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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00569-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00569-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Bolívar que negó las pretensiones de la demanda, según las consideraciones que anteceden. En su lugar quedará así: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 13001-23-33-000-2018-00569-01 Demandante: Judith Galvis Cano «PRIMERO. Declarar probada de oficio la excepción de prescripción de la sanción moratoria y en consecuencia, negar las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia». SEGUNDO. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida. TERCERO. La abogada Isela Berrocal Llorente, identificada con la cédula de ciudadanía 45.757.757 y portadora de la tarjeta profesional 113.090 del Consejo Superior de la Judicatura, renunció al poder otorgado por el representante del departamento de Bolívar. La cual surtió efectos después de los 5 días de su presentación en la secretaría de esta Corporación. CUARTO. Reconocer personería a la abogada Isela Berrocal Llorente, identificada con la cédula de ciudadanía 45.757.757 y portadora de la tarjeta profesional 113.090 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la parte demandada, en los términos del poder conferido. QUINTO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las motivaciones anteriores. SEXTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2018-00569-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

27 de febrero de 2025

Radicado: 13001-23-33-000-2018-00569-01
Demandante: Judith Galvis Cano

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00569-01 (3291-2022)
Demandante: Judith Galvis Cano
Demandado: Departamento de Bolívar

Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Prescripción.
Modifica la sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 10 de septiembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones de la demanda.

La señora Judith Galvis Cano por intermedio de apoderada y en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que se declare la nulidad del
acto ficto o presunto negativo, producto de la petición del 13 de abril de 2016, por
medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria en cuantía de
71.778.156 COP, ii) la indexación de la condena de acuerdo con el IPC, iii) el
reconocimiento y pago de los ajustes conforme a lo dispuesto por los artículos 192 y
196 del CPACA, y iv) se condene en costas a las entidades demandadas.

1.1. Hechos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes1:

1 Si bien existen inconsistencias en las fechas de la reclamación administrativa, las mismas fueron empleadas por

la demandante en el libelo.

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Radicado: 13001-23-33-000-2018-00569-01
Demandante: Judith Galvis Cano

La señora Judith Galvis Cano prestó sus servicios a la gobernación de Bolívar sin
solución de continuidad entre el 10 de enero de 1981 y el 31 de mayo de 2011, es
decir que es beneficiaria del régimen retroactivo de cesantías.

El 20 de noviembre de 2007 la actora por intermedio de apoderado presentó
reclamación administrativa ante la entidad territorial, solicitando el reconocimiento y
pago de las cesantías retroactivas a las que tenía derecho.

La cancelación de la prestación no se produjo dentro de los 65 días siguientes al retiro
del servicio o la reclamación presentada, por lo que a partir del 5 de septiembre de
2011 comenzó a causarse la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995.

El 4 de junio de 2014 se reconocieron las cesantías y solo hasta el 13 de junio del
mismo año se realizó el pago, por lo que transcurrieron 998 días de mora. Por eso y
según la normativa aplicable, debe reconocerse la sanción moratoria.

Mediante solicitud del 13 de abril de 2016 reclamó la sanción moratoria; sin embargo,
no hubo pronunciamiento alguno por parte de la entidad demandada, configurándose
el acto administrativo ficto demandado.

1.2. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Señaló como vulneradas las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la demandante expuso que el
acto administrativo que negó las pretensiones de la demanda infringe las normas en
las que debía fundarse, pues habiéndose producido la mora en el pago de las
cesantías retroactivas se negó el reconocimiento de la sanción moratoria.

1.3. Contestación de la demanda

El departamento de Bolívar2 por intermedio de apoderada se pronunció sobre los
hechos de la demanda y se opuso a todas y cada una de las pretensiones, por carecer
de fundamentos de hecho y de derecho.

Propuso las excepciones de “legalidad y validez de la actuación del departamento y
del acto ficto demandado”, “inexistencia del derecho reclamado”, “cobro de lo no
debido”, “pago oportuno de las cesantías” y “genérica”.

1.4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia del 10 de septiembre de
20213, declaró la nulidad del silencio administrativo negativo producto de la petición
del 13 de abril de 2016 y negó las pretensiones de la demanda, con base en las
siguientes consideraciones:
2 Páginas 58 a 63 del expediente digital.
3 PDF 02 del expediente digital.

