Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00046-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2017-00046-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2017-00046-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 23001-23-33-000-2017-00046-01 (3222-2023)
Demandante: Domingo Ramón Montes Avilez
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Temas: Reconocimiento pensión de jubilación de docente oficial.
Discusión sobre la demostración de un tiempo de servicios. Falta
de acreditación de los 20 años de servicio para acceder a la
pensión de la Ley 33 de 1985. Valoración probatoria. No se
analiza falsedad de documentos, sino su idoneidad y
conducencia. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Domingo Ramón Montes Avilez instauró demanda1 en contra de la Nación
• Ministerio de Educación Nacional – FOMAG en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del acto presunto derivado de la configuración del silencio
administrativo negativo ante la falta de respuesta a la petición del 17 de mayo de
2016 formulada ante la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba en
nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, con la que había solicitado el reconocimiento de una pensión ordinaria
1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
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de jubilación con base en el régimen de la Ley 33 de 1985.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda dicha prestación
equivalente al 75% de los salarios y demás factores percibidos durante el año
anterior a la adquisición de su estatus jurídico.
Que se ordene el pago indexado de las mesadas adeudadas desde la fecha de
efectividad de la prestación. Que la entidad accionada dé cumplimiento a la
sentencia en los términos del CPACA; y que, además, se disponga sobre la condena
en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que nació el 28 de mayo de 1958 y ejecutó unos contratos de prestación de
servicios en calidad de educador del municipio de Ciénaga de Oro durante los
siguientes períodos: del 20 de febrero al 30 de noviembre de 1987; del 2 de mayo
al 30 de noviembre de 1988; del 3 de abril al 3 de noviembre de 1989; del 2 de abril
al 30 de noviembre de 1990; del 1 de marzo al 30 de noviembre de 1991; del 4 de
mayo al 4 de octubre de 1992; del 1 de febrero al 30 de noviembre de 1993; del 1
de febrero al 30 de noviembre de 1994; del 1 de marzo al 30 de diciembre de 1995;
del 1 de febrero al 30 de diciembre de 1996; del 2 de enero al 30 de diciembre de
1997;
Que en 1998 continuó vinculado bajo el amparo de las Leyes 60 de 1993 y 115 de
1994, situación que fue legalizada a través del Decreto 0036 del 31 de enero de
2002. Que a partir del 1.° de enero de 2002 pasó a formar parte de la planta de
cargos del departamento de Córdoba, debido a la no certificación del mencionado
municipio, laborando hasta el 19 de agosto de 2010.
Que reporta un total de 193 semanas cotizadas a Colpensiones con motivo de los
tiempos laborados al servicio del departamento de Córdoba.
Que, el 17 de mayo de 2016 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación,
expresando que le debía ser aplicado el régimen propio del magisterio para
consolidar el derecho con base en la Ley 33 de 1985, por disposición de la Ley 91
de 1989. Que a la fecha de radicación de la demanda (17 de enero de 2017) esta
petición no había sido respondida, por lo que se configuró el silencio administrativo
negativo y la consecuente generación de un acto presunto.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Que con el acto administrativo demandado se transgredieron los artículos: 53 de la
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Constitución Política; parágrafo transitorio 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005; 81 de
la Ley 812 de 2003; 15 de la Ley 91 de 1989; y 1.º de la Ley 33 de 1985.
Que al momento de entrar en vigencia la Ley 812 de 2003 se encontraba adscrito
al servicio público educativo como docente mediante contratos de prestación de
servicios, por lo que, como el legislador no distinguió el tipo de vinculación que debía
tener el educador para determinar el régimen pensional aplicable en razón de la
fecha de ingreso, no le estaría permitido hacerlo al juez ni a la entidad de previsión,
de manera que su pensión debe ser otorgada con base en los preceptos de la Ley
33 de 1985.
