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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02781-01

Fecha
9 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02781-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. REVOCAR el fallo de tutela de primera instancia del 11 de junio de 2026, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por Santiago Rangel León y otros, por las razones expuestas en esta providencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-02781-01 Demandante: Santiago Rangel León y otros 4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02781-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

9 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-02781-01
Demandante SANTIAGO RANGEL LEÓN Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Temas Tutela contra providencia judicial. Causales generales de
procedencia. La inmediatez: parámetro del cómputo. Medio de control
de reparación directa. Recurso extraordinario de revisión.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el Instituto Nacional de Vías (en
adelante INVIAS), contra el fallo del 11 de junio de 2026, proferido por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, que dispuso:
«PRIMERO: Denegar las solicitudes de desvinculación propuestas por el Instituto Nacional
de Vías (INVÍAS), el municipio de Bucaramanga, la Gobernación de Santander y el Ministerio
de Transporte.
SEGUNDO: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la señora Sonia Eulalia León Suárez y otros por configurarse el
defecto fáctico planteado.
TERCERO: En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia de 29 de junio de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso de reparación directa con
radicado 68001-33-33-008-2013-00354-02 y ordenar a dicha corporación que en el término
de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una decisión
de reemplazo en la cual analice las circunstancias demostradas con los registros fotográficos
obrantes en el expediente.
CUARTO: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la señora Sonia Eulalia
León Suárez y otros en lo concerniente al defecto sustantivo invocado».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 13 de abril de 2026, los señores Santiago Rangel León, Sonia Eulalia León
Suárez, Juan Sebastián Rangel León, Diego Julián Rangel León, Ángela Rangel
Rodríguez, María Abigail Rangel Rodríguez, Berta Rangel Rodríguez, Griseldina
Rangel Rodríguez, José Rafael Rangel Rodríguez, Marina Rangel Rodríguez,
Herminia Rangel Rodríguez, Arturo Rangel Rodríguez, Lisseth Mayerly Rangel
Ordoñez, Camilo Andrés Rangel Ordoñez, Jhonatan Jesús Rangel Ordoñez y
César Augusto Rangel Rincón promovieron, mediante apoderado judicial, acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander.

Alegaron la vulneración de sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral,
con ocasión a la sentencia del 29 de junio de 2023, dictada en la segunda instancia
del proceso de reparación directa 68001-33-33-008-2013 00354-00/02.

En consecuencia, formularon la siguiente pretensión:

1
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02781-01
Demandante: Santiago Rangel León y otros

«Tutelar los derechos fundamentales al efectivo acceso a la administración de justicia,
igualdad, debido proceso y reparación integral de los accionantes, declarando que la
providencia judicial del 29 de junio de 2023 emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER, incurrió en defecto material o sustancial al haber revocado el fallo de primera
instancia, en el cual el Despacho de origen había valorado de manera adecuada cada prueba
aportada al sumario, en donde quedó establecida la responsabilidad por parte del Municipio
de Bucaramanga, al no realizar el mantenimiento regular y preventivo a una vía principal y de
amplia circulación». (Subraya la Sala)

2. Hechos

Del escrito se advierten los siguientes hechos relevantes:

2.1. Santiago Rangel León y otros promovieron demanda, en ejercicio del medio
de control de reparación directa, contra el INVIAS, el departamento de
Santander- Secretaría de Obras Públicas y el municipio de Bucaramanga, con
el propósito de que se declarara su responsabilidad administrativa y
extracontractual derivada del fallecimiento del señor Carlos Humberto Rangel
Rodríguez, ocurrido el 2 de agosto de 2012.

Lo anterior, como consecuencia de las lesiones en la cabeza sufridas en el
accidente de tránsito que tuvo lugar el 28 de julio de ese mismo año, cuando
se desplazaba en motocicleta por la vía que conduce de Real de Minas al
Puente «El Bueno» de Bucaramanga.

Según la parte actora, el accidente se produjo debido al estado de la vía y la
omisión de señalización preventiva que advirtiera esa condición.

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron que se condenara a las
entidades demandadas al pago de perjuicios materiales, morales y daño a la
vida en relación.

