Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00152-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00152-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00152-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
24 de abril de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00152-00
Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00152-00
Demandante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
Demandado: Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá y otro
Referencia: Acción de tutela
Tema: TEMERIDAD EN TUTELA - Rechazo de solicitudes de tutela idénticas y presentadas por la
misma persona ante varias autoridades judiciales.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por Carlos Arturo Almanza Hoyos en contra
del Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Carlos Arturo Almanza Hoyos, por conducto de apoderada judicial, interpuso acción de
tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
trabajo en condiciones dignas y justas y a la seguridad social, en conexidad con el
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, los cuales consideró
vulnerados por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección B, con ocasión de las
sentencias proferidas el 17 de noviembre de 2023 y el 7 de febrero de 2025,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 11001-33-35-012-2022-00255-00/01.
2. Hechos
2.1. El señor Carlos Arturo Almanza Hoyos afirmó que se desempeñó como químico
farmacéutico para la hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.,
antes Hospital Pablo VI de Bosa, de manera continua, desde el 16 de junio de 2000 hasta
el 31 de diciembre de 2019. Indicó que, durante dicho período, su vinculación se
formalizó mediante la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios.
2.2. Manifestó que presentó reclamación administrativa con el fin de obtener el
reconocimiento de la existencia de un contrato realidad. Dicha solicitud fue resuelta
mediante oficio núm. 20222100008801 del 19 de enero de 2022, por medio del cual la
entidad negó la configuración de una relación laboral, al considerar que los contratos
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00152-00
Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
celebrados se ajustaron al régimen jurídico de la contratación estatal y que no se acreditó
el elemento de subordinación.
2.3. Con fundamento en lo anterior, el 13 de julio de 2022, el señor Almanza Hoyos
promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., con el
propósito de que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó el
reconocimiento de la relación laboral derivada de la celebración sucesiva de contratos
de prestación de servicios y, como consecuencia, se ordenara el restablecimiento del
derecho.
2.4. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Doce Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, despacho que, mediante sentencia del 17 de noviembre de 2023,
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se acreditó el elemento de
subordinación requerido para declarar la existencia de una relación legal y reglamentaria.
2.5. Inconforme con la decisión, el señor Almanza Hoyos interpuso recurso de apelación,
el cual fue concedido mediante auto del 25 de abril de 2024.
2.6. Mediante sentencia del 7 de febrero de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión recurrida.
Para sustentar su determinación, señaló que la sola afirmación de los declarantes no
resultaba suficiente para acreditar un período laboral continuo ni el ejercicio permanente
de funciones bajo subordinación. Indicó que era necesario aportar otros medios
probatorios que permitieran establecer, de manera cierta, que el demandante prestó sus
servicios para la entidad en los términos alegados.
Respecto de los períodos en los cuales se afirmó que el actor prestó servicios a través
de cooperativas de trabajo asociado, señaló que le correspondía aportar las
certificaciones o contratos respectivos que acreditaran dicha vinculación.
2.7. Contra la precitada sentencia, el señor Almanza Hoyos interpuso recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, al considerar que la providencia
desconoció de manera ostensible la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021,
pese a la supuesta similitud fáctica entre ambos asuntos.
2.8. Mediante providencia del 3 de abril de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia del 7 de febrero de 2025.
2.9. El recurso fue decidido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, autoridad judicial que, mediante providencia del 4 de julio de 2025, lo rechazó,
al concluir que no cumplía, los presupuestos previstos en el artículo 265 del CPACA, en
la medida en que pretendía reabrir el debate propio del proceso ordinario y convertir
dicho mecanismo en una instancia adicional para reiterar argumentos ya examinados y
decididos.
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Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y pidió que
se dejaran sin efectos las sentencias proferidas el 17 de noviembre de 2023 por el
Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá y el 7 de febrero de 2025 por la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al
considerar que tales providencias incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo por
desconocimiento del precedente.
En consecuencia, solicitó que se ordenara al Tribunal proferir una nueva decisión en la
que realizara una valoración integral del acervo probatorio, aplicara el principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades y, en consecuencia, declarara la
existencia de la relación laboral -contrato realidad- a favor del señor Almanza Hoyos.
