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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00165-01

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00165-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de mayo de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo dicho en la motivación. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 14 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2021-00165-01 (6408-2022) Demandante: Jeanet Garzón Urrea SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00165-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

21 de agosto de 2025

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00165-01 (6408-2022)
Demandante: Jeanet Garzón Urrea

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00165-01 (6408-2022)
Demandante: Jeanet Garzón Urrea
Demandado: Departamento Administrativo de la Prosperidad Social

Tema: Apelación de sentencia que ordena seguir adelante con la
ejecución. Exigibilidad del título ejecutivo

Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia de 5
de mayo de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró no probada la excepción
de pago, y ordenó seguir adelante con la ejecución a favor de la señora Jeanet
Garzón Urrea.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2. La señora Jeanet Garzón Urrea, formuló demanda ejecutiva con el fin de lograr
el cumplimiento de las sentencias del 12 de octubre de 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, modificada el 31 de julio de 2020 por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento radicado 25000-23-42-000-2015-04174-01
instaurado en contra del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social.

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado-SAMAI.
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00165-01 (6408-2022)
Demandante: Jeanet Garzón Urrea

3. Las decisiones invocadas como título ejecutivo ordenaron pagar a la
interesada las prestaciones sociales percibidas por un trabajador de la misma
categoría tomando como base el salario devengado por un técnico administrativo
código 3124-grado 16 o el valor de los honorarios pactados en los contratos de
prestación de servicios durante el período de 2 de mayo de 2002 a 31 de marzo
de 2012.

4. Así mismo, se dispuso que en dicho lapso se tomaría como ingreso base de
cotización pensional el salario legalmente sufragado a quienes desempeñaban
el empleo de técnico administrativo código 3124, grado 16 o los honorarios
pactados, si estos son superiores a aquel, mes a mes, y si existiere diferencia
entre los aportes efectuados como contratista y los que se debieron realizar,
cotizar al fondo pensional al que se afilió la suma faltante de aportes pensionales
únicamente en el porcentaje como empleador, además, se debería acreditar las
cotizaciones llevadas a cabo al sistema durante los vínculos contractuales y si no
hubieren llevado a cabo o se presentare diferencia en contra de la beneficiaria,
tendría la carga de cancelar o completar el porcentaje que le incumbía como
trabajadora.

5. La ejecutante consideró que el pago ordenado en el fallo se realizó de forma
parcial, dado que, el acto administrativo de cumplimiento, Resolución 0223 de 23
de noviembre de 2020 liquidó las prestaciones sociales con base al salario
recibido por un técnico administrativo código 3124-grado 16 y los ajustes a al
sistema de seguridad en pensión tomando como base los honorarios
contractuales a pesar que la condena judicial ordenó la liquidación de las
prestaciones sociales con fundamento a los honorarios pactados en los contratos
de prestación de servicios.

6. En ese sentido, se solicitó que se librara mandamiento de pago en contra del
Departamento Administrativo de la Prosperidad Social por las siguientes sumas:
i) $88.148.457 por concepto de capital derivado de las prestaciones sociales
adeudadas; ii) $40.515.227 por concepto de indexación a partir de la causación
de las prestaciones y hasta septiembre de 2020, mes anterior a la fecha de
ejecutoria de la decisión; iii) los intereses moratorios generados desde el 6 de
octubre de 2020 y hasta que se pague la totalidad de la obligación; iv) el
porcentaje correspondiente como empleador sobre los aportes pensionales en el
lapso de 2 de mayo de 2012 a 31 de marzo de 2012, tomando como base los
honorarios contractuales.

