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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00922-01

Fecha
29 de febrero de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00922-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 29 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para en su lugar: SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Oficio 1.210.30.66.10-364047 del 3 de abril de 2018, por medio del cual el departamento del Valle del Cauca negó el reconocmiento y pago de la sanción moratoria en favor de la demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, condenar al departamento del Valle del Cauca, al reconocimiento y pago de un día de salario por cada día de retardo, a título de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, desde el 5 de febrero de 2014 hasta el 23 de febrero de 2018, la cual se liquidará con base en la asignación básica devengada por la accionante para la anualidad de 2014, de acuerdo con las consideraciones descritas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: Sin condena en costas de segunda instancia. SEXTO: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI. 9 Radicación:760012333000201800922 01 (6374-2022) Demandante: Yamileth Cobo Núñez

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2018-00922-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

29 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00922-01 (6374-2022)
Demandante: Yamileth Cobo Núñez
Demandada: Departamento del Valle del Cauca

Temas: Sanción moratoria. Regimen retroactivo.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 29 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Yamileth Cobo Núñez instauró demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de
que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Oficio 1.210.30.66.10-364047 del 3 de abril de 2018,
por medio del cual la Secretaría de Educacion del Departamento del Valle del Cauca
negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada
a: i) pagar la sanción moratoria que prevén los artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995
y 5 de la Ley 1071 de 2006, por el pago tardío de las cesantías; ii) cancelar las
costas y agencias en derecho en los términos descritos en el artículo 188 del
CPACA y iii) dar cumplimiento a la sentencia tal y como lo preve el CPACA.

Asimismo, pidió compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación y la
Fiscalía General de la Nación por presunto detrimento patrimonial en el
Departamento del Valle del Cauca, tal y como se ordenó en la sentencia de
unificación CE-SU-J2-004-16 expedida por el Consejo de Estado.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación:760012333000201800922 01 (6374-2022)
Demandante: Yamileth Cobo Núñez

HECHOS

La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que, Yamileth Cobo Núñez presta sus servicios como Técnico Operativo, código
314, grado 03, en la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca
desde el 19 de noviembre de 1996.

Que, el 22 de octubre de 2013, solicitó a la Secretaría de Educación del
Departamento del Valle del Cauca, reconocer y pagar las cesantias parciales
causadas entre el 19 de noviembre de 1996 hasta el 22 de octubre de 2013.

Que, mediante Resolución 01252 del 4 de mayo de 2016, la entidad demandada
autorizó el retiró parcial de las cesantias retroactivas administradas por Proteccion
SA; decisión que fue modificada a través de la Resolución 03265 del 20 de
diciembre de 2017.

Que, el 27 de julio de 2015 solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
por el no pago de las cesantías parciales. Petición que se reiteró el 27 de septiembre
de 2017, y dentro de la cual también se solicitó el pago de la prestacion social.

Que, el 23 de febrero de 2018 se consignó en la cuenta de ahorros de la
demandante el valor correspondiente a las cesantias parciales.

Que, el 13 de marzo de 2018, insistió en la solicitud de reconocimeinto y pago de la
sanción moratoria, la cual fue negada por la entidad por medio del Oficio
1.210.30.66.10-364047 del 3 de abril de la misma anualidad.

Que, el 23 de mayo de 2018 se convocó a conciliacion extrajudicial, y la audiencia
se celebró el 9 de julio de la misma anualidad.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

Mediante auto del 16 de mayo de 2019 1 se admitió la demanda y se notificó a la
entidad demandada, la cual guardó silencio.

A través de auto del 5 de octubre de 2021 2, se dispuso dictar sentencia anticipada,
se tuvieron como pruebas los documentos aportados con el escrito introductorio y
se ordenó correr traslado para presentar alegatos de conclusión..

