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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-33-000-2017-00078-01

Fecha
18 de junio de 2025
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-33-000-2017-00078-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de octubre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, que negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar, DECLARAR probada de oficio la caducidad del medio de control de reparación directa, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: SIN COSTAS. TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 27001-23-33-000-2017-00078-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

18 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 27001233300020170007801 (70348)
Demandante: DANA CAMILA SÁNCHEZ FRANCO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL Y
OTROS

Tema: Responsabilidad del Estado por daños ocasionados por
miembros de la fuerza pública. Presuntas actividades de minería
ilegal. Destrucción de maquinaria pesada – incineración de
retroexcavadoras hidráulicas. Caducidad del medio de control de
reparación directa. No se configuraron costas procesales en el
trámite de segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 28 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Chocó, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

De acuerdo con la demanda, el 7 de mayo de 2015, agentes de la Policía Nacional
adelantaron un operativo en el municipio de Acandí (Chocó), durante el cual
incineraron tres retroexcavadoras de “propiedad” de Orlando Antonio Sánchez
Ochoa. Posteriormente, según el dicho de los accionantes, el 20 de mayo siguiente,
uniformados de la institución policial “dinamitaron nuevamente las máquinas que ya
habían sido quemadas”.

Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Minas y Energía, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Ministerio de Defensa – Policía
Nacional son patrimonialmente responsables por la destrucción de la maquinaria

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Demandante: Dana Camila Sánchez Franco y otros

pesada de “propiedad” de Orlando Antonio Sánchez Ochoa, pues aducen que ella
se realizó “sin contar con una autorización ni orden de las autoridades
competentes”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 10 de julio de 20171, Orlando Antonio Sánchez Ochoa, Melany Sánchez López y,
Andrés Jerónimo y Dana Camila Sánchez Franco, mediante apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra
de la Nación – Ministerio de Minas y Energía (en adelante el “Ministerio de Minas”),
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante el “Ministerio de
Ambiente”) y el Ministerio de Defensa – Policía Nacional (en adelante la “Policía
Nacional”), para que fueran declarados patrimonialmente responsables por la
destrucción de la maquinaria pesada de “propiedad” de Orlando Antonio Sánchez
Ochoa.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las
entidades accionadas a pagarle, por perjuicios “inmateriales”, 500 SMLMV a
Orlando Antonio Sánchez Ochoa y 100 SMLMV a los demás libelistas; por daño
emergente, la suma de $2.500.000 a Orlando Antonio Sánchez Ochoa; y por lucro
cesante, la suma de $344.000.000 a Orlando Antonio Sánchez Ochoa.

En apoyo de sus pretensiones, la parte demandante afirma que, el 7 de mayo de
2015, agentes de la Policía Nacional adelantaron un operativo en el municipio de
Acandí (Chocó), durante el cual incineraron las retroexcavadoras identificadas con
números de serial YQU4405, 2DL00171 y 45G05163, de “propiedad” de Orlando
Antonio Sánchez Ochoa.

1 Fl. 3 a 30, C.P.

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Demandante: Dana Camila Sánchez Franco y otros

Refiere que, seguidamente, el 20 de mayo siguiente, uniformados de la institución
policial “dinamitaron nuevamente las máquinas que ya habían sido quemadas”.

Los accionantes consideran que las entidades demandadas son patrimonialmente
responsables por la destrucción de las excavadoras de “propiedad” de Orlando
Antonio Sánchez Ochoa, pues afirman que ella se realizó “sin contar con una
autorización ni orden de las autoridades competentes”.

2. Contestación

El 15 de noviembre de 20172 el Tribunal Administrativo del Chocó admitió la
demanda y ordenó su notificación a las entidades accionadas y al ministerio público.

2.1. El Ministerio de Minas3 se opuso a las pretensiones de la demanda,
argumentando que el daño alegado no le era imputable toda vez que no tuvo
ninguna injerencia en su causación. Formuló como excepciones las de falta de
legitimación en la causa por pasiva y la genérica.