3.2. En sustento del presunto defecto fáctico, la parte accionante alegó que las
autoridades judiciales efectuaron una valoración probatoria irrazonable, al restar eficacia
a los indicios de subordinación que, a su juicio, se encontraban acreditados mediante
prueba testimonial, tales como la sujeción a horarios, la recepción de órdenes y la
eventual imposición de sanciones disciplinarias.
Sostuvo que se desconoció el deber de apreciación conjunta y armónica de las pruebas,
previsto en la normativa procesal, y que se privilegió la inexistencia formal de un vínculo
laboral, sin contrastarla adecuadamente con la realidad fáctica demostrada en el
proceso.
3.3. En cuanto al defecto sustantivo, afirmó que las decisiones cuestionadas
desconocieron el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, en particular la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, así como el principio constitucional de la
primacía de la realidad sobre las formalidades.
Indicó que calificar como temporales unas funciones ejercidas durante casi veinte años
comportó la validación de un uso indebido de contratos de prestación de servicios y
permitió la elusión de obligaciones laborales, en contravía de la jurisprudencia
constitucional y contencioso-administrativa en materia de contrato realidad.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 16 de enero de 20261, se admitió la acción de tutela contra las
autoridades accionadas y se dispuso: (i) vincular, en calidad de terceros con interés en
el resultado del proceso, a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
E.S.E.; y (ii) requerir a la abogada Andrea Baquero Hernández para que, allegara el
poder conferido por el señor Carlos Arturo Almanza Hoyos para promover la presente
acción constitucional.
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Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
4.2. El 21 de enero de 20262, el señor Carlos Arturo Almanza Hoyos presentó escrito
de desistimiento y solicitud de archivo de la presente acción de tutela. Manifestó que, por
un error involuntario, se radicaron dos acciones de tutela sustentadas en los mismos
hechos y pretensiones.
Precisó que la primera acción fue presentada en el año 2025, identificada con el radicado
núm. 11001-03-15-000-2025-08160-00, asignada al Despacho del Consejero de Estado
Luis Antonio Rodríguez Montaño, y que la segunda corresponde al trámite que
actualmente conoce este Despacho. En consecuencia, expresó su voluntad de desistir
de la presente acción, con el fin de que continúe el trámite de la tutela radicada con
anterioridad.
4.3. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca3 solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto,
negar las pretensiones, al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados.
Indicó que la acción carecía de inmediatez, dado que el proceso ordinario agotó todas
sus instancias y que el recurso extraordinario de unificación fue rechazado en julio de
2025, al pretender convertirse en una instancia adicional. Además, advirtió que el
accionante promovió múltiples acciones de tutela contra las mismas decisiones
judiciales, incluso una adicional ante el Consejo de Estado, lo que evidenci a temeridad
y un uso indebido del mecanismo constitucional.
Señaló que el debate ya fue resuelto en sede ordinaria, donde se concluyó que no se
acreditó el elemento de subordinación, requisito esencial para declarar la existencia de
una relación laboral. Indicó que las pruebas fueron valoradas de manera integral y
razonable, y que el cumplimiento de horarios obedeció a necesidades de coordinación
propias de los contratos de prestación de servicios, sin que ello implicara subordinación
laboral.
Concluyó que el accionante pretende reabrir un debate probatorio ya definido por el juez
natural, desconociendo el carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela, razón
por la cual solicitó su improcedencia.
4.4. La Subred Integrada de Servicios de Salud- Sur Occidente ESE 4 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela y, en consecuencia, negar el amparo solicitado, al
estimar que no se cumplen los requisitos generales ni específicos de procedibilidad
exigidos para la tutela contra providencia judicial.
