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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00436-00

Fecha
15 de abril de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00436-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el departamento del Putumayo. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales invocados por la señora Ana Lucia Reinel Cardenas, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Putumayo en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 86001-33-31-002-2021-00052-01. En consecuencia, ORDENAR a dicho Tribunal que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera nueva decisión de reemplazo en la cual se atienda a lo expresado en esta decisión. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. SEXTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00436-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

15 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., quince (15) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00436-00
Accionante: Ana Lucia Reinel Cardenas
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por la señora
Ana Lucia Reinel Cardenas contra la sentencia del 24 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Putumayo.

SÍNTESIS1

La accionante cuestiona la sentencia del 24 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Putumayo, mediante la cual se revocó la decisión de primera
instancia, emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que accedió al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías
parciales, y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado núm. 86001-33-31-002-
2021-00052-01. La Sala concederá el amparo solicitado, al considerar que la
providencia judicial cuestionada incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento
del precedente.
I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 23 de enero de 2026, Ana Lucia Reinel Cardenas presentó, mediante apoderado
judicial, una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
tutela judicial efectiva e igualdad, los cuales, a su juicio, fueron vulnerados por la
sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Putumayo,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 86001-33-31-002-
2021-00052-01, por medio de la cual se revocó la sentencia de primera instancia que
accedió a las pretensiones de la demanda del proceso ordinario y condenó en costas
en las dos instancias a la demandante.

2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

PRIMERO. Se TUTELEN los Derechos fundamentales al Debido Proceso, el derecho a
la Administración de Justicia, y sus congruentes principios de Legalidad y de la Seguridad
Jurídica, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad que le asisten a la señora ANA LUCÍA
1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Concede amparo /
Sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00436-00
Accionante: Ana Lucia Reinel Cardenas
Concede el amparo

REINEL CÁRDENAS, y que se han vulnerado por parte del H. TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO, mediante la Sentencia del 17 de julio de 2025,
dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con
radicación 2021-00050.

SEGUNDO. En consecuencia, se sirva dejar sin efecto la Sentencia de segunda instancia
del 17 de julio de 2025 proferida por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
PUTUMAYO, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con
radicación 2021-00050.

TERCERO. En consecuencia de lo anterior, ORDENAR al H. TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO a proferir sentencia de segunda instancia dentro
del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con radicación 2021-00050,
mismo que se ajuste a derecho y respete la normatividad y jurisprudencia aplicable al
caso, tal como se expone en el presente escrito de tutela.2 [Negrillas del texto citado]

B. Hechos

3.La señora Ana Lucia Reinel Cardenas fue vinculada como técnico operativo grado 4°
en la Secretaría de Educación Departamental del Putumayo desde el 12 de febrero de
1987.

4.El 8 de junio de 2020, la señora Reinel Cardenas solicitó ante el departamento del
Putumayo el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria por el no pago
oportuno de sus cesantías parciales, en virtud de la Ley 244 de 1995 modificada por la
Ley 1071 de 2006.

5. Mediante el acto administrativo núm. PUT2020EE018542 del 23 de julio del 2020 y
Resolución núm. 2360 del 30 de septiembre del 2020, expedidas por la Secretaría de
Educación Departamental del Putumayo, se negó la solicitud presentada y,
posteriormente, se confirmó la decisión adoptada frente a la reclamación administrativa
interpuesta por la señora Reinel Cárdenas.

6. La señora Reinel Cardenas interpuso demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el departamento del Putumayo en aras de
que se declarara la nulidad de los actos administrativos núm. PUT2020EE018542 del
23 de julio del 2020 y núm. 2360 del 30 de septiembre del 2020, y a título de
restablecimiento del derecho, se ordenara a la gobernación del Putumayo – Secretaría
de Educación Departamental el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el
pago tardío de sus cesantías parciales.

