Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08098-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08098-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-08098-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08098-01
Accionante: Luis Alberto Polo Delgado
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo, Sala Unitaria.
Tema: Derechos: debido proceso, defensa, acceso a la administración
de justicia e igualdad. Tutela contra providencia judicial.
Reconocimiento y pago de sanción moratoria. Régimen
retroactivo de cesantías. REVOCA - CONCEDE AMPARO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Luis Alberto Polo Delgado,
en nombre propio, en contra de la sentencia del 13 de febrero de 2026 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela, por falta de relevancia constitucional.
ANTECEDENTES
El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, los
cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Putumayo, Sala
Unitaria, con la sentencia del 24 de julio de 2025, proferida dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 86001-33-31-002-
2020-00089-00 [01].
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del
departamento del Putumayo, para que se declare la nulidad del acto administrativo
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que le negó el reconocimiento de la sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías.
Que el proceso correspondió al Juzgado 2.° Administrativo del Circuito de Mocoa,
autoridad judicial que, el 16 de septiembre de 2021, profirió sentencia, en la que
accedió parcialmente a las pretensiones. En segunda instancia, el Tribunal
Administrativo del Putumayo, Sala Unitaria, en providencia del 24 de julio de 2025,
revocó la decisión y negó las súplicas, bajo el argumento de que como el
demandante se vinculó al servicio oficial, con anterioridad al 30 de diciembre de
1996, no le era aplicable el reconocimiento ni el pago de la sanción moratoria.
Considera que el Tribunal incurrió en los siguientes defectos:
• Sustantivo, porque 1) interpretó en indebida forma e inaplicó las leyes 244 de 1995
y 1071 de 2006, mediante las cuales se reguló el pago de las cesantías a los
servidores públicos, sin excepción alguna; 2) analizó el asunto con base en la Ley
50 de 1990, norma que no corresponde al caso y 3) introdujo como requisito que el
servidor esté en el régimen anualizado para acceder a la sanción moratoria; sin
embargo, dicha exigencia no la consagra la norma;
• Desconocimiento del precedente, ya que inobservó la Sentencia de Unificación
CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018 del Consejo de Estado, donde se
estableció que el docente oficial es un servidor público y le son aplicables las leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por mora en el
reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores
públicos; y
• Violación directa de la Constitución Política, ya que con la providencia cuestionada
se quebrantaron los principios de favorabilidad laboral e igualdad material y las
prerrogativas al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Además, invoca el derecho a la igualdad y a la aplicación del precedente horizontal
de la sentencia de tutela del 24 de julio de 2025, con radicado 11001-03-15-000-
2025-02749-01, que resolvió la acción constitucional instaurada por la señora Ilma
Eugenia Pazmiño Ordóñez en contra de la sentencia del Tribunal Administrativo de
Putumayo que negó la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías parciales.
PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos invocados; se deje sin efectos la sentencia
del 24 de julio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo, Sala
Unitaria, y, en consecuencia, se ordene a la autoridad judicial accionada que emita
una nueva decisión «respetando mis derechos fundamentales, y que tenga en
cuenta los criterios normativos y jurisprudenciales del juzgado de primera
instancia el cual accedió a todas mis pretensiones».
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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 14 de enero de 2026, se admitió la tutela; se vinculó al departamento del
Putumayo y se ordenó notificar a las partes.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo del Putumayo, Sala Unitaria, adujo que en la
sentencia discutida se valoró de manera integral el material probatorio, se interpretó
de forma razonada y sistemática la norma aplicable al caso y se concluyó que el
actor ingresó al servicio el 4 de marzo de 1994, razón por la cual pertenece al
régimen retroactivo de cesantías y no era procedente la sanción moratoria prevista
en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
Señaló que la acción de tutela no satisface los requisitos de la relevancia
constitucional, ya que busca reabrir un debate jurídico y probatorio que ya fue
discutido y definido en el proceso ordinario, y de la inmediatez, ya que la sentencia
se profirió el 24 de julio de 2025 y la tutela se instauró «con una posterioridad de 5
meses, superando el plazo razonable».
Por lo anterior, pidió que se declare improcedente la acción constitucional.
POSICIÓN DEL VINCULADO
La Gobernación del Putumayo expresó que la acción desconoce el principio de la
subsidiariedad, en la medida que esta no puede ser utilizada como una tercera
instancia ni como un medio para controvertir interpretaciones jurídicas razonables
adoptadas por el juez natural. Adicionalmente, indicó que en el asunto no se acreditó
la identidad plena entre la situación del actor y de la señora Ilma Pazmiño, por lo
que resulta improcedente el mecanismo constitucional.
