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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08108-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08108-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia de tutela del 5 de febrero de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-08108-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-08108-01
Demandante ALIRIO VALENCIA LLANES Y OTROS
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Y
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE ARAUCA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial de una alta corporación.
Causales generales de procedibilidad. Relevancia constitucional.
Inmediatez. Recurso extraordinario de revisión. Auto que rechaza
por extemporaneidad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra el fallo
de tutela del 5 de febrero de 2026, proferido por la Sección Primera del Consejo de
Estado, en el que se dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva presentada por la POLICÍANACIONAL, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la
referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 18 de diciembre de 20251, los señores César, Alirio, Silvia y Natalia Valencia
Llanes, Alirio Valencia Gómez y Norha Celina Llanes Granados, por conducto de
apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Arauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al principio
de reparación integral, con los autos del 14 de diciembre de 2023, proferido por el
juez administrativo en el proceso de reparación directa 81001-33-31-001-2006-00045-
00; del 27 de agosto de 2024 y del 30 de abril y 1° de julio de 2025, emitidos por la
Sección Tercera del Consejo de Estado en el trámite del recurso extraordinario de
revisión con radicado 11001-03-26-000-2024-00062-00 (71.228).
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Con fundamento a lo anteriormente expuesto, solicito se protejan los Derechos
fundamentales a la IGUALDAD, al DEBIDO PROCESO y al ACCESO REAL Y MATERIAL A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A UNA REPARACIÓN INTEGRAL (Art. 13, 29 y 229
de la C.N.), con ocasión a la declaratoria de Caducidad del Incidente de Liquidación de
Perjuicios y el rechazo del Recurso Extraordinario de Revisión dirigido en contra de la
Sentencia de Segunda instancia del 28 de septiembre de 2021 dentro del expediente de
Reparación Directa Rad. No. 81001-33-31-001-2006-00045, Demandante ALIRIO VALENCIA
GÓMEZ y otros, Demandado: NACIÓN – POLICÍA NACIONAL y otro
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior solicito se ordene lo siguiente:

1
Samai, índice No. 1

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08108-01
Demandante: Alirio Valencia Llanes y otros

1. Dejar sin efecto el auto del 14 de diciembre de 2023, proferido por el Juzgado Primero
Administrativo de Arauca, mediante el cual se decretó la caducidad del incidente de
liquidación de perjuicios, dentro del expediente de Reparación Directa Rad. No. 81001-
33-31-001-2006-00045, Demandante ALIRIO VALENCIA GÓMEZ y otros, Demandado:
NACIÓN – POLICÍA NACIONAL y otro.
2. Dejar sin efecto el auto del 27 de agosto de 2024, mediante el cual se rechazó por
extemporáneo el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de
segunda instancia del 28 de diciembre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de
Arauca, al igual los autos del 30 de abril de 2025 (que resolvió el recurso de reposición)
y del 1° de julio de 2025 (que resolvió el recurso de súplica), en los cuales el Consejo de
Estado confirmó la decisión de rechazo del recurso extraordinario de revisión, proferido
dentro del expediente No. 11001032600020240006200.
3. En consecuencia, solicito respetuosamente a esta Honorable Corporación, en su calidad
de Juez Constitucional, que ordene al Juzgado Primero Administrativo de Arauca
disponer lo necesario para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, los
accionantes puedan ejercer efectivamente los instrumentos procesales orientados a la
liquidación de perjuicios, mediante la tramitación del respectivo incidente, conforme a lo
ordenado en la sentencia de tutela del 18 de julio de 2018.
4. De igual forma, se ordene a la Sección Tercera del Consejo de Estado que proceda a
admitir y tramitar el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de
segunda instancia del 28 de diciembre de 2021, sin tener en cuenta el tiempo transcurrido
durante el trámite del incidente de desacato, garantizando así la prevalencia del derecho
sustancial y la eficacia material del amparo constitucional»2.

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Hechos relacionados con el proceso de reparación directa 81001-33-31-001-
2006-00045-00

2.1. El señor Alirio Valencia Llanes y su grupo familiar interpusieron demanda de
reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, el Departamento de Arauca y el Municipio de Tame (Arauca) para
obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios de orden material e
inmaterial derivados de las circunstancias que generaron su desplazamiento
forzado y la pérdida de su empresa.

2.2. En primera instancia conoció el Juzgado Primero Administrativo de Arauca
(Expediente 81001-33-31-001-2006-00045-00) que, mediante sentencia del 6 de
marzo de 2015, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Reconoció los perjuicios materiales y negó los inmateriales.