7. El 30 de junio de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa accedió a las
pretensiones de la demanda, tras concluir que según el artículo 2° de la Ley 1071 de
2006, la sanción moratoria está destinada a los empleados y trabajadores del estado y
de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, independientemente
del régimen de liquidación de cesantías. Así, determinó que el Fondo de Cesantías del
Personal Administrativo Nacionalizado de la Educación en Putumayo incurrió en mora
del pago de las cesantías parciales desde el 8 de marzo de 2018 hasta el 28 de marzo
de 2019, razón por la cual a la demandante le asistía el derecho de la sanción moratoria

2
Índice 2 del expediente digital disponible en Samai.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00436-00
Accionante: Ana Lucia Reinel Cardenas
Concede el amparo

alegada.

8. El departamento del Putumayo presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia. Argumentó que la sanción moratoria aplica únicamente para aquellos
que se encuentran bajo el régimen anualizado de cesantías. Así, indicó que, debido a
que la demandante se vinculó con anterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996, su
régimen prestacional corresponde al sistema retroactivo de conformidad con la Ley 6°
de 1945 y demás normas concordantes, razón por la cual la sanción reclamada no le
resulta aplicable.

9. Mediante sentencia del 24 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Putumayo
revocó la decisión de primera instancia y condenó en costas en las dos instancias a la
demandante, tras determinar que no era procedente la sanción moratoria reclamada,
toda vez que la señora Reinel Cardenas se encuentra bajo el régimen retroactivo de
cesantías y la penalidad reclamada aplica, exclusivamente, para aquellos que se rigen
bajo el sistema anualizado.

C. Fundamentos de la vulneración

10. La accionante señaló que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva e igualdad, y que
la sentencia cuestionada incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente.

11. Alegó que la autoridad judicial accionada fundamentó su decisión en un marco
normativo y jurisprudencial que no resultaba aplicable al caso concreto, en la medida en
que apoyó su análisis en la Ley 50 de 1990, a pesar de que la demanda del proceso
ordinario se estructuró con fundamento en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, en
particular en sus artículos 4.º y 5.º, así como en los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 25, 29 y
53 de la Constitución Política. En ese contexto, afirmó que el Tribunal Administrativo
del Putumayo incurrió en un yerro en su análisis, al efectuar una interpretación normativa
basada en disposiciones que no fueron invocadas ni debatidas en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho.

12. Manifestó que el Tribunal accionado sustentó su decisión en la sentencia de
unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 20233, la cual, a su juicio,
establece que la sanción por mora en el pago de las cesantías es procedente
independientemente del régimen al cual pertenezca el empleado o trabajador, sin
embargo, no realizó un análisis respecto de su contenido y tomó una decisión
completamente apartada al contenido de esa providencia judicial. Además, señaló que
fundamentó la decisión en la sentencia del 17 de febrero de 2022 4, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual, a su juicio, tampoco era aplicable al
caso concreto.

13. Indicó que el Tribunal accionado omitió por completo lo dispuesto por la Ley 244 de

3
Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de
octubre de 2023. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-
2022).
4
Consejo de Estado. Subsección A de la Sección Segunda. Radicado núm. 08001-23-33-000-2015-00812-01 (5860-
2019). Sentencia del 17 de febrero de 2022.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00436-00
Accionante: Ana Lucia Reinel Cardenas
Concede el amparo

1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, aun cuando el Juzgado Segundo
Administrativo de Mocoa realizó su análisis a partir de tales disposiciones, en cambio,
adoptó una decisión sustentada en la aplicación de la Ley 10 de 1934, la Ley 6° de 1945
y la Ley 65 de 1946, las cuales no eran aplicables a la discusión presentada.

14.A su vez, alegó que se incurrió en un desconocimiento del precedente judicial, al
desatender lo dispuesto en la sentencia SU-CE-SUJ2-012-18 proferida por el Consejo
de Estado, la cual determinó que la sanción moratoria contenida en las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006 es aplicable para el régimen de cesantías retroactivo y anualizado.

D. Trámite procesal

15. Mediante auto del 27 de enero de 20265, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Putumayo y, en calidad de terceros con
interés, al Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa y al departamento de Putumayo,
para que rindieran un informe sobre los hechos objeto de la demanda de tutela.

16. A su vez se exhortó a la accionante para que allegara las piezas del proceso que se
encontraran en su poder y que estimara necesarias para resolver la solicitud de amparo
interpuesta.

