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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08141-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08141-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el Ministerio de Educación, conforme a la parte motiva. 2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-08141-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

26 de febrero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08141-00
Demandante: Domingo Ramón Montes Avilez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 26 de febrero de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08141-00
Demandante: DOMINGO RAMÓN MONTES AVILEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Temas: Contra providencias dictadas en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reconocimiento de pensión docente.
Improcedencia de la acción de tutela. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Domingo Ramón Montes
Avilez, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 18 de diciembre de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y, a través de apoderado,
el señor Domingo Ramón Montes Avilez pidió la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 29
de mayo de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 23001-23-33-000-2017-
00046-01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Sírvase tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso material a la justicia.
2. Ordene la anulación de la sentencia de segunda instancia referenciada en este escrito.
3. Ordene a la Sección Segunda - Subsección A-, que profiera una decisión de fondo, en la que se
salvaguarden los derechos conculcados a mi representado.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. De la actuación administrativa

El señor Domingo Ramón Montes Avilez estuvo vinculado como docente en el municipio
de Ciénaga de Oro desde el año 1987 hasta el 2010, de manera interrumpida y con
vinculaciones mediante contratos de prestación de servicios y posteriormente en
provisionalidad. Asimismo, reportó 193 semanas cotizadas a Colpensiones por
vinculación con el departamento de Córdoba.

1 Índice 01 Samai

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08141-00
Demandante: Domingo Ramón Montes Avilez

El 17 de mayo de 2016, el accionante solicitó a Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, el reconocimiento de la pensión de jubilación en atención a lo previsto en la
Ley 33 de 1985, solicitud que a 17 de enero de 2017 no había sido contestada.

3.2. Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

El 7 de febrero de 2017, el accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Nación -Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con
el fin de obtener la nulidad del acto ficto derivado del silencio de la administración
respecto de la petición elevada el 17 de mayo de 2016 y, a título de restablecimiento,
solicitó que se ordenara el reconocimiento pensional.

El proceso se adelantó bajo radicado No. 23001-23-33-000-2017-00046-01 y fue
asignado al Tribunal Administrativo de Córdoba, que, por sentencia del 12 de diciembre
de 2022, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que el actor no acreditó
el requisito consagrado en la Ley 33 de 1985, esto es, haber laborado durante 20 años
en el servicio público. Luego de señalar que acogía la tesis según la cual los tiempos
acreditados por los docentes oficiales mediante órdenes de prestación de servicios son
válidos para efectos pensionales, concluyó que, en el caso del demandante, solo se
acreditó la prestación del servicio en las diferentes modalidades de vinculación durante
un tiempo total de 19 años y 2 meses.

Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación al considerar
que el cómputo del tiempo de servicio realizado por la primera instancia constituye una
indebida valoración probatoria, como quiera que no tuvo en cuenta el tiempo acreditado
de 1997 a 2002, cuyo sustento son certificaciones expedidas por el municipio en las que
se señaló que en el año 1998 el demandante continuó vinculado, “amparado por la Ley
60 y 115”, y que fue una situación que se legalizó a través del Decreto 036 de enero 31
de 2002.

Alegó que la razón de la falta de pruebas del tiempo entre 1997 y 2001 obedece a que el
tribunal hizo una solicitud de pruebas oficiosa, pero únicamente requirió para que se
allegaran los contratos de prestación de servicios, mas no pidió que se enviaran los
soportes de todas las vinculaciones que tuvo el demandante, aspecto que en todo caso
estaba probado a través de las certificaciones expedidas por el mismo municipio.

Mediante sentencia del 29 de mayo de 20252, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, confirmó la decisión del juez de primera instancia, básicamente por las
mismas razones.