Por otro lado, pidió su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, ya que no fue la autoridad que profirió la decisión objeto de controversia.
SENTENCIA IMPUGNADA
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 13 de febrero de 2026, declaró improcedente la acción de tutela, bajo el
entendido de que la inconformidad del actor sobre la indebida interpretación e
inaplicación de las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que regulan las cesantías de
los servidores públicos, supone una discusión de naturaleza legal, sin alcance
constitucional.
Que no resulta suficiente para acreditar la presunta indebida interpretación
normativa, exponer una inconformidad con la hermenéutica acogida por el juez
natural de la causa, sino que es indispensable demostrar en ese escenario la
configuración de algún tipo de arbitrariedad, capricho o irrazonabilidad, lo cual no
se probó en el asunto.
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Frente al desconocimiento de la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del
18 de julio de 2018 del Consejo de Estado, dijo que no es dable realizar dicho
análisis, dado que en esa providencia se abordó la situación de una persona que
ejercía la docencia y en el asunto se trata de un conductor mecánico.
En cuanto al fallo de tutela presuntamente desatendido manifestó que este no
comporta un criterio jurisprudencial vinculante para la autoridad judicial accionada,
en la medida que los efectos son inter partes.
IMPUGNACIÓN
El accionante considera que el juez constitucional de primera instancia no explicó
por qué la alegación de la violación directa de los mandatos constitucionales, como
la favorabilidad, la igualdad material y las garantías procesales, carecen de
relevancia constitucional.
Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela relativos a la configuración
de los defectos sustantivo, por la indebida interpretación y aplicación de las leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006; desconocimiento del precedente, por inaplicar la
Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018 del Consejo
de Estado; y violación directa de la Constitución, por transgresión de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad.
Adicionalmente, citó la sentencia de tutela del 24 de julio de 2025 proferida por la
Sala en el radicado 11001-03-15-000-2025-02749-01, para que se garanticen los
«efectos de seguridad jurídica, igualdad y coherencia decisional».
Por lo anterior, pidió que se revoque el fallo de tutela de primera instancia y, en su
lugar, se conceda el amparo solicitado.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
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Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales 1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia
C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia
SU128/21, se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. [...].
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
[...]
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. [...]
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. [...].»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. [...]
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. [...]
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.» 3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada 4.
[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada” 5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente
a los argumentos propuestos por el accionante, […]. Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela 6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.
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Análisis del caso concreto
En síntesis, el accionante manifestó su desacuerdo con la decisión de primera
instancia, que declaró improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito de
relevancia constitucional, reiterando los argumentos expuestos en el escrito de
tutela, esto es, que el Tribunal Administrativo del Putumayo incurrió en los defectos
sustantivo, por indebida interpretación y aplicación de las leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006, que tratan sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
pago tardío de las cesantías parciales; en el desconocimiento del precedente, por
inadvertir la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018
del Consejo de Estado; y en violación directa de la Constitución, por la transgresión
de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la igualdad.
Frente al requisito de relevancia constitucional, la Sala considera que, contrario a lo
expuesto por el juez constitucional de primera instancia, la acción de tutela sí
satisface este presupuesto, en tanto el actor alega la vulneración de sus derechos
fundamentales por la presunta configuración de los defectos desconocimiento del
precedente, sustantivo y violación directa de la Constitución Política.
La Sala observa que la acción de tutela contra la providencia del 24 de julio de 2025
también cumple los demás requisitos de procedencia, en relación con los defectos
sustantivo y violación directa de la Constitución, pues a) se está invocando una
irregularidad procesal que podría tener un efecto decisivo; b) se cumple con el
requisito de inmediatez, en tanto la acción se presentó dentro de los seis (6) meses
siguientes a la notificación de la providencia o su ejecutoria, efectuada el 1 de
agosto de 2025 mediante el envío de mensaje de datos 7; c) el actor agotó los
mecanismos de defensa judicial con los que contaba; y d) la tutela no se dirige
contra un fallo de la misma naturaleza.
Sin embargo, no se encuentra superada la exigencia de la subsidiariedad respecto
al desconocimiento de la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de
julio de 2018 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso
con radicado 73001-23-33-000-2014-00580-01, pues para ese reclamo el
accionante contaba con el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
consagrado en los artículos 256 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, el cual es
procedente «cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia
de unificación del Consejo de Estado» 8.
