Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08209-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08209-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-08209-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08209-01
Demandante: Activos y Finanzas S.A.
Demandado: Tribunal Arbitral Convocado por el Banco Agrario de Colombia
contra Activos y Finanzas S.A.
Temas: Tutela contra providencia judicial / Laudo arbitral / Subsidiariedad
Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Activos y Finanzas S.A., en contra de
la sentencia proferida el 20 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Activos y Finanzas S.A. promovió solicitud de tutela con el fin de que se amparara
su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado con ocasión
del laudo arbitral proferido el 18 de noviembre de 2025, por el Tribunal Arbitral
convocado por el Banco Agrario de Colombia contra Activos y Finanzas S.A. dentro
del proceso identificado con el No. 150.393.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del trámite arbitral el Banco Agrario de Colombia S.A. presentó
demanda contra Activos y Finanzas S.A. ante el Centro de Arbitraje y Conciliación
de la Cámara de Comercio de Bogotá, con la finalidad de que se le declarara
responsable civil y contractualmente por el incumplimiento de las cláusulas primera,
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «2ED_01TutelaAnexos(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08209-01
Demandante: Activos y Finanzas S.A.
segunda2, sexta y novena del contrato de compra de cartera de libranza a
descuento, así como del «anexo operativo» del 30 de octubre de 2013; asimismo,
que se declarara que dicho contrato finalizó el 18 de junio de 2018, debido al
incumplimiento de las obligaciones contractuales, y en consecuencia, se ordenara
el pago a título de capital debido por las cuentas de cobro objeto del debate, la suma
de $5.149.276.899 y a título de intereses de mora $5.566.611.283.
2.2. El Tribunal Arbitral convocado por el Banco Agrario de Colombia contra Activos
y Finanzas S.A. en laudo arbitral del 18 de noviembre de 2025 declaró que incumplió
las obligaciones contractuales previstas en las cláusulas primera, segunda
(modificada), sexta, novena y en el anexo operativo No. 4 del contrato de compra
de cartera de libranza a descuento suscrito, y, en consecuencia, ordenó que pagara
a la parte convocante la suma de $2.240.594.769, por concepto de capital debido.
2.3. La autoridad judicial arbitral demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto fáctico al dar por probado, sin estarlo, que existían pruebas a
partir de las cuales podría fijar una cuantía para establecer una condena; es decir,
que la contabilidad sí podía ofrecer un quantum claro, concreto y objetivo a partir
del cual podría fijarse un saldo de capital.
2.4. Pues, pese a que el tribunal reconoció que la contabilidad del Banco era incierta,
por cuanto se manejaron saldos globales de cuotas, y, por ende, no existió
trazabilidad suficiente de los 823 créditos y de los pagos hechos por pagadurías,
deudores y Activos y Finanzas AS., asumió que tal contabilidad soportaba a su turno
a las cuentas de cobro.
2.5. Fue una condena lógicamente insostenible, porque utilizó una prueba que el
propio tribunal declaró insuficiente para un propósito [intereses] pero suficiente para
otro [capital], lo cual vulneró el derecho probatorio, esto es, se condenó sin despejar
la incertidumbre sobre el quantum, y se optó por una «estimación prudencial» en
vez de una absolución como debía ser.
2.6. En defecto sustantivo por motivación insuficiente o aparente de la condena, pese
a que el tribunal había reconocido que carecía de los elementos probatorios
suficientes para reconstruir la trazabilidad de los pagos e imputaciones, y por
indebida aplicación de los artículos 164, 167 y 264 del Código General del Proceso3,
así como los 49, 50, 51 y 59 del Código de Comercio4 sobre los requisitos mínimos
para que los libros contables constituyeran plena prueba.
2.7. Lo anterior, por cuanto se incurrió en una contradicción lógicamente insalvable
para condenar, lo cual demostró que fue una decisión judicial caprichosa, pues en
2 Modificada por la cláusula primera del Otrosí No. 1 del 30 de octubre de 2013.
3 En adelante CGP.
4 En adelante CC.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08209-01
Demandante: Activos y Finanzas S.A.
la misma providencia, reconocía dos naturalezas abiertamente contradictorias y
excluyentes sobre un mismo material probatorio, pues asumió «la verdad simultánea
de categorías que son mutuamente excluyentes: (i) o sí existía trazabilidad e información
contable completa y, por tanto, sí se podía cuantificar no sólo el saldo de capital sino los
intereses, (ii) o no existía trazabilidad ni información contable completa y, por consiguiente,
no se podía cuantificar ni el saldo de capital ni los intereses».
1.2. Pretensiones
3. Como fundamento de la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1.- Que se declare que el Laudo del 18 de noviembre de 2025, proferido por el
Tribunal Arbitral instalado en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá D.C, Trámite 150393, de Banco Agrario de Colombia S.A., NIT
800.037.800 Vs. Activos y Finanzas S.A., NIT 900.079.317, cuyos árbitros fueron los
doctores Sergio Rodríguez Azuero (presidente), Fernando Triana Soto y Luis Alfredo
Barragán Arango, contiene los siguientes DEFECTOS SUSTANTIVOS y FÁCTICOS que
comprometen su constitucionalidad:
a.- Defecto fáctico en sentido negativo, al dar por probado, sin estarlo, que existían
pruebas a partir de las cuales podría fijar una cuantía para establecer una condena;
vale decir, al dar por probado que la contabilidad sí podía ofrecer un quantum claro,
concreto y objetivo a partir del cual podría fijarse un saldo de capital.
b.- Defecto sustantivo por motivación insuficiente o aparente de la condena, pese a que
el tribunal había reconocido que carecía de los elementos probatorios suficientes para
reconstruir la trazabilidad de los pagos e imputaciones.
c.- Defecto sustantivo por indebida inaplicación de normas de orden público de
imperativo cumplimiento (artículos 164 y 167 del Código General del Proceso).
d.- Defecto sustantivo por indebida inaplicación de normas de orden público de
imperativo cumplimiento (artículos 49, 50, 51 y 59 del Código de Comercio, así como
con el artículo 264 del Código General del Proceso), sobre los requisitos mínimos para
que los libros contables constituyan plena prueba.
e.- Defecto Sustantivo por aplicación de una norma probatoria que no existe en el
sistema jurídico colombiano, al exigir prueba de una negación indefinida, violando con
ello el artículo 167 del Código General del Proceso.
f.- Defecto Sustantivo por violación del principio de congruencia y no contradicción.
