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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08160-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08160-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Carlos Arturo Almanza Hoyos, quien actúa en nombre propio, contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-08160-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08160-00
Accionante: CARLOS ARTURO ALMANZA HOYOS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Y
JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con la pretensión de declarar el contrato
realidad. Defectos sustantivo y por violación directa de la
Constitución. Requisito general de inmediatez. Recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia. Requisito de la
relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Carlos Arturo Almanza Hoyos, quien actúa en nombre
propio, contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 18 de diciembre de 2025, la parte actora solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la dignidad humana, así como el principio de
prevalencia del derecho sustancial, presuntamente vulnerados por las autoridades
judiciales accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1.- TUTELAR los Derechos Fundamentales Constitucionales que me fueron Vulnerados y
conculcados en las circunstancias de modo (sic) tiempo y lugar que se dejaron expuestas.

2.- A consecuencia de lo anterior, Declarar la Nulidad de las sentencias expedidas por los
accionados mediante las cuales se absolvió a la Demandada y en su lugar proceder a condenarlos,
con base a que se acreditó en debida forma la relación laboral.

3.- La decisión que garantice los Derechos Fundamentales invocados como vulnerados.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08160-00
Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos

4.- Que la Sentencia se cumpla previendo las consecuencias que al tenor del Decreto 2591 de
1991, puedan derivarse del hecho de sustraerse a los efectos jurídicos impuestos por el fallo”.

2. Hechos

De la lectura del escrito de tutela y el expediente ordinario se observan los
siguientes:
2.1. De las actuaciones adelantadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho

El señor Carlos Arturo Almanza Hoyos laboró entre el 15 de junio de 2000 hasta el
31 de diciembre de 2019, en la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud
Occidente en el cargo de Profesional Químico Farmacéutico mediante contrato de
prestación de servicios.
El 31 de diciembre de 2019 se le comunicó al señor Almanza Hoyos que su contrato
no sería renovado. El 26 de octubre de 2021, el accionante solicitó a la ESE Subred
Integrada de Servicios de Salud Occidente el pago de sus prestaciones legales, al
considerar que existió un vínculo laboral con dicha entidad. Mediante acto
administrativo de 19 de enero de 2022, la mencionada ESE negó la solicitud.

El señor Carlos Arturo Almanza Hoyos, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la ESE Subred Integrada
de Servicios de Salud Occidente, con la pretensión de que se anulara el acto
administrativo de 19 de enero de 2022 y, en su lugar, se ordenara a la entidad
demandada el reconocimiento del contrato realidad y el pago de las diferencias
salariales existentes entre los servicios remunerados por prestación de servicios y
los salarios legales y convencionales pagados en dicha entidad a los profesionales
químicos farmacéuticos, así como el pago de las prestaciones sociales como
cesantías, intereses de cesantías, primas y vacaciones.

El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá en sentencia de 11 de
noviembre de 2023 negó las pretensiones, al considerar que de las pruebas
allegadas al proceso no se acreditó el elemento subordinación, pues no se demostró
la exigencia de horario y que solo se constató el ejercicio de actividades de
coordinación, con el fin de cumplir con el objeto contractual.

El demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. La
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en fallo de 7 de febrero de 2025, la confirmó íntegramente, en tanto si bien se
demostraron los elementos de prestación personal del servicio y la remuneración
por el servicio prestado, lo cierto es que no se cumplió con la carga de probar el de
subordinación porque no se aportaron elementos que evidenciaran órdenes,
instrucciones, llamados de atención o memorandos del superior, funciones a
efectuar que correspondan a los empleados de planta, reglamentos ni programación
interna a seguir, circunstancias que permitían demostrar que los servicios no se
prestaron de manera independiente y autónoma.

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Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos

2.2. De las actuaciones adelantadas en el trámite del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia

El señor Carlos Arturo Almanza presentó recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia contra la sentencia de 7 de febrero de 2025 de la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para lo cual invocó
la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021 y
expuso que la mencionada autoridad judicial no realizó un análisis exhaustivo y
ponderado de las pruebas aportadas al proceso que demostraban la continuidad,
habitualidad, cumplimiento de horarios, órdenes directas y el uso de herramientas y
espacios de la ESE Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en auto de 30 de
mayo de 2025, inadmitió el recurso por incumplimiento de los requisitos 3 y 4 del
artículo 262 de la Ley 1437 de 2011, es decir, “i) no realizó la relación concreta,
breve y sucinta de los hechos objeto de debate y ii) si bien señaló como vulneradas
las reglas fijadas en la sentencia SUJ-025-CE-S2- 2021 del 9 de septiembre de
2021, no adelantó el estudio comparativo y detallado que supone la norma para
determinar la viabilidad del medio de impugnación”.