2.3. El Tribunal Administrativo de Arauca, en sentencia del 8 de mayo de 2017
modificó la sentencia del a quo en el sentido de reconocer los perjuicios
inmateriales y modificó el monto del daño material en la modalidad de lucro
cesante. En la primera instancia había sido reconocido en $840.790.109,12 y,
en la segunda, se estableció en $27.080.679.623.

2.4. Esta providencia fue dejada sin efectos por un juez de tutela, por lo que el 28
de septiembre de 2021 se profirió una sentencia de reemplazo (en el acápite
siguiente se relaciona el trámite constitucional).

2.5. En auto del 14 de diciembre de 2023 (auto acusado), el Juzgado Primero
Administrativo de Arauca decretó la caducidad del incidente de liquidación de
perjuicios ordenado en la sentencia del 28 de septiembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Arauca.

2
Páginas 17 y 18 del escrito de tutela. Samai de primera instancia, índice No.2.
2

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Demandante: Alirio Valencia Llanes y otros

Hechos relacionados con las acciones de tutela 2017-02967-00 y 2017-03460-003

2.6. El Ejército Nacional y la Policía Nacional interpusieron acciones de tutela por
separado contra la sentencia del 8 de mayo de 2017.

La tutela promovida por el Ejército Nacional fue resuelta en impugnación por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 18 de julio de 2018
(Expediente 11001-03-15-000-2017-02967-00). La autoridad judicial amparó el
derecho fundamental al debido proceso del Ejército Nacional, por considerar
que la tasación de perjuicios fue excesiva y desproporcionada. Como
consecuencia de lo anterior, dejó sin efectos la sentencia acusada y ordenó
dictar una nueva decisión.

2.7. Por otra parte, la acción de amparo que interpuso la Policía Nacional fue
decidida en primera instancia por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia del 9 de mayo de 2018 (Expediente 1001 03-15-
000-2017-03460-00).

En la providencia se concedió el amparo de los derechos fundamentales
invocados por la actora, para lo cual, se dejó sin efectos la sentencia del 8 de
mayo de 2017, se declaró la nulidad de lo actuado desde la admisión de los
recursos de apelación y se ordenó remitir el proceso al juez de origen para que
profiriera las decisiones a las que hubiera lugar.

2.8. El Tribunal Administrativo de Arauca, en auto del 28 de septiembre de 2018,
intentó armonizar las órdenes de tutela y dispuso remitir el expediente al
juzgado de origen para que profiriera las decisiones pertinentes.

2.9. La sentencia de tutela emitida en el proceso promovido por la Policía Nacional
fue revocada en segunda instancia por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado en sentencia del 12 de diciembre de 2018, ordenando estarse a lo
resuelto en la sentencia del 18 de julio de 2018, emitida en el proceso 2017-
02967-01.

2.10. En auto del 23 de enero de 2019, el Juzgado 1° Administrativo del Circuito de
Arauca declaró la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso ordinario. En
auto del 24 de julio de ese año, el Tribunal avocó conocimiento del caso y
admitió la demanda de reparación directa.

2.11. En el marco del proceso de tutela 2017-03460, se promovió incidente de
desacato, el cual fue resuelto en auto del 28 de abril de 2021, en el sentido de
señalar que lo procedente para cumplir con el fallo era emitir una sentencia de
reemplazo y no retrotraer el proceso a la etapa inicial. No obstante, el Tribunal
Administrativo de Arauca dictó fallo de primera instancia el 2 de julio de 2021.

2.12. En auto del 6 de agosto de 2021, la Sección Segunda del Consejo de Estado
indicó que el tribunal cumplió de manera errada y que lo procedente era emitir
sentencia de reemplazo de segunda instancia, por lo que ordenó proceder de
conformidad.

2.13. En cumplimiento de la orden, el tribunal profirió sentencia de segunda
instancia el 28 de septiembre de 2021 en la que, entre otras, declaró la
responsabilidad patrimonial del Ejército y de la Policía Nacional; condenó en
abstracto a las entidades por concepto de daño emergente y lucro cesante y
ordenó indemnizar a los demandantes por concepto de perjuicio moral por el
monto de 25 SMLMV.

3
Recuento procesal tomado del auto del 27 de agosto de 2024, emitido en el recurso extraordinario de revisión 11001-03-
26-000-2024-00062-00
3

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Demandante: Alirio Valencia Llanes y otros

2.14. Finalmente, el Consejo de Estado declaró cumplida la orden de tutela en auto
del 12 de noviembre de 2021. Aunque se interpuso recurso de reposición
contra la decisión, aquel fue rechazado el 24 de abril de 2023 y se negó la
apertura de un nuevo incidente de desacato el 26 de octubre de 2023.

