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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08136-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08136-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 2 de marzo de 2026 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En consecuencia, DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor José Vicente Segura Alfonso. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: José Vicente Segura Alfonso Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-08136-01

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-08136-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veinticinco [25] de junio de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08136-01
Demandante: JOSÉ VICENTE SEGURA ALFONSO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Revoca decisión que negó
el amparo solicitado. Declara improcedencia por falta de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra
la sentencia del 2 de marzo de 2026, en virtud de la cual el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, negó el amparo deprecado.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El ciudadano José Vicente Segura Alfonso, por conducto de apoderado, instauró
acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en la
que solicitó la protección de sus derechos fundamentales a «la seguridad jurídica,
al trabajo en condiciones dignas y justas, la irrenunciabilidad en materia de
seguridad social y al mantenimiento del poder adquisitivo del salario y su impacto
en las prestaciones sociales».

En sentir del actor, la trasgresión de la citadas garantías encontró sustento en las
decisiones de primera y segunda instancia, proferidas el 28 de marzo de 2023 y 14
de mayo de 2025, respectivamente, las cuales negaron las pretensiones al interior
del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra
de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional, contencioso identificado con el radicado 25000-23-
42-000-2021-00557-00/01.
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Demandante: José Vicente Segura Alfonso
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
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1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, solicitó la protección de sus derechos fundamentales y, en
consecuencia pidió:

PRIMERA: INFIRMAR, REVOCAR, Y/O DECLARAR la nulidad de la sentencia del veintiocho
(28) de marzo de dos mil veintitrés (2023) y catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco
(2025), proferidas respectivamente por la Subsección “F” Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda Subsección “A” del Consejo de
Estado, radicado 25000-23-42-000-2021-00557-00 y 25000-23-42-000-2021-00557-02
(5063–2024), dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, en
consecuencia, disponer

SEGUNDA: Dejar sin efecto la decisión proferida en la sentencia referida en la pretensión
PRIMERA y en su lugar, Acceder a las pretensiones de acuerdo con el libelo del medio de
control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho impetrado, y en consecuencia, ordenar
que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la providencia de la presente
acción de tutela, la Sección Segunda Subsección “A” del Consejo de Estado, profiera la
sentencia correspondiente en derecho.

TERCERA: Las anteriores pretensiones, se fundamentan en el defecto material o sustantivo
de la providencia, la cual es contraria al fin de garantizar el debido proceso y al trabajo en
condiciones dignas y justas; la providencia además en si misma se encuentra fundada en un
defecto de falsa o errónea motivación y en un defecto por violación directa de la Constitución,
además la providencia proferida por la Subsección “A” Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda Subsección “A” del Consejo de
Estado, en una omisión, resultado de una actuación en contra de sentencia debidamente
ejecutoriada, desconociendo los efectos vinculantes y resolutivos de la sentencia C-931 del
veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Corte
Constitucional.

[…]

1.3. Hechos

De la narración realizada en el escrito inicial y lo evidenciado en el expediente, se
resaltan las siguientes premisas fácticas:

El señor José Vicente Segura Alfonso prestó sus servicios a la Policía Nacional
desde el 1. ° de noviembre de 1983 hasta el 23 de junio de 2018 cuando se retiró
del servicio por solicitud propia, siendo su último grado el de mayor general.

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, mediante Resolución 2995
del 22 de mayo de 2018, reconoció a favor de la citada persona la asignación de
retiro. No obstante, posteriormente, se pidió la reliquidación de la prestación
económica, con base en la inflación presentada en el periodo de 1992 a 2004, y,
en igual sentido, con efectos retroactivos a partir de 2004 y hasta la fecha de su
retiro de la institución.

La anterior solicitud fue negada mediante los oficios 2019-069123 / ANOPA –
GRULI – 1.10 del 18 de noviembre de 2019, expedido por la Policía Nacional y
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533796 de 29 de enero de 2020, dictado por la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional, los cuales fueron demandados ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, autoridad judicial que clausuró la
primera instancia mediante sentencia del 28 de marzo de 2023.