Que para determinar lo anterior debe darse aplicación de la tesis hasta ahora
sostenida por el Consejo de Estado de los contratos de prestación de servicios como
especie de vinculación al sector público de los maestros oficiales, según la cual
debe observarse el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades,
más aún en el caso concreto en el que se utilizó dicho vínculo para encubrir una
relación laboral con prestación personal del servicio, subordinación y remuneración.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 10 de marzo de 2017 fue admitida la demanda,2 y se notificó a la Nación –
Ministerio de Educación - FOMAG quien contestó de manera extemporánea.3
El 20 de junio de 20184 se llevó a cabo la audiencia inicial en la que se fijó el litigio,
se declaró fallida la conciliación y se decretaron las pruebas solicitadas por las
partes. Los días 17 de julio, 8 y 23 de agosto de 20185 se celebró la audiencia de
pruebas en la que se recaudaron e incorporaron los medios de convicción, por lo
que, una vez concluida esta etapa, se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para conceptuar si a bien lo consideraba.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
El Tribunal Administrativo de Córdoba mediante sentencia del 12 de diciembre de
2022 negó las pretensiones, sin condena en costas.
Expresó que, conforme al material probatorio está acreditado que el actor nació el
28 de mayo de 1958, por lo que cumplió 55 años de edad el 28 de mayo de 2013, y
que estuvo vinculado al Estado durante varios años. Que, por una parte, suscribió
contratos de prestación de servicios con el municipio de Ciénaga de Oro entre los
años 1987 a 1997, para prestar sus servicios como maestro oficial, obteniendo un
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
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total de tiempo de servicios de 8 años y 4 meses. Que también demostró que laboró
como educador en provisionalidad desde el 1 de febrero de 2002 hasta el 19 de
agosto de 2010, y posteriormente entre el 19 de abril de 2016 y por lo menos hasta
el 1 de agosto de 2018, esto es, por 10 años 10 meses.
Que, por tal motivo, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (26 de
junio de 2003), el demandante ya se encontraba prestando sus servicios como
docente, de manera que le es aplicable el régimen pensional dispuesto en la Ley 91
de 1989, que en su artículo 157 dispone que dicha prestación para los educadores
vinculados a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los
nombrados a partir del 1 de enero de 1990, será el dispuesto en el régimen vigente
para los pensionados del sector público nacional, que para el caso era la Ley 33 de
1985.
Que si bien para poder computar los tiempos laborados por el reclamante a través
de vínculos contractuales sería necesario acreditar que durante ese tiempo se
realizaron los aportes para pensión, según la postura que fue reafirmada en
sentencia del 3 de marzo de 2022 dictada por el Consejo de Estado en el proceso
con numero interno 4784-2014, lo cierto es que esta línea no es pacífica en dicha
corporación, por lo que por favorabilidad debe entenderse que sí puede computarse
este tiempo, pero ordenando que se realicen las gestiones de cobro de los aportes
faltantes para garantizar la financiación de la prestación.
Que, a pesar de estar demostrada la prestación de 8 años y 4 meses de servicio
docente, en razón de los nombramientos en provisionalidad, y un tiempo de 10 años
y 10 meses mediante contratos de prestación de servicios, tales tiempos solo suman
un total de 19 años y 2 meses que no le permiten al accionante tener satisfecho el
requisito legal de los 20 años de labor oficial.
Que, aun en el entendido de que en la demanda se afirmó que “en el año 1998
continuó vinculado, amparado por Ley 60 y 115, situación legalizada a través del
Decreto 036 de 31 de enero de 2002”; y pese a que esto mismo se reportó en los
certificados expedidos por el municipio de Ciénaga de Oro, lo cierto es que no obra
en el expediente el aludido acto administrativo, y en todo caso no existe certeza
sobre los extremos temporales por los cuales se produjo dicho vínculo entre las
partes durante los años 1998 a 2001, sin que sea posible interpretar que fue una
contratación ininterrumpida, pues no existe material probatorio que así lo
demuestre.
Que, habiéndose requerido a la mencionada entidad territorial para que como
prueba de oficio allegara las ordenes de prestación de servicios o los actos de
nombramiento del accionante para los periodos de 1998 a 2001, se advierte que no
se aportó documento alguno, por lo que estos no pueden ser tenidos en cuenta para
consolidar el derecho pensional pretendido, impidiendo acceder al mismo.