En ese orden de ideas, esta Subsección advierte que en el presente asunto no se
superó el requisito de subsidiariedad respecto al cargo mencionado, el cual exige
que el solicitante del amparo haya agotado previamente los medios judiciales con
los que cuenta para lograr la protección de los derechos fundamentales que estima
conculcados, máxime cuando no explicó por qué no utilizó oportunamente dicho
medio de defensa, pese a que aquel revestía las condiciones de idoneidad y eficacia
para lograr, de ser el caso, el amparo pretendido.
7 La tutela se presentó el 18 de diciembre de 2025.
8 Artículo 258 de la Ley 1437 de 2011.
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Por lo tanto, se procederá al estudio únicamente de los defectos sustantivo y
violación directa de la Constitución.
El Tribunal Administrativo del Putumayo, Sala Unitaria, en la sentencia cuestionada,
señaló como marco normativo y jurisprudencial aplicable a las cesantías de los
empleados públicos bajo el régimen retroactivo, el siguiente:
• La Ley 6ª de 1945 estableció que los empleados y obreros nacionales con carácter
permanente tienen derecho al auxilio de cesantías, equivalente a un mes de salario
o jornal por cada año de servicio, considerando únicamente el tiempo laborado a
partir del 1.º de enero de 1942. Por su parte, el artículo 1.º del Decreto 2767 de 1945
amplió la aplicación de las prestaciones sociales previstas en la norma citada a los
empleados de los departamentos, intendencias, comisarías y municipios,
incluyendo expresamente el auxilio de cesantías.
• La Ley 65 de 1946 abordó el carácter indemnizatorio de la cesantía estableciendo
que dicho auxilio debía ser reconocido con independencia de la causa de retiro del
trabajador, y el Decreto 1160 del 28 de marzo de 1947 dispuso que el derecho al
auxilio de cesantías correspondía a todo empleado, estuviera o no inscrito en
carrera administrativa, sin importar la causa de su desvinculación.
• El Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional del Ahorro y contempló que las
cesantías de los empleados públicos y los trabajadores oficiales pertenecientes a
los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del
orden nacional debían ser liquidadas y consignadas al Fondo.
• En el sector privado, la Ley 50 de 1990 introdujo el régimen de cesantías con
liquidación anual, y el artículo 13 de la Ley 344 del 27 de diciembre de 1996 extendió
a los servidores públicos vinculados con posterioridad al 31 de diciembre de ese
mismo año, el régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990.
• El Decreto 1582 del 5 de agosto de 1998 amplió la aplicación del régimen
anualizado de cesantías, establecido en la Ley 50 de 1990, a los servidores públicos
del orden territorial.
En relación con los servidores públicos que se hubiesen vinculado con anterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, y que se encontraban cobijados por
el régimen de cesantías con retroactividad, el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998
otorgó la posibilidad de acogerse voluntariamente al régimen anualizado, previa
solicitud expresa, liquidación definitiva de la prestación y consignación del auxilio en
el fondo de cesantías de su elección.
Posteriormente, el Tribunal citó la sentencia del 25 de agosto de 2016 9 del Consejo
de Estado, con base en la cual concluyó que:
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 25 de agosto de
2016. Radicación 8001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14) CE-SUJ2-004-16.
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«(…) coexisten dos regímenes aplicables en materia de cesantías: i) el
régimen retroactivo, aplicable a los servidores públicos vinculados hasta
el 30 de diciembre de 1996, y ii) el régimen anualizado, introducido por la
Ley 50 de 1990 para el sector privado, y posteriormente extendido a los
servidores públicos vinculados con posterioridad al 31 de diciembre de
1996, incluidos aquellos del nivel territorial, en virtud de lo dispuesto en
la Ley 344 de 1996».
Descendiendo al caso concreto, el Tribunal encontró demostrado que el señor Polo
se vinculó al servicio del departamento del Putumayo, en calidad de conductor
mecánico, grado 4, código 462, a partir del 30 de noviembre de 1981; que el 27 de
febrero de 2018, radicó ante el departamento del Putumayo solicitud para que se le
reconociera el pago de las cesantías parciales, y mediante resoluciones núm. 753
de 19 de febrero y 2740 del 12 de junio de 2019 se resolvió de manera favorable la
petición.
Que conforme al certificado suscrito el 13 de septiembre de 2019 por la tesorera
General del departamento del Putumayo, la entidad a partir del 9 de julio de 2019
puso a disposición del demandante, la suma reconocida por concepto de cesantías
parciales, y el 7 de octubre de 2019, este le pidió al departamento del Putumayo el
reconocimiento, liquidación y pago de la sanción moratoria, petición que fue negada
a través de la Resolución núm. 4455 del 8 del mismo mes y año.