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Demandante: Judith Galvis Cano

La demandante es beneficiaria del régimen retroactivo de cesantías, porque ingresó a
laborar con el departamento de Bolívar desde el 10 de enero de 1981, es decir, con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 y además, así señala en
la Resolución 753 del 4 junio de 2014 que le reconoció las cesantías bajo esa
modalidad.

No obstante, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado no le asiste el
derecho a la sanción moratoria, dado que la penalidad no resulta aplicable a los
trabajadores acogidos al sistema de cesantías en mención, comoquiera que dicho
pago sólo es posible en el sistema anualizado.

Por último, en virtud de lo establecido en el artículo 188 del CPACA condenó en costas
a la parte vencida.

1.5. Recurso de apelación

La apoderada de la parte demandante4 inconforme con lo decidido interpuso recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Adujo que los artículos 53 de la Constitución Política y 21 del Código Sustantivo del
Trabajo consagran que cuando existe duda entre dos interpretaciones posibles de una
norma, toda autoridad judicial está obligada a emplear la más favorable para el
trabajador, razón por la cual son aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

El fallo proferido realizó una interpretación restrictiva, afirmación que sustentó así:

«En el fallo proferido por la Sala de Decisión No. 03, se realizó una interpretación
restrictiva lo que los llevó al (i) desconocimiento efectivo de los derechos al trabajo y a
la seguridad social, de los cuales son titulares todos los trabajadores sin distinción
alguna; (ii) contrarió el propósito del legislador dirigido a garantizar los derechos a la
seguridad social y al pago oportuno de las prestaciones sociales de los trabajadores, a
través de la implementación de un mecanismo ágil para la cancelación de la sanción
moratoria para los trabajadores tanto del sector público como del privado, sin distinción;
(iii) desconoció que el reconocimiento de la sanción moratoria a favor de los
trabajadores de salud territorial es la postura que mejor se adecúa a los postulados
constitucionales; (iv) olvidó que en virtud del principio de favorabilidad en material
laboral, se debe dar aplicación de la interpretación que resulte ser más beneficiosa para
los trabajadores de la salud, en este caso, aplicarles el régimen general de los
servidores públicos; y (v) condujo a la vulneración del derecho a la igualdad en las
decisiones judiciales, al proferir sentencias contrarias en casos que se sustentan en los
mismos supuestos fácticos, pues todos los empleados tienen derecho a que se les
reconozca y cancelen sus cesantías en tiempo y si no se hace en el tiempo perentorio,
establecido por disposición legal, debe el ordenador del gasto, gerente, representante
legal; cancelar en debida forma sus prestaciones, esto es actualizado o con sus
intereses moratorios».

Por lo que, al resolver el asunto y negar el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria, se aplicó la interpretación más restrictiva para los derechos de los

4 PDF 04 del expediente digital.

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trabajadores, pues a pesar de que pertenece a un régimen con cesantías retroactivas,
es un trabajador, ante todo.

Finalmente, precisó que la indexación es una simple actualización de una obligación
dineraria con el fin de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores debido a los
fenómenos inflacionarios, mientras que la sanción moratoria busca penalizar
económicamente a las entidades negligentes, y por ello su monto es en general
superior a la indexación.

1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia

Mediante auto del 14 de septiembre de 20225 se admitió el recurso de apelación.
Dentro del término previsto en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, modificado
por la Ley 2080 de 2021, los sujetos procesales y el agente del Ministerio Público
guardaron silencio

Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal forma,
sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se procederá
a resolver la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

2. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de
acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo6.

De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto
por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó
recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos consignados en el mismo.

2.1. Problema jurídico

Le corresponde a la Subsección determinar si, tal como alega la parte apelante, la
demandante como beneficiaria del régimen retroactivo de cesantías, tiene derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en las Leyes 244 de 1995
y 1071 de 2006 o si se encuentra ajustada a derecho la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda.

