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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00311-01

Fecha
6 de julio de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00311-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F AL L A Primero. Revocar la sentencia proferida el 9 de abril de 2018, por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual se declaró la nulidad del acto acusado, la prescripción parcial de la penalidad reclamada y se ordenó el reconocimiento parcial de la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías parciales en la demanda formulada por Luz Mary Sapuy Cuellar contra la Nación (Ministerio de 28 Radicado: 41001 23 33 000 2016 00311 01 (3929-2018) Demandante: Luz Mary Sapuy Cuellar Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), según lo expuesto en las consideraciones que anteceden. En su lugar, se dispone: Declarar probada la excepción de prescripción extintiva de la sanción moratoria, propuesta por la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), conforme a lo manifestado en la parte motiva de este proveído. Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia, según lo expuesto con antelación. Tercero. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2016-00311-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

6 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 41001 23 33 000 2016 00311 01 (3929-2018)
Demandante: Luz Mary Sapuy Cuelllar
Demandado: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)

Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías parciales

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de la
demandante y de la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) contra la sentencia proferida el 9 de abril de
2018 por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda y se declaró probada, parcialmente, la excepción
de prescripción de la sanción moratoria.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Luz Mary Sapuy Cuellar, por conducto de
apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 41001 23 33 000 2016 00311 01 (3929-2018)
Demandante: Luz Mary Sapuy Cuellar

en orden a que se declare la nulidad de la Resolución 0154 del 18 de enero de 2016,
a través de la cual se negó el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la
Ley 1071 de 2006, a partir del momento en que vencieron los 65 días hábiles
siguientes a la radicación de la reclamación de las cesantías parciales y hasta
cuando se haga efectivo su pago.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó (i) condenar a la entidad
demandada a pagar la sanción por la mora en la cancelación de sus cesantías
parciales, conforme a lo dispuesto en la Ley 1071 de 2006; (ii) ordenar el
cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011; y (iii)
disponer los ajustes de valor respecto de la condena al tenor de lo establecido en el
artículo 187 ibidem.

1.1.2. Hechos

Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:

(i) El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio fue creado a través
del artículo 3 de la Ley 91 de 1989, como una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, contable y estadística y, en el artículo 15, parágrafo 2.º,
de la referida norma se le asignó la competencia de pagar las cesantías de los
docentes de los establecimientos educativos del sector oficial.

(ii) El 4 de abril de 2011, la demandante, en su condición de docente, solicitó ante
la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio) el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales,
respecto de las cuales obtuvo pronunciamiento favorable a través de la Resolución
2596 del 21 de junio de 2013 y se pagaron el 3 de septiembre de 2013, por
intermedio de la entidad bancaria.

(iii) Al verificar las fechas de solicitud, reconocimiento y pago de las cesantías
parciales, se advirtió que el término de 65 días para cancelarlas vencía el 8 de julio

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Radicado: 41001 23 33 000 2016 00311 01 (3929-2018)
Demandante: Luz Mary Sapuy Cuellar

de 2011, es decir, transcurrió un lapso superior al previsto en la ley para proceder
al pago; por tal razón, formuló solicitud encaminada a obtener la sanción moratoria,
y, en respuesta, se expidió la resolución demandada.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; 1 y 2 de la Ley
244 de 1995; y 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante manifestó lo
siguiente:

(i) La autoridad encargada del pago de las cesantías a los docentes ha estado
desconociendo las normas que rigen lo relativo al pago oportuno de esa prestación.

(ii) Ante tales circunstancias se expidieron las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
que regularon lo concerniente al pago de las cesantías parciales y definitivas de los
empleados públicos y fijaron un término de 15 días contados a partir de la radicación
de la solicitud y 45 días siguientes, para proceder a su cancelación; sin embargo, la
Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio) ha desconocido dichos términos, circunstancia que acarrea
la sanción equivalente a un día de salario por cada día de retardo.

(iii) En su condición de docente, como su prestación fue reconocida con
posterioridad a la Ley 91 de 1989, le aplica la Ley 244 de 1995, modificada por la
Ley 1071 de 2006, que determinan los plazos para pagar oportunamente las
cesantías y establecen una penalidad a cargo del empleador incumplido, en el
equivalente a un día de salario por cada día de retraso, hasta cuando se haga
efectivo el pago, disposiciones que sirven de soporte a las pretensiones deprecadas
en el sub lite.

1.2. Contestación de la demanda

3

Radicado: 41001 23 33 000 2016 00311 01 (3929-2018)
Demandante: Luz Mary Sapuy Cuellar

La Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio) y la Fiduprevisora, a través de su apoderado, contestó la demanda1 y
se opuso la prosperidad de sus pretensiones. En síntesis, expuso lo siguiente:

(i) De acuerdo con las competencias establecidas en el Decreto 2831 de 2005, el
pago de las prestaciones sociales de los docentes compete al Fondo, pero la
atención de la solicitud corresponde a las entidades territoriales certificadas. La
norma en mención creó un procedimiento especial para el reconocimiento de las
prestaciones de los docentes, en el que están definidas las etapas, los términos y
demás formalidades para ese fin, lo que quiere decir que aquellos están excluidos
de la aplicación de las normas que rigen, de manera ordinaria, las cesantías.
Además, el acto de reconocimiento de las cesantías no fue expedido por el
Ministerio, por lo tanto, no contiene la manifestación de su voluntad en torno a la
penalidad pretendida.

(ii) En razón de lo expuesto, deben prosperar las excepciones de falta de integración
del contradictorio con la entidad territorial a cargo del trámite de la petición dirigida
a reconocer las cesantías; buena fe; régimen prestacional independiente
inaplicabilidad de la Ley 1071 de 2006, al gremio docente; prescripción; inexistencia
de vulneración de los principios legales; ineptitud sustancial de la demanda por falta
de legitimación en la causa por pasiva; e inexistencia del demandado por falta de
relación del Ministerio con la expedición del acto de reconocimiento del derecho.

