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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08227-00

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-08227-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-08227-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

5 de febrero de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de febrero dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-08227-00
Demandante: LIBIA HERNÁNDEZ VILLANUEVA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la actora cuestionó las providencias de primera y segunda instancia que
negaron las pretensiones del medio de control de reparación directa que promovió encaminado
a obtener la reparación del daño irrogado derivado de la declaratoria de prescripción de la acción
en un proceso penal en el que denunció al padre de su hija por inasistencia alimentaria. No
obstante, la Sala declarará improcedente la acción por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, pues, se advirtió que el interés que se revisen nuevamente sus
argumentos de inconformidad como si se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Libia Hernández Villanueva,
en representación de su hija menor SSGH1, Verónica Villanueva Hernández y Evelio
Hernández Gómez2 en contra del Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia consagrados
en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con
ocasión de la providencias del 17 de julio de 2025 y 22 de julio de 2024, proferidas por
dichas autoridades judiciales.

1
La Sala se reserva el nombre de la menor en aras de proteger su intimidad.
2
El escrito fue radicado el 19 de diciembre de 2025.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-08227-00
Actor (a): Libia Hernández Villanueva y otros
Acción de tutela

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) la señora Libia Hernández Villanueva, en representación de su hija menor SSGH
interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra el señor
Yilber Guependo Olarte, quien es el padre de su hija menor SSGH, por el delito de
inasistencia alimentaria.

2) El 20 de octubre de 2015, el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Ibagué (Tolima) declaró en contumacia al señor Guependo
Olarte y formuló imputación de cargos en contra de él por el punible antes referido.

3) El 14 enero de 2016, la Fiscalía General de la Nación radicó ante el Centro de Servicios
del Sistema Penal Acusatorio el escrito de acusación y el proceso fue repartido al
Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento Ibagué.

4) El 8 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la audiencia de acusación y el 20 de febrero
de 2017 la preparatoria, al tiempo que se fijó como fecha para el juicio oral el 24 de julio
de la misma anualidad.

5) El 24 de julio de 2017, después de haber iniciado el juicio oral, la fiscalía solicitó la
suspensión de la diligencia por la no comparecencia de la totalidad de los testigos, por lo
que el juez fijó como fecha para la continuación el 30 de noviembre de 2017, es decir, 4
meses después.

6) El 30 de noviembre de 2017, la fiscalía solicitó nuevamente la suspensión de la
audiencia, por consiguiente, se reprogramó para el 17 de abril de 2018, esto es, casi 5
meses después, para recibir el testimonio del señor Fernando Aranda Molano
(funcionario de Policía Judicial CTI de la Fiscalía).

7) El 17 de abril de 2018, el juzgado advirtió un conflicto de competencia, debido a que
el 13 de abril de 2018 el gobernador del Resguardo Indígena COCANA del municipio de

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Acción de tutela

Natagaima (Tolima) presentó un escrito en el que indicó que el señor Guependo Olarte
era miembro de esa comunidad desde hace más de 20 años.

8) Sin embargo, determinó que dicha solicitud no era procedente en el juicio oral ya que
los términos en materia penal son perentorios y solo era procedente dentro de la
audiencia de acusación, por tanto, envió el expediente a la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, quien mediante proveído del 19 de
septiembre de 2018 determinó que la competencia era de los juzgados penales de
Ibagué.

9) El 16 de noviembre de 2018, el expediente regresó nuevamente al juzgado, que fijó
como fecha para continuar el juicio oral el 1 de marzo de 2019, esto es, tres meses
después.

10) El 4 de diciembre de 2018, el señor Guependo Olarte presentó una solicitud de
prescripción de la acción penal con fundamento en los artículos 2512 del Código Civil y
83 del Código de Procedimiento Penal, solicitud que fue decretada mediante providencia
del 9 de julio de 2019.