El demandante allegó escrito de subsanación, sin embargo, en proveído de 4 de
julio de 2025 la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
rechazó el recurso, al considerar que la controversia propuesta se circunscribía a la
valoración probatoria de los elementos constitutivos de la relación laboral, no para
demostrar el desconocimiento de la regla jurisprudencial invocada.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora aseguró que “la Sentencia C-590 de 2005 de la Honorable Corte
Constitucional, considero que reúno los requisitos generales, he agotados todos los
recursos o medios ordinarios de defensa Judicial a mi alcance, esta acción la
interpongo antes de los seis (6) meses, y como requisito especial, considero que
todas las providencias contienen defecto sustantivo que consistió en que entre
los fundamentales y la decisión existe una clara contradicción con base a lo
manifestado en las sentencias negar las pretensiones cuando SÍ hubo una relación
laboral debidamente probada, es por ello que es Demandado cuyas pretensiones
debieron prosperar, el no haber procedido a condenar se produjo una violación
directa de la Constitución”.

Adicionalmente, en el escrito de subsanación mencionó que en los hechos del
escrito de tutela se había señalado “las providencias recurridas (sic) corresponden
a todas las sentencias que fueron expedidas dentro del proceso el cual se tramitó
en las tres instancias Juzgado, Tribunal y Consejo de Estado y que fueron
debidamente descritas”. Posteriormente, transcribió el aparte de la demanda de
tutela donde, en su sentir, se señalaban las providencias objetadas, “la cual
correspondió al JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE
BOGOTÁ, la cual fue resuelta mediante sentencia de fecha diciembre 15 del año
2023, mediante la cual se negó las pretensiones de la demanda, fallo el cual fue
apelado y que su conocimiento correspondió al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA MIXTA – ORAL (CUNDINAMARCA), quien en sentencia de
fecha 07 de febrero de 2025, (...), confirmo (sic) la sentencia proferida el diecisiete
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Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos

(17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), proferida por el Juzgado Doce (12)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, contra esta decisión se interpuso
Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia el cual fue resuelto por
(sic) CONSEJO DE ESTADO DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ,
con fecha 10 de julio de 2025, siendo rechazado”.

4. Trámite procesal

Por auto de 15 de enero de 2026, el magistrado sustanciador requirió al señor
Carlos Arturo Almanza Hoyos para que aclarara y precisara las pretensiones,
providencias recurridas y los defectos invocados, para lo cual se le otorgó un
término de 2 días.

En proveído de 28 de enero de 2026, se rechazó la solicitud de amparo, porque el
demandante no atendió el requerimiento de la citada providencia.
El accionante radicó recurso de reposición e impugnación, en el que informó que
no tuvo conocimiento del auto de 15 de enero de 2026 y en el que atendió a los
requerimientos plasmados en dicha providencia.
En vista de lo anterior y en atención de que la omisión en la que incurrió el actor al
no corregir dentro del término concedido no se trata de un defecto insubsanable ni
del agotamiento definitivo de la acción, aunado al hecho de que la informalidad,
economía procesal y celeridad son los principios que rigen la acción de tutela, en
auto de 11 de febrero de 2026, el magistrado sustanciador la dio por subsanada
como una garantía efectiva del derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia. En consecuencia, dejó sin efectos el proveído de 28 de enero de 2026,
admitió la demanda y ordenó notificar al accionante y a las autoridades judiciales
accionadas. Asimismo, a la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 24019 a 24024 de
13 de febrero de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado

El consejero ponente pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela,
toda vez que no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales
alegados. Afirmó que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia lo
rechazó, porque no se acreditó la contradicción objetiva entre la sentencia
cuestionada y la regla fijada en la providencia de unificación que invocó el
demandante. Agregó que el accionante pretendía transformar el mecanismo
extraordinario en una tercera instancia para replantear la apreciación probatoria que
se hizo en el proceso ordinario.