(iii) Al referir lo relativo a la Fiduprevisora, señaló que de conformidad con el contrato
de fiducia mercantil suscrito entre esta y la Nación (Ministerio de Educación, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) «es sin lugar a dudas que la
función de FIDUPREVISORA S.A. es solamente la de administrar los recursos que
integran el citado Fondo, realizando gestiones de administración y pagos, pero

1 Folios 103 a 105 y 106. Se precisa que el abogado presentó 2 memoriales, uno, en condición de

representante del Ministerio de Educación (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio)
y otro, en representación de la Fiduprevisora.

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Radicado: 41001 23 33 000 2016 00311 01 (3929-2018)
Demandante: Luz Mary Sapuy Cuellar

carece de facultades para ordenar o disponer de los recursos que integran el fondo,
pues como en todo (sic) los negocios basado en la figura del contrato de fiducia
mercantil, solo se reciben instrucciones del fideicomitente y el fiduciario solo desde
ese momento puede actuar de conformidad a las mismas ya que siempre y en todos
los casos LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. actúa COMO VOCERA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO».

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia proferida el 9 de abril de
2018,2 anuló el acto acusado, declaró la prescripción parcial de la sanción moratoria
reclamada y ordenó el reconocimiento de tal penalidad por la tardanza en el pago
de las cesantías parciales a favor de la demandante, por el lapso comprendido entre
el 15 de diciembre de 2012 y el 2 de septiembre de 2013, con sustento en lo
siguiente:

(i) Según lo probado en el expediente, es claro que la entidad demandada incurrió
en mora para el reconocimiento y pago de las cesantías a favor de la demandante,
pues, según la fecha de reclamación y los términos dispuestos por la ley, debió
cancelar la prestación, a más tardar, el 11 de julio de 2011 y solo lo hizo el 3 de
septiembre de 2013, con lo cual incurrió en mora y la consecuente sanción.

(ii) No obstante, como se produjo la prescripción parcial de la sanción, atendiendo
la fecha de la reclamación en sede administrativa —15 de diciembre de 2015—, se
debe declarar probada la excepción extintiva, en forma parcial y reconocer la
sanción, únicamente, por el lapso comprendido entre el 15 de diciembre de 2012 y
el 2 de septiembre de 2013.

1.4. El recurso de apelación

2 Folios 278 a 297.

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Radicado: 41001 23 33 000 2016 00311 01 (3929-2018)
Demandante: Luz Mary Sapuy Cuellar

1.4.1. La demandante

La señora Luz Mary Sapuy Cuellar, por intermedio de su apoderada,3 interpuso
recurso de apelación,4 que sustentó en los siguientes términos:

(i) Existen tres razones fundamentales que controvierten la decisión del a quo; la
primera, que la sanción por mora en el pago oportuno de las cesantías no prescribe,
tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de la máxima autoridad de lo contencioso
administrativo;5 la segunda, que dicha penalidad no está prevista en los Decretos
3135 de 1968 y 1848 de 1969 y, la tercera, que la sanción moratoria de que trata la
Ley 1071 de 2006 no es una prestación social.

(ii) En el caso bajo análisis la reclamación se formuló dentro de la debida
oportunidad, esto es, cuando la obligación se hizo exigible, en el entendido de que
el pago inoportuno de las cesantías se efectuó el 3 de septiembre de 2013 y la
sanción se reclamó el 15 de diciembre de 2015, es decir, dentro de los 3 años
siguientes. Por esa razón, no era del caso declarar parcialmente probado el
fenómeno extintivo.

(iii) Como la sanción moratoria por el reconocimiento tardío de las cesantías no está
consagrada ni en el Decreto 3135 de 1968 ni en el Decreto 1848 de 1969, el término
para contabilizar la prescripción es el señalado en el artículo 2536 del Código Civil,
que comprende 10 años desde la exigibilidad de la obligación.

(iv) Ahora bien, para determinar el periodo durante el cual corrió la sanción, los 45
días para efectuar el pago no se deben contabilizar desde la notificación del acto de
reconocimiento de las cesantías, sino que también se debe considerar el tiempo de
tardanza en que incurrió la administración para la expedición de aquel; una vez

3 El poder se otorgó a dos abogados, un hombre y una mujer, el primero presentó la demanda y

realizó otras actuación es en primera instancia y, la segunda, interpuso y sustentó el recurso de
apelación.
4 Folios 170 a 189.
5 Se cita la sentencia del 4 de marzo de 2010, emitida en el radicado 85001 23 31 000 2003 00015

01, número interno 1413-08, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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Radicado: 41001 23 33 000 2016 00311 01 (3929-2018)
Demandante: Luz Mary Sapuy Cuellar

vencido el plazo de que disponía para ese efecto, empezar el conteo del término
para el pago, y, a partir de ahí, definir la sanción.

1.4.2. La Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio)

La entidad demandada, por conducto de su apoderado, interpuso recurso de
apelación,6 con base en los argumentos que se enuncian a continuación:

(i) El Ministerio de Educación no está legitimado para actuar y responder por la
condena porque no interviene para la expedición del acto ni en el reconocimiento
de la prestación, en virtud del contrato de fiducia pública suscrito con la
Fiduprevisora S.A. para tal efecto, así como los deberes atribuidos a los patrimonios
autónomos, de conformidad con lo estatuido en el Decreto 2555 de 2010, quienes
gozan de capacidad para comparecer directamente a los procesos judiciales en su
contra.

