Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00095-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00095-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2024-00095-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-26-000-2024-00095-00 (71563)
Recurrentes: Sonia Eulalia León Suárez y otros
Demandado: Municipio de Bucaramanga
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – procedencia – no es una instancia
adicional para reabrir aspectos debatidos y resueltos en el proceso inicial. CAUSALES – son
taxativas y de interpretación restrictiva. CAUSAL 5ª DEL ARTÍCULO 250 DEL CPACA - nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso – presupuestos para su configuración.
NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA POR VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO
PROCESO – no es posible controvertir la falta de aplicación del precedente ni de las normas
vigentes. DECLARA INFUNDADO – los argumentos expuestos desbordan el alcance de la
instancia extraordinaria.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia1, el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Sonia Eulalia León Suárez y otros contra la sentencia proferida el 29 de junio de
2023 por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso de reparación
directa identificado con radicado núm. 68001-33-33-008-2013-00354-02.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 28 de julio de 2012, mientras se desplazaba en motocicleta por la ciudad de
Bucaramanga, Carlos Humberto Rangel Rodríguez sufrió un accidente de tránsito
que le ocasionó lesiones graves, que le causaron la muerte el 2 de agosto de 2012.
En fecha indeterminada, el núcleo familiar de la víctima presentó demanda de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional
de Vías, el Departamento de Santander y el Municipio de Bucaramanga, al
considerar que estas eran responsables de lo ocurrido por falla en el servicio de
mantenimiento, conservación y señalización de las vías.
El 20 de marzo de 2019, el Juzgado 8° Administrativo del Circuito de Bucaramanga
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. El 29 de junio de 2023, el
1 Artículos 243, 243ª, 249 y 255 del CPACA. Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones
procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda de revisión extraordinaria -8 de
julio de 2024-, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, modificada por la
Ley 2080 de 2021, así como a las disposiciones del C.G.P., en virtud de la integración normativa
dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.
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Recurrentes: Sonia Eulalia León Suárez y otros
Tribunal Administrativo de Santander revocó la decisión de primera instancia y, en
su lugar, negó las súplicas del libelo introductorio.
Los demandantes interpusieron recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, afirmando que se
materializó la causal 5ª del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (en lo sucesivo CPACA), es decir, por “[e]xistir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso”. A su juicio, el fallo
cuestionado vulneró su derecho al debido proceso por desconocimiento del
precedente y falta de aplicación de las normas vigentes. Además, invocaron el
supuesto previsto en el numeral 5° del artículo 133 del Código General del Proceso
(en lo sucesivo CGP).
II. ANTECEDENTES
1. El proceso de reparación directa en el que se profirió la sentencia objeto de
revisión
Los recurrentes narraron que el 28 de julio de 2012 Carlos Humberto Rangel
Rodríguez se desplazaba en motocicleta por la ciudad de Bucaramanga, cuando
cayó en un bache, sufriendo lesiones graves en la cabeza, el rostro y el pecho, por
las que fue trasladado al hospital más cercano, donde falleció el 2 de agosto de
2012.
Sostuvieron que, en fecha indeterminada, demandaron en reparación directa a la
Nación – Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías, el Departamento de
Santander y el Municipio de Bucaramanga, para que se declarara su
responsabilidad patrimonial por la muerte de Carlos Humberto Rangel Rodríguez y
se condenara al pago de los perjuicios correspondientes, por considerar que el
accidente era atribuible al mal estado de la vía y a su deficiente señalización2.
Informaron que el 20 de marzo de 2019 el Juzgado 8° Administrativo del Circuito de
Bucaramanga declaró la responsabilidad patrimonial del Municipio de Bucaramanga
por falta de mantenimiento y señalización de la vía donde ocurrió el accidente que
conllevó al fallecimiento de Carlos Humberto Rangel Rodríguez3.
Afirmaron que, en fechas no especificadas, ambas partes apelaron la decisión
anterior, los demandantes solicitando el reconocimiento de algunos perjuicios
denegados, y el Municipio de Bucaramanga reprochando la imputación y la condena
impuesta en primera instancia.
2 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado F374E4DF26B5127D
61FFDF265AF2CE74 193F7586484FA6B1 27A4C23B569BF4F1, ubicado en el índice 26 de
SAMAI, archivo “Demanda”.
3 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado F374E4DF26B5127D
61FFDF265AF2CE74 193F7586484FA6B1 27A4C23B569BF4F1, ubicado en el índice 26 de SAMAI,
archivo “03SentenciaPrimeraInstancia”.