Adicionalmente, indicó que no era posible dar valor probatorio absoluto a las
certificaciones suscritas por el municipio para los períodos cuya inclusión solicitó el
demandante, como quiera que del contenido de dichas documentales se generaban
muchos interrogantes que no daban certeza de la vinculación, entre otras razones
porque: (i) el demandante aseguró que conforme a los certificados del 11 de agosto de
2015 y del 11 de noviembre de 2020, siguió laborando sin solución de continuidad entre
1998 y 2001, pero no aportó el Decreto 036 del 31 de enero de 2002, con el fin de verificar
si allí se daba cuenta de la situación, (ii) en las certificaciones no se precisaron detalles
respecto de la vinculación desde 1998, tales como los extremos temporales y modalidad
de la vinculación hasta 2001 y (iii) no se explicó si existía o no acto de nombramiento o
contrato de prestación de servicios para la época aludida. En la demanda tampoco se
explicó si era que el documento no existía y si ese fue el caso, por qué no se solicitó la
respectiva reconstrucción del expediente administrativo.

Concluyó que las pruebas documentales con base en las cuales el demandante pretendía
acreditar la prestación del servicio para el período comprendido entre 1997 y 2002,

2 Notificada por correo electrónico el 17 de junio de 2025

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Demandante: Domingo Ramón Montes Avilez

carecían de idoneidad, pues no eran medios inequívocos para poder establecer con
precisión la labor educativa presuntamente desarrollada por el actor y sus extremos
temporales, requisito de gran importancia de cara a la pretensión de la demanda, la cual
recae en un reconocimiento prestacional.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, identificaron como defectos los siguientes:

Defecto fáctico, pues, a su juicio, la autoridad judicial realizó una valoración arbitraria o
contraevidente del material probatorio, por cuanto, al margen de la libertad valorativa que
es propia de la autoridad judicial en el marco de su autonomía, en el presente caso se
impuso una “doble tarifa legal en cuanto al número y tipo de pruebas requeridas”, para
probar el tiempo servido por el actor en el municipio de Ciénaga de Oro para los años
1998 a 2002.

Alegó que las certificaciones que se allegaron al proceso ordinario tienen pleno valor
probatorio por sí mismas, sin que sea necesario anexar decretos de nombramiento, actas
de posesión u otros documentos que sirvan de “prueba de la prueba”. Agregó que el
Consejo de Estado desconoció el valor que debe otorgarse a las certificaciones
expedidas por autoridades y alegó que, si el ad quem tenía dudas sobre el contenido de
las pruebas, podía ejercer sus facultades oficiosas a efectos de resolver cualquier
cuestionamiento, mas no trasladar la carga de la prueba al demandante, quien cumplió
su deber al aportar las documentales que daban cuenta de su vinculación.

5. Trámite procesal

Por auto del 13 de enero de 2026, el Despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A. Asimismo, dispuso vincular como terceros con
interés al ministro de educación nacional y al representante legal de la Fiduprevisora SA
(administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), quienes
fungieron como parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 23001-23-33-000-2017-00046-00, también a los magistrados de la Sala Cuarta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, quienes dictaron la sentencia de
primera instancia en el aludido asunto.

En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 15 de enero de
2026.

6. Intervenciones

El Ministerio de Educación, a través de su oficina asesora jurídica, solicitó que se
declare la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional, esto por cuanto no se demuestra que las vulneraciones a las garantías
procesales y fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o
supervivencia del accionante, ni el acceso a la administración de justicia. Finalmente,
pidió su desvinculación del trámite por estar configurada la falta de legitimación en la
causa por pasiva de ese ministerio.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y el Tribunal Administrativo
de Córdoba remitieron el expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho de cada instancia, pero nada dijeron sobre el fondo del asunto.

La Fiduprevisora guardó silencio pese a haber sido debidamente notificada de la
presente actuación.

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Demandante: Domingo Ramón Montes Avilez

II. CONSIDERACIONES

1. Legitimación en la causa por pasiva.

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando esta resulte demostrada.

En el presente asunto, la parte actora alega que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, incurrió en defecto fáctico por valoración contraevidente de las pruebas,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 23001-23-33-000-2017-
00046-01.

Por su parte, el ministerio de educación solicitó su desvinculación del presente proceso
al considerar que no contaban con legitimación en la causa por pasiva.

