República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02014-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02014-00 (2828)
Accionante: Dinora Beatriz Gutiérrez Ruíz
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: sanción moratoria por pago tardío de
cesantías en personal docente. Subtema 3: defecto sustantivo por desconocimiento
normativo y jurisprudencial.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la señora Dinora Beatriz Gutiérrez Ruíz contra
el Tribunal Administrativo del Cesar.
1. Síntesis del caso
La señora Dinora Beatriz Gutiérrez Ruíz presentó escrito de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, que consideró vulnerados por
el Tribunal Administrativo del Cesar con ocasión de la sentencia proferida el 4 de
septiembre de 2025 dentro del expediente con radicado núm. 20001-33-33-008-
2023-00296-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02014-00, índice 2, certificado 44CF63BB26E34817
DB18A7ED7E1C3A25 E324C52007C930AB E3B87E0D2830AA41.
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Accionante: Dinora Lucía Aldana Vásquez
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
2. La señora Dinora Beatriz Gutiérrez Ruíz presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Fomag) y el municipio de Valledupar, con las pretensiones de que se
declarara la nulidad del acto ficto o presunto negativo configurado el 25 de agosto
de 2022 y, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006.
3. Argumentó que, en su condición de docente oficial, el 4 de septiembre de 2019
solicitó al Fomag el reconocimiento y pago de las cesantías a las que tenía derecho,
a lo cual la entidad accedió en Resolución 1098 del 9 de septiembre siguiente; sin
embargo, la prestación no fue cancelada en tiempo, pues solo hasta el 11 de
diciembre de ese año el dinero estuvo a disposición de la entidad bancaria.
4. El asunto correspondió bajo el radicado núm. 20001-33-33-008-2023-00296-
00 al Juzgado Octavo Administrativo Oral de Valledupar, autoridad que, en
sentencia del 21 de junio de 20242, declaró probada de oficio la excepción de
inexistencia de la obligación. El despacho indicó que se acogía a la tesis del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional según la cual los docentes oficiales tienen
derecho al reconocimiento de la sanción prevista en la Ley 1071 de 2006 ante el
pago tardío de las cesantías.
5. En el caso concreto, de las pruebas aportadas al expediente, concluyó que las
entidades demandadas cumplieron con los términos legales para el pago de la
prestación reclamada, pues los 70 días hábiles previstos en la Ley 1071 de 2006,
desde el 4 de septiembre de 2019 que se radicó la solicitud de reconocimiento,
finalizaron el 16 de diciembre de 2019, y el pago efectivo a la entidad bancaria
ocurrió el 11 de diciembre de ese año. Esta decisión fue apelada por la parte
demandante.
6. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Cesar dictó fallo el 4 de
septiembre de 20253 en el que confirmó la decisión recurrida, pero con fundamento
en que la demandante se vinculó a la docencia oficial el 22 de junio de 1971, era
beneficiaria del régimen de cesantías retroactivas y no se probó que se hubiera
acogido al régimen anualizado de que trata la Ley 50 de 1990; criterio adoptado en
la sentencia del 11 de febrero de 2016. Por estas razones, consideró que no era
procedente el reconocimiento de la sanción moratoria.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
7. La parte actora solicitó en el escrito de tutela al juez constitucional que ampare
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva; que deje sin efectos la sentencia del 4 de
septiembre de 2025 proferida en el proceso ordinario con radicado núm. 2023-
00296-01; y, en consecuencia, que se ordene al Tribunal Administrativo del Cesar
2 Samai, expediente núm. 20001-33-33-008-2023-00296-00, índice 35, certificado 8CD95A188760FDC0
F647EE59AAAAD353 6C45399609DECCCD 733FDE2408E83209.
3 Samai, expediente núm. 20001-33-33-008-2023-00296-01, índice 10, certificado FC31798FFC0C86ED
B2AE0E1547D03BCD 6307A8DEFA5FE720 3D6621FD13FEA99F.
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que emita una nueva decisión con fundamento en el precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado.
8. Como fundamento de sus pretensiones, la señora Dinora Beatriz Gutiérrez
Ruíz consideró que la sentencia del 4 de septiembre de 2025 incurrió en el defecto
de desconocimiento del precedente judicial, pues se desatendió la posición vigente
de la Sección Segunda del Consejo de Estado que sostiene que la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías reglado en la Ley 244 de 1995,
modificado por la Ley 1071 de 2006, se debe aplicar a los docentes sin que sea
determinante el régimen anualizado o retroactivo al que pertenezca el servidor
público.