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RECURSO DE APELACIÓN7
La parte demandante interpuso recurso de apelación. Afirmó que, como se lee en
las certificaciones que reposan en el expediente suscribió contratos de prestación
de servicios solo hasta el año 1997, y, "en el año 1998 continuó vinculado,
amparado por la Ley 60 y 115, situación legalizada a través del Decreto 036 de
enero 31 de 2002".
Que estos extremos laborales contenidos en dichas pruebas dan cuenta de que
laboró todo el año 1998, al igual que en 1999, 2000 y 2001 como docente en el
municipio de Ciénaga de Oro, tal como lo refrendó la Resolución 000546 de 21 de
febrero de 2017 suscrita por el secretario de educación departamental de Córdoba,
actuando en nombre y representación de la Nación - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio de la cual se negó el
reconocimiento de la pensión, pero aceptando que tuvo vínculos contractuales con
dicha entidad territorial.
Que la certificación tenida en cuenta por el juez de primera instancia no fue suscrita
por el alcalde del referido municipio, sino por el jefe de archivo, en la cual, no se
está certificando el tiempo laborado, ya que solo se indican y enlistan los
documentos que reposan en los archivos de esa entidad.
Que, por lo anterior, el análisis del tribunal es una contradicción a la que se llega
por una acción valorativa contraevidente del material probatorio, lo que configura un
defecto fáctico por valoración arbitraria, porque no se está teniendo en cuenta un
certificado laboral por requerir en su lugar el acto administrativo de nombramiento,
cuando el legislador no ha previsto un régimen de tarifa legal para comprobar lo
propio.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 1.º de junio de 20238 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
El Ministerio Público9 solicitó que se confirme el fallo apelado. Señaló que si bien
para los docentes vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 les es aplicable el régimen de pensión
ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985, tal como sería el caso del actor, lo
cierto es que en el caso particular no resulta viable afirmar que cumplió con los
7 Ibid.
8 Ver índice 4 de SAMAI.
9 Ver índice 9 de SAMAI.
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requisitos necesarios para ser titular de la prestación reclamada, ya que no aportó
prueba de la que se pueda inferir con certeza lo mencionado, máxime si se tiene en
cuenta que la normativa es clara en la coexistencia de todas las exigencias para
consolidar el derecho, y por otra parte, en virtud del principio de la carga de la
prueba, esta acreditación recaía exclusivamente sobre la parte demandante.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Deberá resolver la Subsección si el demandante demostró adecuadamente que
sostuvo algún tipo de vínculo como docente oficial entre 1998 y 2001, y si tal período
puede ser computable con el fin de satisfacer el requisito del tiempo de servicio
necesario para reconocer una pensión ordinaria de jubilación con base en la Ley 33
de 1985.
Cuestión previa
El 26 de mayo del presente año, el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves manifestó
su impedimento para conocer del presente medio de control con fundamento en la
causal 2 del artículo 141 del Código General del Proceso, debido a que conoció del
proceso de la referencia en primera instancia y suscribió la sentencia objeto de
apelación en calidad de magistrado del Tribunal Administrativo de Córdoba.
Al respecto, se precisa que el régimen de impedimentos busca garantizar la
imparcialidad e independencia en las decisiones adoptadas por las autoridades
judiciales. En esa medida, a través de esta figura pretende evitarse que existan
situaciones de hecho que puedan comprometer el criterio que asuman los jueces
en las providencias que profieran dentro de los asuntos asignados para su
conocimiento. Siendo así, cuando un funcionario judicial advierta que se encuentra
impedido, deberá manifestarlo, con el fin de salvaguardar los principios que rigen la
debida administración de justicia.
Pues bien, una vez verificada la sentencia recurrida, la cual fue dictada el 12 de
diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, se observa que, en
efecto, el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves integró la respectiva Sala de
decisión y en consecuencia suscribió la providencia controvertida en esta instancia
en calidad de ponente. Por consiguiente, se considera que se presentan elementos
subjetivos en la manifestación de impedimento que llevan a considerar que la
decisión que llegare a adoptarse en el asunto mencionado comporta para el
magistrado una posible afectación de la objetividad e imparcialidad que se demanda
de los titulares de la función jurisdiccional.