Para el juez a quo del proceso ordinario, la autoridad demandada no incurrió en
vicio alguno de ilegalidad de los actos administrativos enjuiciados, pues, de una
parte, no se cumplían las condiciones legales para acceder al reajuste pretendido,
y, por otra, tampoco se desconoció el ordenamiento jurídico frente al poder
adquisitivo del salario, dado que tanto el Gobierno Nacional como el Congreso de
la República, sobre la materia, dieron cumplimiento a los lineamientos fijados por la
Corte Constitucional en las sentencias C-1017 de 2003 y C-931 de 2004.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, con ocasión del recurso de
apelación interpuesto por la parte actora, dictó providencia de segunda instancia el
14 de mayo de 2025. Al respecto, frente a los reparos planteados por el
demandante, reiteró que el reajuste conforme al IPC en estas prestaciones solo se
aplicaba a aquellas reconocidas y devengadas en el período comprendido entre
1997 y 2004. Por lo tanto, no tenía derecho a ese reajuste, ya que su prestación fue
reconocida mediante la Resolución 2995 del 22 de mayo de 2018, es decir, fuera
de tal periodo.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

El actor, luego de recapitular los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, explicó cómo, desde su punto de vista, se
encuentran satisfechos en el asunto bajo examen y en seguida acusó las sentencias
de haber incurrido en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente.

Con relación al defecto sustantivo, indicó que las autoridades demandadas lo
privaron de conocer cuáles fueron las razones objetivas que tuvo en cuenta el
Gobierno Nacional para fijar el sueldo de los miembros de las Fuerzas Militares por
debajo del porcentaje de inflación. En ese orden, consideró que no se efectuó una
debida interpretación de los artículos 334 y 373 de la Constitución Política, los
cuales garantizan el derecho de los trabajadores de mantener el poder adquisitivo
del salario.

Explicó que desde el año 1997 a la fecha, los incrementos salariales dispuestos por
el Gobierno Nacional fueron inferiores al índice de precios al consumidor,
circunstancia que no solo le afectó en su momento, sino que influye en la liquidación
de la asignación de retiro, razón por la cual, con petición elevada ante la Policía
Nacional y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, solicitó la
reliquidación y pago de las diferencias prestacionales y salariales por ajustes de
actualización plena conforme a la inflación causada desde 1992 en adelante, la cual
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fue negada por medio de los actos demandados.

Expuso que los decretos expedidos por el Gobierno nacional mediante los cuales
se fijaron los salarios básicos del personal de la Fuerza Pública, desconocen los
artículos 2 literal a) y 4 de la Ley 4 de 1992, no solo al no respetar los derechos
adquiridos, sino al imponer a los salarios y prestaciones sociales, una desmejora,
que provoca una pérdida en la capacidad adquisitiva, causando detrimento
patrimonial.

De otra parte, acotó que los juzgadores de instancia no tuvieron en cuenta los
derroteros que fijó la Corte Constitucional con ocasión de la sentencia C-931 de
2004, la cual, en su criterio, no fue aplicada pues la misma sí ordenó la actualización
plena del poder adquisitivo frente a la inflación acumulada de 1992 a 2004.

Afirmó que la Corte Constitucional se pronunció sobre la limitación respecto del
derecho a obtener el reajuste de asignaciones, reconociendo «la actualización plena
del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de todos los servidores
públicos».

1.5. Trámite de la acción de tutela

El magistrado ponente de la decisión de primera instancia, por auto del 13 de enero
de 20261, inadmitió la acción de tutela y requirió al profesional del derecho Juan
Carlos Arciniegas Rojas para que, en el término 3 días, so pena de rechazo, allegara
poder especial que lo facultara para actuar en representación de José Vicente
Segura Alfonso.

Luego, con auto de 2 de febrero de 20262, admitió la solicitud de tutela de la
referencia y ordenó la notificación de las autoridades judiciales accionadas; vinculó
como terceros con interés a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional; solicitó la remisión
del expediente del proceso ordinario; y reconoció personería jurídica al apoderado
judicial del accionante.

1.6. Intervenciones

La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento a lo ordenado en el auto
admisorio de la acción de tutela, libró los oficios dirigidos a los sujetos procesales
en virtud de los cuales se recibieron los siguientes escritos:

1
Ver índice 5, cuaderno de primera instancia.
2
Ver índice 11, cuaderno de primera instancia.
4
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1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Por conducto del magistrado ponente de la decisión enjuiciada, explicó que sobre
este asunto ha habido varios casos similares, en los que los jueces de tutela han
negado o declarado la improcedencia de la acción.

Acto seguido, refirió que, contrario a lo planteado por la parte accionante, en el
asunto sometido a su conocimiento sí se llevó a cabo el estudio de la sentencia C-
931 de 2004.

Finalmente, precisó que el amparo constitucional incurre en improcedencia por falta
de relevancia constitucional, pues busca que sea una tercera instancia frente a las
providencias dictadas por los jueces ordinarios, aunado a que sus argumentos solo
reflejan inconformidades con aquellos que en su oportunidad fueron expuestos.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F

La magistrada ponente de la decisión de primera instancia recapituló el trámite del
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho y allegó el link del
expediente solicitado.