2.- Que, como consecuencia de ello, se conceda el amparo solicitado y se proteja
directamente el derecho fundamental al debido proceso (subprincipio de legalidad y
razonabilidad, violentados por sendos defectos sustantivos y fácticos); derecho este que
ha sido desconocido por cuenta de la providencia en mención.
3.- Por consiguiente, previa aceptación de la violación de los derechos fundamentales
señalados se revoque y/o deje sin efectos los numerales 3 y 4 de la parte resolutiva del
Laudo del 18 de noviembre de 2025, proferido por el Tribunal Arbitral instalado en el
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, Trámite
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Demandante: Activos y Finanzas S.A.
150393, de Banco Agrario de Colombia S.A., NIT 800.037.800 Vs. Activos y Finanzas
S.A., NIT 900.079.317. […]» [sic].
1.3. Informes rendidos en el proceso
4. El Banco Agrario de Colombia5 solicitó que se declarara improcedente la
petición de amparo por no acreditar el requisito general de la relevancia
constitucional ante el uso paralelo e indebido de los medios de defensa, pues la
parte demandante radicó tanto la presente tutela como el recurso extraordinario de
anulación contra el mismo laudo arbitral del 18 de noviembre de 2025,
especialmente, cuando lo fundamentó en la causal séptima de la Ley 1563 de 2012
«fallo en conciencia», bajo la cual pretendió que se revisaran exactamente los
mismos puntos de valoración probatoria que trae a esta sede constitucional.
4.1. No existió afectación alguna a derechos fundamentales de sujetos de especial
protección, ni se comprometió el mínimo vital de personas naturales; por el
contrario, se trató de una confrontación económica entre dos personas jurídicas que
actuaron en el mercado comercial. Asimismo, el Tribunal Arbitral falló en derecho
basándose en el dictamen pericial financiero y contable (peritos Bulla y Arango), el
cual reconstruyó técnicamente la deuda a partir del sistema SAPIENS y los títulos
valores (823 pagarés).
5. El Tribunal Arbitral constituido para dirimir las diferencias surgidas entre el
Banco Agrario de Colombia y Activos y Finanzas S.A.6 requirió que se declarara
improcedente la petición de amparo por no acreditar el requisito general de la
subsidiariedad, pues la verdadera intención fue lograr un pronunciamiento de fondo,
sin que se evidenciara un perjuicio irremediable, por el contrario, no se avizoró
ningún riesgo para ella, razón por la cual, debió de estar a la espera de la forma
como se resolviera el recurso extraordinario de anulación que se tramitó también
ante esta Corporación.
5.1. Enrelación con el fondo del asunto, se acreditaron los incumplimientos
contractuales de Activos y Finanzas S.A.; se valoró técnicamente pruebas periciales
y documentales; se reconoció abonos y recompras con soporte; y se negó intereses
moratorios por ausencia de trazabilidad suficiente, sin que ello impidiera la
determinación de un remanente de capital líquido con la evidencia valorada.
Asimismo, la parte demandante contó con las oportunidades procesales para
controvertir las pruebas, aportó al proceso un dictamen pericial de contradicción,
pruebas técnicas que fueron debidamente valoradas.
5 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «14_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua 12».
6 Ver índice 14 de Samai. Archivo denominado «18_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
ContestacionTutela(.pdf) NroActua 14».
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Demandante: Activos y Finanzas S.A.
1.4. Sentencia de primera instancia7
6. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en sentencia del 20 de
marzo de 2026 luego de precisar que, si bien se invocaron los defectos sustantivo
y fáctico lo cierto es que ambos reparos dieron cuenta de su inconformidad con la
valoración que se hizo del material probatorio, por lo que se subsumirían dentro del
último, declaró improcedente la solicitud de tutela por no acreditar el requisito
general de la relevancia constitucional, pues la verdadera intención fue reabrir una
discusión ya resuelta en sede arbitral, esto es, «la forma en que el tribunal arbitral
realizó la valoración del material probatorio arrimado al proceso para determinar que Activos
y Finanzas S.A. debía pagar a la parte convocante la suma de $ 2.240.594.769, de modo
que sus reparos no ponen de manifiesto un problema iusfundamental autónomo ni dan
cuenta de la configuración de un yerro judicial ostensible, manifiesto o arbitrario que
comprometa directamente el gozo de sus derechos fundamentales».
1.5. Escrito de impugnación8
7. Activos y Finanzas S.A. impugnó la decisión de a quo, para lo cual además de
reiterar que se impuso una condena judicial lógicamente insostenible desde el punto
de vista del debido proceso probatorio, precisó que el asunto sí tiene relevancia
constitucional, pues toda tutela contra providencia judicial pretende reabrir en sede
constitucional el debate zanjado, pero no para sustituirla caprichosamente sino para
verificar si la forma en que ese debate fue resuelto resulta compatible, o no, con las
garantías fundamentales del debido proceso.
2. Consideraciones
8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20009 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201910, esta Sala es
7 Ver índice 17 de Samai. Archivo denominado «20Sentencia_Tutela20250820900Fal(.pdf) NroActua
17».
8 Ver índice 22 de Samai. Archivo denominado «24_MemorialWeb_Otro-Impugnacion(.pdf) NroActua
22».
9 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Demandante: Activos y Finanzas S.A.
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
10. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado11, unificó el criterio de la Corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 12. Al
respecto señalo lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]»
11. Como consecuencia de lo anterior, esta Corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
12. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo13, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela, como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
13. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004
y C-590 de 2005.