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Por tanto, esta Subsección declarará fundado el impedimento manifestado por el
mencionado magistrado, en aras de salvaguardar los principios de imparcialidad y
transparencia.
Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver esta clase de litigios debe darse aplicación a la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado,10 en la cual se estableció principalmente la forma de liquidar la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los postulados de la Ley 91 de
1989.
Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento
acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los
educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación al magisterio, debido
a la expedición de la Ley 812 de 2003.
Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es más
amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que
rige la situación particular de la accionante es esencial para verificar la pertinencia
de sus pretensiones.
Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según
el ordinal segundo de la parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones
pendientes de definición jurídica que no se hayan consolidado el fenómeno de cosa
juzgada, tal como se presenta en el litigio objeto de examen.
Con las anteriores precisiones se resalta que la sentencia de unificación11 en
comento fijó en síntesis las siguientes reglas de interpretación normativa:
10 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-
CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
11
El sustento jurídico de estas reglas fue, esencialmente, los siguientes planteamientos: «[…] 51. En criterio de
la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre los cuales se deben hacer los aportes en
el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en
el mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación de
los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 son: asignación básica, gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
[…] 62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios constitucionales de
igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se deben tener
en cuenta para la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena
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«[…] a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen
de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo
aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con
el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]». (Subrayado fuera de texto).
Resolución del caso concreto
Inicialmente se observa que la negativa del juez de primera instancia se basó en el
incumplimiento por parte del actor del requisito de 20 años de labor oficial, al no
tener demostrado un período supuestamente laborado entre 1998 y 2001.
En todo caso, en virtud de lo resuelto en el fallo recurrido y en el recurso de
apelación, se concluye que no existe discusión respecto del régimen pensional
aplicable al demandante, correspondiente al de la Ley 33 de 1985, así como
tampoco frente al hecho de que se acreditó en debida forma un total de 19 años y
2 meses de actividad docente mediante una vinculación legal y reglamentaria en
provisionalidad y una serie de contratos de prestación de servicios celebrados con
de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta para
la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo
los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección Segunda a partir de
la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación
ordinaria de los docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
[...] 67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes nacionales y nacionalizados y de los
nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:
Edad: 55 años
Tiempo de servicios: 20 años
Tasa de remplazo: 75%
Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último año de servicio docente y ii)
los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado
en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. […]». (Resalta la Sala).
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el municipio de Ciénaga de Oro, sobre los cuales no se presenta debate en cuanto
a la posibilidad de contabilizar los tiempos acumulados bajo dicha modalidad.
Pues bien, el accionante aseguró que, contrario al análisis probatorio del tribunal, el
mencionado lapso de trabajo como educador sí se comprobó adecuadamente, solo
basándose en el certificado del 11 de agosto de 2015 suscrito por el alcalde de la
referida entidad territorial en la que se indicó expresamente lo siguiente: «[…] En el
año 1998 continuó vinculado, amparado por la Ley 60 y 115, situación legalizada a través
del Decreto No 036 de enero 31 de 2002. […]»,12 así como en la certificación del 11 de
noviembre de 202013 emanada del profesional del área de recursos humanos de
dicho municipio que ratificó lo anterior al literalmente consignar la misma afirmación,
allegada el 16 de noviembre de 2022 en respuesta a la prueba de oficio decretada
el 28 de octubre de 202214 por el tribunal de origen.
Con base en este mismo requerimiento se aportaron los contratos de prestación de
servicios celebrados con el reclamante, y una constancia generada el 10 de
noviembre de 202215 por el jefe de archivo municipal en la que se indicó que en las
instalaciones de la alcaldía reposaban los referidos documentos desde 1987 hasta
1997, precisando que en virtud del Decreto 036 de 2002 fue nombrado maestro en
provisionalidad, pero sin mencionar la situación desde 1998 hasta 2001.