2.2. La Policía Nacional4 se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando
que la parte demandante no acreditó la causación del daño alegado. Asimismo,
indicó que las pruebas obrantes en el expediente no permitían acreditar un obrar
irregular de la Administración. Finalmente, sostuvo que lo expuesto por los
accionantes carecía de respaldo probatorio y que la sola afirmación de esos hechos
era insuficiente para atribuirle responsabilidad. Formuló como excepciones las de
ausencia de responsabilidad, inexistencia de perjuicios y la genérica.

2.3. El Ministerio de Ambiente guardó silencio.

2 Fl. 158, C.P.
3 Fl. 118 a 126, C.P.
4 Fl. 132 a 142, C.P.

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Demandante: Dana Camila Sánchez Franco y otros

3. Audiencia inicial

El 17 de septiembre de 20195, el Tribunal Administrativo del Chocó celebró la
audiencia inicial en la que, entre otras, realizó el saneamiento del proceso, decretó
pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio señaló que se circunscribiría
a determinar: “[…] si es procedente declarar administrativamente responsable al
Estado a través de las accionadas por los daños ocasionados al señor Orlando
Antonio Sánchez Ochoa y su grupo familiar y bajo que título de imputación ha de
endilgarse la responsabilidad”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 11 de febrero de 20206 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte demandante7, el Ministerio de Minas8 y la Policía Nacional9 reiteraron
los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de este,
respectivamente.

4.2. El Ministerio de Ambiente y el Ministerio Público guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 28 de octubre de 202210, el Tribunal Administrativo del Chocó
negó las pretensiones de la demanda, al constatar que ninguna de las pruebas
decretadas y practicadas en el proceso permitió evidenciar que agentes de la policía
hubieran sido quienes destruyeron la maquinaria pesada. En sustento, sostuvo que

5 Fl. 163, C.P.
6 Fl. 189, C.P.
7 Fl. 211 a 215, C.P.
8 Fl. 216 a 220, C,P.
9 Fl. 196 a 206, C.P.
10 Fl. 435 a 460, C.P.

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“en el proceso no quedó probado que quien llevó a cabo el supuesto operativo donde
se destruyeron las maquinas haya sido la institución policial”.

6. Recurso de apelación

El 2 de diciembre de 202211 la parte demandante interpuso recurso de apelación,
el cual fue concedido el 24 de abril de 202312 y admitido el 26 de septiembre
siguiente13.

6.1. La parte recurrente14 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la
demanda. En sustento, afirmó que los medios de prueba obrantes en el expediente
permitían acreditar una falla del servicio de las demandadas, toda vez que fueron
unos agentes de la Policía Nacional quienes, sin mediar una orden o autorización
expedida por las autoridades, destruyeron las retroexcavadoras del señor Sánchez
Ochoa.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202115 y habida cuenta que no se
decretaron pruebas en el trámite de segunda instancia, no hubo lugar a correr
traslado para alegar de conclusión.

11 Índice No. 49, SAMAI – Tribunal Administrativo del Chocó
12 Índice No. 51, SAMAI – Tribunal Administrativo del Chocó
13 Índice No. 4, SAMAI – Consejo de Estado.
14 Índice No. 49, SAMAI – Tribunal Administrativo del Chocó
15 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará
de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la
apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán
pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de
alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no
habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia”.

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III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 22 de octubre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, puesto que la cuantía, dada por la pretensión
mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tenga vocación
de doble instancia ante esta Corporación16, de acuerdo a lo previsto en el artículo
150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaración de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14017 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En este caso, el medio de control procedente es el de reparación directa porque se
reclama la reparación de perjuicios por unos hechos imputables al Ministerio de
Minas, al Ministerio de Ambiente y a la Policía Nacional.

16 La pretensión mayor de la demanda se estimó en 800 SMLMV.
17 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la

persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de esta. En todos los casos en los que en la causación del daño
estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción
por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o
la omisión en la ocurrencia del daño”.

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3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto el medio de control se
ejerció oportunamente o si, por el contrario, la pretensión de reparación directa se
encontraba caducada al momento de la presentación de la demanda.

4. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester exponer unas consideraciones
generales sobre la vigencia del medio de control.
5. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la pretensión de reparación directa
ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal
fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el
tiempo oportuno por cuanto se trata de un presupuesto procesal18.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general19, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser

18 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración
alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
19 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”

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razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción20, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure21 que opera por la falta de actividad oportuna en la

20 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos
21 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.