2.2. El conocimiento de la demanda en primera instancia correspondió al Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga. Esta autoridad
judicial emitió sentencia de primera instancia el 20 de marzo de 2019 en la
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda por considerar
que existió una falla del servicio atribuible al municipio demandado, dado el
daño en la capa asfáltica que ponía en riesgo la integridad de las personas,
sin que se hubiera señalizado de manera eficaz.

2.3. El Municipio de Bucaramanga y la parte demandante apelaron la anterior
decisión. El ente territorial adujo que estaba acreditada la concreción de la
eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

A ese respecto, señaló que el señor Rangel Rodríguez conducía la moto con
exceso de velocidad y sin casco, circunstancias que provocaron que perdiera
el control del vehículo y sufriera lesiones en la cabeza.

Los demandantes discutieron los perjuicios que no fueron reconocidos.

2.4. En sentencia del 29 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander
revocó la decisión de condena y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa.

Argumentó que, aunque se acreditó el daño sufrido, no así la imputación, pues
el acervo probatorio daba cuenta de la concreción de la eximente de
responsabilidad del hecho exclusivo de la víctima ante el exceso de velocidad
y la omisión en el uso de elementos de protección.

2

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02781-01
Demandante: Santiago Rangel León y otros

Según el histórico de actuaciones en Samai, la notificación de la sentencia se
surtió el 7 de julio de 20231.

2.5. Los demandantes promovieron recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia del 29 de junio de 2023, invocando la causal quinta del artículo 250
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(en adelante CPACA). Adujeron que la providencia desconoció el marco jurídico
pertinente para resolver el caso particular y que se concretó la causal de
nulidad del artículo 133 del Código General del Proceso (en adelante CGP).

El proceso fue radicado bajo el número 11001-03-26-000-2024-00095-00 (71563)

2.6. En providencia del 9 de diciembre de 2025, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró infundado el recurso aduciendo que la
fundamentación no se ajustaba a la causal invocada, sino que corresponde a
una inconformidad con el fondo del asunto.

Frente al segundo cargo, advirtió la imposibilidad de analizarlo debido a que
no superaba la carga argumentativa exigida en el artículo 252 del CPACA.

La sentencia se notificó por estado electrónico del 19 de diciembre de 20252.

3. Fundamentos de la acción

3.1. La parte accionante afirmó que la acción de tutela cumplía con todos los
presupuestos generales de procedibilidad. En particular, frente a la inmediatez,
indicó que la sentencia que declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión se emitió el 9 de diciembre de 2025 y se notificó el 16 de ese mes y
año, por lo que, a su juicio, la tutela radicada el 13 de abril de 2026, acoge la
pauta de seis meses establecida por la jurisprudencia constitucional.

Agregó que la vulneración de los derechos al debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia continúan produciendo efectos, al
impedir que los demandantes obtengan la reparación a la que tienen derecho.

3.2. En cuanto al fondo del asunto, se alegó que el Tribunal Administrativo de
Santander incurrió en defecto fáctico, en defecto sustantivo y en violación
directa a la Constitución al proferir la sentencia del 29 de junio de 2023.

Respecto al defecto sustantivo, la parte actora manifestó que el tribunal omitió
resolver el caso con un enfoque constitucional al tenor de lo dispuesto en el
artículo 90 de la Constitución.

En concreto, reprochó que se hubiera revocado la sentencia de primera
instancia que contenía una valoración razonable y adecuada de los medios de
prueba y en la que quedó suficientemente establecida la responsabilidad del
Estado derivada de la falta de mantenimiento y señalización de una vía
principal del municipio de Bucaramanga.

Asimismo, en la tutela se invocó la concreción del defecto fáctico por la
indebida valoración de las fotos aportadas al proceso de reparación directa,
pues se le atribuyó la responsabilidad por el accidente a la víctima por no haber
esquivado el hueco. Sostuvieron que se minimizó la relevancia del deterioro
de la vía al indicar que el hueco era apenas de «0,10 cm» de profundidad y
advirtieron el deber del ente territorial de repararlo para asegurar la integridad
de los conductores.