Al respecto, la Sala debe advertir que no es procedente las solicitudes de desvinculación,
pues el Ministerio solo fue llamando al trámite en calidad de tercero interviniente por haber
fungido como parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por lo tanto, se declarará no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva
alegada.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por el señor
Domingo Ramón Montes Avilez para dejar sin efectos la sentencia del 29 de mayo de
2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 23001-23-33-000-2017-00046-01,
que confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

La Sala anticipa que declarará improcedente la presente acción de tutela, en razón a que
no cumple con la exigencia de relevancia constitucional, pues los argumentos que el
demandante formuló en la solicitud de amparo fueron los mismos que se desestimaron en
la providencia cuestionada, de ahí que se evidencie que emplea este mecanismo judicial
como una tercera instancia.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.

3. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4
Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

4

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08141-00
Demandante: Domingo Ramón Montes Avilez

4. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-005, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en dicho proceso, pues ya fueron resueltos por los jueces
competentes.

5. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Básicamente, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, el demandante
insiste en que se omitió dar pleno valor probatorio a las certificaciones por medio de las
cuales se acreditó la vinculación como docente oficial en el municipio de Ciénaga de Oro
para el período comprendido entre 1997 a 2002.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por el señor Domingo Ramón Montes
Avilez, contra la sentencia del 12 de diciembre de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, se lee lo siguiente:

La afirmación hecha en la página 8 de la sentencia, inicia siendo cierta, en lo que indica que mi
mandante " ... suscribió contratos de prestación de servicios con el Municipio de Ciénaga de Oro,
entre los años 1987 a 1997, para prestar sus servicios como maestro o docente", pero continua con
una falsedad al sostener: "obteniendo un total de tiempo de servicios de 8 años y 4 meses".

Como se lee claramente en las certificaciones que reposan en el expediente -en la del 11/08/2015
suscrita por el alcalde de la época, y la del 11/11/2020 suscrita por un profesional universitario del
Área de Recursos Humanos-, si bien, mi mandante suscribió contratos de prestación de servicios
solo hasta el año 1997, "TEin el año 1998 continuo vinculado, amparado por la Ley 60 y 115,
situación legalizada a través del Decreto N° 036 de enero 31 de 2002' (Se resalta y subraya por
fuera del texto original).

Estos extremos laborales contenidos en las certificaciones aludidas, dan cuenta de que mi mandante
laboró todo el año 1998, al igual que el año 1999, 2000 y 2001, como docente en el municipio de
Ciénaga de Oro, como lo refrenda la Resolución N° 000546 de 21 de febrero de 2017, suscrita por
el secretario de Educación Departamental de Córdoba, actuando en nombre y representación de la
Nación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio dela cual se niega el
reconocimiento de la pensión a mi mandante, pero se acepta que este laboró por contratos de
prestación de servicios, en el municipio de Ciénaga de Oro, entre los años 1987 a 1997 de forma
interrumpida, además de haberlo hecho, en esa misma entidad territorial entre 1998 y 20021,
ininterrumpidamente.

5 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

5

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08141-00
Demandante: Domingo Ramón Montes Avilez

La prueba que dice tener el a quo, para controvertir las certificaciones antes señaladas, es una
"certificación suscrita por el Alcalde de Ciénaga de Oro, en la que se señala que el actor laboró
como maestro municipal mediante ordenes de prestación de servicios, por los periodos que a
continuación se relacionan, habiéndose recaudado mediante auto para mejor proveer los contratos
mencionados (fl 24 y archivo "09RespuestaDeCienagaDeOro.pdf'):", en la que solo se relacionan
vínculos por contrato de prestación de servicios hasta el año 1997.
(…)
4. Es claro que, en dicha certificación, a la que alude el a quo, que no fue suscrita por el alcalde,
sino por el Jefe de archivo municipal, no se podía certificar el tiempo laborado por mi mandante
durante los años 1998 a 2001, en razón a que, como se demostró antes, el a quo no solicitó
certificación de tiempos laborados, sino los contratos de prestación de servicios que reposaran en
los archivos de la entidad, dentro de los cuales no podía aparecer copia de contrato u orden de
prestación de servicios correspondiente a los años 1998 a 2001, puesto que, como lo establecen
las certificaciones del 11/08/2015 y 11/11/2020, a partir del año 1998 mi mandante no estuvo
vinculado con el municipio de Ciénaga de Oro por Contratos de prestación de servicios. Sino por
otro tipo de vínculo, como es certificado en dos (2) documentos diferentes, suscritos en épocas y
funcionarios diferentes de diferentes administraciones.