A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará los
siguientes temas: 2.2. Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción

5 Actuación visible en el índice 04 de la plataforma SAMAI.
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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Demandante: Judith Galvis Cano

moratoria, 2.3. Sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de
2023. 2.4 Hechos probados y 2.5. Caso concreto.

2.2. Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria.

La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2007 7, establece en
su artículo primero, lo siguiente:

«Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo
texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente,
si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.» (subraya
fuera del texto)

De igual manera, el artículo 2° de la citada ley, dispone que la entidad pagadora tendrá
un plazo máximo para cancelar dicha prestación, veamos:

«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional
de Ahorro.»( Subraya fuera del texto)

Norma que también dispone una sanción cuando se incumplen los términos para
resolver la solicitud de cesantías, así como su pago, tal como se evidencia en el
parágrafo del artículo en comento:

«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra
el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a este». (subraya fuera del texto)

Esta Sección, en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó jurisprudencia
frente a la fecha de causación de la sanción moratoria. Se consideró en esa
oportunidad que:
7 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o

parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”

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«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la
solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera
tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la
radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días
hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.
1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437
de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir del día en
que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días
hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)

Las reglas jurisprudenciales fijadas en la misma sentencia de unificación, en cuanto a
la exigibilidad de la sanción moratoria se sintetizan así:

«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se puede
evidenciar en el siguiente cuadro:

TÉRMINO PAGO
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA CORRE MORATORIA
10 días, después de 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
PETICIÓN SIN
No aplica cumplidos 15 para expedir el ejecutoria petición
RESPUESTA
acto

Aplica pero no se tiene
ACTO ESCRITO 10 días, después de 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
en cuenta para el
EXTEMPORANEO cumplidos 15 para expedir el ejecutoria petición
cómputo del término de
(después de 15 días) acto
pago

45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la
Personal ejecutoria notificación
TIEMPO notificación

10 días, posteriores a 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al ejecutoria notificación
TIEMPO
acto
10 días, posteriores al 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Aviso siguiente de entrega del ejecutoria entrega del aviso
TIEMPO
aviso
67 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN Sin notificar o notificado 10 días, posteriores al intento
45 días posteriores a la expedición del acto
TIEMPO fuera de término de notificación personal 9
ejecutoria
45 días después de la 45 días desde la
ACTO ESCRITO Renunció Renunció renuncia renuncia
Adquirida, después de 45 días, a partir del 46 días desde la
ACTO ESCRITO Interpuso recurso notificado el acto que lo siguiente a la notificación del acto
resuelve ejecutoria que resuelve recurso
ACTO ESCRITO, 45 días, a partir del 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso Adquirida, después de 15 siguiente a la interposición del
RESOLVER días de interpuesto el recurso ejecutoria recurso
Fuente: Sentencia de 18 de julio de 2018

2.3. Sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de
2023. Prescripción de la sanción moratoria.

En lo que corresponde a la prescripción de la sanción moratoria por el no pago o pago
tardío de cesantías definitivas, la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia
de unificación del 2 de noviembre de 2023, fijó las siguientes reglas:

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«PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de las
cesantías definitivas consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, se fijan
las siguientes reglas:

(i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el incumplimiento
en el pago de las cesantías definitivas, regulado por el artículo 151 del CPTSS,
se inicia a contabilizar desde que la penalidad se hace exigible, esto es, al
vencimiento del plazo legal para el pago de la prestación social. Si el reclamo
de la sanción se presenta después de los tres años contados desde su
exigibilidad, se configura la prescripción total.
(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del pago
tardío o no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una sola vez con
la reclamación oportuna, y por un lapso igual de tres años, que no puede ser
entendido como un término que habilita al beneficiario para presentar múltiples
solicitudes, sin que opere la prescripción.
(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el
derecho por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para
reclamar la sanción moratoria.

