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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08131-00

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08131-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Tribunal Administrativo del Chocó y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 31 «Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. […]» (Énfasis de la Sala). 32 Ver Ley 2430 de 2024, artículo 14 «INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno y estará integrado por elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas de diez (10) candidatos enviados por el Consejo Superior de la Judicatura, para cada vacante que se presente, elaboradas previa convocatoria pública adelantada de conformidad con lo previsto en esta ley. […]». El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». (subrayado fuera de texto) 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Orlando Antonio Sánchez Ochoa Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2025-08131-00 SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la parte actora contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-08131-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

12 de febrero de 2026

Demandante: Orlando Antonio Sánchez Ochoa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08131-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08131-00
Demandante: ORLANDO ANTONIO SÁNCHEZ OCHOA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

El señor Orlando Antonio Sánchez Ochoa, actuando a través de apoderado
judicial2, ejerció acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia del 18 de junio de 2025 en la que la autoridad judicial
accionada revocó la decisión de primera instancia que había negado las
pretensiones del medio de control de reparación directa con radicado 27001-23-
33-000-2017-00078-00/01, para en su lugar, declarar probada la excepción de

1 Acción de tutela radicada a través del aplicativo Samai el 17 de diciembre de 2025 a la que se le

asignó la secuencia interna 13056.
2 Índice 002 de Samai. El poder fue conferido a la abogada Marlee Juliana Álvarez Vallejo por

medio de mensaje de datos.

1

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Demandante: Orlando Antonio Sánchez Ochoa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08131-00

caducidad.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]
SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior se ordene en el término que
ordene el Despacho, se revoque la decisión tomada equívocamente por la SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN C - CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES y se
profiera nuevamente sentencia de segunda instancia dentro del radicado
27001233300020170007801.3

1.3. Hechos

Los señores Orlando Antonio Sánchez y otros4 promovieron el medio de control de
reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible con el fin de que fueran declarados responsables por los daños y
perjuicios derivados de la destrucción de retroexcavadoras, en hechos ocurridos
el 20 de mayo de 2015 en la vereda Acandí Seco del municipio de Acandí (Chocó),
en el marco de una operación realizada por la Policía Nacional.

En primera instancia el proceso se asignó al Tribunal Administrativo del Chocó,
con el radicado 27001-23-33-000-2017-00078-00 que, en sentencia del 28 de
octubre de 2022 negó las súplicas de la demanda.

Como sustento, indicó que, si bien se acreditó la existencia del daño por la
destrucción de la maquinaria utilizada para la actividad minera que se encontraba
en posesión del señor Sánchez Ochoa, no se probó la relación de causalidad entre
este y las demandadas porque no se acreditó que en efecto la destrucción de las
maquinas fuera consecuencia de un supuesto operativo por la institución policial.

Inconforme con la decisión anterior, el extremo activo interpuso recurso de
apelación que fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C5, que mediante sentencia del 18 de junio de 2025 revocó la decisión del a quo,
y, en su lugar, declaró probada de oficio la caducidad del medio de control.

3 Transcripción literal que puede contener errores.
4 También conformaron el extremo activo los señores Dana Camila Sánchez Franco, Melany
Sánchez López y Andrés Jerónimo Sánchez.
5 La sentencia fue suscrita por los consejeros, Nicolás Yepes Corrales, William Barrera Muñoz y

Adriana Polidura Castillo.

2

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Demandante: Orlando Antonio Sánchez Ochoa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
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Lo anterior, tras advertir que los demandantes conocían del daño alegado desde
el 7 de mayo de 2015, fecha en la que la Policía Nacional adelantó el operativo en
el cual se incineraron las retroexcavadoras de propiedad del actor. Por lo que, el
término de 2 años para ejercer el derecho de acción en el medio de control de
reparación directa empezó a correr el 8 de mayo de 2015, pero se suspendió el 30
de septiembre de 2016 porque los actores presentaron la solicitud de conciliación
prejudicial, que se declaró fallida el 18 de noviembre de 2016. Por tanto, el plazo
para demandar se extendió hasta el 27 de junio de 2017, no obstante, la demanda
se radicó el 10 de julio de 2017, cuando ya había operado el fenómeno de la
caducidad.