(ii) Adicional a lo anterior, en aplicación de lo previsto en el artículo 88 de la Ley
1328 de 2009, en todos los casos en que una autoridad pública deba reconocer
intereses por mora, producto del incumplimiento de obligaciones a su cargo, la
sanción por dicho concepto no puede exceder el doble del interés bancario
corriente, de manera que en el evento de que se demuestre la mora, se debe aplicar
la disposición anterior.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes demandante y demandada guardaron silencio durante esta etapa
procesal.7

1.6. El Ministerio Público

6 Folios 298 y 299.
7 Folio 333.

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Radicado: 41001 23 33 000 2016 00311 01 (3929-2018)
Demandante: Luz Mary Sapuy Cuellar

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer (i) si los docentes pueden ser beneficiarios de la
sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006 ante el incumplimiento en el pago
de sus cesantías parciales; (ii) si la Nación (Ministerio de Educación—Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) debe ser la destinataria de la
condena; (iii) si no debió aplicarse el fenómeno extintivo en los términos en que se
hizo, por parte del tribunal de instancia, pues debió preferirse el término que, al
respecto, consagra el ordenamiento civil; (iv) si la sanción aludida puede ser
sustituida por los intereses moratorios establecidos en el artículo 88 de la Ley 1328
de 2009; y (v) si el tribunal analizó la figura de la prescripción conforme a la
normativa vigente.

2.2. Marco normativo

La Ley 6.ª de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones
de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial
de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal
a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente.

8 Folio 333.

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Demandante: Luz Mary Sapuy Cuellar

El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló que
para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que
hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si
fuere menor a ese lapso.

Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de
los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los
siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y
trabajadores oficiales»9, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria»;10
con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y
Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas
al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social
realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual
de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas
previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el
año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada
empleado.

El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se
transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo el
objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías11, y, dentro de sus
funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la

9 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
10 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
11 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.

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protección contra la pérdida de su valor adquisitivo 12. Además, en los artículos 6 y
7 ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la
pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a
título de intereses sobre las cesantías.

Ahora bien, la Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días
para que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas
de los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la
solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de
que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario,
dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar
expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen,
pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente
indicado.

El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.

Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada
en la aludida ley, en especial, los siguientes:

[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores
públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el
cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha
terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen
consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la
necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los

12 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.

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Demandante: Luz Mary Sapuy Cuellar

funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina
además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las
solicitudes, prácticamente al mejor postor.

Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga
al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal
meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante
que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando
esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin
ningún reconocimiento para el trabajador13.

La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de
las cesantías definitivas y parciales14 de los servidores públicos, en sus artículos
4 y 5 determinó lo siguiente:

Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir

13 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
14 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la

administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma
podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y
adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de
gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. /-
2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos.».

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contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071 de
2006, son:

Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas,
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros
de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma
permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y
trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. (Se resalta).

Ahora bien, en lo que respecta a los docentes oficiales, se debe indicar que el
artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio como «una cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el
Estado tenga más del 90% del capital» que estaría a cargo del pago de las
prestaciones sociales15 que se causaran a favor del personal docente nacional y
nacionalizado, a partir de la promulgación de esa ley.

La aludida ley, en su artículo 1, numeral 3, precisó que los docentes territoriales son
aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero
de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43
de 1975» y en el artículo 2 ibidem estableció lo relativo al reconocimiento de sus
prestaciones, en los siguientes términos:

Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con
el personal docente, de la siguiente manera:

[…]

5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen
a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo de la
Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el

15 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.

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Demandante: Luz Mary Sapuy Cuellar

Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo
las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a
dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles.

En lo que tiene que ver con las cesantías, su reconocimiento se estableció en el
artículo 15 ibidem, en los siguientes términos:

3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que
resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema
financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. [Resalta la
Sala].

La Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-
2006, en su artículo 81 estableció que el régimen prestacional de «los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio
público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».

Finalmente, la Ley 1328 de 2009 «[p]or la cual se dictan normas en materia
financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones» en su artículo
88 señala:

Artículo 88. Intereses con cargo a obligaciones de la Nación. En todos los eventos
en los que la Nación o las entidades públicas, de cualquier orden, deban cancelar
intereses por mora causados por obligaciones a su cargo, la indemnización de
perjuicios o la sanción por mora no podrá exceder el doble del interés bancario

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Demandante: Luz Mary Sapuy Cuellar

corriente vigente al momento de la fecha establecida legalmente para realizar el
pago.

De igual forma, toda suma que se cobre a la Nación o a las entidades públicas como
sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria
adeudada en virtud de un mandato legal se tendrá como interés de mora, cualquiera
sea su denominación.

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

(i) El 4 de abril de 2011,16 la demandante formuló solicitud orientada al
reconocimiento y pago de sus cesantías parciales, con el objeto de realizar
reparaciones locativas.

(ii) El 21 de junio de 2013,17 el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Secretaría de Educación del departamento del Huila) expidió la
Resolución 2596, a través de la cual reconoció las cesantías parciales a favor de la
señora Luz Mary Sapuy Cuellar, con destino a reparaciones locativas. Dicho acto
se notificó personalmente a la destinataria el 2 de julio siguiente.

(iii) El 19 de febrero de 2016,18 la directora de afiliaciones y recaudos de la
Fiduprevisora expidió certificación en torno a la fecha en que se pusieron a
disposición de la demandante los recursos que corresponden a sus cesantías
parciales, así:

En atención a su solicitud de la referencia, nos permitimos certificarle que el Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio le programo (sic) un pago de CESANTÍAS
PARCIAL (sic) reconocida por la Secretaría de Educación, a la docente LUZ MARY SAPUY
CUELLAR […] mediante Resolución No. 2596 de fecha 21 de JUNIO 2013 y se ordena
el pago en la nómina del 03 DE SEPTIEMBRE 2013 por valor $13,162,916, a través del
B. AGRARIO TIMANA – HUILA […]

16 Según las consideraciones de la resolución que obra en folio 22.
17 Folios 22 a 27.
18 Folio 28.

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Demandante: Luz Mary Sapuy Cuellar

(iv) El 15 de diciembre de 2015,19 la demandante, por intermedio de apoderada,
solicitó ante la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el
pago inoportuno de sus cesantías parciales.