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relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
14. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. Para la prosperidad del amparo, debe
verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos
alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que
implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales16.
15. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
16. Asimismo, frente a la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra
laudos arbitrales, la Corte Constitucional17 ha precisado:
«[…] como quiera que la justicia arbitral está sujeta a las reglas de todo proceso, dentro
de las cuales se halla el respeto a los derechos fundamentales, se ha admitido la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra laudos arbitrales cuando, con
ocasión a ellos, se desconocen garantías constitucionales de las partes, como el debido
proceso, el derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia.
[…]
3.3.7 Ahora bien, como quiera que el arbitramento también se configura en una faceta
del acceso a la justicia y debe regirse por garantías constitucionales, la Corte ha
extendido sobre él, sin perjuicio de las características propias de los procesos arbitrales,
la doctrina atinente a los requisitos de procedencia y específicos de prosperidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales. En consecuencia, deben reunirse en el
caso en concreto los mismos requisitos de viabilidad procesal y presentarse al menos
una de las causales específicas de prosperidad de la acción de tutela. […]»
17. En ese mismo sentido, en oportunidad posterior enfatizó en la equivalencia
material que existe entra el laudo arbitral y la providencia judicial, lo cual «activa
de manera excepcional la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de
protección de los derechos fundamentales, los cuales puedan verse afectados por las
decisiones emanadas y el procedimiento llevado a cabo por los tribunales de
arbitramento»18.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
17 Sentencia T-186/15. M.P: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
18
Sentencia SU-033/18. M.P: Alberto Rojas Ríos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08209-01
Demandante: Activos y Finanzas S.A.
2.3. Problema jurídico
18. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si la presente
solicitud de tutela cumple con el requisito de procedibilidad adjetiva de
subsidiariedad?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la subsidiariedad
19. El artículo 86 constitucional señala que: «[…] [e]sta acción solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
20. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia19, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los
derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo
efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.4. Sobre el caso concreto
21. Activos y Finanzas S.A. acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos el laudo
arbitral proferido el 18 de noviembre de 2025 por el Tribunal Arbitral convocado por
el Banco Agrario de Colombia contra la demandante, mediante el cual declaró que
incumplió sus obligaciones derivadas del contrato de compra de cartera de libranza
a descuento, y en consecuencia, ordenó que pagara a la parte convocante la suma
de $2.240.594.769, por concepto de capital debido.
19 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-
1121 de 2003.
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Demandante: Activos y Finanzas S.A.
22. Al respecto, de las pruebas obrantes en el expediente, se encuentra acreditado
que:
22.1. En ejercicio del trámite arbitral el Banco Agrario de Colombia S.A. presentó
demanda contra Activos y Finanzas S.A. ante el Centro de Arbitraje y Conciliación
de la Cámara de Comercio de Bogotá, con la finalidad de que se le declarara
responsable civil y contractualmente por el incumplimiento de las cláusulas primera,
segunda20, sexta y novena del contrato de compra de cartera de libranza a
descuento, así como del «anexo operativo» del 30 de octubre de 2013; asimismo,
que se declarara que dicho contrato finalizó el 18 de junio de 2018, debido al
incumplimiento de las obligaciones contractuales, y en consecuencia, se ordenara
el pago a título de capital debido por las cuentas de cobro objeto del debate, la suma
de $5.149.276.899 y a título de intereses de mora $5.566.611.283.
22.2. El Tribunal Arbitral convocado por el Banco Agrario de Colombia contra Activos
y Finanzas S.A. en laudo arbitral del 18 de noviembre de 2025 declaró que incumplió
las obligaciones contractuales previstas en las cláusulas primera, segunda
(modificada), sexta, novena y en el anexo operativo No. 4 del contrato de compra
de cartera de libranza a descuento suscrito con el Banco Agrario de Colombia S.A.,
y en consecuencia, ordenó que pagara a la parte convocante la suma de
$2.240.594.769, por concepto de capital debido.
22.3. El 3 de febrero de 2026, radicó recurso extraordinario deanulación, cuyo
conocimiento correspondió al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
22.4. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en providencia del 20 de
abril de 202621 resolvió:
20 Modificada por la cláusula primera del Otrosí No. 1 del 30 de octubre de 2013.
21 Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral identificado con el radicado 11001-03-26-
000-2026-00032-00 (74033).
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Demandante: Activos y Finanzas S.A.
23. Lo anterior resulta importante referirlo, en la medida que, Activos y Finanzas S.A.
sustentó su recurso extraordinario de anulación con fundamento en la causal
contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, al alegar que el
laudo se dictó en conciencia o equidad y no en derecho. El anterior, fue sintetizado
en la misma providencia bajo los siguientes argumentos22:
«[…] 14.El tribunal incurrió en una “contradicción lógica irreconciliable que evidencia que
su decisión sobre el capital no fue fruto de un análisis en derecho sino de una estimación
subjetiva”, pues (i) por un lado, negó el reconocimiento de los intereses de mora, ante la
incertidumbre frente a la aplicación de los pagos, pero (ii) por otro, para imponer la
condena de capital, se soportó en la misma información que consideró insuficiente,
incierta y confusa para negar los mencionados frutos civiles. Con ello, sostuvo que es
“analíticamente imposible” que, si la prueba no era suficiente para determinar la mora, sí
lo fuera para determinar el saldo de los 823 pagarés cobrados, lo que implica que este
monto fue producto de una “estimación prudencial” propia de los fallos en conciencia.
15.Los árbitros otorgaron eficacia probatoria a una contabilidad -la presentada por el
Banco Agrario- que en el laudo fue calificada como deficiente, al contravenir lo normado
en los artículos 49, 50 y 51 del Código de Comercio y 264 del Código General del
Proceso, que exigían restarle valor demostrativo al referido insumo. Al decidir con base
en esta información, el laudo se habría emitido por fuera del marco jurídico.