2 Índice 008 del aplicativo Samai, certificado AEB748AAF42F986E 87F8BAB1674CFE50 41660D58CC7D3281
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3
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Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
Indicó que la relación existente entre el señor Almanza Hoyos y el Hospital Pablo VI de
Bosa fue, en todo momento, de naturaleza civil y contractual, materializada mediante
contratos de prestación de servicios celebrados conforme a la normativa vigente. Precisó
que dichos contratos contaron con objeto, plazo y condiciones claramente definidos, y
que su terminación obedeció exclusivamente al vencimiento del término pactado, sin que
pueda predicarse la existencia de un vínculo laboral.
Afirmó que las pretensiones del accionante se fundamentan en el reconocimiento de un
supuesto contrato realidad, asunto que no puede debatirse ni resolverse en sede
constitucional, pues requiere un amplio y contradictorio debate probatorio, propio de la
jurisdicción contencioso-administrativa.
Advirtió que el actor pretende que el juez constitucional revalore el material probatorio y
adopte conclusiones distintas a las ya establecidas por las accionadas, lo cual resulta
improcedente, en tanto la acción de tutela no puede utilizarse como un mecanismo
alternativo o sustitutivo de los medios ordinarios de defensa judicial ya agotados,
conforme a la jurisprudencia constitucional.
Finalmente, sostuvo que no se configura el defecto fáctico, dado que las autoridades
judiciales realizaron una valoración integral, razonable y motivada del material probatorio
allegado al proceso ordinario, y concluyeron que no se acreditó el elemento de
subordinación, sino una coordinación funcional propia de la contratación estatal. Según
indicó, tal apreciación se adoptó en ejercicio de la autonomía judicial y no evidencia
arbitrariedad ni irrazonabilidad que permita inferir la vulneración de derechos
fundamentales.
4.5. Una vez recibidos los informes solicitados a las entidades accionadas respecto de
los hechos objeto de la solicitud de amparo, el 28 de enero de 2026 el expediente ingresó
nuevamente al Despacho para proferir sentencia.
4.6. En atención al desistimiento presentado y con el fin de salvaguardar las garantías
constitucionales de las partes, el Despacho verificó el estado del proceso identificado
con el radicado núm. 11001-03-15-000-2025-08160-00, con ponencia del Consejero Luis
Antonio Rodríguez Montaño.
De dicha verificación se constató que la acción de tutela promovida por el señor Carlos
Arturo Almanza Hoyos, en nombre propio, fue rechazada mediante auto del 28 de enero
de 2026, por no haber subsanado la solicitud de amparo en los términos indicados en el
auto del 15 de enero del mismo año, a través del cual se le requirió.
Asimismo, se dejó constancia de que, dentro del proceso constitucional que cursa ante
este Despacho, el 2 de febrero de 2026 5, esto es, con posterioridad al ingreso del
expediente para fallo, la abogada Andrea Baquero Hernández, en calidad de apoderada
5Índice
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61A9781DF42DDC94.
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Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
judicial del señor Almanza Hoyos, allegó copia del poder que la facultaba para intervenir
en representación del accionante.
4.7. En consideración a las actuaciones desplegadas en los procesos de tutela referidos
y ante la aparente contradicción entre el desistimiento manifestado y la posterior
aportación del poder, mediante auto del 10 de febrero de 20266, el Despacho de la
Magistrada Ponente requirió al accionante para que informara, de manera clara y
expresa, si mantenía su decisión de desistir de la presente acción de tutela o si, por el
contrario, deseaba que el trámite continuara hasta la adopción de un a decisión de fondo.
En la misma providencia se advirtió que, pese a la manifestación inicial de desistimiento,
la posterior actuación de su apoderada judicial consistente en allegar el poder exigido en
el auto admisorio, evidenciaba una conducta procesal que impedía establecer con
certeza la voluntad real del interesado frente al presente trámite constitucional.
4.8. En respuesta al requerimiento efectuado, el señor Carlos Arturo Almanza Hoyos, por
intermedio de su apoderada judicial y en cumplimiento del auto del 10 de febrero de
2026, Almanza Hoyos7 manifestó su voluntad de continuar con el trámite de la presente
acción de tutela hasta la adopción de la decisión final.