1.2. Mandamiento de pago

7.El Tribunal por auto del 19 de octubre de 2021, libró parcialmente
mandamiento ejecutivo contra el Departamento Administrativo de la Prosperidad
Social y a favor de Jeanet Garzón Urrea en los siguientes términos: i)
$114.616.597,22 por el saldo insoluto de la liquidación del equivalente a las

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Demandante: Jeanet Garzón Urrea

prestaciones sociales indexadas causadas desde el 2 de mayo de 2002 y hasta
el 31 de marzo de 2012; ii) intereses moratorios que se liquidarían a una tasa
equivalente al DTF por los 10 primeros meses a partir del 7 de octubre de 2020,
día siguiente a la ejecutoria, hasta el 6 de agosto de 2021, vencimiento de los 10
meses, no obstante, culminado dicho período los intereses se calcularían con
fundamento a la tasa comercial desde el 7 de agosto de 2021 y hasta el pago
total de la obligación; iii) por la obligación de hacer, consistente en el pago por
parte de la entidad administrativa ejecutada a COLPENSIONES del valor de
$10.942.471 derivados de los aportes al sistema de seguridad social en
pensiones.

8. Por lo precedente, explicó que la sentencia objeto de recaudo constituía una
obligación clara, expresa y actualmente exigible a cargo del Departamento
Administrativo de la Prosperidad Social, aclarándose que para la liquidación de
las prestaciones sociales se tuvo en cuenta los honorarios pactados, dado que,
la demandante manifestó que era superior a los salarios devengados en el cargo
de técnico administrativo código 4124 grado 16.

1.3. Contestación de la demanda

9.El Departamento Administrativo de la Prosperidad Social presentó escrito de
defensa formulando la excepción de pago total de la obligación, razón por la que
mencionó los siguientes argumentos:

10. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado determinó que

la liquidación de las prestaciones sociales se realizaría tomando como base el
salario devengado por un técnico administrativo código 3124-grado 16 o el valor
de los honorarios establecidos en los contratos de prestación de servicios, de esa
forma, la institución a través de Resolución 0223 de 23 de noviembre de 2020
liquidó las prestaciones sociales así:

LIQUIDACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-JEANET GARZÓN URREA
Valores de bonificación de servicio $4.903.382
Valores de prima de servicio $7.639.946
Valores indemnización de vacaciones $11.732.605
Valor prima de vacaciones $7.791.099
Valores bonificación por recreación $934.296
Prima de navidad $15.142.029
Valores cesantías $16.354.735
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES $64.498.092
IPC FINAL 105,29
VALOR INDEXADO-PRESTACIONES SOCIALES-IPC $104.955.996
VALOR PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIALES PENSIÓN $31.501.900
VALOR TOTAL DE LA DEMANDA $136.457.896

11. Por
su parte, en lo concerniente al pago de seguridad social, se pagó a
COLPENSIONES la suma de $31.501.900.

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12. No obstante, teniendo en cuenta que la conjunción «o» de nota separación o

alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas, en los términos contenidos
en la sentencia objeto de ejecución, la autoridad judicial otorgó la posibilidad de
liquidar las prestaciones sociales con fundamento al salario o los honorarios,
razón por la cual, se liquidaron las prestaciones sociales de acuerdo con el
salario.

13. Al ser el título ejecutivo de carácter complejo se debía tener en cuenta todo lo

contenido en éste, de no ser así, dejaría de ser claro, pues, el hecho de aceptarse
que solamente era procedente la liquidación de la condena con base a los
honorarios por la prestación de servicios y no por el cargo de técnico equivalente,
desconocería la modificación efectuada en segunda instancia.

II. SENTENCIA APELADA

14. El Tribunal dictó sentencia el 5 de mayo de 2022, ordenando seguir adelante

con la ejecución en contra del Departamento Administrativo de la Prosperidad
Social por los mismos conceptos señalados en la providencia que libró la orden
de pago, así mismo, dispuso que las partes presentaran la liquidación del crédito
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 446 de la Ley 1564 de 2012 y no
condenó en costas.

15. Especificó que el título ejecutivo complejo se conformó por la sentencia con

fecha de 12 de octubre de 2017, confirmada parcialmente por el Consejo de
Estado a través del fallo de 31 de julio de 2020, igualmente, se integró por la
Resolución 0223 de 23 de noviembre de 2020 en virtud de la cual se dio de
cumplimiento a las órdenes judiciales y la liquidación efectuada por el
Departamento Administrativo de la Prosperidad Social.