11) Por haberse declarado la prescripción de la acción penal, promovió demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación – la Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación
para que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por “la
falla en el servicio de la administración de justicia por permitir que se vencieran los
términos que conllevaron a decretar la preclusión de la investigación por prescripción(…)
vulnerando con ello el derecho de hacer efectivo el pago de los alimentos que se debían
a la menor SSGH, o en su defecto a que se produjera una sanción de carácter penal
contra quién cometió el delito”.

12) A través de providencia del 22 de julio de 2024, el Juzgado Décimo Administrativo
Oral del Circuito de Ibagué negó las pretensiones de la demanda, tras concluir que no se
acreditó la existencia de un daño antijurídico, toda vez que la demandante contaba con
un mecanismo judicial idóneo y eficaz para perseguir el pago de las sumas reclamadas,
esto es, el proceso ejecutivo, en atención a que existía una sentencia debidamente
ejecutoriada proferida por el Juzgado Sexto de Familia que fijó la cuota alimentaria, por
lo que no resultaba exigible obtener una decisión favorable en el proceso penal para

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hacer efectivo el cumplimiento de dicha obligación; adicionalmente, calificó como
hipotética y no probada la afirmación según la cual, de haberse proferido una sentencia
penal condenatoria, habría promovido un incidente de reparación integral para obtener el
pago de lo adeudado al no existir prueba alguna que permitiera tener por cierto ese
eventual daño.

13) La actora apeló para controvertir la conclusión del juez de primera instancia según la
cual contaba con otras vías judiciales como la acción ejecutiva civil y afirmó que la acción
penal era la única vía real y efectiva para reclamar los alimentos, dado que se desconocía
el paradero del padre de su hija, no conocía su situación laboral ni la existencia de bienes
e incluso la fiscalía no logró ubicarlo, razón por la cual fue declarado en contumacia, en
consecuencia, dicha acción se planteó como último recurso, tanto para lograr el pago de
lo adeudado como para evitar la impunidad de la conducta.

14) Adicionalmente, la prescripción de la acción penal se produjo por una falla del servicio
debido a dilaciones injustificadas por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones
de Conocimiento de Ibagué, lo cual produjo un daño antijurídico consistente en la pérdida
definitiva de la posibilidad de obtener una condena penal, el posterior incidente de
reparación integral y la frustración del cobro de las cuotas alimentarias adeudadas a una
menor de edad, sujeto de especial protección constitucional.

15) Por sentencia del 17 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó
la decisión con fundamento en que i) el daño que se alegó era incierto, eventual e
hipotético y, por ende, no indemnizable, ya que no existía certeza de que el proceso penal
finalizaría con sentencia condenatoria y, especialmente, que con dicha decisión se le iba
a garantizar el pago de las sumas adeudadas a la menor; ii) la actora contaba con la
acción civil ejecutiva para hacer efectivo el cumplimiento de la obligación de alimentos en
favor de su menor hija y iii) a la demandante no le asistía ningún tipo de interés económico
en el proceso penal por no ser un sujeto procesal, pues esta condición solo era posible
reconocerla si se hubiera constituido en parte civil, lo cual no encontró probado en el
proceso.

16) En relación con el delito de inasistencia alimentaria, constató que el proceso penal se
adelantó por el incumplimiento de las cuotas alimentarias fijadas por el Juzgado Sexto de
Familia de Ibagué, no obstante, del material probatorio obrante en el expediente no se

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desprendía que el incumplimiento obedeciera a una conducta dolosa e injustificada del
alimentante.

17) Por otra parte, la finalidad del proceso penal por el delito de inasistencia alimentaria
es eminentemente sancionatoria y está orientada a la protección del bien jurídico de la
familia, sin que dicho trámite constituyera un mecanismo jurídico destinado a exigir,
obligar o garantizar el pago efectivo de las cuotas alimentarias adeudadas, pues su
eventual culminación se traduce en la imposición de una pena y una multa, mas no en la
satisfacción directa de obligaciones de contenido patrimonial.