1
Samai, Tribunal Administrativo de Santander. Proceso 680013333008201300354-02. Índice 31.
2
Samai. Proceso 11001032600020240009500. Índice 43.

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Demandante: Santiago Rangel León y otros

En esa línea, se enfatizó en que en el curso del proceso se acreditó la falta de
señalización que advirtiera sobre los peligros de la vía; hecho que no se refuta
con los argumentos de exceso de velocidad u omisión de elementos de
protección. En esa medida, indicó que era razonable considerar la
concurrencia de culpas, en lugar de exonerar la responsabilidad del Estado en
la concreción del daño.

También señaló que, posteriormente, el mismo tribunal resolvió un caso con
supuestos fácticos similares, en donde los demandantes eran los familiares
de la cónyuge de la víctima, y en esa oportunidad accedió a las pretensiones
de la demanda.

Finalmente, los accionantes solicitaron considerar el salvamento de voto de la
magistrada Claudia Ximena Ardila quien consideró que debieron concederse
parcialmente las pretensiones de la demanda por tratarse de un caso en el
que está acreditada la concausa.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 16 de abril 2026, el despacho sustanciador de la primera instancia
inadmitió la acción de tutela. Se requirió que se aclarara quienes conformaban
la parte accionante y que se aportara el certificado de defunción del señor
Carlos Humberto Rangel Rodríguez. Asimismo, que se informara si existían
herederos o sucesores procesales con posible interés en la acción de tutela.

4.2. El requerimiento se cumplió el 17 de abril siguiente. La parte actora acreditó la
muerte del señor José de Jesús Rangel Rodríguez e informó que las personas
que tenían la calidad de sucesores del causante eran Lisseth Mayerly Rangel
Ordoñez, Camilo Andrés Rangel Ordoñez, Jhonatan Jesús Rangel Ordoñez y
César Augusto Rangel Rincón.

4.3. En auto del 29 de abril de 2026, el despacho ponente de primera instancia
admitió la acción de tutela presentada por Sonia Eulalia León Suárez, Juan
Sebastián Rangel León, Diego Julián Rangel León, Santiago Rangel León,
Ángela Rangel Rodríguez, María Abigail Rangel Rodríguez, Berta Rangel
Rodríguez, Griseldina Rangel Rodríguez, José Rafael Rangel Rodríguez,
Marina Rangel Rodríguez, Herminia Rangel Rodríguez, Arturo Rangel
Rodríguez, Lisseth Mayerly Rangel Ordoñez, Camilo Andrés Rangel Ordoñez,
Jhonatan Jesús Rangel Ordoñez y César Augusto Rangel Rincón contra el
Tribunal Administrativo de Santander.

Además, vinculó en calidad de terceros con interés, al juez Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, al Ministro de Transporte,
al director general del Instituto Nacional de Vías, al gobernador de Santander
y al alcalde de Bucaramanga, así como a Esperanza Estupiñán Ojeda, Karen
Yesenia Rangel Estupiñán, Carlos Andrés Rangel Estupiñán, Ashly Valeria
Rivera Rangel y Joel Andrés Rangel Rueda, dada su calidad de sujetos
procesales en el medio de control de reparación directa 68001-33-33-008-2013-
00354-00/02.

Finalmente, solicitó a las autoridades demandadas la remisión urgente de la
copia digital del expediente ordinario 68001-33-33-008-2013-00354-00/02, y
reconoció personería jurídica al abogado José Luis Viveros Abisambra.

4.4. La jueza Octava Administrativa del Circuito de Bucaramanga solicitó que
se declare la improcedencia de la tutela frente al su despacho porque los
cuestionamientos de la parte actora se dirigen exclusivamente a la sentencia
de segunda instancia proferida por su superior funcional. En todo caso, indicó
que no evidenció actuación alguna susceptible de reproche constitucional.
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Demandante: Santiago Rangel León y otros

4.5. El INVIAS, por conducto de apoderado judicial, advirtió la falta de legitimación
en la causa por pasiva de esa entidad debido a que se cuestiona una
providencia judicial. Además, solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de amparo por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional
debido a que el debate se centra en el desacuerdo con la declaración de
eximente de responsabilidad del hecho exclusivo de la víctima y de la
interpretación del marco jurídico pertinente, materias de naturaleza
eminentemente legal.

