Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2026-00032-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2026-00032-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2026-00032-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-26-000-2026-00032-00 (74033)
Recurrente: Activos y Finanzas S.A.
Opositor: Banco Agrario de Colombia S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo
arbitral
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN – Es de carácter excepcional y restrictivo, sin que
constituya una instancia más dentro del proceso arbitral. El juzgador no puede pronunciarse sobre el fondo de
la controversia, ni calificar o modificar los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones
expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo. / LAUDO EN CONCIENCIA O EQUIDAD – La causal de
anulación se configura, entre otros eventos, cuando el panel arbitral se separó del material probatorio o dejó
de lado, de manera protuberante y evidente, el marco jurídico sobre el cual tenía que fallar. No está instituida
para ventilar discrepancias en la valoración probatoria del laudo.
1. La Sala resuelve el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la
sociedad Activos y Finanzas S.A.1 contra el laudo del 18 de noviembre de 2025,
proferido por el tribunal de arbitraje constituido2 para dirimir las controversias3
surgidas con ocasión del contrato de compra de cartera de libranza a descuento
suscrito el 30 de octubre de 2013 con el Banco Agrario de Colombia S.A.4.
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA
2. Con la providencia acusada se declaró que AyF incumplió las obligaciones del
negocio referido y se le condenó a pagar el capital adeudado, más los intereses
moratorios causados a partir de la fecha de notificación del auto admisorio de la
demanda. No obstante, se negó la pretensión de pago de esos frutos civiles
desde la fecha en que debieron ser sufragadas las cuentas de cobro reclamadas.
El laudo fue controvertido bajo la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012,
con el argumento de que los árbitros, pese a admitir expresamente la carencia
de elementos probatorios para el reconocimiento de intereses de mora,
condenaron por concepto de capital con una suma exacta, y omitieron aplicar el
ordenamiento jurídico sustancial y procedimental.
ANTECEDENTES
La demanda arbitral y el trámite relevante ante el tribunal
3. A partir de las piezas del expediente remitido a esta Corporación por parte de
la secretaria del tribunal arbitral, la Sala destaca las siguientes actuaciones:
1 En adelante, también AyF o la recurrente.
2 A instancias del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el que obró como
extremo convocante el Banco Agrario de Colombia S.A. y como parte convocada la sociedad Activos y Finanzas
S.A..
3 Que giraron en torno al supuesto incumplimiento del negocio jurídico debatido por parte de la convocada, que
se tradujo en dificultades experimentadas por el Banco Agrario para recuperar la cartera transferida en el
negocio.
4 En lo sucesivo, igualmente, el Banco, BAC o el opositor.
Radicación: 11001-03-26-000-2026-00032-00 (74033)
Recurrente: Activos y Finanzas S.A.
Opositor: Banco Agrario de Colombia S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo
4. El 30 de octubre de 2013, el Banco Agrario de Colombia S.A. -en calidad de
comprador- y la sociedad Activos y Finanzas S.A. -como vendedor- celebraron
un contrato de compra de cartera de libranza a descuento5, cuyo objeto consistió
en transferir “a título de compraventa a favor de EL COMPRADOR, créditos de
libranza no vencida, durante la vigencia del presente CONTRATO, debidamente
instrumentados en títulos valores y en los términos que se indican más adelante,
junto con todos los derechos, obligaciones y demás accesorios, acciones y
privilegios inherentes a las mismas (…)”.
5. En las cláusulas del acuerdo que el convocante afirmó incumplidas -segunda,
sexta y novena, así como en el anexo operativo n° 4-, se estipularon las
condiciones de calidad y cantidad de los pagarés, los saldos, las fechas de corte
de las obligaciones respaldadas con los mismos, el deber de verificación del
perfil de los deudores, entre otras. Asimismo, se estipularon los eventos en los
que AyF debería recomprar los pagarés al Banco, incluyendo variaciones en la
cantidad o calidad de los títulos, mora en el pago por parte de los deudores,
muerte de éstos o modificación de las garantías emitidas en respaldo de los
instrumentos objeto de compra. Entre las obligaciones de AyF se encontraba la
de continuar recaudando los abonos de los deudores y, posteriormente, remitir
dichos recursos al Banco.
6. La convocante adujo que, desde el año 2016, comenzó a experimentar
dificultades para la recuperación de la cartera transferida, las cuales atribuyó al
incumplimiento de las obligaciones de AyF asumidas en virtud del contrato en
cuestión. Señaló que,y pese a reiteradas solicitudes para que se pusiera al día
con su débito, al momento en que se promovió el trámite arbitral no había emitido
respuesta. Señaló que realizó un total de 64 compras de cartera, que
ascendieron a $50.755’139.657, y que, a la fecha de terminación del contrato, la
convocada adeudaba al BAC el pago derivado de 823 pagarés endosados a
éste.
7. Con ocasión de lo anterior, el aquí opositor formuló demanda arbitral (presentada
el 26 de abril de 20246), en la que elevó las siguientes pretensiones (transcritas
con su propio énfasis y eventuales errores)7:
“Primera: Se declare la responsabilidad civil contractual de la sociedad ACTIVOS Y
FINANZAS SA por el incumplimiento de las cláusulas primera, segunda modificada por la
cláusula primera del otrosí No. 1 del 30 de octubre de 2013, sexta y novena del contrato de
compra de cartera de libranza a descuento, así como el anexo No. 4 denominado “Anexo
operativo”, suscrito con el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA el 30 de octubre de 2013.
Segunda: Se declare que el contrato de compra de cartera de libranza a descuento
suscritoentre el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA y la sociedad ACTIVOS Y
FINANZAS SA el 30 de octubre de 2013 terminó el 18 junio de 2018 debido al incumplimiento
de las obligaciones contractuales por parte de la Convocada.
Tercera: Como consecuencia de lo anterior, se condene a la sociedad ACTIVOS Y
FINANZAS SA a pagar al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA, a título de capital debido
por las cuentas de cobro discriminadas en el acápite de estimación razonada de la cuantía
por la suma de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($5.149.276.899).
5 Los créditos en dicha modalidad fueron originalmente otorgados por AyF e instrumentados en los
correspondientes pagarés que posteriormente fueron vendidos al Banco.
6 Archivo “001_Demanda_20240426”, índice 002 del aplicativo SAMAI.
7 La demanda fue reformada el 25 de octubre de 2024 (archivo “053_ReformaDemandaBancoAgrario”, índice
002 del aplicativo SAMAI). Las pretensiones transcritas corresponden a las de dicha modificación.
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Radicación: 11001-03-26-000-2026-00032-00 (74033)
Recurrente: Activos y Finanzas S.A.
Opositor: Banco Agrario de Colombia S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo
Cuarta: Como consecuencia de lo anterior, se condene a la sociedad ACTIVOS Y
FINANZAS SA a pagar al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA, a título de intereses de
mora respecto del saldo pendiente por cada cuenta de cobro calculados desde la fecha en
que debió ser pagada hasta la fecha en que se haga efectivo el pago, y que a 31 de marzo
de 2024 ascienden a CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($5.566.611.283)
conforme se discriminó en el acápite de estimación razonada de la cuantía.
Cuarta: (sic) Como consecuencia de lo anterior, se condene a la sociedad ACTIVOS Y
FINANZAS SA a pagar al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA a pagar las costas y
agencias en derecho a que haya lugar”.
8. AyF contestó el escrito inicial, oponiéndose a las pretensiones y formulando
como excepciones las que denominó “inexistencia de relación contractual del
cual (sic) se derive responsabilidad contractual del demandado”, “excepción de
contrato no cumplido por el demandante (artículo 1609 C.C.) y culpa exclusiva
del demandante”, “cumplimiento del contrato por el demandado”, “ausencia de
los requisitos para prosperidad (sic) de la responsabilidad civil contractual” y
“mala fe y temeridad para instaurar la demanda arbitral”.
El laudo arbitral que se solicita anular
9. El tribunal profirió el laudo el 18 de noviembre de 2025, mediante el cual, en lo
pertinente: (i) declaró que AyF incumplió las obligaciones contractuales previstas
en las cláusulas primera, segunda, sexta, novena y el anexo operativo n° 4; (ii)
la condenó a pagar la suma de $2.240’594.769 por concepto de capital debido;
(iii) accedió parcialmente a la condena por concepto de intereses de mora, pero
solamente a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda; y (iv)
declaró no probadas las excepciones propuestas por ese extremo procesal8.
10. Como sustento de lo anterior9, señaló que: (i) varios de los créditos vendidos se
vieron afectados por circunstancias que no fueron informadas oportunamente
por la vendedora (entre otras, muerte del deudor y “prepago”10); (ii) la convocada
no efectuó la recompra de la cartera, pactada como una obligación a su cargo
en caso de que tales incidencias se presentaran; (iii) pese a los constantes
requerimientos remitidos por el BAC detallando aquellos incumplimientos, AyF
no se pronunció; (iv) la convocada tampoco satisfizo la obligación de realizar el
pago de “los valores mensuales generados con ocasión de la causación de la
cartera”, con base en “lo confesado por el BAC en su demanda y lo evidenciado
en los dictámenes periciales”; y (v) el representante legal de Activos y Finanzas
S.A. confesó en el curso del proceso que los informes estipulados en la cláusula
6 del contrato y el anexo operativo 4 no fueron remitidos.
11. Establecido lo anterior, señaló que (vi) los dictámenes periciales practicados a
solicitud del Banco acreditaron con suficiencia la existencia de la obligación
pendiente, amparada en las 13 cuentas de cobro objeto del proceso arbitral, el
pago apenas parcial efectuado por la convocada mediante 51 abonos realizados,
lo cual no logró ser desvirtuado por el peritaje de contradicción de AyF; y (vi) con
base en dicha prueba técnica de la convocante, y en un informe elaborado por
8 Archivo “8ED_LaudoBancoAgrarioVsA.pdf”, índice 002 del aplicativo SAMAI.
9 Únicamente se hará referencia a las consideraciones que tienen relación con el estudio del caso concreto, de
cara a la resolución del recurso extraordinario de anulación.
10 Esto es, obligaciones que los deudores ya habían pagado y frente a las que ya contaban con paz y salvos.
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Radicación: 11001-03-26-000-2026-00032-00 (74033)
Recurrente: Activos y Finanzas S.A.
Opositor: Banco Agrario de Colombia S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo
el BAC el 15 de mayo de 2025, el panel determinó el valor del capital debido, por
$2.240’594.769.