(v) El 18 de enero de 2016,20 el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Secretaría de Educación del departamento del Huila) expidió la
Resolución 0154, mediante la cual negó el reconocimiento de la sanción moratoria
por el pago inoportuno de las cesantías parciales.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.4.1. Alcance de la apelación. Competencia del juez de segunda instancia
para pronunciarse sobre la excepción de prescripción

El artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, señala que, en los aspectos no
contemplados en ella, se debe hacer remisión a lo previsto en el ordenamiento
procesal civil, en cuanto sea compatible con las actuaciones que correspondan a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

La Sala, con base en tal remisión, en decisiones previas,21 se sujetó, en materia de
competencia del superior, a lo previsto en los artículos 320 y 328 del Código General
del Proceso, y, en ese orden, se circunscribió a analizar «los reparos concretos
formulados por el apelante».

No obstante lo anterior, en esta ocasión, replantea su postura, para realizar una
interpretación armónica, entre lo señalado en las dos disposiciones mencionadas, y
lo dispuesto en el artículo 187, inciso 2.º de la Ley 1437 de 2011 que permite al juez
de segunda instancia «estudi[ar] y decid[ir] todas las excepciones propuestas o no,
sin perjuicio de la no reformatio in pejus».

19 Folios 32 a 35.
20 Folios 18 a 20.
21
Números internos: 5831-18 y 3717-18, entre otros.

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Tal cambio obedece al análisis de la intención del legislador,22 con tal previsión, que
consistió en otorgar al juez de segunda instancia la facultad de decidir sobre dichos
medios exceptivos, en la medida en que se corresponde con el «deber y la facultad
oficiosa que en esta materia otorga[ba] al juez administrativo los incisos 2.° y 4.° del
artículo 164 del [Decreto 01 de 1984]».

De otro lado, el estudio gramatical de la norma, en particular, de la expresión «sin
perjuicio de»23 sugiere no ir en detrimento del principio de la non reformatio in pejus,
lo que se traduce en que el estudio de las excepciones, propuestas o no, debe
garantizar que «el superior que conoce de una decisión judicial por apelación, tiene
limitada su actividad de manera tal que lo resuelto por el inferior en beneficio del
recurrente debe permanecer incólume»,24 y, en tal medida, se «impone al juez el
deber de abstenerse de agravar la situación definida en la sentencia [de] primera
instancia».25

En este orden de ideas, la interpretación histórica, gramatical, teleológica y

22
De acuerdo con el «INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 315 DE 2010
CÁMARA DE REPRESENTANTES, 198 DE 2009 SENADO por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo» rendido el 23 de noviembre de 2010, en los
siguientes términos: «Por ello, a continuación, se presenta el pliego de modificaciones, con la
explicación previa de los cambios que se proponen al articulado aprobado en el primer debate en la
Comisión Primera de la Cámara así:
[…]
El artículo 187, sobre el contenido de la sentencia, se adiciona para preceptuar que en la
sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y cualquiera otra que el fallador
encuentre probada, sin que el silencio del inferior impida que el superior estudie y decida
todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus,
disposición que corresponde al deber y la facultad oficiosa que en esta materia otorga al juez
administrativo los incisos 2.° y 4.° del artículo 164 del actual Código Contencioso
Administrativo. […]» [Se destaca]
23
La locución prepositiva «sin perjuicio de» significa: 1. «sin excluir la posibilidad de». Diccionario
Fraseológico Documentado del Español Actual, Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos.
Segunda edición. JdeJ Editores. Página 644. 2. «Expresión concesiva de sentido semejante a
aunque». Maria Moliner. Cuarta edición. Editorial Gredos 2016. Página 1973. 3. «Sin ir en detrimento
o en contra de». El gran diccionario de uso del español actual. Director: Aquilino Sánchez. Madrid.
Sociedad General Española de Librería. 2001. Página 1592.
24
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC12024-2015, radicación 73001
31 03 003 2009 00387 01, M. P. Margarita Cabello Blanco.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, sentencia del 7 de octubre de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, proceso con radicado No. 11001-03-15-000-2010-
01284-00 (REV).

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sistemática que precede conlleva que, en adelante, el estudio de la excepción de
prescripción procede, de manera oficiosa, en tanto que se encuentre probada y que
la decisión sobre ella no vaya en detrimento del derecho concedido, en primera
instancia, al apelante único. Ahora bien, en casos como el presente, en que la
apelación se propuso por ambas partes, es viable analizar el fenómeno prescriptivo
en forma oficiosa, teniendo en consideración que el principio de la non reformatio in
pejus, solo está garantizado para proteger el derecho del apelante único. En ese
escenario se analizará la controversia.

2.4.2. Estudio de fondo del recurso

En primer lugar, se precisa que la demandante solicita el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria producto de la tardanza en que incurrió la administración en
reconocer y pagar sus cesantías parciales, al tenor de lo dispuesto en la Ley 1071
de 2006, de manera que el primer tema a abordar consiste en determinar si, en su
condición de docente, es beneficiaria de la aludida ley, ante la mora en el pago de
su prestación.

De acuerdo con las normas citadas en el acápite «marco normativo» de esta
providencia, se debe concluir que los docentes sí están cobijados por las
disposiciones de liquidación parcial y definitiva de las cesantías consagradas en
la Ley 1071 de 2006; así lo definió la Corte Constitucional,26 en sentencia que se
transcribe a continuación:

En la sentencia C-741 de 201227 la Corporación precisó que aunque los docentes
oficiales no hacen parte de la categoría de servidores públicos, su situación se asimila
a la de estos últimos, pues el estatuto docente (artículo 2º) los define como
‘empleados oficiales de régimen especial’, al tiempo que la Ley General de Educación
(artículo 2º 105, parágrafo 2º, de la Ley 115 de 1994) los denomina servidores
públicos de régimen especial. También se explicó que los docentes oficiales podrían
considerarse empleados públicos, por hacer parte de la Rama Ejecutiva y porque su
misión se cumple dentro de las secretarías de educación territoriales.

[…]

26 Corte Constitucional, sentencia C-486/16 M.P. María Victoria Calle Correa.
27 Cita propia del texto transcrito: MP. Nilson Pinilla Pinilla. SV. Jorge Iván Palacio Palacio.