Hechos relacionados con el recurso extraordinario de revisión 2024-00062 00

2.15. El 24 de abril de 2024, el señor Alirio Valencia Llanes y otros interpusieron
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 28 de septiembre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca.

2.16. En auto del 27 de agosto de 2024 (auto acusado), con ponencia del
magistrado Fernando Alexei Pardo, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado rechazó el recurso extraordinario de revisión por estimarlo
extemporáneo.

2.17. La parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio súplica contra el
auto de rechazo. La decisión fue confirmada por el ponente en auto del 30 de
abril de 2025 (auto acusado).

Como fundamento de la decisión, se indicó que el término de caducidad debía
contarse desde la ejecutoria de la sentencia de reemplazo (noviembre de 2021)
y no desde las decisiones posteriores en el trámite del incidente de desacato
dentro de la acción constitucional.

Precisó que ni la acción de tutela ni los incidentes afectan la firmeza de las
sentencias ni el cómputo de los plazos procesales. Dijo que como el recurso
fue presentado hasta el 24 de abril de 2024, fue extemporáneo.

2.18. El recurso de súplica fue decidido por los demás magistrados que integran la
subsección, en auto del 1° de julio de 2025 (auto acusado). El ponente
confirmó el auto suplicado por estimar que el recurso fue extemporáneo y que
el incidente de desacato no tiene la potestad de suspender los términos
procesales.
3. Fundamentos de la acción

La parte actora sostuvo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
violación directa a la Constitución debido a que desconocieron sus derechos de
acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la reparación integral y
a las garantías de no repetición.

Como fundamento de lo anterior, explicó que las providencias acusadas impusieron
una carga procesal imposible de cumplir dado que condicionaron su reparación a
unos plazos que transcurrieron de manera paralela al incidente de desacato,
mecanismo que se tuvo que activar para procurar la garantía de sus derechos.

En esa vía, advirtieron que la prolongación del incidente por dos años frustró la
expectativa de que el Estado los reparara, dado que conllevó la declaración de
caducidad (i) del incidente de liquidación de perjuicios en el proceso de reparación
directa y (ii) del recurso extraordinario de revisión.

De otro lado, argumentaron la concreción del defecto procedimental absoluto por
exceso ritual manifiesto porque las autoridades accionadas privilegiaron una
interpretación restrictiva de las normas procesales sobre la caducidad, en clara
vulneración del principio de justicia material y derecho sustancial.

Advirtieron que las providencias cuestionadas desconocieron los fines
constitucionales del proceso y frustraron la finalidad reparadora del amparo
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concedido desconociendo los derechos de los que son titulares en su calidad de
víctimas del conflicto armado.
4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 19 de diciembre de 2025, el despacho sustanciador de primera
instancia: (i) admitió la acción de tutela interpuesta por los señores César,
Alirio, Silvia y Natalia Valencia Llanes; y Alirio Valencia Gómez y Norha Celina
Llanes Granados contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Arauca; y (ii)
vinculó al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, al Departamento de Arauca,
al Municipio de Tame y al Tribunal Administrativo de Arauca, como terceros
con interés en el resultado del proceso, dada su calidad de sujetos procesales
en el proceso de reparación directa y el recurso extraordinario de revisión
acusados en esta tutela.

4.2. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado respondió la
acción de tutela por medio de informes presentados por los magistrados
Fernando Alexei Pardo Flórez y José Roberto Sáchica en los que solicitaron
que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque no satisface el
presupuesto de relevancia constitucional.

Como fundamento de lo anterior, destacaron que el escrito de tutela contiene
los mismos argumentos que fueron formulados en el recurso de reposición y
súplica interpuestos en el trámite de recurso extraordinario de revisión.

Agregaron que la decisión de rechazar el recurso extraordinario estuvo
fundamentada en la normativa procesal aplicable y vigente, por lo que
reprocharon que los actores pretendan justificar la extemporaneidad del
recurso en argumentos contrarios al ordenamiento jurídico.

4.3. El juez Primero Administrativo de Arauca manifestó que la acción de tutela no
cumple con el presupuesto de subsidiariedad ni de inmediatez frente al auto
del 14 de diciembre de 2023. Esto como quiera que la acción de amparo que
la discute se promovió hasta el 19 de diciembre de 2025, es decir, que habían
pasado más de dos años desde su emisión, lapso que supera ampliamente el
plazo razonable.

De manera subsidiaria, recordó que en el auto acusado se expusieron de
manera razonada y suficiente los motivos por los que considera que operó la
caducidad del incidente de liquidación de perjuicios. Además de que los
interesados no agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial en el
momento procesal oportuno contra la mencionada providencia y la tutela no
puede ser utilizada para revivir términos procesales.