El Ministerio Público guardó silencio.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 29 de octubre

1
Folios 54.
2
Folio 70.

2

Radicación:760012333000201800922 01 (6374-2022)
Demandante: Yamileth Cobo Núñez

de 20213, negó las pretensiones de la demanda bajo el argumento de que la
demandante no tiene derecho, porque esta penalidad se encuentra prevista para
aquellos empleados beneficiarios del régimen anualizado de cesantías y, no para
quienes son acogidos por el régimen de retroactividad.

Expresó que los empleados vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1996
estan amparados por el régimen retroactivo de cesantias, como ocurre con la
demandante, quien ingresó al servicio de la entidad demandada el 11 de noviembre
de 1996, y, solo podrá beneficiarse del régimen anualizado de cesantías, siempre
que manifieste de forma expresa su intencion de pertenecer a el, en la medida que
su traslado no opera automáticamente.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante4 aseveró que los beneficiarios del régimen retroactivo de
cesantías no se encuentran excluidos de las disposiciones contenidas en las Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006, dentro de las cuales se prevé el derecho a obtener el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
parciales.

Que, encontrándose demostrado dentro del proceso que la entidad demandada
pagó las cesantías parciales 4 años después de radicada la solicitud de
reconocimiento, procede el pago de la sanción moratoria en los términos solicitados
en la demanda.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto del 2 de diciembre de 2022 5, se admitió el recurso de apelación.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

Se deberá determinar: i) si la demandante, como beneficiaria del régimen de
cesantías retroactivas, tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales, consagrada en las Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006 y ii) si operó la prescripción.

La sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías parciales o
definitivas

La Ley 1071 de 2006, que adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, reguló el pago
de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, previó las
sanciones derivadas de su incumplimiento y fijó los términos para su cancelación;
asimismo reiteró los parámetros respecto de los cuales se entiende configurada la
mora en el pago de las cesantías solicitadas:

3
Folios 71 a 76.
4
Índice 19 de SAMAI – Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
5
Índice 3 de SAMAI.

3

Radicación:760012333000201800922 01 (6374-2022)
Demandante: Yamileth Cobo Núñez

«ARTÍCULO 4o. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes
a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o
parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que
tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la
resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está
incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los
documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá
ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un
plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en
firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas
o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin
perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o
parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará
de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo
hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará
acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo.». (Se
subraya).

De esta manera, una vez presentada la solicitud de pago de las cesantías definitivas
la entidad cuenta con un término de 15 días para expedir el acto de reconocimiento.

Así, el plazo con el que cuenta la entidad pagadora para el desembolso de las
cesantías definitivas o parciales comienza a computarse desde la firmeza del acto
administrativo que lo dispuso, y desde ese instante, la administración tiene el
término de 45 días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora y
causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo de la norma en cita,
equivalente a un día de salario por cada día de retardo, que correrá en forma
continua hasta cuando se haga efectivo el pago.

Al respecto, la Sección Segunda, en sentencia de unificación el 18 de julio de 2018 6,
precisó que la firmeza del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías
surge a partir de su notificación en los términos dispuestos por el CPACA, como se
indica a continuación:

«100. Como conclusión a lo anterior, ha de indicar la Sala de Sección que los
términos que tiene la administración para llevar al conocimiento del interesado
el contenido de su acto administrativo, esto es, para notificarlo, no pueden
computarse como días de sanción moratoria, pues es evidente y así lo previó el
legislador que la notificación por regla general ocurre después de proferida la
decisión7, y que además es la circunstancia que refleja el deber de la entidad
de informarla a su destinatario.

101. Ha de ser así, pues la producción de los efectos del acto administrativo
exige de su publicidad, de manera que solo son oponibles las decisiones de la
6
Radicado: 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015). Demandante: Jorge Luis Ospina Cardona. Demandado: Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento del Tolima.
7
Salvo los actos dictados en audiencia, que se notifican en estrados.

