Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08101-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08101-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-08101-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
5 de febrero de 2026
Demandante: Ferney Bolaños Roque
Demandado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08101-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08101-00
Demandante: FERNEY BOLAÑOS ROQUE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Ferney Bolaños Roque, actuando en nombre propio, instauró acción de
tutela1 contra el Tribunal Administrativo del Putumayo, Sala Unitaria2 en la que
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
a la defensa y de acceso a la administración de justicia.
Garantías constitucionales que consideró vulneradas con ocasión de la sentencia
del 17 de julio de 2025, proferida por la autoridad judicial accionada que revocó la
providencia del 16 de septiembre de 2021, dictada por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa, para, en su lugar, negar las
pretensiones elevadas por el actor en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 86001-33-33-002-2020-
1 Radicada el 18 de diciembre de 2025 con secuencia: 13025
2 Sala integrada por los magistrados Manuel Alí Rodríguez Mustafá, Gloria Eugenia Domínguez
Betancur y Marco Antonio Muñoz Mera.
1
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Demandante: Ferney Bolaños Roque
Demandado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08101-00
00048-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de segunda instancia del (17) de julio
del año (2025) proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho RADICACIÓN: 860013331002-2020-00048-01, misma que fue notificada por
correo electrónico el día (18) de julio del año (2025), con ponencia del Honorable
Magistrado Ponente: MANUEL ALÍ RODRÍGUEZ MUSTAFÁ, por medio de la cual se
revocó la sentencia de primera instancia proferida el día (16) de septiembre del año
(2021) por el Juzgado segundo Administrativo del Circuito de Mocoa.
TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Putumayo, a que profiera nueva
sentencia respetando mis derechos fundamentales, y que tenga en cuenta los
criterios normativos y jurisprudenciales del juzgado de primera instancia el cual
accedió a todas mis pretensiones.
CUARTO. ORDENAR aplicar a mi caso en concreto el Derecho a la igualdad y la
solicitud previa de aplicación de precedente horizontal.3
1.3. Hechos
El señor Ferny Bolaños, vinculado al Fondo Educativo Regional del Departamento
del Putumayo, solicitó a dicha entidad el reconocimiento y pago de cesantías el 13
de mayo de 2016 lo cual solo fue resuelto mediante resolución 767 del 19 de
febrero de 2019, con pago efectivo el 31 de mayo de 2019, conforme lo certificara
la Oficina de Tesorería departamental.
En razón a ello, el 20 de agosto de 2019 elevó ante el departamento reclamación
para el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 244
de 1995, subrogada por la Ley 1071 de 2006, alegando una tardanza de 1008 días
calendarios comprendidos entre el 27 de agosto de 2016 hasta el 31 de mayo de
2019. Solicitud que se resolvió negativamente en Resolución 4192 del 18 de
septiembre de 2019.
En tal sentido, el actor formuló demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el departamento del Putumayo con
el fin de obtener la declaratoria de nulidad de la aludida resolución No. 4192 del
18 de septiembre de 2019, expedida por la demandada y en consecuencia el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria invocada.
Demanda que correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
3 Transcripción literal que puede contener errores.
2
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Demandante: Ferney Bolaños Roque
Demandado: Tribunal Administrativo del Putumayo
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Judicial de Mocoa quien bajo radicado 86001-33-33-002 2020-00048-00 profirió
sentencia el 16 de septiembre de 2021 accediendo parcialmente a las
pretensiones.
En sustento, el juzgado estimó que al actor le resultaba aplicable lo dispuesto en
las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 por tratarse de un servidor público vinculado
a la Secretaría de Educación del departamento de Putumayo con anterioridad a la
vigencia de la Ley 344 de 1996 (específicamente, se vinculó el 4 de marzo de
1994) y encontrarse afiliado al Fondo de Cesantías del Personal Administrativo
Nacionalizado de la Educación en el Putumayo, por lo que el régimen de
liquidación de sus cesantías es la Ley 6 de 1945 y demás normas concordantes y
complementarias.
Decisión que fue objeto de recurso de apelación por la parte demandada y
revocada por el Tribunal Administrativo del Putumayo, Sala Unitaria, en sentencia
del 17 de julio de 2025.