Fundamento de la vulneración

Como sustento de la acción, la actora alegó un defecto procedimental, en consideración
a que la competencia fue discutida en etapa de juicio oral, cuando debió alegarse y
resolverse en la audiencia de acusación, conforme con el artículo 339 del Código de
Procedimiento Penal, sin embargo, el juez penal dio trámite a una solicitud extemporánea,
con lo que generó una dilación indebida y esa actuación fue la causa directa de la
prescripción, configurativa de una falla en el servicio.

Por otra parte, un defecto fáctico porque el tribunal sostuvo que podía acudir a la vía civil,
en desconocimiento de la prueba de la imputación en contumacia, con lo cual se impuso
una carga exagerada al exigírsele ubicar al encartado.

En tercer lugar, el tribunal incurrió en defecto sustantivo, porque redujo el daño a una
deuda monetaria, con lo cual desconoció el precedente judicial contenido en la sentencia
del 11 de mayo de 2017 del Consejo de Estado (exp. 39.539), que determinó que la
prescripción de la acción penal por mora judicial genera un daño autónomo, traducido en
la pérdida de oportunidad.

En consecuencia, la menor perdió la oportunidad de que el Estado ejerciera su poder
coercitivo y se afectó su derecho fundamental a la verdad y a la justicia, daño moral que
no se subsana con una demanda civil incierta.

Por último, un defecto por violación directa de la Constitución porque negar el daño
equivale a revictimizar a una menor y se trasladaron las consecuencias de la falla estatal
a la niña, con lo que se vulneró el artículo 44 de la Constitución.

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Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“1. CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, el principio del
interés superior del menor, a la reparación integral, a la verdad y a la justicia de
los accionantes.

2. DECLARAR LA CONFIGURACIÓN DE UNA VÍA DE HECHO por parte del
Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima.

3. DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima el 17 de julio de 2025, dentro del proceso de Reparación Directa con
radicado Nro. 73001-33-33-010-2021-00170-00.

4. DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida por el Juzgado Décimo
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 22 de julio de 2024, dentro del
mismo proceso de Reparación Directa.

5. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al Tribunal Administrativo del
Tolima que, en un término perentorio y razonable, profiera una nueva sentencia
en la que se valore de manera integral el daño antijurídico causado por la falla
en el servicio de administración de justicia, teniendo en cuenta la prevalencia
de los derechos de la menor (…) el principio del interés superior del menor, y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en materia de
responsabilidad del Estado por mora judicial y pérdida de oportunidad, y, en
consecuencia, declare la responsabilidad patrimonial del Estado y ordene la
reparación integral de los perjuicios materiales y morales ocasionados a los
accionantes”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI -
índice 2).

Actuación procesal

Mediante auto del 14 de enero de 2026, se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del
Tolima y al titular del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, al
tiempo que se vinculó como tercero con interés, a la directora ejecutiva de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y a la fiscal general de la Nación, con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (índice 05
de Samai).

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Intervenciones de las autoridades demandadas y vinculadas

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (índice 09 de Samai) manifestó que no
es la llamada a responder frente a la pretensión de la parte actora referente a que se deje
sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso de reparación
directa y, en todo caso, los argumentos del actor no tienen vocación de prosperidad,
porque de un análisis de sus argumentaciones no se vislumbra que dentro de sus
consideraciones el tribunal accionado haya incurrido en algún tipo de vulneración a las
garantías fundamentales invocadas.

Por el contrario, se considera que la presente acción constitucional se presentó para
revivir un debate definido y para modificar una decisión adoptada por la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada y hace
tránsito a cosa juzgada, máxime cuando la acción de tutela está prevista para la
protección de derechos fundamentales y no como una instancia adicional de los procesos
ordinarios.

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué (índice 10 de Samai)
reiteró las razones con base en las cuales confirmó la denegatoria y pidió que se declare
improcedente el mecanismo porque se utilizó como una tercera instancia, de ahí que no
cumplió con el requisito de relevancia constitucional.