Agregó que el tribunal expuso en la sentencia la valoración razonable de los
medios de prueba, sin que el simple desacuerdo del actor con su contenido o
la existencia de otra sentencia en sentido diferente, evidencien errores
susceptibles de la intervención del juez de tutela.

4.6. El municipio de Bucaramanga, mediante apoderado judicial, pidió que se
declare la improcedencia de la acción de tutela por no superar el requisito de
relevancia constitucional. Considera que en la tutela no se expone un
escenario de vulneración de derechos sino el simple desacuerdo del actor con
la decisión fundamentada del Tribunal Administrativo de Santander.

En todo caso, solicitó su desvinculación del proceso constitucional por falta de
legitimación en la causa por pasiva, dado que no tiene competencia para
modificar una sentencia judicial.

4.7. La Gobernación de Santander, por conducto del jefe de la Oficina Jurídica
de la entidad territorial, advirtió que lo pretendido por la parte actora es tomar
la acción de tutela como una instancia adicional para que se emita una nueva
decisión en un asunto que fue debidamente zanjado por los jueces naturales
de la causa mediante un ejercicio motivado y razonable de valoración de las
pruebas allegadas al proceso.

Asimismo, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, dado que no le asiste competencia para modificar la sentencia
acusada, ya que apenas tuvo el rol de contraparte en el proceso ordinario
analizado.

4.8. El Ministerio de Transporte, mediante el coordinador del Grupo de Defensa
Judicial de la Oficina Asesora Jurídica, solicitó que se declare la improcedencia
de la acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, debido a que la
parte actora busca prolongar un debate probatorio y jurídico que ya se surtió
en el proceso ordinario.

En todo caso, indicó que no tiene competencia para interferir en las decisiones
judiciales por lo que solicitó la desvinculación de la acción constitucional.

4.9. El Tribunal Administrativo de Santander3 y los demás vinculados guardaron
silencio frente a la acción de tutela4, aunque fueron notificados sobre su
existencia.

4.10. El magistrado ponente presentó proyecto de fallo que no consiguió las
mayorías necesarias para su aprobación. En consecuencia, se emitió auto del
29 de mayo de 2026 en el que se dispuso la designación de conjuez a efectos
de resolver la controversia.

3
La corporación fue notificada a través de mensaje de datos remitido al buzón electrónico
sgtadminstd@notificacionesrj.gov.co. Samai, índice 12.
4
Samai, índices 12 y 33.

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Posteriormente, el 3 de junio de 2026, se designó al doctor Germán Lozano
Villegas como conjuez para integrar la sala de decisión a efectos de dictar
sentencia de tutela de primera instancia.

5. Providencia impugnada

En sentencia del 11 de junio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado
amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la señora Sonia Eulalia León Suárez y otros por
considerar que se concretó el defecto fáctico planteado. Sin embargo, declaró la
improcedencia de la acción de tutela frente al defecto sustantivo.

Además, negó las peticiones de desvinculación presentadas por el INVIAS, el
Ministerio de Transporte, el municipio de Bucaramanga y el departamento de
Santander.

Frente a la inmediatez, el juez a quo indicó que se encontraba satisfecha, dado que
la providencia debatida fue objeto del recurso extraordinario de revisión, el cual se
resolvió en providencia del 9 de diciembre de 2025 que se notificó por correo
electrónico enviado el día 16 de ese mes y año. De manera que, estimó que la
acción de tutela radicada el 13 de abril de 2026, respetó el plazo razonable.

En cuanto a los defectos en particular, indicó que el Tribunal Administrativo de
Santander incurrió en defecto fáctico porque declaró la eximente de responsabilidad
del Estado por el hecho exclusivo de la víctima sin considerar todas las
circunstancias que aportaron causalmente a la concreción del hecho dañoso.

Agregó que tiempo después de que se negaran las pretensiones de la demanda en
el caso particular, el mismo Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia
del 31 de agosto de 2023, en el proceso de reparación directa 68001-33-33-008-2013-
00451-00/02, promovido por la cónyuge de la víctima directa.