12. Frente a los intereses moratorios deprecados, calculados por el Banco desde la
fecha en que cada cuenta de cobro debió ser pagada, el tribunal señaló que
aquéllos se causaban sobre AyF en el evento en el que ésta retrasara la
transferencia de los abonos recibidos de los deudores de libranza. De cara a
ello, en el laudo se señaló que no era posible liquidar dichos frutos civiles “dada
la enorme confusión y la imposibilidad absoluta de establecer con certeza la
forma como dichos pagos fueron aplicados” (refiriéndose a los desembolsos
realizados por la convocada), toda vez que la libelista no demostró la forma en
que se imputaron los abonos efectuados, en unos casos, por la vendedora, y en
otros, directamente por las pagadurías11. En ese sentido, reconoció los intereses
de mora únicamente desde la fecha de notificación del auto admisorio de la
demanda y hasta el momento de realización del pago.
El recurso de anulación
13. AyF interpuso recurso extraordinario de anulación12 contra el laudo, con
fundamento en la causal contemplada en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley
1563 de 2012, al alegar que el laudo se dictó en conciencia o equidad -debiendo
ser en derecho-, cuestión que sustentó de la siguiente manera:
14. El tribunal incurrió en una “contradicción lógica irreconciliable que evidencia que
su decisión sobre el capital no fue fruto de un análisis en derecho sino de una
estimación subjetiva”, pues (i) por un lado, negó el reconocimiento de los
intereses de mora, ante la incertidumbre frente a la aplicación de los pagos, pero
(ii) por otro, para imponer la condena de capital, se soportó en la misma
información que consideró insuficiente, incierta y confusa para negar los
mencionados frutos civiles. Con ello, sostuvo que es “analíticamente imposible”
que, si la prueba no era suficiente para determinar la mora, sí lo fuera para
determinar el saldo de los 823 pagarés cobrados, lo que implica que este monto
fue producto de una “estimación prudencial” propia de los fallos en conciencia.
15. Los árbitros otorgaron eficacia probatoria a una contabilidad -la presentada por
el Banco Agrario- que en el laudo fue calificada como deficiente, al contravenir
lo normado en los artículos 49, 50 y 51 del Código de Comercio y 264 del Código
General del Proceso, que exigían restarle valor demostrativo al referido insumo.
Al decidir con base en esta información, el laudo se habría emitido por fuera del
marco jurídico.
16. A pesar de que existía “una duda insuperable”, que imponía absolver a la
demandada, el tribunal “sustituyó al demandante y realizó operaciones
aritméticas propias para ‘completar’ con inferencias lo que no estaba probado”,
lo que también fue advertido en el salvamento de voto de uno de los árbitros.
Ese ejercicio se habría derivado de una “certeza interna” que materializó el fallo
en conciencia.
11 Esto es, los empleadores o fondos de pensiones de los sujetos que contrajeron los créditos.
12 Archivo “4ED_20251230Recursodeanu(.pdf) NroActua 2.pdf”, índice 002 del aplicativo SAMAI.
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Radicación: 11001-03-26-000-2026-00032-00 (74033)
Recurrente: Activos y Finanzas S.A.
Opositor: Banco Agrario de Colombia S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo
17. En el laudo se admitió que el escenario probatorio de la convocante se ubicó en
la total incertidumbre, a partir del empleo de las siguientes expresiones: (i) “la
imposibilidad absoluta de establecer con certeza la forma como dichos pagos
fueron aplicados” (en alusión a los desembolsos efectuados por AyF en el marco
del contrato); (ii) “el Tribunal carece de elementos para establecer la forma de
liquidar”; (iii) “el acreedor incurrió en una clara omisión al no demostrar de qué
manera los pagos realizados fueron imputados”; y (iv) “el BAC creó una situación
de muy difícil manejo contable y administrativo, que dio a pábulo a parte de las
equivocaciones”. Señaló que, si ese era el caso para la estimación de los
intereses, la misma lógica se debió seguir para el capital deprecado, de forma
que la condena por este concepto no fue en derecho, sino derivada de la intuición
o convicción interna del panel.
18. Con ocasión de lo anterior, la recurrente solicitó anular los numerales 3 y 4 del
laudo, consistentes en las condenas por concepto de capital y de intereses
moratorios a partir de la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda.
Traslado del recurso y manifestaciones
19. La secretaría del tribunal arbitral corrió traslado del recurso mediante correo
electrónico remitido el 2 de enero de 202513.
20. En esa oportunidad, el BAC solicitó que se desestime el recurso señalando que
un fallo en conciencia requiere que, en sustitución de la prueba y la norma
jurídica, se profiera la decisión basándose exclusivamente en el sentido común,
circunstancia que en el caso concreto no se configuró. Añadió que el laudo se
soportó en los medios de convicción debidamente decretados y practicados, y
que la causal invocada por la recurrente tiene lugar cuando los árbitros se
separan de las pruebas sometidas a su consideración, y no cuando surgen
desacuerdos sobre su valoración. Acotó que el valor de capital determinado en
el fallo provino de un ejercicio contable y matemático detallado, y no de la
intuición del tribunal14.
21. El Ministerio Público, por su parte, no se pronunció en el término del traslado del
recurso de anulación.
Trámite ante el Consejo de Estado
22. Mediante auto del 27 de febrero de 2026 se admitió el recurso extraordinario de
anulación interpuesto por AyF15. El 11 de marzo siguiente, ingresó a Despacho
para dictar sentencia.
CONSIDERACIONES
23. Comoquiera que no se advierte causal de nulidad que invalide lo actuado, y con
el fin de abordar la cuestión debatida, la Sala se referirá a los siguientes
aspectos: (i) la jurisdicción y competencia de la Corporación para conocer del
presente asunto; (ii) la constatación del pacto arbitral y de la legitimación en la
13 Archivo “7ED_CorreoTrasladoSecret.pdf”, índice 002 del aplicativo SAMAI.
14 Archivo “3ED_26_01_26_Oposicion_B.pdf”, ibidem.
15 Índice 004 del aplicativo SAMAI.
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Radicación: 11001-03-26-000-2026-00032-00 (74033)
Recurrente: Activos y Finanzas S.A.
Opositor: Banco Agrario de Colombia S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo
causa de las partes procesales; (iii) la oportunidad en la presentación del recurso
y el cumplimiento del traslado previo por parte de la secretaría del tribunal; (iv)
la definición del objeto del recurso y de los problemas jurídicos por resolver; (v)
el análisis de la causal de anulación que se invoca; (vi) la solución al caso
concreto, en función de los cargos formulados; (vii) la enunciación de las
conclusiones; y (viii) la condena en costas en el presente trámite.
Jurisdicción y competencia
24. El contencioso-administrativo ostenta jurisdicción para conocer del asunto, con
fundamento en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y el
numeral 7 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), pues en el presente
caso se busca la nulidad del laudo arbitral por el cual se definió un conflicto
relativo a un contrato celebrado por una entidad pública. El negocio del cual
surgió el litigio es el “contrato de compra de cartera de libranza a descuento”,
suscrito el 30 de octubre de 2013 entre (i) el Banco Agrario de Colombia S.A.16
(demandante en sede arbitral) y (ii) la sociedad Activos y Finanzas S.A.
(demandada en aquel foro)17.
25. A su vez, el Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de
anulación en única instancia, de conformidad con el numeral 7 del artículo 149
del CPACA (modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021)18. La Sección
Tercera, en particular, es la llamada a decidir el caso, conforme al referido inciso
tercero del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 19 y el artículo 13 del reglamento
de la Corporación20. La decisión, asimismo, corresponde a esta Subsección,
conforme a lo dispuesto en este último compendio (“Cada Subsección decidirá
los procesos a su cargo en forma autónoma”21).
16 Sociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del
Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (de conformidad con el certificado de existencia
y representación legal expedido por la Superintedencia Financiera de Colombia, visible en el índice 2 del
aplicativo SAMAI).
17 Para el caso, no resulta aplicable la excepción prevista en el numeral 1 del artículo 105 del CPACA, que
excluye de esta jurisdicción, entre otras, las controversias surgidas de contratos celebrados por entidades
públicas con el carácter de institución financiera, cuando correspondan al giro ordinario de sus negocios. Si bien
el acuerdo de voluntades que suscitó la controversia arbitral fue celebrado por un organismo con dicha
naturaleza (el Banco Agrario), el citado artículo 104-7 ejusdem atribuye al contencioso-administrativo, de
manera expresa, el conocimiento de los recursos extraordinarios de anulación interpuestos contra laudos “que
definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas”, sin realizar ninguna distinción en
torno a la estirpe de las mismas. Ligado a ello -según se indicó desde la admisión del presente recurso-, en el
presente caso no se está examinando el fondo de las diferencias que surgieron entre las partes en el marco de
la correspondiente relación contractual, como tampoco la ejecución de la condena, sino los vicios que se
endilgan a la providencia arbitral. Así lo ha reconocido esta Subsección en anterior oportunidad (vid. sentencia
del 18 de marzo de 2022, C.P. María Adriana Marín, exp. 67.785).
18 “El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones,
subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá
en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 7. Del recurso de anulación contra laudos arbitrales proferidos
en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública, por las causales y dentro del término
prescrito en las normas que rigen la materia”.
19 “Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudo arbitrales en los que intervenga una entidad
pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.
20 Modificado mediante Acuerdo No. 434 de 2024. Conforme a este compendio, corresponde a la Sección
Tercera conocer de “9. Los procesos de nulidad de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en
contratos estatales”.
21 Artículo 17 del Acuerdo 080 de 2019. El presente asunto no es uno de los enunciados en dicha disposición
para que la Sección sesione en pleno.
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Radicación: 11001-03-26-000-2026-00032-00 (74033)
Recurrente: Activos y Finanzas S.A.
Opositor: Banco Agrario de Colombia S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo
Pacto arbitral y legitimaciones
26. El contrato de compra de cartera del 30 de octubre de 2013 contempló en el
parágrafo de la cláusula décima sexta el pacto arbitral que habilitó el
conocimiento del asunto por parte del tribunal que sesionó en el Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.
27. A su vez, AyF se encuentra legitimada para recurrir, por haber sido la parte
convocada en el trámite arbitral y destinataria de la condena adoptada en el
laudo. El Banco lo está en calidad de opositor, por haber sido el demandante
principal en esa sede.
