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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08229-00

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08229-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Julio Cesar Mancipe Ramírez, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-08229-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 1100103 15 000 2025 08229 00
Accionante: Julio Cesar Mancipe Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Acción: Acción de Tutela- Primera Instancia
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir con
los requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el ciudadano Julio Cesar Mancipe
Ramírez, contra la sentencia de 20 de marzo de 2025, emitida por el Tribunal
Administrativo de Santander1, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con número único de radicación 68001 33 33 005 2015 00382 02.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El ciudadano Julio Cesar Mancipe Ramírez, actuando en nombre propio, promovió acción
de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello, formuló las siguientes
pretensiones2:

PRIMERO: TUTELAR, los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
efectivo a la administración de justicia, garantizados respectivamente en el artículo
29 y el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 29
establece que toda persona tiene derecho a que se le respeten las garantías
mínimas en el desarrollo de cualquier procedimiento judicial o administrativo,
asegurando la protección de los derechos a la igualdad, la defensa y la legalidad.
Por su parte, el artículo 229 garantiza el derecho de toda persona para acceder a
la administración de justicia, reconociendo que este acceso debe ser efectivo y
real, y no meramente formal, para que se pueda obtener una resolución justa y
oportuna por parte de la autoridad competente. Por lo tanto, solicito
respetuosamente que se ordene la protección inmediata y efectiva de estos
derechos constitucionales fundamentales.

SEGUNDO: REVOCAR, la providencia de fecha 20 de marzo de 2025 dictada
por el Honorable Tribunal Administrativo De Santander, toda vez que violó el
artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. A fin de que se garantice el
debido proceso y el acceso a la justicia, en ese sentido solicito respetuosamente
que se revoque la decisión de inhibición emitida por el tribunal, toda vez que
dicha inhibición representa una omisión en la función jurisdiccional que generara
un perjuicio irreparable a mis derechos fundamentales. La inhibición del tribunal

1 En adelante el Tribunal.
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 08107 00.

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Radicado:11001 03 15 000 2025 08229 00
Accionante: Julio Cesar Mancipe Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

implica que no se decide el fondo del problema jurídico, lo que afecta el derecho
constitucional al acceso a la administración de justicia y el derecho al debido
proceso, al impedir que se obtenga una sentencia de mérito. En este sentido, la
función judicial no puede limitarse a la mera aplicación formal del procedimiento,
sino que debe garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales,
evitando que una decisión inhibitoria constituya un obstáculo para el ejercicio del
derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva. Por ello, solicito que se ordene
revocar la inhibición y se ordene continuar con la tramitación del proceso o, en
subsidio, se adopten las medidas necesarias para asegurar la protección
inmediata de mis derechos fundamentales.

TERCERO: DECRETAR que el Honorable Tribunal Administrativo de Santander
reconozca y garantice el derecho fundamental que tengo al debido proceso, a la
igualdad, a la defensa, al trabajo y al principio de legalidad, derechos que son
piedra angular para la protección efectiva de mis garantías constitucionales. Estos
derechos están consagrados en la Constitución Política de Colombia,
especialmente en los artículos 29 y 53. El artículo 29 de La Constitución Política
De Colombia garantiza que toda persona tiene derecho a un debido proceso en
cualquier procedimiento judicial o administrativo, el cual comprende las garantías
mínimas para la defensa y la igualdad ante la ley. Asimismo, el artículo 53 ibidem
establece el derecho al trabajo como un derecho fundamental que debe ser
protegido por las autoridades. Por otro lado, el principio de igualdad, implícito en
el artículo 13 constitucional, exige que” todas las personas nacen libres e
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y
gozaran de los mismos derechos, libertades y oportunidades. Por lo tanto, solicito
respetuosamente se ordene reconocer estos derechos y se asegure su plena
protección, como requisito indispensable para la preservación de mi dignidad y
justicia efectiva en el presente caso.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante relató que le fue impuesta una sanción disciplinaria de destitución e
inhabilidad por el término de doce (12) años, mediante fallo de primera instancia de 24
de febrero de 2015, proferido por la Oficina de Control Disciplinario del Departamento de
Policía de Santander, dentro del expediente DESAN-2014-65, por la presunta comisión
de una falta grave ocurrida el 16 de febrero de 2014, relacionada con la supuesta entrega
de un arma de fuego.

Adujo que dicha sanción fue confirmada en segunda instancia mediante decisión de 30
de marzo de 2015, proferida por el Inspector Delegado de la Regional Cinco de la Policía
Nacional, sin que, a su juicio, se hubieran corregido las falencias probatorias advertidas.