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En este orden de ideas, corresponde al FOMAG reconocer y pagar las prestaciones
sociales y la asistencia en salud. En lo que tiene que ver con el pago de las cesantías,
debe aclararse que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, exceptuó de la aplicación
del Sistema Integral de Seguridad Social a los miembros de las Fuerzas Públicas y
de la Policía Nacional, al personal regido por el Decreto 1214 de 1990, con excepción
de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la Ley 91 de 1989, a los miembros
de las comisiones públicas y a los “afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio”.

En consecuencia, los docentes oficiales se encuentran exceptuados de la aplicación
de la Ley 100 de 1993 y del artículo 98 de la Ley 50 de 1990, que modificó el Código
Sustantivo del Trabajo y estableció un nuevo régimen para el pago de cesantías.

Al respecto, la Ley 244 de 1995 fijó los términos para el pago oportuno de las
cesantías de los servidores públicos, en esa dirección, estableció que la entidad
responsable cuenta con quince (15) días hábiles para resolver la solicitud de
reconocimiento y pago de cesantías; y un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles
para realizar el pago, contados desde que la resolución de reconocimiento quede en
firme. Estos términos deben contarse de conformidad con el artículo 76 del CPACA,
donde se indica que contra la resolución que concede o niega el beneficio, se cuenta
con un término de diez días para la presentación de los recursos de ley.
En otros términos, cuando el artículo 19 (sic) de la ley 91 de 1989 establece que el
pago de cesantías de los docentes oficiales estará regulado por la normatividad
vigente, debe aplicarse lo dispuesto en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley
1071 de 2006, sobre el pago de cesantías definitivas o parciales a los servidores
públicos.

[…]
En conclusión, de acuerdo a la legislación y la jurisprudencia, los docentes oficiales
han sido considerados como servidores públicos con características especiales. En
lo que hace al pago de las cesantías y la mora en el cumplimiento de esta obligación,
es aplicable la Ley 1071 de 2006 que en su artículo 4º que establece el término
máximo de quince (15) días para proferir la resolución de la solicitud y el artículo 5º,
según el cual la entidad pagadora cuenta con un plazo máximo de cuarenta y cinco
(45) días hábiles para el pago. El interés de mora en esta normativa equivale a “…un
día de salario por cada de retardo hasta que se haga efectivo el pago”.

Tal planteamiento fue materia de unificación por el máximo tribunal constitucional,28
y al respecto resaltó:

Bajo ese entendido, la aplicación de este régimen a los docentes estatales se adecúa
a los postulados constitucionales, por las siguientes razones:

(i) El pago oportuno de las cesantías garantiza el reconocimiento efectivo de los
derechos al trabajo y a la seguridad social, y desarrolla la finalidad constitucional por
la cual fue establecida esa prestación social bajo el principio de integralidad. De igual

28 Corte Constitucional, sentencia SU 336/17, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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forma, se acompasa con lo establecido en los diferentes tratados internacionales
sobre la materia ratificados por Colombia.

(ii) En la exposición de motivos de la iniciativa legislativa de la Ley 1071 de 2006
se señaló que su ámbito de aplicación cubre a todos los funcionarios públicos
y servidores estatales de las tres ramas del poder, así como a las entidades que
prestan servicios públicos y de educación, es decir, involucra a todo el aparato del
Estado no solo a nivel nacional sino territorial.

(iii) Al igual que los demás servidores públicos, los docentes oficiales en calidad
de trabajadores tienen derecho a que se les reconozcan pronta y
oportunamente sus prestaciones sociales, por lo que proceder en contrario
significaría desconocer injustificadamente el derecho a la igualdad, respecto de
quienes sí les fue reconocida la sanción por la mora en el pago de las cesantías.

(iii) Existen importantes semejanzas entre las características usualmente atribuidas a
la figura de los empleados públicos y las que son propias del trabajo de los docentes
oficiales, a saber: pertenecen a la rama ejecutiva, cumplen dentro de ella una tarea
típicamente misional respecto de la función que compete a las secretarías de
educación de las entidades territoriales y, en su momento, al Ministerio de Educación
Nacional, se encuentran sujetos a un régimen de carrera y su vinculación se produce
por efecto de un nombramiento.

(iv) En tanto los docentes oficiales no han sido ni podrían ser ubicados como parte de
ninguna de las otras especies de servidores públicos, han de ser considerados como
empleados públicos.

(v) El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó de la aplicación del Sistema Integral
de Seguridad Social a los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Adicionalmente, esta Corporación,29 en sentencia de unificación definió que a los
docentes oficiales sí les son aplicables, en materia de sanción moratoria, las
previsiones de la Ley 244 de 1995 y disposiciones complementarias. Así discurrió:

3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para
señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley
244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el
pago tardío de sus cesantías.

3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las
cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la
sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii)
10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago. (Resalta la Sala).

[…]

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018, radicación

73001-23-33-000-2014-00580-01, número interno 4961-15.

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195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se
interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que
lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto.

3.5.3 Sentar jurisprudencia señalando que, tratándose de cesantías definitivas, el
salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en
la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de
las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la
asignación básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe por
la prolongación en el tiempo.

3.5.4 Sentar jurisprudencia, reiterando que es improcedente la indexación de la
sanción moratoria. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 del CPACA.

De manera que, aplicando el precedente de unificación jurisprudencial anotado, se
debe concluir que la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006 sí puede concederse a favor de los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, en caso de demostrarse que se incurrió en
mora en el pago de las cesantías parciales o definitivas y el conteo de términos
para efecto del reconocimiento se rige por las reglas fijadas en el precedente
aludido, sin que sea dable excusarse en razones de orden presupuestal, para
abstenerse del cumplimiento de un término definido por el legislador, en el cual se
deben hacer las gestiones correspondientes para lograr el pago oportuno.

