Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08160-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08160-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-08160-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08160-01
Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A y otro
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra del fallo de tutela proferido el 5 de
marzo de 20261 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo constitucional
El 18 de diciembre de 2025, el señor Carlos Arturo Almanza Hoyos interpuso acción de
tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales a la justicia, a la
dignidad humana, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al trabajo,
que estima vulnerados con ocasión de las sentencias proferidas dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 11001-33-35-012-2022-
00255-00/01, emitidas el 17 de noviembre de 2023 por el Juzgado Doce Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá y el 7 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante las cuales se negaron las pretensiones de la demanda, así
como del auto del 4 de julio de 2025, por medio del cual la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado rechazó el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia interpuesto contra la decisión de segunda instancia.
Según aduce, las autoridades judiciales desconocieron el material probatorio que, a su
juicio, acreditaba la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación,
elementos constitutivos de una relación laboral, por lo que considera que las decisiones
cuestionadas incurrieron en un defecto sustantivo y vulneraron directamente la
Constitución.
1 Obra en el certificado 3ADCA8E5BDEBA5D8 85E1DF960F53A09B 04398FF45F09DDA9 13504824801AC651,
índice 29.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-08160-01
Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A y otro
1.2. Hechos
1.2.1. El señor Carlos Arturo Almanza Hoyos prestó sus servicios a la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., en el cargo de profesional químico
farmacéutico, durante el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2000 y el 31 de
diciembre de 2019, mediante la celebración sucesiva de contratos de prestación de
servicios.
1.2.2. Señaló que el 26 de octubre de 2021 presentó reclamación administrativa ante la
referida entidad, con el propósito de que se reconociera la existencia de una relación
laboral y, en consecuencia, se ordenara el pago de las prestaciones sociales
correspondientes.
1.2.3. Manifestó que, mediante respuesta del 19 de enero de 2022, la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. negó lo solicitado, al considerar que no
resultaba jurídicamente viable atribuir a la vinculación contractual una naturaleza distinta
de aquella bajo la cual fue ejecutada. Con ocasión de dicha decisión, promovió el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo conocimiento correspondió al
Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad que, mediante
sentencia del 17 de noviembre de 20232, negó las pretensiones de la demanda.
1.2.4. Inconforme con esa determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
mediante sentencia del 7 de febrero de 20253, en la que confirmó la decisión de primera
instancia. Contra esta providencia promovió recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, que fue rechazado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante
auto del 4 de julio de 20254, notificado el 10 de julio del mismo año.
2 PDF 27 del OneDrive que obra en el enlace del certificado AE4E6486DBF13F18 9D9704042907B599
71276B5B145D60BA 117E6FEBD5CEA425, índice 24.
3 Obra en el certificado E0E641754112D660 28B6CBED1F0331F2 8C4364E3A8743EE4 71578D7F4315C58F, índice
22 del expediente 11001333501220220025501.
4 PDF 53 del OneDrive que obra en el enlace del certificado AE4E6486DBF13F18 9D9704042907B599
71276B5B145D60BA 117E6FEBD5CEA425, índice 24.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-08160-01
Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A y otro
1.3. Fundamentos de la acción de tutela
1.3.1. El accionante afirmó que la acción de tutela cumplía los requisitos generales de
procedencia contra providencias judiciales, porque había agotado los medios ordinarios
de defensa y la presentó dentro de un término que consideró razonable. En cuanto al
cuestionamiento de fondo, sostuvo que las sentencias incurrieron en defecto sustantivo,
pues, a su juicio, existía una contradicción entre su motivación y la decisión adoptada:
aunque estimaba demostrada la relación laboral, las autoridades judiciales negaron las
pretensiones de la demanda; por esa razón, concluyó que la falta de una decisión
favorable comportó una violación directa de la Constitución.
1.4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“1.- TUTELAR los Derechos Fundamentales Constitucionales que me fueron
Vulnerados y conculcados en las circunstancias de modo tiempo y lugar que se
dejaron expuestas.
