Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08101-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08101-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-08101-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de abril de 2026
EBC
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-08101-011
Accionante : Ferney Bolaños Roque
Accionado : Tribunal Administrativo del Putumayo
Vinculados : Departamento del Putumayo y al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Tutela contra providencia, sanción moratoria por pago tardío
de cesantías
Decisión : Sentencia de segunda instancia
1. Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el actor contra el fallo de
5 de febrero de 2026, emitido por el Consejo de Estado, Sección Quinta2, que negó
el amparo deprecado.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
3. El demandante interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la
protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la
defensa y de acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por
el Tribunal Administrativo del Putumayo.
1
Expediente electrónico disponible en Samai.
2
C. P. Fredy Ibarra Martínez.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08101-01
Accionante: Ferney Bolaños Roque
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
4. Por consiguiente, solicitó «[…] DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de segunda instancia del
(17) de julio del año (2025) proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
RADICACIÓN: 860013331002-2020-00048-01, […], por medio de la cual se revocó la sentencia de
primera instancia proferida el día (16) de septiembre del año (2021) por el Juzgado segundo
Administrativo del Circuito de Mocoa» y «[…] ORDENAR al Tribunal Administrativo de Putumayo, a
que profiera nueva sentencia respetando mis derechos fundamentales, y que tenga en cuenta los
criterios normativos y jurisprudenciales del juzgado de primera instancia el cual accedió a todas mis
pretensiones».
1.3 Hechos3.
5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la
accionante, se puede evidenciar que, el señor Ferney Bolaños Roque, en su
calidad de servidor público del Departamento del Putumayo, interpuso medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra dicho ente territorial. El
propósito de la demanda radicó en reclamar la sanción moratoria por el pago tardío
de cesantías parciales, conforme a la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006.
6. El 16 de septiembre de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo de Circuito de
Mocoa profirió sentencia de primera instancia a favor del demandante. En esta
decisión, el despacho declaró la nulidad de la Resolución No. 4192 del 18 de
septiembre de 2019, acto administrativo a través del cual el Departamento del
Putumayo negó la prestación. En consecuencia, condenó a la entidad territorial al
pago de la sanción moratoria generada entre el 27 de agosto de 2016 y el 31 de
mayo de 2019.
7. En vista de ello, la parte demandada formuló recurso de apelación. Así las cosas,
el 17 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Putumayo, emitió sentencia de
segunda instancia y revocó la decisión del juez de primer grado. La autoridad
judicial accionada fundamentó su postura en que el actor pertenecía al régimen
retroactivo de cesantías, por lo cual consideró que la sanción moratoria pretendida
resultaba exclusiva del régimen anualizado de la Ley 50 de 1990.
8. Ante este panorama, el señor Ferney Bolaños Roque instauró acción de tutela
contra la providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Putumayo.
En su escrito, argumentó que la autoridad accionada incurrió en defecto sustantivo
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
2
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Accionante: Ferney Bolaños Roque
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
y en desconocimiento del precedente judicial «[…] inaplicar los artículos 2 de la Ley 244
de 1995 y 5 de la Ley 1071 de 2006 y, con fundamento en que el accionante pertenece al régimen
retroactivo de cesantías, y negar la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías parciales,
pese a que dichas normas se aplican a todos los servidores públicos sin distinción de régimen» .
Además, alegó que se debe dar aplicación en este caso al precedente horizontal,
para lo cual citó una sentencia de tutela expedida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A a favor de la señora Ilma Eugenia Pazmiño
Ordóñez.
1.4 Contestaciones de la acción.
1.4.1 El Tribunal Administrativo del Putumayo4 solicitó que se declare
improcedente el amparo constitucional deprecado por incumplir el requisito de
relevancia constitucional. Subsidiariamente, pidió que fuesen negadas las
pretensiones de la demanda, dado que en la providencia judicial cuestionada se
«[…] concluyó que el señor Bolaños ingresó al servicio el 4 de marzo de 1994, razón por la cual
pertenece al régimen retroactivo; que no existe prueba de solicitud ni acto administrativo de traslado
al régimen anualizado; y que, en consecuencia, no resulta aplicable la sanción moratoria prevista en
las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006».