16.A pesar de que existía “una duda insuperable”, que imponía absolver a la demandada,
el tribunal “sustituyó al demandante y realizó operaciones aritméticas propias para
‘completar’ con inferencias lo que no estaba probado”, lo que también fue advertido en
el salvamento de voto de uno de los árbitros. Ese ejercicio se habría derivado de una
“certeza interna” que materializó el fallo en conciencia.
17.En el laudo se admitió que el escenario probatorio de la convocante se ubicó en la
total incertidumbre, a partir del empleo de las siguientes expresiones: (i) “la imposibilidad
absoluta de establecer con certeza la forma como dichos pagos fueron aplicados” (en
alusión a los desembolsos efectuados por AyF en el marco del contrato); (ii) “el Tribunal
22 Se extrae el resumen realizado dentro de la sentencia que decidió el recurso extraordinario de
anulación.
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Demandante: Activos y Finanzas S.A.
carece de elementos para establecer la forma de liquidar”; (iii) “el acreedor incurrió en
una clara omisión al no demostrar de qué manera los pagos realizados fueron
imputados”; y (iv) “el BAC creó una situación de muy difícil manejo contable y
administrativo, que dio a pábulo a parte de las equivocaciones”. Señaló que, si ese era
el caso para la estimación de los intereses, la misma lógica se debió seguir para el capital
deprecado, de forma que la condena por este concepto no fue en derecho, sino derivada
de la intuición o convicción interna del panel.
18.Con ocasión de lo anterior, la recurrente solicitó anular los numerales 3 y 4 del laudo,
consistentes en las condenas por concepto de capital y de intereses moratorios a partir
de la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda […]» [sic].
24. En concordancia con lo anterior, para mayor claridad del asunto, la Sala compara
los argumentos que fueron traídos en sede de tutela con aquellos que expuso en el
recurso extraordinario de anulación, así:
Laudo arbitral23 Tutela24
La contradicción lógica irreconciliable Defecto fáctico en sentido negativo por
como evidencia de un fallo en dar por probado un hecho sin respaldo
conciencia: fáctico:
El laudo arbitral contiene una Al dar por probado que la contabilidad sí
"contradicción lógica irreconciliable" que podía ofrecer un quantum claro, concreto y
evidencia que la decisión sobre el capital objetivo a partir del cual podría fijarse un
no fue fruto de un análisis en derecho. saldo de capital, cuando todo el material
probatorio y las mismas conclusiones del
Lo anterior por cuanto, para negar los laudo iban en una vía claramente contraria
intereses de mora, el mismo tribunal
reconoció que existía una imposibilidad El mismo laudo reconoció que la
absoluta de establecer con certeza la contabilidad del Banco tenía los siguientes
aplicación de los pagos, por cuanto no era defectos: no existían comprobantes de
posible saber qué deudores pagaron, pago; no había control desagregado de las
cuándo lo hicieron ni cómo se aplicaron cuentas como créditos individualizados; no
dichos montos a capital o intereses. había trazabilidad de los abonos; no
existían conceptos imputados, ni
El Tribunal reconoció que el Banco omitió información sobre pagadores e
demostrar la imputación de los pagos imputaciones cliente por cliente; ni existía
recibidos directamente de los deudores (o trazabilidad suficiente de los 823 créditos y
pagadurías) (al menos $500.321.543); de los pagos hechos por pagadurías,
admitió que los peritos del Banco no deudores y AyF.
realizaron una conciliación uno a uno de las
823 obligaciones; en lugar de absolver ante La validez de las cuentas de cobro se hace
la duda insuperable, el tribunal sustituyó al depender de un soporte contable que no
demandante y realizó operaciones cumple los requisitos legales para ser
considerado prueba, de forma que el
23
Visible en el índice 2 del recurso extraordinario de anulación 11001032600020260003200. Archivo
denominado «4ED_20251230Recursodeanu(.pdf) NroActua 2».
24 Visible en el índice 2 del expediente de primera instancia. Archivo denominado
«2ED_01TutelaAnexos(.pdf) NroActua 2».
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08209-01
Demandante: Activos y Finanzas S.A.
aritméticas propias para completar con supuesto fundamento es, en realidad, una
inferencias lo que no estaba probado. premisa no probada y contraria a lo exigido
por los artículos 49, 50, 51 y 59 del CC; así
Lo anterior, por cuanto condenó por capital como con el artículo 264 del CGP.
con la misma información que declaró
insuficiente, confusa e incierta. Lo anterior, por cuanto una prueba no
puede ser, al mismo tiempo, incierta,
confusa y errada, y clara, completa,
indivisible y fidedigna.
Desconocimiento total de normas sobre Defecto sustantivo por motivación
contabilidad y valor probatorio: insuficiente o aparente de la condena y
por indebida inaplicación de normas de
orden público de imperativo
cumplimiento:
Los árbitros inaplicaron ostensiblemente
los artículos 49, 50, 51 y 59 del CC, así Basó su decisión en una contradicción
como el artículo 264 del CGP, que restan lógicamente insalvable, pues en el mismo
toda eficacia probatoria a la contabilidad proceso y en la misma providencia,
que no sea clara, completa y fidedigna. reconocía dos naturalezas abiertamente
Decidir con fundamento en una prueba que contradictorias y excluyentes sobre un
legalmente carece de valor es decidir por mismo material probatorio.
fuera del marco jurídico.
Lo anterior, por indebida inaplicación de
Pues, si la parte que tiene la carga de la normas de orden público de imperativo
prueba (el Banco Agrario, según el artículo cumplimiento (artículos 49, 50, 51 y 59 del
167 del CGP) no logra demostrar el CC, así como con el artículo 264 del CGP),
quantum del daño, la consecuencia jurídica sobre los requisitos para que los libros
es la absolución. contables constituyan plena prueba.