2.- A consecuencia de lo anterior, Declarar la Nulidad de las sentencias expedidas
por los accionados mediante las cuales se absolvió a la Demandada y en su lugar
proceder a condenarlos, con base a que se acredito en debida forma la relación
laboral.
3.- La decisión que garantice los Derechos fundamentales invocados como
vulnerados.
4.- Que la Sentencia se cumpla previniendo las consecuencias que al tenor del
Decreto 2591 de 1991, puedan derivarse del hecho de sustraerse a los efectos
jurídicos impuestos por el fallo.”5.
2. Trámite de la acción de tutela en primera instancia
2.1. Mediante auto del 15 de enero de 20266, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
requirió al accionante para que precisara, de manera clara y concreta, las pretensiones
formuladas, identificara las providencias judiciales objeto de cuestionamiento y señalara
los defectos que, a su juicio, se configuraban en cada una de ellas.
5 Folio 6 del certificado D425B9BCC47EA3BB 5182ADE8E3F26A54 BE6DE6FC2EB511DF 2811F367706FE880,
índice 2.
6 Obra en el certificado F075E75C6B203687 05D158914E25481F E4350F35C0185905 2A876FFBDE502834, índice
4.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-08160-01
Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A y otro
2.2. Mediante auto del 28 de enero de 20267, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
rechazó la solicitud de tutela, debido a que el accionante no atendió el requerimiento
formulado previamente.
2.3. Posteriormente, mediante auto del 11 de febrero de 20268, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado dejó sin efectos el proveído del 28 de enero de 2026, por medio del
cual se había rechazado la solicitud de tutela. En consecuencia, admitió la demanda de
amparo y ordenó notificar, en calidad de autoridades accionadas, a la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y al Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y, como tercera
interesada, a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E9.
2.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección B10
solicitó que se declarara improcedente el amparo constitucional o, en su defecto, se
negaran las pretensiones. Sostuvo que la sentencia cuestionada valoró integralmente el
material probatorio y concluyó que, aunque se acreditaron la prestación personal del
servicio y la remuneración, no se demostró el elemento de subordinación, pues no
obraban documentos que evidenciaran el cumplimiento de un horario impuesto, la
sujeción a órdenes permanentes, reglamentos, controles disciplinarios o instrucciones
propias de una relación laboral. Añadió que las directrices recibidas por el actor
correspondían a la coordinación necesaria para ejecutar el objeto contractual y que la
tutela pretendía reabrir el debate probatorio ya resuelto por los jueces ordinarios.
También señaló que el amparo podría resultar improcedente por falta de inmediatez, dado
que la providencia que rechazó el recurso extraordinario fue proferida en julio de 2025 y
la tutela se presentó casi seis meses después. Finalmente, alegó la configuración de
temeridad, porque el accionante promovió otra acción de tutela, identificada con el
radicado 11001-03-15-000-2026-00152-00, contra las mismas sentencias y con identidad
7 Obra en el certificado AC252D707BF86884 6DDD7FE6536F2D53 2303325CD9A22B84 738721DB2A522543, índice
9.
8 Obra en el certificado 3F5D1F1F54202E99 79B35BA61FBF7B0E 43F637FBBC53AED3 AB0358F55B947DE7,
índice 15.
9 Los soportes de notificación obran en el índice 18.
10 Obra en el certificado E9CCF84913B6D5CE 11D712FE094F7FA9 115A3EC7DCDD9836 98406C9964174315,
índice 25.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-08160-01
Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A y otro
de hechos, argumentos y pretensiones, por lo que solicitó que se declarara su actuar
temerario.
Asimismo, remitió el enlace del expediente 1100133350122022002550111.
2.5. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado12, por conducto del
consejero Luis Eduardo Mesa Nieves, explicó que el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia interpuesto por el accionante fue inicialmente inadmitido, debido a que
no contenía una relación concreta, breve y sucinta de los hechos objeto de debate ni
desarrollaba el estudio comparativo requerido para acreditar el desconocimiento de la
sentencia SUJ-025-CE-S2-2021. Aunque la parte actora presentó escrito de
subsanación, el recurso fue rechazado mediante auto del 4 de julio de 2025, al advertirse
que la controversia planteada no recaía sobre las reglas de unificación relativas a la
temporalidad de los contratos de prestación de servicios, la solución de continuidad o la
devolución de aportes en salud, sino sobre la valoración probatoria de los elementos
constitutivos de la relación laboral. En ese sentido, indicó que los argumentos formulados
estaban dirigidos a reabrir el debate fáctico ya resuelto y a convertir el recurso
extraordinario en una instancia adicional.