Además, señaló que, «los demandantes no probaron encontrarse en imposibilidad
material para ejercer el medio de control de reparación directa dentro del término
establecido en la ley».

El anterior proveído se notificó a las partes por correo electrónico el 17 de julio de
20256.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora señaló que las providencias cuestionadas adolecen de los
siguientes defectos:

I. Violación de la Constitución Política: para la actora, el ad quem vulneró
su derecho a la administración de justicia al declarar probada la existencia
de caducidad, dado que arribó a dicha conclusión con base en una
interpretación inexacta de la supuesta confesión plasmada en los hechos
del escrito de la demanda.

Además, consideró que se transgreden sus garantías fundamentales al
debido proceso y de defensa al configurarse un defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia.

II. Sustantivo: por aplicar de forma errónea el artículo 164 del CPACA que
señala que el medio de control de reparación directa caduca al vencimiento
del plazo de 2 años contados a partir del acaecimiento del hecho dañoso,
el cual, en este caso ocurrió el 20 de mayo de 2015 y no el 7 de mayo del
mismo año, como lo concluyó equivocadamente el fallador de segunda
instancia.

A su vez, indicó que, se aplicó de forma indebida el artículo 21 de la Ley
640 de 2001 y el Decreto 1716 de 2009 que disponen que, al presentarse

6 Índice 018 de Samai del proceso 27001233300020170007801.

3

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la solicitud de conciliación prejudicial se suspenden los términos de
caducidad. En ese sentido, explicó que los términos de caducidad
estuvieron suspendidos entre el 30 de septiembre de 2016, fecha en que
presentó la solicitud de conciliación y el 18 de noviembre 2016, cuando se
expidió la constancia de no acuerdo por la Procuraduría 186 Judicial I
Administrativa.

En consecuencia, explicó que, como el hecho dañoso ocurrió el 20 de mayo
de 2015, el plazo para demandar empezó a correr desde el día siguiente, y
se suspendió entre el 30 de septiembre y el 18 de noviembre, mientras que
la demanda se radicó el 10 de julio de 2017, por tanto, se interpuso dentro
del término legal.

1.5. Admisión de la tutela

Por medio de auto del 15 de enero de 2026, la Magistrada ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar al accionante7, y como parte accionada a los
magistrados Nicolás Yepes Corrales, William Barrera Muñoz y Adriana Polidura
Castillo que integran el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C8.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, a los magistrados Mirtha Abadía Serna, Ariosto Castro
Perea y Norma Moreno Mosquera que integran el Tribunal Administrativo del
Chocó9, [a quo del proceso ordinario], a los señores Dana Camila Sánchez Franco,
Melany Sánchez López y Andrés Jerónimo Sánchez [extremo activo del proceso
ordinario], a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional10, Policía Nacional11, al

7
Índice 008 de Samia. La notificación se efectuó a los correos: os584404@gmail.com y
jalvarezabogada@hotmail.com.
8
Índice 008 de Samia. La notificación se efectuó al buzón:
ces3secr@consejodeestado.gov.co; despacho303@consejodeestado.gov.co;
jcelyc@consejodeestado.gov.co; wbarreram@consejodeestado.gov.co;
mrodriguezd@consejodeestado.gov.co; spcalderon@consejodeestado.gov.co;
notifnyepes@consejodeestado.gov.co; lfaciolinceb@consejodeestado.gov.co;
ncardenasa@consejodeestado.gov.co; notifapolidura@consejodeestado.gov.co;
mcorredors@consejodeestado.gov.co; malvarezr@consejodeestado.gov.co;
ecarvajalg@consejodeestado.gov.co; sbedoya@consejodeestado.gov.co;
notiftutelas3@consejodeestado.gov.co.
9
Índice 008 de Samia. La notificación se efectuó a los correos:
sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadmincho@notificacionesrj.gov.co;
mabadias@cendoj.ramajudicial.gov.co y acastrope@cendoj.ramajudicial.gov.co.
10
Índice 008 de Samia. La notificación se efectuó a los correos:
contactenos@mindefensa.gov.co y notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co.
11
Índice 008 de Samia. La notificación se efectuó al buzón:
notificacion.tutelas@policia.gov.co; segen.consejo@policia.gov.co y
luisa.aguirre1002@correo.policia.gov.co.