SEGUNDO: Advertir a los operadores jurídicos y a la comunidad en general
que las reglas de unificación fijadas en esta sentencia son aplicables
retrospectivamente a todos los asuntos que se encuentren en trámite en sede
administrativa o judicial y no podrán ser aplicadas retroactivamente a aquellos
casos cobijados por el fenómeno de la cosa juzgada.» (negrilla fuera del
texto)

En la misma sentencia de unificación, se precisaron las razones para aplicar el término
prescriptivo consagrado en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral a la
sanción moratoria derivada del reconocimiento y pago tardío de las cesantías a los
servidores públicos. En los siguientes términos:

«3.4.4. Aspectos generales alrededor de la prescripción extintiva de la sanción
moratoria

De manera previa y para el correcto entendimiento del tema conviene precisar que en
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la aplicación del mencionado artículo
151 del CPTSS requiere que se realicen ciertas distinciones que son propias de los
litigios que se adelantan en esta especialidad, dado que la administración manifiesta
su voluntad mediante actos administrativos, expresos o presuntos, y además por la
naturaleza de las nociones de exigibilidad de los derechos, prescripción y la caducidad.

Como primera medida debe recordarse que la exigibilidad está relacionada con el
“derecho de acción” que tiene el beneficiario para acudir a la vía judicial y
administrativa y reclamar el pago de la sanción moratoria, so pena que, de no hacerlo
en el tiempo previsto por las normas procesales para tal efecto, puede correr el riesgo
de perderlo de manera definitiva. Por su parte, la caducidad es un fenómeno cuya
ocurrencia depende del cumplimiento del término perentorio establecido para ejercer
las acciones ante la jurisdicción derivadas de los actos, hechos, omisiones u
operaciones de la administración, sin que se haya ejercido el derecho de acción por
parte del interesado. De lo anterior se concluye que la caducidad ocurre por la
inactividad de quien tiene el deber de demandar en el tiempo permitido para hacerlo,
para no perder el derecho de ejercer la acción, lo cual no genera un pronunciamiento
de fondo por parte de las autoridades judiciales1.

Finalmente, la prescripción extintiva, que se analiza en este asunto, es un modo de
extinguir derechos u obligaciones, como resultado de su no reclamación, alegación o

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defensa durante el tiempo determinado por la ley, por cualquier razón subjetiva que
motive la inacción de su titular, dejando salvas las suspensiones determinadas por la
ley en favor de ciertas personas2. Esta figura surge de la necesidad de establecer un
límite temporal para el ejercicio de los derechos, con el fin de proporcionar un nivel
mínimo de certeza y seguridad jurídica a las relaciones interpersonales y se relaciona
con el deber que tiene cada persona de reclamar en tiempo sus derechos, bajo el
riesgo de perder la oportunidad de ejercerlos.

En el ámbito contencioso administrativo, este instituto protege el interés general, el
patrimonio público, la seguridad jurídica y la certeza del derecho, al impedir el
reconocimiento de derechos que fueron reclamados tardíamente por parte de sus
titulares, como consecuencia de su propia incuria. Por ello, dentro del abanico de
obligaciones que tiene el juez, como director del proceso, está la de analizar de
manera oficiosa si en el asunto sometido a su conocimiento ha operado o no
este fenómeno extintivo, sin perjuicio, claro está, de la no reformatio in pejus
(art. 187 del CPACA). De manera que la prescripción extintiva puede invocarse
por vía de excepción o declararse de oficio.

Precisado lo anterior, es pertinente traer a colación la sentencia de unificación CE-
SUJ2 004 de 2016, mediante la cual se fijó como regla jurisprudencial que las
cesantías definitivas son una prestación que está sometida al fenómeno de la
prescripción. En la referida sentencia se dispuso que cuando la mora en el pago de las
cesantías no sea producto de la negligencia del empleador sino atribuible al empleado,
la prestación estará afectada por el fenómeno prescriptivo, pues la omisión de este
último en atender los requerimientos que el empleador le formule para disponer su
pago no puede redundar en un beneficio injustificado a su favor.

En la referida sentencia, se estableció como precedente frente a la sanción moratoria
por el pago tardío o no pago de las cesantías, que está sometida al fenómeno de
prescripción trienal, pues por tratarse de una pena no puede considerarse como un
derecho imprescriptible.

