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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08155-00

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08155-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-08155-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08155-00
Demandante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por falta
de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala
Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, actuando por
intermedio de apoderado judicial2, inició acción de tutela3 contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A4 y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A5, en la que solicitó el amparo del
derecho fundamental al debido proceso.

La referida garantía constitucional la consideró transgredida con ocasión de la
sentencia del 21 de agosto de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A que confirmó la providencia del 5 de mayo de 2022,

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2
Índice 32 de Samai. Poder debidamente otorgado por medio de mensaje de datos al abogado
Daniel David Tolosa Inés.
3
Acción de tutela promovida el 18 de diciembre de 2025, por medio del buzón web del aplicativo
de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
4
La Sala se encuentra conformada por los magistrados: Luis Eduardo Mesa Nieves, Jorge Iván
Duque Gutiérrez y Juan Camilo Morales Trujillo.
5
La Sala se encuentra conformada por los magistrados: Néstor Javier Calvo Chaves, José María
Armenta Fuentes y Carmen Alicia Rengifo Sanguino.

Demandante: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08155-00

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, en el proceso ejecutivo identificado con el radicado 25000-23-42-
000-2021-00165-00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho fundamental
invocado y, en consecuencia, pidió:

[…]

2) Revocar la sentencia judicial de primera y segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, en el marco del
proceso ejecutivo rad 25000-23-42-000-2021-00165-00 (01) cuya accionante es
Janeth Garzon Urrea.

3) Ordenar al despacho judicial competente que, dentro de un término razonable,
profiera una nueva decisión en la que (i) se ciña estrictamente al alcance del título
judicial sin reconstruirlo o reformarlo en sede ejecutiva; (ii) valore de manera
expresa y suficiente las pruebas de cumplimiento; y, (iii) resuelva de fondo, con
motivación clara, la excepción propuesta por el DPS (incluida la de pago), así como
los cargos esenciales planteados en el recurso. 4) Disponer que, en la nueva
decisión, si se constata el pago acreditado conforme al título y al material
probatorio, se adopten las determinaciones procesales consecuentes respecto de
la continuidad de la ejecución y la liquidación del crédito6.

1.3. Hechos

La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

La señora Jeanet Garzón Urrea presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho7 contra el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social (en adelante DPS) con el fin de que se
estudiara la legalidad del acto administrativo, mediante el cual la entidad le negó
el reconocimiento de la relación laboral y el consecuente pago de las prestaciones
económicas derivadas de la misma.

Por medio de sentencia del 12 de octubre de 2017, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A accedió a las pretensiones de la
demanda8 y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en segunda

6
Transcripción literal que puede contener errores.
7
Radicado: 25000-23-42-000-2015-04174-00/01.
8
1 -Se declara la nulidad del Oficio No. 20156100346041 del 14 de abril de 2015 proferido por la
subdirectora de Contratación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, por
medio del cual se le negó a la demandante el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales,
por haber prestado sus servicios como apoyo en tesorería, de conformidad con lo antes expuesto.
2.Como restablecimiento del derecho y consecuencia de la declaratoria de la existencia de relación
laboral, se condena al Departamento Administrativo para Prosperidad Social – Prosperidad social
(SIC) a reconocer y pagar a la señora Jeanet Garzón Urrea. Identificada con la C.C. No.

2

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Demandante: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08155-00

instancia, confirmó con modificaciones la decisión del a quo en fallo del 31 de julio
de 2020. Por lo tanto, resolvió:

“A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONDENASÉ al
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – DPS-
a (i) pagar a la señora JEANET GARZÓN URREA el equivalente a las prestaciones
sociales que un trabajador (a) de la misma categoría tiene, tomando como base el
salario que devengaba un Técnico Administrativo Código 3124 – Grado 16 o el
valor de los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, por
los periodos del 2 de mayo de 2002, al 31 de marzo de 2012.