16. Luego de realizar la liquidación de las prestaciones sociales tomando como

base los honorarios establecidos en los contratos de prestación de servicios
destacó que por dicho rubro debidamente indexado desde el 2 de mayo de 2002
y hasta el 31 de marzo de 2012, se debía cancelar la suma de $219.572.593,22,
sin embargo, la autoridad administrativa solamente sufragó el valor de
$104.955.996, abono que debía aplicarse en primer lugar a capital y en segundo
término a intereses, de esa manera, al descontarse el abono al capital, el saldo
insoluto de la liquidación de las prestaciones sociales ascendió al monto de
$114.616.597,22.

17. De otro lado, constató que la ejecutoria de la providencia acaeció el 6 de

octubre de 2020 y la solicitud de cumplimiento de la decisión se radicó el día 20
del mismo mes y anualidad, esto es, dentro de los 3 meses desde la ejecutoria,
por ello, era procedente el reconocimiento de intereses moratorios a una tasa
equivalente al DTF durante los primeros 10 mes, es decir, en el período de 7 de
octubre de 2020 a 6 de agosto de 2021 y con posterioridad a ese lapso los

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respectivos intereses moratorios a la tasa comercial a partir del 7 de agosto de
2021 y hasta que se produjera el pago total de la obligación.

18. Encuanto a la obligación consistente en el pago del IBC pensional con
fundamento a los honorarios pactados, destacó que la cuantía a reconocer era
de $46.341.038, sin embargo, la suma girada por la dependencia a
COLPENSIONES fue de $28.868.100, quedando pendiente por concepto de
aportes pensionales el valor de $10.942.470

19. Explicado lo anterior, concluyó que se declararía no probada la excepción de

pago total de la obligación y se continuaría adelante con la ejecución.

1.6. Recurso de apelación

20. Laparte ejecutada presentó escrito de apelación contra la sentencia de
primera instancia, solicitando que fuera revocada. Para tal fin, expuso los
siguientes argumentos:

21. Si bien se reconoció la existencia del título ejecutivo complejo, lo cierto es que

el mismo no era claro ni exigible, dado que, se encontraba pago en su totalidad,
al respecto, la sentencia estableció la elección en la fórmula de liquidación de las
prestaciones sociales al ordenar que se llevará a cabo con fundamento al
equivalente de las prestaciones sociales que un trabajador a de la misma
categoría tiene, tomando como base el salario que devengaba un técnico
administrativo código 3124-grado 16 o el valor de los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios, por los periodos del 2 de mayo de 2002, al
31 de marzo de 2012.

22. No obstante, el mismo fallo aclaró que es en el efecto de que los honorarios

sean mayor que el cargo, y esa diferencia es importantísima porque si hubiera
sido la intención de la Sala en segunda instancia, de que no se liquidaran las
prestaciones sociales con respecto a lo devengado en el cargo, o conforme a los
honorarios si esos eran superiores a aquel, lo hubiese manifestado, tal y como lo
hizo para efectos de liquidar el IBC pensional, pero resulta que no lo hizo, de lo
cual es dable interpretar que era uno o lo otro.

23. El a quo, no se pronunció sobre la conjunción «o», dentro del numeral segundo

de la parte resolutiva de la sentencia de segunda, o lo que ello significa, ya que,
la decisión obedeció a un estudio previo de los magistrados de la Sala que
consideraron beneficioso para el interés público permitir elegir entre una u otra
forma de liquidación de las prestaciones sociales.

24. La ejecutante contó con la posibilidad de solicitar la aclaración de la sentencia

de segunda instancia si deseaba reclamar la liquidación con base a los
honorarios, pero no lo hizo, de manera que el Tribunal subsanó el error de la
demandante, puesto que se dio cumplimiento a la sentencia al cancelarse las
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prestaciones sociales con fundamento al cargo, alternativa dada por la decisión,
y segundo lugar, se canceló el aporte a pensión sobre el ingreso base de
cotización de los contratos de prestación de servicio.