En relación con la procedencia de la acción de tutela, señaló que el accionante disponía
de los recursos de reposición y súplica contra el auto que rechazó el recurso
extraordinario, pero no los interpuso dentro del término legal de tres días, pese a que la
providencia le fue notificada el 10 de julio de 2025. Por consiguiente, consideró
incumplido el requisito de subsidiariedad. Finalmente, sostuvo que tampoco se configuró
la vulneración de los derechos fundamentales invocados, toda vez que el rechazo del
recurso obedeció al incumplimiento de los requisitos legales y a la ausencia de una
contradicción objetiva entre la sentencia cuestionada y la regla de unificación invocada.
2.6. El Juzgado 12 Administrativo de Bogotá remitió enlace OneDrive del expediente
1100133350122022002550013; sin embargo, no presentó informe.
11 Obra en el certificado 502561FA31CD802B BD8978ACC618D8D2 A607E73F14528962 EB5EB56F0D0AF366,
índice 25.
12 Obra en el certificado 2234A916A209C741 9BF11DAE0EBE5AFB BF877704C16B6774 735115B49E736BED,
índice 26.
13 Obra en el certificado AE4E6486DBF13F18 9D9704042907B599 71276B5B145D60BA 117E6FEBD5CEA425,
índice 24.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-08160-01
Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A y otro
2.7. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E no presentó informe.
3. Fallo de tutela de primera instancia
3.1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de marzo de
202614, declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.
3.2. El a quo constitucional señaló que, respecto de las sentencias proferidas por el
Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, no se cumplió el requisito de inmediatez, toda vez que el fallo de segunda
instancia fue notificado el 12 de febrero de 2025 y la solicitud de amparo se presentó el
18 de diciembre del mismo año, esto es, después de transcurridos diez meses y un día,
sin que el accionante expusiera circunstancias especiales que justificaran la tardanza.
Precisó que dicho término debía contabilizarse desde la notificación de la sentencia de
segunda instancia y no desde la decisión que rechazó el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, pues los reproches formulados en la tutela se dirigían contra
las providencias que negaron el reconocimiento del contrato realidad, mientras que dicho
recurso extraordinario estaba orientado exclusivamente a establecer el eventual
desconocimiento de una sentencia de unificación.
3.3. En cuanto al auto del 4 de julio de 2025, mediante el cual la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó el recurso extraordinario, consideró
incumplido el requisito de relevancia constitucional. Explicó que el actor no formuló ningún
reproche concreto contra esa providencia, debido a que sus argumentos se limitaron a
cuestionar las sentencias dictadas en el proceso ordinario y a insistir en que se
encontraba demostrada la relación laboral; por ello, concluyó que no satisfizo la carga
argumentativa mínima exigida para controvertir una decisión judicial, particularmente una
proferida por una alta corte.
14 Obra en el certificado 3ADCA8E5BDEBA5D8 85E1DF960F53A09B 04398FF45F09DDA9 13504824801AC651,
índice 29.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-08160-01
Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A y otro
4. Razones de la impugnación
4.1. En contra de la providencia referida, la parte accionante presentó impugnación 15, al
considerar que el término para promover la acción de tutela debía computarse desde el
10 de julio de 2025, fecha en la que fue notificado el auto que rechazó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, por considerar que solo con esa decisión
se agotó la vía judicial. En consecuencia, afirmó que la solicitud de amparo, radicada el
18 de diciembre de 2025, fue presentada dentro del plazo de seis meses.
Asimismo, reiteró que las providencias cuestionadas omitieron considerar los hechos y
elementos que, en su criterio, acreditaban la existencia de una relación laboral
subordinada con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Señaló
que, con fundamento en los artículos 53 de la Constitución Política y 23 y siguientes del
Código Sustantivo del Trabajo, las autoridades judiciales debieron acceder a las
pretensiones formuladas en el proceso ordinario.