Sostuvo el ad quem que al demandante no le asistía el derecho al reconocimiento
de la sanción por mora en el pago de las cesantías, consistente en un día de salario
por cada día de retraso, en razón a que dicha penalidad fue prevista
exclusivamente para quienes se encontraban bajo el régimen de liquidación
anualizado y en tal sentido, al estar el señor Bolaños Roque amparado por el
régimen retroactivo de cesantías, debió fundamentar su análisis en las Leyes 10
de 1934, 6ª de 1945 y 65 de 1946, y no en las disposiciones normativas
previamente citadas.
El anterior proveído se notificó a las partes por correo electrónico el 18 de julio de
20254.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora, indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes
defectos en la sentencia enjuiciada:
I. Defecto sustantivo: dado que el tribunal no aplicó los artículos 2 de la Ley
244 de 1995 y 5 de la Ley 1071 de 2006 en casos de sanción moratoria por
mora en el pago tardío de cesantías parciales a servidores públicos del
régimen retroactivo.
Consideró que la sentencia cuestionada resulta contraria a la Ley aplicable,
pues la demanda se refirió a la sanción moratoria contemplada en las Leyes
4 Índice 004 en Samai expediente 86001333300220200004800
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244 de 1995 y 1071 de 2006, las cuales se profirieron para regular el pago
de cesantías de todos los servidores públicos, sin excepción, incluyendo a
los docentes, tal como quedó determinado en la sentencia de unificación del
Consejo de Estado CE-SUJ-SII-012-2018, del 18 de julio de 2018,
expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015). Normativa y
jurisprudencia que también le era aplicable a su caso al tratarse de un
empleado público adscrito a la planta global de la Secretaría de Educación
del Putumayo.
Estimó que la decisión de segunda instancia se basó en lo establecido por
la Ley 50 de 1990 que contempla un régimen de sanción por el pago tardío
de cesantías anualizado que a él no le era aplicable pues ni había sido así
pretendido en la demanda, al no contar con un fondo privado donde le fuera
consignada dicha prestación, perteneciendo por el contrario al Fondo de
Cesantías del Personal Administrativo Nacionalizado de la Educación en el
Putumayo, Fondo creado a través de la Ordenanza 157 de agosto 9 de
1996, vigente a la fecha, ni había realizado ante la demanda manifestación
alguna tendiente a acogerse a tal régimen anualizado.
II. Desconocimiento del precedente: por cuanto las pretensiones del medio
de control se refirieron a la sanción moratoria contemplada en las Leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006 que regulan el pago de las cesantías de los
servidores públicos, extendiendo dicho beneficio a los docentes tal como
quedó plasmado en la sentencia de unificación que alude como precedente
y referida anteriormente, esto es CE-SUJ-SII-012-2018, del 18 de julio de
2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015).
Señaló que en su demanda solicitó la aplicación de la figura de extensión
de jurisprudencia prevista en el artículo 102 del C.P.A.C.A. con fundamento
en la anterior sentencia de unificación donde se estableció que, al docente
oficial, por tratarse de un servidor público, les son aplicables la Ley 244 de
1995 y la Ley 1071 del 2006, que contemplan la sanción moratoria en el
reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas. Y así, por
tratarse el actor de un servidor público tendría el derecho a que se le
extiendan los efectos de tal decisión.
Finalmente, la Sala entiende que el actor igualmente alude al
desconocimiento del precedente horizontal, solicitando que en este asunto
se acoja el criterio adoptado recientemente por la Corporación en la
sentencia de tutela del 24 de julio de 2025 elevada por la señora Ilma
Eugenia Pazmiño Ordóñez con radicado 11001-03-15-000-2025-02749-01,
que en su sentir presentó situaciones fácticas y jurídicas sustancialmente
análogas a las expuestas en el asunto que nos atañe.
