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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08131-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08131-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 12 de febrero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela, y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado por Orlando Antonio Sánchez Ochoa. SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-08131-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08131-01
Demandante: Orlando Antonio Sánchez Ochoa
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Reparación
directa. Caducidad. Satisfacción del requisito de relevancia
constitucional. Defecto sustantivo.
Decisión: Revoca improcedencia y niega el amparo.

La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 12 de febrero de 2026 por la Sección Quinta de esta corporación,
mediante la cual declaró improcedente la acción de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 17 de diciembre de 2025, Orlando Antonio Sánchez Ochoa, por
intermedio de apoderada judicial, presentó acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia. Como consecuencia de lo anterior, solicitó «revocar» la
sentencia proferida el 18 de junio de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado en el proceso de reparación directa con radicado 27001-23-
33-000-2017-00078-01, y, en su lugar, proferir una nueva decisión.

2. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el 10 de julio de
2017, el accionante junto con Melany Sánchez López, Andrés Jerónimo Sánchez
Franco y Dana Camila Sánchez Franco instauraron demanda de reparación directa
en contra de la Nación – Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y Ministerio de Defensa – Policía Nacional para que fueran
declarados patrimonialmente responsables por la destrucción de 3
retroexcavadoras de «propiedad» de Orlando Antonio Sánchez Ochoa.

3. El 28 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo del Chocó negó las
pretensiones de la demanda, porque ninguna de las pruebas decretadas y
practicadas demostraban que el supuesto operativo donde se destruyó dicha
maquinaria lo llevó a cabo la Policía Nacional.

4. Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación,
en el que afirmó que los elementos probatorios sí acreditaban la falla en el servicio,
«toda vez que fueron unos agentes de la Policía Nacional quienes, sin mediar una

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Demandante: Orlando Antonio Sánchez Ochoa

orden o autorización, expedida por las autoridades competentes, destruyeron las
retroexcavadoras».

5. El 18 de junio de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró probada
de oficio la caducidad «del medio de control de reparación directa». Para soportar
su decisión, explicó que dicho fenómeno empezó a contabilizarse a partir del 8 de
mayo de 2015, puesto que, según lo narrado en la demanda, esa fecha corresponde
al día siguiente a aquel en el que presuntamente los agentes de Policía destruyeron
la maquinaria, de manera que el plazo finalizaba el 8 de mayo de 2017. No obstante,
debido a la radicación de la solicitud de conciliación extrajudicial el término se
extendió hasta el 27 de junio de 2017; empero la demanda se presentó el 10 de julio
de esa anualidad.

6. Como fundamentos de derecho, la parte accionante afirmó que la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al expedir la Sentencia
del 18 de junio de 2025, incurrió en defecto sustantivo al aplicar erradamente el
artículo 164 del CPACA que señala que el término para instaurar la demanda de
reparación directa es de 2 años contados a partir del día siguiente del acaecimiento
del hecho dañoso, pues, en el caso concreto, no se analizó adecuadamente que los
hechos ocurrieron entre el 7 y el 20 de mayo de 2015, teniendo como último hecho
generador del daño por la pérdida total de las máquinas la última fecha mencionada,
por lo que era a partir de esta que debía contabilizarse dicho fenómeno procesal.

7. Asimismo, indicó que se aplicó indebidamente el artículo 21 de la Ley 640
de 2001 y el Decreto 1716 de 2009, ya que los términos estuvieron suspendidos
entre el 30 de septiembre de 2016, cuando presentó la solicitud de conciliación, y el
18 de noviembre de 2016, cuando se expidió la constancia de no acuerdo por la
Procuraduría 186 Judicial I Administrativa. En ese sentido, consideró que la
demanda fue radicada dentro del término legal el 10 de julio de 2017.