2
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Aseguraron que el 29 de junio de 2023 el Tribunal Administrativo de Santander
revocó la decisión de primera instancia, al concluir que la falta de mantenimiento o
señalización de las vías no fue la causa del accidente, sino la velocidad a la que se
desplazaba el motociclista y su impericia en la conducción4.
Refirieron que esta decisión se presentó con salvamento de voto de una de las
magistradas que integraron la sala de decisión, quien consideró que existieron dos
causas determinantes del accidente: el exceso de velocidad y el hueco en la vía,
esta última producto de una falla del servicio por falta de mantenimiento de la
carretera5.
2. El recurso extraordinario de revisión
El 8 de julio de 2024, Sonia Eulalia León Suárez y otros interpusieron el presente
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 29 de junio de
2023 por el Tribunal Administrativo de Santander6.
Invocaron la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, es decir, “[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación”.
En sustento, expusieron un primer cargo en el que afirmaron que la providencia
enjuiciada vulneró su derecho al debido proceso, por desconocimiento del
precedente judicial y de la normativa constitucional vigente, que imponían acceder
a las pretensiones de la demanda bajo el título de imputación por riesgo excepcional
o por falla en el servicio, dada la omisión en el mantenimiento y señalización de las
vías a cargo del municipio de Bucaramanga. Asimismo, sostuvieron que la decisión
careció de sustento probatorio y no se apoyó en argumentos razonables. Frente a
lo anterior, es de anotar que los recurrentes acogieron las consideraciones
expuestas por el salvamento de voto de la magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez.
Como segundo cargo, los recurrentes adujeron la configuración de la causal de
nulidad establecida en el numeral 5° del artículo 1337 del Código General del
Proceso (en lo sucesivo CGP), sin exponer los fundamentos fácticos que la
soportan.
4 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado F374E4DF26B5127D
61FFDF265AF2CE74 193F7586484FA6B1 27A4C23B569BF4F1, ubicado en el índice 26 de
SAMAI, archivo “04SentenciaSegundaInstancia”.
5 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 759EB6EDE474343D
D976A13630A26B11 25C4E1A9D0396032 E24AC6741A33FD82, ubicado en el índice 33 de SAMAI
de la segunda instancia del proceso de reparación directa.
6 Documento contenido en el expediente digital con certificado A698B350CF8F2E66
1682FEE15FE45794 4430AB00C59DE86C EA5387FF7D4F8229, ubicado en el índice 2 de SAMAI.
7 “Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los
siguientes casos: […] 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar
pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.”
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En consecuencia, solicitaron que se infirme el proveído recurrido y se ordene al
Tribunal Administrativo de Santander dictar una sentencia de reemplazo que acoja
las pretensiones de la demanda.
3. Contestación al recurso extraordinario de revisión
El 17 de septiembre de 2024 se admitió el recurso extraordinario de revisión y se
ordenó notificar al Municipio de Bucaramanga, al Ministerio Público y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado8.
3.1. El Municipio de Bucaramanga consideró que no es cierto que el Tribunal
Administrativo hubiera desconocido el precedente vigente sobre la materia, pues,
tal como lo determinó la sentencia de segunda instancia, el Consejo de Estado ha
señalado que la sola existencia de un bache en la vía no conduce, por sí sola, a la
configuración de una falla del servicio. Afirmó que el daño no es imputable a la
entidad, sino a la propia víctima9.
3.2. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
guardaron silencio10.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso extraordinario de revisión, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados,
(4) análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria, (5) conclusión
y (6) costas.
1. Presupuestos procesales
1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24911 del CPACA, en
concordancia con el artículo 1312 del Acuerdo 080 de 201913, modificado por el
8 Documento contenido en el expediente digital con certificado BAB7E12557F7D000
BEE098B6A58AC42E 50672DC422FF7F24 47CEED8655D0EFD4, ubicado en el índice 4 de
SAMAI.
9 Documento contenido en el expediente digital con certificado E1E3AF954BE256EE
7B6E7B95681C609C C62120C1C3E8CF40 8ABC3C6887B1DC8B, ubicado en el índice 14 de
SAMAI.
10 El Ministerio Público allegó su concepto durante el traslado de las pruebas decretadas, etapa que
no está prevista para esos efectos.
11 “Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia. […]”.
12 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos del reparto, los asuntos
de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Tercera: 10. El
recurso extraordinario de revisión contra las sentencias [...] dictadas por los tribunales
administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección. […]”.
13 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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artículo 1º del Acuerdo 434 de 202414, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Santander.
1.2. De acuerdo con el artículo 24815 del CPACA, el presente recurso extraordinario
de revisión es procedente, toda vez que tiene por objeto la revisión de una sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Santander que se encuentra debidamente
ejecutoriada.