4

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Ministerio de Minas y Energía12 y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible13 [extremo pasivo del proceso ordinario].

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Chocó14

El despacho ponente de la sentencia de primera instancia dentro del proceso
ordinario hizo un breve recuento de las actuaciones surtidas en este y concluyó
que todas las decisiones se ajustaron a las normas vigentes y aplicables, además,
que se respetó el derecho de defensa y debido proceso de las partes, por lo que
no vislumbra la vulneración de los derechos fundamentales invocados en este
trámite, máxime cuando sus argumentos se examinaron en dos instancias.

Por lo expuesto, pidió que se declare improcedente el amparo, porque el
accionante pretende reabrir el debate ya resuelto por el juez natural y utilizar la
tutela como un mecanismo alterno para controvertir decisiones judiciales, lo que
desnaturaliza su finalidad.

En un memorial allegado de forma posterior15, solicitó su desvinculación del
presente tramite dado que el actor no efectuó ningún reparo contra la decisión de
primer grado, sino que las pretensiones se dirigen a cuestionar la sentencia de
segunda instancia.

1.6.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C16

El consejero ponente de la decisión cuestionada señaló que la decisión adoptada
estuvo acorde con la normatividad vigente y aplicable al caso en concreto, así
como a las circunstancias fácticas y jurídicas probadas en el plenario, de lo cual
se logró constatar que el demandante instauró el medio de control de reparación
directa cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad.

Sin embargo, advierte que, el actor pretende que se reabra la discusión ya zanjada
por el juez natural de la causa porque está inconforme con la decisión adoptada

12
Índice 008 de Samia. La notificación se efectuó a los correos:
notijudiciales@minenergia.gov.co y menergia@minenergia.gov.co.
13
Índice 008 de Samia. La notificación se efectuó a los correos:
procesosjudiciales@minambiente.gov.co; info@minambiente.gov.co.
14 Índice 012 y 013 de Samai.
15 Índice 018 de Samai.
16 Índice 014 de Samai.

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en el proceso ordinario, sin que exista la alegada vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante.

Por tanto, consideró que, en este caso se está haciendo uso de este mecanismo
como una tercera instancia para que el juez de tutela adopte una decisión favorable
a su reclamación y, en consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de
la acción de tutela porque no satisface los requisitos generales, específicamente
el de relevancia constitucional.

Adicionalmente, indicó que, cuando se pretende dejar sin efectos una sentencia
proferida por una alta Corte se debe analizar de forma estricta si en efecto existe
o no una anomalía en la decisión, que riña con la Constitución Política.

1.6.3. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible17

La entidad pidió ser desvinculada de la presente acción por carecer de legitimación
en la causa por pasiva debido a que no tiene ninguna injerencia en las decisiones
que son objeto de reparo por el tutelante.

De forma subsidiaria solicitó que se nieguen las pretensiones dirigidas contra esta
cartera ministerial porque no ha vulnerado los derechos fundamentales del
accionante.

1.6.4. Policía Nacional18

Esta autoridad administrativa hizo un recuento de las decisiones proferidas por el
juez de primer y segundo grado del proceso de reparación directa y advirtió que
en ambas instancias se llegó a la misma conclusión respecto de que para el
momento en que el actor radicó la demanda, la acción ya había caducado, sin
embargo, como el accionante está inconforme con dicha resolución, acude a la
acción de tutela alegando que se vulneraron sus derechos fundamentales, no
obstante, la finalidad de este mecanismo es reabrir una discusión ya zanjada, por
lo que pidió que se declare improcedente.

1.6.5. El Ministerio de Minas y Energía guardó silencio, pese a que fue
debidamente notificado de la presente acción.

17 Índice 015 de Samai.
18
Índice 019 de Samai.