8. Adicionalmente, manifestó que la providencia cuestionada incurrió en
violación directa de la Constitución Política, al declarar probada la caducidad de la
acción, puesto que transgredió su derecho de acceso a la administración de justicia,
dado que arribó a dicha conclusión con base en una interpretación inexacta de la
supuesta confesión plasmada en los hechos del escrito de la demanda. Además,
señaló que se vulneraron sus garantías fundamentales al debido proceso y de
defensa por el defectuoso funcionamiento del aparato judicial.

Intervenciones1

9. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado afirmó que
la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional,
puesto que a pesar de que el tutelante aseguró que la providencia cuestionada
incurrió en defecto procedimental absoluto, con esto lo que busca realmente es que
se realice un nuevo examen de los medios de convicción para que se adopte una

1
El 15 de enero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela en contra de la Subsección C
de la Sección Tercera de esta corporación y vinculó, en calidad de terceros interesados, al Tribunal Administrativo del Chocó,
a los señores Dana Camila Sánchez Franco, Melany Sánchez López y Andrés Jerónimo Sánchez y a los Ministerios de Minas
y Energía, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Defensa Nacional – Policía Nacional.

2
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decisión favorable a sus intereses, lo que escapa por completo del alcance de la
acción de tutela.

10. En todo caso, adujo que la providencia cuestionada se ajusta a la
normatividad y a las circunstancias fácticas y jurídicas probadas en el proceso, pues
la valoración integral de las pruebas en segunda instancia permitió concluir que el
plazo para interponer el medio de control de reparación directa había caducado, ya
que transcurrieron más de dos años desde que el accionante conoció el daño
alegado y presentó la demanda. En esos términos, solicitó declarar improcedente la
acción de amparo o, en su defecto, negar las pretensiones formuladas por no
haberse configurado ninguna causal específica de procedibilidad.

11. El Tribunal Administrativo del Chocó indicó que todas las actuaciones
adelantadas en el proceso de reparación directa se ajustaron a las normas
procesales vigentes y aplicables, respetando en todo momento los principios de
celeridad, defensa y contradicción. Adicionalmente, manifestó que lo pretendido por
el accionante es emplear el mecanismo como una instancia adicional para reabrir la
discusión ya resuelta en el respectivo medio de control. En consecuencia, solicitó
negar el amparo, ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales
reclamados.

12. En un memorial allegado de forma posterior, solicitó su desvinculación del
presente trámite dado que el actor no efectuó ningún reparo contra la decisión de
primer grado, sino que las pretensiones se dirigen a cuestionar la sentencia de
segunda instancia.

13. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible afirmó que no goza de
legitimación en la causa por pasiva puesto que no tiene injerencia en el análisis de
la caducidad realizado por la autoridad judicial accionada en el proceso de
reparación directa y tampoco es el llamado a responder lo pretendido por el
demandante. Por tanto, requirió su desvinculación del presente trámite
constitucional.

14. La Policía Nacional efectuó un recuento de las decisiones proferidas por el
juez de primer y segundo grado del proceso y resaltó que en ambas instancias se
llegó a la misma conclusión respecto de que para el momento en que el actor radicó
la demanda, la acción ya había caducado; sin embargo, el accionante acude a la
acción de tutela con la finalidad de reabrir una discusión ya zanjada, razón por la
cual solicitó declarar improcedente la acción de la referencia.

15. Los Ministerios de Minas y Energía y de Defensa y los señores Dana Camila
Sánchez Franco, Melany Sánchez López y Andrés Jerónimo Sánchez no rindieron
el informe solicitado, a pesar de que fueron debidamente notificados del auto
admisorio de la acción de tutela.

Sentencia impugnada

16. El 12 de febrero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela por no encontrarse satisfecho el requisito de
relevancia constitucional, puesto que los desacuerdos formulados por el accionante

3
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carecen de carga argumentativa frente a la forma en que se vulneraron los derechos
fundamentales; en su lugar, lo que se evidencia es que dicha parte disiente del
análisis de caducidad efectuado, pretendiendo usar este mecanismo como una
instancia adicional para reabrir el debate que fue zanjado por el juez natural de la
causa.

