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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08188-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08188-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de febrero de 2026, por la cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró IMPROCEDENTE la acción de tutela por no cumplir con el requisito adjetivo de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-08188-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

26 de marzo de 2026

Demandante: Luz Analida Vallejo Gómez
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08188-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintiséis [26] de marzo de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08188-01
Demandante: LUZ ANALIDA VALLEJO GÓMEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
SEPTIMA DE ORALIDAD Y JUZGADO SEXTO
ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Reconocimiento pensional.
Confirma improcedencia por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la señora Luz Analida Vallejo
Gómez contra la sentencia de 5 de febrero de 2026 por medio de la cual el
Consejo de Estado, Sección Primera declaró improcedente la acción de tutela.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Luz Analida Vallejo Gómez en ejercicio de la acción de tutela, por
medio de apoderada judicial, señaló que se le vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a
la igualdad.

Las mencionadas garantías constitucionales se estimaron transgredidas por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad al confirmar,
mediante fallo de 16 de julio de 2025, la decisión de primera instancia proferida
por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda dentro del medio de control
1

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Demandante: Luz Analida Vallejo Gómez
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08188-01

de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 05001-
33-33-006-2023-00511-00/01.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

La señora Luz Analida Vallejo Gómez contrajo matrimonio católico con el señor
Antonio León Santamaría Londoño el 21 de enero de 1983. Convivieron como
esposos hasta la muerte de este último, ocurrida el 21 de febrero de 1993.

Durante su vida laboral, el señor Antonio León Santamaría Londoño cotizó al
Instituto de Seguros Sociales [en adelante ISS] un total de 202,71 semanas1.
Además, trabajó para la Dirección Seccional de Salud de Antioquia entre el 5 de
marzo de 1984 y el 19 de mayo de 1992, y para el municipio de Abejorral entre
el 1 de junio de 1992 y el 31 de enero de 1993, acumulando en estos empleos
públicos 456,43 semanas de servicio que no fueron cotizadas al ISS. En total,
entre semanas cotizadas y tiempo de servicio, sumó 659,14 semanas.

Tras el fallecimiento del señor Santamaría Londoño, la señora Luz Analida
Vallejo Gómez presentó ante Colpensiones una reclamación administrativa para
obtener la pensión de sobrevivientes. Sin embargo, la entidad negó la solicitud
al considerar que no se cumplían los requisitos establecidos en el Decreto 758
de 1990.

Posteriormente, la accionante presentó demanda dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener dicho
reconocimiento. Inicialmente acudió a la jurisdicción ordinaria laboral, pero la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín declaró la falta de jurisdicción y
ordenó remitir el proceso a los jueces administrativos de Medellín.

El medio de control fue asignado al Juzgado Sexto Administrativo de Medellín,
bajo el radicado 05001-33-33-006-2023-00511-00. Una vez surtido el trámite
correspondiente, mediante sentencia de 31 de marzo de 2025, el despacho negó
las pretensiones de la demanda.

La anterior decisión fue apelada y el recurso fue resuelto por la Sala Séptima de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 16 de
julio de 2025, en la cual se confirmó la decisión de primera instancia.

1 Semanas cotizadas entre los años 1977 y 1982.

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Para negar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, el Tribunal,
consideró, en síntesis, lo siguiente:

• Que, conforme al Decreto 758 de 1990, las cotizaciones debían haberse
realizado exclusivamente al ISS. En el caso concreto, el señor Santamaría
Londoño no cotizó 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la
muerte, por cuanto las 202 cotizadas al ISS se generaron entre 1977 y
1982 y el fallecimiento acaeció en 1993. De igual forma, tampoco cotizó
300 semanas en cualquier tiempo, por cuanto solamente tiene reportados
202 semanas.

• Que, aunque la jurisprudencia ha permitido en algunos casos la
acumulación de tiempos públicos y privados, dicha posibilidad se ha
limitado al reconocimiento de la pensión de vejez, y no a la pensión de
sobrevivientes.

• Que la acumulación de tiempos de servicio solo es viable para afiliados
cobijados por el régimen de transición, situación que no se acreditaba en
este caso.

• Que, en consecuencia, no era posible sumar los tiempos cotizados y no
cotizados al ISS para efectos de reconocer la prestación, ni considerar
cumplidos los requisitos exigidos por la normativa aplicable.

1.3. Peticiones del amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

[…] Con todo respeto, solicito al HONORABLE CONSEJO DE ESTADO que,
mediante el procedimiento constitucional y legalmente establecido para el efecto,
TUTELE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO y a la
IGUALDAD de la señora LUZ ANALIDA VALLEJO GÓMEZ y, en consecuencia,
deje sin efectos el fallo emitido por LA SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, el 16 de julio de 2025 y ordene
a dicha Sala emitir un nuevo pronunciamiento en el cual se atienda a una
interpretación correcta del fenómeno jurídico de acumulación de tiempos para la
aplicación del Decreto 758 de 19902

2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.