Con lo anterior, desconoció los principios
contenidos en los artículos 164 y 167 del
CGP, que ordenan que las decisiones
judiciales deben estar soportadas en
pruebas allegadas al proceso, y que las
partes deben probar los supuestos de
hecho de las normas y de las pretensiones
que persiguen. Razón por la cual, si el juez
observa que al final del proceso queda
duda sobre un hecho relevante, debe
decidir en contra de quien tenía la carga de
probarlo.
25. Como se evidencia, para la Sala, los anteriores cargos resultan muy similares a
los expuestos en sede de tutela, y respecto de los cuales el Consejo de Estado
emitió pronunciamiento de fondo. En este sentido, referente al sustento probatorio
del laudo refirió:
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08209-01
Demandante: Activos y Finanzas S.A.
«[…] Sobre el sustento probatorio del laudo […]
49.En ese contexto, para abordar los tres argumentos que componen el primer cargo,
es necesario reseñar las motivaciones empleadas por el tribunal, con arreglo a las cuales
determinó y cuantificó el monto del capital debido por la convocada.
50.Así, bajo el subtítulo “2.3 En relación con la tercera pretensión formulada por el bac
(sic) relativa a la condena” se estudió, en primer término, la validez de las cuentas de
cobro cuyo pago se persiguió. Para tal efecto, se analizó el contenido obligacional del
acuerdo de voluntades (en particular el anexo n° 4), la relación de las cuentas de cobro
mensuales aportadas por AyF, generadas desde el año 2014 y cuya periodicidad
coincidió con las 13 cuentas discutidas en el proceso, y la metodología de cálculo de las
recompras contenida en los instrumentos negociales.
51.A renglón seguido, efectuó una valoración de los dictámenes periciales practicados
en el proceso. […]
52.A partir de esa valoración, el tribunal descendió sobre la aplicación de los pagos -
aspecto que suscitó el cuestionamiento en sede de anulación- […]
53.Posteriormente, analizó lo que la pericia aportada por el Banco concluyó en relación
con “las operaciones presentadas por AF que supuestamente carecían de soporte”. A
partir de lo consignado en ese instrumento probatorio, el panel lo contrastó con la
experticia de contradicción aportada por la contraparte -y los 51 soportes contables
remitidos con ella, que acreditaron las recompras efectuadas por la convocada-, con lo
cual pudo “reconstruir con precisión las operaciones llevadas a cabo, reconociendo los
pagos hechos por AF y detectando algunas que ya se habían descontado por el BAC al
presentar la demanda”. Así, en el laudo se concluyó que AyF acreditó plenamente el
pago parcial de la acreencia, de manera que “la sumatoria de estos abonos probados
debe descontarse del saldo base”.
54.Luego, para la determinación del monto del capital debido, los árbitros efectuaron una
discriminación de los rubros comprobados en el proceso, a partir de contrastar: (i) lo
demostrado en la pericia practicada a instancias del Banco Agrario; (ii) las deducciones
admisibles, según los 51 comprobantes de recompras aportados con el dictamen de
contradicción; y (iii) el informe elaborado por el BAC el 15 de mayo de 2025. Con arreglo
a ese ejercicio, el tribunal obtuvo un total de $2.240’594.769, que finalmente incorporó
en el acápite resolutivo como capital de la condena, como se aprecia en la tabla que a
continuación se transcribe […]
55.Lo hasta aquí expuesto refleja que, contrario a lo sostenido por la convocada en el
trámite arbitral, el laudo no sustentó la determinación del capital a pagar en favor del
BAC en una “estimación subjetiva”, una “certeza interna que no reposa en pruebas” o en
una sustitución de la demandante para “completar con inferencias lo que no estaba
probado”, sino en un ejercicio valorativo de las pruebas recaudadas, y en las operaciones
aritméticas efectuadas, justamente, al contrastar y ponderar aquellos elementos de
convicción.
56.En cuanto a los intereses moratorios, el panel señaló que no era viable liquidarlos
según lo deprecado por el Banco -esto es, desde la exigibilidad de las cuentas de cobro-
debido a la “enorme confusión y la imposibilidad absoluta de establecer con certeza la
forma como dichos pagos [los realizados por AyF] fueron aplicados”. Por esa razón, solo
reconoció la causación de esos frutos a partir de la fecha de notificación del auto
admisorio de la demanda.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08209-01
Demandante: Activos y Finanzas S.A.
57.Con base en lo anterior, la recurrente acudió a los razonamientos que el tribunal
empleó al resolver la pretensión relativa al reconocimiento de intereses moratorios -como
se indicó, limitados a los causados desde la notificación del auto admisorio de la
demanda-, para sostener que el hecho de que la pretensión atinente al capital hubiese
resultado próspera revela la configuración de un fallo en conciencia, puesto que “si la
prueba es insuficiente para determinar la mora por falta de trazabilidad, es
analíticamente imposible que sea suficiente para determinar el saldo residual de capital
de 823 pagarés individualizados”.
58.Sobre ese reproche, la Sala precisa, en primer lugar, que, si la censura se enfiló
contra la determinación del tribunal de ordenar el pago de capital, no puede emplearse
la negación parcial de intereses moratorios contenida en el laudo como un elemento
demostrativo de que se hubiese proferido un fallo en conciencia. Conforme al desarrollo
jurisprudencial expuesto, dicho juicio debía sustentarse en que la decisión no se hubiese
fundado en valoración alguna de los elementos probatorios obrantes en el expediente,
sino únicamente en la íntima convicción del juzgador -el panel-, premisa que no se
deduce de la lectura del laudo, toda vez que la condena por aquel concepto sí contó con
el respaldo de las pruebas técnicas y contables practicadas y allegadas en ese plenario.
[…]
60.El capital adeudado, entonces, fue totalizado conforme a lo expuesto por el tribunal
en su valoración de la prueba pericial, a partir de las cuentas de cobro que se tuvieron
en cuenta para el efecto, al cabo que el cálculo de los intereses de mora requería de una
relación pormenorizada de las fechas en que cada cuota debía ser remitida al Banco,
comparadas con el momento en que ellas ocurrieron (o la constatación de que se dejaron
de realizar), información que, según lo valorado por el tribunal, fue lo que no se logró
acreditar.