4.9. No obstante, dentro del proceso identificado con el radicado núm. 11001-03-15-000-
2025-08160-00, con ponencia del consejero Luis Antonio Rodríguez Montaño, mediante
auto del 11 de febrero de 2026 se dejó sin efectos la providencia del 28 de enero de 2026
que había rechazado la acción de tutela y, en su lugar, se dispuso su admisión.
4.10. En el referido trámite, el Despacho profirió sentencia el 5 de marzo de 2026,
mediante la cual declaró improcedente el amparo, al considerar que no se superó el
requisito de inmediatez.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Carlos
Arturo Almanza Hoyos, pues actuó como demandante en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-33-35-012-2022-
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Índice 013 del aplicativo Samai, certificado 4AB37184B9D18576 CD64B26E78F4F056 34D14F45E2E1AC12
390119D12DE24175.
7 Índice 018 del aplicativo Samai, certificado F51B693DB7A270B3 5FE0A96FD670E7B1 8A8D801005A20E82
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Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
00255-00/01, en el que se profirieron las decisiones judiciales que consideró lesivas para
sus garantías fundamentales.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda - Subsección B, por cuanto fueron las autoridades judiciales que
emitieron las providencias cuestionadas por la parte accionante en sede de tutela.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentra probada la
identidad de partes, causa y objeto entre la presente acción constitucional y la registrada
bajo el número 11001-03-15-000-2025-08160-00, y, en caso afirmativo, determinar si
existe temeridad en la actuación del accionante por duplicidad de acciones de tutela
adelantadas con fundamento en los mismos hechos, por el mismo objeto y contra la
misma parte.
De no encontrarse cosa juzgada, se pasará a analizar si el Juzgado Doce Administrativo
del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
• Subsección B, incurrieron en la violación de los derechos fundamentales invocados al
proferir las sentencias proferidas el 17 de noviembre de 2023 y el 7 de febrero de 2025,
respectivamente, dictadas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 11001-33-35-012- 2022-00255-00/01.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20058, indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela9, y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto10.
8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del p roceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos
o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna
de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico,
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Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte
de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”11.
5. La Cosa Juzgada Constitucional
La cosa juzgada ha sido definida por el Código General del Proceso y la jurisprudencia
como una institución que busca garantizar la seguridad jurídica y el respeto por el
derecho fundamental al debido proceso. En efecto, el artículo 303 del CGP dispone que
“la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa
juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la
misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes
(…)”.
Al respecto, la Corte Constitucional ha entendido el fenómeno de la cosa juzgada en los
siguientes términos:
“Por otro lado, la Corte Constitucional en sentencias C-774 de 2001 y T-249 de 2016,
definió a la cosa juzgada como una “(…) institución jurídico procesal mediante la cual
se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras
providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas (…)”.
Como se expuso en párrafos precedentes, la presentación sucesiva o múltiple de
acciones de tutela puede configurar una actuación temeraria y, además, comprometer
el principio de cosa juzgada constitucional. Esto, de acuerdo con la jurisprudencia de
este Tribunal constituye un ejercicio desleal y deshonesto de la acción, que
compromete la capacidad judicial del Estado como también los principios de economía
procesal, eficiencia y eficacia.
De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de cosa juzgada
constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria
de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta identidad
jurídica de partes, objeto y causa.
2.2.2. Ahora bien, por regla general, un fallo de tutela queda amparado por la figura
de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que la Corte Constitucional
decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es seleccionado, esta se configura
cuando queda ejecutoriada la providencia que expida este Tribunal”
que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad
judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el
material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina
en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o
existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad
judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
2.2.2. No obstante, esta Corporación ha desvirtuado la configuración de la cosa
juzgada en casos excepcionalísimos, entre ellos, los hechos nuevos. La anterior
circunstancia puede dar lugar a levantar la cosa juzgada constitucional, así se
verifique la identidad de partes, objeto y pretensiones.”12
Ahora bien, la Corte Constitucional señaló como una de las excepciones de la cosa
juzgada constitucional cuando la parte alega la ocurrencia de hechos nuevos, a pesar
de existir un pronunciamiento anterior en el que concurran los elementos de identidad
entre las partes, hechos y pretensiones. No obstante, cuando se alega como hecho
nuevo la expedición de una sentencia judicial, aclaró que, no cualquier pronunciamiento
puede tomarse como un hecho nuevo, ya que requiere: (1) que tenga vocación de
universalidad, como la tienen las sentencias de constitucionalidad y las de unificación13;
y (2) que el nuevo fallo aborde situaciones jurídicas novedosas que no se hubieran
desarrollado con anterioridad14.