Oportunidad y traslado del recurso
28. El laudo impugnado fue proferido en audiencia del 18 de noviembre de 2025,
diligencia en la que fue igualmente notificado22, y contra el mismo las partes no
formularon solicitudes de aclaración o complementación. Así, los 30 días hábiles
siguientes para la interposición del recurso de anulación transcurrieron entre el
19 de noviembre de 2025 y el 2 de enero de 2026 23, y considerando que el
recurso fue radicado en la última de tales fechas, se concluye que fue
presentado de forma oportuna.
29. Asimismo, en cumplimiento del artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, la secretaria
del tribunal acreditó haber dado traslado del recurso24 a la otra parte y al
Ministerio Público, y aquélla allegó su respectivo pronunciamiento, según lo
reseñado ut supra.
Objeto del recurso y problemas jurídicos por resolver
30. A la luz de lo previsto en la Ley 1563 de 2012, el recurso analizado ostenta el
carácter de extraordinario, y se caracteriza porque: (i) no constituye una
instancia “ordinaria” que se pueda surtir para revisar la valoración jurídica y
probatoria efectuada por el panel arbitral; y (ii) su procedencia está sujeta a que
se verifique la concurrencia de alguna de las hipótesis taxativamente enlistadas
en el artículo 41 del señalado estatuto, de manera que al juez de la anulación no
le es dable reabrir el debate de fondo.
31. De igual forma, el artículo 42 ejusdem señala que la autoridad judicial
competente rechazará de plano el recurso de anulación cuando no se hubiere
sustentado, o las causales que se invoquen no correspondan a ninguna de las
señaladas en dicha ley. Ello se ve enmarcado, igualmente, por la pauta según la
cual: “La autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre
el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones,
valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al
adoptar el laudo”, contenida en el inciso cuarto del citado artículo.
22 Folio 69 del laudo objeto de controversia, (archivo “8ED_LaudoBancoAgrarioVsA.pdf”, índice 002 del
aplicativo SAMAI).
23 El 22, 23, 29 y 30 de noviembre de 2025, así como el 6, 7, 8, 13, 14, 25, 27 y 28 de diciembre de ese mismo
año y el 1 de enero 2026, fueron días no hábiles.
24 Archivo “7ED_CorreoTrasladoSecret.pdf”, índice 002 del aplicativo SAMAI.
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Radicación: 11001-03-26-000-2026-00032-00 (74033)
Recurrente: Activos y Finanzas S.A.
Opositor: Banco Agrario de Colombia S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo
32. Dicha postura ha sido reiterada por la jurisprudencia de esta Sección, al recalcar
las siguientes características del recurso extraordinario de anulación de laudo
arbitral:
“i) El recurso de anulación de laudos arbitrales es de carácter excepcional, restrictivo y
extraordinario, sin que constituya una instancia más dentro del correspondiente proceso.
ii) El recurso tiene como finalidad controvertir la decisión contenida en el laudo arbitral, en
principio, por errores in procedendo, por lo cual a través de él no puede pretenderse atacar
el laudo por cuestiones de mérito o de fondo, esto es, errores in iudicando. Ello significa que
no le es dable al juez del laudo examinar si el tribunal de arbitramento obró o no de acuerdo
con el derecho sustancial, ni tampoco revivir un nuevo debate probatorio o entrar a
considerar si hubo un yerro en la valoración de las pruebas o en las conclusiones a las cuales
arribó el correspondiente tribunal, dado que el juez de la anulación no ha sido instituido como
superior jerárquico o funcional del tribunal arbitral y, como consecuencia, no podrá intervenir
en el juzgamiento del asunto de fondo, al punto de poder modificar las decisiones plasmadas
en el laudo por el hecho de que no comparta sus criterios o razonamientos.
iii) Excepcionalmente, el juez de la anulación podrá corregir o adicionar el laudo, pero solo
en aquellos específicos eventos en que prospere la causal de anulación por incongruencia,
por no haberse decidido la totalidad de los asuntos sometidos al conocimiento de los árbitros
o por haberse pronunciado sobre aspectos que no estuvieron sujetos a la decisión de los
mismos, así como por haberse concedido más de lo pedido, de conformidad con la causal
de anulación prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
iv) Los poderes del juez del recurso de anulación están restringidos por el denominado
“principio dispositivo”, por cuya virtud debe limitarse exclusivamente a resolver sobre lo
solicitado por el recurrente en la formulación y sustentación de su respectivo recurso. A su
vez, el objeto que con dicho recurso se persigue se debe encuadrar dentro de las precisas
causales que la ley consagra25, por lo que, en principio, no le es permitido al juez de la
anulación interpretar lo expresado por el recurrente para entender o deducir causales no
invocadas y, menos aún, para pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la formulación
y sustentación del correspondiente recurso de anulación 26.
v) El recurso de anulación procede contra laudos arbitrales debidamente ejecutoriados,
como excepción al principio de intangibilidad de las sentencias en firme; “tal excepcionalidad
es pues, a la vez, fundamento y límite de los poderes del juez de la anulación, para enmarcar
rígidamente el susodicho recurso extraordinario dentro del concepto de los eminentemente
rogados”27.
vi) Dado el carácter restrictivo que identifica el recurso extraordinario de anulación, su
procedencia se encuentra condicionada a que se determinen y sustenten, debidamente, las
causales que se invocan en forma expresa, las cuales deben tener correspondencia con
aquellas que de manera taxativa consagra la ley para ese efecto; por tanto, el juez de la
anulación, en principio, debe rechazar de plano el recurso cuando las causales que se
invoquen o propongan no correspondan a alguna de las señaladas expresamente en la ley
–artículo 41 de la Ley 1563 de 2012–” (énfasis añadido)28.
33. A la luz de lo expuesto, se evidencia que las normas positivas en esta materia
imponen una restricción al marco de estudio del juez de la anulación, al vedarle
cualquier análisis jurídico o probatorio que se relacione con el fondo de la
controversia. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha enfatizado la
estirpe extraordinaria que ostenta este medio de impugnación, la cual trasciende
25 (Cita del original) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de agosto de 1994, exp. 6550 y de 16
de junio de 1994, exp. 6751, M.P. Juan de Dios Montes, reiteradas en sentencia de 25 de agosto de 2011, exp.
38.379, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
26 (Cita del original) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, exp. 32.871,
M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterada en sentencia de 25 de agosto de 2011, exp. 38.379, M.P. Hernán
Andrade Rincón.
27 (Cita del original) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de mayo de 1992, exp. 5326, posición
reiterada en sentencia de 25 de agosto de 2011, exp. 38.379, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
28 Sentencia del 16 de septiembre de 2021, exp. 66.091, C.P. María Adriana Marín.
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Radicación: 11001-03-26-000-2026-00032-00 (74033)
Recurrente: Activos y Finanzas S.A.
Opositor: Banco Agrario de Colombia S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo
el ámbito meramente nominal, y se traduce en la imposibilidad de indagar en
cuestiones que debieron ser objeto de discusión dentro del trámite arbitral29.
34. En efecto, esta Sección ha señalado que una de las finalidades del recurso es
cuestionar la decisión arbitral por errores in procedendo, esto es, por violación
de leyes procesales, que comprometen la ritualidad de las actuaciones, por
quebrantar normas reguladoras de dicha actividad procesal, desviar el juicio o
vulnerar las garantías del derecho de defensa y del debido proceso30.
35. Ligado a lo expuesto, esta colegiatura ha precisado que el recurso extraordinario
de anulación debe cumplir con la identificación de su objeto, así como unas
cargas de claridad, precisión y debida argumentación para demostrar que existe
una causal típicamente establecida por el legislador. Por un lado, la claridad se
refiere a la exigencia para el interesado de hacer comprensibles las acusaciones
que, a su juicio, serían causantes de la anulación, es decir, que el objeto y
concepto invocados estén determinados. Por otro, la precisión implica que se
deben identificar las razones basilares de la causal, tanto en su aspecto fáctico
como en el jurídico, pues el laudo no puede ser afectado por una causal no
contemplada en la ley. Finalmente, la argumentación tiene que ver con la
suficiencia en las consideraciones que invoca el interesado para atar los
primeros dos aspectos, a efectos de que opere el recurso extraordinario de
anulación -nexo causal-31.
36. Así las cosas, en la presente providencia se tendrán en cuenta las anteriores
pautas para la resolución del caso estudiado, en vista de los argumentos
planteados por AyF, bajo la acotación que exigen la ley y la jurisprudencia. En
ese sentido, no serán materia de análisis las cuestiones relacionadas con el
alegado incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de compra de
cartera -debatido en sede arbitral-, comoquiera que a esta judicatura solo le
compete la decisión sobre la configuración, o no, de vicios de orden
procedimental -in procedendo- y no de errores en materia sustantiva -in
iudicando-.
37. Precisado lo anterior, corresponde identificar los vicios endilgados por la
recurrente en su escrito extraordinario. En éste, AyF afirmó la configuración de
un fallo en conciencia, soportado en cuatro razones: (i) el panel incurrió en una
contradicción lógica, al considerar que no existía certeza probatoria para
determinar los intereses de mora, pero determinar, con la misma información
supuestamente insuficiente, el valor del capital adeudado por la convocada; (ii)
los árbitros contravinieron normas de carácter imperativo, al otorgar eficacia
probatoria a la contabilidad aportada por el Banco; (iii) el tribunal se soportó en
simples conjeturas, al “ajustar” el quantum del daño sin contar con la
“trazabilidad pagaré-por-pagaré”; y (iv) en el laudo se efectuaron
manifestaciones expresas que dan cuenta de la ausencia de elementos
probatorios para decidir en derecho.
29 Frente a lo anterior, vid. sentencia del 30 de mayo de 2025, exp. 72.541, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
30 Vid. Sentencia del 31 de agosto de 2015, exp. 53.585, C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz. Reiterada en
sentencia del 19 de noviembre de 2020, exp. 65.854, C.P. Nicolás Yepes Corrales
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17
de febrero de 2023, exp. 68.082, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación: 11001-03-26-000-2026-00032-00 (74033)
Recurrente: Activos y Finanzas S.A.
Opositor: Banco Agrario de Colombia S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo
38. En tal orden de ideas, esos reproches pueden ser agrupados en dos ejes
temáticos, relacionados con la causal de anulación invocada -numeral 7 del
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012-: por un lado, el sustento probatorio con el
que el tribunal determinó el monto del capital incluido en la condena y, por el
otro, la aplicación de las disposiciones normativas relacionadas con la
apreciación de los medios de convicción32.