(ii) tomar durante el período comprendido entre el 2 de mayo de 2002 al 31 de
marzo de 2012, el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante
(el salario legalmente sufragado a quienes desempeñaban el empleo de Técnico
Administrativo Código 3124 – Grado 16 o los honorarios pactados, si estos son
superiores a aquel), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados
como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al fondo de pensiones al
que se encuentra afiliada la actora, la suma faltante por concepto de aportes a
pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

(ii) Para efectos de lo anterior, la actora deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la
eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra,
tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le
incumbía como trabajadora.

TERCERO: REVÓQUESE de la sentencia apelada la orden de pagar a la actora
los porcentajes de cotización al Sistema de Seguridad Social, según se explicó.

Con el fin de lograr el cumplimiento de los anteriores proveídos, la señora Garzón

51.585.657, a título de restablecimiento del derecho el equivalente a todas las prestaciones
sociales y demás elementos legales dejados de percibir por la demandante en los periodos en los
cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, del 2 de mayo de 2002 al 31 de
marzo de 2012, teniendo en cuenta como base para liquidarlas el valor de lo pactado en los
contratos de prestación de servicios. Igualmente la entidad demandada debe pagar a la
demandante a título de restablecimiento del derecho, los porcentajes de cotización
correspondientes al empleador a pensión y salud que bebió trasladar a los fondos
correspondientes, durante el anterior periodo de contratación irregular, se aclara que no podrá ser
la totalidad de dichos montos, sino la cuota parte que le correspondía a la demandada trasladar
al respectivo Fondo de Pensiones y la E.S.P. Adicionalmente a ello, la entidad demandada debe
girar al respectivo Fondo de Pensiones y ala E.P.S. lo correspondiente, luego de hacer la
liquidación de lo efectivamente cotizado y lo que se debió cotizar, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
3. Se niegan las demás pretensiones de la demanda, según lo antes expuesto.
4. Se condena a la demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que resulten a favor
de la demandante según el índice de precios al consumidor, de conformidad con el inciso final del
artículo 187 de CPACA, para lo cual se observará lo señalado en la parte motiva de este fallo.
5. Se dará cumplimiento a esta sentencia en los términos establecidos en el artículo 192 del
CPACA.
6. Sin condena en costas, por lo antes expuesto.
7. A costa de la parte interesada, expirase las copias que sean solicitadas.
8. En firme la presente decisión, procédase por Secretaria a la devolución a la parte demandante
de los remanentes de la cuota de gastos a que hubiere lugar y a la comunicación del obligado en
los términos del inciso final del artículo 203 del CPACA.
9. En los términos del inciso 1° del artículo 298 del CPACA, una vez verificado el cumplimiento de
la presente decisión, archívese el expediente.”

3

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Demandante: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08155-00

Urrea formuló proceso ejecutivo9, en atención a que consideró que el pago
ordenado se realizó de forma parcial, dado que en la Resolución 0223 de 23 de
noviembre de 2020 el DPS liquidó las prestaciones sociales conforme al salario
recibido por un técnico administrativo código 3124, grado 16, a pesar que la
condena judicial ordenó la liquidación con fundamento en los honorarios pactados
en los contratos de prestación de servicios.

En ese sentido, se solicitó que se librara mandamiento de pago en contra del DPS
por las siguientes sumas: i) $88.148.457 por concepto de capital derivado de las
prestaciones sociales adeudadas; ii) $40.515.227 por concepto de indexación a
partir de la causación de las prestaciones y hasta septiembre de 2020, mes anterior
a la fecha de ejecutoria de la decisión; iii) los intereses moratorios generados
desde el 6 de octubre de 2020 y hasta que se pague la totalidad de la obligación
y, iv) el porcentaje correspondiente como empleador sobre los aportes pensionales
en el lapso de 2 de mayo de 2012 a 31 de marzo de 2012, tomando como base
los honorarios contractuales.