6

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Orlando Antonio Sánchez Ochoa contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021
y 799 de 2025, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

El Tribunal Administrativo del Chocó y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible solicitaron ser desvinculados de esta acción constitucional tras
considerar que nos les asiste legitimación en la causa por pasiva.

Sobre el particular, la Sala encuentra necesario precisar que no se accederá a la
misma. Esto, en virtud de que su vinculación se hizo como terceros en virtud del
eventual interés que les puede representar el presente trámite, por ejemplo, ante
una decisión favorable al actor.

2.3. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y la intervención presentada, corresponde
a la Sala resolver:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C vulneró las
garantías invocadas por la parte actora con ocasión de la providencia
proferida el 18 de junio de 2025, dentro del medio de control de reparación
directa con radicado 27001-23-33-000-2017-00078-00/01?

Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y; (iii) el caso
concreto.

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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201219
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema20 y declaró su
procedencia.21

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4.1. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202222 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
20 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
21 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
22 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal23
(Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico24; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional25.

[…]

23 Sentencia SU-573 de 2019.
24 Sentencia SU-103 de 2022.
25 Sentencia SU-103 de 2022.

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En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal26”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales27”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto28, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal29.
(Resaltado de la Sala)

2.5. Caso concreto

La parte actora cuestiona la sentencia proferida el 18 de junio de 2025 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en la que revocó la decisión
de primera instancia dictada el 28 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo
del Chocó que había negado las pretensiones del medio de control de reparación
directa con radicado 27001-23-33-000-2017-00078-00/01, para en su lugar,
declarar probada la excepción de caducidad.

Lo anterior, ya que, a juicio de la parte tutelante, en la providencia cuestionada se
incurrió en los siguientes defectos: (i) violación de la Constitución Política, porque
considera que con el actuar del juez se transgredió sus garantías fundamentales
al debido proceso y de defensa porque declaró configurada la caducidad con base
en una interpretación inexacta de un hecho de la demanda y, (ii) sustantivo: por

26 Sentencia SU-103 de 2022.
27 Sentencia SU-128 de 2021.
28 Sentencia SU-573 de 2019.
29 Ibid.

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aplicar de forma errónea artículo 164 del CPACA, el artículo 21 de la Ley 640 de
2001 y el Decreto 1716 de 2009 dado que, al tenerse en cuenta una fecha errada
de la ocurrencia del hecho dañoso, se contabilizaron mal los términos de
caducidad.

Respecto de lo alegado por el actor, la Sala evidencia que los argumentos
planteados, pese a que hacen alusión a un lenguaje constitucional, realmente
denotan una inconformidad con la decisión proferida por el juez contencioso en
segunda instancia, por lo que este mecanismo se torna improcedente porque no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse.

Advierte la Sección que, los yerros que el actor refiere como violación directa de
la Constitución Política y sustantivo se dirigen a cuestionar la sentencia proferida
por el ad quem dado que declaró la caducidad en el medio de control de reparación
directa que promovió el tutelante contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible; decisión con la que se encuentran inconformes, porque, a
su juicio, el fallador de segunda instancia tuvo en cuenta un fecha anterior y errada
para iniciar la contabilización del término de 2 años para incoar la demanda de la
referencia.

Para dar sustento a su argumentación, la parte accionante alega que, la fecha de
ocurrencia del hecho dañoso fue el 20 de mayo de 2015, y que el plazo de 2 años
dispuesto en literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA para interponer la
demanda, se suspendió entre el 30 de septiembre de 2016, fecha en que presentó
la solicitud de conciliación y el 18 de noviembre 2016, cuando se expidió la
constancia de no acuerdo por la Procuraduría 186 Judicial I Administrativa y como
la demanda se radicó el 10 de julio de 2017, se hizo dentro del término legal.