25. Al no examinarse por el juez ejecutivo en primer grado la modificación de la

forma de liquidación, se afectó el principio de congruencia en tanto se debía
armonizar la parte motiva con la decisión final, y no solamente tener en cuenta lo
expresado en la demanda ejecutiva sino también la manifestado en la
contestación de la demanda.

26. El a quo afectó el principio de igualdad procesal cuando subsanó la omisión

en la que incurrió la ejecutante e interpretó la sentencia de segunda instancia en
una dirección que no tiene, es decir, si el sentido de la decisión hubiere sido
liquidar únicamente con base a los honorarios contractuales se habría dejado en
idénticas condiciones a la orden del juez de primer grado.

27. Se conculcó el derecho al debido proceso, pues, se revivió un debate
concluido en el expediente declarativo, afectándose la cosa juzgada.

28. Además, el titulo ejecutivo tampoco era exigible, toda vez que, para el cobro

ejecutivo por la vía judicial, la demandante no esperó los 10 meses de que trata
el artículo 307 del Código General del Proceso.

29. En efecto, para la liquidación de los intereses moratorios no se tuvo en cuenta

que la obligación aún no era exigible, ya que, no había culminado el término de
10 meses por tratarse de ejecución en contra de entidades públicas.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

30. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación

interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, y 322 del CGP.

31. De tal modo que, como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida

en primera instancia la parte ejecutada, la competencia se limitará a los reparos
efectuados en su recurso.

2.2. Problemas jurídicos

32. Le corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:

2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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33. ¿el título ejecutivo traído al proceso constitutivo de sentencia judicial satisface

o no el requisito de exigibilidad?

34. De cumplirse dicho requisito se determinará si ¿la forma como el
Departamento Administrativo de la Prosperidad Social dio cumplimiento a la
condena, liquidando las prestaciones sociales derivadas del reconocimiento de
la relación laboral subyacente durante el período de 2 de mayo de 2002 a 31 de
marzo de 2012 con base a los salarios percibidos por un técnico administrativo
código 3124 grado 16 de la entidad, resultó suficiente para extinguir la obligación
contenida en el título judicial o por el contrario, debían ser calculados de acuerdo
a los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios?.

2.3. Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título ejecutivo

35. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un

acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio
para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada»3.
36. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho
subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».4 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 5 del
CPC, en los siguientes términos:

«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de
otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184».

3 Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000

2013 00140 01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección
Primera, providencia del 12 de julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth
García González.
4 Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
5 «Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en

documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra
providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos
contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares
de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el
interrogatorio previsto en el artículo 294.»
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37. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.

Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y
exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.6 La autenticidad se refiere a la plena
identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió7.

38. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante

una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada
en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del
cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido8.

39. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,

de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces cuando el juez verifica que el
documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago

6 Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado,

Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-
00548 01 (2586 – 2013). Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…] que se trate de documentos
que tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio
ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este y los segundos, que de esos documentos aparezca
a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara
expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma
de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001
03 15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de
esos requisitos el documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del
deudor o de su causante, o de una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial
que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio
de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086 01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen

Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01
(19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan
Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, 26 de julio de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez
Vargas.
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en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP9,
antes 497 del CPC10.

40. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para

que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo
dispone el artículo 422 del CGP11, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la
existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala
con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que
las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico - exigibilidad del
título ejecutivo

41. La entidad ejecutada fundamentó su inconformidad en que al momento de

presentación de la demanda ejecutiva la condena aún no era exigible, pues, no
había culminado el término de 10 meses con los que contaba para dar
cumplimiento a las órdenes contenidas en las sentencias objeto de ejecución.