5. No dice el a quo, que, con ocasión de ese auto para mejor proveer, aparte del certificado de los
contratos de prestación de servicios que fueron encontrados en el archivo del municipio de Ciénaga
de Oro, le fue adjuntada la certificación del 11/11/2020, en la cual, aparte de la certificación de los
tiempos laborados bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios entre los años 1987 y
1997, el Profesional universitario GRADO 04 del Área de Recursos Humanos del municipio de
Ciénaga de Oro certificó que, mi mandante, "[En el año 1998 continuó vinculado, amparado por la
Ley 60 y 115, situación legalizada a través del Decreto N° 036 de enero 31 de 2002".
(…)
Demostrado como lo está en el expediente, que, si hay material probatorio, consistente en dos
certificaciones respecto del vínculo laboral entre 1998 y 2001 con el municipio de Ciénaga de Oro,
resulta contraevidente concluir que ello no está probado, pues sin duda hay una valoración arbitraria
de las certificaciones de tiempo de servicio que reposan en el expediente.

Las certificaciones que reposan en el expediente, por sí mismas, tienen pleno valor probatorio, como
lo ha establecido el Consejo de Estado en otra sentencia de la sentencia de unificación: (…).

Por su parte, en la acción de tutela, la parte actora argumenta lo siguiente:
Iniciamos indicando que, con la demanda, se aportó certificación expedida el 11 de agosto de 2015.
por el alcalde de la época del municipio de Ciénaga de Oro, certificando que el accionante laboró
como docente en esa entidad entre los años 1987 a 1997 por prestación de servicios, indicando,
además, que:

• "En el año 1998 continuó vinculado, amparado por la Ley 60 y 115, situación legalizada a través
del Decreto N° 036 de enero 31 de 2002"
• "A partir del 1° de febrero de 2002, paso a la nómina del Departamento, por no estar certificado el
Municipio de Ciénaga de Oro".

Posteriormente, durante el desarrollo de la audiencia inicial se aportó la Resolución N° 000546 de
21 de febrero de 2017, suscrita por el secretario de Educación de Córdoba, actuando en nombre y
representación de la Nación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio
de la cual se niega el reconocimiento de la pensión a mi mandante, pero se acepta que este laboró
por contratos de prestación de servicios en el municipio de Ciénaga de Oro entre los años 1987 a
1997 de forma interrumpida, y entre los años 1998 y 2001, ininterrumpidamente.

Luego, el Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba en el marco de la primera instancia ofició
el 28 de octubre de 2022 al municipio de Ciénaga de Oro para que remitiera: "a) Contratos de
prestación de servicios suscritos con el señor Domingo Ramón montes Avilez, identificado con C.C.
2.757.089 ... " .; siendo respondido el requerimiento por el municipio de Ciénaga de Oro el 16 de
noviembre de 2022, remitiendo al Tribunal:

Certificado expedido el 11 de noviembre de 2020 por parte del profesional de recursos humanos,
certificando que:

• "En el año 1998 continuó vinculado, amparado por la Ley 60 y 115, situación legalizada a través
del Decreto N° 036 de enero 31 de 2002"
• "A partir del 1° de febrero de 2003, paso a la nómina del Departamento, por no estar certificado
el Municipio de Ciénaga de Oro".