De esta manera, textualmente se solicitó:
“los motivos por los cuales acudo a este amparo Constitucional, por haberse
vulnerado mis derechos laborales como un humilde trabajador, que solo está
reclamando Justicia laboral, al amparo de nuestra Constitucional Política de
Colombia, y lo que recibe es una serie de decisiones todas adversas, contrarias
al orden Justo que pregona nuestro preámbulo Constitucional y de esta forma se
revoque la decisión tomada, se conceda las pretensiones de la tutela y de esta
forma se salvaguarde mis Derechos Constitucionales invocados como
vulnerados.”16
5. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
5.1. Mediante auto del 19 de marzo de 202617, el a quo concedió la impugnación.
5.2. Mediante auto del 7 de mayo de 202618, esta Sala manifestó su impedimento para
conocer de la impugnación, al advertir que sus integrantes habían intervenido
15 El 12 de marzo de 2026. Obra en el certificado 5AD74DD18BD603BD E8F85FAA80D30205 BF0FBB4A78839196
78951834A12CC1FF, índice 35.
16 Folio 6, ibid.
17 Obra en el certificado 5BA8196A9168482D F396567B3D3FC387 3A613913D8E041AB 583E41B52F35C617, índice
38.
18 Obra en el certificado 77BD3AE64114AB68 8BC12A4084A8C757 088F94133AEBE5DC 53F82CD30CDC20ED,
índice 7 segunda instancia.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-08160-01
Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A y otro
previamente en la acción de tutela radicada bajo el número 11001-03-15-000-2026-
00152-00, cuyo objeto guardaba estrecha conexidad con el asunto sometido a
consideración. En particular, se señaló que en ambos trámites se controvirtieron
providencias dictadas dentro del mismo proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho y relacionadas con la existencia de una relación laboral entre el accionante y la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
Por ello, consideró configuradas las causales previstas en los numerales 4 y 6 del artículo
56 de la Ley 906 de 2004, relativas a haber emitido opinión sobre aspectos
sustancialmente vinculados con el litigio y a haber intervenido previamente en un asunto
de naturaleza análoga.
5.3. Mediante auto del 26 de junio de 202619, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró infundado el impedimento manifestado por los magistrados
que integran esta Sala.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 5 de marzo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto
2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Cuestión previa
2.1. Si bien esta Sala conoció previamente de la acción de tutela promovida por el señor
Carlos Arturo Almanza Hoyos bajo el radicado 11001-03-15-000-2026-00152-00, en la
que concurrían identidad de partes, causa y objeto con el presente trámite, pues en
ambas se pretendía dejar sin efectos las sentencias proferidas el 17 de noviembre de
2023 y el 7 de febrero de 2025, lo cierto es que en aquella oportunidad se declaró la
19 Obra en el certificado 33C4D0B601E3D4BB 16B56068950CF33C 78E18478F0FF8E7C FB11AD899994B58D,
índice 14.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-08160-01
Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A y otro
configuración de la cosa juzgada y, por tanto, no se efectuó un pronunciamiento de fondo
sobre la controversia. En consecuencia, dado que el impedimento manifestado por los
integrantes de esta Sala fue declarado infundado, no resulta necesario efectuar
consideraciones adicionales respecto de dicho trámite constitucional.
2.2. De igual forma, aunque el accionante cuestionó las sentencias proferidas el 17 de
noviembre de 2023 por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá y el 7 de
febrero de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, la Sala circunscribirá el análisis de tales decisiones a esta última
providencia, por tratarse del fallo que resolvió el recurso de apelación y puso fin al
proceso ordinario. En todo caso, el auto del 4 de julio de 2025, mediante el cual la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, será examinado de manera
independiente, dado que corresponde a una actuación posterior y autónoma.
3. Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.
4. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela
en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos
de procedibilidad20 y de procedencia21 con el fin de determinar si se vulneraron o no los
derechos de orden superior.