Destacó que en esa providencia se declaró la responsabilidad del Estado derivada
del accidente de tránsito, por la omisión en el mantenimiento vial y la ausencia de
señalización del peligro. También se descartó la eximente de responsabilidad ante
la imposibilidad técnica de definir la velocidad a la que manejaba la víctima directa.

De acuerdo con lo anterior, la Sección Quinta concluyó que la fundamentación de
la providencia acusada «evidencia un ejercicio errático e irrazonable de la valoración
probatoria que atenta contra los derechos fundamentales de los accionantes. A ello se suma
que en ambas salas de decisión participó la misma magistrada, circunstancia que acentúa
la falta de coherencia en las decisiones proferidas y refuerza la conclusión de que la
diferencia no obedeció a criterios jurídicos razonables.»

Relativo al defecto sustantivo, declaró la improcedencia del cargo por no satisfacer
el presupuesto de relevancia constitucional ante la insuficiente carga argumentativa
en que se fundamentó.

Los magistrados Luis Alberto Álvarez Parra y Gloria María Gómez Montoya
presentaron salvamento de voto frente a la anterior decisión.

El primero de ellos consideró que el caso particular no superaba el requisito general
de relevancia constitucional, sino que pretende reabrir el debate probatorio. Señaló
que el tribunal accionado sí valoró el mal estado de la vía y el registro fotográfico,
pero concluyó que la causa determinante del daño fue el exceso de velocidad y la
falta de casco de la víctima. En esa medida, advirtió que el juez de tutela no puede
imponer una nueva valoración orientada a declarar la concurrencia de culpas, pues
tal orden desconoce la autonomía judicial. En su criterio, la decisión cuestionada no
era irracional ni arbitraria.

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En similar sentido, la magistrada Gómez Montoya advirtió la irrelevancia
constitucional del asunto por carencia de carga argumentativa de la tutela. Dijo que
la simple inconformidad con la decisión o la invocación del artículo 90 de la
Constitución no bastaban para acreditar este presupuesto.

Agregó que la declaratoria de culpa exclusiva de la víctima obedeció a la valoración
probatoria debidamente expuesta en la sentencia, sin que se evidenciara un error
flagrante o manifiesto.

6. Trámite posterior al fallo de tutela de primera instancia

6.1. El apoderado judicial de INVIAS impugnó la sentencia de tutela de primera
instancia con fundamento en los siguientes cinco cargos:

· La tutela carece de relevancia constitucional y constituye un debate
probatorio propio del juez natural de la causa.
· La valoración probatoria del Tribunal Administrativo del Santander fue
razonable y no configura defecto fáctico.
· La comparación con el proceso paralelo no configura defecto fáctico ni
desconoce la autonomía judicial. Esto porque se trató de salas de
decisión diferentes, de procesos con acervos probatorios propios y
porque la existencia de fallos discordantes no configura automáticamente
un defecto fáctico.
· La sentencia impugnada vulnera la autonomía judicial del Tribunal y la
intangibilidad de la cosa juzgada.
· La reapertura del proceso de reparación directa compromete el debido
proceso y el principio de congruencia respecto de una entidad que carece
de competencia funcional sobre la vía en la que ocurrió el accidente.

Finalmente, solicitó que para decidir se tomaran en consideración los
salvamentos de voto de los magistrados disidentes de la Sala en los que se
revela la falta de relevancia constitucional del asunto.

6.2. El apoderado judicial de los accionantes solicitó que no se acceda a lo
pretendido en la impugnación formulada por el apoderado de INVIAS, debido
a que esa entidad, aunque fue demandada en el proceso ordinario, no hace
parte del extremo pasivo de la acción de tutela.

6.3. En auto del 26 de junio de 2026, el magistrado sustanciador de la primera
instancia concedió la impugnación presentada por INVIAS contra el fallo de
tutela sub examine.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19915, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,

5
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares en los casos que señala este Decreto».

7

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Demandante: Santiago Rangel León y otros

es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6 y
especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige una mejor
fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el
análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los
argumentos planteados por los intervinientes.