En torno a las reglas que orientan la prescripción extintiva en materia de sanción
moratoria, la Sección Segunda en la sentencia de unificación CE SUJ004 del 25 de
agosto de 2016, dejó sentado el criterio según el cual la sanción moratoria por
pago tardío u omisión en la consignación de cesantías de que trata la Ley 50 de
1990, está sujeta a prescripción y el término aplicable es el regulado en el artículo
151 del CPTSS, toda vez que la prevista en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de
1969, se refiere a los derechos de que tratan las referidas normas, entre los
cuales no figura la sanción moratoria, ya que para la época dicha penalidad aún
no había sido establecida.

El citado entendimiento fue reiterado en la sentencia CE-SUJ-SII-022 del 6 de agosto
de 2020, en la cual se unificó jurisprudencia con respecto al momento a partir del cual
se contabiliza el término de prescripción para reclamar la sanción moratoria de la Ley
50 de 1990, por la no consignación de las cesantías con régimen de liquidación
anualizado.
Lo expuesto pone de presente que el criterio reinante en la jurisprudencia de la Sección
Segunda es el de aplicar para efectos de la sanción moratoria, el término de
prescripción extintiva de tres años consagrado en el artículo 151 del CPTSS.

[…]

Atendiendo a los precedentes enunciados, la Sección Segunda considera que en el
presente caso se debe acoger la regla de interpretación según la cual el derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria por el incumplimiento en el pago de las
cesantías definitivas prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, está
supeditado a la observancia del término de prescripción consagrado en el mencionado
artículo 151 del CPTSS.»

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Demandante: Judith Galvis Cano

Para la Sala, en el presente asunto es aplicable el artículo 151 del Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social, pese a la restricción prevista en el artículo 4 del
código sustantivo del trabajo8, por las siguientes razones:

1. El artículo 151 ya mencionado, al disponer un término prescriptivo de las
acciones que emanan de las leyes sociales, no solo rige las relaciones entre
particulares sino todas aquellas de carácter laboral, lo que no excluye a los
servidores públicos.

2. La anterior interpretación, fue acogida por la Corte en la sentencia C-745 de
1999. Corporación que al analizar la constitucionalidad del artículo 4 de la Ley
165 de 19419, consideró que «ese razonamiento no es de recibo, como quiera
que el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral expresamente señala
el término de prescripción para “las acciones que emanen de las leyes
sociales”. Así pues, las leyes sociales no sólo son aquellas que rigen
relaciones entre particulares, sino que son las normas que regulan el
tema laboral, por lo que es una denominación referida a la relación de
subordinación entre patrono y trabajador y no a su status». (Negrilla de la
Sala)

3. Esta Corporación desde la sentencia del 21 de septiembre de 1982 10, ha
sustentado la aplicación del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, en
que la norma es de contenido sustancial y no procedimental, por lo tanto, el
término prescriptivo en ella contenida se aplica en el régimen de los empleados
públicos, conforme a los siguientes argumentos:

«No es válida la argumentación que hacen algunos en el sentido de que el artículo
151 del Código Procesal del Trabajo no es aplicable a los empleados públicos,
especialmente por lo dispuesto en el artículo 4º del Código Sustantivo del Trabajo,
pues esta norma se refiere únicamente a las disposiciones del mismo estatuto en
lo concerniente a las relaciones laborales de carácter individual; además, la
exclusión que hace comprende también a los trabajadores que se encuentren
respecto del Estado en situación de índole contractual, los cuales están
totalmente sometidos a las normas del Código Procesal del Trabajo. Por su parte,
el artículo 2º de este Código se limita a señalar los asuntos de que conoce la
jurisdicción del trabajo en forma tal que excluye ciertamente los que conciernen a
empleados públicos; pero no los deja completamente al margen de las
disposiciones de dicho estatuto, pues se les aplican las que regulan la ejecución
de obligaciones a cargo del estado y a favor de ellos, de conformidad con el inciso
segundo del mismo artículo, como también del artículo 100 ibídem, que hablan
genéricamente de “obligaciones emanadas de la relación de trabajo” “originadas
en ella, sin circunscribirse a las de tipo contractual. En suma, las normas del
Decreto 2159 no fueron instituidas exclusivamente para lograr la efectividad de
los derechos consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo, expedido,

8 ARTÍCULO 4o. SERVIDORES PUBLICOS. Las relaciones de derecho individual del Trabajo entre la
Administración Pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado,
no se rigen por este Código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten.
9 ARTÍCULO 4°. Ampliase a cuatro años el término de prescripción de las acciones que corresponden al trabajador

para el cobro de su salario y de la indemnización especial por accidente de trabajo.
10 Sentencia del 21 de septiembre de 1982. C.P. Joaquín Vanín Tello. Exp. 6156, mencionada en la providencia
del 23 de julio de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-02953-02 (2408-2018). C.P: Gabriel Valbuena Hernández.