Así las cosas, a pesar de que la temeridad y la cosa juzgada son fenómenos procesales
distintos, la presentación múltiple e injustificada de la misma acción de tutela puede
configurar una actuación temeraria y comprometer el principio de la cosa juzgada
constitucional. Lo anterior constituye un ejercicio desleal y deshonesto de la acción, que
puede comprometer la capacidad judicial del Estado, así como los principios de
economía procesal, eficiencia y eficacia.
6. Temeridad ante la duplicidad en el ejercicio de la acción de tutela
De acuerdo con la doctrina de la Corte Constitucional, se incurre en una actuación
temeraria cuando se presentan varias solicitudes de amparo en las que hay “(i) identidad
fáctica y de derechos invocados en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de
demandante, en cuanto la otra acción de tutela se presenta por parte de la misma
persona o su representante; (iii) identidad del sujeto accionado y; (iv) falta de justificación
para interponer la nueva acción”15.
Al respecto, el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 199116 dispuso:
“ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de
los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta
profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021
13 Al respecto, ver entre otras, las sentencias T-324 de 2016 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), SU-055 de 2018
(M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-461 de 2019 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).
14 Corte Constitucional, sentencias SU-055 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-461 de 2019 (M.P.
Alejandro Linares Cantillo).
15 Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la sentencia T-151 de 2010.
16 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00152-00
Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
Ahora bien, cabe destacar que la Corte Constitucional ha precisado que “algunas
variaciones en las partes, los hechos o las pretensiones”17 no necesariamente llevan a
descartar la triple identidad, “sino que se trata de un examen más profundo, que no basta
con la coincidencia formal sino con una verificación de la coincidencia material entre los
dos procesos, a pesar de pequeñas diferencias”18.
En ese sentido, “accionar a una persona más o una menos puede significar, en todo
caso, una identidad de sujetos. Finalmente, tener un mismo objetivo y pretensión no
significa que deba existir una redacción idéntica de las pretensiones de las dos acciones,
sino, en cambio, que el juez pueda verificar que materialmente existe una pretensión
equivalente”19.
El máximo Tribunal de lo Constitucional también ha entendido la temeridad desde dos
perspectivas:
“La primera alude a su estructuración cuando una misma persona presenta
simultáneamente varias acciones de tutela ante distintas autoridades judiciales y la
segunda extiende la temeridad a eventos en los cuales la persona, de mala fe, ejerce
de manera sucesiva la misma acción. Esto es equivalente a que: (i) el accionante
actúe de mala fe y; (ii) se acuda al recurso de amparo sin una justificación
razonable”20.
En este sentido, para “poder decretar la temeridad, el juez debe advertir: (i) la presencia
de un elemento volitivo negativo en la presentación de la acción, es decir que esta se
ejerza con mala fe o dolo del accionante; y (ii) la ausencia de justificación razonable y
objetiva”21.
Así las cosas, el juez constitucional no solo deberá verificar “los elementos que
constituirían triple identidad para concluir que hay una actuación temeraria y, en
consecuencia, declarar su improcedencia”22, sino que además debe “estudiarse las
circunstancias actuales que rodean el caso específico”23, de modo que, solo desvirtuada
la presunción de buena fe a favor del accionante, que tiene lugar cuando “se deja al
descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe
se instaura la acción, o pretende a través de personas inescrupulosas asaltar la buena
fe de quien administra justicia, procederán las sanciones”24.
