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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08107-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08107-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Departamento del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por el Fondo de Previsión del Congreso de la República, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-08107-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2025 08107 00
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República -
FONPRECON
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A
Acción: Acción de Tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Niega amparo. No se configura el defecto sustantivo invocado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República - FONPRECON, contra la sentencia del 17 de julio de 2025
proferida por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 25000
23 42 000 2017 00186 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

FONPRECON promovió acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para
ello, formuló las siguientes pretensiones1:

PRIMERA: Amparar los derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia y debido proceso, vulnerados al Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República – FONPRECON, representada legalmente por el Doctor
LUIS ENRIQUE CORTES CALLEJAS, en calidad de Director General de la
entidad.

SEGUNDA: Dejar sin efecto la sentencia proferida por la Sala de lo contencioso
administrativo Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, dentro
del proceso de Nulidad y restablecimiento del derecho, número 25000-23-42-000-
2017-00186-01 (4705-2024).

TERCERA: Ordenar a la Sección Segunda del Consejo de Estado que, dentro de
los 30 días siguientes a la notificación del fallo de tutela, profiera una nueva
sentencia de segunda instancia, en la que se inaplique el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024, por estar suspendida su vigencia de conformidad con el auto 841
del 17 de junio de 2025, proferido por la Honorable Corte Constitucional.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 08107 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado:11001 03 15 000 2025 08107 00
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República - FONPRECON
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La entidad accionante informó que, mediante la Resolución núm. 3033 del 24 de julio de
1979, el Departamento del Valle del Cauca reconoció y autorizó el pago de una pensión
vitalicia de jubilación en favor del señor Alberto Montoya Reza, al considerar que había
prestado sus servicios a la entidad territorial por un término de 20 años y a la fecha de
presentación de la solicitud tenía 50 años de edad.

Agregó que, para el reconocimiento de dicha prestación, le tuvieron en cuenta tiempos
ininterrumpidos de servicio en el Ministerio de Justicia entre el 13 de julio de 1953 y el 11
de julio de 1963 y en el Municipio de Dagua entre el 14 de marzo de 1949 y el 17 de abril
de 1973.

Relató que el 23 de febrero de 1999, el señor Montoya Reza solicitó ante FONPRECON
el reconocimiento y pago de una prestación económica de jubilación, sin informarle al
Fondo que ya percibía una pensión de jubilación por parte del Departamento del Valle
del Cauca.

Manifestó que, como respuesta de dicha solicitud, mediante la Resolución núm. 250 del
13 de febrero de 2003, FONPRECON le reconoció al señor Montoya Reza una pensión
vitalicia de jubilación, efectiva a partir del 20 de julio de 1998, teniendo en cuenta los
tiempos de servicio ante el Ministerio de Defensa en el período comprendido entre el 5
de julio de 1945 y el 1 de junio de 1946, con Ferrocarriles Nacionales entre el 1 de enero
de 1947 y el 23 de enero de 1949, así como los tiempos de servicio ante el Ministerio de
Justicia y el Municipio de Dagua que ya se habían tenido en cuenta por el Departamento
del Valle del Cauca, por lo que considera que se configura una doble percepción
pensional con recursos públicos, prohibida por el artículo 128 de la Constitución Política.

Señaló que la anterior situación fue detectada en el año 2009, por lo que se iniciaron
investigaciones administrativas y penales por el presunto delito de fraude procesal y en
2017, la Fiscalía General de la Nación ordenó la suspensión del pago de las mesadas
pensionales, medida que fue acatada por la entidad.

Indicó que, en virtud de la citada suspensión del pago de la mesada pensional, el señor
Montoya Reza interpuso acción de tutela contra FONPRECON, la cual fue negada en
primera instancia; sin embargo, en segunda instancia el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca concedió el amparo y ordenó que se reanudara el pago de la pensión. En
cumplimiento de dicha decisión, FONPRECON restableció el pago y reconoció el
retroactivo correspondiente.

Anotó que el señor Montoya Reza murió el 3 de octubre de 2019 y que, con ocasión de
su fallecimiento, la pensión fue sustituida a favor de su cónyuge supérstite, la señora
Lucia Montoya de Montoya.