La Fiscalía General de la Nación (índice 11 de Samai) solicitó declarar improcedente por
falta de relevancia constitucional y que se le desvincule del presente trámite ya que dentro
de sus competencias no está la de decidir lo relacionado frente a la pretensión de dejar
sin efectos la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario.

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Tolima (índice 12 de Samai)
fundamentó su respuesta en la autonomía e independencia judicial y señaló que,
conforme con el artículo 230 de la Constitución Política, los jueces están sometidos
únicamente al imperio de la ley en la adopción de sus decisiones.

Por ende, el funcionario judicial cuenta con un amplio margen para interpretar las normas
aplicables y valorar el material probatorio, de acuerdo con su convicción razonada y su
concepción de justicia, sin que el desacuerdo de una de las partes con el sentido de la
decisión implique la configuración de una irregularidad constitucional.

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II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) delimitación del asunto y 3) el
caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

Delimitación del asunto

La Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió indistintamente contra las
providencias del Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Décimo Administrativo
del Circuito Judicial de Ibagué, el análisis se limitará a la del 17 de julio de 2025, dado
que fue la que definió el marco de decisión de la presente providencia.

Lo anterior, aunado a que la providencia de segunda instancia fue la que finalizó el
proceso y ante la eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad
judicial encargada de cumplir la orden y dictar una de reemplazo sería el Tribunal
Administrativo del Tolima.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Tolima con el fin de que se protejan los derechos constitucionales

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fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
providencia del 17 de julio de 2025.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las
siguientes razones:

La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

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En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente3, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal4”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir

3
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
4
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

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este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales5”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.6

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6
Ibidem.

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Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-08227-00
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dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto
de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios.” (negrillas adicionales).”7.

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.

2.1 La falta de relevancia constitucional en el caso concreto

1) La parte accionante sostuvo que la providencia judicial cuestionada adolece de los
defectos procedimental absoluto, fáctico y sustantivo, así como una violación directa de
la Constitución, con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación:

7
Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-08227-00
Actor (a): Libia Hernández Villanueva y otros
Acción de tutela

2) En primer lugar, alegó la existencia de un defecto procedimental absoluto por
considerar que en el proceso penal por inasistencia alimentaria se desconocieron las
etapas propias del procedimiento acusatorio.

3) En segundo término, invocó un defecto fáctico por estimar que el tribunal demandado
omitió valorar adecuadamente la circunstancia de que el procesado fue imputado en
contumacia, lo cual demostraría la imposibilidad real de ubicarlo, en consecuencia,
resultaba irrazonable exigirle acudir a la jurisdicción civil para el cobro de las cuotas.

4) En tercer lugar, adujo la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente del Consejo de Estado en materia de pérdida de oportunidad.

5) Finalmente, alegó una violación directa de la Constitución, en particular, del artículo 44
superior por estimar que la negativa a reconocer la existencia de un daño constituía una
forma de revictimización institucional de una menor de edad.

6) Sin embargo, en este caso, la Sala advierte que la acción de tutela no satisface el
requisito general de procedencia relativo a la relevancia constitucional, en la medida en
que los planteamientos formulados por la parte actora no plantean un problema
iusfundamental autónomo ni ponen de presente la configuración de un yerro judicial
ostensible, manifiesto o arbitrario.

7) En efecto, los reproches formulados fueron planteados en el recurso de apelación, de
modo que fueron objeto de examen expreso por el tribunal demandado, el cual consideró
que el daño era incierto, eventual e hipotético y, por ende, no indemnizable, ya que no
existía certeza de que el proceso penal finalizaría con sentencia condenatoria en contra
del señor Yilber Guependo Olarte y, especialmente, que con dicha decisión se le iba a
garantizar el pago de las sumas adeudadas a la menor, así:

“En este caso, la parte actora manifestó que el daño antijurídico consiste
en la posibilidad de que los alimentos debidos por el padre fueran
cancelados, como también la imposibilidad de que al no pagarse los
mismos, se generará la sanción penal por esa acción delictual; daño que
le fue ocasionado por la Rama Judicial, dado que, mediante providencia del
9 de julio de 2.019 se declaró prescrita la acción penal en favor del señor
YILBER GUEPENDO OLARTE, por el delito de inasistencia alimentaria.

