
públicos le eran aplicables las normativas dispuestas en la Ley 244 de 1995 y la Ley
1071 de 2006.

15. En ese sentido, realizó la analogía con su caso, y argumentó que se encuentra en
una situación que acredita supuestos fácticos y jurídicos similares, ya que al ser
servidora pública y estar adscrita a la Planta Global de la Secretaría de Educación de
Putumayo, y en consonancia con la sentencia de unificación y la normativa aplicable
respecto la sanción moratoria, le asiste derecho a exigir tal sanción, aun si pertenece al
régimen retroactivo o anualizado, pues la Corporación indicó que el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías le asiste a todos los
servidores públicos.

16. También indicó que el Tribunal Administrativo de Putumayo desconoció el
precedente judicial horizontal contenido en la sentencia de tutela proferida por el
Consejo de Estado7 el 24 de julio de 2025, mediante la cual se analizó un caso con
similares presupuestos fácticos y jurídicos, ya que la accionante era una servidora
pública que pretendía la sanción moratoria contenida en la Ley 244 de 1995 y la Ley
1071 de 2006 por el pago tardío de sus cesantías parciales, y al igual que en el presente
tramite, el Juzgado accedió a las pretensiones de la demanda y el Tribunal revocó la
sanción impuesta, y en su lugar, negó las pretensiones tras advertir que la demandante
estaba sujeta al régimen retroactivo de cesantías y la sanción que perseguía era propia
del régimen anualizado.

17. Alegó que, mediante la sentencia de tutela referenciada, el Consejo de Estado
concluyó que el Tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo, al inaplicar los
artículos 2° de la Ley 244 de 1995 y 5° de la Ley 1071 de 2006, normas que regulan la
sanción moratoria por pago tardío de las cesantías definitivas y parciales dispuestas
para todos los servidores públicos independientemente del régimen retroactivo o

6
Consejo de Estado. Sección Segunda – Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación
núm. 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15) CE-SUJ2-012-18 del 18 de julio de 2018.
7
Consejo de Estado. Subsección A de la Sección Segunda - Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sentencia de tutela de 24 de julio de 2025. Radicado núm. 11001-03-15-000-2025-02749-01.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08100-00
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anualizado. Razón por la cual, la Corporación resolvió conceder el amparo.

D. Trámite procesal

18. Mediante auto del 15 de enero de 20268, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Putumayo y, en calidad de terceros con
interés, al Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa y al departamento de Putumayo,
para que rindieran un informe sobre los hechos objeto de la demanda de tutela.

E. Oposiciones e intervenciones

19. El Tribunal Administrativo de Putumayo (accionado)9 solicitó negar por
improcedente la demanda de tutela, ya que no se acreditaron los requisitos generales
de procedibilidad, ni se constató ninguna causal en específico. A su vez, solicitó
mantener incólume la sentencia proferida en segunda instancia, ya que se encuentra
debidamente motivada y ajustada a las disposiciones que regulan el régimen retroactivo
de cesantías aplicable al caso.

20. Indicó que la accionante pretende reabrir un debate jurídico y probatorio que ya fue
debidamente resuelto en el proceso ordinario, toda vez que el Tribunal valoró e
interpretó con suficiencia el acervo probatorio contenido en el expediente y la normativa
aplicable al caso concreto. Argumentó que la sentencia controvertida no incurrió en los
defectos que alega la accionante, en particular, el defecto sustantivo, ya que con
fundamento se concluyó que la demandante pertenece al régimen retroactivo de
cesantías razón por la cual no es procedente la sanción moratoria prevista en la Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006, en ese sentido, no se advierte que la decisión se haya
adoptado a partir de una interpretación arbitraria.

21. Por otro lado, respecto del desconocimiento del precedente horizontal alegado por
la accionante, no se demuestra identidad estricta de los hechos, régimen prestacional
aplicable, marco jurídico, entre otros, por lo cual no es procedente afirmarse la existencia
de un precedente vinculante.

22. El Departamento de Putumayo (tercero con interés)10 solicitó declarar improcedente
la demanda de tutela, negar las pretensiones invocadas por la accionante y mantener
incólume la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del
Putumayo.