4

Radicación:760012333000201800922 01 (6374-2022)
Demandante: Yamileth Cobo Núñez

administración que son conocidas por las personas llamadas a su cumplimiento
o afectadas con su ejecución; situación que perfectamente encaja en el
cómputo de la sanción moratoria por el pago tardío de la cesantía, que consulta
o se causa por el paso del tiempo, a donde no concurre el término que tiene el
empleador para notificar el acto expreso que reconoce la mencionada
prestación.

102. Siendo prácticos, en casos donde existe acto escrito que reconoce las
cesantías, el término de ejecutoria y, por ende, los 45 días hábiles
posteriores a ésta para que ocurra su pago efectivo, solo empezarán a
correr una vez se verifica la notificación en los estrictos términos
señalados. […]». (Negrilla del texto original).

De esa suerte, y, en este primer escenario (pronunciamiento en tiempo de la
administración), es el vencimiento de los 45 días hábiles siguientes a la fecha en la
cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías parciales o
definitivas, lo que determina el momento en que se causa la sanción moratoria y,
en esa misma medida, la instancia en donde surge el derecho a su reclamación.

Sin embargo, y en procura de analizar los diferentes supuestos que pueden
presentarse en la expedición y notificación del acto administrativo que reconoce y
ordena el pago del auxilio de cesantías, la sentencia en comentó sentó
jurisprudencia en los siguientes aspectos:

«3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las
cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la
sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la
resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser
notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se
verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el
acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá
considerarse el término dispuesto en la ley 8 para que la entidad intentara
notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la
notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso,
y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que
cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el
acto de reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste.
En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del
empleador como computables para sanción moratoria.

195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se
interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto
que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la
cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.»

Conforme a lo anterior, para esta Subsección es claro que el segundo escenario
respecto del cual se verifica la ocurrencia de la penalidad moratoria contempla la
no manifestación de voluntad de la administración a través de un acto administrativo
proferido bajo los términos planteados en el primer escenario, o la expedición del
mismo de manera inoportuna y, contraria a los lapsos que para los efectos ha
definido la ley.
8
Artículos 68 y 69 CPACA.

5

Radicación:760012333000201800922 01 (6374-2022)
Demandante: Yamileth Cobo Núñez

En otras palabras, cuando el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías
parciales o definitivas no es proferido o se emite con posterioridad a los 15 días
hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, la sanción moratoria de que
tratan las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, se hace exigible pasados 70 días
hábiles contados desde la fecha de radicación de la petición, siempre que la misma
haya sido presentada en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

De acuerdo con lo expuesto, se tiene entonces que el análisis relevante en punto a
la determinación de la tardanza que en esta materia pueda ser alegada, debe
remitirse al procedimiento en cuyo marco se profirió el acto administrativo de
reconocimiento de las cesantías.

Sanción moratoria en el régimen de retroactividad de cesantías

Esta Subsección en sentencia proferida el 5 de noviembre de 2020 9, concluyó que
hay lugar a reconocer sanción moratoria a los beneficiarios del régimen retroactivo
de cesantías. Previo a lo cual, consideró:

« Ahora bien, el fin para el que está destinado el reconocimiento y pago de las
cesantías definitivas no difiere entre uno y otro régimen -de liquidación
retroactiva o de liquidación anual-, por ello, la Sala no advierte razón que
justifique aplicar discriminación entre uno y otro, en lo que respecta al término
para su pago y la consecuencia del incumplimiento de este, máxime cuando, se
reitera, el interés del legislador se contrajo a garantizar el reconocimiento y pago
oportuno de las cesantías definitivas, cuando se configura una contingencia
para el trabajador, como es la pérdida del empleo o retiro definitivo del servicio
por cualquier causa y ante ello se impone la necesidad de disponer, en forma
oportuna, del dinero ahorrado durante su relación laboral.

La anterior contingencia se configura, de igual manera, tanto para quien está
amparado por el régimen de retroactividad como para quien lo está por el de
liquidación anual; por lo tanto, como el pago de la prestación tiene idéntico
propósito en uno y otro régimen, no se justifica que el término perentorio fijado
por el legislador se exija para uno de los regímenes y no para el otro.