4.4. La Policía Nacional, por conducto de asesora del sector defensa de la
Secretaría General, solicitó la desvinculación de la acción de tutela por carecer
de legitimación en la causa por pasiva, dado que las pretensiones de la
demanda no guardan relación con sus funciones.

5. Providencia impugnada

En sentencia del 5 de febrero de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado
negó la solicitud de desvinculación de la Policía Nacional y declaró la improcedencia
del amparo por no satisfacer los requisitos generales de inmediatez y de relevancia
constitucional.

La Sala de decisión consideró que la tutela no se interpuso en un plazo razonable
frente al auto del 14 de diciembre de 2023, proferido por el Juzgado Primero
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Administrativo de Arauca. Esto, considerando que se notificó en estado del 15 de
diciembre de 2023, por lo que habían transcurrido más de dos años cuando se
interpuso la acción de tutela. También indicó que el trámite del incidente de
desacato no justifica la interposición tardía de la acción de amparo, debido a que la
pauta para cuestionar a través de este mecanismo providencias judiciales, es de 6
meses a partir de su notificación.

En relación con los autos proferidos por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en el trámite del recurso extraordinario de revisión, aclaró que
el análisis debía surtirse frente a la decisión que dio por terminado el proceso, en
este caso el auto del 1° de julio de 2025 que resolvió el recurso de súplica.

Frente a este proveído consideró que la tutela no superaba el presupuesto de
relevancia constitucional porque la parte actora perseguía un nuevo análisis del
asunto, tomando el mecanismo constitucional como una instancia adicional.
6. Impugnación
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia.
En primer lugar, acusó que el a quo realizó un análisis aislado del requisito de
inmediatez, desconociendo que los presupuestos de procedibilidad deben
analizarse de manera concatenada.
En este caso, expuso que antes de analizar la inmediatez debía verificarse el
agotamiento de los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, dado
que aún estaba la posibilidad de incoar el recurso extraordinario de revisión, que fue
decidido hasta el 1° de julio de 2025.
En esa línea, aclaró que el plazo razonable para interponer la acción de tutela debía
contarse desde la emisión de la providencia que resolvió la súplica en el recurso
extraordinario de revisión y bajo ese derrotero la acción de tutela fue radicada
oportunamente.
Agregó que la sentencia de tutela genera una contradicción, pues si el accionante
agota primero los recursos judiciales se le reprocha la falta de inmediatez, pero si
no los agota, se reprocha el incumplimiento de la subsidiariedad.
En relación con la relevancia constitucional, la parte accionante indicó que el
problema jurídico propuesto no radicaba en si el incidente de desacato suspendía
el término de caducidad, sino en establecer si la sentencia de reemplazo del 28 de
septiembre de 2021 podía considerarse materialmente en firme cuando estaba
pendiente la decisión sobre el incidente de desacato frente al fallo de tutela del 18
de julio de 2018.
En ese contexto, advirtió que la sentencia del 28 de septiembre de 2021 no surgió
de la dinámica regular del proceso ordinario de reparación directa, sino como
cumplimiento de una orden de tutela.
Recordó que en uno de los trámites incidentales la autoridad judicial advirtió el
desacato porque la gestión de la autoridad judicial accionada no se ajustó a lo
solicitado en el fallo de tutela. Por ello, consideró que mientras el juez de tutela no
verificara el cumplimiento íntegro del amparo, no podía considerarse que la
sentencia de reemplazo estaba materialmente en firme.
De acuerdo con lo anterior, expuso que la interpretación legalista de las autoridades
judiciales desconoció ese contexto constitucional, omisión que derivó en la
vulneración del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de los demandantes en el proceso de reparación directa, pues convirtió en
ineficaz una sentencia favorable pero materialmente inexigible.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas Corporaciones

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Es por tal razón que la procedencia de la acción contra providencias
judiciales exige una mejor fundamentación del vicio que se le atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que
los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.
Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional
para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada
debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa
con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.

Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales
especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia

4
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
5
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
6
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
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judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Es importante tener
en cuenta que, en la sentencia, SU573 de 20177, la Corte Constitucional analizó el
tercer elemento en el acápite de relevancia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico

De conformidad con los antecedentes expuestos en el asunto sub examine, la Sala
debe decidir si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia al declarar la
improcedencia de la acción de tutela por incumplir con los requisitos de inmediatez
y de relevancia constitucional.

En caso de que se supere el examen de la procedencia adjetiva de la acción, la
Sala abordará el estudio de fondo para determinar si la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Arauca incurrieron en violación directa a la Constitución y en defecto procedimental
al proferir las providencias judiciales acusadas.