23. Lo anterior, por cuanto no se incurrió en ningún defecto invocado, por el contrario,
el Tribunal accionado decidió con fundamento a partir de la normativa vigente y la
jurisprudencia aplicable. En efecto, se armonizó el régimen legal vigente con la
jurisprudencia del Consejo de Estado la cual ha reiterado en múltiples ocasiones que la
sanción moratoria debe imputarse a la entidad que, de acuerdo con la ley, tiene la
competencia y los recursos para el pago. En ese sentido, la decisión obedeció a una
correcta aplicación de la Ley en el marco de las competencias y responsabilidades de

8
Índice 5 del expediente digital disponible en Samai.
9
Índice 10 del expediente digital disponible en Samai.
10
Índice 11 del expediente digital disponible en Samai.

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cada entidad.

24. Manifestó que la discusión presentada por la accionante es de naturaleza
eminentemente legal, la cual ya fue debidamente decidida dentro del proceso ordinario
de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo cual no se acreditan los requisitos de
procedencia de la demanda de tutela contra providencias judiciales y la acción
constitucional resulta improcedente.

25. El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa (tercero con interés) 11 allegó copia
del enlace del expediente digital de primera instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 86001-33-31-002-2020-00093-02.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

26. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por la señora Mariana Chaves de
Carlosama contra el Tribunal Administrativo de Putumayo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

G. Sentido de la decisión

27. La Sala accederá a la solicitud de amparo interpuesta respecto la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de
justicia y defensa, por cuanto se evidenció que la providencia judicial cuestionada incurrió
en los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución.

H. Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

28. La presente acción de tutela cumplió con los requisitos generales de procedencia12,
en particular, la accionante i) superó la carga argumentativa requerida para sustentar el
requisito de relevancia constitucional, pues la discusión que presenta trasciende la mera
legalidad y plantea argumentos suficientemente fundamentados en aras de alegar la
vulneración de sus garantías iusfundamentales; ii) se constató que no existe otro

11
Índice 15 del expediente digital disponible en Samai.
12
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08100-00
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mecanismo judicial ordinario que permita a la accionante alegar lo que pretende en el
presente trámite y iii) la demanda de tutela fue presentada en un término razonable, el 17
de diciembre de 2025, ya que se presentó dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación de la providencia judicial proferida el 10 de julio de 2025.

I. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

29. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.

30. En el asunto sub iudice, la accionante cuestiona la sentencia proferida el 10 de julio
de 2025 por el Tribunal Administrativo de Putumayo, porque, a su juicio, considera que
incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa
de la Constitución. A continuación, la Sala describirá las características y elementos del
defecto alegado, con el propósito de determinar el objeto de la litis y examinar a fondo
la presunta vulneración de derechos fundamentales.

31. Respecto del defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica
una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es,
u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica.

32. El desconocimiento del precedente13 se funda debido a la inaplicación de las
decisiones emitidas por la Corte Constitucional, ya que en el marco del control abstracto
de constitucionalidad o de revisión de tutelas, las sentencias hacen tránsito a cosa
juzgada y, por tanto, tienen fuerza vinculante.

33. Lo anterior, en virtud del principio de supremacía constitucional y la jerarquía del
sistema de fuentes formales de derecho, ya que hay una aplicación preferente de las
disposiciones que emanan de la Carta Política y de los contenidos normativos en los
cuales se reconoce la jurisprudencia constitucional, en ejercicio de su interpretación de
la Constitución.

34. Sobre la violación directa de la Constitución se estructura cuando la autoridad
judicial se aparta del mandato de supremacía constitucional contenido en el artículo 4°
de la Constitución Política14. En ese orden, este defecto se puede configurar en los
siguientes supuestos: (i) la autoridad judicial deja de aplicar una norma constitucional
que resulta aplicable al caso concreto y (ii) la autoridad judicial aplica una norma legal
al margen de los postulados constitucionales.

13
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.
14
Corte Constitucional, sentencias SU-069 de 2018 y SU-037 de 2019.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08100-00
Accionante: Mariana Chaves de Carlosama
Concede el amparo

J. El caso concreto

35. La Sala concederá el amparo invocado por la parte accionante, toda vez que la
providencia judicial cuestionada incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución.

36. La accionante cuestiona la sentencia del 10 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Putumayo, por cuanto la autoridad judicial accionada
determinó que a la señora Mariana Chaves no le asistía derecho al reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías parciales, al considerar
que (i) se vinculó con anterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996 15,
específicamente, el 25 de junio de 1992, (ii) no se acogió de manera voluntaria y expresa
al régimen de liquidación anual de cesantías establecido en la Ley 50 de 1990 16 y (iii) la
sanción que pretende fue prevista, exclusivamente, para quienes están sujetos al
régimen de liquidación anualizado.