1.3. Al tenor del artículo 25116 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión se
formuló dentro del término legal, toda vez que: (i) el 14 de julio de 2023 quedó
ejecutoriada la sentencia recurrida (hecho probado 3.7.); y (ii) el 8 de julio de 2024
los recurrentes interpusieron el recurso extraordinario de revisión, es decir, dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia impugnada.
1.4. Sonia Eulalia León Suárez, Juan Sebastián Rangel León, Diego Julián Rangel
León, Santiago Rangel León, Angela Rangel de Forero, María Abigail Rangel
Rodríguez, Berta Rangel Rodríguez, Griseldina Rangel de Ramírez, José Rafael
Rangel Rodríguez, Marina Rangel Rodríguez, Herminia Rangel Rodríguez y Arturo
Rangel Rodríguez se encuentran legitimados en la causa para interponer el recurso
extraordinario de revisión, pues fungieron como parte activa en la demanda de
reparación directa resuelta el 29 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Santander.
2. Problema jurídico
De conformidad con los cargos expuestos en el recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si se configura la causal de revisión establecida
en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, esto es, si existe nulidad originada en
la sentencia proferida el 29 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Santander, derivada de la vulneración del derecho al debido proceso y de la
configuración del supuesto establecido en el numeral 5 del artículo 133 del CGP.
3. Hechos probados
Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión del presente asunto:
14 “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se
le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
15 “Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
16 “Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. […]”. Para las causales 1°, 2°, 5°, 6° y 8°, el
término para formular el recurso extraordinario de revisión es de un año, contado a partir de la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Entonces, como en este asunto se invocó la causal 5°, los
recurrentes contaban con 1 año, una vez en firme la providencia objeto de censura.
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3.1. El 28 de julio de 2012, mientras se movilizaba en una motocicleta en la ciudad
de Bucaramanga, Carlos Humberto Rangel Rodríguez sufrió un accidente de
tránsito que le ocasionó múltiples lesiones, por lo que fue trasladado a la Clínica
Metropolitana de Bucaramanga17.
3.2. El 2 de agosto de 2012, Carlos Humberto Rangel Rodríguez falleció como
consecuencia de un “choque neurogénico secundario a lesiones sufridas por trauma
craneoencefálico severo en accidente de tránsito”18.
3.3. En fecha indeterminada, Sonia Eulalia León Suárez, Juan Sebastián Rangel
León, Diego Julián Rangel León, Santiago Rangel León, Angela Rangel Rodríguez,
María Abigail Rangel Rodríguez, Berta Rangel Rodríguez, Griseldina Rangel de
Ramírez, José Rafael Rangel Rodríguez, Marina Rangel Rodríguez, Herminia
Rangel Rodríguez, José Jesús Rangel Rodríguez y Arturo Rangel Rodríguez
presentaron demanda de reparación directa, radicada con el número 68001-33-33-
008-2013-00354-02, contra el Municipio de Bucaramanga y otros, para que se
declarara su responsabilidad patrimonial por la muerte de Carlos Humberto Rangel
Rodríguez y se condenara al pago de los perjuicios correspondientes19.
3.4. Mediante sentencia del 20 de marzo de 2019, el Juzgado 8° Administrativo del
Circuito de Bucaramanga declaró la responsabilidad patrimonial del Municipio de
Bucaramanga y lo condenó al pago de algunos perjuicios, por falla en el servicio e
incumplimiento de sus deberes de cuidado, conservación y señalización de la vía
donde ocurrió el accidente20.
3.5. En fechas no establecidas, se alzaron contra la mencionada decisión: (i) la parte
actora, solicitando que se reconociera el daño a la vida de relación, el cual estimó
probado con testimonios en los que se evidenciaban cambios drásticos en el
proyecto de vida de los demandantes; y (ii) el Municipio de Bucaramanga,
aduciendo que el a quo omitió considerar su voluntad y diligencia en el
mantenimiento programado y prioritario de la malla vial y la culpa exclusiva de la
víctima que conducía con exceso de velocidad y ausencia de casco, factores que
causaron la pérdida de control y el trauma craneal. Asimismo, alegó la falta de
prueba del lucro cesante reconocido a los demandantes Juan Sebastián, Diego
Julián y Santiago Rangel León21.
17 Hecho probado incluido en las sentencias de primera y segunda instancia del proceso de
reparación directa, con fundamento en el informe de policía de accidente de tránsito núm. 68001000ª
y en la historia clínica.
18 Hecho probado incluido en la sentencia de segunda instancia del proceso de reparación directa,
con fundamento en el informe pericial de necropsia núm. 2012010168001000449.