39. Por lo anterior, la Subsección deberá determinar si el laudo enjuiciado fue
emitido en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, por los cargos
esgrimidos en el recurso, para lo cual dará respuesta los siguientes
interrogantes: (i) ¿el tribunal arbitral se apartó de los elementos de convicción
obrantes en el expediente al condenar a AyF al pago de una suma concreta de
capital, a pesar de que reconoció expresamente que aquel acervo era
insuficiente para establecer el monto de los intereses moratorios, y aun cuando
no existía una trazabilidad individualizada del estado de cuenta de cada pagaré?;
y (ii) ¿el panel se separó de la normativa relacionada con la valoración probatoria
de la contabilidad del BAC al imponer tal condena, dados los defectos que
presentaba dicho insumo?
40. La Sala anuncia que responderá negativamente a dichos cuestionamientos, por
los motivos que pasan a exponerse.
Análisis de la causal de anulación invocada
41. Como se refirió previamente, el extremo censor afirmó que el laudo cuestionado
incurrió en la causal séptima de anulación contenida en el artículo 41 de la Ley
1563 de 2012, por haberse proferido en conciencia o equidad y no en derecho.
Conforme a lo desarrollado por la jurisprudencia de esta Subsección, dicha
hipótesis acaece cuando las decisiones adoptadas denoten un total desapego
por el ordenamiento jurídico, de suerte que las motivaciones del árbitro se limitan
a expresar lo que, en su criterio íntimo, considera ser lo justo, posición que, a su
vez, se proyecta en la ausencia absoluta de razones legales o probatorias para
fundar su decisión33.
42. En ese sentido, se ha recalcado34 que dicha causal no está dirigida a analizar
discrepancias en la aplicación del derecho o inconformidades en la valoración
probatoria, a manera de descalificar lo decidido por los árbitros, como tampoco
la forma en que se interpretó el alcance de las pretensiones. Así las cosas, la
censura debe sustentar un verdadero juicio de anulación por razones objetivas,
en las que se revele y aprecie que efectivamente no medió un análisis en
derecho, asunto que difiere del desacuerdo con el razonamiento efectuado35, en
tanto el juez de la anulación no se encuentra instituido como una segunda
instancia ordinaria respecto del panel arbitral.
32 En auxilio de esta agrupación metodológica propuesta, obsérvese que en el cuerpo del recurso, la parte
censora refirió lo siguiente: “En el presente caso, el Tribunal Arbitral incurrió en un fallo en conciencia al
condenar a mi representada por una suma de capital exacta, pese a reconocer de manera expresa y manifiesta
que carecía de los elementos mínimos de trazabilidad para determinar el flujo de los pagos, la identidad de los
pagadores y la imputación de los mismos; es decir, sin contar con pruebas para tal decisión. Además, porque
para llegar a esta decisión, omitió la aplicación del ordenamiento jurídico en aspectos sustanciales y procesales”.
33 Sentencia del 18 de noviembre de 2024, exp. 71.195, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Reiterada en
sentencia del 24 de octubre de 2025, exp. 73.308, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
34 Vid. sentencia del 30 de mayo de 2025, exp. 72.541, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
35 Ibid.
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Radicación: 11001-03-26-000-2026-00032-00 (74033)
Recurrente: Activos y Finanzas S.A.
Opositor: Banco Agrario de Colombia S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo
43. Para el caso particular de los reproches por omisión en la valoración probatoria,
la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado lo siguiente36:
“Cabe destacar que, en lo que atañe específicamente a la configuración del fallo en
conciencia por haberse prescindido de las pruebas, la causal tiene lugar cuando, en efecto,
la decisión no se fundó en valoración alguna de los elementos probatorios allegados a la
causa arbitral, determinantes para resolverla. En esa medida, solo cuando el laudo se aparta
de los elementos de prueba sin justificación alguna, u omite la valoración de las probanzas
necesarias para resolver el asunto, surge la decisión o fallo en conciencia, vicio este que,
por el contrario, no ocurre cuando los árbitros valoran las probanzas de manera distinta a la
que las partes consideran correcta, o fundan la providencia en medios probatorios diferentes
a los que el censor estima que debieron tenerse en cuenta” (subrayado fuera del original).
44. En cuanto a la configuración de la señalada causal por ausencia de fundamento
normativo, se ha expresado que:
“Esta Corporación, respecto a la referida causal, ha sostenido en diversas oportunidades37,
que el fallo en derecho debe observar el ordenamiento jurídico, de tal forma que el marco de
referencia no podrá estar sino en él, razón por la cual, los árbitros se encuentran sometidos
no sólo a las reglas adjetivas que regulan el proceso arbitral, sino a la normatividad
sustantiva que rigen los derechos pretendidos.
Ha señalado que, cuando el juez falla en conciencia, se mueve en un campo más amplio,
porque, como lo dice la jurisprudencia, si actúa de esa manera tiene la facultad de decidir
según conforme a la equidad o a su leal saber y entender. En consecuencia, solo cuando la
sentencia deja de lado de manera protuberante y evidente, el marco jurídico sobre el cual
tiene que moverse, podrá decirse que se está en presencia de un fallo en conciencia. Pero
si el juez decide con fundamento o en apoyo del ordenamiento jurídico, el material probatorio
allegado oportunamente al proceso y de conformidad a las reglas de la sana crítica, ha de
concluir el Consejo de Estado, que se halla frente a un fallo en derecho 38…”39.
45. A la luz del anterior desarrollo jurisprudencial, la Sala abordará los cargos
formulados por la recurrente, con la agrupación indicada previamente.
Sobre el sustento probatorio del laudo
46. La recurrente sostuvo que la decisión del tribunal de condenar por el capital
reclamado por el Banco incurrió en una “contradicción lógica irreconciliable”
pues, mientras sustentó la negativa de las pretensiones relacionadas con los
intereses de mora en la “imposibilidad absoluta de establecer con certeza” la
forma como fueron aplicados los pagos efectuados por AyF, empleó la misma
información “insuficiente, confusa e incierta” para determinar el monto del capital
adeudado.
47. Esa decisión, acotó, “no fue fruto de un análisis en derecho, sino de una
estimación subjetiva”, de manera que, ante la imposibilidad probatoria de
demostrar el quantum del daño (la falta de pago del capital adeudado), “la
consecuencia jurídica es la absolución” y no la “sustitución” del demandante para
“completar con inferencias lo que no estaba probado”. Agregó que en diversos
36 Sentencia del 16 de septiembre de 2021, exp. 66.091, C.P. María Adriana Marín.
37 (Cita del original) Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2017. 11001-03-26-000
2017-00043-00(59067).
38 (Cita del original) Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección C, once (11) de julio de dos mil trece
(2013), Radicación número: 11001-03-26-000-2012-00087-00(45791).
39 Sentencia del 18 de enero de 2019, exp. 60.855, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Reiterada en
sentencia del 24 de octubre de 2025, exp. 73.308, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
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Radicación: 11001-03-26-000-2026-00032-00 (74033)
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Opositor: Banco Agrario de Colombia S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo
apartados del laudo se reconoció una incertidumbre probatoria, que no podía
conducir a la decisión condenatoria que aquí repudia.
48. Frente a este aspecto del recurso, el BAC se opuso al señalar que AyF pretende
reabrir el debate arbitral apoyándose en una supuesta ausencia probatoria,
“siendo incluso contradictorio en su argumento, pues, pretende obviar que el
Tribunal tomó como base el dictamen pericial aportado por ellos al proceso”.
Añadió que el laudo fue adoptado con base en una prueba técnica que fue objeto
de contradicción, y que fue debidamente valorada, mas no en la íntima
convicción de los árbitros o en una reconstrucción oficiosa; y que las expresiones
resaltadas en el recurso, a las que Activos y Finanzas S.A. atribuye la evidencia
explícita de un fallo en conciencia, son aisladas y descontextualizadas.
49. En ese contexto, para abordar los tres argumentos que componen el primer
cargo, es necesario reseñar las motivaciones empleadas por el tribunal, con
arreglo a las cuales determinó y cuantificó el monto del capital debido por la
convocada.
50. Así, bajo el subtítulo “2.3 En relación con la tercera pretensión formulada por el
bac (sic) relativa a la condena” se estudió, en primer término, la validez de las
cuentas de cobro cuyo pago se persiguió. Para tal efecto, se analizó el contenido
obligacional del acuerdo de voluntades (en particular el anexo n° 4), la relación
de las cuentas de cobro mensuales aportadas por AyF, generadas desde el año
2014 y cuya periodicidad coincidió con las 13 cuentas discutidas en el proceso40,
y la metodología de cálculo de las recompras contenida en los instrumentos
negociales.
51. A renglón seguido, efectuó una valoración de los dictámenes periciales
practicados en el proceso. En ese camino argumental, expuso:
“Precisado lo anterior sobre los criterios de valoración que debe tener en cuenta el juzgador,
se ha de mencionar que la presente controversia exigía una doble verificación técnica: por
un lado, la acreditación de la existencia y exigibilidad de las obligaciones reclamadas y, por
el otro, la determinación depurada del saldo del monto exigible, con reconocimiento de los
hechos acreditados.
Con ese objetivo, el Tribunal ha valorado conjuntamente. (sic) (i) el peritaje financiero-
contable presentado por el BAC (componentes financieros del señor Carlos Mario Arango y
contable del señor Edward Bulla); (ii) los dictámenes de parte y de contradicción allegados
por la Convocada (realizados por los señores John Manuel Robayo y Rodrigo Almeida); y
(iii) las declaraciones rendidas por parte de estos expertos en las audiencias celebradas por
el Tribunal. La valoración se centró en la solidez metodológica, la trazabilidad contable y la
consistencia interna de las cifras”.
52. A partir de esa valoración, el tribunal descendió sobre la aplicación de los pagos
-aspecto que suscitó el cuestionamiento en sede de anulación-, y frente a dicho
particular, refirió:
“Como se ha mencionado, en el expediente obran el contrato y sus anexos operativos en
donde se estructura el negocio. Dentro de esos documentos se establecen los deberes de
recaudo y traslado mensual del flujo, la mecánica de prepagos y recompras y el tratamiento
de la mora. Con sustento en dicha arquitectura contractual, el actor identificó un universo de
40 En el trámite arbitral, el BAC persiguió el pago de las siguientes, todas correspondientes al año 2020: 833 del
2 de marzo, 839 del 1° de abril, 852 del 5 de mayo, 857 del 1 de junio, 867 del 4 de julio, 876 del 3 de agosto,
882 del 2 de septiembre, 889 del 6 de octubre, 891 del 3 de noviembre, 991, 992, 993 y 994 del 30 de noviembre.