Advirtió que “de acuerdo con documentos obrantes en el expediente pensional se
observa que, verificado el estado de la cédula de ciudadanía en la página de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, correspondiente a la señora LUCIA MONTOYA
DE MONTOYA, esta se encuentra cancelada por muerte”2.

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 08107 00.

2

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Radicado:11001 03 15 000 2025 08107 00
Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República - FONPRECON
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A

Expuso que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho (lesividad) en contra de la Resolución núm. 250 de 2003,
mediante la cual se reconoció una pensión vitalicia de jubilación en favor del señor Alberto
Montoya Reza.

La demanda correspondió por reparto a la Subsección C, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, mediante del 5 de junio de 2024 negó las
pretensiones de la demanda.

Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación y la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 17 de julio de 2025 la
revocó y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de
control al considerar que “el término de caducidad de 5 años previsto en el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024, es plenamente aplicable tanto en los procesos promovidos después
de la entrada en vigor de la norma (16 de julio de 2024), como en aquellos que se
encontraban en curso, exceptuándose, en todo caso, aquellas pensiones que hubieren
sido otorgadas mediante fraude o con ocurrencia de algún delito”3.

Como fundamento de la acción de tutela, la entidad accionante adujo que, en el presente
asunto (i) se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y (ii) la sentencia objeto de cuestionamiento incurrió en un
defecto sustantivo.

En relación con el alegado defecto sustantivo, argumentó que la autoridad judicial
accionada, al utilizar de oficio la caducidad prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024, hizo aplicación de una norma que habría perdido vigencia por disposición de la
Corte Constitucional, comoquiera que, mediante Auto 841 de 2025, se suspendió la
entrada en vigencia de dicha ley, lo que, a su juicio, configuró una interpretación
irrazonable y lesiva de sus derechos e intereses.

Resaltó que la providencia acusada es posterior a la fecha del precitado auto por lo que,
bajo su consideración, “se reúne el requisito específico para la procedencia de la tutela
al configurarse uno de los requisitos de procedibilidad para que el juez constitucional
revise la actuación emanada de la autoridad accionada”4.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 18 de diciembre de 20255 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto de 13 de enero de 20266 la admitió y dispuso notificar7 a la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como autoridad judicial
accionada; así como vincular8 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 08107 00.
6 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 08107 00.
7 Esta orden se cumplió el 16 de enero de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 08107 00.
8 Ibidem.

3

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Radicado:11001 03 15 000 2025 08107 00
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Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A

Segunda, Subsección C, al Departamento del Valle del Cauca y a la señora Lucía
Montoya de Montoya, como terceros con interés directo en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió tanto al Tribunal como a la Sección Segunda de esta
Corporación para que allegaran copia digital del expediente correspondiente al proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con radicado núm. 25000 23 42
000 2017 00186 00/01, el cual fue remitido9.

3.2. El magistrado ponente de la decisión de primera instancia proferida en el proceso
ordinario objeto de debate, allegó escrito10 en el que solicitó que se niegue el amparo
deprecado por la entidad accionante.

Manifestó que en la sentencia dictada el 5 de junio de 2024 se encuentran consignados
los argumentos que condujeron a negar las pretensiones de la demanda. Adicionalmente,
señaló que “en el presente caso no se configuran los requisitos dispuestos por la
Honorable Corte Constitucional, para que la acción de tutela proceda contra providencias
judiciales, sino que, por el contrario, lo que pretende la entidad accionante es que se surta
una tercera instancia”.

3.3. El consejero ponente de la sentencia acusada rindió informe11 en el que sostuvo que
la presente solicitud de amparo no cumple con los requisitos de procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial. Al respecto, explicó que la decisión cuestionada fue
proferida por el juez competente, en el marco de la segunda instancia, con observancia
de las formas propias del proceso y con motivación suficiente, pues se delimitó el
problema jurídico y se explicó, de manera expresa, por qué procedía estudiar y declarar
de oficio la caducidad del medio de control con base en la regla del artículo 86 de la Ley
2381 de 2024.