Sostuvo que, con posterioridad, la Dirección General de la Policía Nacional ejecutó la
sanción a través de la Resolución núm. 02337 de 2015, ordenando su retiro del servicio
activo y la correspondiente inhabilidad.

Indicó que, en sede judicial, el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga 3,
mediante sentencia de 18 de diciembre de 2018, negó las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho formulada contra la referida Resolución núm.
02337 de 2015, al concluir que el proceso disciplinario se adelantó con observancia del
debido proceso.

3 En adelante el Juzgado.

2

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Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

Inconforme con la anterior decisión interpuso recurso de apelación y, en segunda
instancia mediante sentencia de 20 de marzo de 2025, el Tribunal se inhibió de
pronunciarse sobre la legalidad de la Resolución núm. 02337 de 2015 al estimar que se
trataba de un acto de mera ejecución.

Agregó que, interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, el cual fue
concedido por el Tribunal; no obstante, el Consejo de Estado, mediante auto de 4 de julio
de 2025, lo rechazó por improcedente.

Como fundamento de la acción de tutela, el accionante sostuvo que este mecanismo
resulta idóneo y procedente para la protección de sus derechos fundamentales, en la
medida en que no existe otro medio judicial, ordinario ni extraordinario, que permita
obtener un pronunciamiento de fondo sobre el acto administrativo mediante el cual fue
destituido de su carrera profesional en la Policía Nacional.

Agregó que la sanción disciplinaria impuesta conlleva su exclusión definitiva del ámbito
laboral, así como un deterioro grave e irreversible de su mínimo vital y el de su núcleo
familiar, circunstancias que hacen de la presente acción de amparo el mecanismo eficaz
e inmediato para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

Sostuvo que en la providencia cuestionada se incurrió en un defecto fáctico, derivado de
una indebida valoración del acervo probatorio, lo cual quebrantó sus garantías
constitucionales.

Adicionalmente, manifestó que la decisión judicial incurrió en un defecto sustantivo, al
abstenerse de ejercer el control judicial integral respecto de la Resolución núm. 02337 de
2015, acto administrativo definitivo y autónomo. Lo anterior, al limitarse a calificar dicho
acto como un “simple acto de ejecución irrestricta”, omitiendo inaplicar o, cuando menos,
cuestionar la interpretación y aplicación que la jurisprudencia reiterada del Consejo de
Estado ha adoptado en asuntos análogos.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 19 de diciembre de 20254 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto de 14 de enero de 20265 la admitió y dispuso notificar6 al Tribunal
Administrativo de Santander, como autoridad judicial accionada; así como vincular7 al
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga y a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, como terceros con interés directo en el resultado
del proceso.

4 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 08229 00.
5 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 08229 00.
6 Esta orden se cumplió el 16 de enero de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 08229 00.
7 Ibidem.

3

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Accionante: Julio Cesar Mancipe Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

De igual forma, se requirió tanto al Juzgado como al Tribunal para que allegaran copia
digital del expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, identificado con radicado núm. 68001 33 33 005 2015 00382 00/01/02.

3.2. El Tribunal Administrativo de Santander8 allegó informe en el que solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, que se nieguen las
pretensiones, al considerar que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del
accionante.

Indicó que la acción de tutela no cumple el requisito de inmediatez, por cuanto la
providencia del 20 de marzo de 2025, aquí cuestionada, fue notificada a las partes el 4
de abril de 2025, mientras que la acción constitucional fue presentada el 19 de diciembre
de 2025, es decir, más de ocho (8) meses y once (11) días después, superándose así el
término de seis (6) meses que la jurisprudencia ha considerado como plazo razonable
para acudir al juez constitucional.

Agregó que tampoco se satisface el requisito de relevancia constitucional, toda vez que
la parte actora no cumplió con la carga argumentativa mínima que permita justificar la
intervención del juez de tutela, pues lo que en realidad se evidencia es una mera
discrepancia frente a la decisión judicial adoptada, pretendiendo utilizar la acción de
amparo como una instancia adicional para controvertirla.

Respecto del defecto fáctico, señaló que todas las pruebas obrantes en el expediente
fueron debidamente valoradas, en tanto se realizó un estudio pormenorizado de cada uno
de los elementos de juicio, tal como quedó consignado en la providencia hoy cuestionada.

Precisó que el sentido de la decisión, aunque desfavorable a los intereses del accionante,
obedeció a una valoración razonada, objetiva y conforme a las reglas de la sana crítica,
y no a una omisión o apreciación arbitraria del material probatorio.

3.3. El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga9 presentó informe en el que
solicitó su desvinculación del trámite, al considerar que la providencia que hoy se discute
no corresponde a una actuación proferida por dicho despacho judicial.