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Demandante: Judith Galvis Cano

además, con posterioridad al citado estatuto procesal. Por último, ya se indicó que
sin que importe la ubicación física de la norma, la del artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo es de naturaleza sustancial y no de carácter adjetivo o
procedimental».

4. Tratándose de la prescripción de las sanciones moratorias derivadas de la
aplicación de las Leyes 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006,
comoquiera que dichas sanciones no existían para la fecha en que fueron
expedidos los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, resulta necesario acudir
para su determinación a la norma general que regula dicho aspecto, esto es el
artículo 151 ibidem.

5. Además, con criterio unificador esta Corporación en las sentencias del 25 de
agosto de 201611, del 6 de agosto de 202012 y del 2 de noviembre de 202313,
ha fijado la misma regla.

De lo anterior se concluye que, la sanción o indemnización moratoria derivada del
auxilio de cesantías está sometida a la prescripción extintiva, por lo que la reclamación
deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a su causación y se genera
automáticamente por el incumplimiento o tardanza.

2.4. Hechos probados

Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes:

i) Los días 21 y 22 de noviembre de 200714, la señora Judith Galvis Cano solicitó
ante la ESE Hospital Local de Cartagena de Indias y a la gobernación de Bolívar
el reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas.

ii) Mediante la Resolución 753 del 4 de junio de 201415 el secretario de Hacienda
del departamento de Bolívar resolvió: «reconózcase y ordénese el pago al señor
JUDITH GALVIS CANO identificado con cédula de ciudadanía No. 33.143.078,
por la suma de OCHENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE ($80.141.946.49), por
concepto de la diferencia causada por la retroactividad de cesantías indexada
a la fecha de liquidación…».

iii) El 13 de abril de 201616, la señora Judith Galvis Cano por intermedio de
apoderada, solicitó ante el departamento de Bolívar el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías retroactivas; sin
embargo, no tuvo respuesta.

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-2014).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016).
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de unificación SUJ-034-

CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001233300020120020002.
14 Página 41 del PDF 01 del expediente digital.
15 Páginas 43 a 46 del PDF 01 del expediente digital.
16 Páginas 11 a 30 del PDF 01 del expediente digital.

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Demandante: Judith Galvis Cano

2.5. Caso concreto

En esta instancia no es objeto de la discusión que la señora Judith Galvis Cano es
beneficiaria del régimen retroactivo de cesantías, cabe recordar que: i) así quedó
consignado en la Resolución 753 del 4 de junio de 2014, ii) fue aceptado por la entidad
demandada al contestar la demanda y iii) a esa conclusión se llegó en la sentencia de
primera instancia. Aspecto que no fue objeto de reparo por parte de la apelante.

No obstante, a diferencia de lo planteado por el tribunal de primera instancia, considera
la Sala que a los beneficiarios del régimen retroactivo de cesantías sí les resulta
aplicable la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
Pues, esta Subsección desde la sentencia del 5 de noviembre de 2020 17, consideró
que la Ley 1071 de 2006 no distinguió entre regímenes para su aplicación, sino que
simplemente consagró su ámbito de aplicación a todos los servidores públicos.

En consecuencia, le corresponde a la Sala analizar si en este caso se consolidó la
penalidad. Para realizar el conteo, se tendrán en cuenta las reglas establecidas en la
sentencia de unificación SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018, ratificadas en la
providencia SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023.

Del acápite de «hechos probados», observa la Sala que la petición en sede
administrativa encaminada a obtener el reconocimiento de las cesantías retroactivas,
se radicó el 21 de noviembre de 2007, de modo que los 15 días con que la
administración contaba para expedir el acto administrativo pertinente, vencían el 12 de
diciembre de 2007, lo que conlleva afirmar que la Resolución 753 del 4 de junio de
2014, a través de la cual se reconoció la prestación a favor de la demandante, fue
expedida en forma extemporánea.

