Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08227-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08227-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-08227-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-08227-01
Demandante LIBIA HERNÁNDEZ VILLANUEVA Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales de
procedibilidad. Relevancia constitucional por argumentos de
instancia adicional. Medio de control de reparación directa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
tutela del 5 de febrero de 2026, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, en el que se dispuso lo siguiente:
«1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 19 de diciembre de 20251, la señora Libia Hernández Villanueva, en su nombre
y en representación de su hija menor SSGH2; Verónica Villanueva Hernández y
Evelio Hernández Gómez interpusieron acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo del Tolima y el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial
de Ibagué, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la reparación integral y de acceso a la administración de justicia, con las
sentencias del 17 de julio de 2025 y 22 de julio de 2024, proferidas en el proceso de
reparación directa con radicado 73001-33-33 010-2021-00170-0/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva, el principio del interés superior del
menor, a la reparación integral, a la verdad y a la justicia de los accionantes.
2. DECLARAR LA CONFIGURACIÓN DE UNA VÍA DE HECHO por parte del Juzgado
Décimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima.
3. DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el
17 de julio de 2025, dentro del proceso de Reparación Directa con radicado Nro. 73001-
33-33-010-2021-00170-00.
4. DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Administrativo Oral
del Circuito de Ibagué el 22 de julio de 2024, dentro del mismo proceso de Reparación
Directa.
5. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al Tribunal Administrativo del Tolima que,
en un término perentorio y razonable, profiera una nueva sentencia en la que se valore
de manera integral el daño antijurídico causado por la falla en el servicio de administración
de justicia, teniendo en cuenta la prevalencia de los derechos de la menor (…) el principio
1
SAMAI, índice No. 1
2
La Sala mantiene la decisión de reservar el nombre de la menor para proteger su derecho a la intimidad.
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Demandante: Libia Hernández Villanueva y otros
del interés superior del menor, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado en materia de responsabilidad del Estado por mora judicial y pérdida de
oportunidad, y, en consecuencia, declare la responsabilidad patrimonial del Estado y
ordene la reparación integral de los perjuicios materiales y morales ocasionados a los
accionantes»
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La señora Libia Hernández Villanueva, en representación de su hija menor de
edad SSGH, interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra
el señor Yilber Guependo Olarte, padre de la menor, por el delito de
inasistencia alimentaria.
Se destacan las siguientes actuaciones del proceso penal:
▪ El 20 de octubre de 2015, el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Ibagué declaró en contumacia al señor Guependo Olarte
y formuló imputación en su contra por el delito de inasistencia alimentaria.
▪ El 14 de enero de 2016, la Fiscalía radicó escrito de acusación y el proceso
correspondió al conocimiento del Juez Primero Penal Municipal con Funciones
de Conocimiento de Ibagué.
▪ El 8 de noviembre de 2016, se realizó la Audiencia de Acusación y el 20 de
febrero de 2017 la Audiencia Preparatoria. Además, se fijó la Audiencia de Juicio
Oral para el 24 de julio de 2017.
▪ En desarrollo de la Audiencia de Juicio Oral, el ente investigador solicitó la
suspensión por la no comparecencia de todos los testigos.
▪ El 30 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó de nuevo suspensión y la
audiencia se reprogramó para el 17 de abril de 2018.
▪ El 17 de abril de 2018, el juez penal advirtió conflicto de competencias porque el
procesado hace parte de una comunidad indígena.
▪ El 19 de septiembre de 2018, el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima
determinó que la competencia era de los juzgados penales.
▪ El juez penal indicó que el juicio continuaría el 1 de marzo de 2019.
▪ El 4 de diciembre de 2018, el acusado presentó solicitud de prescripción de la
acción penal y se decretó la concreción de la figura mediante providencia del 9
de julio de 2019.
2.2. Con fundamento en este escenario que llevó a declarar la prescripción de la
acción penal, la señora Libia Hernández Villanueva y otros promovieron
demanda de reparación directa contra la Nación, la Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación.
Solicitaron que se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial
por haber permitido que se vencieran los términos de la acción penal, omisión
que conllevó la imposibilidad de hacer efectivo el pago de los alimentos que
se debían a la menor SSGH y de que se impusiera una sanción penal al
acusado.