1.4.2 El departamento de Antioquia5 adujo que, «[…] la providencia cuestionada fue
proferida por el Honorable Tribunal Administrativo del Putumayo en ejercicio legítimo de sus
competencias, con apoyo en la normativa vigente. los cuales regulan expresamente la
responsabilidad por la sanción moratoria», por lo que las pretensiones debían ser negadas.
1.5 Providencia impugnada6.
9. Mediante sentencia del 5 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección
Quinta declaró improcedente el amparo deprecado, al considerar que «[…] Es evidente
que la controversia esbozada por el extremo actor no satisface el requisito de relevancia
constitucional, debido a que la discusión se circunscribe a aspectos legales y lo que busca es
imponer su criterio, el cual estima más acertado, sobre el del operador judicial, lo cual denota un
desconcierto respecto al sentido de la decisión y no una verdadera transgresión a derechos
fundamentales».
1.6 La impugnación7.
4
Índice 00011 del expediente de Samai de primera instancia.
5
Índice 00012 del expediente de Samai de primera instancia.
6
Índice 00015 del expediente de Samai de primera instancia.
7
Índice 00020 del expediente de Samai de primera instancia.
3
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10. Inconforme con esa determinación, la tutelante la impugnó, para lo cual insistió
en que la acción de tutela superó el requisito de relevancia constitucional, en tanto
se puso de manifiesto el eventual quebranto de sus derechos constitucionales,
adicionalmente declaró que debía aplicarse el precedente contenido en la sentencia
del 24 de julio del 2025, dentro del radicado 11001-03-15-000-2025-02749-01,
proferida por la Sección Segunda, Subsección A de esta corporación.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
11. En virtud de los artículos 328 del Decreto ley 2591 de 19919 y 2510 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201911 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción.
12. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada
por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede
como mecanismo transitorio.
2.3 Problema Jurídico.
13. Se contrae a determinar si la presente acción de tutela cumple con los requisitos
de procedibilidad, de ser así, se deberá establecer si el Tribunal Administrativo de
Putumayo vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia, teniendo
en cuenta que la autoridad judicial revocó el reconocimiento de la sanción moratoria
8
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
9
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
10
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
11
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
4
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bajo el argumento de que el demandante pertenecía al régimen retroactivo de
cesantías, y lo dispuesto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 respecto a la
penalidad por el pago tardío de cesantías parciales reconocidas mediante acto
administrativo, constituyéndose así un defecto sustantivo.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
14. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 12 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado13, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
15. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
16. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
12
Sentencia C-590 de 2005.
13
sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
5
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funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
2.5 Caso concreto.
17. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración
de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la defensa y de
acceso a la administración de justicia; (ii) contra la decisión objeto de censura no
procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, en la medida en que, la providencia atacada quedó ejecutoriada el 25 de
julio de 202514 y la solicitud de amparo se radicó el 17 de diciembre siguiente, es
decir, dentro de los 6 meses; y (v) la determinación acusada no desató una acción
de tutela.
18. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
14
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 18 de julio de 2025, motivo por
el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 22 del mismo mes y año, conforme al artículo 205
(numeral 2) del CPACA.
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del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo invocada por el
demandante.
2.5.1 Defecto sustantivo
19 Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
20 La jurisprudencia constitucional15 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en
una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar
a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de
los derechos constitucionales16.
21 En el asunto sub examine, el demandante aduce que la providencia cuestionada
incurrió en defecto sustantivo, al fundamentar la decisión en una regla inaplicable al
caso concreto. En su concepto, el Tribunal le exigió pertenecer al régimen
anualizado de la Ley 50 de 1990, e ignoró que el señor Ferney Bolaños Roque formó
parte del régimen retroactivo de cesantías y nunca concretó su afiliación a un fondo
privado.