La Sala considera que en este caso no se demostró que la señora Libia
Hernández Villanueva hubiese padecido un daño antijurídico, por los
motivos que se explicarán a continuación.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-08227-00
Actor (a): Libia Hernández Villanueva y otros
Acción de tutela

El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar
cabalmente estructurado; por tal motivo, el Consejo de Estado ha establecido
que resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la
lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) que el daño es antijurídico,
esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesiona
un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y; iii) que el daño
es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende,
no se limita a una mera conjetura.

En el presente caso no se encuentran acreditados esos elementos del
daño, derivados de la prescripción del proceso penal y que
supuestamente no le permitieron a la demandante obtener el pago de las
cuotas alimentarias debidas por el señor Guependo Olarte.

Para la Sala, en el sub lite, el daño que se alegó es incierto, eventual e
hipotético y, por ende, no indemnizable, como se procederá a explicar.

Para el caso concreto se tiene que, el procesado por el delito de inasistencia
alimentaria fue el señor Yilber Guependo Olarte, ya que él mismo había
incumplido con el pago de las cuotas alimentarias fijadas en el Juzgado Sexto
de Familia de Ibagué, por la suma de $678.085, adeudando para la época de la
denuncia la suma de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS ($25.589.208.oo) entre los periodos
de marzo de 2013 a octubre 2015.

En relación con el punible de inasistencia alimentaria, la Corte Constitucional
ha tenido la oportunidad de referirse en diversas ocasiones, en las que ha
explicado cuál es su naturaleza, el bien jurídico protegido y la finalidad de de
adelantar un proceso penal por este delito

(…)

En ese sentido, a la Sala no le es posible afirmar, sin duda alguna, que el
proceso penal finalizaría con sentencia condenatoria en contra del señor Yilber
Gupendo Olarte y, especialmente, que con dicha decisión se le iba a garantizar
el pago de las sumas adeudadas a la menor S.S, o en su defecto se generará
la sanción penal por esa acción delictual”.

8) Asimismo, el tribunal demandado precisó que el proceso penal no constituía un
mecanismo de cobro de obligaciones alimentarias y que la demandante contaba con la
vía civil, así:

“Asimismo se tiene que, si bien el proceso penal iniciado por la comisión del
delito de inasistencia alimentaria pretendía conminar al infractor de la ley para
que realizara el pago de los alimentos, lo cierto es que la conclusión del proceso,
como ultima ratio, devenía en una sentencia con pena privativa de la libertad y
una multa por la comisión del delito, pero no en un mecanismo jurídico para
exigir, obligar o garantizar el pago de la deuda, debido a que, para ello, como
bien se menciona en precedencia, existía la competencia los procesos
ejecutivos civiles que, por su naturaleza, permitían perseguir el pago de las
sumas adeudadas.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-08227-00
Actor (a): Libia Hernández Villanueva y otros
Acción de tutela

En efecto, la demandante tenía la posibilidad de reclamar las sumas adeudas a
partir de la sentencia debidamente ejecutoriada proveniente del Juzgado Sexto
de Familia.

Dicho de otro modo, la señora Libia Hernández Villanueva tenían la oportunidad
de acudir a la jurisdicción ordinaria civil para demandar y solicitar el respectivo
pago, por parte del señor Yilber Guependo Olarte, de las cuotas alimentarias
adeudadas y que correspondían a una obligación periódica, que no se agotaba
en un solo momento, sino que se renovaba en el tiempo, por tanto, se debían
de manera sucesiva.