2.3. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Ibagué que, en sentencia del 22 de julio de 2024 negó las
pretensiones de la demanda por falta de acreditación del daño antijurídico.
Explicó que la parte demandante podía perseguir el pago de las sumas
adeudadas a través de proceso ejecutivo, pues existe sentencia ejecutoria del
Juzgado Sexto de Familia que fijó la cuota alimentaria. En esa medida, advirtió
que la sentencia penal no es condición necesaria para hacer efectivo el
cumplimiento de dicha obligación.
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2.4. La parte demandante apeló. Afirmó que la acción penal era la única vía efectiva
para reclamar alimentos porque desconocía el paradero del padre de su hija y
por ello no conocía su situación laboral ni la existencia de bienes e incluso la
fiscalía no logró ubicarlo, razón por la cual fue declarado en contumacia.
Agregó que la prescripción operó como consecuencia de la falla en el servicio
atribuible al juez penal, lo que conllevó a la concreción de un daño antijurídico
consistente en la pérdida de la oportunidad de obtener una condena penal y
de iniciar posteriormente un incidente de reparación integral, es decir, que se
frustró su posibilidad de cobrar las cuotas alimentarias adeudadas.
2.5. En sentencia del 17 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima
confirmó la decisión de primera instancia con fundamento en los siguientes
argumentos: (i) el daño alegado era incierto, eventual e hipotético y, por ende,
no indemnizable; (ii) la demandante podía iniciar la acción civil ejecutiva para
hacer efectivo el cumplimiento de la obligación de alimentos en favor de su
menor hija; y (iii) la demandante no se constituyó como parte civil dentro del
proceso penal por lo que no le era posible exponer pretensiones económicas.
Frente al delito de inasistencia alimentaria, indicó que el proceso penal no es
el mecanismo idóneo para garantizar el pago efectivo de las cuotas
alimentarias adeudadas, dado que su eventual culminación se traduce en la
imposición de una pena y una multa, pero no en la satisfacción directa de
obligaciones de contenido patrimonial.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora sostuvo que la autoridad accionada incurrió en defecto
procedimental dado que desconoció que la competencia fue discutida en etapa del
juicio oral, cuando debió alegarse y resolverse en audiencia de acusación, como lo
dispone el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal.
Acusó que, a pesar de ello, el juez penal dio trámite a una solicitud extemporánea
que impactó los tiempos del proceso penal y conllevó la declaratoria de prescripción.
Asimismo, afirmó que la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico al concluir
que la parte actora tenía la posibilidad de perseguir sus pretensiones a través del
proceso ejecutivo civil, desconociendo la prueba que evidenciaba que la imputación
en el proceso penal se dio por contumacia, por lo que les impuso una carga
desproporcionada a los demandantes al exigirle ubicar al padre de su hija para
poder iniciar la acción civil.
También reprochó la concreción del defecto sustantivo dado que los jueces de
instancia redujeron el daño a una deuda monetaria cuando el precedente del
Consejo de Estado3 ha establecido que la prescripción de la acción penal por mora
judicial genera un daño autónomo traducido en la pérdida de la oportunidad.
Enfatizó que, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, su
hija perdió la oportunidad de que el Estado ejerciera el poder coercitivo, omisión que
afectó su derecho a la verdad y a la justicia y que generó un daño moral que no
sería indemnizable con una demanda civil incierta.
Finalmente, alegó que las providencias acusadas incurrieron en violación directa a
la Constitución porque revictimizaron a una menor y le trasladaron las
consecuencias de una falla estatal, desconociendo su calidad de sujeto de especial
protección constitucional.
3
Relacionó la sentencia del 11 de mayo de 2017 (Exp. 39539) del Consejo de Estado.
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4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 14 de enero de 2026, el despacho sustanciador de primera
instancia: (i) admitió la acción de tutela interpuesta por Libia Hernández
Villanueva –en nombre propio y en representación de la menor SSGH–,
Verónica Villanueva Hernández y Evelio Hernández Gómez, en contra del
Tribunal Administrativo del Tolima; (ii) vinculó a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, como terceros con
interés en el resultado del proceso; y (iii) ordenó la notificación de la tutela al
presidente del tribunal accionado y al titular del Juzgado Décimo Administrativo
del Circuito Judicial de Ibagué, así como a los terceros.