20 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
21 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto
fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por
desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
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Acción de tutela – Segunda instancia
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Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A y otro
5. Verificación de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto
5.1. El requisito general de inmediatez en el caso concreto
5.1.1. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto
de 2014 22 , especificó que la inmediatez es una condición que permite concretar la
urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si se interpuso en un periodo
razonable, para cuyo efecto fijó como regla general “un plazo de seis meses, contados a
partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso”23.
Sin embargo, para determinar la oportunidad y razonabilidad del tiempo transcurrido entre
la firmeza de la providencia acusada y el momento en que fue interpuesta la solicitud de
amparo, cuando este sea mayor al de 6 meses, la jurisprudencia constitucional ha
insistido en que en cada caso concreto se evalúe este presupuesto, a fin de que no se
desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela.
5.1.2. Halla la Sala que el accionante cuestiona la sentencia proferida el 7 de febrero de
2025 24 por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se confirmó el fallo dictado el 17 de noviembre de 2023 25
por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá, providencia que fue notificada
por correo electrónico el 12 de febrero de 202526.
Entonces, la Sala procederá a revisar si logra superarse el presupuesto analizado,
tomando como punto de partida para su cómputo la fecha de ejecutoria de la providencia
proferida por el convocado.
Efectuado el cómputo correspondiente, la Sala advierte que, entre el 12 de febrero de
2025, fecha en la que fue notificada la providencia cuestionada, y el 18 de diciembre del
mismo año27, cuando se presentó la solicitud de amparo, transcurrieron 10 meses y 6
22 Expediente 2012-02201.
23 Consejo de Estado, sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, Exp. 2012-02201.
24 Obra en el certificado E0E641754112D660 28B6CBED1F0331F2 8C4364E3A8743EE4 71578D7F4315C58F, índice
22 del expediente 11001333501220220025501.
25 PDF 27 del OneDrive que obra en el enlace del certificado AE4E6486DBF13F18 9D9704042907B599
71276B5B145D60BA 117E6FEBD5CEA425, índice 24.
26 Obra en el certificado 2472EA815AD89555 277F235D866EDB6B 375A8BBA53C9CC33 558845CC72CAEFA4,
índice 24 del expediente 11001333501220220025501.
27 Según el índice 9 de Samai.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-08160-01
Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A y otro
días, lapso que supera el término razonable fijado por la jurisprudencia para acudir a la
acción de tutela contra providencias judiciales, sin que el actor hubiera expuesto alguna
circunstancia excepcional que justificara la tardanza.
Ahora bien, debe aclararse que el parámetro temporal de seis meses no constituye un
término rígido ni perentorio, pues la Corte Constitucional ha admitido su flexibilización
cuando las circunstancias particulares del asunto permiten justificar razonablemente la
tardanza, para lo cual ha establecido los siguientes criterios de valoración:
“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos
de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto
de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual”28.
Sin embargo, en este caso el accionante no expuso ni acreditó una circunstancia que
justificara la presentación tardía de la acción de tutela, ni demostró que la demora
obedeciera a una situación excepcional que hiciera razonable apartarse del parámetro
temporal de seis meses; en consecuencia, no se supera el requisito de inmediatez, tal y
como lo concluyó el a quo.
5.1.3. Si bien la parte actora sostuvo que la acción de tutela fue promovida
oportunamente, por cuanto el auto que rechazó el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia le fue notificado el 10 de julio de 2025, tal planteamiento no resulta de
recibo, pues, de conformidad con el artículo 302 29 del Código General del Proceso,
aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, las providencias adquieren ejecutoria
una vez notificadas, cuando no son susceptibles de recursos o cuando estos no se
interponen oportunamente, sin perjuicio de que, si se solicita su aclaración o
28 Para efectos de este tipo de examen, pueden verse, por ejemplo, las siguientes sentencias proferidas por la Corte
Constitucional: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158 de 2006; T-
166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
29 Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando
no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez
resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando
carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando
queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-08160-01
Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A y otro
complementación, la firmeza solo se produzca una vez resuelta la petición
correspondiente.