42. Nótese que en el recurso de reposición formulado por la entidad contra el auto

que libró el mandamiento de pago consistió en que el título ejecutivo no contenía
una obligación clara, expresa y exigible, por haberse pagado totalmente la
obligación. El Tribunal resolvió negativamente ese recurso en el auto de 23 de
noviembre de 2021 expresando que la autoridad administrativa no liquidó las

9«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste

mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma
pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el
mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido
planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán
reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución,
según fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia
de los requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria
del auto, podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo
expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la
admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la
interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios
en contra del demandante, si a ello hubiere lugar».
10 «Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el

juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere
procedente, o en la que aquél considere legal».
11 «Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y

exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena
prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale
la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en
el interrogatorio previsto en el artículo 184».
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Demandante: Jeanet Garzón Urrea

prestaciones sociales de acuerdo con los honorarios por los servicios ejecutados
y en ese sentido no se dio cumplimiento completo a las órdenes.

43. Luego, la ejecutada en la contestación de la demanda propuso la excepción

de pago total de la obligación, argumentando de nuevo que la liquidación
realizada por la institución se fundamentó en los salarios percibidos en el cargo
de técnico administrativo código 3124-grado 16 en tanto la sentencia declarativa
contempló la posibilidad de elección por parte de la entidad de realizar el cálculo
de las prestaciones de acuerdo a los honorarios de los contratos de prestación
de servicios o los salarios devengados en el cargo de planta.

44. Y con el recurso de apelación contra la sentencia que ordenó seguir adelante

con la ejecución, la entidad formuló reparos sobre la exigibilidad de la condena.

45. Pues bien, el juez del ejecutivo puede verificar dos tipos de derechos, el
primero alusivo a la proposición de excepciones en lo concerniente a la existencia
y titularidad del derecho que se desea ejecutar y el segundo sobre los requisitos
formales y materiales del título ejecutivo que debieron verificarse preliminarmente
desde el mandamiento de pago12.

46. Precisado lo anterior, la Sala verificará si al momento de interposición de la

demanda ejecutiva el título ejecutivo cumplió el requisito sustancial de la
exigibilidad.

47. El artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo que reguló expresamente el cumplimiento de sentencias o
conciliaciones señala lo siguiente:

«Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades
públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o
devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su
ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación,
adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o
devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez
(10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal
efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la
entidad obligada

[…]». Subrayado de la Sala

48. De ahí que, se considera que la norma otorga un plazo máximo de diez meses

a la entidad pública para cumplir una obligación de pagar una suma dinero, lo
que implica que puede satisfacerla antes de ese lapso.

12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 12 de agosto

de 2004. Expediente 20001-23-31-000-1999-0727-01(21177) CP Ramiro Saavedra Becerra.
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49. En ese orden, si bien esta Sala ha sostenido que la exigibilidad de ese tipo de

condena opera cuando ha vencido ese plazo, no es menos cierto que esa regla
admite una excepción para acudir al juez del ejecutivo.

50. En efecto, si la entidad decide expedir el acto administrativo de cumplimiento

de la sentencia, antes de vencerse ese término, y paga las cifras que reconoce
en ese documento, no existe justificación para que su beneficiario, tenga que
esperar que se cumplan los diez meses tan mencionados, para poder presentar
una demanda ejecutiva en el evento en que estime que la sentencia no se acató
en su totalidad, o habiéndolo hecho existe error en las sumas dineros
reconocidas, o la cumplió de manera parcial.

51. Lo anterior, porque es entendible que la administración una vez considere que

obedeció una condena de sufragar una suma de dinero impuesta en una decisión
judicial, reconociéndola y pagándola, no tendrá actuación pendiente sobre ese
asunto; es decir, no requiere de ningún trámite legal ni reglamentario en sede
administrativa que proseguir, pues el que justifica el plazo señalado en el artículo
192 citado, se satisfizo.

52. En efecto, los diez meses otorgados para dar cumplimiento a las sentencias

proferidas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, son precisamente
para garantizar la correcta ejecución del gasto público de conformidad con los
principios de planeación, legalidad y anualidad presupuestal13. Lo cual como
quedó demostrado en este caso se llevó a cabo de manera ágil.

53. En ese orden de ideas, para la Sala en este caso se estructuró la excepción al

término de los diez meses, al ocurrir la ejecutoria de las sentencias base de
ejecución el 6 de octubre de 2020, y haber expedido la entidad obligada la
Resolución 02223 «por la cual se da cumplimiento a una orden judicial en favor
de Jeanet (sic) Garzón Urrea con ocasión del proceso 250002342000-2015-
04174-00 (01)» el 23 de noviembre de 2020.