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puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia22, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo23, señala que el medio de control de reparación directa deberá
ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe
la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

6. Caso concreto

En el sub – lite el extremo activo pretende que se declare patrimonialmente
responsable a las entidades demandadas por la destrucción de las retroexcavadoras
de su propiedad, la cual, según lo narrado en la demanda, se produjo el 7 de mayo de
2015 en el marco de una operación realizada por agentes de la Policía Nacional.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo.

22 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
23 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012,

le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el
legislador en la Ley 2080 de 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General
del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de
los estatutos mencionados.

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6.1. Hechos probados

Antes de señalar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
expediente, es menester poner de presente que a las fotografías aportadas por la
parte demandante24 se les dará el valor correspondiente, según criterio uniforme
de esta Sala25, conforme al artículo 244 del Código General del Proceso, esto es,
teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron
tomadas, de manera que permitan dar certeza de los hechos que pretenden
acreditar.

Sin embargo, dadas las condiciones en que el material fotográfico fue arrimado al
plenario, no ofrece certeza de la persona que los realizó ni tampoco de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se obtuvieron, pues carecen de
georreferenciación y de otros datos que indiquen el momento, lugar y tiempo en que
se realizaron y si corresponden al día y lugar que se expone en la demanda.

Así las cosas, debe precisarse que las fotografías que fueron allegadas al proceso
por la parte demandante sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las
cuales no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en fueron tomadas,
y al carecer de reconocimiento o ratificación26, no pueden ser cotejadas con otros
medios probatorios allegados y valorados en el presente proceso27, por lo que no
podrán ser valoradas para resolver el presente asunto litigioso.

Ahora bien, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

6.1.1. Se acreditó que el 8 de junio de 2010, Orlando Antonio Sánchez Ochoa y Luis
Horacio Saldarriaga Restrepo suscribieron un contrato de compraventa sobre la

24 Fl. CD, C.P..
25 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto

de 2014, Rad. 28.832
26 Al respecto, la sentencia: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Tercera, sentencia del 13 de junio de 2013, Exp. 27353”, señala que la fotografía puede ser
reconocida por el testigo y su autenticidad se puede lograr a través de la confesión de la parte
contraria o de testigos presenciales al instante en que ocurrieron los hechos que se pretenden
acreditar.
27Ibídem.

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retroexcavadora “Caterpillar” identificada con el número de serie 2DL00171. De esta
información da cuenta copia auténtica el referido acuerdo de voluntades28.

6.1.2. Se probó que el 9 de mayo de 2014, Orlando Antonio Sánchez y Fredy
Pestana Herrera suscribieron un contrato de “comodato o préstamo de maquinaria
industrial” con el objeto de “conceder el goce gratuito” de tres retroexcavadoras. De
esta información da cuenta copia autentica de dicho acuerdo de voluntades29.

6.1.3. Consta que el 2 de julio de 2016, la Asociación de Mineros de San Roque
(Antioquia) certificó que Orlando Antonio Sánchez Ochoa, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 98.471.348 “es socio activo de la asociación desde su creación
en el año 2004”. Asimismo, sostuvo que “el señor Sánchez Ochoa siempre ha
estado vinculado en labores de Minería, haciendo parte de la cadena productiva
(gastero) en diferentes minas del territorio municipal, departamental y nacional”. De
esta información da cuenta copia auténtica de dicho documento30.

6.2. Análisis de la caducidad del medio de control de reparación directa

En el sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la destrucción de las
retroexcavadoras de “propiedad” de Orlando Antonio Sánchez Ochoa, la cual, según
lo narrado en la demanda, se produjo el 7 de mayo de 2015 en el marco de una
operación realizada por agentes de la Policía Nacional.

Ahora bien, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, señala que el medio de control de reparación directa
deberá ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente
al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

28 Fl. 33 a 34, C.P.
29 Fl. 27 a 29, C.P.
30 Fl. 32, C.P.

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A su vez, en punto de establecer el inicio del cómputo de la caducidad del medio de
control, debe reiterarse31 que la manifestación realizada por el apoderado de la parte
actora en la demanda constituye una confesión por apoderado judicial, capacidad
que se entiende siempre conferida con el poder otorgado para demandar, de
conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Código General del Proceso32.