De igual manera la Corte estableció como excepciones a la temeridad y que justifiquen
la presentación de una nueva acción de tutela, las siguientes:
“(i) La condición de ignorancia o indefensión del actor, propia de aquéllas
situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por necesidad
extrema de defender un derecho y no por mala fe; (ii) el asesoramiento errado de
17 Sentencia T-219 de 2018 de la Corte Constitucional.
18 Ibíd.
19 Ibíd.
20
Sentencia T-162 de 2018 de la Corte Constitucional.
21 Sentencia T-190 de 2020 de la Corte Constitucional.
22 Sentencia SU-027 de 2021 de la Corte Constitucional.
23 Ibídem.
24 Ibid.
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Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
los profesionales del derecho; (iii) La consideración de eventos nuevos que
aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en
el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base
para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los
derechos fundamentales del demandante y (iv) Se puede interponer una nueva
acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de
unificación, cuyos efectos son extensivos a un grupo de personas que se
consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia
presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión”25.
7. Del caso en concreto
La Sala anuncia que declarará improcedente la acción de tutela por las razones que se
exponen a continuación:
7.1. Cosa juzgada
En atención a las circunstancias particulares del actor que se derivan de los fundamentos
de la solicitud de amparo, así como de los informes presentados en este trámite, la Sala
considera necesario entrar a verificar la posible ocurrencia de la cosa juzgada en relación
con los reparos que el accionante formuló en contra de las sentencias proferidas el 17
de noviembre de 2023 y el 7 de febrero de 2025, proferidas por el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Segunda - Subsección B, respectivamente, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-33-35-
012- 2022-00255-00/01.
En punto a lo anterior, con el fin de establecer si en el presente asunto se cumplen los
requisitos para que se estructure la cosa juzgada, se realizará el siguiente análisis
comparativo.
Rad. 11001-03-15-000-2026-00152- Rad. 11001-03-15-000-2025-08160-
Expediente 00 00
(Expediente objeto de estudio) (Tutela preexistente)
Accionante. Carlos Arturo Almanza Accionante. Carlos Arturo Almanza
Hoyos. Hoyos
Accionado. Juzgado Doce Accionado. Juzgado Doce
Partes Administrativo del Circuito de Bogotá y Administrativo del Circuito de Bogotá,
el Tribunal Administrativo de el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda, Cundinamarca - Sección Segunda,
Subsección B. Subsección B y Consejo de Estado-
Sección Segunda - Subsección A.
En el asunto bajo examen, la parte En el asunto bajo examen, la parte
Causa accionante solicitó el amparo de sus accionante solicitó el amparo de sus
petendi derechos fundamentales y pidió dejar derechos fundamentales y pidió dejar
sin efectos las sentencias proferidas el sin efectos las sentencias proferidas
25 Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00152-00
Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
17 de noviembre de 2023 y el 7 de el 17 de noviembre de 2023 y el 7 de
febrero de 2025, al estimar que febrero de 2025, dentro del proceso
incurrieron en defecto fáctico y en de nulidad y restablecimiento del
defecto sustantivo por derecho, mediante las cuales se
desconocimiento del precedente. En negaron sus pretensiones, con el fin
consecuencia, solicitó que se ordenara de que, en su lugar, se declarara la
dictar una nueva providencia en la que existencia de una relación laboral y
se realizara una valoración integral del se ordenara el reconocimiento de las
material probatorio y se declarara la prestaciones correspondientes, al
existencia del contrato realidad a favor considerar acreditado el contrato
del señor Carlos Arturo Almanza realidad.
Hoyos.
Sostuvo que las autoridades judiciales Sostuvo que las autoridades
realizaron una valoración probatoria judiciales vulneraron sus derechos
irrazonable, al restar eficacia a los fundamentales al debido proceso, al
indicios de subordinación acreditados acceso a la administración de justicia
mediante testimonios y privilegiar la y al trabajo, por cuanto, pese a
inexistencia formal del vínculo laboral, encontrarse demostrados los
sin atender a la realidad fáctica elementos de la relación laboral
demostrada en el proceso. Asimismo, (prestación personal del servicio,
afirmó que las decisiones subordinación y remuneración), no
desconocieron el precedente del se accedió a sus pretensiones. En
Consejo de Estado, en particular la ese sentido, afirmó que existió una
sentencia de unificación SUJ-025-CE- contradicción entre los fundamentos
S2-2021, así como el principio de de las decisiones y la conclusión
primacía de la realidad, al calificar adoptada, lo que, a su juicio,
como temporales funciones ejercidas configuró una violación directa de la
durante casi veinte años, lo que, a su Constitución al desconocer la
juicio, configuró una vía de hecho primacía de la realidad sobre las
judicial. formalidades.