En auto del 19 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A libró parcialmente mandamiento ejecutivo en
contra del DPS, en los siguientes términos: i) $114.616.597,22 por el saldo insoluto
de la liquidación del equivalente a las prestaciones sociales indexadas causadas
desde el 2 de mayo de 2002 y hasta el 31 de marzo de 2012; ii) intereses
moratorios que se liquidarían a una tasa equivalente al DTF por los 10 primeros
meses a partir del 7 de octubre de 2020, día siguiente a la ejecutoria, hasta el 6 de
agosto de 2021, vencimiento de los 10 meses, no obstante, culminado dicho
período los intereses se calcularían con fundamento a la tasa comercial desde el
7 de agosto de 2021 y hasta el pago total de la obligación y, iii) por la obligación
de hacer, consistente en el pago por parte de la entidad administrativa ejecutada
a Colpensiones del valor de $10.942.471 derivados de los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones10.

En sentencia del 5 de mayo de 2022, el tribunal declaró no probada la excepción
de pago propuesta por el DPS y ordenó seguir adelante con la ejecución por los
mismos conceptos señalados en la providencia que libró la orden de pago.

Ante el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada, el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A en fallo del 21 de agosto de 2025
confirmó la decisión del a quo, tras explicar que, tanto en la resolutiva de la
sentencia de primera instancia del medio de control, como en las consideraciones
de la providencia de segundo grado, se había indicado que las prestaciones
salariales y sociales dejadas de percibir se debían liquidar conforme a los
honorarios pactados.

9
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00165-00/01.
10
Contra el proveído fue presentado recurso de reposición, sin embargo, en auto del 23 de
noviembre de 2021, fue negado.

4

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Dicho proveído fue notificado electrónicamente el 5 de noviembre de 2025.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora manifestó que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A vulneraron el derecho fundamental al debido proceso en las
providencias del 5 de mayo de 2022 y 21 de agosto de 2025, al incurrir en los
siguientes yerros:

Defecto sustantivo: indicó que, en un proceso ejecutivo, la jurisdicción no estaba
llamada a reconstruir ni redefinir el contenido de la condena, sino a hacerla efectiva
conforme al título. Por eso, la exigibilidad suponía que la obligación fuera clara,
expresa y exigible o, al menos, determinable sin que el juez tuviera que
complementarla mediante decisiones constitutivas.

Aseguró que la condena impuesta contenía una alternativa para la liquidación de
las prestaciones teniendo como base: i) el salario del cargo equivalente a técnico
administrativo código 3124, grado 16 o, ii) el valor de los honorarios pactados. Bajo
tal premisa el DPS expidió la Resolución 0223 del 23 de noviembre de 2020 y
liquidó las prestaciones sociales tomando como base el salario del cargo.

No obstante, señaló que en los fallos enjuiciados se privilegió el concepto de
honorarios, por encima del salario, por considerarlo superior, reconfigurando el
título ejecutivo y ejerciendo una función de complementación, propia del proceso
declarativo.

Para fundamentar el yerro planteado, puso de presente la sentencia del 15 de
septiembre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C11 en la que se negaron parcialmente las
pretensiones ejecutivas que no estaban expresamente contenidas en el título, bajo
la premisa de que «[…] el juez de ejecución no puede convertir el ejecutivo en un
escenario de reconstrucción o redefinición del contenido obligacional».

Defecto fáctico: sostuvo que la forma de liquidación de las prestaciones señalada
por las autoridades judiciales accionadas tuvo como argumento la sola
manifestación de la ejecutante, sin que se realizara un ejercicio de contraste
probatorio explícito que sustente dicha superioridad como hecho probado. Al
respecto expuso que:

De manera correlativa, en el expediente ejecutivo constan elementos
documentales que daban cuenta del cumplimiento administrativo y de la forma

11
Radicado: 25000234200020210082200. Decisión confirmada por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado el 8 de febrero de 2024.

5

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específica en que la entidad ejecutada procedió, puesto que la decisión de pago
de prestaciones sociales indexadas por $104.955.996 y el aporte pensional a
COLPENSIONES mediante 119 planillas, por $31.501.900, indicando que el IBC
se calculó como resultante entre lo cotizado por la demandante y el valor de los
honorarios de los contratos esto último para el componente pensional.