19 Escrito de demanda; documento contenido en el expediente digitalizado con certificado
F374E4DF26B5127D 61FFDF265AF2CE74 193F7586484FA6B1 27A4C23B569BF4F1, ubicado en
el índice 26 de SAMAI, archivo “Demanda”.
20 Sentencia del 20 de marzo de 2019; documento contenido en el expediente digitalizado con
certificado F374E4DF26B5127D 61FFDF265AF2CE74 193F7586484FA6B1 27A4C23B569BF4F1,
ubicado en el índice 26 de SAMAI, archivo “03SentenciaPrimeraInstancia”.
21 Hecho extraído de la sentencia de segunda instancia del proceso de reparación directa.
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3.6. El 29 de junio de 2023, por votación mayoritaria, el Tribunal Administrativo de
Santander revocó la decisión de primera instancia, argumentando que la causa
determinante del deceso de Carlos Humberto Rangel Rodríguez no fue la existencia
del bache en la vía, ni su falta de señalización. Por el contrario, concluyó que “la
causa del accidente [fue] el exceso de velocidad, agravada la fatalidad del suceso
por la falta del casco, un hecho que informa la total imprudencia del conductor
fallecido, como lo señala el Informe del Control vial al (folio 307)” . Sin embargo,
salvó su voto la magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez quien consideró que,
aunque la víctima conducía con exceso de velocidad y sin el casco reglamentario,
el hueco en la vía fue determinante para que el occiso perdiera el equilibrio y cayera
de su motocicleta. A su juicio, estaba acreditada la falla del servicio por falta de
mantenimiento de la carretera y debía accederse parcialmente a las pretensiones
de la demanda22.
3.7. El 14 de julio de 2023 quedó ejecutoriada la sentencia proferida el 29 de junio
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander23.
4. Análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria
La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión formulado por
Sonia Eulalia León Suárez y otros contra la sentencia proferida el 29 de junio de
2023 por el Tribunal Administrativo de Santander, con fundamento en la causal
consagrada en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, por las siguientes razones:
4.1. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada.
Por tal razón, el legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan
la procedencia de este medio de impugnación, a efectos de prevenir un uso indebido
que lleve a un nuevo debate probatorio o interpretativo.
Así, el recurso extraordinario de revisión, cuya naturaleza en realidad es la de ser
una acción autónoma del proceso que da lugar a ella, no tiene como finalidad
corregir errores in iudicando, ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que
sirvieron de base para la decisión que puso fin al proceso. Para la corrección de
estos errores existen los recursos ordinarios dentro del respectivo proceso.
Asimismo, se advierte que la revisión extraordinaria no está concebida como un
mecanismo para subsanar errores, omisiones o estrategias deficientes de los
sujetos procesales, ocurridas durante el proceso inicial u ordinario, de manera que
22 Sentencia de segunda instancia; documento contenido en el expediente digitalizado con certificado
F374E4DF26B5127D 61FFDF265AF2CE74 193F7586484FA6B1 27A4C23B569BF4F1, ubicado en
el índice 26 de SAMAI, archivo “04SentenciaSegundaInstancia”.
23 El fallo fue notificado mediante correo electrónico el 7 de julio de 2023, por lo que quedó
ejecutoriado el 14 de julio siguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 203 del CPACA y 302
del CGP. Es importante aclarar que la solicitud de aclaración fue presentada fuera del término de
ejecutoria, por lo que no incidió en la firmeza de la decisión; además, el Tribunal Administrativo de
Santander, en auto posterior, se limitó a corregir la sentencia, figura que no afecta la ejecutoria.
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no puede ser utilizada para corregir negligencias ni para reabrir un debate judicial
que ya ha sido resuelto conforme a derecho.
Por el contrario, la acción de revisión tiene como propósito el examen de hechos
nuevos que impactan la decisión adoptada y afectan el sentido de justicia que de
ella emana. Dado que esta acción incide en la certeza jurídica derivada de la cosa
juzgada, su carácter es no solo extraordinario, sino también restrictivo, ya que solo
procede en los eventos y por las causales expresamente señaladas en la ley, sin
posibilidad de invocar otras distintas.
Esta taxatividad resulta justificada, pues la acción de revisión es un mecanismo
excepcional que permite modificar providencias protegidas por el principio de cosa
juzgada. En consecuencia, las causales previstas para su procedencia deben ser
aplicadas e interpretadas de manera estricta, restrictiva o restringida, garantizando
que su utilización responda únicamente a los supuestos contemplados por la norma
y evitando que se convierta en una instancia adicional de impugnación. En este
sentido, la Corte Constitucional ha señalado que “las causales previstas para la
revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”24.