4. Presupuesto general de inmediatez: alcance y análisis en el caso
particular

4.1. Uno de los requisitos generales para que la tutela contra providencias
judiciales proceda es que se acredite que la acción se interpuso en un plazo
razonable. Este requisito se conoce como inmediatez.

La Corte Constitucional8 ha señalado que si bien no es posible establecer un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de tutela, debe existir
un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo
de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya
que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que
ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una
persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos
de los terceros afectados9.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca
que la acción se presente en un término razonable contado desde el momento
en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos
fundamentales y no un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es
un medio excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere
que se ejerza en un tiempo prudencial.

4.2. Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de
Estado 10 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un
término de seis meses contados a partir de la notificación de la providencia
judicial enjuiciada, por considerarlo un término prudencial para que el
interesado interponga la acción. Límite temporal que también ha sido acogido
por la Corte Constitucional11.

Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para
la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho

7
Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
8
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
9
Corte Constitucional. sentencia T-594 de 2008: el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de
tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en
otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente”.
10
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
11
Sentencia T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
8

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a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad»12.

Sin embargo, esta regla no es absoluta, sino que puede flexibilizarse en
determinadas circunstancias. En la Sentencia SU-391 de 2016, la Corte
Constitucional aseguró que «[n]o existen reglas estrictas e inflexibles para la
determinación de la razonabilidad del plazo, sino que es al juez de tutela a quien le
corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias de cada caso concreto, lo que
constituye un término razonable»13.

Por ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional
brindó cinco criterios: (i) la situación personal del peticionario; (ii) si la
vulneración de derechos fundamentales se extiende en el tiempo; (iii) la
naturaleza de la vulneración; (iv) la actuación contra la que se dirige la tutela;
y (v) los efectos de la tutela.

Así las cosas, el requisito de inmediatez debe analizarse caso a caso según
sus particularidades, sin que el solo paso del tiempo constituya el criterio
exclusivo para efectuar ese estudio

4.3. El incumplimiento del requisito de inmediatez se predica exclusivamente frente
al auto del 14 de diciembre de 2023, proferido en el proceso de reparación
directa 2006-00045-01. En este proveído el juez Primero Administrativo del
Circuito de Arauca, decidió negar la solicitud de suspensión del término
establecido para promover el incidente de liquidación de perjuicios y declaró
que operó la caducidad por el no ejercicio oportuno del derecho reconocido en
la sentencia del 28 de septiembre de 2021.

Este proveído se notificó en estado del 15 de diciembre de 202314, por lo que
es claro que la acción de tutela radicada el 18 de diciembre de 202515, supera
ampliamente el lapso de seis meses establecido por la jurisprudencia
constitucional y contenciosa como plazo razonable. Ahora, también es cierto
que no se trata de un término legal absoluto, sino de un parámetro temporal
que puede flexibilizarse siempre que la tardanza en la interposición de la tutela
esté razonablemente justificada.

4.4. En el escrito de impugnación, la parte accionante reprochó que el juez a quo
no consideró la existencia de otros mecanismos de defensa que podían ser
agotados de manera previa a activar el mecanismo constitucional para
acreditar el presupuesto de subsidiariedad y que afectaban el análisis del plazo
razonable. Así, explicó que les asistía la posibilidad de acudir al recurso
extraordinario de revisión, el cual solo fue resuelto de manera definitiva hasta
el 1° de julio de 2025, por lo que considera que es desde ese momento que se
debe analizar el presupuesto de inmediatez.

Al respecto, conviene precisar que, si bien le asiste razón a la parte actora
sobre la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, también debe considerar
que este presupuesto se analiza, en casos de tutela contra providencia judicial,
frente a la procedencia de mecanismos de defensa respecto de la providencia
judicial acusada. En el caso particular, el auto acusado es el del 14 de
diciembre de 2023 que declaró la caducidad frente a la presentación del
incidente de liquidación de la condena en abstracto, providencia respecto de
la cual no procede el recurso extraordinario de revisión, por lo que no se erige
como un mecanismo judicial idóneo y eficaz para controvertir la providencia
cuestionada.

12
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
13
Corte Constitucional. Sentencia de unificación SU-391 de 2016.
14
Samai para juzgados administrativos. Proceso 81001 3331 001 2006 00045 00, índice 35.
15
Samai, índices 1 y 2.
9

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Recuérdese, que de acuerdo con el artículo 248 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo contencioso administrativo (CPACA) el recurso
extraordinario de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas.