3. Cuestión previa: legitimación del tercero vinculado con interés para
impugnar el fallo de tutela

Frente a la oposición a la impugnación que realizó la parte actora, la Sala precisa
que INVIAS se encuentra legitimado para impugnar el fallo de tutela de primera
instancia de acuerdo con los argumentos que pasan a exponerse.

Aunque el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la sentencia de tutela
puede ser impugnada por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad o el
representante del órgano correspondiente, la Corte Constitucional ha precisado que
esa enumeración no excluye a los terceros con interés legítimo. En la sentencia T-
298 de 20238, indicó que, además de los sujetos procesales expresamente
señalados en esa disposición, la jurisprudencia constitucional ha admitido que el
tercero con interés legítimo puede impugnar la decisión.

Lo anterior, en garantía del derecho al debido proceso de quienes, sin tener la
condición de parte, pueden resultar jurídicamente afectados con el fallo de tutela.

En el presente asunto, el despacho ponente de la primera instancia, en el auto
admisorio, vinculó al INVIAS al proceso constitucional, en calidad de tercero con
interés. De modo que, no se trata de una actuación espontánea de un sujeto ajeno

6
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
7
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
8
En el párrafo 61 de la sentencia, se lee: «61. Ahora bien, la impugnación del fallo debe realizarse dentro de los tres días
siguientes a su notificación, por el (i) el Defensor del Pueblo, (ii) el solicitante, (iii) la autoridad pública o (iv) el
representante del órgano correspondiente, como lo señala el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. A lo anterior cabe
agregar que la jurisprudencia también ha admitido que puede impugnar (v) el tercero con interés legítimo en la decisión,
(vi) el Procurador General de la Nación, por sí o través de sus delegados y agentes, en virtud de lo dispuesto en el artículo
277 del texto superior, y (vii) la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en su calidad de interviniente –o en su
función de apoderada– en los asuntos en los que es parte una entidad pública o en los que se considere necesario
defender los intereses patrimoniales del Estado».

8

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al litigio, sino de uno formalmente vinculado considerando que podría resultar
afectado con el fallo.

De acuerdo con lo anterior, la calidad del INVIAS de tercero con interés formalmente
reconocido en el proceso, lo habilita, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
para controvertir una decisión que estima afecta su situación jurídica.

4. Planteamiento del problema jurídico

A partir de los antecedentes expuestos y dado que la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial, corresponde a la Sala determinar, en primer lugar,
si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedibilidad exigidos
en estos casos, en particular, el de inmediatez. Se estima necesario retomar el
examen de estos requisitos, en tanto su verificación constituye presupuesto
indispensable para abordar el estudio de fondo y es una tarea que compete
igualmente al juez que conoce de la impugnación.

De superarse el anterior análisis, la Sala determinará si le asistió razón al juez
constitucional de primera instancia al amparar los derechos fundamentales de la
parte actora por considerar que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en
defecto fáctico al proferir la sentencia del 29 de junio de 2023, en el proceso de
reparación directa 68001-33-33-008-2013-00354-02.

5. Alcance del requisito general de la inmediatez

La Corte Constitucional9 ha señalado que si bien no es posible establecer un término
de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya que la naturaleza
misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la
protección de las garantías constitucionales de una persona, sino también con el
respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros afectados10.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo
prudencial.

Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de Estado11
fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un término de seis
meses contados a partir de la notificación de la providencia judicial enjuiciada, por
considerarlo un término prudencial para que el interesado interponga la acción.
Límite temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional12.

Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la
tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad»13.

9
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
10
Corte Constitucional. sentencia T-594 de 2008: «el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de
tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en
otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente».
11
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
12
Sentencia T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
13
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.

9

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Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar las
excepciones a esa regla general, indicando que «además de tener como pauta el término
de seis meses, se debe analizar también: (…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad de
los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la
acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de
la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos
fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición».

Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional aseguró
que «No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del
plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias
de cada caso concreto, lo que constituye un término razonable»14.

Por ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional
brindó cinco criterios: (i) la situación personal del peticionario; (ii) si la vulneración
de derechos fundamentales se extiende en el tiempo; (iii) la naturaleza de la
vulneración; (iv) la actuación contra la que se dirige la tutela; y (v) los efectos de la
tutela. Así las cosas, tanto las reglas fijadas en la sentencia SU-391 de 2016 como
en la providencia del Consejo de Estado son válidas para estudiar el presupuesto
de la inmediatez.