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Recurrente: Activos y Finanzas S.A.
Opositor: Banco Agrario de Colombia S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo
pagarés agrupados en trece cuentas de cobro y aportó la consolidación contable del saldo
a una fecha de corte cierta, la cual fue objeto de verificación pericial.
Con eso en mente, reitera el Tribunal que el dictamen pericial de la parte actora justifica de
manera suficiente que el punto de partida del valor discutido asciende a $5.148.764.257.
Dicha cifra corresponde al valor que se alega adeudado por AF, producto de que el BAC
tomó el monto por cobrar de las trece cuentas de cobro y le restó los abonos ya realizados,
como se reconoce en la demanda. La cuantía así determinada se corrobora con el saldo de
las cuentas por cobrar a la fecha de corte utilizada en el análisis, lo que evidencia
consistencia entre los auxiliares contables, las cuentas de orden y el balance.
Adicionalmente, el informe reconstruye la trazabilidad del crédito a partir de las cuentas de
cobro emitidas desde finales de 2020, conciliando cronológicamente causaciones y abonos
hasta converger en el remanente de cierre. De esa evolución, menos el pequeño abono a
que se refiere la nota al pie de página 23 de este laudo se sigue que los $5.148.764.257
representan el residuo cierto del valor adeudado después de descontar la totalidad de pagos
verificados en el período de análisis” (subrayado de la Sala).
53. Posteriormente, analizó lo que la pericia aportada por el Banco concluyó en
relación con “las operaciones presentadas por AF que supuestamente carecían
de soporte”. A partir de lo consignado en ese instrumento probatorio, el panel lo
contrastó con la experticia de contradicción aportada por la contraparte -y los 51
soportes contables remitidos con ella, que acreditaron las recompras efectuadas
por la convocada-, con lo cual pudo “reconstruir con precisión las operaciones
llevadas a cabo, reconociendo los pagos hechos por AF y detectando algunas
que ya se habían descontado por el BAC al presentar la demanda”. Así, en el
laudo se concluyó que AyF acreditó plenamente el pago parcial de la acreencia,
de manera que “la sumatoria de estos abonos probados debe descontarse del
saldo base”.
54. Luego, para la determinación del monto del capital debido, los árbitros
efectuaron una discriminación de los rubros comprobados en el proceso, a partir
de contrastar: (i) lo demostrado en la pericia practicada a instancias del Banco
Agrario; (ii) las deducciones admisibles, según los 51 comprobantes de
recompras aportados con el dictamen de contradicción; y (iii) el informe
elaborado por el BAC el 15 de mayo de 2025. Con arreglo a ese ejercicio, el
tribunal obtuvo un total de $2.240’594.769, que finalmente incorporó en el
acápite resolutivo como capital de la condena, como se aprecia en la tabla que
a continuación se transcribe:
Concepto Valor
Saldo base $5.148.764.257
Recompras tabla 10- BAC -$255.718.411
Recompras tabla 11- BAC -$1.146.218.099
Recompras tabla 12- BAC -$1.786.917.912
Numeral 3 Informe BAC +$87.255.485
Numeral 3 Informe BAC +$7.081.971
Numeral 3 Informe BAC +$1.911.066
Numeral 3 Informe BAC +$184.436.412
GRAN TOTAL $2.240.597.769
55. Lo hasta aquí expuesto refleja que, contrario a lo sostenido por la convocada en
el trámite arbitral, el laudo no sustentó la determinación del capital a pagar en
favor del BAC en una “estimación subjetiva”, una “certeza interna que no reposa
en pruebas” o en una sustitución de la demandante para “completar con
inferencias lo que no estaba probado”, sino en un ejercicio valorativo de las
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Radicación: 11001-03-26-000-2026-00032-00 (74033)
Recurrente: Activos y Finanzas S.A.
Opositor: Banco Agrario de Colombia S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo
pruebas recaudadas, y en las operaciones aritméticas efectuadas, justamente,
al contrastar y ponderar aquellos elementos de convicción.
56. En cuanto a los intereses moratorios, el panel señaló que no era viable
liquidarlos según lo deprecado por el Banco -esto es, desde la exigibilidad de las
cuentas de cobro- debido a la “enorme confusión y la imposibilidad absoluta de
establecer con certeza la forma como dichos pagos [los realizados por AyF]
fueron aplicados”. Por esa razón, solo reconoció la causación de esos frutos a
partir de la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda.
57. Con base en lo anterior, la recurrente acudió a los razonamientos que el tribunal
empleó al resolver la pretensión relativa al reconocimiento de intereses
moratorios -como se indicó, limitados a los causados desde la notificación del
auto admisorio de la demanda-, para sostener que el hecho de que la pretensión
atinente al capital hubiese resultado próspera revela la configuración de un fallo
en conciencia, puesto que “si la prueba es insuficiente para determinar la mora
por falta de trazabilidad, es analíticamente imposible que sea suficiente para
determinar el saldo residual de capital de 823 pagarés individualizados”.
58. Sobre ese reproche, la Sala precisa, en primer lugar, que, si la censura se enfiló
contra la determinación del tribunal de ordenar el pago de capital, no puede
emplearse la negación parcial de intereses moratorios contenida en el laudo
como un elemento demostrativo de que se hubiese proferido un fallo en
conciencia. Conforme al desarrollo jurisprudencial expuesto, dicho juicio debía
sustentarse en que la decisión no se hubiese fundado en valoración alguna de
los elementos probatorios obrantes en el expediente, sino únicamente en la
íntima convicción del juzgador -el panel-, premisa que no se deduce de la lectura
del laudo, toda vez que la condena por aquel concepto sí contó con el respaldo
de las pruebas técnicas y contables practicadas y allegadas en ese plenario.
59. Ligado a lo anterior, los montos que la recurrente reprocha se sustentan en
premisas probatorias diferenciadas, que impiden que los objetos de la
comparación efectuada por AyF en su recurso sean equiparables. Desde el
punto de vista semántico y normativo, las nociones de capital y frutos civiles son
disímiles41, tienen fuentes causales diferenciadas42, su estudio se aborda desde
ejes temáticos, argumentales y probatorios independientes43 y, por lo tanto, el
análisis de uno de tales conceptos no supone que el resultado al que se arribe
frente el segundo deba ser, necesaria y lógicamente, idéntico. Ello también se
ve diferenciado desde lo consignado en el acuerdo negocial, en el cual se previó
como obligación de AyF como vendedor:
“9) Recaudar el valor de la cuota mensual pactada de cada pagaré vendido, así como los
abonos a capital y los pagos totales, siempre excluyendo el valor correspondiente a primas
de seguros, sobre la cartera adquirida por EL COMPRADOR y transferirlos a más tardar a
41 El artículo 666 del Código Civil señala que los créditos son aquellos que “sólo pueden reclamarse de ciertas
personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas;
como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado”; el artículo 717 ejusdem define a “los
intereses de capitales exigibles” como frutos civiles.
42 Mientras los primeros comportan bienes incorporales, es decir, cosas, los segundos constituyen el producto
de aquellas y, en los términos del artículo 1617 del Código Civil, constituyen el perjuicio legalmente estimado
que el acreedor tiene derecho a exigir al deudor por el retardo en el cumplimiento de una obligación dineraria.
43 Lo relacionado con el capital, como obligación dineraria que proviene de un contrato de mutuo, se dirime con
los artículos 2221 a 2229 del Código Civil; al tiempo que lo que atañe al pago de intereses de plazo o moratorios,
derivados de aquella clase de negocios, se desata con lo dispuesto en el artículo 864 del Código de Comercio.
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Recurrente: Activos y Finanzas S.A.
Opositor: Banco Agrario de Colombia S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo
los días quince (15) hábiles siguientes del recaudo al COMPRADOR, asumiendo el pago de
intereses de mora cuando no se efectúe el pago en esta fecha, por cada día de retardo en
el cumplimiento de la presente obligación” (cláusula sexta).
60. El capital adeudado, entonces, fue totalizado conforme a lo expuesto por el
tribunal en su valoración de la prueba pericial, a partir de las cuentas de cobro
que se tuvieron en cuenta para el efecto, al cabo que el cálculo de los intereses
de mora requería de una relación pormenorizada de las fechas en que cada
cuota debía ser remitida al Banco, comparadas con el momento en que ellas
ocurrieron (o la constatación de que se dejaron de realizar), información que,
según lo valorado por el tribunal, fue lo que no se logró acreditar.
61. Así, AyF debía exponer cómo y por qué lo razonado por el panel respecto del
reconocimiento del capital en favor del Banco, de forma autónoma, obedeció a
su íntima y subjetiva convicción, y no limitarse a sostener que lo discurrido frente
a los intereses supuso la ausencia de una decisión en derecho, respecto de la
primera cuestión. La aparente disparidad del criterio valorativo empleado para
uno y otro tópico no supone, entonces, que el tribunal hubiese proferido fallo en
conciencia, ni hace que emerja la causal de anulación invocada por el recurrente.
62. De otro lado, la Sala recuerda que, en su recurso, el extremo censor destacó
algunas expresiones empleadas en el laudo para, a partir de ellas, concluir la
configuración de un fallo en conciencia. Ellas son: (i) “la imposibilidad absoluta
de establecer con certeza la forma como dichos pagos fueron aplicados” (en
alusión a los efectuados por AyF en el marco del contrato); (ii) “el Tribunal carece
de elementos para establecer la forma de liquidar”; (iii) “el acreedor incurrió en
una clara omisión al no demostrar de qué manera los pagos realizados fueron
imputados”; y (iv) “el BAC creó una situación de muy difícil manejo contable y
administrativo, que dio a pábulo a parte de las equivocaciones”.