17. Aunado a ello, resaltó que la solicitud de amparo se dirige contra una
decisión de alta corte lo que exige que el examen de procedibilidad sea más estricto,
por lo que debe verificarse si se presentó una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de garantías, lo cual no se da en el presente caso, ya que lo que busca
el actor es una interpretación favorable.

18. Sobre el particular, recordó que la administración de justicia garantiza la
autonomía e independencia de los funcionarios judiciales, por lo que, en principio,
no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de tutela; máxime cuando se
pretende mutar el amparo constitucional en una instancia adicional.

19. De otra parte, negó la solicitud de desvinculación formulada por el Tribunal
Administrativo del Chocó y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Impugnación

20. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual
esclareció que el asunto planteado no era un desacuerdo aritmético, sino una
cuestión de relevancia constitucional más profunda. Según su posición, la
interpretación judicial del inicio del término de caducidad, basada en una supuesta
confesión procesal discutible, podría extinguir definitivamente el derecho de acción
y restringir de manera desproporcionada el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.

21. En este sentido, sostuvo que se trataba de un tema constitucional, ya que
comprometía directamente el artículo 229 de la Constitución Política, así como las
garantías judiciales y el debido proceso, los cuales no fueron analizados
adecuadamente en el fallo impugnado. Además, señaló que la interpretación judicial
que fijó el inicio de la caducidad en una fecha diferente a la del hecho dañoso
probado, se basó en una confusión sobre la confesión procesal.

22. Indicó que existen precedentes en sede de tutela, en los que la Corte
Constitucional ha analizado la caducidad en la reparación directa desde la
perspectiva de la tutela contra providencias judiciales, tales como la T-334 de 2018,
T-301 de 2019, T-354 de 2023, SU-081 de 2024, T-376 de 2024, y T-004 de 2025,
en los cuales el máximo tribunal reiteró que la caducidad, aunque es una institución
legal vinculada a la seguridad jurídica, puede adquirir relevancia constitucional
cuando (i) extingue el derecho de acción sin un examen razonable del conocimiento
o consolidación del daño, o (ii) actúa como una barrera desproporcionada al acceso
a la justicia.

23. Por último, expuso que, aunque la sentencia consideró que no se satisfizo
la carga argumentativa reforzada debido a la naturaleza de la providencia de una
alta corte, la Corte Constitucional ha señalado que la tutela contra providencias

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Demandante: Orlando Antonio Sánchez Ochoa

judiciales implica un juicio de validez constitucional, no una tercera instancia. Para
respaldar lo anterior, citó las sentencias SU-556 de 2014 y la SU-573 de 2019.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

24. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, en particular la exigencia de relevancia
constitucional, si la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
aplicó de forma inadecuada el literal (i) del artículo 164 del CPACA.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

26. En la presente acción de tutela (1) se encuentra satisfecho el requisito de
legitimación en la causa por activa y por pasiva, debido a que, por un lado, Orlando
Antonio Sánchez Ochoa es el titular de las garantías constitucionales que se
invocan como vulneradas, y, por el otro, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado fue la autoridad que profirió la decisión que se cuestiona en el
escrito de amparo; (2) se encuentra acreditada la exigencia de subsidiariedad,
comoquiera que se agotaron todos los mecanismos judiciales que tenía para
procurar la defensa de sus derechos; (3) se cumple el principio de inmediatez, ya
que la solicitud de amparo se presentó el 17 de diciembre de 2025, es decir, dentro
de los 6 meses siguientes a la notificación de la Sentencia del 18 de junio de esa
anualidad2; (4) la irregularidad procesal podría tener un efecto decisivo en la
decisión; (5) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con
fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (6)
la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.