9. Para lo anterior, citó las sentencias de la Subsección A de la Sección Segunda
de esta corporación del 5 de noviembre de 2020 (expediente núm. 76001-23-33-
000-2016-00773-01) y 27 de febrero de 2025 (expediente núm. 13001-23-33-000-
2018-00569-01), y de la Subsección B del 10 de julio de 2024 (expediente núm.
25000-23-42-000-2018-02066-01). Con fundamento en lo expuesto, afirmó lo
siguiente:
Conforme al precedente judicial, resulta claro que el Consejo de Estado ha
establecido la regla según la cual el reconocimiento de la sanción moratoria
consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 procede a favor de todos los
servidores públicos, sin distinción ni discriminación alguna respecto al régimen de
cesantías que los cobije (anualizado o retroactivo), toda vez que las referidas normas
no consagran distinción alguna al respecto y, en esa medida, no le es dable hacerlo
al intérprete, dejando en evidencia que el propósito del legislador fue sancionar la
demora en el pago de las cesantías de cualquier servidor público por igual sin
circunscribir la penalidad exclusivamente al régimen anualizado, razón por la cual,
negar el pago de esta indemnización bajo el argumento de que la docente pertenece
al régimen retroactivo constituye un abierto desconocimiento del precedente
vinculante4.
10. Indicó que el Tribunal desatendió el principio de transparencia al separarse del
criterio vinculante, sin exponer razones suficientes y reprochó que sustentara el fallo
de segunda instancia en una sentencia de 2016 que adoptó una tesis vieja y
superada.
11. Por otro lado, sostuvo que la sentencia del 4 de septiembre de 2025 incurrió
en un defecto sustantivo porque el artículo 2 de la Ley 244 de 1995 ordena el pago
de la sanción moratoria a favor de todo servidor público que «sufra» el retraso en el
desembolso de sus cesantías, de manera que la norma no excluye a algún grupo
de empleados. Además, adujo que la Ley 1071 de 2006 establece que la aplicación
de los procedimientos allí definidos cobija a todos los trabajadores.
4 Se transcribe incluso con errores de texto.
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2.3. Trámite procesal
12. El despacho ponente, mediante auto del 17 de marzo de 2026, admitió la
solicitud de amparo; vinculó al trámite como terceros con interés al Juzgado Octavo
Administrativo Oral de Valledupar, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fomag, a la Fiduprevisora SA y al municipio de Valledupar; requirió el expediente
ordinario objeto de controversia; tuvo como pruebas los documentos aportados con
la demanda; y ordenó las notificaciones de rigor5.
2.4. Intervenciones
13. El municipio de Valledupar contestó que la acción resulta improcedente porque
no tiene relevancia constitucional, pues no puede ser usada como una tercera
instancia judicial para controvertir la interpretación realizada por los jueces
naturales, como en el caso concreto. También alegó la inexistencia de vulneración
de derechos fundamentales6.
14. El Juzgado Octavo Administrativo Oral de Valledupar informó las actuaciones
surtidas en el proceso ordinario y afirmó que se realizaron respetando los derechos
y garantías de las partes, con fundamento en el principio de legalidad, motivos por
los cuales solicitó su desvinculación del trámite constitucional7.
15. El Ministerio de Educación Nacional arguyó que no tiene legitimación en la
causa por pasiva porque los reparos de tutela recaen en la decisión del Tribunal
Administrativo del Cesar, y que la solicitud de amparo no tiene relevancia
constitucional toda vez que el debate tiene naturaleza estrictamente económica que
involucra intereses privados. Pidió que se declaren improcedentes las pretensiones
de la acción8.
16. La Fiduprevisora SA manifestó que no se vulneraron derechos fundamentales
de la accionante ya que las autoridades judiciales que conocieron el proceso
ordinario actuaron conforme a la normativa y la jurisprudencia sobre la materia.
Solicitó que se declare la improcedencia de la tutela9.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
17. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente
5 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02014-00, índice 5, certificado 59196C16B8215D79
448BEFA432057AA6 9F1C933202B838D6 A71DCD10D1BC6B3E.
6
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02014-00, índice 12, certificado 35B868EC92043676
9ACE915572914A7D 358CBCBF9658FBEF 90897A72C8D6DC69.