En la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el artículo 248 del CPACA
dispone la procedencia del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales
administrativos y por los jueces administrativos.
A su turno, las causales de revisión se encuentran dispuestas en el artículo 250 del
CPACA y, en lo que atañe a providencias que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza, en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Por su parte, el artículo 252 del CPACA pone de manifiesto el carácter restrictivo y
formalista de este recurso extraordinario y exige que su interposición se realice
mediante un escrito que contenga la indicación razonada de la causal invocada y
una exposición clara de los hechos u omisiones que sustentan su configuración.
Esto impone una carga argumentativa y formal significativa sobre quien impugna
una decisión en firme. Tales exigencias responden a la necesidad de delimitar con
precisión el objeto del recurso, permitir el adecuado ejercicio del derecho de
contradicción y restringir el análisis del juez de la revisión extraordinaria, pues se
reitera que este recurso no constituye una nueva oportunidad para replantear el
debate probatorio o jurídico en términos amplios, sino un mecanismo excepcional y
limitado, condicionado al cumplimiento estricto de los requisitos legales, lo cual
refuerza su naturaleza extraordinaria dentro del sistema procesal.
24 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009.
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4.2. En el presente caso, los recurrentes fundamentaron su solicitud en la causal
prevista en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, la cual establece como motivo
de revisión la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
Esta causal impone acreditar: (i) que la revisión se formule contra una sentencia25;
(ii) que la sentencia ponga fin al proceso, de manera que contra ella no proceda el
recurso de apelación; y (iii) que el vicio alegado haya surgido en la propia decisión
judicial o que se haya materializado en el momento en que se profirió la providencia
y no en una etapa previa del proceso. Además, la irregularidad debe ser de tal
gravedad que configure un defecto insubsanable en la actuación, de manera que,
de no haberse producido dicho yerro, la decisión adoptada habría sido
sustancialmente distinta26.
Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado27 ha indicado que las nulidades procesales no pueden confundirse con las
que tienen origen en la sentencia, pues las primeras se estructuran en los supuestos
taxativos del artículo 133 del Código General del Proceso (en lo sucesivo CGP), al
paso que las segundas, al no estar determinadas por la ley, deben interpretarse
restrictivamente bajo unos presupuestos fácticos específicos que la jurisprudencia
de esta Corporación ha puntualizado y que, por regla general, no comprenden
nulidades procesales acaecidas en una etapa previa a la sentencia.
En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, a modo
enunciativo, los siguientes eventos que pueden encuadrarse en la causal 5ª de
revisión: (i) que el juez resuelva asuntos sobre los cuales carece de jurisdicción o
de competencia; (ii) que, sin actuación alguna, el juez dicte nuevo fallo en proceso
que terminó normalmente por sentencia en firme; (iii) que sin más actuación, el juez
profiera sentencia después de ejecutoriado el auto que aceptó el desistimiento,
aprobó la transacción o declaró la perención del proceso; (iv) que el juez dicte el
fallo sin el trámite previo correspondiente; (v) cuando el demandado es condenado
por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido o causa diferente a la
invocada en la demanda; (vi) cuando el juez condena a quien no ha sido parte en el
proceso; (vii) cuando, sin más actuación, el juez profiere sentencia después de
ocurrida la interrupción o suspensión del proceso, o antes de la oportunidad debida;
(viii) cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
25 En la jurisprudencia de la Corporación no existe unanimidad respecto a estos dos primeros
elementos, pues mientras que un sector acepta la procedencia del recurso extraordinario de revisión
contra autos que pongan fin al proceso, la postura mayoritaria se inclina por mantener la procedencia
del recurso exclusivamente respecto de sentencias, al tenor de lo previsto en el artículo 248 del
CPACA. Ver, al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de marzo de 2025, 11001-03-26-000-2022-00121-00
(68506).
26 Entre otras decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de septiembre de 2019, Rad. No. 11001-03-26-000-2018-
00084-00.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de
2013, Rad. No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.
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magistrados que debieron haberlo hecho; (ix) cuando la sentencia fue adoptada con
un número de votos diferente del previsto en la ley; (x) cuando la sentencia carece
completamente de motivación; o (xi) cuando la sentencia carece de congruencia
interna o externa28.