E. Oposiciones e intervenciones

17. El departamento del Putumayo6 (tercero con interés) indicó que la solicitud de
amparo debe ser declarada improcedente frente a la entidad, por cuanto la acción u
omisión que alega la accionante como vulneradora de sus derechos fundamentales en
su escrito de tutela, no está relacionada con ninguna actuación desplegada por el
departamento, por el contrario, se refiere a la providencia judicial proferida por el
Tribunal Administrativo del Putumayo.

18. Alegó que es inadecuado el reconocimiento de la sanción moratoria, toda vez que
a la accionante no le es aplicable el reconocimiento y pago de la penalidad prevista en
el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y tampoco la contenida en el artículo
5° de la Ley 1071 de 2006, pues la señora Reinel Cardenas se vinculó con anterioridad
a la vigencia de la Ley 344 de 19967. Además, en el expediente del proceso ordinario
no obra documento alguno que acredite que la accionante se acogió voluntariamente al
régimen anualizado de cesantías, por lo cual se somete al sistema retroactivo aplicable
a aquellos sujetos que se vincularon antes del 30 de diciembre de 1996.

19. Debido a que en las pretensiones de la demanda no se evidencia ninguna conducta
atribuible a la entidad, respecto de la cual se pueda determinar la vulneración alegada,
el departamento del Putumayo solicitó la desvinculación del presente trámite por falta
de legitimación por pasiva.

20. El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa8 (tercero con interés) allegó el enlace

5
Índice 5 del expediente digital disponible en Samai.
6
Índice 9 del expediente digital disponible en Samai.
7
Congreso de Colombia. Ley 344 de 1996. “Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto
público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.”
8
Índice 10 del expediente digital disponible en Samai.

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Concede el amparo

del expediente digital de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento
núm. 86001-33-31-002-2021-00052-00.

21. El Tribunal Administrativo del Putumayo9 (accionado) señaló que la demanda de
tutela es improcedente, en tanto no se satisfacen los requisitos generales de
procedibilidad ni se acreditaron las causales específicas que habiliten su procedencia
contra providencias judiciales.

22. Advirtió que la accionante pretende reabrir el debate jurídico y probatorio que ya fue
resuelto por el juez natural del asunto, pues el Tribunal realizó una interpretación
razonada y sistemática del marco jurídico aplicable y concluyó que no era procedente
la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Además, adujo
que el escrito de tutela se fundamenta en una confusión entre los distintos regímenes
de cesantías.

23. Indicó que la sentencia de segunda instancia se profirió plenamente motivada,
ajustada al régimen retroactivo de cesantías aplicable al caso, razón por la cual solicitó
negar por improcedente la acción de tutela, ya que no se cumplieron los requisitos
generales de procedibilidad ni se acreditó ninguna causal específica.

24.El apoderado judicial de la accionante10 en cumplimiento del numeral sexto del auto
admisorio, allegó la demanda interpuesta en el proceso ordinario núm. 86001-33-31-
002-2021-00052-01 y la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Putumayo.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

25. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por la señora Ana Lucia Reinel
Cardenas contra el Tribunal Administrativo del Putumayo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

G. Cuestión Previa

26. La Sala negará la solicitud de desvinculación interpuesta por el departamento del
Putumayo, por cuanto fue sujeto procesal en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho cuya sentencia se cuestiona en el presente asunto.

H. Sentido de la decisión

27. La Sala accederá a la solicitud de amparo presentada por la parte accionante, por
cuanto se constató que la sentencia del 24 de julio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Putumayo incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente.

9
Índice 11 del expediente digital disponible en Samai.
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Índice 12 del expediente digital disponible en Samai.

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I. Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

28. La demanda de tutela interpuesta por la señora Reinel Cardenas cumplió con los
requisitos generales de procedencia11, particularmente, la accionante: (i) superó la carga
argumentativa exigida para acreditar la relevancia constitucional del asunto, en cuanto el
debate que presenta trasciende la mera legalidad e inconformidad con la decisión
adoptada y expone argumentos suficientemente sustentados encaminados a evidenciar
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, (ii) no cuenta con otro
mecanismo judicial ordinario que le permita reclamar lo pretendido en este trámite
constitucional y (iii) interpuso la demanda de tutela dentro del término oportuno, debido a
que la providencia judicial cuestionada fue notificada el 25 de julio de 2025 y la demanda
de tutela se presentó el 23 de enero de 2026, esto es, dentro de los seis meses siguientes
a la notificación de la sentencia de segunda instancia.

J. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

29. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.

30. En el asunto sub iudice, la accionante cuestiona la sentencia proferida el 24 de julio
de 2025 por el Tribunal Administrativo del Putumayo, porque, a su juicio, incurrió en los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente. A continuación, la Sala
describirá las características y elementos del defecto alegado, con el propósito de
determinar el objeto de la litis y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos
fundamentales.

31. Respecto del defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica
una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es,
u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica.

32. El desconocimiento del precedente12 se refiere a la inaplicación de las decisiones
emitidas por la Corte Constitucional, ya que en el marco del control abstracto de
constitucionalidad o de revisión de tutelas, las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada
y, por tanto, tienen fuerza vinculante.

11
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
12
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00436-00
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33. Lo anterior, en virtud del principio de supremacía constitucional y la jerarquía del
sistema de fuentes formales de derecho, ya que hay una aplicación preferente de las
disposiciones que emanan de la Carta Política y de los contenidos normativos en los
cuales se reconoce la jurisprudencia constitucional, en ejercicio de su interpretación de
la Constitución.

K. El caso concreto

34.La Sala concederá la solicitud de amparo presentada por la accionante, toda vez
que la sentencia del 24 de julio de 2025 incurrió en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial.

35. La accionante cuestiona la providencia judicial proferida por el Tribunal
Administrativo del Putumayo, en tanto, la autoridad judicial accionada consideró que no
le era aplicable la sanción moratoria contenida en la Ley 244 de 1995, modificada por la
Ley 1071 de 2006, debido a que la señora Reinel Cardenas se encontraba sujeta al
régimen de liquidación retroactivo y la penalidad que perseguía está destinada,
exclusivamente, a quienes se rigen bajo el régimen anualizado de cesantías.

36. De tal modo, el Tribunal Administrativo del Putumayo determinó lo siguiente: (i) la
demandante se vinculó al departamento del Putumayo el 12 de febrero de 1987, es
decir, con anterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996, (ii) la demandante se
encuentra en el régimen retroactivo de cesantías, (iii) no existía prueba en el expediente
que demostrara que la accionante se haya acogido al sistema de liquidación anualizado,
en virtud de la Ley 50 de 199013 y (iv) la sanción moratoria que reclamó fue prevista
exclusivamente para quienes se encontraban sujetos al régimen anualizado.

37. En particular, de acuerdo con el análisis que realizó el Tribunal Administrativo del
Putumayo frente al marco normativo y la jurisprudencia aplicable a las cesantías de los
empleados públicos bajo el régimen retroactivo, concluyó:

De conformidad con lo expuesto, coexisten dos regímenes aplicables en materia de
cesantías: i) el régimen retroactivo, aplicable a los servidores públicos vinculados hasta el
30 de diciembre de 1996, y ii) el régimen anualizado, introducido por la Ley 50 de 1990 para
el sector privado, y posteriormente extendido a los servidores públicos vinculados con
posterioridad al 31 de diciembre de 1996, incluidos aquellos del nivel territorial, en virtud de
lo dispuesto en la Ley 344 de 1996.

En ese orden, para los servidores públicos que ingresaron al servicio antes de la entrada
en vigencia de la Ley 344 de 1996 y que se encontraban amparados por el régimen
retroactivo, el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998 les otorgó la posibilidad de acogerse
voluntariamente al régimen anualizado, previa solicitud expresa, liquidación definitiva de la
prestación y consignación del auxilio en el fondo de cesantías de su elección.

Adicionalmente, el artículo 2 del Decreto 1252 del 30 de junio de 2000 mantuvo la vigencia
del régimen retroactivo de cesantías para aquellos servidores públicos que lo venían
disfrutando al 25 de mayo de 2000, hasta tanto se extinguiera la relación laboral. En igual
sentido, el Decreto 1919 del 27 de agosto de 2002, mediante el cual se extendió el régimen
de prestaciones sociales aplicable a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden
nacional a los servidores del orden territorial, dispuso en su artículo 3 que «los empleados
públicos a quienes se les aplique el régimen de retroactividad de cesantías continuarán con

13
Congreso de Colombia. Ley 50 de 1990. “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se
dictan otras disposiciones.”