7 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02014-00, índice 15, certificado F4C84924DDC90B37
74E704FDF02BB693 20A9A0629C53378C 345EFD95A21DEF66.
8 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02014-00, índice 16, certificado 226818A5E30992B3
B8DB64351BEAC341 27A8B482D3B96F1D D84A41644C3D889B.
9 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02014-00, índice 20, certificado A0DAC6D01CEA08EE
811F2D4AB8733DB5 254F0D034F9A6572 FCDA327EDB106DB0.
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solicitud de amparo interpuesta por la señora Ana Lucía Aldana Vásquez contra el
Tribunal Administrativo del Cesar.
3.2. Legitimación en la causa
18. La legitimación en la causa por activa de la señora Dinora Beatriz Gutiérrez
Ruíz está acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.
19. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Cesar, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia del
4 de septiembre de 2025 dentro del expediente identificado con el radicado núm.
20001-33-33-008-2023-00296-01, objeto de tutela.
20. Por otro lado, se advierte que el Ministerio de Educación Nacional solicitó su
desvinculación, al considerar que no estaba llamado a responder por la vulneración
de los derechos fundamentales de la parte accionante.
21. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad actuó como parte demandada dentro del proceso ordinario en el
que fue expedida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión
que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se
negará su solicitud.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
22. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte
Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias
judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos
generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales
se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional11.
23. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
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v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
24. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
25. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
26. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional14 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
27. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
28. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
29. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia objeto de reparos fue proferida el 4 de septiembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Cesar y quedó ejecutoriada el 16 de septiembre siguiente, y la
demanda de tutela se presentó el 11 de marzo de 202615, esto es, dentro del plazo
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
13 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-08099-00 índice 2.
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de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional16 y del Consejo de
Estado17 como razonable.
30. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela,
sino que se dictó en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
31. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto sustantivo por
desconocimiento normativo y jurisprudencial. En ese orden, continuará con el
análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
32. La Sala debe determinar si ¿el Tribunal accionado vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva de la tutelante?
33. En particular, deberá establecer si ¿la sentencia del 4 de septiembre de 2025
incurrió en los defectos sustantivo por indebida aplicación normativa y por
desconocimiento del precedente, al confirmar el fallo que negó las pretensiones de
la demanda, relacionadas con el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías en personal docente?
34. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades del defecto sustantivo y ii)
caso concreto.
3.4.1. El defecto sustantivo
35. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado18.
36. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta
que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
16 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
18 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
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37. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en
su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las
normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]19.
38. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía
de los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
39. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).20
3.4.2. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
40. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas21.
41. Al respecto, la Corte Constitucional22 ha considerado que el precedente se
define como la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a
19 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
21 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar”
la vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento
en estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la
misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para
valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse
de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce el
precedente horizontal».
22 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
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un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los
problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las
autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior 23. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:
90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales.
42. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia24.
43. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano
que los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»25.
44. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
23 Se transcribe incluso con errores de texto.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
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de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela26.
45. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que
las decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de
un tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco
de la función judicial, pues se trata de una sola corporación27.
46. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela
ante la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarden las
exigencias de la autonomía judicial.
3.5. Caso concreto
47. En el asunto bajo estudio, la señora Dinora Beatriz Gutiérrez Ruíz presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fomag y el municipio de Valledupar, con la finalidad de que se
anulara el acto ficto negativo configurado el 25 de agosto de 2022 y, en
consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, pues solicitó
el retiro de sus cesantías en su condición de docente oficial el 4 de septiembre de
2019, en Resolución 1098 del 9 de septiembre siguiente se accedió a su petición,
pero su entidad bancaria recibió el dinero solo hasta el 11 de diciembre de ese año.
48. En primera instancia, el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Valledupar
declaró probada de oficio la excepción de inexistencia de la obligación en sentencia
el 21 de junio de 2024. Apelada esta decisión, el Tribunal Administrativo del Cesar
la confirmó en fallo del 4 de septiembre de 2025, pero con fundamento en que la
demandante es beneficiaria del régimen de cesantías retroactivas y, por lo tanto, no
puede reclamar una sanción prevista para el régimen anual de cesantías. En
concreto, expuso lo siguiente:
En el presente asunto se encuentra acreditado que la demandante se vinculó a la
docencia oficial el 22 de junio de 1971, es decir, con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 344 de 1996 (27 de diciembre de 1996). […].