Derechos cuya protección invoca: Derechos cuya protección invoca:
debido proceso, al trabajo en debido proceso, al trabajo en
condiciones dignas y justas y a la condiciones dignas y justas y a la
seguridad social, en conexidad con el seguridad social, en conexidad con el
principio de primacía de la realidad principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades. sobre las formalidades.
Pretensiones: Pretensiones:
“PRIMERO: ADMITIR la presente “1.- TUTELAR los Derechos
Objeto Acción de Tutela por cumplir los Fundamentales Constitucionales que
requisitos generales de procedencia me fueron Vulnerados y conculcados
excepcional contra providencias en las circunstancias de modo tiempo
judiciales, en particular, el agotamiento y lugar que se dejaron expuestas.
de los recursos ordinarios y
extraordinarios, tal como lo demuestra 2.- A consecuencia de lo anterior,
el Auto de rechazo del 4 de julio de Declarar la Nulidad de las sentencias
2025 proferido por el Consejo de expedidas por los accionados
Estado. mediante las cuales se absolvió a la
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Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
Demandada y en su lugar proceder a
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO las condenarlos, con base a que se
Sentencias proferida el diecisiete (17) acredito en debida forma la relación
de noviembre de 2023 proferido por el laboral.
Jugado doce (12) administrativo de
Bogotá y la del siete (7) de febrero de 3.- La decisión que garantice los
dos mil veinticinco (2025) por el Derechos fundamentales invocados
Tribunal Administrativo de como vulnerados.
Cundinamarca – Sección Segunda,
Subsección B, que confirmó la 4.- Que la Sentencia se cumpla
Sentencia del 17 de noviembre de previniendo las consecuencias que al
2023 del Juzgado Doce (12) tenor del Decreto 2591 de 1991,
Administrativo del Circuito de Bogotá, puedan derivarse del hecho de
por incurrir en Defecto Fáctico y sustraerse a los efectos jurídicos
Defecto Sustantivo/Desconocimiento impuestos por el fallo.”
del Precedente.
TERCERO: Como restablecimiento del
derecho, ORDENAR al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda, Subsección B, que
en el término de diez (10) días
contados a partir de la notificación de
la sentencia de tutela, dicte una nueva
providencia en la que realice una
valoración integral y razonable del
material probatorio, que acoja el
principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades, declare la
existencia de la relación laboral o
Contrato Realidad del señor CARLOS
ARTURO ALMANZA HOYOS y ordene
el consecuente restablecimiento del
derecho.”
La adoptará la Sala a través de esta Primer instancia. Mediante fallo del
providencia. 5 de marzo de 2026, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de
tutela, al considerar que se al
concluir que no se cumplían los
requisitos generales de procedencia
exigidos cuando se controvierten
Decisión
providencias judiciales.
En particular, frente a las sentencias
del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, la
Sala encontró incumplido el
requisito de inmediatez, ya que la
tutela fue presentada
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00152-00
Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
aproximadamente diez meses
después de la notificación del fallo
cuestionado, superando el término
razonable de seis meses sin que
existiera justificación válida.
Adicionalmente, respecto de la
decisión que rechazó el recurso
extraordinario de unificación de
jurisprudencia, la Sala determinó
que no se cumplía el requisito de
relevancia constitucional, pues el
accionante no formuló una carga
argumentativa suficiente que
evidenciara la vulneración de
derechos fundamentales,
limitándose a cuestionar
valoraciones probatorias ya
definidas en el proceso ordinario. En
consecuencia, la tutela fue
declarada improcedente en su
totalidad.