9) De igual forma, el tribunal examinó la situación procesal de la accionante dentro del
proceso penal y concluyó que no ostentaba la condición de sujeto procesal ni se
constituyó como parte civil, circunstancia que impedía predicar la existencia de una
expectativa jurídicamente protegida de indemnización y que la constitución como parte
civil era el mecanismo previsto para procurar el resarcimiento de perjuicios que pretendía,
el cual no fue promovido oportunamente:

“De otra parte, advierte la Sala que a la demandante no le asistía ningún tipo de
interés económico en el proceso penal en el que funda sus pretensiones
indemnizatorias, al no ser un sujeto procesal, pues esta condición solo era
posible reconocerla si se hubiera constituido en parte civil, lo cual no se
encuentra probado en el proceso, de tal modo que el daño alegado, a lo sumo,
podría ser entendido como eventual e hipotético y, por ello, no indemnizable.
Precisa la Sala que, si bien la señora LIBIA HERNANDEZ VILLANUEVA, en
representación de su hija menor S.S, fue quien promovió el proceso penal al
presentar la respectiva denuncia, lo cierto es que esa sola actuación no permitía
que se le reconocieran perjuicios, en el desarrollo del proceso, como
consecuencia del delito de inasistencia alimentaria y, por ende, no podía alegar
un daño cierto por la decisión de precluir la investigación contra el señor
GUEPENDO OLARTE, al considerar frustradas las posibilidades de que se le
respondiera por las cuotas de alimentos dejadas de pagar.

Así las cosas, la señora Libia Hernández -denunciante-, en representación de
su hija S.S, -ahora demandante- debió haberse constituido en parte civil, para
que, una vez admitida la demanda respectiva, en los términos del artículo 5012
de la Ley 600 de 2000, hubiera hecho uso del derecho de contradicción, esto
es, interponer los recursos de ley para insistir ante el juzgado de conocimiento
para solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios que le pudo causar la
conducta punible.

En otras palabras, la denunciante tuvo la oportunidad de constituirse en parte
civil, es decir, ser reconocida como sujeto procesal dentro del proceso penal
adelantado en contra del señor Guependo Olarte, por el delito de inasistencia
alimentaria y, de ser procedente, obtener una condena a su favor por los
perjuicios que se le pudieron causar como consecuencia del delito denunciado.
En efecto, la Ley 600 del 2000 (norma aplicable)13 reconocía como sujetos
procesales a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio Público, al sindicado,
al defensor, a la parte civil, al tercero incidental y al tercero civilmente
responsable, y como la señora Libia Hernández, en representación de S.S,
actuó como denunciante, es claro que no podía ser reconocida como sujeto
procesal.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-08227-00
Actor (a): Libia Hernández Villanueva y otros
Acción de tutela

En esa misma línea, el artículo 137 del mismo estatuto procesal definió la
finalidad pretendida al constituirse como parte civil en el proceso penal, la cual
consistía en “obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño
ocasionado por la conducta punible” (se destaca) y, además, se estableció un
término amplio a quien se considerara perjudicado, para constituirse como tal,
el cual, de conformidad con el artículo 47 ibídem se consagró “La constitución
de parte civil, como actor individual o popular, podrá intentarse en cualquier
momento.

Por lo anterior, es evidente que la ahora demandante no podía derivar del
proceso penal adelantado una afectación cierta y concreta de sus derechos por
las sumas de dinero supuestamente dejadas de percibir, pues al no ostentar la
condición de sujeto procesal, y atendiendo las particularidades del proceso
penal, no le era dable esperar el pago de las sumas adeudadas”.

10) De acuerdo con lo expuesto, se evidencia que los argumentos planteados por la parte
accionante bajo la aparente forma de defectos procedimental absoluto, fáctico, sustantivo
y de violación directa de la Constitución fueron estudiados, valorados y resueltos por el
tribunal demandado, mediante un análisis expreso del daño alegado, de la finalidad del
proceso penal, de la existencia de otros mecanismos judiciales y de la posición procesal
de la actora.