37. Se advierte que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo al
inaplicar, en la sentencia del 10 de julio de 2025, la sanción moratoria prevista en la Ley
244 de 1995 y en el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006 que modificó el artículo 2° de la
Ley 244 de 1995, el cual dispone, entre otros, el reconocimiento de las cesantías
definitivas o parciales para todos los servidores del Estado, independientemente del
régimen al cual se encuentren sujetos, en particular dispone:

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo
que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de
Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al
beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago
de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando
se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.

38. El Consejo de Estado se ha pronunciado en múltiples ocasiones17 respecto de la
sanción prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y ha precisado que esta
resulta extensiva a todos los servidores públicos, tal como lo dispone el artículo 5°
transcrito, con independencia del régimen de cesantías al que se encuentren
vinculados. En efecto, tal como lo expuso el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa

15
Congreso de Colombia. Ley 344 de 1996. “Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización
del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.”
16
Congreso de Colombia, Ley 50 de 1990. “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del
Trabajo y se dictan otras disposiciones”.
17
Consejo de Estado. Subsección A de la Sección Segunda. Proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho núm. 13001-23-33-000-2018-00569-01. Sentencia del 27 de febrero de 2025; Consejo de Estado.
Subsección B de la Sección Segunda. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 25000-23-
42-000-2018-02066-01. Sentencia del 10 de julio de 2024; Consejo de Estado. Subsección A de la Sección
Segunda. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 41001-23-33-000-2016-00311-01.
Sentencia del 6 de julio de 2023.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08100-00
Accionante: Mariana Chaves de Carlosama
Concede el amparo

en la sentencia de primera instancia, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 30 de marzo de 2017, realizó una
caracterización de las sanciones previstas en la Ley 50 de 1990 y la Ley 244 de 1995,
y, a partir de dicho análisis, determinó:

18

39. En la misma línea, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en un caso con supuestos fácticos y jurídicos similares, analizó la situación de una
servidora del Estado que se desempeñaba como técnico operativo en la Secretaría de
Educación del Departamento del Valle del Cauca desde el 19 de noviembre de 1996 y
que se encontraba vinculada al régimen retroactivo de cesantías. En dicha oportunidad,
la actora solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria con ocasión del pago tardío
de sus cesantías parciales y mediante sentencia del 29 de febrero de 2024 19 se fijaron
las siguientes premisas:

Revisadas las pruebas, se evidencia que la demandante es beneficiaria del régimen
retroactivo de cesantías, por lo que en armonía con la normativa y jurisprudencia aplicable,
no es viable reconocer la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996, artículo 13, y
su decreto reglamentario 1582 de 1998, ni el de la Ley 50 de 1990, artículo 99, porque tales
previsiones son exclusivas del sistema de liquidación anual de la prestación.

Ahora, la apelante afirma que aun siendo beneficiaria del sistema retroactivo de
liquidación de las cesantías, le resultan aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006, por ende, como I) la sanción aquí prevista se hace extensiva a todos los
servidores indicados en su artículo 2º sin distinción del régimen de cesantías que los
cobije y II) la solicitud en tal sentido fue elevada antes de la entrada en vigencia de la ultima
norma citada; habrá de analizarse, si en el caso particular se consolidó la sanción moratoria
solicitada por el pago tardío de las cesantías parciales. [Se destaca].

18
Consejo de Estado. Subsección B de la Sección Segunda. Proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho núm. 08001-23-33-000-2014-00332-01. Sentencia del 30 de marzo de 2017.
19
Consejo de Estado. Subsección A de la Sección Segunda. Proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho núm. 76001-23-33-000-2018-00922-01. Sentencia del 29 de febrero de 2024.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08100-00
Accionante: Mariana Chaves de Carlosama
Concede el amparo

40. A su vez, mediante providencia judicial del 10 de julio de 202420, la Sección Segunda
del Consejo de Estado, reiteró que la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías definitivas no se encuentra supeditada a un régimen determinado:

Se encuentra importante precisar que, como lo señaló el apelante, en la sentencia de
primera instancia no se identificó de manera acertada el objeto del litigio, puesto que en
esta se estableció como problema jurídico a resolver la procedencia de la sanción moratoria
por la consignación tardía en el régimen retroactivo de cesantías; sin embargo, de la
demanda se advierte que la pretensión en el sub judice gira en torno al reconocimiento de
la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas que, como se explicó
en el marco normativo y jurisprudencial no se encuentra supeditada a un régimen
determinado.