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1.4. Fundamento de la solicitud

La parte actora sostuvo que la autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al
negar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con base en una
interpretación restrictiva del Decreto 758 de 1990, que, a su juicio, desconoce la
jurisprudencia aplicable. En ese sentido, estructuró su argumentación en los
defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.

Indicó que se configuró un defecto sustantivo al negar la posibilidad de acumular
tiempos para el reconocimiento de la prestación. Explicó que el causante acreditó
659,14 semanas, resultado de sumar cotizaciones al ISS y tiempo laborado en
el sector público; sin embargo, el Tribunal solo tuvo en cuenta las semanas
cotizadas exclusivamente al ISS y descartó dicha acumulación para efecto de la
pensión de sobrevivientes.

Asimismo, alegó el desconocimiento del precedente, con fundamento en
decisiones como las sentencias T-344 de 2021 y T-938 de 2013 de la Corte
Constitucional, en la que se ha admitido la acumulación de tiempos para el
reconocimiento de prestaciones bajo el Decreto 758 de 1990. A partir de ello,
concluyó que se configuró una violación directa de la Constitución por indebida
aplicación de la norma al caso concreto, razón por la cual solicitó la intervención
del juez constitucional para el restablecimiento de sus derechos fundamentales.

1.5. Trámite e intervenciones

El 15 de enero de 2026 el despacho sustanciador de primera instancia admitió
el mecanismo constitucional de la referencia, oportunidad en la que dispuso
notificar a la parte actora, al Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juzgado
Sexto Administrativo de Medellín, y en calidad de terceros con interés, a la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, al municipio de
Abejorral y al departamento de Antioquia – Secretaría de Salud.

1.5.1. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín señaló que
adelantó el trámite del medio de control con pleno respeto de las garantías
procesales. Asimismo, remitió el enlace del expediente 2023-00511.

1.5.2. El abogado de asuntos legales de la Secretaría de Salud del
departamento de Antioquia manifestó que no se advierte hecho o prueba que
permita concluir que la entidad haya vulnerado el derecho fundamental al debido
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proceso. De igual forma, indicó que los reproches formulados en la acción de
tutela se dirigen contra las actuaciones del Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Medellín y del Tribunal Administrativo de Antioquia, autoridades que
profirieron las decisiones mediante las cuales se negó la pensión de
sobrevivientes. En consecuencia, solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

1.5.3. El director de acciones constitucionales de la Administradora
Colombiana de Pensiones Colpensiones indicó que la acción de tutela no es
el mecanismo idóneo para obtener la satisfacción del derecho reclamado, en la
medida en que no puede utilizarse como una tercera instancia para reabrir el
litigio objeto del debate. Por lo anterior, solicitó que se declare improcedente,
ante la existencia de cosa juzgada.

1.5.4. El magistrado Carlos Cristopher Viveros Echeverri del Tribunal
Administrativo de Antioquia señaló que la acción pretende reabrir un debate
ya resuelto por el juez natural. Asimismo, indicó que no es procedente la
acumulación de tiempos de servicio prestado al ISS

1.6. Sentencia impugnada

Mediante fallo de 5 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección Primera,
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

Esa Sala precisó que no se cumple dicho presupuesto, en tanto los argumentos
de la accionante se limitan a cuestionar una interpretación jurídica y el análisis
realizado por el juez natural, sin evidenciar una afectación real a derechos
fundamentales. En ese sentido advirtió que la tutela se estaba utilizando como
una instancia adicional para reabrir un debate jurídico ya resuelto por la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, sin que configurara una actuación
arbitraria. De otra parte, negó la solicitud de desvinculación del departamento de
Antioquia, al considerar necesaria su participación en el trámite.

1.7. Impugnación

La accionante, en su escrito de impugnación, sostuvo que lo que se refiere a la
SU-218 de 2024 emitida por la Corte Constitucional admite la posibilidad de
acumular tiempos públicos y privado, con el propósito de reconocer la pensión
de vejez a los beneficiarios del régimen de transición previsto en la Ley 100 de
1993, independiente si la afiliación al ISS se dio con posterioridad a la entrada
en vigor del Sistema Integral de Seguridad Social.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
señora Luz Analida Vallejo Gómez, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991,
el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo
080 del 2019 de la Sala Plena de esta corporación, modificado por el Acuerdo
434 de 2024.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 5 de febrero de 2026, en la cual se declaró
improcedente la acción de tutela presentada por la accionante.

Para el efecto, se abordará el estudio del caso así: (i) generalidades de la acción
de tutela, (ii) análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva y (iii) el caso
en concreto:

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20123
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema4.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de
la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales5.

3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de

tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.
5 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados
hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Ahora bien, continuando con el estudio de los parámetros esenciales de
viabilidad de la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, resulta
pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215
de 2022 en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara al
requisito de relevancia constitucional, así:

[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].

Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 20147, que en concreto se refieren a:

6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de

septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil.
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i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración
de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una
vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque
estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la
tutela no puede convertirse en una tercera instancia8.