En ese orden de ideas, la Sala coincide y se mantiene en la tercera postura
expuesta, según la cual quienes están amparados por el régimen de
retroactividad sí se pueden beneficiar de la sanción moratoria, ante la
tardanza en el pago de las cesantías definitivas, en aplicación de la Ley
244 de 1995.

(…)

La Subsección disiente de la tesis anterior pues la onerosidad en la liquidación
de la prestación, en modo alguno, puede constituirse en un obstáculo para su
oportuno pago, máxime cuando se trata de una prestación que tanto en uno
como en otro régimen se orienta a prestar un soporte al empleado que ha
quedado cesante, de manera que el valor que resulte de la liquidación no puede
ir en perjuicio del beneficiario, ni justificar la omisión del empleador para tramitar
su pago en forma oportuna”.

A continuación, sostuvo:

9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020, en el e xpediente 76001-23-
33-000-2016-00773-01(0871-18).

6

Radicación:760012333000201800922 01 (6374-2022)
Demandante: Yamileth Cobo Núñez

[…] Como corolario de lo expuesto, la Sala concluye que las posturas segunda,
tercera y quinta -enunciadas al iniciar este acápite- adoptadas por las diferentes
Subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las
providencias citadas, no resultan contradictorias, sino complementarias y, por
ello, se procede a esquematizar, en concreto, lo que surge del análisis anterior:

• No es viable reconocer la sanción moratoria por la inoportuna consignación de
las cesantías, en el régimen de retroactividad, prevista en la Ley 344 de 1996,
artículo 13, y su decreto reglamentario 1582 de 1998, así como la Ley 50 de
1990, artículo 99, comoquiera que tales previsiones son exclusivas del sistema
de liquidación anual de la prestación.

• Sí es viable reconocer la sanción moratoria por el pago inoportuno de las
cesantías definitivas en el régimen de retroactividad con sustento en la Ley 244
de 1995.

• No es viable reconocer la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las
cesantías parciales, con invocación de la Ley 244 de 1995, para la prestación
parcial reclamada antes de la entrada en vigencia de la Ley 1071 de 2006, pues
la primera ley no preveía tal penalidad, respecto del pago parcial del auxilio. Sin
embargo, si se reclama con posterioridad a la entrada en vigencia de esta última
disposición10, con invocación exclusiva de la Ley 244 de 1995 sí es viable
reconocerla, en la medida en que se demuestren los supuestos de hecho
exigidos para su causación.

• Sí es viable reconocer la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las
cesantías parciales y/o definitivas, en el régimen de retroactividad, con
invocación de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 -en cuanto a esta última,
con la salvedad hecha en el punto anterior-, pues estas leyes prevén esa
penalidad sin distinción del régimen de liquidación de la prestación. Se aclara
que, aunque la primera de ellas solo la previó para el retiro definitivo del servicio,
la segunda es modificatoria de la anterior y la hizo extensiva a la tardanza en el
pago de las cesantías parciales. […]»

Resolución al caso concreto

Revisadas las pruebas, se evidencia que la demandante es beneficiaria del régimen
retroactivo de cesantías 11, por lo que en armonía con la normativa y jurisprudencia
aplicable, no es viable reconocer la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de
1996, artículo 13, y su decreto reglamentario 1582 de 1998, ni el de la Ley 50 de
1990, artículo 99, porque tales previsiones son exclusivas del sistema de liquidación
anual de la prestación.

Ahora, la apelante afirma que aun siendo beneficiaria del sistema retroactivo de
liquidacion de las cesantias, le resultan aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006, por ende, como I) la sanción aquí prevista se hace extensiva a todos los
servidores indicados en su artículo 2º sin distinción del régimen de cesantías que
los cobije y II) la solicitud en tal sentido fue elevada antes de la entrada en vigencia
de la ultima norma citada; habrá de analizarse, si en el caso particular se consolidó
la sancion moratoria solicitada por el pago tardío de las cesantías parciales .