Sin embargo, se advierte que, el planteamiento del tutelante realmente demuestra
la discrepancia con la decisión del juez de segunda instancia, quién después de
examinar las pruebas arribadas al plenario y los hechos descritos en la demanda
advirtió que el actor conoció del daño a la maquinaria utilizada para la actividad
minera de propiedad del señor Antonio Sánchez desde el 7 de mayo de 2015,
conclusión a la que arribó después de examinar los siguientes hechos de la
demanda:

[…] el 7 de mayo de 2015, agentes de la Policía Nacional adelantaron un operativo
en el municipio de Acandí (Chocó), durante el cual incineraron las
retroexcavadoras identificadas con números de serial YQU4405, 2DL00171 y
45G05163, de “propiedad” de Orlando Antonio Sánchez Ochoa.

Refiere que, seguidamente, el 20 de mayo siguiente, uniformados de la institución
policial “dinamitaron nuevamente las máquinas que ya habían sido quemadas”.

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De conformidad con los descrito por la parte actora, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C consideró que, «la manifestación realizada por el apoderado
de la parte actora en la demanda constituye una confesión por apoderado judicial,
capacidad que se entiende siempre conferida con el poder otorgado para demandar», por
lo que fijó como fecha de ocurrencia del hecho dañoso el 7 de mayo de 2015; en
consecuencia, el término de caducidad de 2 años lo contabilizó a partir del 8 de
mayo del mismo año. Asimismo, tuvo en cuenta la suspensión de términos con
ocasión de la presentación de la conciliación prejudicial, comprendida entre el 30
de septiembre y el 18 de noviembre de 2016, y concluyó que dicho plazo fenecía
el 27 de junio de 2017; sin embargo, al haberse radicado la demanda el 10 de julio
de 2017, se hizo de forma extemporánea.

En ese sentido, se advierte que los argumentos desplegados en el escrito de tutela
carecen de cargar argumentativa en torno a la transgresión de garantías
fundamentales dado que, más allá de sustentar los yerros alegados, denotan que
la parte actora disiente del análisis de caducidad efectuado por el ad quem, por lo
que es claro que pretende usar este mecanismo como una instancia adicional y
reabrir el debate que ya fue zanjado por el juez natural de la causa.

Al respecto, cabe recordar que la carga argumentativa a la que hace alusión la
Corte Constitucional no se satisface simplemente con enunciar y transcribir
artículos de la Constitución Política para cumplir el mencionado ejercicio, aún más
cuando se trata de una providencia de una alta Corporación, tal como se indicó:

[…] el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.
Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
doctrinarias o interpretativas de corrección legal. Como las altas cortes son
tribunales de cierre, es a ellas a quienes corresponde “la unificación de
jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el
significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico”.30

Por último y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
las decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales invocados, en los términos que indicó la Corte
Constitucional en la sentencia SU-353 de 2020, cuya carga argumentativa no se
satisface de manera plena por la parte actora, pues contrario a ello, por medio de
la presente acción se busca que el juez de tutela adopte una interpretación
favorable a su reclamación .

30 Corte Constitucional, sentencia SU-0125 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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En este punto resulta pertinente recordar que, si bien la tutela puede ser
procedente para controvertir decisiones de cualquier grado, sin excluir las de las
corporaciones de cierre, también es importante resaltar que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional hace especial énfasis en la carga argumentativa que se debe
tener cuando se pretende dejar sin efectos una decisión de la Sección que la
Constitución Política31 y la ley32 determinaron como suprema autoridad en la
materia.

Por su parte, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia, circunstancia por la
que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de tutela;
máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate planteado
por el accionante busca mutar el amparo constitucional en una instancia adicional.

De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de
relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Tribunal
Administrativo del Chocó y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

31 «Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de
tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley.
[…]» (Énfasis de la Sala).
32 Ver Ley 2430 de 2024, artículo 14 «INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. El Consejo de Estado es

el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno y
estará integrado por elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que
determina la Constitución Política, de listas de diez (10) candidatos enviados por el Consejo
Superior de la Judicatura, para cada vacante que se presente, elaboradas previa convocatoria
pública adelantada de conformidad con lo previsto en esta ley.
[…]».
El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la misma
Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas
superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que
se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura».
(subrayado fuera de texto)

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SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la parte
actora contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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