1.6.3. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

En su intervención anticipó que no existió un hecho constitutivo de vulneración de
los derechos fundamentales invocados por el accionante, como quedó demostrado
en el proceso ordinario que negó las súplicas de nulidad y restablecimiento del
derecho. Conforme a lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la
acción constitucional.

Por otro lado, puso de presente que la acción de tutela cuestiona únicamente las
decisiones de instancia, sin que se formule reparo alguno contra dicha entidad y, en
ese sentido, solicitó su desvinculación del trámite.

1.6.4. Policía Nacional

Explicó que en el presente asunto no se advierte la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el señor Segura Alfonso, pues su controversia fue
conocida por dos autoridades judiciales que concluyeron que no había ilegalidad
alguna de las decisiones de la administración.

Asimismo, puso de presente que en el asunto no se acredita la existencia de un
perjuicio irremediable que justifique la acción de tutela, pues el actor actualmente

5
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devenga su asignación de retiro que es cubierta por la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional.

En suma, solicitó de manera principal que se nieguen las pretensiones de amparo,
dado que la acción constitucional no puede ser usada como un medio de
impugnación extraordinario frente a las providencias dictadas en el curso del
proceso ordinario.

1.7. Sentencia de primera instancia3

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 2 de
marzo de 2026, negó el amparo solicitado. Después de encontrar superados todos
los requisitos generales de procedibilidad, concluyó que la parte accionada no
incurrió en alguno de los defectos invocados.

Para llegar a esa conclusión, indicó que, con base en la situación fáctica expuesta
por el actor, no se probó que se hubiera afectado el derecho a mantener el poder
adquisitivo de su salario entre los años 1997 y 2004. De igual forma, estimó que en
la sentencia acusada dictada en segunda instancia dentro del proceso ordinario se
explicó claramente que el sueldo de los miembros de la Fuerza Pública se rige bajo
la escala gradual porcentual que define el Gobierno Nacional cada año, sin que
existiese el deber de aumentar el salario de acuerdo con el IPC, pues no es el único
parámetro para calcular el incremento anual para el aumento salarial de los
servidores públicos.

Asimismo, sostuvo que el Consejo de Estado4 se ha decantado por la
improcedencia del reajuste salarial a favor de las personas que se encontraban al
servicio activo de las Fuerzas Militares entre los años 1997 y 2004. En ese orden,
concluyó que la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca «efectuó una interpretación coherente y razonable de las normas
y los criterios jurisprudenciales aplicables al caso concreto».

1.8. Impugnación5

La parte actora presentó impugnación a la decisión de primera instancia solicitando
su revocatoria para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la acción de tutela.

Insistió en que la sentencia C-931 de 2004 hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional con efectos erga omnes y ordenó la actualización plena del poder

3
Notificada el 223 de abril de 2026.
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de enero de 2021, M.P.
Gerardo Arenas Monsalve, rad. 25000-23-42-000 2013-04741-01; y Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia de 27 de septiembre de 2018, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez,
Rad. 25000 23-42-000-2012-00845-01.
5
La parte actora radicó escrito de impugnación el 27 de abril de 2026.
6
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adquisitivo frente a la inflación acumulada de 1992 a 2004. Limitar los efectos de
dicha sentencia a una simple regla temporal excluyente (1997 a 2004) vacía de
contenido el mandato constitucional del artículo 53, pues la base salarial de los altos
mandos, indexada porcentualmente al cargo de ministro del Despacho, arrastra el
déficit histórico. Al avalar las decisiones de los jueces ordinarios, el fallo de tutela
impugnado permite que se perpetúe el daño causado sobre la base salarial de mi
representado.

Alegó que «el fallo impugnado cohonesta una trampa jurídica al ignorar que la
prestación de retiro de mi prohijado (reconocida mediante Resolución 2995 de 2018)
fue liquidada sobre una base salarial precarizada que nunca fue saneada. El
principio de oscilación de la Fuerza Pública obliga a que, si el salario de los activos
estuvo viciado por la pérdida del poder adquisitivo, el saneamiento ordenado por la
Corte debe verse reflejado en la asignación de retiro. Omitir la excepción de
inconstitucionalidad sobre dichos decretos y avalar que vacíen de contenido
material los artículos constitucionales, es un defecto sustantivo protuberante».