10
Ley 1071 de 2006.
11
Tal como consta en las Resoluciones 01252 del 4 de mayo de 2016 y 03265 del 20 de diciembre de 2017, obrantes a folios
12 a 15 y 23 a 28.

7

Radicación:760012333000201800922 01 (6374-2022)
Demandante: Yamileth Cobo Núñez

Está probado que la accionante, el 22 de octubre de 2013 12, solicitó a la entidad
demandada reconocer y pagar las cesantías parciales, causadas entre el 19 de
noviembre de 1996 y el 5 de junio de 2013, por lo que, los 15 días que prevé el
artículo 4.º de la Ley 1071 de 2006, para expedir el respectivo acto, vencieron el 14
de noviembre de 2013; no obstante, la Resolución 01252 se expidió hasta el 4 de
mayo de 2016, esto es, 2 años, 5 meses y 19 días, después de que feneciera la
oportunidad.

De manera que, para efectos de contabilizar la fecha a partir de la cual se hizo
exigible la sancion moratoria, se computarán los términos, tal y como se expuso en
la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, citada en párrafos precedentes,
para los casos en los que el acto de reconocimiento fue expedido de forma
extemporánea.

A partir del día siguiente a la fecha en que debió resolverse la solicitud, empezaron
a correr los 10 días de ejecutoria, los cuales vencieron el 28 de noviembre de 2013
y, los 45 días con que contaba la entidad para efectuar el pago transcurrieron entre
el 29 de noviembre de la misma anualidad y el 4 de febrero de 2014, sin embargo,
éste se efectuó hasta el 23 de febrero de 2018 13.

Por consiguiente, la demandante tiene derecho a que se reconozca la sanción
moratoria causada desde el 5 de febrero de 2014 hasta el 23 de febrero de 2018, la
cual se liquidará con base en la asignación básica vigente al momento de la
causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo, esto es, 2014,
en los términos descritos por la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018,
referida con anterioridad.

Por tal motivo, se revocará la decisión adoptada en primera instancia, en tanto negó
las súplicas de la demanda, para en su lugar, condenar al Departamento del Valle
del Cauca, al reconocimiento y pago de la sanción moratoria en los términos antes
establecidos.

Finalmente, no se ordenará compulsar copias con destino a la Procuraduría y a la
Fiscalía, porque no se vislumbra la presunta comisión de hechos penales ni
disciplinarios.

De la condena en costas en segunda instancia

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionado o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de

12
Así consta en la Resolución 01252 del 4 de mayo de 2016, obrante a folios 12 a 15. Y lo afirma la demandante en el escrito
introductorio.
13
Así consta en el reporte de movimientos bancarios obrante a folios 30 a 32.

8

Radicación:760012333000201800922 01 (6374-2022)
Demandante: Yamileth Cobo Núñez

2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normatividad se deberá analizar la conducta
realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art. 188 de la
Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa del fundamento del
recurso de apelación que no se presenta una carencia de fundamentación legal que
dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, el apelante en su escrito expuso
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia, no
se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 29 de octubre de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para en su lugar:

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Oficio 1.210.30.66.10-364047 del 3 de abril
de 2018, por medio del cual el departamento del Valle del Cauca negó el
reconocmiento y pago de la sanción moratoria en favor de la demandante, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, condenar al departamento del
Valle del Cauca, al reconocimiento y pago de un día de salario por cada día de
retardo, a título de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, desde el 5
de febrero de 2014 hasta el 23 de febrero de 2018, la cual se liquidará con base en
la asignación básica devengada por la accionante para la anualidad de 2014, de
acuerdo con las consideraciones descritas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin condena en costas de segunda instancia.

SEXTO: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI.

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Radicación:760012333000201800922 01 (6374-2022)
Demandante: Yamileth Cobo Núñez

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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