Precisado lo anterior, el segundo problema jurídico a resolver consiste en definir lo
relativo a la autoridad responsable del pago de la indemnización por mora en la
consignación de las cesantías a los docentes, comoquiera que la Nación (Ministerio
de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), en su
recurso, consideró que no le asiste tal obligación. Sobre esa materia, esta
Subsección30 ha sostenido:

Mediante la Ley 91 de 1989 en su artículo 3.º, se creó el FNPSM como una cuenta
especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, que si
bien es cierto no tiene personería jurídica, está adscrita al Ministerio de Educación
Nacional, cuya finalidad entre otras, es el pago de las prestaciones sociales de los
docentes afiliados a dicho fondo (artículos 4 y 5).

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2019,
radicación: 68001-23-33-000-2016-00406-01, número interno: 1728-2018, M.P. William Hernández
Gómez.

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A su vez, el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, norma aplicable para el momento en
que se adelantó la actuación administrativa en el sub-lite y para el presente asunto en
sede judicial, señalaba que las prestaciones sociales de los docentes oficiales serían
reconocidas y pagadas por el FNPSM, mediante la aprobación del proyecto de
resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual en todo caso debe ser
elaborado por el Secretario de Educación de la entidad territorial certificada
correspondiente a la que se encuentre vinculado el docente, sin despojar al FNPSM
de la competencia para reconocer y pagar las prestaciones sociales de los docentes
oficiales.

Si bien el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 fue derogado por el artículo 336 de la Ley
1955 de 2019 del 25 de mayo de 201931 y ésta última reguló el tema en su artículo
57, dicha disposición no rige el asunto objeto de estudio porque la petición de
reconocimiento de cesantías se radicó el 18 de julio de 2013 y la sanción moratoria
se causó del 30 de octubre de 2013 al 9 de julio de 2015, es decir, con anterioridad a
la expedición de la mencionada ley.

En conclusión, en el sub examine, será el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio quien debe responder por el reconocimiento de la sanción moratoria
causada a favor del aquí demandante porque las normas vigentes y aplicables al
asunto consagran la responsabilidad a cargo de dicho fondo.

El anterior criterio sirve de soporte para concluir que, en el asunto de la referencia,
al tratarse de un reconocimiento de sanción moratoria causada con anterioridad a
la Ley 1955 de 2019,32 «[p]or [la] cual se expide el Plan Nacional De Desarrollo
2018-2022» la obligación de asumir la condena reside en la Nación (Ministerio de
Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), tal como lo
consideró el a quo, en cuanto la Ley 91 de 1989, en su artículo 3.º, creó el aludido
fondo, y le atribuyó la responsabilidad de reconocer y pagar las prestaciones
sociales a los docentes, y si bien es cierto su creación fue como una cuenta especial
de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, también lo es

31 Cita propia del texto transcrito: «Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022».
32 Se precisa que el parágrafo de su artículo 57 radica la responsabilidad del pago de la sanción

moratoria tanto en el ente territorial como en el FNPSM, de acuerdo a la autoridad que hubiera
incurrido en tardanza de la gestión de las cesantías de los docentes, según sus competencias, así:
«PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago
de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como
consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la
solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaria de Educación territorial al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.». [Se
resalta]

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que se encuentra adscrito al Ministerio de Educación Nacional y es este quien ejerce
su representación judicial, toda vez que no cuenta con personería jurídica.

Adicional a ello, el periodo durante el cual se ordenó la sanción moratoria en esta
litis —del 15 de diciembre de 2012 al 2 de septiembre de 2013—33 fue anterior a la
expedición y entrada en vigencia de la Ley 1955 de 201934 «[p]or [la] cual se expide
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022» y solo a partir de esta se atribuye la
responsabilidad de pago de la sanción moratoria con cargo a las entidades
territoriales intervinientes en el trámite del reconocimiento de las cesantías a los
docentes, razones suficientes para considerar que no es procedente el
planteamiento de la autoridad demandada, para revocar la sentencia de primera
instancia.

Lo anterior, no sin antes señalar que, si bien la autoridad recurrente se fundó en la
existencia de un contrato de fiducia, con sustento en el cual pretende hacer radicar
en la Fiduprevisora la responsabilidad para actuar en el proceso, al tenor de lo

33 Según lo ordenado por el a quo en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de

primera instancia. No obstante, se precisa que en dicha providencia se aclaró que la mora empezó
a correr desde el 12 de julio de 2011, pero se declaró parcialmente prescrito el derecho respecto de
la penalidad causada entre dicha fecha y el 14 de diciembre de 2012, como se determinó en el
numeral tercero de la parte resolutiva de dicha providencia (folio 272 vto.).
34 Se precisa que el parágrafo de su artículo 57 radica la responsabilidad del pago de la sanción

moratoria tanto en el ente territorial como en el FNPSM, de acuerdo a la autoridad que hubiera
incurrido en tardanza de la gestión de las cesantías de los docentes, según sus competencias, así:
«PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago
de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como
consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la
solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaria de Educación territorial al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.». [Se
resalta]

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dispuesto en el artículo 2.5.2.1.1.35 del Decreto 2555 de 2010,36 también lo es que,
por un lado, dentro de las pruebas solicitadas y aportadas37 por la Nación (Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) al
sub lite no se allegó copia del aludido contrato de fiducia a fin de verificar los
términos que en él se pactaron, carga probatoria que le era exigible al tenor de lo
previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso,38 y, por otro lado, el
apoderado de la entidad demandada, al contestar el libelo, actuó en una doble
condición, como representante de la Nación (Ministerio de Educación) y de la
Fiduprevisora y, en torno a esta última, manifestó enfáticamente que el encargo
fiduciario solo tiene como propósito administrar los recursos, pero no ordenar y
disponer de ellos y que, en todo caso, en aquella gestión actúa como vocera de la
aludida cartera ministerial,39 razones que impiden dar viabilidad a su argumento.