1.9. Manifestaciones de impedimento

Encontrándose el asunto en trámite para proferir sentencia de segunda instancia,
los consejeros Omar Joaquín Barreto Suárez y Gloria María Gómez Montoya,
manifestaron su impedimento para conocer del caso, con fundamento en la causal
prevista en el numeral 56 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. No
obstante, mediante auto del 25 de junio de 2026, el magistrado ponente declaró
infundadas las aludidas manifestaciones.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación al fallo de tutela proferido
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de
2019 del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

Si bien el accionante cuestionó las sentencias tanto de primera como de segunda
instancia, la Sala se limitará a estudiar la presunta transgresión de sus derechos
fundamentales respecto del fallo dictado en segundo grado por haber sido la

6
«5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima
o perjudicado y el funcionario judicial».
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decisión que zanjó la controversia del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 25000-23-42-000-2021-00557-00/01.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sección determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 2 de marzo de 2026, proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado al interior del presente mecanismo
constitucional.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad,
y (iii) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20127
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema8.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

7
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.
8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
9
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
10
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia Constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 202211, en
cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:

[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].

Por su parte, esta sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 2014, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de
un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia12.

Sobre el particular, se considera que, diferente a lo expuesto por el a quo, este
asunto no es relevante constitucionalmente, como se pasará a explicar.

11
Acogido por esta Sección en sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-
15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
12
Énfasis de la sala.
9
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Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo
constitucional, el fallo de primera instancia, la impugnación presentada por la parte
actora y las pruebas incorporadas al trámite, la Sala revocará la sentencia de
primera instancia que negó el amparo solicitado, para, en su lugar, declarar la
improcedencia de la acción de tutela. En tal sentido, se demostrará que en el asunto
no se supera el requisito general de la relevancia constitucional.

Como punto de partida, se comparte la conclusión que en su momento expuso el a
quo al concluir que el argumento expuesto por el actor, esto es, lo atinente a la
aplicación de la sentencia C-931 de 2004 dictada por la Corte Constitucional, fue un
asunto estudiado tanto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, como por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.

Lo anterior, pone en evidencia, sin mayores disquisiciones, que la pretensión del
accionante, es que, a través de la acción de tutela, el juez constitucional se erija en
una tercera instancia que estudie desde el punto de vista legal las pretensiones que
en su momento se ventilaron en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho.

Ahora bien, tanto en el escrito introductorio como en el de impugnación, se plantea
un yerro frente a la aplicación de la citada sentencia C-931 de 2004 al caso del
señor Vicente Segura. No obstante, esta Sección estima que dicho reparo se
contrae es a la mera inconformidad de la parte con las conclusiones expuestas por
la accionada en su providencia, lo cual no implica que trasgreda garantías
constitucionales.

Igual suerte se predica del defecto sustantivo en la medida que la autoridad judicial
especificó que, conforme a lo dispuesto en la Ley 4 de 1992, y el Decreto 107 de
1996 el Gobierno Nacional fijó la escala salarial de graduación porcentual para el
personal de las Fuerzas Militares, «de manera que estableció que los sueldos
básicos mensuales para ese personal corresponderían al porcentaje allí indicado
para cada grado, con respecto a la asignación básica del grado de General». Lo
anterior, aunado a que los decretos que reajustaron el salario ya no están vigentes
y gozan de la presunción de legalidad.

Así las cosas, se destaca que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de
2022, precisó que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales debe examinarse con especial rigor, correspondiendo al accionante
demostrar la existencia de una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental derivada de una actuación judicial abiertamente arbitraria.

Asimismo, se debe tener en cuenta que en este caso en particular, el amparo tiene
como objeto cuestionar una decisión que fue proferida por el órgano de cierre de la
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: José Vicente Segura Alfonso
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08136-01

jurisdicción contencioso-administrativa en su especialidad laboral, lo cual impone
una mayor carga desde el punto de vista argumentativo, en la que evidencie de
manera clara e irrefutable el yerro endilgado. No obstante, dicha labor se echa de
menos en el presente asunto, pues, se reitera, la parte se limitó a reiterar los reparos
que fundamentaron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Con base en todo lo expuesto, la colegiatura evidencia que los reproches
planteados por la parte actora reflejan una mera inconformidad con los criterios
adoptados por la autoridad judicial demandada, debido a que concluyó que el
Gobierno Nacional tiene la facultad de incrementar el salario de los servidores
públicos con base en parámetros diferentes al IPC, sin que ello implicase un
desconocimiento al principio de progresividad y no regresividad. En ese orden, se
observa que el actor pretende convertir la acción de tutela en una especie de
instancia adicional, para que se interprete la presunta vulneración al principio
constitucional referido, pero desde la óptica que él propone.

Finalmente, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una decisión
judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos fundamentales, no
conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el presupuesto bajo
estudio. En estos casos, se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al alcance,
contenido o goce de una garantía ius fundamental.

3. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 2 de marzo de 2026 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En consecuencia,
DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor José
Vicente Segura Alfonso.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

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Demandante: José Vicente Segura Alfonso
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con Permiso

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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