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III. Violación directa a la Constitución Política: al no atenderse los
postulados Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 se vulneraron los principio y
derechos constitucionales como el de favorabilidad laboral, igualdad
material, debido proceso y acceso a la administración de justicia. Ello en
razón a que el accionado optó darle una interpretación restrictiva y
desfavorable para el trabajador, en abierta contradicción con el mandato
constitucional que ordena preferir la norma más beneficiosa para aquel.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 13 de enero de 2026 se admitió la acción de tutela y ordenó notificar
a la parte accionante5 y, como parte accionada, al Tribunal Administrativo del
Putumayo, Sala Unitaria.6
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Mocoa «primera instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho» y al Departamento del Putumayo «parte demandada del ordinario».7
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa8
La secretaria del despacho remitió el enlace de acceso al expediente digitalizado
del medio de control objeto de acción sin realizar pronunciamiento alguno frente a
la misma.
1.6.2. Tribunal Administrativo del Putumayo, Sala Unitaria9
El Magistrado Ponente aludió que en su decisión tuvo por acreditado que el actor
fue vinculado al Departamento del Putumayo en 1994, esto es, antes de la entrada
en vigencia de la Ley 344 de 1996 por lo que pertenece al régimen retroactivo de
cesantías y no al régimen anualizado, entre tanto la sanción moratoria pretendida
en la demanda contemplada en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006 solo
5 Índice 008 de Samai.
6Índice 008 de Samai. La notificación fue enviada al correo:
scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co
7 Índice 008 de Samai.
8 Índice 009 de Samai.
9Índice 0011 de Samai.
5
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procede para servidores públicos del régimen anualizado, o que se hubieran
trasladado voluntariamente a él, lo cual no se acreditó en este caso.
Consideró que la presente acción es improcedente al pretenderse reabrir un
debate jurídico y probatorio que ya fue ampliamente discutido y resulto
definitivamente por la jurisdicción contenciosa administrativa.
Estimó que en su decisión se valoró de manera integral todo el material probatorio
y se interpretó de forma razonada y sistemática la normativa aplicable al caso
concreto, concluyendo que al actor le era aplicable el régimen retroactivo de
cesantías y no la la sanción moratoria pretendida, prevista en las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006.
Precisó que en su sentencia distinguió claramente entre el régimen retroactivo
[Leyes 6 de 1945 y 65 de 1946; Decretos 2767 de 1945, 1160 de 1947, 1252 de
2000 y 1919 de 2002] y el régimen anualizado [Ley 50 de 1990, Ley 344 de 1996
y Decreto 1582 de 1998] y en tal sentido, aplicando la sentencia de unificación CE-
SUJ2-004 arribó a la conclusión del régimen que le era aplicable al señor Bolaños
Roque.
Aludió al incumplimiento del requisito de inmediatez por haberse formulado la
presente tutela una vez transcurridos 5 meses desde la fecha de notificación de la
providencia cuestionada, esto es, 18 de julio de 2025, superando así el plazo
razonable previsto para el ejercicio de la acción, sin que aludiera a alguna
justificación al respecto.
Igualmente, en torno al presunto desconocimiento del precedente horizontal,
advirtió que únicamente las sentencias de constitucionalidad (C-) y las sentencias
de unificación (SU-) tienen efectos erga omnes, por lo que la sentencia de tutela
invocada por el actor no constituye un precedente de obligatorio cumplimiento sino
un criterio auxiliar.
Corolario de lo anterior, solicitó negar por improcedente la solicitud de amparo
constitucional.
1.6.3. Departamento del Putumayo10
La entidad señaló que no vulneró derecho fundamental alguno del actor, toda vez
que lo cuestionado en este asunto corresponde la sentencia proferida por el juez
contencioso, de quien atribuye una actuación acorde a derecho y en ejercicio de
su función constitucional y legal. En tal sentido, solicitó que se declarara la
10 Índice 0012 de Samai.
6
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improcedencia de este mecanismo constitucional o en su defecto se negaran las
pretensiones elevadas por el actor.
II.CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el actor contra el Tribunal Administrativo del Putumayo, Sala
Unitaria, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a esta Corporación resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
• ¿El Tribunal Administrativo del Putumayo, Sala Unitaria, vulneró las garantías
invocadas por el extremo actor, con ocasión de la providencia del 17 de julio
de 2025, que revocó la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2021 por
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa que había
accedido parcialmente a las pretensiones y en su lugar negó las mismas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado 860013333002-2020-00048-00/01 ?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, (iii) el caso
concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201211
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7
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tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema12 y declaró su
procedencia.13
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202214 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
13 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
14 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal15
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico16; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional17.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal18”. En este orden, se reitera que
15 Sentencia SU-573 de 2019.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-103 de 2022.
9
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el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales19”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto20, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal21.