Adicionalmente, frente a los defectos alegados, señaló lo siguiente:

[…] ninguno de los defectos invocados por el accionante se configuró en el
presente caso. No hubo defecto sustantivo, porque la Sala aplicó de manera
razonada la normatividad vigente, explicando la pérdida del beneficio en 2003 y la
sujeción de la nueva solicitud al Decreto 1164 de 2012. Tampoco se presentó
desconocimiento del precedente, puesto que la decisión no se apartó de manera
arbitraria de las reglas fijadas por la Corte Constitucional o por el propio Consejo
de Estado, sino que distinguió el supuesto fáctico concreto y aplicó la
jurisprudencia de manera contextualizada. Menos aún se acreditó una violación
directa de la Constitución, ya que la providencia fue proferida por el juez
competente, con plena garantía del debido proceso, y sin que se hubiera omitido
la aplicación de mandatos superiores ni adoptado una interpretación contraria a la
Carta Política […].

3.4. El apoderado del Departamento del Valle del Cauca presentó escrito12 en el que se
opuso a las pretensiones de la parte accionante y solicitó que se desvincule a dicho ente
territorial del presente trámite tutelar por falta de legitimación en la causa por pasiva,

9 Visto en los índices 9 y 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 08107 00.
10 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 08107 00.
11 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 08107 00.
12 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 08107 00.
4

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Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A

comoquiera que dicha entidad no es la llamada a desvirtuar las presuntas vulneraciones
de derechos fundamentales alegadas por la parte actora

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 13 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,14 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202115, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201916, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente17:

4.2.1. El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – FONPRECON,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho (lesividad) contra la Resolución núm. 250 de 13 de febrero de 2003 por la cual
se reconoció una pensión mensual vitalicia de jubilación en favor del señor Alberto
Montoya Reza.

4.2.2. La demanda correspondió por reparto a la Subsección C, Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, por auto del 26 de febrero de 2018 la
admitió y dispuso vincular al Departamento del Valle del Cauca en calidad de litis consorte
necesario.

4.2.3. Surtido el trámite correspondiente, mediante sentencia del 5 de junio de 2024, la
Subsección S, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resolvió
negar las pretensiones.

4.2.4. Inconforme con la decisión anterior, la parte accionante interpuso recurso de
apelación y la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 17 de julio de 2025 la revocó y, en su lugar, declaró probada de oficio la
excepción de caducidad del medio de control.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

Frente a la solicitud de desvinculación presentada por el Departamento del Valle del
Cauca, la Sala considera que no está llamada a prosperar, toda vez que dicha entidad
13 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
14 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
15 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
16 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
17 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado

con radicado núm. 25000-23-42-000-2017-00186-00.
5

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fue vinculada al presente trámite de tutela en calidad de tercero con interés directo en el
resultado del proceso, comoquiera que en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho objeto de debate en esta sede constitucional fue vinculada como litis consorte
necesario.

En consecuencia, su permanencia en el trámite resulta necesaria para garantizar la
eficacia de la decisión que se adopte en el presente asunto, así como para salvaguardar
su derecho de contradicción frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

En ese sentido, la Sala se pronunciará sobre (i) los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial y, de estar cumplidos, descenderá a (ii)
los requisitos o causales especiales de procedibilidad invocados en el caso concreto.

4.4.1. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial

El primer requisito general de procedencia que debe verificarse es la relevancia
constitucional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional18 para que
esté cumplido es necesario que se reúnan los siguientes tres criterios: (i) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales; (ii) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; e (iii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
de los jueces.

De este modo, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será
improcedente por no superar la relevancia constitucional19.

(i) El primer criterio, implica que el asunto involucre un debate que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental20.

En el asunto bajo examen, la parte actora alegó la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, con
fundamento en que la providencia acusada, que revocó la de primera instancia, declaró
probada de oficio la caducidad aplicando una norma que se encontraba suspendida.