27. En relación con la relevancia constitucional, contrario a la tesis adoptada
por el juez de primer grado, logró advertirse que esta exigencia se encuentra
plenamente satisfecha, toda vez que el debate gira en torno a la presunta
transgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, por lo que la petición no recae en un asunto de mera
legalidad o estrictamente económico.

28. Adicionalmente, los desacuerdos formulados por el actor no buscan reabrir
el debate jurídico, sino que lo que pretende es controvertir los argumentos
consignados en la sentencia proferida por la Sección accionada porque, en su
criterio, se incurrió en defecto sustantivo y violación directa de la Constitución
Política, lo que evidencia una discusión conforme a los preceptos constitucionales

2
Notificada por mensaje de datos el 10 de julio de 2025.

5
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de la regla de caducidad de la acción de reparación directa. Además, tampoco se
denota que el propósito de aquel sea desconocer la autonomía e independencia del
juez natural de la causa.

29. Así las cosas, la Subsección concluye que la acción de tutela cumplió con
todos los requisitos generales de procedencia, por lo que revocará la decisión de
primera instancia y, en ese sentido, estudiará el fondo de la controversia.

Análisis de la vulneración alegada: estudio de los defectos

30. La Sala negará el amparo solicitado por la parte accionante, al no haberse
estructurado la causal específica de procedibilidad alegada, por las razones que
pasan a exponerse:

31. El desacuerdo del accionante se centra en que la sentencia emitida el 18
de junio de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
incurrió en defecto sustantivo, al aplicar de forma inadecuada el artículo 164 del
CPACA, toda vez que, en el caso en concreto, los hechos ocurrieron entre el 7 y el
20 de mayo de 2015, teniendo como último hecho generador del daño que dejó
como pérdida total las máquinas el 20 de mayo, por lo que fue a partir de esta que
debía contabilizarse dicho fenómeno procesal.

32. Pues bien, para resolver el anterior desacuerdo, resulta necesario analizar
los argumentos en que se apoyó la autoridad judicial accionada para revocar la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó y, en su lugar, declarar
probada de oficio la excepción de caducidad. Al respecto, se aprecia que la
Subsección accionada, en la Sentencia del 18 de junio de 2025, explicó que las
fotografías aportadas por la parte demandante no ofrecían certeza de la persona
que las realizó ni tampoco de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que
se obtuvieron, pues carecen de georreferenciación y de otros datos que indiquen el
momento, lugar y tiempo en que se realizaron y si corresponden al día y lugar que
se expone en la demanda.

33. Aclarado lo anterior, frente al caso concreto, expuso que la manifestación
realizada por el apoderado de la parte actora en la demanda 3 constituye una
confesión por apoderado judicial, capacidad que se entiende siempre conferida con
el poder otorgado para demandar, de conformidad con lo establecido en el artículo
193 del Código General del Proceso.

34. En ese sentido, concluyó que desde el 7 de mayo de 2015 el extremo activo
conoció el daño alegado y que, en virtud de ello, podía pretender la reclamación de
perjuicios por su causación, dado que el conocimiento del daño comporta el inicio
del término de caducidad y, en el presente caso, los demandantes no probaron
encontrarse en imposibilidad material para ejercer el medio de control de reparación
directa dentro del término establecido en la ley.

3 «[…] que el día 7 de mayo de 2015, en la vereda Acandí Seco, del municipio de Acandí, Chocó, se llevó a cabo la

quema de unas retroexcavadoras de propiedad de mi mandante por la Policía Nacional de manera ilegal, pues, en el momento
en el que las autoridades llegaron al lugar, no el señor Sánchez ni sus trabajadores estaban ejerciendo actividades
relacionadas con la minería. Se indica por mi mandante que, en el operativo mencionado, los uniformados no contaban con
ninguna orden de destrucción de maquinaria […]».