61.Así, AyF debía exponer cómo y por qué lo razonado por el panel respecto del
reconocimiento del capital en favor del Banco, de forma autónoma, obedeció a su íntima
y subjetiva convicción, y no limitarse a sostener que lo discurrido frente a los intereses
supuso la ausencia de una decisión en derecho, respecto de la primera cuestión. La
aparente disparidad del criterio valorativo empleado para uno y otro tópico no supone,
entonces, que el tribunal hubiese proferido fallo en conciencia, ni hace que emerja la
causal de anulación invocada por el recurrente.
[…]
64.Del apartado en cita, la Subsección no extrae, como sostiene la recurrente, la
“contradicción lógica” y la revelación de un fallo en conciencia. En primer lugar porque,
como se señaló en precedencia, la exposición argumental traída a colación se ocupó de
resolver lo atinente al tópico de los intereses moratorios pretendidos por la convocante,
y no lo relacionado con el capital, que contó -se insiste- con su propio y diferenciado
ejercicio valorativo y se respaldó en los elementos probatorios recaudados en sede
arbitral -el dictamen pericial del BAC, el de contradicción aportado por AyF, los 51
soportes contables suministrados con este, y el informe elaborado por el Banco-.
65.En ese orden de ideas, las expresiones “la imposibilidad absoluta de establecer con
certeza la forma como dichos pagos fueron aplicados”, la ausencia de “elementos para
establecer la forma de liquidar” y la “clara omisión al no demostrar de qué manera los
pagos realizados fueron imputados”, se enmarcan en el ejercicio propio de definición de
los hitos para el cómputo de los intereses moratorios, y no en la determinación del monto
del capital debido, cuestión que ya había sido abordada y despejada por el panel -
obteniendo un valor de $2.240’594.769-.
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Demandante: Activos y Finanzas S.A.
66.En segundo término, “la imposibilidad absoluta de establecer con certeza la forma
como dichos pagos fueron aplicados” y la “clara omisión [en que incurrió el acreedor] al
no demostrar de qué manera los pagos realizados fueron imputados”, hacen referencia
a los pagos directos efectuados por los deudores al BAC, por un monto de $500’321.543,
entre junio de 2018 y la fecha de la presentación de la demanda, respecto de los cuales
el tribunal concluyó que no es posible “saber cuáles fueron los deudores que hicieron
esos pagos ni cuando se llevaron a cabo ni cómo se aplicaron ellos a capital e intereses”.
Tales conceptos no fueron incluidos en el ejercicio liquidatorio del capital practicado por
el panel, reseñado supra, sino en el efectuado para resolver la pretensión sobre intereses
moratorios, de manera que no se aprecia la contradicción enrostrada por el extremo
censor.
[…]
71.En este estado de cosas, la Sala no encuentra razones para concluir que el tribunal
haya fallado siguiendo su íntimo convencimiento, sin haber informado su decisión por el
caudal probatorio recaudado, lo que implica despachar negativamente el primer
interrogante propuesto en el itinerario: el tribunal arbitral no se apartó de los elementos
de convicción obrantes en el expediente al condenar a AyF al pago de una suma de
capital exacto en favor del Banco, pese a haber reconocido la insuficiencia de pruebas
frente al monto de los intereses moratorios deprecados. […]» [sic].
26. Asimismo, frente a la presunta aplicación indebida de la normativa precisó:
«[…] Sobre la alegada aplicación indebida de la normativa para apreciar la prueba
72.En el segundo eje argumental que soportó el cargo de anulación, la recurrente
sostuvo que en el laudo se otorgó “eficacia probatoria a una contabilidad que el propio
Tribunal calificó como deficiente, contraviniendo normas imperativas”. En concreto,
invocó lo dispuesto en los artículos 49, 50, 51 y 59 del Código de Comercio, y 264 del
CGP, para señalar que “decidir con fundamento en una prueba que legalmente carece
de valor es decidir por fuera del marco jurídico, lo cual constituye un fallo en conciencia”.
[…]
74.Como primer aspecto de evaluación, se debe destacar que la recurrente no fue
precisa en identificar a cuál “contabilidad” del Banco Agrario hace referencia, esto es,
cuáles piezas concretas del expediente debieron ser excluidas en aplicación de las
normas de carácter comercial que se invocaron. Tampoco se explicó, de forma detallada,
cuáles fueron los vicios en los que habrían incurrido esos insumos de cara a las normas
que se invocaron, y que habrían tornado necesario dejar de apreciarlas a partir de las
exigencias del Código de Comercio y del estatuto procesal general.
[…]
76.Ligado a lo expuesto, no todas las normas que se invocaron en este apartado de
recurso contienen un mandato imperativo en sede judicial o arbitral, que permita deducir
un apartamiento indebido por parte del panel, pues las únicas a las que puede atribuirse
esa semblanza son los artículos 264 del CGP y 59 del C.Co.
[…]
78.De esa manera, el valor probatorio de los libros de comercio, cuando la cuestión
debatida se ventila en un escenario judicial -o arbitral-, no es absoluto, y está sujeta al
principio de contradicción. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que “el
hecho de que los libros de comercio que se exhiben entre comerciantes constituyan
plena prueba no significa que la aducción de los mismos sea absoluta o esté desprovista
de reglas”.
79.Adicionalmente, en el caso concreto, la recurrente se limitó a afirmar de forma
genérica que el tribunal se separó del imperativo normativo, sin indicar de qué manera
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08209-01
Demandante: Activos y Finanzas S.A.
habría incurrido en ello, y sin precisar cómo el laudo se apartó del derrotero que traza el
citado artículo 264 del CGP para la determinación del valor probatorio de los asientos
contables del BAC.