Constancia de los contratos de prestación de servicios suscritos con el demandante que reposan en
los archivos de la entidad, correspondiente a los años 1987 a 1997, indicando también que:

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Demandante: Domingo Ramón Montes Avilez

• "Por decreto No036de 31 de enero de 2002fue nombrado como maestro en provisionalidad

Al hacer el análisis de este material probatorio en la sentencia accionada se incurre en defecto fáctico
por valoración arbitraria o acción valorativa contraevidente del material probatorio referenciado en la
precedencia, como lo pasamos a demostrar, sin cuestionar la libertad valorativa de la autoridad
judicial que le es propia en el marco de su autonomía judicial. Lo que se hace es demostrar que no
es propio de esa libertad valorativa establecer, como se hace en la decisión tutelada, una doble tarifa
legal en cuanto al número y tipo de pruebas requeridas para probar el tiempo servido por mi
mandante como docente en el municipio de Ciénaga de Oro entre los años 1998 y 2002, para lo cual
nos remitimos a apartes de la sentencia en las que se lee: (…)

Se equivoca la sentencia al cuestionar que con solo dos (2) pruebas se demostraran los tiempos de
servicios entre 1998 y 2002, puesto que, no existe tarifa legal en cuanto al número de pruebas
requeridas para demostrar los tiempos de servicio, pero, además, no son solo dos (2). Es la
certificación del 11 de agosto de 2015, cuyo contenido es conformado, como lo dice la misma
sentencia, por el certificado del 11 de noviembre de 2020 aportado por Ciénaga de Oro ante el
requerimiento probatorio que hace el Tribunal de origen; pero, también, la Resolución N° 000546 de
21 de febrero de 2017, suscrita por el secretario de Educación de Córdoba, actuando en nombre y
representación de la Nación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio
de la cual se niega el reconocimiento de la pensión a mi mandante, pero se acepta que este laboró
por contratos de prestación de servicios en el municipio de Ciénaga de Oro entre los años 1987 a
1997 de forma interrumpida, y entre los años 1998 y 2001, ininterrumpidamente.

Tampoco existe tarifa legal en cuanto al tipo de prueba que se requiere para demostrar los tiempos
de servicios, siendo las pruebas documentales como los certificados expedidos por los empleadores
pruebas idóneas para demostrar la prestación del servicio, (…)

Es claro entonces, que las certificaciones que reposan en el expediente tienen pleno valor probatorio
por sí mismas sin que sea necesario anexar decretos de nombramiento, actas de posesión u otros
documentos que sirvan de prueba de la prueba, como lo ha establecido el Consejo de Estado (…).

Como se ve, la discusión sobre si las certificaciones de tiempo de servicio del
demandante para el período 1997-2001, eran suficientes para demostrar que el docente
cumplió con los 20 años de servicio exigidos para poder acceder al reconocimiento
pensional, ya fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia del 29 de mayo de 2025. Y, en la providencia discutida, la corporación hizo
alusión a diferentes dudas que surgían del contenido de las certificaciones cuyo valor
absoluto alegaba el demandante:

• Conforme a los certificados del 11 de agosto de 2015 y del 11 de noviembre de 2020,
el demandante siguió laborando sin solución de continuidad entre 1998 y 2001, sin
embargo, pese a que en dichos certificados se alude a que con el Decreto 036 del 31 de
enero de 2002 el departamento normalizó la vinculación, este acto administrativo no fue
aportado a pesar de haber sido suscrito por el jefe de archivo del municipio de Ciénaga
de Oro, quien habría podido expedir una copia si el documento reposaba en los anales
que estaban en su poder.

• Las certificaciones no precisaron los detalles respecto de la vinculación desde 1998, ni
indicaron los extremos temporales de inicio y fin del nombramiento, así como el tipo de
relación legal y la forma de terminación del vínculo en 2001.

• La parte demandante no informó si la prueba no se aportó porque no existe acto de
nombramiento o contrato de prestación de servicios para la época aludida y en caso de
que ello hubiere atendido a que se extravió o deterioró, era necesario que se demostrara
que se intentó el respectivo trámite de reconstrucción del expediente administrativo.

• Los documentos fueron suscritos por el profesional del área de recursos humanos de la
Alcaldía y el jefe de archivo en 2015 y 2020 para certificar un tiempo de servicio ocurrido
en 1998, esto es, 17 y 22 años antes.

• Las certificaciones solo se limitan a reproducir la misma información sin que se
demuestre que se trataba de revisiones documentales independientes de cada
funcionario, elaboradas con el fin de verificar el tiempo de servicio a certificar.