Así mismo, advierte la Sala que dentro del plenario no se aportó prueba alguna que
26 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del
precedente horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y
suficiencia. El primero exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares
(es decir, que reconozca expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un
precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas a
la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio jurisprudencial
o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para
resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el
derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores
judiciales».
27 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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demuestre que la demandante se hubiere acogido de manera expresa y voluntaria al
régimen de liquidación anual de cesantías de que trata la Ley 50 de 1990, único caso
en que pudiere aplicársele el régimen de cesantías previsto en dicha norma, y en
consecuencia las disposiciones contenidas en las leyes 244 de 1995, modificada por
la Ley 1071 de 2006 sobre sanción moratoria por pago tardío de cesantías.
[…]
Dicho criterio ha sido expuesto en varios pronunciamientos de la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado, al decidir casos análogos, entre los que se
resalta la sentencia del 11 de febrero de 2016 […].
49. Ahora bien, la señora Dinora Beatriz Gutiérrez Ruíz argumentó en su escrito
de tutela que el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en el defecto sustantivo
por indebida aplicación de la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006,
y por desconocer la jurisprudencia de la Sección Segunda sobre la materia, según
la cual la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías procede sin importar el
régimen retroactivo o anualizado al que pertenezca el docente.
50. Al respecto, es preciso tener en cuenta que la Ley 244 de 199528 prevé el
procedimiento para la liquidación y pago de las cesantías definitivas de todos los
servidores públicos. En el parágrafo del artículo 2 se regula la sanción moratoria
causada por el incumplimiento de la entidad pública obligada, consistente en un día
de salario por cada día de retardo hasta el pago efectivo de estas29.
51. Tal sanción se estableció con el propósito de «proteger el derecho de los
servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la
liquidación definitiva de sus cesantías», o el derecho que tienen a pedirlas de
manera parcial para educación o vivienda, buscando con ello que la administración
expida las resoluciones en forma oportuna y expedita para evitar corrupción,
favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajadores.
52. La referida norma fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio
de 2006, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o
parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna
cancelación». Igualmente, dispuso el término para la expedición de la resolución
que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria en los artículos
4 y 530.
28 «Por medio de la cual se fijan los términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos,
se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones».
29 «PARÁGRAFO. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada
reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable de éste».
30 ARTÍCULO 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud
de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o
aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al
peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente
los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos
señalados en el inciso primero de este artículo.
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53. De acuerdo con los mencionados artículos, la entidad empleadora o aquella
que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de
liquidación de las cesantías definitivas o parciales, la respectiva resolución de
reconocimiento.
54. En el evento en que la solicitud esté incompleta, deberá informársele al
peticionario para que la subsane. A su vez, tendrá como plazo máximo 45 días
hábiles, a partir de la fecha en que cobre firmeza el acto administrativo que ordena
la liquidación de las cesantías, para cancelarlas. En caso de mora, la entidad
obligada debe reconocer y pagar al beneficiario un día de salario por cada día de
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías.
55. En cuanto a la jurisprudencia, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
la sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18 proferida el 18 de julio de 2018, definió
que a los docentes oficiales les son aplicables las leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006, que establecen la sanción por mora en el reconocimiento y pago tardío de las
cesantías, toda vez que integran la categoría de servidores públicos, «en atención
a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y a su
ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado, y la
implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y
retiro del servicio».
56. Así, con el fin de establecer el momento a partir del cual se hace exigible la
sanción por mora, desarrolló las siguientes reglas jurisprudenciales:
3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para
señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley
244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el
pago tardío de sus cesantías.
3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las
cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción
moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento,
término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de
ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.
194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado
al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la
notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue
notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término
ARTÍCULO 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45)
días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías
definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.
PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos,
la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada
día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no
cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.
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dispuesto en la ley31 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es,
5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que
compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento
por este medio. De igual modo, que cuando el peticionario renuncia a los términos de
notificación y de ejecutoria, el acto de reconocimiento adquiere firmeza a partir del día
que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán
en contra del empleador como computables para sanción moratoria.
195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se
interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que
lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto.
57. Por otro lado, cabe aclarar que, al personal docente, el reconocimiento de sus
cesantías se rige por los términos previstos en el artículo 15 de la Ley 91 de 198932:
3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero
durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas
hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para
los empleados públicos del orden nacional.