El aspecto que deberá ser definido por esta sala es, si es viable el reconocimiento de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas del régimen de
retroactividad, reviste especial importancia la fuente normativa que se invoca, toda vez que
una sanción de tal naturaleza está prevista en idénticos términos -un día de salario por cada
día de retraso- en diferentes disposiciones de orden legal y, en cada caso, rigen diversos
supuestos fácticos. (…)

Ciertamente, como la finalidad de las cesantías definitivas, tanto en el régimen de
retroactividad como en el de liquidación anual, es igual, mal podría darse un
tratamiento diferenciado, para efecto del término de liquidación y pago de la
prestación, razón de más para establecer que los términos perentorios establecidos en la
Ley 1071 de 2006 están dirigidos a la liquidación de cesantías de los servidores enunciados
en su numeral 2º, sin discriminación del régimen por el que estén amparados.

Así pues, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1071 de 2006 se amplió el espectro
de la penalidad, inclusive a la liquidación parcial de cesantías y extendió su ámbito de
aplicación a todos los servidores estatales, así como a las entidades que prestan servicios
públicos, es decir, involucró a todos los servidores del Estado no solo del nivel nacional sino
territorial, lo cual permite que la sanción moratoria se torne viable ante la tardanza en el
reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas, de los beneficiarios del
régimen de retroactividad, en la medida que el legislador no excluyó de ella a los
beneficiarios del régimen de cesantías retroactivas, pues tal y como quedó expuesto en la
exposición de motivos de la precitada norma que dio origen a la sanción moratoria el
legislador señaló que «la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a
los servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para
lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha
terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen
consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la
necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los
funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina además
cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las solicitudes,
prácticamente al mejor postor». [Negrillas de la Sala].

41. De igual manera, esta Corporación, en ejercicio del control constitucional difuso, ha
reconocido que la procedencia de la sanción moratoria no depende de los regímenes
de liquidación de cesantías de los funcionarios públicos. En ese sentido, particularmente

20
Consejo de Estado. Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 25000-23-42-000-2018-02066-01. Sentencia del 10 de julio de 2024.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08100-00
Accionante: Mariana Chaves de Carlosama
Concede el amparo

la sentencia de tutela del 4 de noviembre de 202521 proferida por la Sección Tercera,
Subsección B, estableció:

En esa medida, el hecho de que las Leyes 10 de 1934, 6 de 1945 y 65 de 1946, no hayan
previsto la sanción moratoria, no implica que no se pueda ahora aplicar las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006, que sí la contemplan, pues, estas últimas normas no hicieron ninguna
distinción frente al régimen de cesantías de sus destinatarios, es decir, no contemplaron
que su aplicación se circunscribía al régimen anualizado y, por ende, era inaplicable para
el régimen retroactivo, simplemente reglaron los términos para el reconocimiento y pago de
cesantías definitivas o parciales y los escenarios para que se causaba la sanción moratoria.

Ahora bien, en atención al desconocimiento del precedente, la Sala encuentra que la
autoridad judicial accionada incurrió en dicho defecto, toda vez que, respecto del ámbito de
aplicación de la sanción moratoria, la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
la Sentencia de Unificación CE-SUJ2 -012-2018 de 18 de julio de 2018, Rad. 2014-00580-
01 (4961-2015), unificó jurisprudencia y estableció que (se trascribe) “el docente oficial, al
tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas
complementarias en cuanto a sanción moratoria por mora en el pago de las cesantías”.

Pronunciamiento que, destaca la Sala, tampoco realizó distinción alguna para la
procedencia de la sanción moratoria, dependiendo de los regímenes de liquidación de
cesantías de los funcionarios públicos, por lo que concluir que se excluye a los beneficiarios
del régimen retroactivo de cesantías el derecho de reclamar la sanción moratoria por
consignación tardía de las cesantías, carece de sustento legal y desconoce el precedente
del Consejo de Estado previamente citado.