(Resaltado de la Sala)
2.5. Caso Concreto
En el presente asunto, el señor Ferney Bolaños Roque cuestionó la providencia
del 17 de julio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo, Sala
Unitaria que revocó la providencia del 16 de septiembre de 2021, dictada por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa, para, en su lugar,
negar las pretensiones elevadas por el actor en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 86001-3333-002-2020-
00048-00/01.
Lo anterior, ya que, a su juicio, se incurrió en defecto sustantivo por indebida
aplicación e interpretación de la normativa que regula el régimen retroactivo de
cesantías del cual refiere ser beneficiario, contemplado en la Ley 244 de 1995 y
1071 de 2006 por tratarse de un servidor público que no pertenece a un fondo
privado sino al Fondo de Cesantías del Personal Administrativo Nacionalizado de
la Educación en el Putumayo, creado mediante Ordenanza 157 del 9 de agosto de
1996, vigente a la fecha.
Consideró el actor, que la autoridad accionada aplicó en su caso de manera errada
la Ley 50 de 1990 prevista para el régimen de cesantías anualizado en el que se
reconoce la sanción moratoria por no consignación de las cesantías antes del 15
de febrero del año siguiente.
Igualmente, estimó que el juez contencioso desconoció el precedente establecido
por la sentencia de unificación CE-SUJSII 012-2018, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, el 18 de julio de 2018 con radicado 73001-23-33-000-
19 Sentencia SU-128 de 2021.
20 Sentencia SU-573 de 2019.
21 Ibid.
10
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Demandante: Ferney Bolaños Roque
Demandado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08101-00
2014-00580-01 que extendió los efectos de la sanción moratoria contemplada en
las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 a los docentes del sector oficial por tratarse
también de servidores públicos.
Y a su vez, solicitó que se aplicara para este asunto el precedente horizontal
comprendido por la sentencia de tutela de fecha 24 de julio de 2025 dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, bajo el radicado 11001-03-
15-000-2025-02749-01 donde se ampararon los derechos de la señora Ilma
Eugenia Pazmiño Ordóñez, al tratarse de un asunto que presenta situaciones
fácticas y jurídicas sustancialmente análogas.
Entonces, respecto a lo alegado por el actor, la Sala evidencia que los argumentos
planteados, pese a que hacen alusión a un lenguaje constitucional, realmente
denotan una inconformidad con la decisión proferida por el juez contencioso, por
lo que este mecanismo se torna improcedente al no cumplir el requisito de
relevancia constitucional, como pasa a explicarse.
Se observa que la causa de la queja planteada en esta tutela guarda estrecha
relación con los argumentos expuestos en el medio de control formulado por el
extremo actor contra la entidad territorial demandada, por el no reconocimiento y
pago de la sanción contemplada en la Ley 244 de 1995 de la cual estima ser
beneficiario.
En efecto, el señor Bolaños Roque aludió en tal oportunidad a la interpretación que
se debía dar a la mencionada Ley así como a la Ley 1071 de 2006 y demás normas
concordantes que establecen el régimen retroactivo para el reconocimiento de la
sanción moratoria por pago tardío de cesantías a favor de los servidores públicos,
concluyendo que las referidas normativas, así como la sentencia de unificación
CE-SUJSII 012-2018 se debían aplicar a su caso por tratarse de un empleado
público vinculado al Departamento del Putumayo, afiliado a un fondo público como
lo es Fondo de Cesantías del Personal Administrativo Nacionalizado de la
Educación en el Putumayo.