En ese contexto, de haberse expedido oportunamente el acto, esto es, antes del 13 de
diciembre de 2007, su ejecutoria se hubiera producido a los 5 días siguientes18, es
decir, el 19 de diciembre de 2007; por lo tanto, los 45 días para el pago oportuno
vencían el 25 de febrero de 2008; no obstante, tan solo se produjo el 13 de junio de
201419, lo que corrobora la extemporaneidad en la cancelación de la prestación. De
manera que la entidad demandada incurrió en mora, entre el 26 de febrero de 2008 y
el 12 de junio de 2014.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la reclamación en sede administrativa dirigida
a obtener la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías, la Sala
observa que esta se radicó el 13 de abril de 2016, lo que quiere decir que la petición
se formuló en fecha posterior a los tres (3) años desde que la obligación se hizo
exigible, por lo que se configuró la prescripción extintiva de la sanción moratoria.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, C.P: Rafael Francisco Suárez Vargas, sentencia del 5 de

noviembre de 2020, con radicado 76001-23-33-000-2016-00773-01 (0871-2018).
18 La petición fue en vigencia del Decreto 01 de 1984.
19 Así fue aceptado en la contestación de la demanda.

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A la misma conclusión se arribaría si se aceptara como lo afirma la demandante en el
hecho tercero de la demanda, que la sanción moratoria comenzó a causarse el 5 de
septiembre de 2011, puesto que el término para solicitar la penalidad finalizaba el 5 de
septiembre de 2014, y la reclamación se hizo el 13 de abril de 2016.

Prescripción que no opera de forma parcial sino total, en tanto, si bien la sanción mora
se causa y acumula diariamente, no es una prestación periódica por tratarse de una
penalidad indivisible de ejecución instantánea, y su acrecimiento en el tiempo no la
convierte en una obligación divisible, de tal manera que su exigibilidad define el plazo
hasta cuándo se puede reclamar.

Así las cosas, concluye la Sala que pese a que le asiste razón a la demandante al
manifestar que le es aplicable la Ley 244 de 1995, en el presente caso se radicó la
solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria 3 años después de su
exigibilidad, es decir cuando ya había operado el fenómeno de la prescripción.

En vista de lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 187 del CPACA,
se modificará el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, para declarar probada de oficio la excepción de
prescripción y, en consecuencia, negar las pretensiones, conforme lo expuesto en
líneas anteriores, decisión que no vulnera el principio de non reformatio in peius de la
demandante, comoquiera que no hace más desfavorable la situación del apelante
único.

En lo demás, será confirmada la sentencia apelada.

2.6. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas. Lo
dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar a aplicar esa
sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de
2021, es procedente verificar si el recurso de apelación se presentó con carencia de
fundamento legal.

Al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de revisar los argumentos
del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario, se avizora la sustentación
de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por lo que, se repite, no se
condenará en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA

PRIMERO. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 10 de septiembre
de 2021 por el Tribunal Administrativo de Bolívar que negó las pretensiones de la
demanda, según las consideraciones que anteceden. En su lugar quedará así:

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Demandante: Judith Galvis Cano

«PRIMERO. Declarar probada de oficio la excepción de prescripción de la
sanción moratoria y en consecuencia, negar las pretensiones de la demanda,
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia».

SEGUNDO. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida.

TERCERO. La abogada Isela Berrocal Llorente, identificada con la cédula de
ciudadanía 45.757.757 y portadora de la tarjeta profesional 113.090 del Consejo
Superior de la Judicatura, renunció al poder otorgado por el representante del
departamento de Bolívar. La cual surtió efectos después de los 5 días de su
presentación en la secretaría de esta Corporación.

CUARTO. Reconocer personería a la abogada Isela Berrocal Llorente, identificada con
la cédula de ciudadanía 45.757.757 y portadora de la tarjeta profesional 113.090 del
Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la parte demandada, en los
términos del poder conferido.

QUINTO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las
motivaciones anteriores.

SEXTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta sentencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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