80.A este respecto, el hecho de que no se hubiera aportado prueba de la forma en la
que se imputaron y aplicaron los pagos efectuados por AyF (razón para negar el
reconocimiento de intereses moratorios según lo pedido por la actora) no permite deducir
que el BAC estuviese llevando su contabilidad de forma contraria a las regulaciones
mercantiles invocadas (artículos 49, 50, 51 y 59 del Decreto 471 de 1971), que impidiese,
de entrada, tenerla en cuenta para efectos de la valoración del incumplimiento endilgado
a su contraparte (en aplicación del canon 264 de la Ley 1564 de 2012), ni que esa
apreciación hubiese constituido una decisión en conciencia.
81.En efecto, ese solo hecho no es demostrativo de que los asientos contables del
Banco, incluyendo las cuentas de cobro reprochadas, no reflejaran una “historia clara,
completa y fidedigna de los negocios del comerciante” (artículo 50 del C.Co.), o de que
no existiera correspondencia entre aquellos comprobantes y los libros de comercio de la
entidad, circunstancia que, de todas formas, implicaría regresar sobre la valoración de
fondo efectuada por el panel, ejercicio vedado a esta Corporación.
[…]
83. Como se observa, los insumos cuestionados tienen que ver con aquellos que, en
decir de la recurrente, habrían sido empleados para condenar por concepto de capital,
pero, al mismo tiempo, para negar los intereses conforme fueron pedidos por el BAC.
84.Al revisar el fallo cuestionado, se observa que el tribunal partió por otorgar validez a
las cuentas de cobro y a los valores incluidos en ellas (que, según lo allí indicado, no
fueron cuestionados por AyF). Seguidamente, el estudio de la existencia y exigibilidad
de las obligaciones, junto con la determinación depurada del saldo del monto exigible,
se inscribió en el acápite “2.3 La acreditación del incumplimiento a través de la prueba
pericial”, en el que, al valorar el dictamen aportado por el Banco, señaló: “En audiencia,
el señor Arango explicó la razón financiera por la cual lo que él denomina ‘flujo’ constituye
la unidad económica de exigibilidad entre el BAC y AF, precisando que la imputación a
pagaré existe en los auxiliares operativos del BAC que sirvieron de base para producir
los resúmenes por cuenta. Si bien no se incorporó al expediente el universo de auxiliares
individuales por razones del volumen, el Tribunal encuentra verosímil y suficiente la
confluencia entre la certificación del BAC sobre abonos y aplicación, los comprobantes
contables que evidencian la dinámica de imputación por cuenta y la congruencia
matemática entre la evolución de saldos y el residuo final adoptado como base. La
contradicción de AF, por su parte, no desvirtúa ese núcleo demostrativo del
incumplimiento (…)”.
85.En ese orden de ideas, el discernimiento que acaba de citarse no fue efectuado por
el panel en la determinación del monto de capital adeudado por la parte convocada, sino
en el análisis del incumplimiento negocial enrostrado en la demanda arbitral (cuestión
que escapa del ámbito del recurso, como se indicó supra). Según se precisó
previamente, el laudo también valoró que la contradicción efectuada por AyF frente a
dicha prueba no logró desvirtuar el incumplimiento enrostrado.
86.Idéntica conclusión se predica de lo relacionado con la “trazabilidad de los pagos”,
pues el laudo se refirió a tal noción en el contexto de la solución a la pretensión de
incumplimiento negocial, y la correlativa excepción de contrato no cumplido esgrimida
por AyF […]
[…]
88.Adicionalmente, en cuanto atañe a la información de los pagadores, ella misma fue
abordada por el tribunal al valorar el registro llevado por el Banco Agrario respecto de
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08209-01
Demandante: Activos y Finanzas S.A.
los pagos directos que manifestó haber recibido entre junio de 2018 y la fecha de la
presentación de la demanda, por un monto de $500’321.543. Ciertamente, en líneas
anteriores se efectuó una cita textual de lo razonado en el laudo para no acceder al
reconocimiento de intereses moratorios en la forma pretendida por la parte convocante,
y en ese apartado el panel consideró, como se rememora, que: (i) “no es posible liquidar
intereses moratorios dada la enorme confusión y la imposibilidad absoluta de establecer
con certeza” la forma como AF pagó parcialmente sus obligaciones; (ii) “el BAC admitió
en febrero 24 de 2025 haber recibido pagos directos de los deudores por un monto de
COP 500.321.543 entre junio de 2018 y la fecha de la presentación de la demanda en
2024 dentro de cuyo lapso se causaron las 13 cuentas de cobro que originaron la
demanda, entre marzo y noviembre de 2020”; (iii) “aunque se afirma que tales montos
se abonaron, en parte alguna es posible saber cuáles fueron los deudores que hicieron
esos pagos ni cuando se llevaron a cabo ni cómo se aplicaron ellos a capital e intereses
teniendo en cuenta que en esas hipótesis el BAC actuó frente a ellos como tenedor
legítimo de los títulos valores, por lo que era forzoso hacer dicha precisión”; (iv) “el
acreedor incurrió en una clara omisión al no demostrar de qué manera los pagos
realizados fueron imputados”; y (v) “ante esa circunstancia que permea todo el análisis
probatorio, el Tribunal carece de elementos para establecer la forma de liquidar los
intereses moratorios en la manera como literalmente se pretende en la pretensión cuarta
de la reforma de la demanda”.
89.Ante ese panorama, la Subsección aprecia que la censura descontextualiza lo
afirmado por el tribunal y le atribuye una consecuencia que no se desprende de lo
consignado en el laudo. La relación contable que acaba de aludirse fue desestimada por
los árbitros para efectos del cómputo de los intereses en la forma pretendida en la
demanda, justamente, por ausencia de certeza sobre los aspectos que puntualiza el
censor -falta de comprobantes de pago, falta de control desagregado de las cuentas,
ausencia de trazabilidad de los abonos y de individualización de los pagadores-. La
liquidación de los intereses dependía, entonces, de que se estableciera la fecha en la
que cada abono en particular debió ser pagado y el momento en el que el mismo se
habría desembolsado -o la conclusión de que ello no ocurrió-, pero ello no impedía que
se valoraran las 13 cuentas de cobro allegadas al plenario como insumo del peritaje que
dio cuenta del saldo final por concepto de capital.