No obstante, el tribunal accionado al abordar la resolución del caso, luego de
analizar tanto las disposiciones invocadas por el demandante como las
contempladas en la Ley 50 de 1990 Leyes 10 de 1934, 6 de 1945 y 65 de 1946,
consideró que el señor Ferney Bolaños estaba amparado por el régimen
retroactivo y no por el anualizado, siendo esta una conclusión diferente a la
cuestionada por el actor, quien estaría partiendo en su escrito de tutela de una
premisa diferente a la que realmente planteó el operador judicial, tras estimar que
este no lo reconoció como beneficiario del régimen retroactivo.
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Así, el asunto que nos concierne y en el cual se centra el defecto sustantivo
invocado estaría enfocado en establecer no solo si la autoridad accionada
interpretó o no en debida forma la Ley 244 de 1995 y demás normas que regulan
la materia sino que busca establecer si el demandante tendría o no derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías partiendo del
hecho de ser beneficiario del régimen retroactivo, del cual ambas partes de esta
tutela lo reconocen como merecedor, lo que tornaría la presente acción
constitucional en una instancia adicional a las ya surtidas en el proceso ordinario.
De otra parte, con relación a los argumentos expuestos como desconocimiento de
precedente y solicitud de aplicación de precedente horizontal, cabe precisar que
la accionante no justificó, ni explicó como la sentencia de unificación CE-SUJSII
012-2018 le es aplicable a su caso concreto, máxime cuando lo cobija el régimen
retroactivo de cesantías, tal como lo concluyó el ad quem. Asimismo, es del caso
señalar que las decisiones adoptadas por otro despacho judicial perteneciente a
esta misma Corporación no configuran un precedente obligatorio cumplimiento,
tratándose de asuntos particulares que, aunque guarden algunos aspectos
similares, no dejan de ser un criterio auxiliar.
En torno al aludido defecto la Sala ha asignado a la parte que lo invoca el deber
de cumplir con la carga mínima de identificar: (i) la decisión que considera
desatendida; (ii) la ratio aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la
jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la
decisión final que adopte el fallador de instancia. Aspectos que no fueron atendidos
por el extremo activo, pues únicamente se mencionó la sentencia de unificación
anteriormente cita sin precisar tales aspectos relevantes.
En consecuencia, se observa que, si bien la parte actora intenta exponer las
razones por las cuales considera que la autoridad judicial accionada incurrió en
una vulneración de sus derechos fundamentales, en realidad lo que se evidencia
es una simple inconformidad con la interpretación realizada por el ad quem, la
jurisprudencia utilizada para resolver su caso, la valoración de las pruebas
efectuadas y las conclusiones a las cuales se arribó en sede de segunda instancia,
lo cual, per se, no implica una trasgresión de las mencionadas garantías.
Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada,
que amerite la intervención del juez constitucional, en tanto que, la acción de tutela
no se encuentra instituida para resolver asuntos de tal naturaleza legal.
Entrar a estudiar la decisión judicial acusada, sin sustentarse, ni demostrarse la
transgresión de los derechos fundamentales invocados por la accionante, resulta
contraria a la naturaleza del juez constitucional que está llamado a proteger
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aquellas garantías fundamentales vulneradas y a proferir decisiones encaminadas
a restablecer las mismas.
La Corte Constitucional ya ha decantado que la acción de tutela no es una vía
alterna, ni un mecanismo para rectificar decisiones judiciales en firme, ni para
desautorizar interpretaciones jurídicas que se hacen dentro del marco de la
autonomía y de la independencia propia de los jueces, ni el instrumento para atacar
o impugnar las decisiones judiciales que tienen fuerza ejecutoria.22
Es evidente que la controversia esbozada por el extremo actor no satisface el
requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se circunscribe a
aspectos legales y lo que busca es imponer su criterio, el cual estima más
acertado, sobre el del operador judicial, lo cual denota un desconcierto respecto al
sentido de la decisión y no una verdadera transgresión a derechos fundamentales.
En suma, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar las providencias
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que
el debate legal planteado por la parte actora, se reitera, busca mutar el amparo
constitucional en una instancia adicional y reabrir la discusión jurídica ya zanjada
por el juez contencioso, conforme las etapas que para tal efecto estableció el
legislador.
De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de
relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Ferney Bolaños Roque, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
22 Sentencia SU134 del 21 de abril de 2022. Magistrado Ponente José Fernando Reyes Cuartas.
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TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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