Por esto, el estudio del requisito de inmediatez, además de considerar el lapso de
seis meses, debe consultar los demás criterios establecidos en la jurisprudencia
constitucional, de manera tal, que caso a caso se estudie el cumplimiento de este
requisito, atendiendo a sus particularidades, sin que el solo paso del tiempo
constituya el criterio exclusivo para efectuar ese estudio.

6. Análisis en el caso concreto

6.1. La Sala advierte que, en el caso examinado, si bien el a quo consideró
satisfecho el requisito de inmediatez, la Sala no comparte las razones que
sustentaron esa conclusión. Por el contrario, estima que la solicitud de amparo
no fue promovida dentro de un término razonable y oportuno de conformidad
con las razones que pasan a exponerse.

6.2. De la lectura del escrito de tutela deriva que los cargos se dirigen contra la
sentencia del 29 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander en el proceso de reparación directa 68001-33-33-008-013-00354-02;
lo que quiere decir que transcurrieron más de seis meses entre la notificación
del fallo de segunda instancia y la interposición de la acción de tutela.

La prueba de esta afirmación consiste en que tal sentencia de segunda
instancia se notificó el 7 de julio de 202315. A pesar de lo anterior, la acción de
tutela se presentó el 13 de abril de 202616.

Lo anterior implica que, entre la notificación de la sentencia controvertida y la
interposición del amparo constitucional transcurrió un lapso de dos (2) años,
nueve (9) meses y seis (6) días. Situación que supera el plazo razonable de
seis meses a que alude la jurisprudencia de esta alta corte.

6.3. Esto no significa el incumplimiento del requisito de inmediatez, ya que el solo
paso del tiempo no demuestra su inobservancia. Sin embargo, al revisar las
pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional17 no se encuentra acreditada una situación que explique por
qué la acción de tutela se interpuso luego de transcurrido ese tiempo.

14
Corte Constitucional. Sentencia de unificación SU-391 de 2016.
15
Samai, Tribunal Administrativo de Santander. Proceso 680013333008201300354-02. Índice 31.
16
Samai, índices 1 y 3.

10

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En este punto, la Sala estima pertinente apartarse del análisis efectuado por
el a quo frente a la inmediatez.

Como lo ha sostenido esta Sala en fallos de tutela previos18, el recurso
extraordinario de revisión permite controvertir sentencias ejecutoriadas
únicamente por las causales previstas en el artículo 250 del CPACA y da lugar
a un proceso autónomo al ordinario.

Por ello, en principio, la verificación de la inmediatez de la acción de tutela
promovida contra una providencia dictada en el proceso ordinario no depende
de la resolución de dicho recurso.

En este caso, además, los reparos formulados en la tutela, relacionados con
el defecto fáctico, desconocimiento del precedente y la indebida aplicación del
marco jurídico, no eran susceptibles de discusión mediante el recurso
extraordinario de revisión, como lo indicó la autoridad judicial al declarar
infundado el recurso19.

Tales cuestionamientos, encaminados a obtener la protección del derecho al
debido proceso de los accionantes, podían plantearse oportunamente a través
de la acción de tutela desde que los accionantes conocieron la sentencia del
29 de junio de 2023. Por tanto, no resulta procedente valorar la inmediatez a
partir de la decisión que resolvió el recurso extraordinario de revisión.

Lo anterior permite inferir que la situación de la parte tutelante no presenta el
presupuesto de urgencia que caracteriza a las acciones de tutela. Por el
contrario, se estima que si la parte actora se hubiera encontrado en una
situación de verdadera urgencia seguramente habría solicitado la protección
en un lapso razonable a partir del momento en que tuvo conocimiento de la
presunta trasgresión de sus derechos fundamentales, esto es cuando conoció
de la providencia que ahora cuestiona en este proceso.