Ahora, para la Sala, al revisar la mencionada documentación se generaron una serie
de preguntas respecto de su contenido y la capacidad de demostrar con plena
credibilidad lo que allí se consignó, por ejemplo:
¿Si el demandante asegura que conforme a los certificados del 11 de agosto de
2015 y del 11 de noviembre de 2020, este siguió laborando sin solución de
continuidad entre 1998 y 2001, por nombramiento efectuado a través del Decreto
036 del 31 de enero de 2002, por qué no aportó ni solicitó que se allegara dicho
acto?, si supuestamente el jefe de archivo del municipio de Ciénaga de Oro generó
la certificación con base en los documentos obrantes en la entidad, ¿por qué no
adjuntó tal decreto si lo mencionó expresamente?, ¿si existe este documento, por
qué en las certificaciones no se precisaron detalles respecto de la vinculación desde
1998, esto es, por qué no se indicaron los extremos temporales de inicio y fin de
este supuesto nombramiento, el tipo de relación legal y la forma de terminación del
vínculo en 2001?
Si eventualmente lo que sucede es que no se aportó esta prueba porque no existe
dicho acto de nombramiento o un contrato de prestación de servicios para la época
aludida por haberse extraviado o deteriorado, ¿por qué la parte activa nunca
mencionó este hecho?, ¿por qué no se solicitó a la alcaldía municipal que realizara
12 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.
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un proceso de reconstrucción del expediente administrativo con base en la
normativa que regula la materia?, ¿si este es el caso, cómo es posible que un
alcalde, un profesional del área de recursos humanos y un jefe de archivo en 2015
y en 2020 puedan certificar un tiempo de servicio ocurrido en 1998, esto es, 17 y 22
años después?
Además, ¿por qué las dos certificaciones de 2015 y de 2020, suscritas por
diferentes funcionarios en distintas épocas señalan que el docente siguió vinculado
desde 1998, pero manifestando lo propio exactamente con la misma frase sin
ninguna modificación o adición de contenido que demostraran que se trataba de
revisiones documentales independientes de cada funcionario?, ¿si en estas
pruebas se aseguró que el municipio de Ciénaga de Oro no estaba certificado en
educación y el actor sostiene en su recurso que entre 1998 y 2001 no estuvo
contratado sino nombrado por dicha entidad, cómo es posible que hasta el 31 de
enero de 2002 se legalice este vínculo?, ¿si no fue por contrato de prestación de
servicios, no tendría que haberse proferido un acto de designación del actor en
1998?, ¿acaso prestó el servicio como docente en ese período de manera irregular
sin ningún tipo de relación legal o laboral?
También se cuestiona, ¿si supuestamente el accionante estaba nombrado desde
1998 por un municipio que no estaba certificado y desde el 1.º de febrero de 2002
pasó a hacer parte de la planta de personal del departamento, es porque esta última
entidad fue la que expidió el Decreto 036 del 31 de enero de 2002?, es decir, ¿el
departamento fue el que legalizó la situación del demandante, pero respecto del
municipio?, ¿si según el actor para 1998 ya no estaba contratado sino vinculado
directamente por el esta última entidad, cómo es posible que el departamento lo
hubiera incorporado en virtud de la Ley 60 de 1993, si esta facultad en su momento
estuvo prevista para quienes estaban ejerciendo la labor educativa como
contratistas, mas no como empleados públicos?, ¿con qué facultad legal se hizo
esa incorporación de un docente nombrado en un municipio a un departamento?
Como se observa, tales preguntas crean una serie de dudas razonables sobre la
idoneidad de las aludidas pruebas y de su capacidad para acreditar la supuesta
labor desempeñada por el accionante, tal como lo estimó el tribunal de origen y
como lo manifestó el Ministerio Público en su concepto, ya que dichos documentos
no permiten absolver con certeza tales supuestos, por lo que es claro que, sin que
se trate de una imposición de prueba solemne, en esta causa judicial es claro que
la prueba más idónea era el mencionado Decreto 036 del 31 de enero de 2002 a fin
de poder confirmar la supuesta prestación del servicio del docente entre 1998 y
2001.