42. Incluso, en la sentencia de unificación CE-SUJ2-012-1822, la Sección Segunda de
esta Corporación precisó:

Ahora bien, el tribunal constitucional sostuvo por un lado que la situación de los docentes
oficiales permite asimilarlos como servidores públicos, y por otro, destacó la finalidad de
las cesantías como un derecho del cual es sujeto todo trabajador sin distinción
alguna, por lo que unificó su jurisprudencia, para señalar que les es aplicable el régimen
general contenido en la Ley 244 de 1995, modificado por la Ley 1071 de 2006, que
contempla la posibilidad de reconocer en su favor la sanción por el pago tardío de las
cesantías reconocidas, previo cumplimiento de los requisitos legales, en la medida que
resulta ser la condición más beneficiosa y materializa los principios, valores, derechos y
mandatos constitucionales, particularmente, el principio de favorabilidad consagrado en el
artículo 53 de la Constitución Política, por las siguientes razones: (…)

(ii) En la exposición de motivos de la iniciativa legislativa de la Ley 1071 de 2006 se señaló
que su ámbito de aplicación cubre a todos los funcionarios públicos y servidores estatales
de las tres ramas del poder, así como a las entidades que prestan servicios públicos y de
educación, es decir, involucra a todo el aparato del Estado no solo a nivel nacional sino
territorial. [Negrillas de la Sala].

43.En suma, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha construido una tesis uniforme
según la cual la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías no admite

21
Consejo de Estado. Subsección B de la Sección Tercera. Acción de tutela núm. 11001-03-15-000-2025-
05457-00. Sentencia del 4 de noviembre de 2025.
22
Consejo de Estado. Sección Segunda. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 73001-
23-33-000-2014-00580-01. Sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18 del 18 de julio de 2018.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08100-00
Accionante: Mariana Chaves de Carlosama
Concede el amparo

distinción alguna derivada del régimen de cesantías aplicable al servidor público. En
efecto, esta Corporación ha precisado de manera reiterada que dicha sanción resulta
exigible con independencia de que el servidor se encuentre vinculado al régimen
anualizado o al régimen retroactivo, por tratarse de una garantía dirigida a asegurar el
pago oportuno de la prestación.

44. Así lo ha reconocido el Consejo de Estado tanto en ejercicio de su función como
juez natural de la legalidad de los actos administrativos, al resolver controversias juicios
de nulidad y restablecimiento del derecho, como también en sede de tutela, en la que
ha reiterado esta misma regla frente a decisiones judiciales que desconocen tal
entendimiento.

45. En ese contexto, se advierte que el Tribunal Administrativo de Putumayo se apartó
de lo previsto en la Ley 1071 de 2006 y de la línea jurisprudencial del Consejo de Estado,
al considerar que la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995 solo procede respecto de
servidores sujetos al régimen anualizado de cesantías. Como ha sido reiterado por esta
Corporación, dicha sanción es aplicable a todos los servidores públicos, sin distinción
del régimen de cesantías al que se encuentren vinculados, por lo que basta con verificar
la mora en la liquidación, reconocimiento o pago de la prestación.

46. En consecuencia, la Sala concluye que la providencia proferida el 10 de julio de
2025 por el Tribunal Administrativo de Putumayo incurrió en los defectos alegados por
la parte accionante por desconocimiento de lo dispuesto en las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006, así como de la regla jurisprudencial reiterada por el Consejo de Estado
en esta materia. Por tal razón, se ampararán los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y defensa de la señora Mariana
Chaves de Carlosama; en consecuencia, se dejará sin efectos la decisión adoptada por
el Tribunal Administrativo de Putumayo y se ordenará a dicha autoridad judicial proferir
una nueva sentencia que resuelva el asunto conforme a lo expuesto en la presente
providencia.

47.En atención a lo anterior, y dado que el defecto advertido resulta suficiente para
adoptar la presente decisión, no resulta necesario pronunciarse sobre las demás
acusaciones constitucionales alegadas en la demanda de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales invocados por la señora Mariana
Chaves de Carlosama, de conformidad por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 10 de julio de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Putumayo en el proceso de nulidad y restablecimiento del

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08100-00
Accionante: Mariana Chaves de Carlosama
Concede el amparo

derecho núm. 86001-33-31-002-2020-00093-02. En consecuencia, ORDENAR a dicho
Tribunal a que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia,
profiera nueva decisión de remplazo en la cual se atienda a lo expresado en esta decisión.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Salva voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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