A partir de lo anterior, se advierte que, si bien los escritos presentan diferencias en su
nivel de elaboración y técnica jurídica, existe identidad sustancial en cuanto a las
partes, los hechos, la causa y el objeto. En efecto, ambos documentos se
fundamentan en la misma situación fáctica, la presunta existencia de un contrato realidad
derivado de la vinculación del señor Carlos Arturo Almanza Hoyos con la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y persiguen un propósito común:
cuestionar las decisiones judiciales que negaron dicho reconocimiento y obtener la
protección de los derechos fundamentales invocados.
En ese contexto, si bien uno de los escritos presenta un desarrollo argumentativo más
detallado en torno a los eventuales defectos de las providencias cuestionadas, mientras
el otro expone de manera más general la presunta vulneración de derechos
fundamentales, lo cierto es que no se advierte la configuración de una causa petendi
distinta o independiente, sino la reiteración del mismo planteamiento constitucional bajo
una formulación más elaborada.
En consecuencia, ambos escritos convergen en la misma pretensión de dejar sin efectos
las sentencias proferidas el 17 de noviembre de 2023 y el 7 de febrero de 2025 y lograr
el reconocimiento del contrato realidad y el consecuente restablecimiento del derecho.
Dicha solicitud, como se observa en el cuadro precedente, ya fue evaluada y despachada
desfavorablemente en primera, por el juez de tutela. Y se encuentra en estudio en
segunda instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00152-00
Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
En consecuencia, se advierte que operó la cosa juzgada y en tal sentido, no es
procedente abordar el estudio de los argumentos que el tutelante propone en esta
oportunidad.
7.2. Temeridad
Ahora bien, la Sala estima pertinente establecer si el señor Carlos Arturo Almanza Hoyos
incurrió en una actuación temeraria, en atención a que dentro del trámite de tutela, se
evidencia que acudió a dos acciones constitucionales con el mismo propósito.
En efecto, se advierte que en el trámite identificado con el radicado 11001-03-15-000-
2025-08160-00, la Sección Cuarta de esta Corporación constató que la acción de tutela
fue presentada el 18 de diciembre de 2025, ingresó al Despacho el 19 de diciembre
siguiente y, mediante auto del 15 de enero de 2026, se requirió a la parte accionante. De
manera paralela, la presente solicitud de amparo fue radicada nuevamente el 15 de
enero de 2026 y repartida al Despacho el 16 de enero del mismo año, fecha en la cual
se dispuso su admisión y se efectuó un requerimiento en términos similares.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la interposición de la presente
acción de tutela evidencia un actuar temerario por parte del señor Carlos Arturo Almanza
Hoyos, así como un uso indebido del mecanismo constitucional, en la medida en que
acudió nuevamente ante el juez de tutela para plantear pretensiones y argumentos que
ya eran objeto de estudio en otro trámite.
En consecuencia, se considera que las actuaciones del señor Almanza Hoyos se
enmarcan en los supuestos del artículo 3826 del Decreto 2591 de 1991.
7.3. Conclusión
La Sala concluye que la acción de tutela promovida por Carlos Arturo Almanza Hoyos
presenta identidad de parte, causa y objeto con el trámite identificado con el radicado
11001-03-15-000-2025-08160-00/01 y, en tal sentido, opera la cosa juzgada. Asimismo,
está probada la actuación temeraria en el uso de este mecanismo constitucional. Por
consiguiente, se declarará improcedente la solicitud de amparo constitucional y se
ordenará al actor abstenerse de presentar nuevas acciones de tutela que presenten
identidad de parte, causa y objeto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
26 “ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de
tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de
tutela respecto de los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al
menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás
sanciones a que haya lugar”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00152-00
Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Carlos
Arturo Almanza Hoyos Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B, por operar la cosa
juzgada y por temeridad en su actuación, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. ORDENAR a Carlos Arturo Almanza Hoyos que se abstenga de presentar
nuevas acciones de tutela que presenten identidad de parte, causa y objeto.
TERCERO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
CUARTO. REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLAS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
ECG
16
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