Ahora bien, la entidad demandada argumentó que los intereses moratorios con
cargo a alguna autoridad de derecho público, se rigen por la Ley 1328 de 2009,
artículo 88, y, por ende, no se debe aplicar la sanción a que aluden las Leyes 244

35 Artículo 2.5.2.1.1 Derechos y deberes del fiduciario. Los patrimonios autónomos conformados en

desarrollo del contrato de fiducia mercantil, aun cuando no son personas jurídicas, se constituyen en
receptores de los derechos y obligaciones legales y convencionalmente derivados de los actos y
contratos celebrados y ejecutados por el fiduciario en cumplimiento del contrato de fiducia.
El fiduciario, como vocero y administrador del patrimonio autónomo, celebrará y ejecutará
diligentemente todos los actos jurídicos necesarios para lograr la finalidad del fideicomiso,
comprometiendo al patrimonio autónomo dentro de los términos señalados en el acto constitutivo de
la fiducia. Para este efecto, el fiduciario deberá expresar que actúa en calidad de vocero y
administrador del respectivo patrimonio autónomo.
En desarrollo de la obligación legal indelegable establecida en el numeral 4 del artículo 1234 del
Código de Comercio, el Fiduciario llevará además la personería del patrimonio autónomo en todas
las actuaciones procesales de carácter administrativo o jurisdiccional que deban realizarse para
proteger y defender los bienes que lo conforman contra actos de terceros, del beneficiario o del
constituyente, o para ejercer los derechos y acciones que le correspondan en desarrollo del contrato
de fiducia.
Parágrafo. El negocio fiduciario no podrá servir de instrumento para realizar actos o contratos que
no pueda celebrar directamente el fideicomitente de acuerdo con las disposiciones legales.
36 Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del

mercado de valores y se dictan otras disposiciones.
37 En la contestación de la demanda tan solo se solicitó «requerir de manera oficiosa a la Secretaría

de Educación respectiva los antecedentes administrativos relacionados con el objeto del presente
litigio, lo anterior, con consecuencia de la imposibilidad de allegarlo por no obrar este dentro de los
archivos del Ministerio de Educación Nacional» (folio 105 vto.).
38 Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas

que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
39 En el acápite 1.2. numeral (iii) de esta providencia, se transcribió le pertinente.

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Demandante: Luz Mary Sapuy Cuellar

de 1995 y 1071 de 2006; sin embargo, la Sala debe señalar que no es de recibo tal
consideración, pues, en asuntos como el analizado, se aplica el criterio de
especialidad de la ley, de manera que para resolver la pretensión de la demandante,
la materia relativa a la tardanza en el pago de las cesantías parciales está prevista
en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, mientras que la invocada por la entidad
demandada rige en materia financiera, de seguros y del mercado de valores, y, por
tal motivo, la norma que se invoca en el recurso de apelación no cobija la situación
planteada en la demanda y que fue decidida por el a quo con base en la normativa
que sí es aplicable, como se analizó con antelación.

Por otro lado, en lo que tiene que ver con el reparo planteado por la demandante,
en el sentido de que el fenómeno prescriptivo se contabilice conforme a los términos
establecidos en el Código Civil pues aquel que está señalado en los Decretos 3135
de 1968 y 1848 de 1969 no es aplicable en el sub lite, la Sala debe indicar que tal
discusión ya fue analizada en sentencia de unificación por esta Corporación,40 y, en
esa materia, se definió que la norma que se debe emplear, para ese efecto, es el
artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral41 que consagra 3 años desde que
la obligación se hizo exigible, para que se configure el fenómeno extintivo. Así se
expuso:

[…] La razón de aplicar esta disposición normativa y no el término prescriptivo
consagrado en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 196942, previamente citados,
consiste en que tales decretos en forma expresa señalan que la prescripción allí
establecida, se refiere a los derechos de que tratan las referidas normas, entre los
cuales no figura la sanción moratoria, pues para la época de su expedición, la sanción
aludida no hacía parte del ordenamiento legal, la que solo fue creada a partir de la
consagración del régimen anualizado de las cesantías, en virtud de la Ley 50 de 1990.

En consecuencia, se fijó la siguiente regla de unificación:

40 Sentencia CE-SUJ2 004 del 25 de agosto de 2016, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
41 Valga aclarar que esa fue la disposición normativa utilizada por el tribunal para estudiar el
fenómeno prescriptivo, como consta en el folio 271 vuelto.
42 Cita propia del texto transcrito: «Normas aplicadas para efecto de prescripción, entre otras en

sentencias de 21 de noviembre de 2013, Consejera ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez (E),
radicación número: 08001-23-31-000-2011-00254-01(0800-13) y de 17 de abril de 2013, Consejero
ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación número: 08001-23-31-000-2007-00210-
01(2664-11).»

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2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de
prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151 del
Código de Procedimiento Laboral.

Siguiendo la anterior postura, no es viable acoger el planteamiento de la
demandante, en el sentido de que se tome la legislación civil para contabilizar el
fenómeno prescriptivo en su caso, pues lo relativo a esa materia —la norma
aplicable en cuanto al término prescriptivo— ya fue definido por esta Corporación.

Finalmente, debe verificarse si el análisis realizado por el a quo, en torno a la figura
prescriptiva, atendió las normas aplicables sobre la materia, en particular, lo previsto
en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo,43 según el cual «[l]as acciones
que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde
que la respectiva obligación se haya hecho exigible». En ese sentido, para el
caso concreto, se tiene que la petición en sede administrativa encaminada a obtener
el reconocimiento de las cesantías parciales, se radicó el 4 de abril de 2011,44 de
modo que los 15 días con que la administración contaba para expedir el acto
administrativo pertinente, vencían el 27 de abril de 2011, lo que conlleva afirmar que
la Resolución 2596 del 21 de junio de 2013,45 notificada el 2 de julio siguiente, a
través de la cual se reconoció la prestación parcial a favor de la demandante, fue
expedida en forma extemporánea.