4.5. En todo caso, se aclara que la presentación del recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia del 28 de septiembre de 2021 no cambia el
parámetro de análisis de la inmediatez respecto del auto del 14 de diciembre
de 2023. Si el actor estimaba que el auto vulneraba sus derechos
fundamentales podía ejercer la acción de tutela, exponiendo las razones por
las que consideraba que la determinación de declarar la caducidad frente al
incidente de liquidación de perjuicios configuraba una o varias de las causales
especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sin que el trámite del recurso extraordinario afectara esa potestad.
Máxime cuando en el recurso extraordinario se discute la sentencia de
condena por el alegado desconocimiento del principio de congruencia y la
indebida valoración del dictamen pericial, no el auto del 14 de diciembre de
2023.

Además, el trámite del recurso extraordinario no suspende ni afecta el curso
ni los términos de los trámites incidentales posteriores a la sentencia, en este
caso el de liquidación de condena en abstracto, pues no se puede presumir
que el recurso extraordinario sería favorable a las pretensiones de los
demandantes. Es más, el parágrafo del artículo 253 del CPACA, sobre el
trámite del recurso extraordinario de revisión, establece que «[e]n ningún caso,
el trámite del recurso de revisión suspende el cumplimiento de la sentencia».

Así las cosas, esta Sala considera que debe confirmarse la decisión de
declarar la improcedencia de la acción de tutela en relación con el auto del 14
de diciembre de 2023, por no cumplir con el requisito de inmediatez.

5. Presupuesto general de relevancia constitucional: su alcance y análisis
en el caso particular
5.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

10

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(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en
que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de
tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.

5.2. En este punto, conviene precisar que el presupuesto de relevancia
constitucional se analizará frente a los autos que fueron emitidos en el trámite
del recurso extraordinario de revisión, a saber: el auto del 27 de agosto de
2024, que rechazó el recurso por extemporáneo y los autos del 30 de abril y
1° de julio de 2025, que decidieron los recursos de reposición y súplica,
respectivamente, en el sentido de confirmar la decisión de rechazo.

5.3. Ahora bien, en el escrito de impugnación, la parte demandante alegó que el a
quo se equivocó al indicar que el problema constitucional radicaba en
establecer si el incidente de desacato suspendía el término de caducidad del
recurso extraordinario de revisión, cuando en realidad la discusión era: «¿si la
sentencia de reemplazo proferida el 28 de septiembre de 2021 dentro del proceso
ordinario de Reparación Directa podía considerarse jurídicamente firme para efectos de
iniciar el cómputo del término del recurso extraordinario de revisión y del incidente de
liquidación de perjuicios?»16 (subraya de la Sala)

A ese respecto, recordó que la sentencia del 28 de septiembre de 2021 derivó
del cumplimiento de una orden de tutela y considerando lo ocurrido en los
trámites incidentales, estimó necesario que el juez de tutela verificara el
cumplimiento íntegro del amparo, para concluir que la sentencia estaba
materialmente en firme.

Agregó que la interpretación legalista de las autoridades judiciales desconoció
ese contexto constitucional, lo que derivó en la vulneración del derecho al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los demandantes
en el proceso de reparación directa, pues convirtió en ineficaz una sentencia
favorable pero materialmente inexigible

16
Página 5 del escrito de impugnación.
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5.4. A juicio de esta Sección, lo anterior da cuenta de que debe confirmarse la
decisión del a quo debido a que la parte actora utiliza la acción de tutela como
una instancia adicional para presentar su desacuerdo con el juicio jurídico del
juez natural de la causa e insistir en los argumentos que ha expuesto en el
trámite del recurso extraordinario de revisión para justificar la mora en la
activación del mecanismo judicial, pero ahora enmarcándolos en las causales
especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

Como fundamento de la anterior afirmación, conviene recordar que en cada
uno de los autos acusados se ha considerado el escenario constitucional que
el actor alega como omitido con miras a analizar si justifica la interposición
tardía del recurso extraordinario de revisión. En particular, se indicó que los
incidentes de desacato posteriores a la sentencia ordinaria de condena no
afectaban la ejecutoria de la providencia ni suspendían o interrumpían el
término para la interposición del recurso extraordinario de revisión, que es lo
que discute la parte demandante ahora en acción de tutela.