Además, esta Corporación29 ha precisado que pueden surgir otras situaciones que
generan nulidad en la sentencia, particularmente aquellas que tienen su génesis en
la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. En este sentido, ha
señalado que la violación al debido proceso en el fallo habilita la formulación del
recurso extraordinario de revisión por la causal 5ª del artículo 250 del CPACA,
siempre y cuando su motivación revele la inobservancia de aspectos procesales
trascendentales y no cualquier falencia relacionada con la fundamentación o con la
valoración probatoria de la providencia. También, por ejemplo, cuando se profiere
sentencia inhibitoria sin fundamento válido, caso en el cual debe estudiarse si la
decisión se encuentra justificada o no, de acuerdo con las particularidades del caso
concreto.
Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de
unificación30, recordó que, tratándose de la causal de nulidad originada en la
sentencia, los supuestos definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta
Corporación como constitutivos de nulidades originadas en sentencia no son
taxativos. Asimismo, estableció que en los eventos en que el recurso extraordinario
de revisión va dirigido contra un fallo inhibitorio, en aras de hacer efectivos los
derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, el juez debe verificar que este se encuentre debidamente
justificado, mediante criterios de ponderación, proporcionalidad y adecuación a
cada caso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los fines funcionales del derecho,
por parte de la providencia revisada.“[L]o que significa que la violación a tales
preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura la
causal de revisión alegada [250.5 del CPACA]”.
Igualmente, en algunos casos se ha aceptado como configurativa de la causal 250.5
del CPACA la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia,
siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente durante el
curso del proceso. Sin embargo, en este caso, la parte actora debe probar que
efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso 31,
evitándose con ello que la revisión extraordinaria se convierta en un mecanismo
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 20 de octubre de
2009 y del 26 de febrero de 2013, Rad. Nos. 11001-03-15-000-2003-00133-00 y 11001-23-15-000-
2008-01289-00, respectivamente; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, Rad. No. 20001-23-31-000-2001-
01278-02.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de
2013, Rad. No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.
30 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, Rad. No.11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
31 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 6, sentencia de 17 de marzo de 2025, Rad. No.
11001-03-15-000-2024-04477-00.
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para que las partes puedan subsanar sus omisiones.
Dicho de otra manera, el Consejo de Estado ha señalado que pueden dar lugar a
un defecto insaneable derivado de la sentencia32 aquellas irregularidades que
constituyen causal de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la
sentencia, así como los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar
en la vulneración del artículo 29 superior33.
Lo anterior, estaría referido a las causales de nulidad procesal previstas en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o en el
Código General del Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la
sentencia, así como a la inobservancia de aspectos procesales de tal
transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido proceso 34, lo que
excluye la posibilidad de plantear en sede de revisión extraordinaria
cuestionamientos atinentes al contenido de la motivación, a la valoración de las
pruebas o a la forma de aplicación de una determinada norma.
4.3. En el asunto de la referencia, se encuentra acreditado que con ocasión de la
muerte de Carlos Humberto Rangel Rodríguez su núcleo familiar ejerció el medio
de control de reparación directa para que el Municipio de Bucaramanga y otros
fueran declarados responsables y condenados al pago de los perjuicios reclamados.
En el curso del trámite, el Juzgado 8° Administrativo del Circuito de Bucaramanga
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, al resolver los recursos
de apelación interpuestos por las partes, el Tribunal Administrativo de Santander
revocó la decisión anterior y, en su lugar, negó las súplicas del libelo introductorio
(hechos probados 3.3. a 3.6.).
Así las cosas, el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra el fallo dictado
el 29 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander se dirige,
efectivamente, contra la decisión que puso fin al proceso de reparación directa y
respecto de la cual no procede el recurso de apelación.
En consecuencia, de conformidad con la demanda de revisión extraordinaria, resta
determinar si se configura la causal 5ª de revisión por vulneración del derecho al
debido proceso y por la configuración del supuesto establecido en el numeral 5° del
artículo 133 del CGP.
32 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 26, sentencias del 3 de febrero de 2015, Rad.
Nos.11001-03-15-000-1998-00157-01 y 11001-03-15-000-2011-01639-00; Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión 22, sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad. No. 11001-03-15-000-2015-
02342-00; y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2, sentencia del 1° de octubre de 2019,
Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02216-00.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, Rad. No.
11001-03-15-000-2007-00653-00. Se toma el resumen de la causal contenido en el Rad. No. 11001-
03-15-000-2013-00702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida por la
Sala Especial de Decisión 10, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-00230-00.
34 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, Rad.
No. 11001-03-15-000-2018-01415-00.
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4.3.1. Frente al primer cargo, atinente a la vulneración del derecho al debido proceso
por desconocimiento del precedente y de las normas aplicables al caso concreto,
se advierte que los argumentos alegados por la actora no configuran la causal 5ª de
revisión del artículo 250 del CPACA.