Adicionalmente, indicó que los fundamentos constitucionales y legales de las decisiones
adoptadas se encuentran debidamente expuestos en las providencias proferidas dentro
del proceso ordinario, y que de la revisión integral del expediente se desprende que, en
el desarrollo de la actuación judicial, se garantizó el debido proceso, así como las demás
garantías constitucionales y legales.

3.4. El Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional10 allegó informe en el que solicitó
se declare la improcedencia de la acción de tutela al no advertirse la existencia de
vulneración alguna a los derechos fundamentales de la parte accionante como tampoco
un perjuicio irremediable.

8 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 08229 00.
9 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 08229 00.
10 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 08229 00.
4

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Radicado:11001 03 15 000 2025 08229 00
Accionante: Julio Cesar Mancipe Ramírez
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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 11 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,12 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201914, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.

4.2. CUESTIÓN PREVIA

Se observa que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga, en el
informe rendido, solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela.

Para resolver dicha solicitud, es preciso señalar que el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991 regula lo relativo a la legitimación en la causa por pasiva, en los siguientes términos:

Artículo 13. Personas Contra Quien se Dirige la Acción e Intervinientes. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos,
sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud.

De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre
de 200615, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva de la siguiente forma:

En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia
T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).

11 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
12 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
13 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
15 Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.

5

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La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al
demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor
le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr
que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el
demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no
es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o
cuando no es su conducta la que inflige el daño. (Destaca el Sala)

En atención a lo expuesto, la Sala considera que no es procedente acceder a la solicitud
de desvinculación presentada por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Bucaramanga. Lo anterior, por cuanto de la revisión del expediente correspondiente al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se advierte que dicha autoridad judicial
profirió la sentencia de primera instancia, la cual fue posteriormente confirmada por el
Tribunal, circunstancia que evidencia su participación directa y relevante en las
decisiones objeto de cuestionamiento en la presente acción de tutela.

En ese orden de ideas, su permanencia en el trámite constitucional resulta necesaria, en
tanto garantiza la debida contradicción como la eficacia de la decisión que se adopte en
el presente asunto.

4.3. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente16:

4.3.1. El accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Resolución núm. 2337 de 2015, por medio del cual
se ejecutó el fallo disciplinario de primera instancia, expedido por la Oficina de Control
Interno Disciplinario el 24 de febrero de 2015 y confirmado en segunda instancia el día
30 de marzo de 2015 por el Inspector Delegado Regional Cinco de la Policía Nacional.

4.3.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado, que, mediante sentencia de 18
de diciembre de 2018, resolvió negar las pretensiones de la demanda.

4.3.3. Inconforme con la decisión anterior, el accionante interpuso recurso de apelación,
y el Tribunal, mediante sentencia de 20 de marzo de 2025, se inhibió de pronunciarse
sobre la nulidad del acto acusado.

4.3.4. El accionante interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
contra la sentencia de segunda instancia de 20 de marzo de 2025 ante el Tribunal, el cual
fue concedido mediante auto de 6 de junio de 2025 ante esta Corporación.

16 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado

con radicado núm. 68001 33 33 005 2015 00382 00/01/02.
6

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4.3.5. Mediante providencia de 4 de julio de 2025, la Subsección “A” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, rechazó por improcedente el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad de la tutela es
la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales, ésta debe formularse
en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza o vulneración,
pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter excepcional.

En este sentido, en la sentencia SU-354 de 201717, la Corte Constitucional destacó que
la importancia de exigir un término razonable entre la notificación de la providencia que
se controvierte y la interposición de la acción de tutela, radica en que dicho requisito: “(…)
(i) garantiza una protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas
de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las solicitudes
negligentes (…)”.

La citada Corporación estableció dos eventos en los que es posible valorar la
admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que hubiese transcurrido un
largo período respecto de la vulneración o amenaza de derechos: (i) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación es continua y actual; y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a
quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho
de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros18.

La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto, teniendo en cuenta,
entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del
accionante; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición19.

De manera similar, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-069 del 21 de junio de
201820, explicó lo siguiente:

17 Corte constitucional. Sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería

Mayolo.
18 Sentencia T-584 de 2011.
19 Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-069 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

7

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Accionante: Julio Cesar Mancipe Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

[…] la tutela debe interponerse dentro de un término oportuno y razonable, es
decir, en un momento cercano a aquel en que se presentó la vulneración o
amenaza. No obstante, también ha considerado que en los eventos donde la
afectación permanece en el tiempo el requisito debe flexibilizarse no solo porque
la posición desfavorable es continua y actual, sino por la situación de debilidad en
que puede hallarse el accionante […].

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del
5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia21 y, en cuanto al requisito de inmediatez,
estableció que: “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente
(…)”. (Negrillas del texto).

Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales, por regla general,
la acción se debe interponer dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de
la providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional,
los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en
consideración las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre
el accionante.

En el asunto bajo examen, se observa que el accionante cuestiona la sentencia del 20
de marzo de 2025, proferida por el Tribunal, mediante la cual se inhibió de pronunciarse
respecto de la nulidad de la Resolución núm. 02337 del 27 de mayo de 2015, expedida
por el Director General de la Policía Nacional, al considerar que dicho acto no era
susceptible de control judicial.

En ese contexto, y comoquiera que la referida sentencia fue notificada el 4 de abril de
202522 al correo electrónico del accionante, mientras que la presente acción de tutela fue
radicada el 19 de diciembre de 202523, se advierte que la solicitud de amparo no
satisface el requisito de inmediatez, por cuanto fue promovida transcurridos más de seis
(6) meses desde la notificación de la providencia cuestionada, superando así el plazo
razonable fijado por la jurisprudencia constitucional para acudir al juez de tutela.

Adicionalmente, la Sala no observa alguna circunstancia que justifique su inactividad
procesal durante dicho lapso, ni se advierte, prima facie, que se encuentre en una
situación de debilidad manifiesta que explique o excuse la interposición tardía de la
acción. En consecuencia, no se identifica circunstancia excepcional alguna que permita
validar la presentación extemporánea de la presente tutela.

Por otro lado, se considera que, en el presente asunto, no se satisface el requisito general
de subsidiariedad, toda vez que la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que
la afectación del derecho fundamental al debido proceso, que da lugar a la interposición
del recurso extraordinario de revisión, puede configurarse incluso cuando se profiere un
fallo inhibitorio como en el presente caso.

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014.

M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001 03 15 000 2012 02201 01.
22 Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 68001

33 33 005 2015 00382 02.
23 Visto en los índices 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 08229 00.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado:11001 03 15 000 2025 08229 00
Accionante: Julio Cesar Mancipe Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

En efecto, la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia
de 12 de diciembre de 202224, señaló lo siguiente:

“[…] Bajo una concepción mucho más amplia y garantías, que por demás no deja
de ofrecer críticas, la causal de nulidad originada en la sentencia se ha extendido
a la violación del debido proceso en los términos del artículo 29 de la Constitución
Política y, dentro de ese marco, la jurisprudencia se ha ocupado de identificar
variados vicios que darían lugar a su configuración25, tales como: (i) haberse
dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación al debido
proceso, (ii) haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue
vinculada al proceso, (iii) proferir una sentencia sin motivarla, (iv) dictar un fallo
inhibitorio injustificado y, (v) faltar al principio de congruencia, ente otros. […]”. (Se
destaca)

En esas condiciones, quien alega que una sentencia de última instancia ha vulnerado su
derecho fundamental al debido proceso, e invoca y sustenta elementos que integran su
núcleo esencial, no puede acudir directamente a la acción de tutela, salvo que demuestre
la configuración de un perjuicio irremediable, pues cuenta con el recurso extraordinario
de revisión como mecanismo judicial idóneo para la protección de dicha garantía
constitucional.

Lo anterior, en la medida en que la acción de tutela tiene naturaleza residual y subsidiaria,
y la jurisprudencia ha precisado que el derecho fundamental al debido proceso, cuando
se estime vulnerado o amenazado por una sentencia que no admite recurso ordinario
alguno, puede ser amparado mediante el ejercicio del recurso extraordinario de revisión.

Ahora bien, en cuanto a la eventual configuración de un perjuicio irremediable que habilite
el ejercicio de la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala observa que, a
partir de los supuestos fácticos y jurídicos expuestos en el escrito de amparo, no se
acreditan circunstancias que permitan inferir que el accionante se encuentre en una
situación de debilidad manifiesta o de especial vulnerabilidad que haga necesaria la
intervención urgente, inmediata e impostergable del juez constitucional para la protección
de sus derechos fundamentales.

En consecuencia, sin que resulte necesario efectuar consideraciones adicionales, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela, por cuanto no se cumple con los requisitos
generales de inmediatez y subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

24 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera- Subsección A, sentencia

de 12 de diciembre de 2022, expediente 11001 03 26 000 2019 00185 00, Consejero Ponente: José
Roberto Sáchica Méndez.
25 Al respecto ver: Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 25 Especial de

Decisión, sentencia del 20 de agosto 2021, expediente 11001 03 15 000 2020 02925 00, Consejera
Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico.
9

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Radicado:11001 03 15 000 2025 08229 00
Accionante: Julio Cesar Mancipe Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Bucaramanga, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Julio
Cesar Mancipe Ramírez, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 19 de
febrero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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