4.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por conducto de
abogada adscrita a la Unidad de Asistencia Legal, indicó que no le
correspondía pronunciarse frente a la pretensión de dejar sin efectos las
providencias accionadas, pues no puede inmiscuirse en el ejercicio de
administración de justicia que despliegan de manera autónoma los jueces. En
todo caso añadió que los cargos de la parte actora carecen de fundamento
porque no se advierte que las accionadas hayan incurrido en vulneración de
los defectos invocados.
De hecho, advirtió que la acción constitucional pretende reabrir un debate ya
resuelto por los jueces de la causa y alterar una decisión que se adoptó en el
marco de la legalidad y de la que se derivan los efectos de la cosa juzgada y
la ejecutoria de las sentencias.
4.3. El Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué, por conducto del titular del
despacho, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por
incumplir el presupuesto de relevancia constitucional. En su consideración, la
parte actora utiliza la acción de tutela como una instancia adicional al proceso
ordinario con el propósito de sustituir la valoración probatoria y autónoma del
juez natural de la causa.
En todo caso, recordó que ese despacho no encontró probado el daño
antijurídico (cierto y real) alegado por la parte actora. En ese sentido, precisó
que «la prescripción de la acción penal es una figura procesal que no comporta per
se la demostración de un daño antijurídico, y su decisión, no tiene relación automática,
necesaria ni directa con los pedimentos de la demanda de reparación directa».
4.4. El Tribunal Administrativo del Tolima, por conducto del magistrado ponente
de la sentencia acusada, realizó un recuento sobre las consideraciones
expuestas en dicha providencia y concluyó que la parte demandante no
acreditó un daño antijurídico derivado del defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia al declarar la prescripción de la acción penal, pues
no se constituyó como parte civil en la oportunidad procesal prevista. De
manera, que no se concretó un daño cierto.
Agregó que los jueces naturales de la causa son autónomos en la decisión de
los asuntos que son puestos a su consideración, según lo dispuesto en el
artículo 230 de la Constitución Política. Así que los funcionarios judiciales
cuentan con un amplio margen de apreciación para interpretar las normas y
valorar las pruebas, en el marco de una convicción razonada. Por lo que el
desacuerdo de las partes con el sentido de la sentencia no implica una
irregularidad procesal.
4.5. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de profesional especializada
de la Dirección de Asuntos Jurídicos, solicitó que se declare la improcedencia
de la acción de tutela ante la inexistencia de un escenario de vulneración de
derechos fundamentales y que se declare la falta de legitimación en la causa
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por pasiva de esa entidad, debido a que dentro de sus competencias no está
la de intervenir en las providencias de los jueces de la República.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 5 de febrero de 2026, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
La Sala de decisión concluyó que la fundamentación de la acción de tutela no da
cuenta de una vulneración de derechos fundamentales, sino de una mera
inconformidad con la decisión adoptada en segunda instancia dentro del proceso
ordinario. En esa vía, advirtió que la accionante no expuso una arbitrariedad judicial
ni planteó un problema de relevancia constitucional, sino que utiliza la tutela como
una instancia adicional, intención incompatible con su naturaleza excepcional, por
lo que declaró la improcedencia del amparo.
Agregó que los argumentos que fueron planteados en la acción de tutela bajo la
denominación de defecto procedimental absoluto, fáctico, sustantivo y de violación
directa de la Constitución fueron estudiados y decididos por el Tribunal
Administrativo del Tolima en la providencia judicial atacada, por lo que, insistió, se
toma el mecanismo judicial como una tercera instancia.
Finalmente, el a quo reconoció que obra como accionante una menor de la que se
predica especial protección constitucional, pero advirtió que no se probó ni se alegó
que la supuesta deuda afecte sus derechos ni que permanezca en ausencia de una
red familiar que los garantice. Por el contrario, resaltó que la parte actora se limitó
a reiterar los argumentos sobre la imposibilidad de cobrar las cuotas alimentarias,
sin demostrar que el demandado tuviera posibilidades reales de ser condenado ni
que su eventual condena realmente le permitiera recuperar esas sumas de dinero.