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el disfrute de este, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de
2000». (…)

En conclusión, aunque el juez de primera instancia reconoció que la demandante estaba
amparada por el régimen retroactivo de cesantías, no fundamentó su análisis en las normas
que lo regulan -Ley 10 de 1934, Ley 6 de 1945 y Ley 65 de 1946-, aplicables a servidores
públicos y trabajadores particulares en general, como es su caso. Al haberse acreditado
que no pertenece al régimen anualizado, sino al retroactivo, resulta improcedente el
reconocimiento de la sanción moratoria, reservada exclusivamente para quienes se rigen
por el sistema de liquidación anual de cesantías. En consecuencia, se revocará la sentencia
de primera instancia.

38. Asimismo, la autoridad judicial accionada sustentó su decisión en la sentencia de
unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del Consejo de Estado14, la cual unificó jurisprudencia
respecto del siguiente punto:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91
de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al
FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

39. Así, tal providencia judicial no guarda relación con la materia objeto de debate, ni
con las pretensiones formuladas por la demandante en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

40. Entonces, contrario a lo establecido por la autoridad judicial accionada, la Sala
considera que la sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo
del Putumayo incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, por
cuanto omitió la aplicación de la sanción moratoria contenida en la Ley 244 de 1995,
modificada por la Ley 1071 de 2006, la cual establece el reconocimiento de las cesantías
definitivas o parciales para todos los servidores y trabajadores del Estado,
independientemente del régimen al cual se encuentren sujetos, en especial los artículos
2° y 5° de la Ley 1071 de 2006 que disponen:

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los miembros de las
Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades
descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los
miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma
permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y
trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo
que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de
Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al

14
Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de
octubre de 2023. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-
2022).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00436-00
Accionante: Ana Lucia Reinel Cardenas
Concede el amparo

beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago
de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando
se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.

41. Al respecto, el Consejo de Estado ha desarrollado una amplia línea jurisprudencial15
sobre la sanción prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, mediante la cual
ha precisado que esta penalidad es aplicable de manera extensiva a todos los
empleados y trabajadores públicos, sin importar el régimen de cesantías al que se
encuentren vinculados, pues si bien las Leyes 6° de 1945, 65 de 1946 y los decretos
complementarios no previeron la sanción moratoria, tal omisión no implica que no sean
aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que sí la contemplan y que no realizan
distinción respecto de su aplicación.

42.En particular, tal como fue advertido por el Juzgado Segundo Administrativo de
Mocoa en la decisión adoptada el 30 de junio de 2023, la Sección Segunda de esta
Corporación, mediante la sentencia del 30 de marzo de 2017, explicó las sanciones
moratorias contempladas en la Ley 50 de 1990 y la Ley 244 de 1995 de la siguiente
manera:

16

43. En efecto, mediante la sentencia del 5 de noviembre de 2020, la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado17 se ocupó de establecer si el demandante,
quien se encontraba sujeto al régimen retroactivo de cesantías, le asistía derecho de la
sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías parciales, al respecto la Sala
determinó:

15
Consejo de Estado. Subsección A de la Sección Segunda. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
76001-23-33-000-2018-00922-01. Sentencia del 29 de febrero de 2024; Consejo de Estado. Subsección A de la
Sección Segunda. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 13001-23-33-000-2018-00569-01.
Sentencia del 27 de febrero de 2025; Consejo de Estado. Subsección A de la Sección Segunda. Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 41001-23-33-000-2016-00311-01. Sentencia del 6 de julio de 2023.
16
Consejo de Estado. Subsección B de la Sección Segunda. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
08001-23-33-000-2014-00332-01. Sentencia del 30 de marzo de 2017.
17
Consejo de Estado. Subsección A de la Sección Segunda. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
76001-23-33-000-2016-00773-01 (0871-18). Sentencia del 5 de noviembre de 2020.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00436-00
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Para efecto de analizar si quienes están amparados por el régimen de retroactividad de
cesantías, pueden pretender el reconocimiento de la sanción moratoria de que trata el
artículo 13 de la Ley 244 de 1995, es necesario citar el enunciado de la aludida ley, que
es del siguiente tenor: «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno
de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones». Lo anterior implica que las determinaciones adoptadas en la ley
aludida no distingue regímenes de cesantías, pues están destinadas a fijar términos
oportunos para el pago de las cesantías de «los servidores públicos». Lo anterior
encuentra respaldo en la exposición de motivos de la norma en cita, en el que se invocó
lo siguiente:

(…) la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los
servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de
tramitología para lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la
liquidación parcial o porque ha terminado su vinculación laboral con la
administración; circunstancias éstas que traen consigo, como es sabido, la
posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la necesidad económica del
trabajador, se hace presente la mordida o coima para los funcionarios que están
en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina además cierto tipo de
favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las solicitudes,
prácticamente al mejor postor.

Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se
paga al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la
entidad patronal meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni
un peso más. No obstante que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo
ese tiempo han estado trabajando esos dineros a unos intereses elevados,
con beneficio para la institución, pero sin ningún reconocimiento para el
trabajador. 18

De la cita que antecede, se advierte que el propósito del legislador fue evitar el «tortuoso»
y desgastante trámite para el pago de las cesantías y evitar que, en ello, se generaran
demoras que afectaban al empleado, máxime cuando no se hacía ningún reconocimiento
adicional a este, como consecuencia de esa tardanza. Con base en lo expuesto, la Sala
entiende que la fijación de términos perentorios para expedir el acto administrativo de
reconocimiento de cesantías y para el pago real y material de la prestación, tuvo el
propósito de exigir al empleador un actuar oportuno, so pena de sancionar su tardanza.

Ahora bien, la Sala advierte que tal previsión no se dirigió, de manera expresa, a quienes
estaban amparados por un régimen de cesantías específico, sino, de manera general, a
los servidores públicos (…)

Tal como se destacó en el texto de la Ley 244 de 1995, sus previsiones se dirigieron a los
«servidores públicos» sin distinción, de manera que, en este punto, la Sala estima que se
debe aplicar el principio general de interpretación jurídica según el cual donde la norma
no distingue, no le corresponde distinguir al intérprete.

En razón de lo anterior, se debe concluir que si el interés del legislador fue propender a
que la administración no desatendiera los términos perentorios para el reconocimiento de
las cesantías definitivas e imponer una penalidad, en caso de que se configurara demora

18
Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00436-00
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en su pago, tal previsión pretendía dirigirse, en particular, a un grupo específico, ni excluir
de su aplicación a los servidores públicos amparados por el régimen de régimen de
retroactividad, pues, se repite, el propósito fue impedir la demora en la tramitación y pago
de las cesantías definitivas de todos los «servidores públicos». [Negrillas del texto citado]

44. Del mismo modo, tal como lo advierte la accionante en su escrito de tutela, a través
de la sentencia de unificación CE-SUJ2-012-1819, esta Corporación, entre otros,
precisó:

Ahora bien, el tribunal constitucional sostuvo por un lado que la situación de los docentes
oficiales permite asimilarlos como servidores públicos, y por otro, destacó la finalidad de
las cesantías como un derecho del cual es sujeto todo trabajador sin distinción
alguna, por lo que unificó su jurisprudencia, para señalar que les es aplicable el régimen
general contenido en la Ley 244 de 1995, modificado por la Ley 1071 de 2006, que
contempla la posibilidad de reconocer en su favor la sanción por el pago tardío de las
cesantías reconocidas, previo cumplimiento de los requisitos legales, en la medida que
resulta ser la condición más beneficiosa y materializa los principios, valores, derechos y
mandatos constitucionales, particularmente, el principio de favorabilidad consagrado en el
artículo 53 de la Constitución Política, por las siguientes razones: (…)

(ii) En la exposición de motivos de la iniciativa legislativa de la Ley 1071 de 2006 se señaló
que su ámbito de aplicación cubre a todos los funcionarios públicos y servidores estatales
de las tres ramas del poder, así como a las entidades que prestan servicios públicos y de
educación, es decir, involucra a todo el aparato del Estado no solo a nivel nacional sino
territorial. [Negrillas de la Sala].