A su turno, el artículo 26130 del CPACA prevé que el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia debe interponerse y sustentarse dentro de los diez días siguientes a la
ejecutoria de la providencia cuestionada, de lo cual se sigue que su formulación
presupone que la decisión ya se encuentra en firme. La misma disposición establece,
además, que la concesión del recurso no impide la ejecución de la sentencia, salvo
cuando haya sido recurrida íntegramente por todas las partes y los terceros reconocidos
en el proceso.
Así, la interposición del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia no
desplaza la fecha de ejecutoria de la sentencia ni permite contabilizar el requisito de
inmediatez desde la providencia que resolvió sobre su admisibilidad. Por consiguiente, el
término para promover la acción de tutela debe computarse a partir de la firmeza de la
sentencia del 7 de febrero de 2025, y no desde la notificación del auto del 4 de julio de
ese año, mediante el cual se rechazó el referido mecanismo extraordinario.
5.1.4. Por lo expuesto la Sala procederá a confirmar el fallo de tutela de primera instancia,
respecto de los reparos formulados contra la sentencia del 7 de febrero de 2025,
mediante la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca confirmó el fallo dictado el 17 de noviembre de 2023 por el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Bogotá, dado que no se acreditó el cumplimiento del
requisito de inmediatez.
30 Artículo 261. Interposición. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia deberá interponerse y
sustentarse por escrito ante quien expidió la providencia, a más tardar dentro los diez (10) días siguientes a su
ejecutoria.
Si el recurso se interpuso y sustentó en término, el ponente lo concederá dentro de los cinco (5) días siguientes y
ordenará remitir el expediente al competente para resolverlo. De lo contrario, lo rechazará o declarará desierto, según
el caso.
La concesión del recurso no impide la ejecución de la sentencia, salvo cuando haya sido recurrida totalmente por
ambas partes y por los terceros reconocidos en el proceso. Sin embargo, cuando el recurso no comprenda todas las
decisiones, se cumplirá lo no recurrido. Lo anterior, sin perjuicio de lo regulado en el artículo 264 de este código.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-08160-01
Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A y otro
5.2. Cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
5.2.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la
acción de tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud de
amparo procede de forma excepcional (i) cuando a pesar de existir otros mecanismos,
estos no son idóneos ni eficaces para la protección de los derechos fundamentales o (ii)
cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio irremediable31. En el primero de
los casos la orden de protección sería definitiva y, en el segundo, transitoria.
5.2.2. Se avizora que el accionante también cuestionó el auto del 4 de julio de 202532
proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio
del cual se rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto
por el señor Carlos Arturo Almanza Hoyos contra la sentencia de segunda instancia
proferida el 7 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
5.2.3. Al respecto, la Sala advierte que la solicitud de amparo no satisface el requisito de
subsidiariedad, toda vez que el accionante disponía de un medio judicial idóneo para
controvertir el auto mediante el cual se rechazó el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia, esto es, el recurso de súplica previsto en el numeral 3.º del artículo 246
del CPACA33, procedente contra las providencias que, durante el trámite de los recursos
extraordinarios, los rechazan o declaran desiertos; sin embargo, no hizo uso de dicho
mecanismo dentro de la oportunidad legal, por lo que dejó precluir la posibilidad de
someter esa decisión al examen del juez natural.
5.2.4. Como consecuencia de lo anterior, esta Sala encuentra que la parte actora no
agotó los mecanismos ordinarios que el ordenamiento jurídico dispuso para proteger sus
intereses. Adicionalmente, tampoco se logró demostrar la configuración de un perjuicio
irremediable.
31 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013
32 PDF 53 del OneDrive que obra en el enlace del certificado AE4E6486DBF13F18 9D9704042907B599
71276B5B145D60BA 117E6FEBD5CEA425, índice 24.
33 Artículo 246. El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados por el magistrado ponente: (…)3.
Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios, los rechace o declare desiertos.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-08160-01
Accionante: Carlos Arturo Almanza Hoyos
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A y otro
6. A partir de las consideraciones precedentes, la Sala concluye que ninguno de los
cargos formulados en la solicitud de amparo satisface los requisitos generales de
procedibilidad.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 5 de marzo de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
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