Sobre el particular, se considera, que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En primera medida se recuerda que, en el escrito de amparo se indicó que las
providencias controvertidas vulneraron los derechos fundamentales de la
accionante al negar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, con base
en una interpretación restrictiva del Decreto 758 de 1990, particularmente en lo
relacionado con la imposibilidad de acumular tiempos cotizados al ISS y tiempos
laborados en el sector público.

Ahora bien, en la acción de tutela, la accionante sostuvo que la providencia
judicial incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución.

No obstante, es posible concluir que los razonamientos expuestos pretenden
convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia.

Sobre el particular, se itera que en materia de tutelas contra providencias
judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de
la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre iusfundamental esgrimidos por
la parte actora dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
motivos de los accionantes frente a la apreciación jurídica del proceso
contencioso expuestos en la solicitud de amparo sin el debido contraste de un
indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial. Ello atentaría
contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el

8 Énfasis de la sala.

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mecanismo amparo en una tercera instancia.

En este orden de ideas, para esta Sala los cuestionamientos relacionados con el
defecto sustantivo y violación directa de la Constitución no cumplen con la carga
argumentativa necesaria para ser analizados desde la perspectiva de la
vulneración de derechos fundamentales, pues no desvirtúan el análisis realizado
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad.

Al respecto, se resalta que la decisión de dicha autoridad judicial se fundamento
en:

• La aplicación del artículo 69 literal b del Decreto 758 de 1990, que exige
acreditar un mínimo de semanas cotizadas exclusivamente al ISS.

• La verificación de que el causante únicamente contaba con 202,71
semanas cotizadas a dicha entidad, sin cumplir los requisitos previstos en
la norma.

• La precisión de que la acumulación de tiempos de servicio ha sido
admitida por la jurisprudencia en determinados eventos, pero limitada al
reconocimiento de la pensión de vejez.

• La conclusión de que dicha acumulación no resultaba procedente en
materia de pensión de sobrevivientes, ni en el caso concreto, al no
acreditarse la condición de beneficiario del régimen de transición.

Así las cosas, se advierte que la accionante pretende una valoración distinta a la
realizada por el juez natural. Sin embargo, esa no es la función del juez
constitucional, sino la de verificar si la decisión cuestionada resulta irrazonable o
vulnera derechos fundamentales, lo cual no se evidencia en el presente asunto.

2.4.2. En ese contexto, en este mismo sentido, se advierte que el cargo de
desconocimiento de precedente judicial tampoco cumple con la carga
argumentativa exigida10, en tanto la parte actora se limitó a citar decisiones de la
Corte Constitucional, sin demostrar de qué manera la providencia cuestionada

9 «[…]Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150)
semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha de estado de invalidez, o trescientas
(300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez».
10 Consultar en similar sentido Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Quinta, providencia de 24 de abril de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-01617-
00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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se apartó injustificadamente de dichas reglas jurisprudenciales ni cómo ello
derivó en la vulneración de sus derechos fundamentales.

En efecto, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad
analizó la jurisprudencia11 aplicable y concluyó que la posibilidad de acumular
tiempos cotizados y no cotizados ha sido admitida principalmente en el
reconocimiento de la pensión de vejez, y en casos específicos, como los
cobijados por el régimen de transición o bajo el principio de condición más
beneficiosa, circunstancias que no se acreditaron en el caso concreto.

Por tal razón, se considera que no se acreditaron los presupuestos fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para estructurar un desconocimiento
del precedente judicial, en tanto no se evidenció una ruptura injustificada frente
a una regla jurisprudencial aplicable, sino una interpretación razonada del
ordenamiento jurídico.

De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas a la controversia
planteada, para esta Sección resulta claro que el presente asunto se circunscribe
a una inconformidad de la parte accionante frente a la decisión judicial adoptada,
cuestión que es «de competencia exclusiva del juez ordinario»12, sin que
corresponda al juez de tutela intervenir en este tipo de controversias.

2.5. Conclusión

Así las cosas, se confirmará la sentencia de 5 de febrero de 2026, mediante la
cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción
de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

Por lo tanto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

11 Trajo a colación la sentencia de 23 de abril de 2020, expediente 25000-23-42-000-2016-02417-

01. C.P. Gabriel Valbuena Hernández, la cual expresó que «lo anterior, toda vez que tanto la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como de esta Sección han establecido la posibilidad de
acumular tiempos de servicio cotizado a cajas o fondos de previsión social o que, en todo caso,
fueron laborados en el sector público o privado y debieron ser cotizados, con las semanas
aportadas al Instituto de Seguros Sociales, indicando que dicha posibilidad opera tanto para
acreditar las 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la
edad como a las 1000 semanas de tiempo cotizadas en cualquier tiempo».
12 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-

573 de 2017 y C-590 de 2005.
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3. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de febrero de 2026, por la cual la
Sección Primera del Consejo de Estado declaró IMPROCEDENTE la acción de
tutela por no cumplir con el requisito adjetivo de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

11

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