6
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35. Así, explicó que el término de caducidad empezó a correr a partir del 8 de
mayo de 2015, toda vez que esa fecha corresponde al día siguiente a aquel en que,
según lo narrado, agentes de la Policía Nacional destruyeron las retroexcavadoras
de Orlando Antonio Sánchez Ochoa, de manera que el término, en principio,
expiraba el 8 de mayo de 2017. Sin embargo, indicó que el 30 de septiembre de
2016 el extremo activo radicó solicitud de conciliación extrajudicial, la cual se
declaró fallida el 18 de noviembre de 2016 por la Procuraduría 186 Judicial I
Administrativa.

36. Por lo anterior, sostuvo que el término para ejercer el derecho de acción se
extendió hasta el martes 27 de junio de 2017. Sin embargo, como la demanda se
presentó el 10 de julio de 2017, había operado el fenómeno de la caducidad, toda
vez que transcurrieron más de 2 años desde la fecha en que acaeció el hecho
dañoso y aquella en que se ejerció materialmente el derecho de acción. Adicional a
ello, aclaró que el demandante no aportó ningún medio probatorio para justificar la
dilación del término para demandar bien porque le resultó imposible al demandante
conocer del daño a la fecha de su ocurrencia o porque se hubieren suspendido los
términos procesales para ejercer el derecho de acción.

37. Expuesto el análisis jurídico contenido en la sentencia cuestionada, lo
primero que se advierte es que el artículo 164 del CPACA dispone que el término
para presentar la demanda de reparación directa es de dos años a partir del día
siguiente en que se causó el daño o desde que el demandante tuvo o debió tener
conocimiento de este, siempre y cuando demuestre la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha en que acaeció.

38. Así, se observa que el accionante discute que el término de caducidad debía
comenzar a contarse a partir del día siguiente al 20 de mayo de 2015 porque, en su
criterio, esta fue la fecha en que ocurrió la destrucción total de la maquinaria; sin
embargo, aquel no aportó ningún elemento que respalde esta afirmación y que haya
sido desconocido por la autoridad accionada. En esa medida, al revisar la
interpretación normativa que realizó la autoridad accionada, en ejercicio de su
autonomía e independencia judicial, se concluye que esta es razonable, por cuanto,
según lo afirmado en la demanda, el 7 de mayo de 2015 fue la fecha en la que el
extremo activo conoció el daño alegado, esto es, la destrucción de las
retroexcavadoras, de manera que el plazo debía calcularse a partir del día siguiente.

39. Por tanto, se concluye que la Subsección accionada no realizó una
interpretación caprichosa o arbitraria del término previsto en el literal (i) del artículo
164 del CPACA, pues el conteo de la caducidad se inició desde el día siguiente al
hecho en que el demandante tuvo conocimiento del daño, lo que se encuentra
plenamente ajustado a la ley.

40. Adicionalmente, la corporación accionada también abordó la suspensión de
los términos de caducidad derivada de la solicitud de conciliación prejudicial
presentada por el accionante, señalando que esta solicitud suspendió efectivamente
los plazos entre el 30 de septiembre de 2016 y el 18 de noviembre de 2016, de
manera que el término para interponer la demanda se extendió hasta el 27 de junio
de 2017; no obstante, esta se radicó hasta el 10 de julio de 2017, por lo que había
operado el fenómeno procesal mencionado.

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Demandante: Orlando Antonio Sánchez Ochoa

41. Así las cosas, se colige que la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado no aplicó de forma indebida la regla de caducidad, pues esa
actuación responde a un análisis razonable de la disposición mencionada dadas las
circunstancias del caso, sin que pueda considerarse una decisión desproporcionada
y violatoria de las garantías fundamentales del debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

42. En consecuencia, se revocará la sentencia proferida por la Sección Quinta
de esta corporación, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela, al
haberse superado el requisito de relevancia constitucional, y, en su lugar, se negará
el amparo solicitado por Orlando Antonio Sánchez Ochoa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 12 de febrero de 2026 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela, y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado por Orlando Antonio
Sánchez Ochoa.

SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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