5.2. Respuesta de la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca

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El magistrado ponente de la sentencia del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela o, en su
defecto se negaran, en razón a que no se evidenció error alguno en la valoración
de las pruebas.

Sostuvo que de la valoración probatoria, específicamente de los testimonios, se
arribó a la conclusión de que no se demostró la subordinación como elemento
central de la relación laboral, porque los testigos no brindaron claridad sobre la falta
de autonomía en la ejecución de sus labores ni la imposición de órdenes, por el
contrario, argumentaron el cumplimiento de horario del demandante, sin embargo
en el expediente no se aportaron documentos, planillas o prueba escrita que
corroborara dichas afirmaciones, más aún cuando el demandante desarrolló sus
labores específicamente en campo.

5.3. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá y la ESE Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, a pesar de que fueron
notificados en debida forma del auto admisorio, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer conforme al escrito inicial y de subsanación, si
es procedente la acción de tutela de conformidad con los requisitos generales de
procedencia contra providencia judicial y, en caso afirmativo, si la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el trámite del recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia, y la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito de Bogotá, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la dignidad humana, así como el principio de
prevalencia del derecho sustancial del demandante.

3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora bien, aun
cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo momento y lugar”, lo que
podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en cualquier
tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos vulnerados, lo
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único cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en cada caso
concreto.

Sin embargo, la Corte Constitucional1 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la negligencia o
indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 2

La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para que
el juez de tutela pueda determinar3, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito
de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de 20164,
así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del
peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia de
presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se produce la
vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos
fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar
el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de
presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se
prolongó; (iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos
de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la
presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos
fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar
dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados
en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efectos de la
tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la demora
en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en
los derechos de terceros si se declarara procedente”5.

1
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
2
Ibídem.
3
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-
246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
4
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
5
Ibídem.
6

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En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-372 de 2024, reiteró los
anteriores criterios para analizar las particulares de cada caso en torno a la
presentación de la acción de tutela dentro de un término oportuno y recordó que no
toda manifestación de una circunstancia especial habilita la procedencia del
mecanismo constitucional, puesto que no basta con la simple afirmación de que el
interesado no pudo ejercer la solicitud de amparo en un plazo razonable. Al
respecto, sostuvo que “pretender establecer la inmediatez a partir de un hito diferente al
de la fecha de la sentencia de condena y su notificación, como es la respuesta negativa a
una solicitud de libertad, como lo hace el actor, carece de justificación, pues lo que pretende
cuestionarse es la condena y no la negativa de la libertad”.

Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6 estableció,
como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo
máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la sentencia o
providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido
acogido por la Corte Constitucional7.

4. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones8.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20059, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional10.

6 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
7
T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
8
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
9
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
10
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
7

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Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala11, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad,
pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional
por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza
o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron
de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación
de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si
fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

5. Estudio y solución del caso concreto

El señor Carlos Arturo Almanza Hoyos, quien actúa en nombre propio, presentó
acción de tutela con el objeto de que el juez constitucional proteja sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
dignidad humana, así como el principio de prevalencia del derecho sustancial,
supuestamente vulnerados por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, con el auto de 4 de julio de 2025 que rechazó el recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia, y la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito de Bogotá, con las sentencias de 7 de febrero de 2025 y 11 de noviembre

11
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
8

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de 2023, en su orden, mediante las cuales se negó la declaratoria de una relación
laboral encubierta con la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Occidente,
al incurrir en los defectos sustantivo y por violación directa de la Constitución.

Previo a cualquier pronunciamiento, la Sala procede a verificar el cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, especialmente los
de i) la inmediatez frente a las decisiones de la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Bogotá, y de relevancia constitucional respecto de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, así:

5.1. De la procedencia de los reproches planteados contra las decisiones
proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

Conforme da cuenta el expediente ordinario allegado al trámite constitucional, la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en fallo de 7 de febrero de 2025, confirmó la decisión de primera instancia que negó
las pretensiones del demandante tendiente al reconocimiento del contrato realidad
y el pago de las prestaciones que devengaba un empleado de planta de la entidad
demandada, pues no se cumplió con la carga de probar el elemento subordinación.