Precisamente la Corte Constitucional en la sentencia C-551 de 2016, al analizar la
exequibilidad de dicha norma estableció:

“(…) En síntesis: la confesión es un tradicional medio de prueba que
actualmente existe en nuestro ordenamiento procesal, sujeto a formalidades
para su validez. Igualmente prevé algunos tipos especiales, como aquella que
se surte a través de apoderado. Esta también ha estado presente en nuestra
historia jurídica, pero recientemente fue modificada por el legislador mediante la Ley
1564 de 2012, en su artículo 193. La novedad, en relación con las regulaciones
anteriores, consiste en que se presume “iuris et de iure” que exige
autorización del poderdante. Esta regla tiene una excepción en lo que
concierne a la demanda, la contestación, las excepciones, las contestaciones, la
audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario, para las cuales se
entenderá conferida siempre la capacidad del apoderado de confesar. Esto se
explica dada la importancia que para el proceso tienen tales actuaciones y tiene por
finalidad la garantía de una eficiente administración de justicia prevista en el artículo
229 de la Carta” (Se resalta)

En efecto, el artículo 191 del Código General del Proceso33 y la jurisprudencia de
esta Corporación34, han definido las formalidades que la confesión requiere para
predicar su validez. Dichos requisitos concurren en el presente asunto, ya que (i) el
hecho confesado trae consecuencias jurídicas adversas al confesante, a su vez que,
favorece a la parte contraria, pues permite determinar el momento a partir del cual

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 1º de noviembre de 2023, Rad. 66873.
32 “Artículo 193. Confesión por apoderado judicial. La confesión por apoderado judicial valdrá cuando

para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la
demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia
del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita”.
33 “Artículo 191. Requisitos de la confesión. La confesión requiere: 1. Que el confesante tenga

capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado. 2. Que
verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan
a la parte contraria. 3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio
de prueba. 4. Que sea expresa, consciente y libre. 5. Que verse sobre hechos personales del
confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento. 6. Que se encuentre debidamente
probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada. La simple declaración de parte se valorará por el
juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas”.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 8 de mayo

de 2020, radicado 65209 y auto del 31 de julio de 2020, radicado 59161, C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico; auto del 5 de mayo de 2020, radicado 48825, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia del 3 de
octubre de 2019, radicado 49865, C.P. María Adriana Marín.

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Radicado: 2700123330002017007801 (70348)
Demandante: Dana Camila Sánchez Franco y otros

se debe analizar el presupuesto de oportunidad en el ejercicio del derecho de acción
que en el presente asunto habría caducado; (ii) la ley no exige un medio de prueba
específico para acreditarlo, de manera que se debe dar mérito probatorio a la
afirmación enunciada; (iii) la confesión fue expresa, consciente y libre, toda vez que
la misma se produjo de forma espontánea en el líbelo introductorio y no se acreditó
que se produjera con algún tipo de coacción física, sicológica o moral; (iv) versa
sobre hechos de los que tenía conocimiento el confesante; y finalmente (v) la
confesión se encuentra probada con la manifestación que se hace en la demanda35.
En esta línea y atendiendo la manifestación del apoderado judicial contenida en los
hechos de la demanda36, se concluye que desde el 7 de mayo de 2015 el extremo
activo conoció el daño alegado y que, en virtud de ello, podía pretender la
reclamación de perjuicios por su causación. Debe resaltarse, pues, que el
conocimiento del daño, por regla general, comporta el inició del término de
caducidad y, como ocurrió en el presente caso, los demandantes no probaron
encontrarse en imposibilidad material para ejercer el medio de control de reparación
directa dentro del término establecido en la ley.

En este caso se advierte, entonces, que el término de caducidad empezó a correr a
partir del 8 de mayo de 2015, toda vez que esa fecha corresponde al día siguiente
a aquel en que, según lo narrado en el escrito de la demanda, agentes de la Policía
Nacional destruyeron las retroexcavadoras de Orlando Antonio Sánchez Ochoa.