Lo expuesto termina generando un ambiente de incertidumbre, toda vez que no hay
un sustento en otro material probatorio incuestionable que permita respaldar el
supuesto que se quiere demostrar, por lo que, bajo un criterio eminentemente
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derivado de la sana crítica, necesariamente a los elementos en cuestión debe
restárseles credibilidad, pero no por considerarlas falsas, sino por su falta de
idoneidad, es decir, por no ser medios inequívocos para poder establecer con
precisión la labor educativa presuntamente desarrollada por el actor, más aún
porque tampoco se tendría claridad sobre los extremos durante los cuales se
materializó esta actividad.
Al respecto, debe precisarse que en esta causa judicial no es dable emitir
pronunciamientos sobre la validez o no de los mencionados medios de prueba en
lo relacionado con juicios sobre su fiabilidad, pues, además, debe destacarse que
las certificaciones allegadas no fueron tachadas de falsedad por la parte
demandada.
Por tal razón, en esta oportunidad lo que se busca, más allá de descartar unos
medios de convicción, es realizar un examen crítico sobre ellos, tal y como fueron
practicados en la actuación, pero de ninguna manera desconociendo la procedencia
de su incorporación en el presente proceso, sino valoradas en conjunto con los
demás elementos con el fin de garantizar el principio de la unidad de la prueba
contenido en el artículo 176 del CGP.16
De allí que, para la Subsección no resultan idóneas las pruebas allegadas por el
accionante ni la recaudada de oficio, porque este criterio, en esencia, equivale a
verificar si el documento es adecuado para demostrar el punto que las partes ponen
de presente, esto es, no solo que esté relacionado con el objeto de la controversia
y que se encuentre permitido por la ley, sino que además tenga la viabilidad de
generar certeza sobre su contenido, o lo que es igual, que de su estudio no se creen
dudas, sino respuestas a un interrogante, tanto por su credibilidad sustancial como
formal, es decir, por la fiabilidad de lo que se consigna y se extrae de dicho material
probatorio, así como por la forma en la que lo hace.
En consecuencia, los documentos bajo examen no cumplen con las referidas
condiciones debido a una falta de capacidad probatoria originada en que, en razón
a este primer postulado (el de la credibilidad sustancial), se generan una serie de
cuestionamientos sobre el sustento de lo allí manifestado.17
De hecho, conforme a este análisis sería totalmente improcedente aducir como lo
hace el apelante que se incurre en un defecto fáctico, ya que en ningún momento
se están dejando de valorar las pruebas presentadas por la parte actora, y mucho
16 Al respecto ver sentencia de la Corte Constitucional C-830 del 8 de octubre de 2002. Expediente D-3991. En
dicha providencia se señaló lo siguiente sobre el particular: «[…] en el campo probatorio rige, entre otros, un importante
principio denominado de unidad de la prueba, en virtud del cual se considera que todas las pruebas del proceso forman una
unidad y por consiguiente el juez debe apreciarlas en conjunto, esto es, en forma integral. La razón de ser del mismo es que
la evaluación individual o separada de los medios de prueba no es suficiente para establecer la verdad de los hechos y se
requiere, además de ella, efectuar la confrontación de tales medios para establecer sus concordancias y divergencias y lograr
conclusiones fundadas y claras sobre aquella verdad. […]»
17 A esta misma conclusión llegó esta Subsección en un caso similar al presente, específicamente en sentencia
del 1.º de agosto de 2024, dictada en el radicado: 52001-23-33-000-2016-00208-01 (3052-2019).
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menos se realiza una estimación caprichosa o arbitraria de las mismas, sino que,
por el contrario, en virtud del estudio crítico asumido por el juez en el marco de su
competencia, al examinarlas se les resta la idoneidad que pretendía darles el actor,
y, por tanto, no logran comprobar el hecho que se buscaba acreditar.
Lo anterior entonces impide tener como cierto el supuesto de la relación legal del
demandante antes entre 1998 y 2001, pues se evidenció que las únicas pruebas
con las que se intentó demostrar lo propio son en esencia inconducentes18 y, por
tanto, incumplen con uno de los elementos esenciales para que esta tuviera
capacidad demostrativa.