Al respecto, la Sala observa que dicha decisión se notificó a las partes por medios
electrónicos el 12 de febrero de 202512, fecha a partir de la cual se verificará el
cumplimiento del requisito de inmediatez, mas no desde que se resolvió el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, pues dicho mecanismo está
concebido para reprochar las decisiones judiciales que desconozcan una sentencia
de unificación, lo que no es objeto de reparo por el actor, quien delimitó sus reparos
a los defectos sustantivo y por violación directa de la Constitución, en tanto existió
una contradicción entre los fundamentos y la decisión de la sentencia que puso fin
al proceso ordinario.

Adicionalmente, se debe resaltar que, de acuerdo con el artículo 26113 de la Ley
1437 de 2011, modificado por el artículo 72 de la Ley 2080 de 2021, el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia se debe interponer dentro de los 10
días siguientes a la ejecutoria de la decisión reprochada, es decir, que la decisión
que puso fin al proceso ordinario quedaba en firme y con efectos para las partes.
Más aún, en la referida disposición se indica que la concesión de ese recurso no
impide la ejecución del fallo, al menos que todas las partes lo hubieran recurrido, lo
que no ocurrió en esta oportunidad, toda vez que lo interpuso el demandante.

12
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100133350122022002550125
00023. Índice 00024.
13
ARTÍCULO 261. Interposición. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia deberá interponerse
y sustentarse por escrito ante quien expidió la providencia, a más tardar dentro los diez (10) días siguientes a
su ejecutoria.

Si el recurso se interpuso y sustentó en término, el ponente lo concederá dentro de los cinco (5) días siguientes
y ordenará remitir el expediente al competente para resolverlo. De lo contrario, lo rechazará o declarará desierto,
según el caso.

La concesión del recurso no impide la ejecución de la sentencia, salvo cuando haya sido recurrida totalmente
por ambas partes y por los terceros reconocidos en el proceso. Sin embargo, cuando el recurso no comprenda
todas las decisiones, se cumplirá lo no recurrido. Lo anterior, sin perjuicio de lo regulado en el artículo 264 de
este código.
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Por consiguiente, se insiste, que el requisito de la inmediatez de la acción de tutela
que ocupa la atención de la Sala se verifica a partir de la notificación del fallo de 7
de febrero de 2025 de la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

Precisado lo anterior y en atención a lo que se indicó en las consideraciones
jurídicas de esta decisión, el artículo 86 de la Constitución aclara que la acción de
tutela debe procurar la protección inmediata de los derechos fundamentales,
cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de
una autoridad pública. Si bien, la misma disposición establece que se podrá hacer
uso de este mecanismo constitucional en todo momento, ello no implica que no se
deba interponer dentro de un plazo razonable, pues ello está en consonancia con
los principios de seguridad jurídica y cosa juzgadas, los cuales, prima facie, se
deben resguardar.

Como la solicitud de amparo fue promovida el 18 de diciembre de 202514,
transcurrieron diez (10) meses y un (1) día entre el momento de la notificación de
la sentencia de segunda instancia dictada en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y el de la interposición de la acción constitucional,
término que excede el límite razonable establecido jurisprudencialmente por la Sala
Plena de esta Corporación, como regla general, acogido igualmente por la Corte
Constitucional.

Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional en diferentes
decisiones ha ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar
que el plazo razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término
fijo, puede entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe
analizarse en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las condiciones
15
del accionante y los derechos que subyacen en la pretensión” , respecto del cual ha
precisado “que (…) ha entendido que seis meses es un plazo razonable para satisfacer el
16
requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho término es perentorio” .

En ese mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el juez
debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en riesgo la
seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6 meses), lo cierto
es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su fijación se debe acudir a criterios
como el de razonabilidad y proporcionalidad en cuya valoración le corresponde al juez tener
17
en cuenta las circunstancias que caractericen al caso concreto” .

Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a
concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la
omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el
tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual. Sin embargo, cuando se trata

14
Acta individual de reparto.
15
Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
16
Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
17
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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de cuestionar providencias judiciales la verificación de este presupuesto se torna
aún más exigente, por lo que no cualquier circunstancia lo excepcionaría cuando
se ha superado el plazo razonable de los seis meses, sino que en cada caso
concreto se deberá efectuar su estudio, siempre con el norte de preservar prima
facie los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

En el presente caso, no se presentaron circunstancias especiales, aunado al hecho
de que la parte actora solo se limitó a señalar que la acción de tutela cumplía con
los requisitos generales de procedencia contra providencias judiciales, lo que no
justifica la presentación de la solicitud de amparo sin el cumplimiento del requisito
de la inmediatez.