En este orden de ideas, se tiene que el término para ejercer el derecho de acción
empezó a correr el 8 de mayo de 2015 – día siguiente a la fecha en que acaeció el
hecho dañoso – y, en principio, expiraba el 8 de mayo de 2017.

No obstante, lo anterior, se advierte que el 30 de septiembre de 201637 el extremo
activo radicó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 186 Judicial

35 Fl. 1 a 31, C. 1.
36 “(…) que el día 7 de mayo de 2015, en la vereda Acandí Seco, del municipio de Acandí, Chocó,

se llevó a cabo la quema de unas retroexcavadores de propiedad de mi mandante por la Policía
Nacional de manera ilegal, pues, en el momento en el que las autoridades llegaron al lugar, no el
señor Sánchez ni sus trabajadores estaban ejerciendo actividades relacionadas con la minería. Se
indica por mi mandante que, en el operativo mencionado, los uniformados no contaban con
ninguna orden de destrucción de maquinaria”. (Se resalta).
37 Fl. 74 a 75, C.P.

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Radicado: 2700123330002017007801 (70348)
Demandante: Dana Camila Sánchez Franco y otros

I para Asuntos Administrativos de Quibdó, la cual se declaró fallida el 18 de
noviembre siguiente38.

Por lo anterior, el término para ejercer el derecho de acción se extendió hasta el
martes 27 de junio de 2017. Sin embargo, como la demanda se presentó el 10 de
julio de 201739, se evidencia que para ese entonces el término preclusivo había
vencido y, por lo tanto, la pretensión de reparación directa se encontraba caducada
porque, como se advirtió precedentemente, transcurrieron más de dos (2) años
desde la fecha que acaeció el hecho dañoso y aquella en que se ejerció
materialmente el derecho de acción. Con todo, debe señalarse que al plenario no
fue aportado ningún medio probatorio que justificara la dilación del término para
demandar bien porque le resultó imposible al demandante conocer del daño a la
fecha de su ocurrencia o porque se hubieren suspendido los término procesales
para ejercer el derecho de acción.

En virtud de lo anterior, en la parte resolutiva de esta providencia se revocará la
sentencia del 28 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Chocó, que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará de oficio
la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa, toda vez que
transcurrieron más de 2 años contados desde la fecha en que acaeció el daño
antijurídico y aquella en la que se presentó la demanda.

8. Condena en costas

Se procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme
a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del Código
General del Proceso, entre las que se encuentra la relativa a su composición, esto
es, por expensas y gastos procesales, honorarios de auxiliares de la justicia y
agencias en derecho que deben ser “[…] tasadas y liquidadas con criterios objetivos
y verificables en el expediente”.

38 Ibidem.
39 Fl. 3 a 30, C.P.

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Radicado: 2700123330002017007801 (70348)
Demandante: Dana Camila Sánchez Franco y otros

Precisamente, frente a las reglas para la imposición de la condena, la norma
procesal general establece que ésta procede en contra de la parte vencida o contra
quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y, que “[…] solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación”.

En virtud de lo anterior, se observa que en este caso no procede su imposición por
los componentes de expensas y honorarios de auxiliares de la justicia, debido a que
no se encuentra acreditado en el expediente que las partes hubieren incurrido en
gastos por esos conceptos durante el trámite de segunda instancia. Precisamente,
debe señalarse que en el presente asunto litigioso no se decretaron pruebas en el
trámite de segunda instancia, por lo cual de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de
202140, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión.

En lo relativo a las agencias en derecho, entendidas como “la porción de las costas
imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”, se evidencia que
en atención a lo previsto en el numeral 8º del artículo 365 del Código General del
Proceso y tomando en consideración que la entidad demandada no desplegó
actuación en segunda instancia, no se impondrá una orden para que proceda su pago,
pues, no existe una causación material que así las sustente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

40 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará
de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la
apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán
pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de
alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no
habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia”.

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Radicado: 2700123330002017007801 (70348)
Demandante: Dana Camila Sánchez Franco y otros

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de octubre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, que negó las pretensiones de la demanda, y en
su lugar, DECLARAR probada de oficio la caducidad del medio de control de
reparación directa, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS.

TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

VF

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