63. La primera de tales manifestaciones obra en el considerando 2.7.5, y fue emitida
en el siguiente contexto (que se transcribe in extenso, por su relevancia en punto
del reproche):
“Ahora bien, así como el Tribunal ha admitido la pretensión de cobro formulada por el BAC
y se ha detenido en verificar exhaustivamente la forma como AF pagó parcialmente sus
obligaciones, debe advertir ahora que no es posible liquidar intereses moratorios dada la
enorme confusión y la imposibilidad absoluta de establecer con certeza la forma como
dichos pagos fueron aplicados, entre otras, por las siguientes razones:
a. La decisión tomada por el BAC de revocar el mandato, totalmente ajustada a la ley, se
produjo, sin embargo, como resulta ostensible en el análisis de las pruebas, sin haber
definido un sistema operacional y eficiente para que las pagadurías pudieran pagarle
directamente. Esa circunstancia llevó a que en la práctica algunas pagadurías siguieran
pagándole a AF. Pero a su turno, y también que muchas le pagaran directamente al
BAC.
De hecho, el BAC admitió en febrero 24 de 2025 haber recibido pagos directos de los
deudores por un monto de COP 500.321.543 entre junio de 2018 y la fecha de la
presentación de la demanda en 2024 dentro de cuyo lapso se causaron las 13 cuentas
de cobro que originaron la demanda, entre marzo y noviembre de 2020.
Pero, aunque se afirma que tales montos se abonaron, en parte alguna es posible saber
cuáles fueron los deudores que hicieron esos pagos ni cuando se llevaron a cabo ni
cómo se aplicaron ellos a capital e intereses teniendo en cuenta que en esas hipótesis
el BAC actuó frente a ellos como tenedor legítimo de los títulos valores, por lo que era
forzoso hacer dicha precisión. Y como dichos pagarés se agrupaban en las cuentas de
cobro tantas veces mencionadas, era indispensable conocer estos elementos
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Radicación: 11001-03-26-000-2026-00032-00 (74033)
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fundamentales para determinar de qué forma incidían en la determinación del valor de
la deuda y su exigibilidad.
b. Por consiguiente, el acreedor incurrió en una clara omisión al no demostrar de qué
manera los pagos realizados fueron imputados y ante esa circunstancia que permea
todo el análisis probatorio, el Tribunal carece de elementos para establecer la forma
de liquidar los intereses moratorios en la manera como literalmente se pretende en la
pretensión cuarta de la reforma de la demanda.
Por lo que dentro de la facultad que le otorga el Código General del proceso al Tribunal
debe optar por aplicar lo dispuesto en el artículo 94. Por lo tanto, los intereses deben ser
calculados desde la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda” (subrayado
del texto original, negrita de la Sala).
64. Del apartado en cita, la Subsección no extrae, como sostiene la recurrente, la
“contradicción lógica” y la revelación de un fallo en conciencia. En primer lugar
porque, como se señaló en precedencia, la exposición argumental traída a
colación se ocupó de resolver lo atinente al tópico de los intereses moratorios
pretendidos por la convocante, y no lo relacionado con el capital, que contó -se
insiste- con su propio y diferenciado ejercicio valorativo y se respaldó en los
elementos probatorios recaudados en sede arbitral -el dictamen pericial del BAC,
el de contradicción aportado por AyF, los 51 soportes contables suministrados
con este, y el informe elaborado por el Banco-.
65. En ese orden de ideas, las expresiones “la imposibilidad absoluta de establecer
con certeza la forma como dichos pagos fueron aplicados”, la ausencia de
“elementos para establecer la forma de liquidar” y la “clara omisión al no
demostrar de qué manera los pagos realizados fueron imputados”, se enmarcan
en el ejercicio propio de definición de los hitos para el cómputo de los intereses
moratorios, y no en la determinación del monto del capital debido, cuestión que
ya había sido abordada y despejada por el panel -obteniendo un valor de
$2.240’594.769-.
66. En segundo término, “la imposibilidad absoluta de establecer con certeza la
forma como dichos pagos fueron aplicados” y la “clara omisión [en que incurrió
el acreedor] al no demostrar de qué manera los pagos realizados fueron
imputados”, hacen referencia a los pagos directos efectuados por los deudores
al BAC, por un monto de $500’321.543, entre junio de 2018 y la fecha de la
presentación de la demanda, respecto de los cuales el tribunal concluyó que no
es posible “saber cuáles fueron los deudores que hicieron esos pagos ni cuando
se llevaron a cabo ni cómo se aplicaron ellos a capital e intereses”. Tales
conceptos no fueron incluidos en el ejercicio liquidatorio del capital practicado
por el panel, reseñado supra, sino en el efectuado para resolver la pretensión
sobre intereses moratorios, de manera que no se aprecia la contradicción
enrostrada por el extremo censor44.
67. Finalmente, respecto de la manifestación de que “el BAC creó una situación de
muy difícil manejo contable y administrativo, que dio a pábulo a parte de las
equivocaciones”, la Sala observa que fue proferida en el contexto del análisis
desplegado para determinar el incumplimiento de las obligaciones negociales de
AyF -cuestión que no es objeto de reproche en el recurso, ni de análisis por esta
44 En cualquier caso, el Tribunal invocó lo dispuesto en el artículo 94 del CGP para calcular la causación de
intereses a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda, lo que denota que su limitación atendió a
la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no a la íntima convicción del panel.
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Corporación-, y no se enmarcó en el acápite correspondiente a la cuantificación
del capital adeudado.
68. Ciertamente, esa locución fue empleada por el panel en el subtítulo “2.4
Respecto de la segunda excepción -excepción de contrato no cumplido y culpa
exclusiva de la víctima”, y con ella se abordó la cuestión relacionada con el
supuesto incumplimiento de las obligaciones negociales por parte del BAC -
excepcionado por la parte convocada-, frente a lo cual concluyó: “Así las cosas,
la revocatoria del mandato implicó dificultades operativas de las cuales se quejó
con razón el representante legal de AF. Pero esta decisión, por perturbadora que
parezca, no constituye un incumplimiento del BAC sino el ejercicio de una
facultad prevista en el contrato e inherente a su naturaleza, que habilitaba a la
Convocante para revocar el mandato y recibir los recursos directamente, sin que
esto liberara a AF del cumplimiento de las demás obligaciones”. Por
consiguiente, tampoco resulta indicativa de la configuración de un laudo en
conciencia frente al tópico específicamente cuestionado por la recurrente.
69. De lo expuesto, se concluye que las alegaciones de la parte censora están
dirigidas, en realidad, a reabrir el debate probatorio surtido ante el panel arbitral,
finalidad que no puede ser perseguida por medio del recurso extraordinario de
anulación. En efecto, con sus argumentos, AyF realmente se dirigió a reprochar
la forma como el tribunal efectuó el discernimiento probatorio para imponer la
condena en su contra, y no a cuestionar la ausencia absoluta de dicha
ponderación, ejercicio que no puede efectuarse so pretexto de estudiar la
configuración de la causal de invalidación por haberse proferido el laudo en
conciencia. Se reitera, al juez de la anulación no le corresponde calificar la
valoración probatoria efectuada en el laudo, sino solamente verificar que no haya
existido un total desprendimiento de la evidencia practicada e incorporada.
70. Así, referirse a la forma como debieron ser apreciados los medios de convicción
implicaría una invasión del ámbito valorativo del panel arbitral, para lo cual no se
encuentra instituida esta colegiatura, que tiene como limitante, en el marco de la
causal de anulación estudiada, la constatación de que la decisión haya contado
con un respaldo demostrativo obrante dentro del plenario y, como se verá en el
siguiente acápite, de un razonamiento jurídico ajustado al ordenamiento vigente.
71. En este estado de cosas, la Sala no encuentra razones para concluir que el
tribunal haya fallado siguiendo su íntimo convencimiento, sin haber informado su
decisión por el caudal probatorio recaudado, lo que implica despachar
negativamente el primer interrogante propuesto en el itinerario: el tribunal arbitral
no se apartó de los elementos de convicción obrantes en el expediente al
condenar a AyF al pago de una suma de capital exacto en favor del Banco, pese
a haber reconocido la insuficiencia de pruebas frente al monto de los intereses
moratorios deprecados.
Sobre la alegada aplicación indebida de la normativa para apreciar la prueba
72. En el segundo eje argumental que soportó el cargo de anulación, la recurrente
sostuvo que en el laudo se otorgó “eficacia probatoria a una contabilidad que el
propio Tribunal calificó como deficiente, contraviniendo normas imperativas”. En
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concreto, invocó lo dispuesto en los artículos 49, 50, 51 y 59 del Código de
Comercio, y 264 del CGP, para señalar que “decidir con fundamento en una
prueba que legalmente carece de valor es decidir por fuera del marco jurídico, lo
cual constituye un fallo en conciencia”.
73. En su escrito de oposición, el Banco manifestó al respecto que “la contabilidad
no es una prueba de tarifa legal que, ante el menor defecto, deba ser desechada
en su totalidad”, y que, en el caso concreto, “el Tribunal no validó la contabilidad
‘a ciegas’. Lo que hizo fue validar una reconstrucción pericial que depuró dicha
contabilidad”. Añadió que, aun si se aceptara la hipótesis de que la contabilidad
contenía defectos formales, el hecho económico de la deuda era rastreable y fue
reconstruido mediante el peritaje financiero practicado en el proceso.
74. Como primer aspecto de evaluación, se debe destacar que la recurrente no fue
precisa en identificar a cuál “contabilidad” del Banco Agrario hace referencia,
esto es, cuáles piezas concretas del expediente debieron ser excluidas en
aplicación de las normas de carácter comercial que se invocaron. Tampoco se
explicó, de forma detallada, cuáles fueron los vicios en los que habrían incurrido
esos insumos de cara a las normas que se invocaron, y que habrían tornado
necesario dejar de apreciarlas a partir de las exigencias del Código de Comercio
y del estatuto procesal general.
75. Como se precisó al inicio de las consideraciones, el recurso extraordinario de
anulación debe cumplir con la identificación de su objeto, así como unas cargas
de claridad, precisión y debida argumentación para demostrar que existe una
causal típicamente establecida por el legislador, y el último de tales atributos
tiene que ver con la suficiencia en las consideraciones que invoca el interesado
para atar los primeros dos aspectos -nexo causal-. En este caso, esa carga
argumentativa no puede entenderse satisfecha con una alusión genérica a
determinadas disposiciones normativas, sin referir las razones concretas de su
alegado desconocimiento.
76. Ligado a lo expuesto, no todas las normas que se invocaron en este apartado
de recurso contienen un mandato imperativo en sede judicial o arbitral, que
permita deducir un apartamiento indebido por parte del panel, pues las únicas a
las que puede atribuirse esa semblanza son los artículos 264 del CGP y 59 del
C.Co45.