Con todo, lo expuesto no significa que se haya modificado y mucho menos derogado
la normativa procesal aplicable actualmente a todos los casos sometidos a esta
jurisdicción en virtud de lo reglado en el Título V, Capítulo IX del CPACA, y por
remisión directa del artículo 211 de dicha norma, también en el Código General del
Proceso, en concreto en sus artículos 165 y 176, esto es, la libertad probatoria de
las partes.
Por eso, para demostrar la prestación del servicio del reclamante durante el lapso
bajo examen, en principio, debió aportar el acto de nombramiento y el acta de
posesión que según los certificados sí existen, o bien los contratos de prestación de
servicios en caso de que hubiese ingresado a través de esta modalidad, e incluso,
eventualmente, los actos de reconstrucción de los mismos que hubiesen seguido
estrictamente la normativa de archivo propia para el efecto, así como certificaciones
inequívocas y completas sobre el desarrollo de la labor, suscritas por su propio
empleador.
Incluso, también pudo haber allegado con lo anterior, constancias laborales de los
rectores de las instituciones donde laboró junto a las constancias de pago o actos
de aprobación de situaciones administrativas; o bien pudo haber solicitado la
práctica de testimonios o informes escritos de parte para poder demostrar de forma
fehaciente el desarrollo material de la labor de maestro, la duración de sus vínculos
y la naturaleza de las plazas ocupadas.
Sin embargo, las pruebas practicadas solo fueron 2 certificaciones carentes de
fundamentación que, lejos de hacerlas contundentes y precisas en su información,
lo que en realidad generaron fue una serie de dudas que hacen imposible
considerarlas inequívocas, toda vez que, esta incertidumbre conlleva la posibilidad
de cometer eventualmente un error al momento de valorar la prueba y de determinar
probado un supuesto fáctico tan importante como el examinado, con base en el cual
se pudo haber concedido la pretensión sin haber tenido derecho a ella.
18 Recuérdese que la conducencia de la prueba consiste en que: «[…] el medio probatorio propuesto sea
adecuado para demostrar el hecho. […]». Ver sentencia del Consejo de Estado proferida el 15 de marzo de
2013, radicado: 15001-23-31-000-2010-00933-02(19227), y el auto del 12 de diciembre de 2023 dictado por
esta corporación en el proceso 85001-23-33-000-2017-00178-02 (4654-2022).
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En este punto es de resaltar que tal como lo prevé la regulación procesal, quien
alega la ilegalidad es quien debe invocar las normas violadas, el concepto de la
violación, y además, desplegar una actividad probatoria 19 suficiente y adecuada
para lograr el efecto jurídico de los preceptos que fundamentan el derecho
reclamado a través de un medio de control como el de nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho, lo cual se traduce en la concreción del postulado
adjetivo de la carga de la prueba al tenor del artículo 167 del CGP20 .
De este modo, se concluye que el actor no satisfizo la exigencia de acreditar que
acumuló más de 20 años de labor oficial que le permitan acceder a la pensión de
jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, pues solo demostró un máximo de 19 años
y 2 meses al haber dejado de laborar el 19 de agosto de 2010.
Estos argumentos son suficientes para confirmar el fallo apelado, tal como lo solicitó
el Ministerio Público en su concepto.
Condena en costas de segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202121 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
19
El concepto de carga procesal debe entenderse, tal y como fue definido por la Corte Constitucional, en
Sentencia C-123 del 18 de febrero de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis, así:
«Las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta
de realización facultativa, normalmente establecida en beneficio del mismo sujeto y cuya omisión trae aparejada
para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive
hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.
Por tanto, no debe perderse de vista que este principio, ante todo es una carga procesal, cuya inobservancia
genera una desestimación de las pretensiones o excepciones alegadas por los sujetos procesales».
20
«Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá,
de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier
momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una
situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares. […]»
21 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
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nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento presentado por el magistrado
Luis Eduardo Mesa Nieves. Por tanto, se le separa del conocimiento del presente
proceso.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el doce (12) de diciembre de dos
mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual
se negaron las pretensiones.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
apelante.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con impedimento
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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