22 Así las cosas, a su parecer el juez colegiado confundió la sanción por la falta de
consignación oportuna en los fondos privados con la penalidad por la mora en el
pago de las cesantías parciales reconocidas mediante acto administrativo. Por
consiguiente, el accionante afirmó que esta interpretación irrazonable introdujo un
requisito extraño a la legislación pertinente.
15
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
16
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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23 Con el propósito de dilucidar si el referido reproche tiene o no asidero jurídico,
resulta oportuno anotar que, el auxilio de cesantías es una prestación social a la
que todos los empleados del Estado tienen derecho, cuya finalidad primaria consiste
en «[…] cubrir o prever las necesidades que se originan para el trabajador con posterioridad al retiro
de una empresa, por lo que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el riesgo de desempleo» 17,
que actualmente también promueve el acceso de los trabajadores a los
componentes de educación y vivienda.
24 Por su parte, la sanción moratoria por el pago tardío de las anteriores, hace parte
del derecho sancionador por el incumplimiento de una obligación del empleador, la
que carece de carácter accesorio e imprescriptible18, habida cuenta de que (i) se
causa por su no pago y no depende directamente del reconocimiento de las
cesantías, ni hace parte de ellas, en tanto se genera de manera excepcional, cuando
el empleador omite su deber de cancelarlas dentro de los términos legales19; y (ii)
dada su naturaleza sancionatoria, no puede considerarse como un derecho exento
del término de prescripción, so pena de vulnerar disposiciones legales que
consagran que no existirán sanciones imprescriptibles.
25 En lo que atañe a la sanción moratoria por el pago tardío o extemporáneo de las
cesantías, la Ley 344 de 199620, que remite al artículo 99 de la 50 de 199021, refiere
a las anualizadas, y la Ley 244 de 199522, adicionada y modificada por la 1071 de
200623, regula lo concerniente a las cesantías definitivas y parciales.
39. Establecido lo anterior, esta Sala considera que, si bien el a quo concluyó que le
asistía al demandante el derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en
las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, tal conclusión no resulta procedente en el
presente caso. Ello, por cuanto el actor se vinculó a la entidad territorial demandada
con anterioridad al 31 de diciembre de 1996 (específicamente, el 4 de marzo de 1994),
es decir, antes de la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996. Además, no consta que
se hubiera acogido de manera expresa y voluntaria al régimen de liquidación anual de
cesantías establecido en la Ley 50 de 1990. En consecuencia, no le asiste el derecho
al reconocimiento de la sanción por mora en el pago de las cesantías —consistente en
un día de salario por cada día de retraso—, toda vez que dicha penalidad fue prevista
exclusivamente para quienes se encuentran bajo el régimen de liquidación anualizado,
conforme lo ha precisado el H. Consejo de Estado, diciendo:
17
Corte Constitucional, sentencia C-823 de 4 de octubre de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
18
Respecto del fundamento normativo de la sanción moratoria, ver sentencia de unificación de la sección segunda de 25 de
agosto de 2016, interno 528-14.
19
Sentencia de la sección segunda, subsección A, de 1º de diciembre de 2016, expediente: 08001-23-31-000-2011-01398-
01 (3221-15).
20
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias
y se expiden otras disposiciones».
21
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones».
22
«Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen
sanciones y se dictan otras disposiciones».
23
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales
a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación».
8
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En el presente caso se debe determinar si al accionante le asiste o no el derecho a
la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías anualizadas al fondo
entre los años de 1995 al 2009.
Es de advertir que del material probatorio relacionado previamente se tiene que el
accionante pertenecía al régimen de retroactividad de cesantías, pues su
vinculación se surtió el 5 de junio de 1995, esto es, antes de la entrada en vigencia
de la Ley 344 de 1996, que prevé un sistema anualizado para los servidores públicos
del orden territorial vinculados con posterioridad al 30 de diciembre de 1996,
aspecto que además fue expuesto por el ente territorial en el acto administrativo que
aquí se discute y que con posteridad, fue certificado por el Secretario de Hacienda
y Tesorero del municipio.