Violación directa de la Constitución: adujo como desconocido el artículo 29 de la
Carta Política, al considerar que las providencias acusadas traspasaron los límites
funcionales del tipo de proceso, convirtiendo un trámite diseñado para hacer
efectivo un derecho cierto y exigible en un escenario para redefinir el contenido
obligacional del título, suplir omisiones, o resolver controversias propias de la
etapa declarativa.

1.5. Admisión de la tutela

El 13 de enero de 2026, la Magistrada Ponente manifestó impedimento para
conocer del presente mecanismo, en atención a la amistad íntima que sostiene
con el doctor Jorge Iván Duque, integrante de la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado, autoridad que profirió la decisión objeto de debate.

Igualmente, el 21 de enero siguiente, el Magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez
manifestó el mismo impedimento por la relación de amistad que sostiene con el
doctor Juan Camilo Morales Trujillo.

Con el fin de resolver los impedimentos, el 22 de enero de 2026, el Magistrado
Pedro Pablo Vanegas Gil ordenó el sorteo de conjueces para recomponer el
quorum necesario.

En providencia del 5 de febrero del presente año, los magistrados Pedro Pablo
Vanegas Gil y Luis Alberto Álvarez Parra y los conjueces Germán Alberto Bula
Escobar y Germán Lozano Villegas declararon infundados los impedimentos.

En consecuencia, el 10 de febrero del 2026, la Magistrada Ponente inadmitió la
acción de tutela, al no encontrar el poder que acreditara el ius postulandi que le
asistía al abogado Daniel David Tolosa Inés para presentar la solicitud de amparo
en nombre de la parte accionante.

Encontrándose subsanado lo advertido, el 27 de febrero de 2026, la Magistrada
Ponente dictó auto admisorio en el que ordenó notificar a la parte actora12 y, como
parte demandada, a los magistrados integrantes del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A13 y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

12
Índice 38 de Samai. La notificación fue enviada a los buzones web:
notificaciones.juridica@prosperidadsocial.gov.co; notificaciones.juridica@dps.gov.co y
Daniel.toloza@prosperidadsocial.gov.co.
13
Índice 38 de Samai. Notificación realizada a los siguientes correos electrónicos:
notifjduque@consejodeestado.gov.co; dperezc@consejodeestado.gov.co;

6

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Segunda, Subsección A14.

Asimismo, dispuso la vinculación, como tercero con interés jurídico en el resultado
del proceso, a la señora Jeanet Garzón Urrea15.

Por último, le reconoció personería al profesional del derecho para actuar como
apoderado judicial de la parte accionante.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Por medio de informe rendido el 3 de marzo del presente año, el Magistrado
Ponente de la providencia enjuiciada indicó que no se advertía alguna de las
causales de procedibilidad específicas con lo que pudiera predicarse la
vulneración de un derecho fundamental o la existencia de un perjuicio
irremediable. En esa medida, sostuvo que la acción resultaba improcedente.

Manifestó que los argumentos expuestos se referían a lo ya debatido en el proceso
ejecutivo, por lo que no se cumplía con la relevancia constitucional, dado que
pretendía convertir la tutela en una nueva instancia.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A

Con documento presentado el 3 de marzo de 2026, el Magistrado relató las
actuaciones acontecidas al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y el proceso ejecutivo, para indicar que se oponía a
las peticiones formuladas por la parte actora, dado que, en su sentir, sí se había
establecido la manera en la que se debía liquidar la condena en las sentencias
base de recaudo ejecutivo. Al respecto, señaló:

[…] se extrae que si bien en la parte pertinente a la liquidación del equivalente de
las prestaciones sociales no se precisó que se debía escoger entre el salario
sufragado a quienes desempeñan el empleo de técnico administrativo código 3124
• Grade 16 o los honorarios pactados, si eran superiores al salario, también lo es
que al referirse al pago de los aportes a pensión sí lo hizo, razón por la cual el
Despacho al momento de librar mandamiento de pago consideró que se debía

notifjmoralest@consejodeestado.gov.co; dgavirias@consejodeestado.gov.co;
notiflmesa@consejodeestado.gov.co y ces2secr@consejodeestado.gov.co.
14
Índice 38 de Samai. Notificación enviada a: ncalvoc@cendoj.ramajudicial.gov.co;
crengifs@cendoj.ramajudicial.gov.co; scs02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co;
scs02sb01tadmincdm@notificacionesrj.gov.co.
15
Índice 38 de Samai: Notificación remitida a: eldaelenad@gmail.com.

7

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liquidar en los mismos términos, porque no tendría sentido que para la pensión se
escogiera los honorarios por favorabilidad y para las prestaciones sociales no.

1.6.3. Jeanet Garzón Urrea

En memorial del 3 de marzo del año en curso, la apoderada judicial de la vinculada
refirió que se oponía a la prosperidad de la acción, en atención a que no existía
vulneración alguna, puesto que, tanto en la sentencia de primera, como de
segunda instancia del ejecutivo enjuiciadas, se estableció que la base para liquidar
las prestaciones eran los honorarios pactados en cada contrato.

Asimismo, adujo que la entidad accionante había contado con todas las garantías
procesales, por lo cual era evidente la inconformidad de la parte con la decisión e
interpretación judicial.

II.CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el DPS contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otro, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de
201916 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problemas jurídicos

Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A vulneró la garantía
al debido proceso invocada por el DPS con ocasión de la sentencia del 21
de agosto de 202517, dictada en el proceso ejecutivo identificado con el
radicado 25000-23-42-000-2021-00165-01?

16
Modificado por el Acuerdo 434 del 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
17
Si bien la parte actora dirigió su acción de tutela contra las decisiones de primera y segunda
instancia del trámite ejecutivo, el estudio alegado solamente versará sobre la sentencia de segundo
grado, dado que con esta se dio por culminado el proceso.

8

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Demandante: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08155-00

Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, (iii) el caso
concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201218
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema19 y declaró su
procedencia.20

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
llevar a cabo su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
19
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
20
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

9

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Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, puesto que no
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
215 de 202221.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal22 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse

21
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
22
Sentencia SU-573 de 2019.

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exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico23; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional24.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal25”. En este
orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales26”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto27, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal28. (Resaltado de la Sala)

2.5. Caso concreto

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social presentó acción de
tutela por considerar vulnerada su garantía fundamental al debido proceso con
ocasión del fallo del 21 de agosto de 2025, dictado por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, en el que se confirmó la decisión de primer
grado, que declaró no probada la excepción de pago y ordenó seguir adelante con
la ejecución.

La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución, en atención a que el juez
natural había actuado por fuera de su competencia, al reconfigurar el título

23
Sentencia SU-103 de 2022.
24
Sentencia SU-103 de 2022.
25
Sentencia SU-103 de 2022.
26
Sentencia SU-128 de 2021.
27
Sentencia SU-573 de 2019.
28
Ibid.

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ejecutivo, ejerciendo una función de complementación propia del proceso
declarativo.

En su sentir, la autoridad judicial accionada no estaba llamada a reconstruir ni
redefinir el contenido de la condena, sino a hacerla efectiva conforme al título, en
virtud de que contenía una alternativa para la liquidación de las prestaciones, la
cual no se podía pasar por alto para privilegiar el concepto de honorarios por
encima del salario.

Se advierte que, tras la revisión de la providencia controvertida, no se
evidencia prima facie vulneración del derecho fundamental por parte de la
autoridad judicial demandada, la cual apoyó su decisión en el marco legal y
jurisprudencial y, soportó sus conclusiones en la valoración del acervo probatorio,
como se observa a continuación.