11) En particular, el reproche relativo a un supuesto defecto procedimental absoluto no
pone de presente una omisión del tribunal, sino una discrepancia con la valoración
jurídica efectuada respecto de los efectos de la prescripción del proceso penal, aspecto
que fue examinado y descartado desde la óptica de la inexistencia de un daño antijurídico
cierto.

12) En cuanto al defecto sustantivo, la inconformidad se limita a controvertir la forma en
que se aplicó la teoría de la pérdida de oportunidad y los elementos del daño antijurídico,
sin demostrar la existencia de una oportunidad seria y cierta y que se haya truncado,
conclusión que corresponde a un ejercicio interpretativo propio del juez ordinario y no a
una actuación arbitraria; la definición del título de imputación es un ejercicio propio del
juez de la reparación en la que no es posible inmiscuirse solamente para proponer una
mejor solución al caso o porque la actora se encuentra en desacuerdo, porque ello
implicaría desbordar las competencias del juez de tutela y desconocer la estructura de la
administración de justicia, la cosa juzgada y la autonomía judicial con la que cuenta el
juez natural de la causa.

13) En ese orden de ideas, la Sala concluye que los reproches formulados se
circunscriben en una discusión de mera legalidad, dirigida a controvertir la interpretación

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Actor (a): Libia Hernández Villanueva y otros
Acción de tutela

normativa, la Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, valoración probatoria
frente a los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado, materias que
corresponden al juez natural de la causa y que no pueden ser reabiertas en sede de
tutela.

14) Adicionalmente, la improcedencia de la acción se refuerza en la medida en que, como
lo puso de presente tanto el juzgado como el tribunal, inclusive desde el proceso
ordinario, la actora lo que persigue es un propósito de carácter económico, consistente
en obtener el pago de las cuotas alimentarias que supuestamente su hija dejó de percibir,
esto es, más allá de la discusión sobre un daño cierto y antijurídico su intención es que
el padre de la menor pague la deuda en la que supuestamente incurrió en mora8,
discusión que no entraña un debate de una verdadera y genuina trascendencia desde el
punto de vista constitucional, porque no solo implica constatar si el deudor estaba en la
capacidad económica para solventar dicha deuda sino si incurrió o no en mora, aspecto
que escapan a la órbita del juez de tutela.

15) En este punto, la Sala no pasa por alto que la demandante alega actuar en
representación de su hija menor, cuyos derechos gozan de especial protección
constitucional, como se ha reiterado por parte de esta misma Subsección en
oportunidades anteriores9, sin embargo, en este caso no se demostró y ni siquiera se
alegó que la supuesta deuda ponga en peligro los derechos de la menor ni mucho menos
se justificó y probó de manera fehaciente la ausencia de una red familiar que garantice
los derechos de SSGH.

16) Sobre el particular, conviene precisar que la parte actora se limitó a reiterar los
argumentos expuestos en el proceso ordinario referentes a la imposibilidad de cobrar las
supuestas cuotas alimentarias que se dejaron de percibir, pese a que, como lo señalaron
los jueces de instancia, no se acreditó con un grado de probabilidad preponderante que
el encartado tuviera posibilidades reales de ser condenado ni que, en virtud de una
eventual condena, se lograra la recuperación de tales rubros, dado que, como se explicó
en las sentencias enjuiciadas, la actora ni siquiera se constituyó en parte civil dentro del

8
Como lo afirmó expresamente tanto en el proceso ordinario como en la acción de tutela de la referencia.
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, exp. 11001-03-15-000-2023-06947-00 sentencia del
11 de diciembre de 2023, CP Fredy Ibarra Martínez.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-08227-00
Actor (a): Libia Hernández Villanueva y otros
Acción de tutela

proceso y una decisión condenatoria no implicaba, por sí misma, la devolución de dichas
sumas.

17) En consecuencia, por tratarse de una acción que reitera argumentos ya examinados
y que se planteó una controversia de mera legalidad y que persigue un fin patrimonial, la
Sala concluye que la presente acción de tutela es improcedente por falta de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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