77. La primera de ellas -artículo 264 del CGP- señala que los libros y papeles de
comercio constituyen plena prueba “en las cuestiones mercantiles que los
comerciantes debatan entre sí” (énfasis añadido); también precisa que “En las
demás cuestiones, aun entre comerciantes, solamente harán fe contra quien
los lleva, en lo que en ellos conste de manera clara y completa, y siempre que
su contraparte no los rechace en lo que le sea desfavorable” (ibidem). Por
su parte, el artículo 59 del C.Co. refiere que “[e]ntre los asientos de los libros y
los comprobantes de las cuentas, existirá la debida correspondencia, so pena
de que carezcan de eficacia probatoria en favor del comerciante obligado a
llevarlos”.
45 Por su parte, el artículo 49 del C.Co. dispone qué se entiende por libros de comercio, el 50 relaciona los
requisitos para el registro de la contabilidad, y el 51 señala cuáles comprobantes que hacen parte integrante de
la contabilidad.
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78. De esa manera, el valor probatorio de los libros de comercio, cuando la cuestión
debatida se ventila en un escenario judicial -o arbitral-, no es absoluto, y está
sujeta al principio de contradicción. Al respecto, la Corte Constitucional ha
precisado que “el hecho de que los libros de comercio que se exhiben entre
comerciantes constituyan plena prueba no significa que la aducción de los
mismos sea absoluta o esté desprovista de reglas”46.
79. Adicionalmente, en el caso concreto, la recurrente se limitó a afirmar de forma
genérica que el tribunal se separó del imperativo normativo, sin indicar de qué
manera habría incurrido en ello, y sin precisar cómo el laudo se apartó del
derrotero que traza el citado artículo 264 del CGP para la determinación del valor
probatorio de los asientos contables del BAC47.
80. A este respecto, el hecho de que no se hubiera aportado prueba de la forma en
la que se imputaron y aplicaron los pagos efectuados por AyF (razón para negar
el reconocimiento de intereses moratorios según lo pedido por la actora) no
permite deducir que el BAC estuviese llevando su contabilidad de forma contraria
a las regulaciones mercantiles invocadas (artículos 49, 50, 51 y 59 del Decreto
471 de 1971), que impidiese, de entrada, tenerla en cuenta para efectos de la
valoración del incumplimiento endilgado a su contraparte (en aplicación del
canon 264 de la Ley 1564 de 2012), ni que esa apreciación hubiese constituido
una decisión en conciencia.
81. En efecto, ese solo hecho no es demostrativo de que los asientos contables del
Banco, incluyendo las cuentas de cobro reprochadas, no reflejaran una “historia
clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante” (artículo 50 del
C.Co.), o de que no existiera correspondencia entre aquellos comprobantes y
los libros de comercio de la entidad, circunstancia que, de todas formas,
implicaría regresar sobre la valoración de fondo efectuada por el panel, ejercicio
vedado a esta Corporación.
46 Corte Constitucional, sentencia C-062 de 2008.
47 El artículo 264 del CGP es del siguiente tenor: “ARTÍCULO 264. LIBROS DE COMERCIO. Los libros y papeles
de comercio constituyen plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí.
En las demás cuestiones, aun entre comerciantes, solamente harán fe contra quien los lleva, en lo que en ellos
conste de manera clara y completa, y siempre que su contraparte no los rechace en lo que le sea desfavorable.
En las cuestiones mercantiles con persona no comerciante, los libros solo constituyen un principio de prueba a
favor del comerciante, que necesitará ser completado con otras pruebas.
La fe debida a los libros es indivisible. En consecuencia, la parte que acepte en lo favorable los libros de su
adversario, estará obligada a pasar por todas las enunciaciones perjudiciales que ellos contengan, si se ajustan
a las prescripciones legales y no se comprueba fraude.
Si un comerciante lleva doble contabilidad o incurre en cualquier otro fraude de tal naturaleza, sus libros y
papeles solo tendrán valor en su contra. Habrá doble contabilidad cuando un comerciante lleva dos o más libros
iguales en los que registre en forma diferente las mismas operaciones, o cuando tenga distintos comprobantes
sobre los mismos actos.
Al comerciante no se le admitirá prueba que tienda a desvirtuar lo que resultare de sus libros.
En las diferencias que surjan entre comerciantes, el valor probatorio de sus libros y papeles se determinará
según las siguientes reglas:
1. Si los libros de ambas partes están ajustados a las prescripciones legales y concuerdan entre sí, se decidirá
conforme al contenido de sus asientos.
2. Si los libros de ambas partes se ajustan a la ley, pero sus asientos no concuerdan, se decidirá teniendo en
cuenta que los libros y papeles de comercio constituyen una confesión.
3. Si los libros de una de las partes no están ajustados a la ley, se decidirá conforme a los de la contraparte que
los lleve debidamente, si aquella no aduce plena prueba que destruya o desvirtúe el contenido de tales libros.
4. Si los libros de ambas partes no se ajustan a las prescripciones legales, se prescindirá totalmente de ellos y
solo se tomarán en cuenta las demás pruebas allegadas al juicio, y
5. Si una de las partes lleva libros ajustados a la ley y la otra no los lleva, los oculta o no los presenta, se decidirá
conforme a los de aquella, sin admitir prueba en contrario.
Con todo, si una parte ofrece estar a lo que conste en los libros y papeles de la otra, se decidirá conforme a
ellos.”.
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Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo
82. Ahora bien, incluso si se descendiera sobre los razonamientos que soportan la
censura, se debe concluir que éstos son alejados del raciocinio seguido por el
tribunal arbitral. A pesar de la indefinición a la que ya se ha hecho referencia, la
Sala encuentra a qué apartados del laudo hace alusión, tomando en
consideración que en el recurso se consignó lo siguiente:
“El fallo en conciencia aparece manifiesto al otorgar eficacia probatoria a una contabilidad
que el propio Tribunal calificó como deficiente, contraviniendo normas imperativas.
La contabilidad del Banco Agrario presentaba los siguientes defectos, tal como se desprende
del mismo laudo:
● Inexistencia de comprobantes de pago para respaldar partidas.
● Falta de control desagregado de las cuentas como créditos individualizados.
● Ausencia de trazabilidad de los abonos y de información sobre los pagadores.
A pesar de estas falencias, el Tribunal utilizó dicha contabilidad para soportar la validez de
las cuentas de cobro (…)” (subrayado añadido).
83. Como se observa, los insumos cuestionados tienen que ver con aquellos que,
en decir de la recurrente, habrían sido empleados para condenar por concepto
de capital, pero, al mismo tiempo, para negar los intereses conforme fueron
pedidos por el BAC.
84. Al revisar el fallo cuestionado, se observa que el tribunal partió por otorgar
validez a las cuentas de cobro y a los valores incluidos en ellas (que, según lo
allí indicado, no fueron cuestionados por AyF). Seguidamente, el estudio de la
existencia y exigibilidad de las obligaciones, junto con la determinación depurada
del saldo del monto exigible, se inscribió en el acápite “2.3 La acreditación del
incumplimiento a través de la prueba pericial”, en el que, al valorar el dictamen
aportado por el Banco, señaló: “En audiencia, el señor Arango explicó la razón
financiera por la cual lo que él denomina ‘flujo’ constituye la unidad económica
de exigibilidad entre el BAC y AF, precisando que la imputación a pagaré existe
en los auxiliares operativos del BAC que sirvieron de base para producir los
resúmenes por cuenta. Si bien no se incorporó al expediente el universo de
auxiliares individuales por razones del volumen, el Tribunal encuentra verosímil
y suficiente la confluencia entre la certificación del BAC sobre abonos y
aplicación, los comprobantes contables que evidencian la dinámica de
imputación por cuenta y la congruencia matemática entre la evolución de saldos
y el residuo final adoptado como base. La contradicción de AF, por su parte, no
desvirtúa ese núcleo demostrativo del incumplimiento (…)”.
85. En ese orden de ideas, el discernimiento que acaba de citarse no fue efectuado
por el panel en la determinación del monto de capital adeudado por la parte
convocada, sino en el análisis del incumplimiento negocial enrostrado en la
demanda arbitral (cuestión que escapa del ámbito del recurso, como se indicó
supra48). Según se precisó previamente, el laudo también valoró que la
48 Ligado a lo expuesto, recuérdese que la recurrente señaló, de forma expresa, que: “En el presente caso, el
Tribunal Arbitral incurrió en un fallo en conciencia al condenar a mi representada por una suma de capital exacta,
pese a reconocer de manera expresa y manifiesta que carecía de los elementos mínimos de trazabilidad para
determinar el flujo de los pagos, la identidad de los pagadores y la imputación de los mismos; es decir, sin contar
con pruebas para tal decisión. Además, porque para llegar a esta decisión, omitió la aplicación del ordenamiento
jurídico en aspectos sustanciales y procesales”.
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Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo
contradicción efectuada por AyF frente a dicha prueba no logró desvirtuar el
incumplimiento enrostrado.
86. Idéntica conclusión se predica de lo relacionado con la “trazabilidad de los
pagos”, pues el laudo se refirió a tal noción en el contexto de la solución a la
pretensión de incumplimiento negocial, y la correlativa excepción de contrato no
cumplido esgrimida por AyF, frente a lo cual el tribunal sostuvo:
“Afirma AF que desde diciembre de 2016, cuando el BAC asumió el recaudo, se desconocen
las gestiones de cobro de cartera adelantadas por el BAC ni este remitió informes
mensuales, lo cual lo lleva a concluir que nadie puede beneficiarse de su propia culpa
pretendiendo endilgar responsabilidades a terceros. El Tribunal a riesgo de ser reiterativo,
pero siendo necesario, debe insistir en que la decisión de la Junta del BAC de diciembre de
2016 no afectó la ejecución de las obligaciones surgidas de las compras de cartera con AF
ni el mandato de recaudo e incluso la revocatoria del mandato en junio de 2018, aunque sin
duda dificultó para ambas partes la trazabilidad de los pagos, pues algunas pagadurías
continuaron girando recursos a AF y a su vez el BAC recibió recursos de AF que no
correspondían a los pagarés vendidos. Tal situación dificultaba la conciliación de las cuentas
pero de ninguna manera liberó a AF de la obligación de pago. Consta en el acervo probatorio
que los pagos que recibió de propiedad de AF pero que no pertenecían al BAC, fueron objeto
de conciliación en la reunión del 12 de enero de 2023, posteriormente depurados en
comunicación del 22 de junio de 2023, en donde se informa que fueron aplicados a
obligaciones de clientes fallecidos.