54. De tal manera que, no existe, como se dijo una razón lógica y jurídica para que

el administrado tenga que esperar el cumplimiento de un plazo, cuando es
palmario que la entidad no realizará ninguna actuación presupuestal con
posterioridad a ese acto, pues ya cumplió, en su criterio, la condena impuesta.

2.7. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico – forma de
cumplimiento de la condena

55. El reparo formulado por la entidad se relaciona con el que el título ejecutivo

complejo no era claro ni exigible. Que fue pagado en su totalidad y que la
sentencia estableció «la elección en la fórmula de liquidación de las prestaciones

13
Sentencia C-208 de 2023.
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sociales al ordenar que se llevará a cabo con fundamento al equivalente de las
prestaciones sociales que un trabajador a de la misma categoría tiene, tomando
como base el salario que devengaba un técnico administrativo código 3124-grado
16 o el valor de los honorarios pactados en los contratos de prestación de
servicios, por los periodos del 2 de mayo de 2002, al 31 de marzo de 2012».

56. Pues bien, la Sala evidencia del expediente que el 12 de octubre de 2017 la

Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dictó sentencia de primera instancia en el expediente de nulidad
y restablecimiento del derecho iniciado por la señora Jeaneth Garzón Urrea, por
ello, resolvió:

«1. Se declara la nulidad del oficio […] 20156100346041 del 14 de abril de 2015
proferido por Subdirectora de Contratación del Departamento Administrativo para
Prosperidad Social, por medio del cual se le negó a la demandante el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, por haber prestado sus
servicios como apoyo en tesorería, de conformidad con lo antes expuesto.

2. Como restablecimiento del derecho y consecuencia de la declaratoria de la
existencia de relación laboral, se condena al Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social a reconocer y pagar a la señora Jeanet Garzón Urrea,
identificada con la C.C. […], a título de restablecimiento del derecho el equivalente
a todas las prestaciones sociales y demás emolumentos legales dejados de
percibir por la demandante en los períodos en los cuales se demostró la existencia
de la relación laboral, es decir, del 2 de mayo de 2002 al 31 de marzo de 2012,
teniendo en cuenta como base para liquidarlas el valor de lo pactado en los
contratos de prestación de servicios. Igualmente, la entidad demandada debe
pagar a la demandante a título de restablecimiento del derecho, los porcentajes
de cotización correspondientes al empleador a pensión y salud que debió trasladar
a los fondos correspondientes, durante el anterior período de contratación
irregular, se aclara que no podrá ser la totalidad de dichos montos, sino la cuota
parte que le correspondía a la demandada trasladar al respecto Fondo de
Pensiones y a la E.P.S. Adicional a ello, la entidad demandada debe girar al
respectivo Fondo de Pensiones y a la E.P.S. lo correspondiente, luego de hacer
la liquidación de lo efectivamente cotizado y lo que se debió cotizar, conforme a lo
expuesto en la parte motiva».

57. En contra de la anterior decisión las partes presentaron recurso de apelación,

que fue resuelto por la Subsección B de la Sección Segunda Consejo de Estado,
confirmando parcialmente el fallo de primera instancia, realizándose las
siguientes precisiones:

«SEGUNDO: MODIFICAR de la sentencia recurrida el numeral “SEGUNDO” de
su parte resolutiva, el cual quedará de la siguiente manera:

A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONDENASE al
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
– DPS- a (i) pagar a la señora JEANET GARZÓN URREA el equivalente a
las prestaciones sociales que un trabajador (a) de la misma categoría tiene,
tomando como base el salario que devengaba un Técnico
Administrativo Código 3124 – Grado 16 o el valor de los honorarios

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pactados en los contratos de prestación de servicios, por los periodos
del 2 de mayo de 2002, al 31 de marzo de 2012.