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Demandante: Domingo Ramón Montes Avilez

• En las certificaciones se aseguró que el municipio de Ciénaga de Oro no estaba
certificado en educación y el actor sostiene que entre 1998 y 2001 no estuvo contratado
sino nombrado por dicha entidad, lo que significa que debía existir un acto de designación
para 1998, pues de lo contrario se podría inferir que se prestó el servicio como docente
en ese período de manera irregular sin ningún tipo de relación legal o laboral, lo que en
todo caso debía demostrarse.

• Si como se indica en la alzada el accionante estaba nombrado desde 1998 por un
municipio que no estaba certificado y solo a partir del 1º de febrero de 2002 pasó a hacer
parte de la planta de personal del departamento con la expedición del Decreto 036 de
2002, no quedaba claro si fue el departamento el que legalizó la situación del
demandante.

• Según lo expuesto por el demandante, del contenido del certificado se debería extraer
que venía vinculado directamente con el municipio y posteriormente el departamento lo
incorporó en virtud de la Ley 60 de 1993, sin embargo, esta norma fue prevista para
quienes estaban ejerciendo la labor educativa como contratistas, mas no como
empleados públicos.

• De la prueba no quedó claro con qué facultad legal se hizo la incorporación al
departamento de un docente que venía presuntamente nombrado en un municipio.

Al hacer el análisis de las pruebas y confrontarlo con las anteriores inconsistencias, en el
fallo de segunda instancia de 29 de mayo de 2025, la Sección Segunda, Subsección A
de esta Corporación hizo las siguientes precisiones:
Como se observa, tales preguntas crean una serie de dudas razonables sobre la idoneidad de las
aludidas pruebas y de su capacidad para acreditar la supuesta labor desempeñada por el accionante,
tal como lo estimó el tribunal de origen y como lo manifestó el Ministerio Público en su concepto, ya
que dichos documentos no permiten absolver con certeza tales supuestos, por lo que es claro que,
sin que se trate de una imposición de prueba solemne, en esta causa judicial es claro que la prueba
más idónea era el mencionado Decreto 036 del 31 de enero de 2002 a fin de poder confirmar la
supuesta prestación del servicio del docente entre 1998 y 2001.

Lo expuesto termina generando un ambiente de incertidumbre, toda vez que no hay un sustento en
otro material probatorio incuestionable que permita respaldar el supuesto que se quiere demostrar,
por lo que, bajo un criterio eminentemente derivado de la sana crítica, necesariamente a los
elementos en cuestión debe restárseles credibilidad, pero no por considerarlas falsas, sino por su
falta de idoneidad, es decir, por no ser medios inequívocos para poder establecer con precisión la
labor educativa presuntamente desarrollada por el actor, más aún porque tampoco se tendría
claridad sobre los extremos durante los cuales se materializó esta actividad.

Al respecto, debe precisarse que en esta causa judicial no es dable emitir pronunciamientos sobre
la validez o no de los mencionados medios de prueba en lo relacionado con juicios sobre su fiabilidad,
pues, además, debe destacarse que las certificaciones allegadas no fueron tachadas de falsedad
por la parte demandada.

Por tal razón, en esta oportunidad lo que se busca, más allá de descartar unos medios de convicción,
es realizar un examen crítico sobre ellos, tal y como fueron practicados en la actuación, pero de
ninguna manera desconociendo la procedencia de su incorporación en el presente proceso, sino
valoradas en conjunto con los demás elementos con el fin de garantizar el principio de la unidad de
la prueba contenido en el artículo 176 del CGP.

De allí que, para la Subsección no resultan idóneas las pruebas allegadas por el accionante ni la
recaudada de oficio, porque este criterio, en esencia, equivale a verificar si el documento es
adecuado para demostrar el punto que las partes ponen de presente, esto es, no solo que esté
relacionado con el objeto de la controversia y que se encuentre permitido por la ley, sino que además
tenga la viabilidad de generar certeza sobre su contenido, o lo que es igual, que de su estudio no se
creen dudas, sino respuestas a un interrogante, tanto por su credibilidad sustancial como formal, es
decir, por la fiabilidad de lo que se consigna y se extrae de dicho material probatorio, así como por
la forma en la que lo hace.