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela en relación
con las providencias proferidas por la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito de Bogotá, toda vez que no se cumple con el requisito de la inmediatez.

5.2. De la procedencia de los reproches planteados contra la decisión
proferida en el trámite del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia

El señor Carlos Arturo Almanza Hoyos manifestó que la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado con el proveído de 4 de julio de 2025, vulneró los
derechos fundamentales alegados.

Al respecto, la Sala observa que la autoridad judicial accionada, en el proveído de
4 de julio de 2025, rechazó el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, con sustento en que no existió unidad de materia entre la situación
particular del señor Carlos Arturo Almanza Hoyos y los puntos resueltos en la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, es
decir, lo relacionado con (i) la temporalidad de los contratos de prestación de
servicios, (ii) el término de referencia para la no solución de continuidad para
efectos de la prescripción de los derechos laborales y (iii) la devolución de los
aportes de salud cuando se configura la relación laboral. Asimismo, indicó que el
actor solo discutió la valoración probatoria de los elementos de la relación laboral y
que sí cumplió con la carga de acreditar la existencia de la relación laboral
encubierta, lo que constituye un razonamiento relacionado con el juicio valorativo
emitido por el Tribunal al realizar el análisis probatorio y jurídico propio de la
decisión de fondo.

Descendiendo al caso concreto, esta Sala evidencia que si bien se reprocha la
decisión de rechazo del recurso extraordinario de unificación de la jurisprudencia,
lo cierto es que no expone reparo alguno en contra de esa providencia. En efecto,
lo que se observa es que los fundamentos de la acción de tutela se centran en los
defectos sustantivo y por violación directa de la Constitución respecto a las
sentencias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que le negó el
reconocimiento del contrato realidad y el pago de salarios y prestaciones de
acuerdo con lo que devengaba un empleado de planta de la ESE Subred Integrada
de Servicios de Salud Occidente.
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En relación con el alcance de este presupuesto de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha indicado que la
solicitud debe contener una carga argumentativa y explicativas mínimas, lo que es
razonable para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales con los
principios y valores en juego, cuando se controvierte una decisión judicial, porque
“a pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido
control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces” .
18

Aunado a lo anterior, se recuerda que, si bien la Constitución Política y el Decreto
2591 de 1991 aluden al principio de informalidad en el ejercicio de la acción de
tutela, la jurisprudencia constitucional, acogida por esta Sala, ha considerado que
cuando se cuestionan providencias judiciales, más aún de una alta corte, la parte
interesada debe exponer unas razones mínimas con el fin de que el juez
constitucional pueda efectuar el estudio de fondo de la decisión objeto de reproche
constitucional, lo que se justifica en que, en principio, deben privilegiarse los
principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y especialidad del juez natural.

En efecto, la providencia objetada fue dictada por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por lo que la verificación del requisito de la
relevancia constitucional adquiere mayor importancia y se torna más estricto en este
caso, teniendo en cuenta que se trata de una providencia emitida por una Alta Corte.

En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que este presupuesto es más
riguroso cuando se trata de providencias judiciales proferidas por una Alta
Corporación. Al respecto, en la sentencia SU-917 de 201019, expresó lo siguiente:

“La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce
el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los
principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos
supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente
del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.

Lo anterior, fue reiterado por la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 202220,
en la que se afirmó que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad,
razón por la cual “se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta
una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una
actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una vulneración a los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter

18
T-461 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
19
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en las sentencias SU-131 de 2013, M.P. (E) Alexei Egor Julio
Estrada, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-217 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo.
20
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
12

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desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional. Se destaca que este requisito
no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los derechos
fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan advertir
tal situación a primera vista especialmente, cuando se trata de una tutela contra una
sentencia de una alta corte”.

Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana,
así como el principio de prevalencia del derecho sustancial, en este caso sin cumplir
con la carga argumentativa requerida para reprochar la providencia que rechazó el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, porque no
se cumple con los requisitos i) de inmediatez, respecto de la decisión de la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que confirmó la del Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá que negó
las pretensiones tendientes al reconocimiento del contrato realidad, y ii) de
relevancia constitucional al no cumplir con la carga argumentativa necesaria contra
la decisión de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que
rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Carlos Arturo Almanza Hoyos, quien actúa en nombre propio, contra la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Bogotá, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

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Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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