6. Impugnación
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia, al considerar que el juez
de tutela redujo una clara vulneración de los derechos fundamentales de una menor
de edad a un simple debate patrimonial y al hacerlo eludió el estudio de fondo sobre
los graves defectos que afectan las providencias judiciales acusadas.
Dijo que el caso presentaba evidente relevancia constitucional, dado que su
pretensión no es instrumentalizar al juez constitucional como cobrador, sino
evidenciar la mora injustificada que permitió el Estado y que conllevó a la
prescripción de la acción penal. Advirtió que esta omisión se tradujo en la impunidad
del delito que atenta contra la familia y contra los derechos prevalentes de una niña.
De manera que, estima que negar el análisis de fondo argumentando el daño
hipotético traslada a la víctima las consecuencias de una falla en el servicio
atribuible al Estado y que compromete el bienestar de una menor de edad.
Sobre el defecto fáctico, reprochó que el a quo convalidara el error del tribunal
accionado consistente en omitir la imputación en contumacia del procesado,
situación que hacía inviable la acción civil a través de ejecutivo. Así, expone que
exigir a la madre acudir a la jurisdicción civil a perseguir patrimonialmente a un
sujeto del que se desconoce su paradero o bienes, sería una alternativa ineficaz e
ilusoria.
Reiteró la concreción de un defecto sustantivo por desconocer el precedente sobre
la pérdida de la oportunidad, al exigir certeza de la condena penal, y por aplicar
indebidamente la Ley 600 de 2000 a un proceso que se tramitó bajo la Ley 906 de
2004. Finalmente, insistió en que se concretó una falla en el servicio por dilación
injustificada, pues la prescripción obedeció a la suspensión del juicio para resolver
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tardíamente un conflicto de competencias y al amplio lapso que tomó el Consejo
Superior de la Judicatura para resolver. Así, alega que se configuró un daño
autónomo atribuible al Estado.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.
3. Planteamiento del problema jurídico
De conformidad con los antecedentes expuestos en el asunto sub examine,
corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera
instancia al declarar la improcedencia de la acción de tutela por no satisfacer el
presupuesto de relevancia constitucional.
En caso de que se encuentren superados este y los demás requisitos de
procedencia, la Sala abordará el estudio de fondo para determinar si el Tribunal
Administrativo del Tolima incurrió en los defectos sustantivo, procedimental
absoluto, fáctico y de violación directa a la Constitución, al proferir la sentencia del
17 de julio de 2025 dentro del proceso ordinario 73001-33-33-010-2021-00170-00/01.
4
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
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4. Presupuesto general de relevancia constitucional: alcance y análisis en
el caso particular
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en
que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de
tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.
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4.2. Analizado el contenido de la acción de tutela y de la impugnación, la Sala
advierte que confirmará el fallo del a quo, dado que se evidencia que la parte
actora pretende utilizar el mecanismo constitucional como una tercera
instancia, con el fin de reiterar argumentos que ya fueron analizados y
resueltos por los jueces naturales de la causa, sin exponer un real escenario
de vulneración de derechos fundamentales que habilite la intervención del juez
constitucional.
En línea con lo anterior, lo primero que se observa es que el escrito de tutela
contiene, en esencia, los mismos argumentos que la parte actora expuso en
el recurso de apelación del proceso ordinario para discutir la sentencia emitida
en primera instancia por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de
Ibagué7. Los argumentos del recurso son los siguientes:
(i) la acción ejecutiva no es viable porque la actora desconoce el paradero del
padre de la menor y sus bienes, por lo que acudió a la acción penal por
inasistencia como única vía eficaz:
(ii) la mora en el trámite del proceso penal es atribuible al juez quien decidió
tramitar en la etapa de juicio oral un conflicto de competencias y al Consejo
Superior de la Judicatura que tomó más de siete meses para resolverla;
(iii) la declaratoria de prescripción produjo impunidad y privó a la menor de una
reparación integral desconociendo la protección reforzada que se predica
de los menores y la jurisprudencia que exige propender por la garantía de
sus derechos8; y
(iv) El daño se demostró porque la familia de la menor tuvo que asumir las
consecuencias económicas y afectivas del incumplimiento de las
obligaciones por parte del padre.