Tampoco se advierte la existencia de alguna situación que le hubiese impedido
a la parte actora interponer la acción con anterioridad una vez se le notificó la
sentencia de segunda instancia, momento en el que conoció sobre la decisión
contraria a sus intereses. No se presentó, entonces, un motivo que justifique
la dilación para acudir al juez constitucional.

6.4. Aunque la parte actora sostiene que la vulneración de sus derechos
permanece en el tiempo, la providencia a la que atribuye la afectación fue
proferida el 29 de junio de 2023, por lo que el hecho que presuntamente generó
la vulneración de derechos se concretó en un momento perfectamente
identificable.

En efecto, no se advierte la existencia de una vulneración continua y actual
que justifique flexibilizar el requisito de inmediatez. Lo que subsiste son los
efectos de una decisión judicial desfavorable a los intereses de la parte actora,
circunstancia que, por sí misma, no se equipara a la permanencia de la

17
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencias SU-391 de 2016, T-246 de 2015, T-594 de 2008, T-158 de 2006, T-1110
de 2005, SU-961 de 1999.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de tutela del 13 de marzo de 2025.
M.P. Luis Antonio Rodríguez Muñoz; sentencia de tutela del 29 de enero de 2026. Proceso nro. 11001-03-15-000-2025-
07114-00. M.P. Wilson Ramos Girón; sentencia de tutela del 16 de abril de 2026. Proceso 11001-03-15-000-2025-
08108-01. M.P. Myriam Stella Gutiérrez Arguello.
19
En la providencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión 11001-03-26-000-2024-00095-00, a ese respecto, se
lee: «Lo anterior, en consideración a que el posible desconocimiento del precedente y la falta de aplicación de las normas
al caso concreto no forman parte de los supuestos que pueden dar lugar a la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, sino
que se trata de una inconformidad con el fondo del asunto, lo cual escapa al alcance de la revisión extraordinaria. Además,
los recurrentes no cumplieron con la carga argumentativa exigida en el artículo 252 ibidem, lo que impidió estudiar el
segundo cargo propuesto».

11

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vulneración de derechos fundamentales ni justifica la flexibilización de la
acción de tutela.

Al respecto, en la sentencia T-187 de 2026, la Corte Constitucional indicó:
«53. A partir de lo anterior, es posible evidenciar las siguientes reglas en relación con la figura
de vulneración continuada de derechos fundamentales en escenarios de acción de tutela
contra providencias judiciales:

(i) La verificación de la vulneración continuada en el marco de una acción de tutela contra
providencia judicial es excepcional y debe evaluarse la situación personal del peticionario,
el momento en que se produce la vulneración, la naturaleza de la misma, la actuación
contra la que se dirige la tutela, y los efectos de la tutela.

(ii) El solo hecho de que se trate de una prestación periódica no enerva la exigibilidad del
requisito de inmediatez (…).

(iii) La insatisfacción de las pretensiones en el proceso que culminó con la providencia objeto
de acción de tutela no es, per se, un argumento suficiente para demostrar la vulneración
continuada de derechos fundamentales que amerite la flexibilización del principio de
inmediatez». (Subraya la Sala)

Así pues, la permanencia de los efectos desfavorables de una decisión judicial,
no equivale, por sí sola, a una vulneración actual y continuada de derechos
fundamentales en los términos desarrollados por la Corte Constitucional. Por
lo tanto, como transcurrieron más de dos años desde que se notificó la
providencia cuestionada sin que se promoviera la acción de tutela ni se
justificara la tardanza, para esta Sección el caso particular no satisface el
requisito de inmediatez.

6.5. Es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por un juez
mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los principios
de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin
de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin
efectos y tales principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de
los requisitos generales señalados jurisprudencialmente, incluyendo la
inmediatez.

7. Conclusión

De acuerdo con lo anterior, la Sección revocará el fallo de tutela de primera instancia
que amparó los derechos fundamentales de la parte actora por considerar que la
providencia acusada incurrió en defecto fáctico y, en su lugar, declarará la
improcedencia de la acción de amparo debido a que no supera el presupuesto
general de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR el fallo de tutela de primera instancia del 11 de junio de 2026,
proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por Santiago Rangel
León y otros, por las razones expuestas en esta providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

12

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Demandante: Santiago Rangel León y otros

4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

13

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