El Tribunal señaló que, si bien el juez ordinario de primera instancia reconoció el
derecho del señor Polo al pago de la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006, tal conclusión no resultaba procedente, dado que el actor: 1)
se vinculó laboralmente al departamento del Putumayo el 30 de noviembre de 1981,
esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 y 2) no obraba prueba
de que se haya acogido de manera expresa y voluntaria al régimen de liquidación
anual previsto en la Ley 50 de 1990, motivo por el cual no le asistía derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria, pues «dicha penalidad fue prevista
exclusivamente para quienes se encuentran bajo el régimen de liquidación
anualizado», para ello aludió a la sentencia del Consejo de Estado del 17 de febrero
de 202210.
Así las cosas, el Tribunal decidió revocar la sentencia de primera instancia emitida
el 16 de septiembre de 2021 por el Juzgado 2.º Administrativo del Circuito de Mocoa,
con fundamento en el siguiente razonamiento:
«(…) aunque el juez de primera instancia reconoció que el demandante
estaba amparado por el régimen retroactivo de cesantías, debió
fundamentar su análisis en las Leyes [sic] 10 de 1934, 6ª de 1945 y 65
de 1946, y no en las disposiciones normativas previamente citadas. Por
tanto, al acreditarse que el actor es beneficiario del régimen retroactivo y
no del régimen anualizado, se revoca la sentencia de primera instancia,
dado que no le asiste el derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria, la cual está prevista exclusivamente para quienes se
encuentran bajo el régimen de liquidación anual de cesantías».
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 17 de febrero de 2022, radicado núm.
08001-23-33-000-2015-00812-01 (5860-2019). C. P.: Gabriel Valbuena Hernández.
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Efectuado el análisis de los argumentos del Tribunal, es del caso citar las normas
presuntamente inaplicadas:
• El parágrafo del artículo 2.° de la Ley 244 de 1995 dispone:
«[…] Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de
sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día
de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para
lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra
el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo
por culpa imputable a éste». (negrilla fuera de texto original)
• El parágrafo del artículo 5.° de la Ley 1071 de 2006 contempla:
«[…] Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías
definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad
obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al
beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se
haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará
acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este
artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario,
cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a este». (negrilla fuera de texto original)
De lo expuesto, para la Sala es claro que a los beneficiarios del régimen retroactivo
de cesantías les aplica la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006, ya que dichas normas no hicieron distinción alguna en relación con
el régimen al que son aplicables.
Así las cosas, no le asiste razón a la autoridad judicial accionada cuando señala
que el demandante no tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por
pertenecer a un régimen distinto al anualizado, pues dicha interpretación es
contraria a los artículos 2.° de la Ley 244 de 1995 y 5.° de la Ley 1071 de 2006, los
cuales establecen que todos los servidores públicos tienen derecho a la sanción
moratoria, sin hacer distinción alguna en relación con el régimen de cesantías al
que pertenezcan; de manera que si la norma no discrimina entre uno u otro régimen
no le es dable al juez hacerlo.
Por lo anterior, se concluye que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto
sustantivo, razón por la cual se revocará la sentencia del 13 de febrero de 2026
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la
cual se declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, amparará el derecho
fundamental al debido proceso del accionante; se dejará sin efectos la sentencia del
24 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo, Sala
Unitaria, y, en consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial que, dentro de los
veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de este fallo, profiera una nueva decisión
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
10
Rad icad o: 11001-03-15-000-2025-08098-01
86001-33-31-002-2020-00089-00 [01], teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas en este proveído.
El amparo aquí concedido no implica la concesión automática de las pretensiones,
pues al juez ordinario es a quien le corresponde, en el marco de sus competencias
y deberes, definir si hay lugar o no a acceder al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: REVOCAR la sentencia del 13 de febrero de 2026 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela, acorde con lo expuesto.
Segundo: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en relación con el
defecto del desconocimiento del precedente
Tercero: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor Luis
Alberto Polo Delgado, conforme a las consideraciones expuestas en esta
providencia.
Cuarto: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 24 de julio de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo del Putumayo, Sala Unitaria, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 86001-33-31-002-2020-
00089-00 [01].
Quinto: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Putumayo, Sala Unitaria, que,
dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de este fallo, profiera una
nueva decisión dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 86001-33-31-002-2020-00089-00 [01], teniendo en cuenta
las consideraciones expuestas en este proveído.
Sexto: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Séptimo: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
11
Rad icad o: 11001-03-15-000-2025-08098-01
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
12
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