Estos reparos fueron reiterados por los accionantes en el escrito de tutela,
ahora enmarcándolos en diferentes defectos (Supra 3 y 6), pese a que tales
cargos ya habían sido estudiados por el Tribunal Administrativo del Tolima en
la sentencia del 17 de julio de 2025, en la cual se concluyó que el daño era
incierto, eventual e hipotético.
Ello permite corroborar que la acción de tutela se está utilizando como una
instancia adicional para prolongar la controversia, particularmente en lo
relativo a la acreditación del daño antijurídico.
Como argumento adicional, los accionantes invocaron el defecto sustantivo, al
considerar que los jueces de la causa desconocieron que la prescripción de la
acción penal por mora judicial genera un daño autónomo, concretado en la
pérdida de la oportunidad. En esa línea, alegó que su hija perdió la oportunidad
de que el Estado ejerciera el poder coercitivo frente a un padre que incumplió
sus obligaciones alimentarias.
No obstante, si bien el planteamiento se formula en sede de tutela, se advierte
que no se trata de un asunto novedoso ni ignorado por el tribunal accionado;
por el contrario, la figura de la pérdida de la oportunidad fue expresamente
considerada como premisa jurídica de la sentencia.
Adicional a lo anterior, en el escrito de impugnación se planteó un defecto
sustantivo por indebida aplicación de las normas invocadas como fundamento
7 Expediente digital del proceso de reparación directa 11001-03-15-000-2025-08227-00. Archivo denominado
«30ApoDtePresentaRecursoApelacionSentencia.pdf»
8
Citó apartes de las siguientes sentencias de la Corte ConstitucionalC-017 de 2019: T-304 de 2016, T-500 de 2008, T-262
de 2015 y T-695 de 2010
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de la sentencia. La procedencia de este cargo a instancias de la impugnación
será analizada más adelante.
4.3. A continuación, se relacionan los apartes de la sentencia acusada en los que
se evidencia que los cargos del escrito de tutela ya fueron decididos por el
Tribunal Administrativo de Tolima en la sentencia del 17 de julio de 2025.
Según la tesis de la autoridad judicial, la parte actora no demostró el daño
derivado de la prescripción de la acción penal, pues «no se comprobó la existencia
de una oportunidad seria y cierta de recuperar por la vía del proceso penal los eventuales
perjuicios sufridos por las víctimas del ilícito»
Como fundamento de la anterior conclusión inició por relacionar la primera
premisa jurídica en el acápite 4.1. que denominó «Análisis del daño derivado de la
declaratoria de prescripción de la acción penal a la luz de la pérdida de oportunidad».
Por la relevancia que representan para decidir el presente caso, se estima
pertinente relacionar los siguientes apartes del mencionado subtítulo:
«Conviene aclarar que la parte actora alegó que la prescripción objeto de la demanda que
aquí se estudia, le habría impedido obtener la reparación patrimonial de los perjuicios que
sufrió como consecuencia de una posible conducta delictiva, por lo que, de una lectura integral
de la demanda, la Sala concluye que su pretensión se puede enmarcar en una pérdida de la
oportunidad de obtener la reparación por los mencionados perjuicios.
En este punto, conviene precisar que la pérdida de oportunidad debe considerarse como un
daño autónomo distinto del análisis de la imputación, habida cuenta de que se trata de un
menoscabo con identidad propia que surge cuando se ve comprometida una posibilidad real
de obtener un beneficio o evitar un detrimento. Así mismo lo ha entendido la jurisprudencia9.