5.4.1. Al respecto, en el auto del 27 de agosto de 2024, que rechazó el recurso
extraordinario por extemporáneo, se lee:
«19. En criterio del despacho, resulta pertinente aclarar que, cuando se trata de la
ejecutoria de sentencias de segundo grado, su firmeza se predica una vez notificado el
fallo y finiquitado el plazo previsto en la correspondiente disposición normativa. Con
todo, durante el término de ejecutoria, es posible solicitar la aclaración o
complementación de la providencia, caso en el cual la ejecutoria aplica una vez emitida
la respectiva decisión.
20. Por otra parte, vale la pena precisar que el Consejo de Estado ha señalado que la
acción de tutela no puede comprenderse como un mecanismo de suspensión de
términos de las acciones judiciales, en la medida que aquella “no puede ir en contravía
de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico”
(…)
23. Por su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha indicado
que la interposición de incidentes con posterioridad al fallo censurado no enerva el
término de caducidad de los recursos extraordinarios, así: “De otra parte, es inocuo
argüir, como, al parecer, pretende el vocero judicial del recurrente, que el término
comentado debe contabilizarse desde el proveído que decidió un incidente de nulidad
formulado con posterioridad al proferimiento del fallo, pues el punto legalmente
demarcado para tal fin, es la ejecutoria de la sentencia lo que excluye, sin duda alguna,
cualquier otro acto procesal (…).
24. En el sub examine el fallo objeto de revisión, correspondiente al dictado en segunda
instancia el 28 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Arauca, se envió
a las partes y al Ministerio Público, mediante correo electrónico del miércoles 27 de
octubre de esa misma anualidad. En consecuencia, de conformidad con el inciso tercero
del artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, la notificación se surtió el 29 de octubre siguiente
y quedó en firme el 4 de noviembre de 2021, en cuanto no se formuló solicitud de
aclaración o complementación alguna que afectara la ejecutoria de la referida
providencia.»

5.4.2. De otra parte, en el auto que resolvió el recurso de reposición contra la
anterior providencia, la autoridad judicial planteó y resolvió el mismo
problema jurídico que propuso la parte accionante en la impugnación:
«El despacho resolverá la reposición interpuesta por la parte recurrente contra el auto
del 27 de agosto de 2024, por medio del cual se rechazó el recurso de revisión de la
referencia, para lo cual se abordarán los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿los
incidentes de desacato afectan la ejecutoria de los fallos proferidos en el marco de los
procesos declarativos?; (ii) ¿el juez de tutela profirió una orden por medio de la cual
extendió el plazo que tenían los recurrentes para ejercer el derecho de acción en sede
extraordinaria?; (iii) en caso de no reponer el auto ¿resulta procedente conceder el
recurso de súplica formulado por la recurrente? (…)

12

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Determinación sobre la injerencia del incidente de desacato promovido por los
accionantes en la ejecutoria de la sentencia objeto de revisión

(…) 31. Inconforme con la anterior conclusión, la parte recurrente indicó que, contra la
sentencia de segunda instancia del 8 de mayo de 2017, se promovieron dos acciones
constitucionales, las cuales fueron decididas en primera instancia en fechas distintas y
bajo supuestos disimiles, lo cual generó que las órdenes de tutela fueran interpretadas
erróneamente por parte del Tribunal ad quem, autoridad que dictó en diferentes
oportunidades la respectiva decisión de reemplazo.

32. En criterio de los recurrentes, ante las inconsistencias en las que se incurrió en el
marco del litigio declarativo, era necesario que se decidiera el incidente de desacato
formulado por los accionantes “para arropar de confianza y seguridad el posible
recurso”.
(…)
35. En relación con lo anterior, la jurisprudencia ha establecido que la interposición de
incidentes en los juicios ordinarios contra sentencias, como el de nulidad, no afecta la
firmeza de las decisiones proferidas en dichos procesos, porque no constituyen
recursos contra la determinación judicial y, en consecuencia, el término de ejecutoria
transcurre sin que su trámite incida en él. Bajo esa línea de pensamiento, mutatis
mutandis, es posible concluir que, dado que la formulación de incidentes en el marco
de litigios declarativos no afecta la firmeza de las sentencias definitivas, de la misma
forma los incidentes de desacato que se desestiman en las acciones de tutela
interpuestas contra providencias judiciales tampoco suspenden y/o interrumpen el
cómputo de ejecutoria del respectivo fallo de reemplazo que se hubiese dictado en
cumplimiento de lo ordenado en sede constitucional.
36. Vale la pena precisar que el trámite del incidente es una figura accesoria de origen
legal que demanda una responsabilidad de tipo subjetivo, es decir, en principio, su
finalidad no es la de cuestionar el fallo dictado en el marco del respectivo litigio ordinario,
sino que el respectivo servidor cumpla con la correspondiente orden constitucional. La
Corte Constitucional ha explicado que por medio de dicho mecanismo es posible
obtener el cumplimiento de la sentencia de tutela, sin que ello signifique que lo allí
resuelto tenga injerencia alguna en la ejecutoria de la providencia proferida en el litigio
declarativo.
37. En el sub júdice se observa que, tal y como lo advirtió el juez constitucional, el
Tribunal ad quem cumplió la orden de tutela al dictar la sentencia de reemplazo del 28
de septiembre de 2021, providencia cuya ejecutoria se tomó como punto de partida para
para computar la caducidad en sede extraordinaria de revisión.
38. En suma, el incidente de desacato promovido por los recurrentes en el marco de las
solicitudes de tutela no tuvo la virtualidad de afectar la ejecutoria del fallo objeto de
revisión y, por ende, tampoco suspendió el plazo para formular el recurso extraordinario
de la referencia, por lo que el cargo de reposición analizado carece de vocación de
prosperidad.» (subraya la Sala)