90.Ahora, si la mención a la contabilidad del BAC que efectúa el recurso se refiere a la
valorada por el tribunal para la determinación del capital, debe recordarse que la
conclusión a la que los árbitros arribaron a ese respecto se cimentó en un contraste entre
diversos elementos de convicción: (i) lo acreditado en la pericia practicada a instancias
del Banco Agrario; (ii) las deducciones admisibles, según los 51 comprobantes de
recompras aportados con el dictamen de contradicción; y (iii) el informe elaborado por el
BAC el 15 de mayo de 2025. Con arreglo a ese ejercicio, el tribunal obtuvo un total de
$2.240’594.769, que finalmente incorporó en el acápite resolutivo como capital de la
condena. En tal escenario, tampoco resulta acorde con la realidad sostener que el
proceso fue decidido “con base en una prueba carente de valor”, pues dicho registro
contable fue contrastado en conjunto con los demás instrumentos probatorios
practicados, como lo exige el artículo 176 del CGP.
91.No percibe entonces esta colegiatura que el tribunal haya fallado siguiendo su íntimo
convencimiento por la completa separación de normas imperativas y, con ello, que
hubiese dejado de decidir en derecho. […]» [sic].
27. Como se evidencia, la Corporación concluyó que, contrario al decir de la
demandante, la condena a Activos y Finanzas S.A. no se decidió con base en una
prueba carente de valor, pues el registro contable fue contrastado en conjunto con
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Demandante: Activos y Finanzas S.A.
los demás medios de prueba, en cumplimiento del artículo 176 del CGP. Razón por
la cual, consideró que sí estuvo respaldada en pruebas técnicas, periciales y
contables, y no en una decisión subjetiva, pues determinó el capital adeudado tras
analizar cuentas de cobro, dictámenes periciales y soportes contables, esto, con
independencia de que negó parte de los intereses moratorios por falta de claridad
sobre la aplicación de ciertos pagos, pues esa insuficiencia probatoria solo afectaba
los intereses y no el cálculo del capital, el cual sí contaba con soporte suficiente.
28. En línea con lo anterior, no sobra referir que, el anterior pronunciamiento fue
objeto de aclaración de voto por parte del Consejero José Roberto Sáchica
Méndez25 precisamente por la argumentación sobre la cual se sustentó la decisión,
al considerar que el recuso se soportaba en la contradicción lógica entre las
motivaciones jurídicas y probatorias del laudo. Al respecto precisó: «debo manifestar
mis diferencias con las razones aducidas para soportar esta conclusión. Aunque señaló su
improcedencia, la providencia incursionó en un juicio sobre errores in iudicando, terreno
vedado por el artículo 42 del Estatuto de Arbitraje: “La autoridad judicial competente en la
anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los
criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal
arbitral al adoptar el laudo”. […] De entrada, la enunciación de los problemas jurídicos
revelaba la imposibilidad de subsumir el reproche del recurrente en la causal invocada.
Resolverlos no exigía una constatación sobre la existencia de fundamentos jurídicos y
probatorios en el laudo».
29. En ese mismo sentido, se insiste en que, tal y como quedó acreditado el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A en providencia proferida del 20 de abril
de 2026 declaró infundado el recurso extraordinario de anulación, y, como tal
decisión fue adoptada durante el curso de esta actuación, la Sala no emitirá
pronunciamiento sobre sus fundamentos, pues ello supondría abordar cuestiones
ajenas al debate planteado en la demanda de tutela. Si bien la demandante
cuestionó el laudo arbitral, no formuló reproches encaminados a controvertir las
razones que llevaron a desestimar el recurso extraordinario, las cuales solo
surgieron con posterioridad a la interposición del amparo.
30. Lo anterior, porque la solicitud de amparo se promovió antes de que el juez
natural profiriera la decisión correspondiente, de manera que la parte demandante
acudió de manera anticipada al mecanismo constitucional. En consecuencia, sus
planteamientos no estuvieron encaminados a controvertir las determinaciones
adoptadas dentro de ese trámite. Por ello, no resulta procedente emitir un
pronunciamiento sobre aspectos ajenos a la controversia inicialmente propuesta,
pues tal actuación desconocería el derecho al debido proceso y de defensa de la
contraparte.
25Visible en el índice 22 del recurso extraordinario de anulación 11001032600020260003200.
Archivo denominado «31Aclaraciondev_74033Aclaraciondevot(.pdf) NroActua 22».
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Demandante: Activos y Finanzas S.A.
31. Expuesto lo anterior, se recuerda que para que el juez constitucional pueda
pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado, la solicitud debe superar los
requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. En
ese orden, el amparo de la referencia resulta improcedente por desconocimiento del
principio de subsidiariedad, toda vez que fue presentado sin haber agotado
previamente todos los mecanismos extraordinarios de defensa disponibles, pues,
de manera paralela presentó recurso extraordinario de anulación y petición de
amparo, ambos, sustentados bajo la misma línea de argumentos, y en ese sentido
no es posible emitir un pronunciamiento de fondo respecto a la decisión que resolvió
el recurso, comoquiera que el mismo no fue cuestionado.
3. Conclusión
32. En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión del a quo, a través de la
cual declaró improcedente, pero por no acreditar el requisito general de
subsidiariedad, la solicitud de tutela presentada por Activos y Finanzas S.A. contra
el Tribunal Arbitral Convocado por el Banco Agrario de Colombia contra Activos y
Finanzas S.A.
33. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley.
FALLA:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 20 de marzo de 2026 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a través de la cual declaró improcedente
la solicitud de tutela presentada por Activos y Finanzas S.A. contra el Tribunal
Arbitral Convocado por el Banco Agrario de Colombia contra Activos y Finanzas
S.A.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Demandante: Activos y Finanzas S.A.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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