[…]
Ahora bien, en providencia de 30 de enero de 2013, el Consejo de Estado estimó que para
tener por acreditada la pérdida de oportunidad debían reunirse los siguientes requisitos, a
saber: [transcribe párrafos de la providencia expedida en el expediente 18593]
Por lo dicho, para que el daño se tenga por acreditado, de la situación fáctica de la demanda
se debe deducir la certeza de la oportunidad que se pierde; la imposibilidad en la que se
encontrarían [los demandantes] de obtener el resarcimiento de los perjuicios en un escenario
distinto al de la constitución de parte civil en el proceso penal y, finalmente, que aquellos se
encontraban en una posición potencialmente apta para la consecución de la indemnización en
ese libelo. Solamente de resultar demostrados estos supuestos, podrá tomarse el daño como
cierto.
Bajo los anteriores parámetros la Sala procede a analizar el daño en el caso concreto.»
(Énfasis de la Sala)
El aparte transcrito evidencia que el tribunal accionado reconoció
expresamente que la pretensión se estructuró en torno al daño derivado de la
pérdida de la oportunidad alegada por la parte demandante. En consecuencia,
procedió a delimitar el alcance de dicha figura y a examinar sus presupuestos
de configuración con fundamento en la jurisprudencia de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, citada en la sentencia.
Así las cosas, no es de recibo el alegato sobre la falta de aplicación de esta
figura ni del desconocimiento de la jurisprudencia que la desarrolla, pues el
tribunal no solo la tuvo en cuenta, sino que la incorporó en el análisis jurídico
del caso.
Ahora bien, en lo que respecta a la acreditación de los presupuestos para que
se configure la pérdida de la oportunidad alegada en la demanda, el Tribunal
señaló lo siguiente:
«Para la Sala, en el sub lite, el daño que se alegó es incierto, eventual e hipotético y, por ende,
no indemnizable, como se procederá a explicar. Para el caso concreto se tiene que, el
9
• Citó apartes de la sentencia del 31 de mayo de 2016, emitida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en el expediente 38.267
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procesado por el delito de inasistencia alimentaria fue el señor Yilber Guependo Olarte, ya que
él mismo había incumplido con el pago de las cuotas alimentarias fijadas en el Juzgado Sexto
de Familia de Ibagué, por la suma de $678.085, adeudando para la época de la denuncia la
suma de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO
PESOS ($25.589.208.oo) entre los periodos de marzo de 2013 a octubre 2015.
[…]
De lo anterior, se colige que el tipo penal de inasistencia alimentaria únicamente se
configuraba en los casos en que el deudor de los alimentos se sustrae del pago de su
obligación de manera dolosa -sin justificación alguna-, situación que de la documentación
allegada al plenario no se encuentra demostrada.
En ese sentido, a la Sala no le es posible afirmar, sin duda alguna, que el proceso penal
finalizaría con sentencia condenatoria en contra del señor Yilber Guependo Olarte y,
especialmente, que con dicha decisión se le iba a garantizar el pago de las sumas adeudadas
a la menor S.S, o en su defecto se generará la sanción penal por esa acción delictual.
En efecto, la demandante tenía la posibilidad de reclamar las sumas adeudas (sic) a partir de
la sentencia debidamente ejecutoriada proveniente del Juzgado Sexto de Familia. Dicho de
otro modo, la señora Libia Hernández Villanueva tenían la oportunidad de acudir a la
jurisdicción ordinaria civil para demandar y solicitar el respectivo pago, por parte del señor
Yilber Guependo Olarte, de las cuotas alimentarias adeudadas y que correspondían a una
obligación periódica, que no se agotaba en un solo momento, sino que se renovaba en el
tiempo, por tanto, se debían de manera sucesiva.
De otra parte, advierte la Sala que a la demandante no le asistía ningún tipo de interés
económico en el proceso penal en el que funda sus pretensiones indemnizatorias, al no ser
un sujeto procesal, pues esta condición solo era posible reconocerla si se hubiera constituido
en parte civil, lo cual no se encuentra probado en el proceso, de tal modo que el daño alegado,
a lo sumo, podría ser entendido como eventual e hipotético y, por ello, no indemnizable.
[…]
En efecto, la Ley 600 del 2000 (norma aplicable) reconocía como sujetos procesales a la
Fiscalía General de la Nación, al Ministerio Público, al sindicado, al defensor, a la parte civil,
al tercero incidental y al tercero civilmente responsable, y como la señora Libia Hernández, en
representación de S.S, actuó como denunciante, es claro que no podía ser reconocida como
sujeto procesal.