Como problema central de la controversia librada en el trámite ejecutivo, el DPS
señaló que el título ejecutivo complejo no era claro ni exigible, además de que
había sido cancelado en su totalidad y que la sentencia estableció «la elección en
la fórmula de liquidación de las prestaciones sociales al ordenar que se llevará a
cabo con fundamento al equivalente de las prestaciones sociales que un trabajador
a de la misma categoría tiene, tomando como base el salario que devengaba un
técnico administrativo código 3124-grado 16 o el valor de los honorarios pactados
en los contratos de prestación de servicios, por los periodos del 2 de mayo de
2002, al 31 de marzo de 2012».

Sobre lo alegado, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A explicó
que en la motivación de la sentencia de primera instancia del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho se indicó frente al reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales que debían liquidarse conforme a los honorarios
pactados.

Igualmente, frente al mismo tema señaló que si bien en la resolutiva del fallo de
segundo grado se expuso la opción de salario u honorarios, lo cierto era que en la
parte considerativa sí había argumentado de forma clara bajo qué aspecto debía
hacerse la liquidación de las prestaciones, tal como reza:

«39. En consideración a lo referido, se confirmará la sentencia emitida por el
Tribunal de Instancia, pero con modificaciones en cuanto no es acertada al ordenar
devolver a la actora los valores que ella aportó al sistema de seguridad social, por
su naturaleza parafiscal, a pesar de que se haya declarado a su favor la existencia
del contrato realidad , estos dineros son de obligatorio pago y recaudo para un fin
específico y no constituyen un crédito a favor del interesado, “lo que excluye la
posibilidad de titularidad que sobre los mismos pretenda el actor ejercer. […]

42. También se indicará en cuanto al derecho pensional, que al demandado le
corresponde tomar, durante el período comprendido entre el 2 de mayo de 2002 al
31 de marzo de 2012, el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la

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demandante (el salario legalmente sufragado a quienes desempeñaban el empleo
de Técnico Administrativo Código 3124 – Grado 16 o los honorarios pactados, si
estos son superiores a aquel), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes
realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al fondo de
pensiones al que se encuentre afiliada la actora, la suma faltante por concepto de
aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador».

Por lo tanto, la autoridad judicial accionada advirtió que era procedente la
confirmación de la providencia dictada por el a quo en el proceso ejecutivo, en lo
relativo al reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales con fundamento en los honorarios percibidos por la ejecutante, puesto
que la modificación que había resuelto en la segunda instancia de la nulidad y
restablecimiento del derecho únicamente se relacionaba con la devolución de
aportes parafiscales.

En consecuencia, manifestó que el título ejecutivo sí cumplía con las exigencias
legales de ser claro, expreso y exigible y, de ninguna forma, se encontraba
afectado el principio de congruencia.

Así las cosas, se reitera que la valoración de los medios de prueba es un ejercicio
intelectivo en el que el juez, aplicando las reglas de la sana crítica y las máximas
de la experiencia, determina el valor que asigna a cada medio probatorio. Lo cual,
se encuentra cobijado por la independencia y autonomía que gozan las
autoridades judiciales, por lo que, salvo casos excepcionalísimos, no es viable su
reproche en este trámite judicial.

En principio, no es procedente cuestionar las providencias judiciales vía acción de
tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate
planteado por la parte accionante busca mutar el amparo constitucional en una
tercera instancia, en tanto los mismos argumentos planteados en la acción de
tutela fueron los discutidos en las sentencias de primer y segundo grado del trámite
ejecutivo.

Desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en el escrito
introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso de
lenguaje de carácter constitucional, no expone con suficiencia razones de peso
que justifiquen la intromisión del juez constitucional. Máxime cuando no se
observa, a primera vista, la vulneración del derecho fundamental por parte del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

En consecuencia, la controversia propuesta en el escrito tutelar no es un debate
cuya solución sea competencia del presente juez constitucional. En efecto, la
problemática propuesta obedece a un asunto interpretativo en el marco de una
inconformidad de la parte actora con respecto a la decisión adoptada por el juez
que conoció de la causa.

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Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de la acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de conformidad con lo
señalado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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