45. Asimismo, mediante sentencia del 10 de julio de 202420, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró la posición jurisprudencial frente a que
la sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías no está sujeta a un régimen
específico. En tal sentido, señaló:

Se encuentra importante precisar que, como lo señaló el apelante, en la sentencia de
primera instancia no se identificó de manera acertada el objeto del litigio, puesto que en
esta se estableció como problema jurídico a resolver la procedencia de la sanción moratoria
por la consignación tardía en el régimen retroactivo de cesantías; sin embargo, de la
demanda se advierte que la pretensión en el sub judice gira en torno al reconocimiento de
la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas que, como se explicó
en el marco normativo y jurisprudencial no se encuentra supeditada a un régimen
determinado.

El aspecto que deberá ser definido por esta sala es, si es viable el reconocimiento de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas del régimen de
retroactividad, reviste especial importancia la fuente normativa que se invoca, toda vez que
una sanción de tal naturaleza está prevista en idénticos términos -un día de salario por cada
día de retraso- en diferentes disposiciones de orden legal y, en cada caso, rigen diversos
supuestos fácticos. (…)

Ciertamente, como la finalidad de las cesantías definitivas, tanto en el régimen de
retroactividad como en el de liquidación anual, es igual, mal podría darse un

19
Consejo de Estado. Sección Segunda. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 73001-23-33-000-
2014-00580-01. Sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18 del 18 de julio de 2018.
20
Consejo de Estado. Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 25000-23-42-000-2018-02066-01. Sentencia del 10 de julio de 2024.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00436-00
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tratamiento diferenciado, para efecto del término de liquidación y pago de la
prestación, razón de más para establecer que los términos perentorios establecidos en la
Ley 1071 de 2006 están dirigidos a la liquidación de cesantías de los servidores enunciados
en su numeral 2º, sin discriminación del régimen por el que estén amparados.

Así pues, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1071 de 2006 se amplió el espectro
de la penalidad, inclusive a la liquidación parcial de cesantías y extendió su ámbito de
aplicación a todos los servidores estatales, así como a las entidades que prestan servicios
públicos, es decir, involucró a todos los servidores del Estado no solo del nivel nacional sino
territorial, lo cual permite que la sanción moratoria se torne viable ante la tardanza en el
reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas, de los beneficiarios del
régimen de retroactividad, en la medida que el legislador no excluyó de ella a los
beneficiarios del régimen de cesantías retroactivas, pues tal y como quedó expuesto en la
exposición de motivos de la precitada norma que dio origen a la sanción moratoria el
legislador señaló que «la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a
los servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para
lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha
terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen
consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la
necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los
funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina además
cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las solicitudes,
prácticamente al mejor postor». [Negrillas de la Sala].

46. También, a través de sentencias de tutela, se ha reconocido la procedencia de la
sanción moratoria para servidores públicos sujetos al sistema retroactivo, ya que tal
penalidad es independiente al régimen de liquidación de cesantías al cual se encuentre
supeditado el trabajador. Así, mediante sentencia del 24 de julio de 2024, la Subsección
A de la Sección Segunda21 indicó:

De conformidad con lo anterior, para la Sala emerge con claridad que el Tribunal
Administrativo de Putumayo incurrió en un defecto sustantivo, en la medida que a los
beneficiarios del régimen retroactivo de cesantías les resulta aplicable la sanción moratoria
prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, disposiciones normativas que no hicieron
distinción alguna del régimen de cesantías para su aplicación, tal como lo ha sostenido la
Sección Segunda del Consejo de Estado en reiteradas ocasiones. (…)

el Alto Tribunal en materia de lo contencioso administrativo tiene el criterio que la sanción
prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 se hace extensiva a todos los servidores
sin distinción del régimen de cesantías al que pertenezcan, el cual se encontraba vigente a
la fecha en que se profirió la sentencia que en sede de tutela se discute.

Así las cosas, es preciso concluir que el Tribunal Administrativo de Putumayo incurrió en la
causal especifica de procedibilidad de la acción de tutela por defecto sustantivo, pues,
omitió dar aplicación a lo preceptuado en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006,
disposiciones normativas que resultaban aplicables al asunto bajo estudio, como se indicó
en precedencia.