Tal como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia de esta Corporación, la
inobservancia del precedente no configura la causal 5ª de revisión del artículo 250
del CPACA, toda vez que dicho razonamiento no se orienta a solventar una
irregularidad de carácter procedimental, sino que apunta al análisis sustancial del
fallo35.
En efecto, esta colegiatura ha sostenido que “el desconocimiento del precedente es
solo una inconformidad de quien la recurre frente a las consideraciones y decisión
plasmadas por el ad quem en la sentencia de segunda instancia, como
consecuencia de haber resuelto de manera desfavorable sus pretensiones. […] este
argumento de controversia no constituye un vicio formal de la sentencia, en el que
se pueda sustentar alguna de las causales previstas por el legislador para la
procedencia del recurso extraordinario de revisión”36.
Esta hermenéutica también ha sido acogida por la Corte Constitucional, quien ha
dicho que el desconocimiento del precedente no tiene relación con la causal de
nulidad originada en la sentencia prevista en el CPACA37.
Específicamente, el alto tribunal estudió una acción de tutela dirigida contra una
sentencia de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por la
vulneración del derecho al debido proceso derivado de la configuración de los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional. En dicha
oportunidad, analizó si la accionante tenía a su disposición recursos ordinarios o
extraordinario idóneos para cuestionar la decisión, y arribó a la conclusión de que
el desconocimiento del precedente no tenía cabida en la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
De igual manera, cabe aclarar que esta Corporación ha insistido en que es
improcedente, con fundamento en la causal 5ª de revisión, alegar situaciones
relacionadas con la estimación errada de los hechos por parte del juez, los medios
35 Por ejemplo, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de
diciembre de 2024, Rad. No. 11001-03-26-000-2022-00034-00; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de agosto de 2022, Rad. No. 11001-03-
26-000-2018-00064-00; Consejo de Estado, Sala 2 Especial de Decisión, sentencia de 4 de agosto
de 2020, Rad. No. 11001-03-15-000-2016-03553-00; Consejo de Estado, Sala 13 Especial de
Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02724-00; Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 3 de febrero de 2015, Rad. No.
2012-01026-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20
de octubre de 2009, Rad. No. 2003-00133-00; y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 11 de octubre de 2005, Rad. No. 2003-00794-01.
36 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 2, sentencia de 4 de agosto de 2020, radicación
núm.11001-03-15-000-2016-03553-00 REV).
37 Corte Constitucional, Sentencia SU-068 de 2018.
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probatorios allegados al proceso o las normas jurídicas aplicadas, o con la falta de
consideración de alguna de las pruebas, porque, de admitir tales reclamaciones, se
desconocería abiertamente el carácter extraordinario del recurso, convirtiéndolo en
una instancia adicional del proceso ordinario38.
Debe tenerse en cuenta que, independientemente del camino interpretativo
escogido por el juez, la aplicación normativa o la apreciación o valoración probatoria
que se efectúe en la sentencia no puede ni debe considerarse como violación al
debido proceso, salvo que se trate de una evidente arbitrariedad o de una ausencia
total de motivación. Ello es así, porque dicho análisis es una actividad propia de la
labor de juzgamiento del fallador de instancia, que se encuentra amparada por los
principios de autonomía e independencia del juez natural de la causa, sana crítica
y cosa juzgada39.
Bajo este entendido, la alegación del desconocimiento del precedente o de indebida
aplicación de normas representa una discrepancia con el análisis sustancial del juez
de la segunda instancia en punto a la controversia ya dilucidada con fuerza de cosa
juzgada, lo cual escapa al alcance de la revisión extraordinaria.
Por último, es importante reseñar que, cuando un cuerpo colegiado como el Tribunal
Administrativo de Santander profiere una sentencia, esta es el resultado de la
valoración y la discusión fáctica, probatoria y jurídica que realizan, de manera
deliberativa, los magistrados que integran la sala de decisión; en ese marco tiene
cabida el salvamento de voto, mediante el cual el magistrado disidente expone su
apreciación propia sobre los hechos, las pruebas y las normas aplicables.
Por el contrario, el recurso extraordinario de revisión obedece a una lógica distinta
y estrictamente técnica: no reabre el debate sustantivo ni permite una nueva
valoración probatoria, sino que se limita a verificar si concurren causales tasadas y
vicios de nulidad que afecten la validez de la sentencia, como quebrantos
procesales graves o supuestos específicamente previstos por la ley, de manera que
las apreciaciones del salvamento de voto sobre la valoración fáctica y jurídica del
caso no encuentran cabida en esta instancia extraordinaria.