Así las cosas, la revocatoria del mandato implicó dificultades operativas de las cuales se
quejó con razón el representante legal de AF. Pero esta decisión, por perturbadora que
parezca, no constituye un incumplimiento del BAC sino el ejercicio de una facultad prevista
en el contrato e inherente a su naturaleza, que habilitaba a la Convocante para revocar el
mandato y recibir los recursos directamente, sin que esto liberara a AF del cumplimiento de
las demás obligaciones” (énfasis añadido).
87. Nuevamente, aquel razonamiento no se efectuó como base del establecimiento
de los parámetros para la liquidación del monto de la condena, de manera que
no puede atribuirse al mismo la connotación de un fallo en conciencia, en los
términos invocados en el recurso.
88. Adicionalmente, en cuanto atañe a la información de los pagadores, ella misma
fue abordada por el tribunal al valorar el registro llevado por el Banco Agrario
respecto de los pagos directos que manifestó haber recibido entre junio de 2018
y la fecha de la presentación de la demanda, por un monto de $500’321.543.
Ciertamente, en líneas anteriores se efectuó una cita textual de lo razonado en
el laudo para no acceder al reconocimiento de intereses moratorios en la forma
pretendida por la parte convocante, y en ese apartado el panel consideró, como
se rememora, que: (i) “no es posible liquidar intereses moratorios dada la enorme
confusión y la imposibilidad absoluta de establecer con certeza” la forma como
AF pagó parcialmente sus obligaciones; (ii) “el BAC admitió en febrero 24 de
2025 haber recibido pagos directos de los deudores por un monto de COP
500.321.543 entre junio de 2018 y la fecha de la presentación de la demanda en
2024 dentro de cuyo lapso se causaron las 13 cuentas de cobro que originaron
la demanda, entre marzo y noviembre de 2020”; (iii) “aunque se afirma que tales
montos se abonaron, en parte alguna es posible saber cuáles fueron los
deudores que hicieron esos pagos ni cuando se llevaron a cabo ni cómo se
aplicaron ellos a capital e intereses teniendo en cuenta que en esas hipótesis el
BAC actuó frente a ellos como tenedor legítimo de los títulos valores, por lo que
era forzoso hacer dicha precisión”; (iv) “el acreedor incurrió en una clara omisión
al no demostrar de qué manera los pagos realizados fueron imputados”; y (v)
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Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo
“ante esa circunstancia que permea todo el análisis probatorio, el Tribunal carece
de elementos para establecer la forma de liquidar los intereses moratorios en la
manera como literalmente se pretende en la pretensión cuarta de la reforma de
la demanda”.
89. Ante ese panorama, la Subsección aprecia que la censura descontextualiza lo
afirmado por el tribunal y le atribuye una consecuencia que no se desprende de
lo consignado en el laudo. La relación contable que acaba de aludirse fue
desestimada por los árbitros para efectos del cómputo de los intereses en la
forma pretendida en la demanda, justamente, por ausencia de certeza sobre los
aspectos que puntualiza el censor -falta de comprobantes de pago, falta de
control desagregado de las cuentas, ausencia de trazabilidad de los abonos y
de individualización de los pagadores-. La liquidación de los intereses dependía,
entonces, de que se estableciera la fecha en la que cada abono en particular
debió ser pagado y el momento en el que el mismo se habría desembolsado -o
la conclusión de que ello no ocurrió-, pero ello no impedía que se valoraran las
13 cuentas de cobro allegadas al plenario como insumo del peritaje que dio
cuenta del saldo final por concepto de capital.
90. Ahora, si la mención a la contabilidad del BAC que efectúa el recurso se refiere
a la valorada por el tribunal para la determinación del capital, debe recordarse
que la conclusión a la que los árbitros arribaron a ese respecto se cimentó en un
contraste entre diversos elementos de convicción: (i) lo acreditado en la pericia
practicada a instancias del Banco Agrario; (ii) las deducciones admisibles, según
los 51 comprobantes de recompras aportados con el dictamen de contradicción;
y (iii) el informe elaborado por el BAC el 15 de mayo de 2025. Con arreglo a ese
ejercicio, el tribunal obtuvo un total de $2.240’594.769, que finalmente incorporó
en el acápite resolutivo como capital de la condena. En tal escenario, tampoco
resulta acorde con la realidad sostener que el proceso fue decidido “con base en
una prueba carente de valor”, pues dicho registro contable fue contrastado en
conjunto con los demás instrumentos probatorios practicados, como lo exige el
artículo 176 del CGP49.
91. No percibe entonces esta colegiatura que el tribunal haya fallado siguiendo su
íntimo convencimiento por la completa separación de normas imperativas y, con
ello, que hubiese dejado de decidir en derecho, lo que conduce a resolver de
forma negativa el segundo interrogante planteado por la Sala.
Conclusiones
92. Se declarará infundado el recurso, a la luz de las siguientes razones:
93. El recurso de anulación de laudos arbitrales es de carácter excepcional,
restrictivo y extraordinario, de forma que no constituye una instancia más dentro
del proceso desatado por el tribunal correspondiente. Bajo esa lógica, el juez
competente para conocer de dicho mecanismo solo está facultado para
examinar la decisión bajo las causales taxativas previstas en el ordenamiento
49 “ARTÍCULO 176. APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para
la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada
prueba”.
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Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo
jurídico, y no está habilitado para reabrir el debate probatorio o jurídico que debió
surtirse ante el panel integrado para ello.
94. La causal contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012,
consistente en haberse proferido el laudo en conciencia, debiendo ser en
derecho, impone verificar, entre otros aspectos, que la decisión adoptada se
haya apartado totalmente del material probatorio efectivamente obrante en el
expediente arbitral, o que deje de lado de forma protuberante el marco jurídico
sobre el cual tiene que moverse, de forma que surja de bulto que fue adoptada
conforme al leal saber y entender de los árbitros, y que dicho vicio aparezca
manifiesto en el laudo, sin que el juez de la anulación esté habilitado para reabrir
el debate en torno a la valoración de dicho acervo o a los razonamientos en
cuanto a la ley sustancial que rige el caso.
95. En el presente caso, no se encontró que el laudo cuestionado hubiese incurrido
en esta irregularidad al haber condenado a Activos y Finanzas S.A. al pago del
capital reclamado por el Banco Agrario de Colombia S.A., en la medida que: (i)
la determinación del monto por dicho concepto se soportó en un ejercicio
valorativo diferenciado y respaldado en los elementos probatorios recaudados;
(ii) los apartados del laudo cuyas expresiones textuales cuestiona el recurso se
inscribieron en los tópicos relacionados con el incumplimiento obligacional y la
determinación de los intereses moratorios pretendidos por la convocante,
aspectos que no son objeto de reproche en sede de anulación; (iii) las
alegaciones de la parte censora están dirigidas, en realidad, a reabrir el debate
probatorio surtido ante el panel arbitral, finalidad que no puede ser perseguida
por medio del recurso extraordinario de anulación.
96. Tampoco se percibió que el tribunal se hubiese separado de disposiciones
jurídicas imperativas relacionadas con la apreciación de la prueba, que debieran
conducirlo a adoptar decisiones diferentes de las consignadas en el laudo, pues:
(i) la recurrente no especificó, con precisión, de qué forma el tribunal se habría
separado del derrotero valorativo de los libros de comercio, contenido en las
normas del Código de Comercio y del CGP que se invocaron; (ii) en todo caso,
no todas las disposiciones citadas tienen la estirpe de ser normas imperativas
en sede judicial o arbitral, y respecto de las que sí lo tienen, el valor probatorio
de los libros de comercio, cuando la cuestión debatida se ventila en un escenario
judicial -o arbitral-, no es absoluto, y está sujeto al principio de contradicción; y
(iii) aun descendiendo sobre el reproche del recurso, el discernimiento efectuado
sobre los comprobantes de pago, la individualización de las cuentas, la
trazabilidad de la contabilidad y la identificación de los pagadores, se efectuó en
el contexto de la solución a las pretensiones de incumplimiento y de
reconocimiento de intereses moratorios, no en la determinación del valor de la
acreencia reconocida a título de capital.
Costas
97. Teniendo en cuenta que se debe declarar infundado el recurso extraordinario de
anulación, hay lugar a aplicar el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, según el
cual, si ninguna de las causales prospera, se condenará en costas al recurrente,
salvo que dicho recurso haya sido presentado por el Ministerio Público.
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Radicación: 11001-03-26-000-2026-00032-00 (74033)
Recurrente: Activos y Finanzas S.A.
Opositor: Banco Agrario de Colombia S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo
98. En ese sentido, se condenará por este concepto a la recurrente. Para ello, en
punto de las agencias en derecho, conforme al Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de
agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se reconoce que estas se
tasan según la complejidad y la duración de la actuación que se adelantó. En lo
que tiene que ver con los recursos extraordinarios, las mencionadas agencias
deben fijarse entre 1 y 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según
lo dispone el artículo 5.9 del referido Acuerdo.
99. Así, en este asunto, las agencias se entienden causadas por la actuación que
tuvo que desplegar, por intermedio de apoderado, el Banco Agrario de Colombia
S.A., como parte opositora, en tanto allegó escrito reactivo frente a los tópicos
que suscitaron el recurso y debió atender a la vigilancia del respectivo trámite. A
raíz de lo anterior, se reconocerá el equivalente a cinco (5) salarios mínimos
legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta sentencia, a favor de dicha
entidad.
100. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación
presentado por la sociedad Activos y Finanzas S.A. en contra del laudo arbitral del
18 de noviembre de 2025, proferido por el tribunal de arbitraje constituido a
instancias del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, para dirimir las controversias surgidas con ocasión del contrato de compra
de cartera de libranza a descuento, suscrito el 30 de octubre de 2013 con el Banco
Agrario de Colombia S.A.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la recurrente Activos y Finanzas S.A., las
cuales se liquidarán a través de la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de
Estado. Para el efecto, como agencias en derecho, se fija la suma de cinco (5)
salarios mínimos legales mensuales vigentes a la firmeza de la presente providencia
en favor del Banco Agrario de Colombia S.A.
TERCERO: Ejecutoriada esta sentencia y aprobada la liquidación de las costas,
DEVOLVER, por conducto de la Secretaría, el expediente al Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono
celular el código QR que aparece a la derecha.
VF
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