En esas condiciones, de haberse expedido oportunamente el acto, esto es, el 27 de
abril de 2011, su ejecutoria se hubiera producido a los 5 días siguientes,46 es decir,
el 4 de mayo de 2011; por lo tanto, los 45 días para el pago oportuno vencían el 11
de julio de 2011;47 no obstante, este tan solo se produjo el 3 de septiembre de 2013,

43 Que es la norma que rige la prescripción de la sanción moratoria, tal como se determinó en la

Sentencia de Unificación CE- SUJ 2 - 004 – 16 del 25 de agosto de 2015, M.P. Luis Rafael Vergara
Quintero, en la que se fijó la siguiente regla: «2.- La sanción o indemnización moratoria sí está
sometida al fenómeno de prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151
del Código de Procedimiento Laboral».
44 Según las consideraciones de la resolución que obra en folio 22.
45 Folios 22 a 27.
46 Teniendo en cuenta que dichos términos transcurrieron en vigencia del Decreto 01 de 1984, toda

vez que la Ley 1437 de 2011, entró a regir el 2 de julio de 2012, es decir, con posterioridad a la fecha
en que debía expedirse oportunamente el acto.
47 Tal como lo considero el a quo.

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lo que corrobora la extemporaneidad en la cancelación de la prestación. De manera
que la entidad demandada incurrió en mora, entre el 12 de julio de 201148 y el 2 de
septiembre de 2013.49

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la reclamación en sede administrativa
dirigida a obtener la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías
parciales, se observa que esta se radicó el 15 de diciembre de 2015,50 ante la
Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio), lo que quiere decir que la petición se formuló cuando se habían
excedido los 3 años desde que la obligación se hizo exigible y ello conlleva la
configuración de la prescripción extintiva de la sanción moratoria.

En efecto, y tal como se enunció con antelación, la mora empezó a causarse desde
el 12 de julio de 2011; por lo tanto, a partir de ese momento se hizo exigible y, en
tales condiciones, debía reclamarse ante la administración, a más tardar, el 12 de
julio de 2014; sin embargo, se repite, la petición en la que se exigió su
reconocimiento se radicó el 15 de diciembre de 2015, cuando se habían vencido los
términos de que disponía la demandante para reclamar dicha penalidad.

Valga aclarar que la anterior interpretación obedece a la aplicación de las reglas
fijadas en las Sentencias de Unificación CE- SUJ 2 - 004 – 16 del 25 de agosto de
2016 y CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020, última en la que se determinó
lo siguiente:

El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la sanción
moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es desde su
causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad siguiente, por
ende, la reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los tres años
siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva. [Resalta la Sala]

48 Día siguiente al vencimiento de los 45 días de que se disponía para realizar el pago, contados en

el escenario de la expedición oportuna del acto de reconocimiento.
49 Día anterior a aquel en que se puso a disposición de la demandante el monto reconocido por

concepto de su prestación parcial.
50 Folios 32 a 35.

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De manera que en las providencias de unificación antes citadas, entre otras
providencias emanadas de la Sección Segunda de esta Corporación, se le ha dado
el alcance transcrito al término prescriptivo de que trata el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo, y se ha concluido que el conteo de los 3 años para su
configuración surge desde el vencimiento de los precisos términos con que el
empleador cuenta para expedir el acto de reconocimiento y el posterior pago de la
prestación y vence al momento en que se cumplen los 3 años subsiguientes, so
pena de la configuración del fenómeno extintivo.

Así las cosas, en el sub lite procede revocar la sentencia de primera instancia que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarar
probada, de oficio, la excepción de prescripción extintiva de la sanción moratoria.

2.5. Condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,51 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación atiende un criterio objetivo
valorativo. Objetivo, en el sentido de que toda sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, pues se requiere que el juez revise si ellas se
causaron (pago de gastos ordinarios del proceso, actividad profesional realizada
dentro de él), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o la temeridad de las
partes. Conforme a las anteriores reglas, y según lo dispuesto en los numerales 1 y
8 del artículo 365 del Código General del Proceso,52 la Sala se abstendrá de
condenar en costas de segunda instancia, pues la interpretación en torno al
fenómeno extintivo fue producto de sentencias de unificación dictadas en el curso
del proceso, además, las partes no actuaron en esta instancia.53

3. Conclusión

51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
52 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso […] 8. Solo habrá lugar a costas

cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
53
No presentaron alegatos de conclusión, como consta en el informe secretarial visible en folio 333.

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Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que (i) los docentes sí son beneficiarios de la Ley 1071
de 2006, para efecto del reconocimiento de la sanción moratoria ante el
incumplimiento en el plazo para el pago de las cesantías parciales; (ii) la Nación
(Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio)
sí sería la entidad legitimada para responder por la condena impuesta por el a quo
en lo que respecta a la sanción moratoria ordenada a favor de la señora Luz Mary
Sapuy Cuellar; (iii) no es del caso reemplazar la sanción moratoria por los intereses
previstos en una norma que rige en materia mercantil; (iv) no procede aplicar la
legislación civil en materia del término para la configuración del fenómeno extintivo;
(v) no obstante lo anterior, se configuró la prescripción extintiva de la sanción
moratoria porque no se reclamó su reconocimiento dentro de los 3 años siguientes
a su exigibilidad y ello conlleva declarar probada, la excepción que, al respecto,
propuso la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio); y (vi) no es viable condenar en costas de segunda
instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F AL L A

Primero. Revocar la sentencia proferida el 9 de abril de 2018, por el Tribunal
Administrativo del Huila, mediante la cual se declaró la nulidad del acto acusado, la
prescripción parcial de la penalidad reclamada y se ordenó el reconocimiento parcial
de la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías parciales en la
demanda formulada por Luz Mary Sapuy Cuellar contra la Nación (Ministerio de

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Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), según lo
expuesto en las consideraciones que anteceden. En su lugar, se dispone:

Declarar probada la excepción de prescripción extintiva de la sanción moratoria,
propuesta por la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio), conforme a lo manifestado en la parte motiva de este
proveído.

Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia, según lo
expuesto con antelación.

Tercero. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
(con aclaración de voto) (con aclaración de voto)

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DDG

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