En consecuencia, el primer cargo no tiene vocación de prosperidad y será
desestimado.
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de octubre de
2009, Rad. No. 2003-00133-00; reiterada en sentencia del 7 de mayo de 2013, Rad. No. 2003-00858-
01.
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 11 de octubre de
2005 y del 20 de octubre de 2009 Rad. Nos. 2003-00794-01 y 2003-00133-00, respectivamente;
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión,
sentencia del 3 de febrero de 2015, Rad. No. 2012-01026-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala 13 Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015, Rad.
No. 2013-02724-00; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 30 de julio de 2015, Rad. No. 2002-00975-01.
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4.3.2. Frente al segundo de los cargos, sustentado en la configuración de la causal
de nulidad establecida en el numeral 5° del artículo 133 del CGP, se observa que
los recurrentes no expusieron los fundamentos fácticos de la mencionada nulidad.
Tal omisión desconoce la carga argumentativa exigida por el artículo 252 del
CPACA, lo cual impide emitir un pronunciamiento de fondo, en tanto no le compete
a la autoridad judicial construir los razonamientos ni las premisas que deben
respaldar la interposición de un medio de impugnación de carácter excepcional,
como lo es el recurso extraordinario de revisión.
Sobre el particular, resulta pertinente señalar que la labor del juez de revisión no
puede exceder la demarcación trazada por los recurrentes al sustentar su solicitud,
pues este recurso extraordinario implica un examen dentro de un estricto y
delimitado ámbito interpretativo, por lo que no es posible adentrarse en un estudio
ajeno al escrito presentado en este trámite40.
En otras palabras, como los recurrentes omitieron explicar las razones por las
cuales se configuró la causal del numeral 5° del artículo 133 del CGP, que establece
que “el proceso es nulo, en todo o en parte, cuando se omiten las oportunidades
para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una
prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria”, esta Sala no cuenta con los
supuestos fácticos y jurídicos para emitir un pronunciamiento de fondo.
Por todo lo expuesto, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
formulado por Sonia Eulalia León Suárez y otros.
5. Conclusión
No se configuró la causal de revisión establecida en el numeral 5° del artículo 250
del CPACA, esto es, no existe nulidad originada en la sentencia proferida el 29 de
junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander, que revocó la decisión
de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda de reparación directa
promovida por los recurrentes contra el Municipio de Bucaramanga.
Lo anterior, en consideración a que el posible desconocimiento del precedente y la
falta de aplicación de las normas al caso concreto no forman parte de los supuestos
que pueden dar lugar a la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, sino que se trata
de una inconformidad con el fondo del asunto, lo cual escapa al alcance de la
revisión extraordinaria. Además, los recurrentes no cumplieron con la carga
argumentativa exigida en el artículo 252 ibidem, lo que impidió estudiar el segundo
cargo propuesto.
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión,
sentencia del 3 de noviembre de 2017, Rad. No. 11001-03-15-000-2017-00859-00; y Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de enero de 2004, Rad. No.
11001-03-15-000-2003-0631-01.
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6. Costas
Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión se formuló con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, debe darse aplicación
al texto del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo con la modificación introducida por dicha ley.
El inciso final del artículo 25541 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
70 de la Ley 2080 de 2021, dispone que, si se declara infundado el recurso
extraordinario de revisión, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.
Bajo ese entendido, esta Subsección condenará en costas a la parte recurrente y
ordenará a la Secretaría de la Sección Tercera que proceda con la respectiva
liquidación, ejercicio que tendrá que observar las reglas prescritas en los artículos
365 y 366 del Código General del Proceso.
En lo atinente a las agencias en derecho, y al encontrarse acreditada la labor
defensiva en la que incurrió el Municipio de Bucaramanga, la Sala impondrá
condena por este concepto por la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente, de conformidad con lo establecido en el artículo 542 del Acuerdo
No. PSAA16-10554 de 201643.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida el 29 de junio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Santander, dentro del proceso de reparación directa identificado
con radicado núm. 68001-33-33-008-2013-00354-02.
SEGUNDO: CONDENAR en costas al recurrente, que serán liquidadas, en la
medida de su comprobación, por la Secretaría de la Sección, teniéndose en cuenta
la fijación de agencias en derecho a favor del Municipio de Bucaramanga por un (1)
salario mínimo mensual legal vigente.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.
41 “Artículo 255. Sentencia. Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021. […] Si se
declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.
42 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […] 9. Recursos extraordinarios. Entre 1 y 20
S.M.M.L.V. […]”.
43 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
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Recurrentes: Sonia Eulalia León Suárez y otros
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SP1
16
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