5.4.3. Finalmente, en el auto del 1° de julio de 2025, que decidió la súplica, la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, indicó:
«8. La sentencia que se pide revisar se notificó mediante correo electrónico del 27 de
octubre de 2021, de modo que la parte recurrente tenía hasta el 5 de noviembre de
2022 para interponer el recurso extraordinario de revisión. Como ello ocurrió el 24 de
abril de 2024, se concluye que el recurso de revisión fue extemporáneo, por lo que había
lugar a su rechazo en los términos del numeral 1° del artículo 253 del CPACA.
9. Vale destacar que el desacato propuesto en el proceso 11001-03-15-000 2017-
03460-02, constituye una prerrogativa para sancionar el incumplimiento de las órdenes
impartidas en un fallo de tutela, pero no se trata de un trámite que suspenda, interrumpa,
influya o modifique el término establecido en el artículo 251 del CPACA.
10. Por lo tanto, acceder a la petición de la parte actora implica modificar un mandato
legal que refiere que el término se computa desde la ejecutoria, lo cual conllevaría a
una intromisión del juez de lo contencioso administrativo en las competencias propias
del legislador y la desarticulación de la institucionalidad.»

5.5. De acuerdo con lo expuesto, es claro para la Sala que los argumentos
relacionados en la acción de tutela para discutir el rechazo del recurso
extraordinario de revisión por extemporáneo ya fueron analizados y decididos
13

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por el magistrado al que fue repartido el caso inicialmente y por los demás
magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
al resolver el recurso de súplica.

Asimismo, se advierte que cada una de las providencias consideró el
escenario constitucional relativo a los incidentes de desacato posteriores a la
emisión de sentencia de reemplazo, pero concluyeron que tal situación no
afectaba la ejecutoria de la providencia, ni su establecimiento como parámetro
para el cómputo de la oportunidad del recurso extraordinario de revisión. Por
lo que es claro que la acción de tutela se utiliza como un escenario adicional
para prolongar el debate sobre la oportunidad del recurso, el cual fue
clausurado en el trámite del recurso extraordinario.

Insistir en sede tutela en un cargo que ya fue examinado en el proceso
ordinario implica utilizar este mecanismo como un escenario adicional para
prolongar una discusión jurídica que fue cerrada por el juez natural, con el
único propósito de obtener una decisión favorable a los intereses de la parte
accionante, lo cual resulta contrario a la naturaleza subsidiaria y excepcional
de la acción de tutela.

5.6. A ese respecto, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho que
la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye
en sí misma una vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa
posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias
judiciales, como mecanismo excepcional.

Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha sostenido que cuando se
controvierten decisiones judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a
que el asunto sea de tal relevancia en materia constitucional, que se logre
apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración grosera o de bulto, lo que no
ocurre en este caso.

Además conviene advertir que, tratándose de una acción de tutela contra
providencias judiciales de altas corporaciones, el análisis del requisito de
relevancia constitucional se torna más exigente y la procedibilidad de este
mecanismo judicial es aún más restrictiva, pues se trata, en este caso, del
Tribunal de cierre en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en esa
línea se robustece el elemento de especialidad del juez respecto de la causa
que conoce y los principios de independencia y autonomía.

Es por ello por lo que, la jurisprudencia constitucional exige que, para el
análisis de fondo de la acción de tutela en estos eventos, se haya identificado
en la providencia cuestionada «una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa
intervención de juez constitucional», escenario que no se identifica en el caso
particular

6. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de tutela de primera
instancia, proferida el 5 de febrero de 2026 por la Sección Primera del Consejo de
Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por los
señores César, Alirio, Silvia y Natalia Valencia Llanes, Alirio Valencia Gómez y
Norha Celina Llanes Granados, por incumplir con los presupuestos generales de
inmediatez y de relevancia constitucional.

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En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia de tutela del 5 de febrero de 2026, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

15

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