[…]
Es importante recordar que la condición necesaria para que se tenga por acreditado el daño
dentro de la responsabilidad extracontractual del Estado es la certeza; no puede ser reparado
un daño eventual o hipotético pues este debe estar materializado o debe ser materializarle.»
Como se observa, el tribunal consideró que en el caso particular no se
acreditaron ninguno de los requisitos para declarar el daño por pérdida de
oportunidad alegado en la demanda.
Expuso de manera motivada que no se acreditó la certeza de la oportunidad
perdida, en la medida en que no era posible afirmar que el proceso penal
terminaría con condena; que la declaratoria de prescripción de la acción penal
no implicaba la imposibilidad definitiva de obtener las sumas adeudadas a
través de un proceso ejecutivo civil, debido a que ya contaba con una
sentencia ejecutoriada emitida por juez de familia; y que la demandante no
acreditó haberse constituido como parte civil en el proceso penal, por lo que
no se encontraba en una situación potencialmente apta para pretender la
consecución del resultado esperado.
En esos términos quedó resuelto el recurso de apelación y se confirmó la
decisión de negar las pretensiones de la demanda al considerar que el daño
era incierto, eventual e hipotético. Aparece además claro que al no encontrarse
acreditado el daño, no había lugar a seguir con el análisis de los cargos
relacionados con el elemento de imputación ni de los perjuicios reclamados.
4.4. Frente al alegado defecto fáctico, la parte actora sostiene que se desconoció
la prueba relativa a la imputación en contumacia dentro del proceso penal, la
cual daría cuenta de la dificultad de ubicar al padre de la menor. A partir de
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ello, afirma que tal circunstancia torna inviable la acción civil e impone una
carga desproporcionada a la señora Libia Hernández, al «exigirle a una madre
cabeza de familia que logre lo que el Estado no pudo: ubicarlo para una demanda civil.»
Para la Sala, este argumento carece de incidencia en el sentido de la decisión
y no desvirtúa el razonamiento del tribunal en torno a la viabilidad de la acción
civil. Esto, porque el ordenamiento jurídico prevé mecanismos que permiten
adelantar procesos judiciales aun cuando se desconozca el paradero de la
parte demandada, así como herramientas orientadas a ubicarlo y a la garantía
del debido proceso, sin que ello constituya un obstáculo para el ejercicio
efectivo de acceso a la administración de justicia.
4.5. De otra parte, frente al reproche relativo a la indebida aplicación de la Ley 600
del 2000, la Sala advierte que no fue planteado en el escrito de tutela, sino que
fue introducido hasta la impugnación. Esta situación desborda el marco de la
controversia que fue planteada en la acción de tutela e implica una posible
afectación del derecho al debido proceso de las entidades accionadas y
vinculadas, lo que conllevaría la imposibilidad de estudiar el cargo.
Con todo, aún si se abordara el análisis, el alcance de este defecto establece
que no basta con que el juez haya invocado una norma incorrecta, sino que se
debe acreditar que ese hecho cambia el sentido de la decisión.
En el caso particular, la no acreditación de la pérdida de la oportunidad no solo
se sustentó en la omisión de la señora Libia Hernández de constituirse como
parte civil en el proceso penal, sino en la falta de certeza sobre el resultado del
proceso penal y en la existencia de otro mecanismo para procurar el pago
pretendido. En esa medida subsistiría la decisión aún si se considerara
próspero el argumento.
En suma, este cargo también carece de relevancia constitucional en tanto que
no tiene incidencia en el sentido de la decisión.
4.6. Finalmente, la Sala reconoce la especial protección que se predica de la menor
accionante, pero, en concordancia con lo indicado por el juez a quo, se
considera que no se probó una afectación a sus derechos derivada de las
actuaciones de las autoridades judiciales accionadas que corresponda
proteger al juez de tutela.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión de declarar la
improcedencia de la acción de tutela por incumplir el presupuesto de relevancia
constitucional, adoptada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en el fallo del 5 de febrero de 2026.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia de tutela del 5 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.
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3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
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