En consecuencia, los documentos bajo examen no cumplen con las referidas condiciones debido a
una falta de capacidad probatoria originada en que, en razón a este primer postulado (el de la
credibilidad sustancial), se generan una serie de cuestionamientos sobre el sustento de lo allí
manifestado.

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Demandante: Domingo Ramón Montes Avilez

De hecho, conforme a este análisis, sería totalmente improcedente aducir, como lo hace el apelante,
que se incurre en un defecto fáctico, ya que en ningún momento se están dejando de valorar las
pruebas presentadas por la parte actora y, por el contrario, en virtud del estudio crítico asumido por
el juez en el marco de su competencia, al examinarlas, se les resta la idoneidad que pretendía darles
el actor y, por tanto, no logran comprobar el hecho que se buscaba acreditar.

Lo anterior entonces impide tener como cierto el supuesto de la relación legal del demandante entre
1998 y 2001, pues se evidenció que las únicas pruebas con las que se intentó demostrar lo propio
son en esencia inconducentes y, por tanto, incumplen con uno de los elementos esenciales para que
esta tuviera capacidad demostrativa.

Con todo, lo expuesto no significa que se haya modificado y mucho menos derogado la normativa
procesal aplicable actualmente a todos los casos sometidos a esta jurisdicción en virtud de lo reglado
en el Título V, Capítulo IX del CPACA, y por remisión directa del artículo 211 de dicha norma, también
en el Código General del Proceso, en concreto en sus artículos 165 y 176, esto es, la libertad
probatoria de las partes.

Por eso, para demostrar la prestación del servicio del reclamante durante el lapso bajo examen, en
principio, debió aportar el acto de nombramiento y el acta de posesión que según los certificados sí
existen, o bien los contratos de prestación de servicios en caso de que hubiese ingresado a través
de esta modalidad, e incluso, eventualmente, los actos de reconstrucción de los mismos que
hubiesen seguido estrictamente la normativa de archivo propia para el efecto, así como
certificaciones inequívocas y completas sobre el desarrollo de la labor, suscritas por su propio
empleador.

Incluso, también pudo haber allegado con lo anterior constancias laborales de los rectores de las
instituciones donde laboró, junto a las constancias de pago o actos de aprobación de situaciones
administrativas; o bien pudo haber solicitado la práctica de testimonios o informes escritos de parte
para poder demostrar de forma fehaciente el desarrollo material de la labor de maestro, la duración
de sus vínculos y la naturaleza de las plazas ocupadas.

Sin embargo, las pruebas practicadas solo fueron 2 certificaciones carentes de fundamentación que,
lejos de hacerlas contundentes y precisas en su información, lo que en realidad generaron fue una
serie de dudas que hacen imposible considerarlas inequívocas, toda vez que, esta incertidumbre
conlleva la posibilidad de cometer eventualmente un error al momento de valorar la prueba y de
determinar probado un supuesto fáctico tan importante como el examinado, con base en el cual se
pudo haber concedido la pretensión sin haber tenido derecho a ella. “

Como se ve, la discusión que propone la parte actora sobre la valoración contraevidente
de la prueba en el proceso ordinario ya fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, autoridad que consideró que la prueba aportada, pese a no
haber sido tachada, resultaba insuficiente para acreditar el tiempo de servicio faltante
para poder acceder a la pensión de jubilación docente.

Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la sentencia cuestionada fue el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte
Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017.

Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.

En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades demandadas en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, finalidad para la que no está previsto este
mecanismo constitucional.
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Demandante: Domingo Ramón Montes Avilez

Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar las
pruebas que fueron aportadas al proceso ordinario para determinar si eran suficientes
para acreditar el requisito legal exigido para hacerse beneficiario de la pensión de
jubilación.

Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la presente acción de
tutela, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Denegar la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva
presentada por el Ministerio de Educación, conforme a la parte motiva.

2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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