En ese orden, se tiene que no se demostró dentro del plenario que el actor hubiese
manifestado a su empleador la intención de trasladarse de régimen de cesantías
anualizado, ello en atención a lo preceptuado en el artículo 3º El Decreto 1582 de 5
de agosto de 1998 (…)
Lo anterior, permite concluir que en el presente asunto no procede el reconocimiento
de la sanción por mora en la consignación del auxilio de cesantías deprecada por el
actor, por cuanto este no se encuentra en el régimen de liquidación anual, sino en
el retroactivo.
Así las cosas, no le asiste la razón al a quo cuando aduce que el sistema de
cesantías del accionante es anualizado, pues se encuentra demostrado que es
retroactivo, lo que impone a la Sala revocar la sentencia de primera instancia para
en su lugar negar las súplicas de la demanda, por las consideraciones expuestas
en el presente proveído”
40. Ergo, aunque el juez de primera instancia reconoció que el demandante estaba
amparado por el régimen retroactivo de cesantías, debió fundamentar su análisis en
las Leyes 10 de 1934, 6ª de 1945 y 65 de 1946, y no en las disposiciones normativas
previamente citadas. Por tanto, al acreditarse que el actor es beneficiario del régimen
retroactivo y no del régimen anualizado, se revoca la sentencia de primera instancia,
dado que no le asiste el derecho al reconocimiento de la sanción moratoria, la cual está
prevista exclusivamente para quienes se encuentran bajo el régimen de liquidación
anual de cesantías.
26 Al examinar la sentencia proferida el 17 de julio de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Putumayo, se advierte que la autoridad judicial estructuró su
decisión sobre la fecha de vinculación del demandante, pues, este ingresó al
servicio del Departamento del Putumayo el 4 de marzo de 1994, es decir, con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996. En vista de ello, el Tribunal
concluyó, con acierto, que el trabajador perteneció al régimen retroactivo de
cesantías, pues no existió prueba en el plenario que demostrara su traslado
voluntario al régimen anualizado.
27 La Corporación judicial explicó que los trabajadores vinculados antes de la
entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, que no se hubieran acogido de manera
expresa y voluntaria al régimen de liquidación anual de cesantías de que trata la
Ley 50 de 1990, no tienen derecho al reconocimiento de la sanción por mora en el
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pago de las cesantías, toda vez que dicha penalización fue consagrada para el
régimen de liquidación anual.
28 De otra forma, lo pretendido por el actor entonces rompería el principio de
inescindibilidad en materia laboral24, al pretender que se le aplique un tratamiento
beneficioso a pesar de no encontrarse cobijado por el régimen que lo contempla.
29 Lo anterior denota que la única intención del actor es reabrir un debate que ya
fue zanjado por el juez natural con el fin de obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, como si la acción de tutela comportara una instancia adicional, lo que
impone negar el amparo deprecado.
30 En consecuencia, para la Sala no se configuró el defecto sustantivo alegado por
el tutelante, puesto que, se insiste, la determinación objeto de reproche estuvo
debidamente fundamentada, tanto normativamente como de conformidad con la
postura jurisprudencial unificada, actual y vigente sobre la materia.
31 Ahora, el actor solicitó a esta Sala la aplicación de la sentencia de tutela proferida
el 24 de julio de 2025 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado,
dentro del radicado 11001-03-15-000-2025-02749-01. Su pretensión radicó en que
dicha providencia operara como un precedente judicial vinculante, sin embargo,
resulta imperativo precisar que esta decisión tiene efectos inter-partes, por lo que,
se trata de un antecedente que no resulta vinculante en este asunto.
32 Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
III. DECISIÓN
33 Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la parte
demandante no acreditó que la providencia cuestionada haya incurrido en la causal
especial de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial invocada
(defecto sustantivo), por tal motivo, se confirmará el fallo impugnado, que declaró
24
Corte Constitucional, sentencia SU 267 del 2019.
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improcedente el amparo deprecado.
34 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 5 de febrero de 2026, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente el amparo de los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la defensa y de acceso
a la administración de justicia invocados por el señor Ferney Bolaños Roque,
conforme a la motivación de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección B
de esta Corporación y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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