47. Incluso, mediante sentencia SU-041 de 202022, la Corte Constitucional estableció la

21
Consejo de Estado. Subsección A de la Sección Segunda. Acción de tutela núm. 11001-03-15-000-2025-02749-01.
Sentencia del 24 de julio de 2025.
22
Corte Constitucional. Sentencia SU-041 de 2020. M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00436-00
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finalidad de la Ley 244 de 1995, la cual consistió en equiparar a los servidores públicos
con los trabajadores del sector privado en lo relativo a la salvaguarda de su derecho a
recibir de manera oportuna la liquidación definitiva de sus cesantías al finalizar el vínculo
laboral. Así, se orientó la normativa a garantizar el pago oportuno de esta prestación
como una materialización del derecho al pago oportuno del salario, conforme lo previsto
en el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 12 del Convenio núm. 95 de la
OIT. Bajo tal interpretación, sin distinguir entre el sistema retroactivo y anualizado,
determinó:

Fue entonces que la Ley 244 de 1995 se ocupó de fijar los términos perentorios para el
reconocimiento y pago oportuno de las cesantías definitivas de los servidores públicos; y,
en caso de mora en el pago, estableció en favor del trabajador y a título de sanción un día
de salario por cada día de retardo en el pago de la referida prestación, con cargo a los
recursos propios de la entidad obligada, que podrá repetir contra el funcionario por cuya
culpa le sea imputable la mora.

Posteriormente, la aludida preceptiva fue adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006.
La finalidad de esta reforma fue, de nuevo, unificar el régimen de cesantías del sector
privado con el sector público, especialmente en cuanto al pago parcial de estas,
complementando así lo previsto en la Ley 244, tal y como se infiere de la exposición de
motivos del proyecto de ley (…)

Esta normativa precisó su ámbito de aplicación (art. 2), hizo extensiva la sanción a los casos
de mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales (art. 3), y distinguió entre
el término para el reconocimiento de las cesantías (art. 4) y el término para el pago oportuno
de las mismas (art. 5)

48. En efecto, tal como se evidenció a partir de la jurisprudencia citada, resulta claro
que la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006 es aplicable para los
servidores y trabajadores del Estado, independientemente del régimen de liquidación
de cesantías al cual se encuentren supeditados, ya que constituye una garantía del
derecho al pago oportuno de su salario.

49. En ese sentido, dicha normativa se erige como una manifestación concreta de
protección al trabajador, con fundamento en la disparidad económica y jerárquica frente
al empleador, orientada a evitar dilaciones injustificadas en el reconocimiento y pago de
sus prestaciones y a asegurar las condiciones mínimas de dignidad y subsistencia al
momento de la terminación del vínculo laboral.

50. La Sala advierte que la decisión adoptada en la sentencia del 24 de julio de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo se apartó del contenido de la Ley
244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006 y de la línea jurisprudencial del
Consejo de Estado, tras determinar que la sanción moratoria prevista en tales
disposiciones era aplicable, exclusivamente, para los servidores sujetos al régimen de
liquidación anualizado. Contrario a lo establecido, tal como se evidenció, dicha sanción
es aplicable a todos los servidores y trabajadores públicos, independientemente del
régimen de cesantías al que se encuentren sujetos.

51. De tal forma, la providencia judicial cuestionada incurrió en los defectos sustantivo
y desconocimiento del precedente alegados por la parte accionante, razón por la cual la
Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00436-00
Accionante: Ana Lucia Reinel Cardenas
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la administración de justicia, tutela judicial efectiva e igualdad invocados en la demanda
de tutela. En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 24 de julio de 2025 y
se ordenará al Tribunal Administrativo del Putumayo a proferir una nueva sentencia en
la cual se resuelva la controversia conforme lo expuesto en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el departamento del
Putumayo.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales invocados por la señora Ana Lucia
Reinel Cardenas, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Putumayo en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho núm. 86001-33-31-002-2021-00052-01. En consecuencia, ORDENAR a dicho
Tribunal que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia,
profiera nueva decisión de reemplazo en la cual se atienda a lo expresado en esta
decisión.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

QUINTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

SEXTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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