(ii) tomar durante el período comprendido entre el 2 de mayo de 2002 al 31
de marzo de 2012, el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la
demandante (el salario legalmente sufragado a quienes desempeñaban
el empleo de Técnico Administrativo Código 3124 – Grado 16 o los
honorarios pactados, si estos son superiores a aquel), mes a mes, y si
existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se
debieron efectuar, cotizar al fondo de pensiones al que se encuentra afiliada
la actora, la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el
porcentaje que le correspondía como empleador.

(ii) Para efectos de lo anterior, la actora deberá acreditar las cotizaciones
que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en
la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su
contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje
que le incumbía como trabajadora.

TERCERO: REVÓQUESE de la sentencia apelada la orden de pagar a la actora
los porcentajes de cotización al Sistema de Seguridad Social, según se explicó».

58. La Sala advierte que en la motivación de la sentencia de primera instancia se

dijo frente al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales lo siguiente:
«Ahora bien, existiendo consenso en la Sala de Decisión sobre la existencia de
la relación laboral, se acogerá la posición mayoritaria de la Sala en el sentido de
que las prestaciones salariales y sociales dejadas de percibir se deben liquidar
conforme a los honorarios pactados».

59. Y en la sentencia de segunda instancia, se advierte de su parte resolutiva que,

al ordenarse el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, la entidad
debía tomar «como base el salario que devengaba un Técnico Administrativo
Código 3124 – Grado 16 o el valor de los honorarios pactados en los contratos de
prestación de servicios», sin embargo, en su parte considerativa, estableció lo
siguiente:

«39. En consideración a lo referido, se confirmará la sentencia emitida por el
Tribunal de Instancia, pero con modificaciones en cuanto no es acertada al ordenar
devolver a la actora los valores que ella aportó al sistema de seguridad social, por
su naturaleza parafiscal14, a pesar de que se haya declarado a su favor la
existencia del contrato realidad15 , estos dineros son de obligatorio pago y recaudo
para un fin específico y no constituyen un crédito a favor del interesado, “lo que
excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos pretenda el actor
ejercer16.
[…]

14
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 28 de septiembre de 2016. Radicación 76001 23 33
000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez
15
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681
2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez
16
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681
2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez
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42. También se indicará en cuanto al derecho pensional, que al demandado le
corresponde tomar, durante el período comprendido entre el 2 de mayo de 2002 al
31 de marzo de 2012, el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la
demandante (el salario legalmente sufragado a quienes desempeñaban el empleo
de Técnico Administrativo Código 3124 – Grado 16 o los honorarios pactados, si
estos son superiores a aquel), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes
realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al fondo de
pensiones al que se encuentre afiliada la actora, la suma faltante por concepto de
aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador».

60. De lo anterior, lo que advierte la Sala es la confirmación de la sentencia de

primera instancia en el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las
prestaciones sociales con fundamento en los honorarios percibidos por la aquí
ejecutante, pues la modificación se relacionaba únicamente con la devolución de
los aportes parafiscales.

61. Nótese que en el cuerpo de las consideraciones de la sentencia de segunda instancia

no existe argumento alguno frente a que el pago de las prestaciones sociales debe ser
de una u otra manera, y ello se justifica en que confirmaría en ese aspecto la sentencia
apelada, razón por la que no se afecta el principio de congruencia alegado por el
apelante.

62. Con fundamento en lo expuesto, para la Sala el título ejecutivo traído al proceso

cumple las exigencias legales de ser claro, expreso y exigible. Motivo por el cual, se
confirmará la sentencia de seguir adelante con la ejecución.

2.9. De la condena en costas en segunda instancia

63. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración

objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, es procedente
verificar la carencia de fundamento legal.

64. En ese orden, pese a que se revocará la sentencia de primera instancia, no se

condenará en costas en esta instancia, toda vez que la demandante en su escrito
de demanda y en las intervenciones realizadas ante el juez de primer grado se
esgrimieron argumentos en defensa de sus intereses, sin que se avizore una
carencia de fundamento legal.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de mayo de 2022 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por lo dicho en la motivación.
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Demandante: Jeanet Garzón Urrea

SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

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