58. Frente a la Ley 50 de 199033, específicamente, en su artículo 99, se dispuso:
Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
[…]
3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
31 Artículos 68 y 69 CPACA.
32 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
33 «“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”».
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que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día
de salario por cada retardo.
[…].
59. La Ley 344 de 199634, que permitió la extensión de este modelo al sector
público, previó en su artículo 13 que, a partir de su publicación, y sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley 91 de 1989, quienes se vincularan a los órganos y entidades
del Estado tendrían el siguiente régimen de cesantías anualizado y definitivo:
ARTÍCULO 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen
a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo; […].
60. De esta forma, los docentes ya eran beneficiarios de un régimen de cesantías
anualizado por disposición de la Ley 91 de 1989, que no fue alterado por la Ley 344
de 199635.
61. Ahora bien, aunque inicialmente se les aplicó a los docentes las disposiciones
contenidas en la Ley 50 de 1990 en cuanto a la sanción moratoria derivada del no
pago oportuno de sus cesantías anuales, la Sección Segunda del Consejo de
Estado profirió la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 el 11 de octubre de
2023, en la que fijó las siguientes reglas:
156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes 50
de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron la
sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los
docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso, es
incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la consignación tardía
del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema especial que establece
unas normas acordes con su funcionamiento.
157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al
FOMAG el docente estatal no se beneficiaria de aquellas, entre ellas, el
reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida en
que este no existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de la Ley
50 de 1990 con fundamento en el cual tendría derecho a la sanción moratoria derivada
del incumplimiento del empleador. […]
159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
34 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 6 de agosto de 2020, exp. 08001-
23-33-000-2013-00666-01(0833-16).
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comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del
sistema general de liquidación anualizada de la prestación económica36.
62. En el caso concreto, la Sala destaca que el Tribunal Administrativo del Cesar
sustentó su decisión en una sentencia de la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado del 11 de febrero de 2016; no obstante, dicha postura es
anterior a la tesis definida en la sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18 del 18 de
julio de 2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
63. En ese orden, la sentencia del 4 de septiembre de 2025 incurrió en un defecto
sustantivo, toda vez que desconoció que la Sección Segunda de esta corporación
definió que a los docentes oficiales les son aplicables las leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006 y, en tal sentido, que tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria en el evento de que soliciten el retiro de sus cesantías y estas no sean
consignadas a la entidad bancaria en los términos definidos en las referidas normas.
64. Precisamente, las sentencias que la accionante citó en la tutela como
desconocidas, de la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación del
5 de noviembre de 202037 y 27 de febrero de 202538, y de la Subsección B del 10
de julio de 202439, reconocen y acogen la tesis según la cual la sanción moratoria,
prevista en las leyes citadas, por pago tardío de la cesantía rige para los docentes
oficiales.
65. En consecuencia, el Tribunal debió analizar las pretensiones del caso
concreto, de cara a los cargos formulados en el recurso de apelación de la sentencia
de primera instancia, teniendo en cuenta que, sin importar el régimen anualizado o
retroactivo de cesantías al que perteneciera la señora Dinora Beatriz Gutiérrez Ruíz,
le es aplicable lo dispuesto en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 en relación
con la sanción moratoria.
4. Conclusión
66. En virtud de lo anterior, la Subsección amparará el derecho fundamental al
debido proceso de la señora Dinora Beatriz Gutiérrez Ruíz; y dejará sin efectos la
sentencia del 4 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar.
67. En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada que, en un
término de 20 días contados a partir de la notificación de esta providencia, emita
una nueva decisión en la que resuelva la apelación interpuesta por la parte
demandante dentro del expediente con radicado núm. 20001-33-33-008-2023-
00296-01, de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta sentencia.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 11 de octubre de 2023, exp. 66001-
33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022).
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente núm. 76001-23-33-000-2016-00773-01.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente núm. 25000-23-42-000-2018-02066-01.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, expediente núm. 13001-23-33-000-2018-00569-01.
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5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.
Segundo: Conceder el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la
señora Dinora Beatriz Gutiérrez Ruíz, por los motivos expuestos en esta decisión.
Tercero: Dejar sin efectos la sentencia del 4 de septiembre de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del expediente con radicado núm.
20001-33-33-008-2023-00296-01, en atención a las razones expresadas en esta
decisión.
Cuarto: Ordenar al Tribunal Administrativo del Cesar que, en el término de veinte
(20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una
nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte considerativa de esta
providencia.
Quinto: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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