Así las cosas, la Sala considera que, como el reproche de la entidad accionante tiene que
ver con que no había lugar a declarar la caducidad del medio de control, podría resultar
18 Sentencia SU-573 del 27 de noviembre de 2019. Criterio reiterado en la Sentencia SU-128 de 2021 y

SU-103 de 2022.
19 Sobre los elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29 de

septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001 03 15
000 2022 02850 01.
20 Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2019.

6

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involucrado el derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia en
la medida que la controversia planteada en el proceso ordinario no fue resuelta o decidida
de fondo en la sentencia de segunda instancia, y teniendo en cuenta que, dentro de las
garantías del derecho al debido proceso está el acceso efectivo a la administración de
justicia, se tiene que el requisito de relevancia constitucional también está acreditado en
relación con el debido proceso.

Por consiguiente, el primer criterio de la relevancia está cumplido, toda vez que el debate
propuesto por la parte actora gira en torno al contenido del derecho fundamental al debido
proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.

(ii) El segundo criterio que compone el requisito general de relevancia constitucional, esto
es, preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional, implica que la discusión planteada no se limite a la
determinación de aspectos legales o de evidente naturaleza o contenido económico 21.

En este caso, el segundo elemento de la relevancia se acredita, toda vez que la discusión
planteada por la parte actora no gira en torno a un aspecto netamente legal o económico,
sino que, como quedó visto, el debate compromete, eventualmente, el contenido y
alcance de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia.

(iii) El tercer componente de la relevancia constitucional es impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces22.

En este caso, el tercer elemento también se supera, debido a que la entidad accionante
no está utilizando la acción de tutela como una instancia adicional para reabrir el debate
y continuar cuestionando lo resuelto por el juez natural de la causa, comoquiera que en
el proceso ordinario no tuvo la oportunidad de controvertir la decisión de declaratoria de
caducidad dispuesta en el fallo de segunda instancia. Luego, la decisión que se ataca por
vía de tutela es un aspecto que no fue discutido en el transcurso del proceso ordinario y,
en ese escenario, es sorpresiva para las partes interesadas pues no se trataba del objeto
de apelación.

Por lo anotado, el requisito general de relevancia constitucional está superado por cuanto
están cumplidos los tres elementos que la componen.

Ahora bien, frente a los demás requisitos generales de procedencia de la acción de tutela,
la Sala advierte lo siguiente:

(i) La parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para controvertir la
decisión de segunda instancia acusada; (ii) la acción de tutela se presentó dentro de un
término razonable23 habida cuenta que la providencia acusada fue notificada el 13 de

21 Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2019.
22 Ibidem.
23 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014,

Radicado nro. 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera, donde se dijo que
acogiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional era razonable que se presentara el amparo máximo
en seis (6) meses después de notificada la providencia que se cuestionaba en sede constitucional, sin
perjuicio de estudiar en cada caso, las circunstancias particulares para determinar el cumplimiento del
requisito de inmediatez.
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agosto de 2025 y la tutela fue radicada el 16 de diciembre de 2025; (iii) la accionante
manifestó en qué irregularidades incurrió la sentencia cuestionada; (iv) no se trata de una
providencia contentiva de una sentencia de tutela y (v) la situación que se afirma generó
la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada.

En consecuencia, y comoquiera que están cumplidos los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, hay lugar a descender al
estudio del defecto sustantivo invocado por la entidad accionante.

4.4.2. Requisitos o causales especiales de procedibilidad invocados en el caso
concreto

En este caso, lo alegado por la entidad accionante es que la sentencia acusada incurrió
en defecto sustantivo. Esta causal alude al aspecto normativo que sustenta las
decisiones judiciales y se erige como causal de procedibilidad de la acción de tutela en
contra de providencias en consideración a que, si bien la competencia asignada a los
jueces para interpretar y aplicar las normas jurídicas se encuentra amparada por los
principios de autonomía e independencia, esta no es absoluta, pues al ser una atribución
que emana de la función pública de administrar justicia está limitada por los valores,
principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho24.

Los criterios señalados suponen que la irregularidad que se invoca debe ser de tal
importancia y gravedad que haya dado lugar a una decisión violatoria de derechos
fundamentales, pues la configuración del defecto sustantivo no puede darse a partir de
cualquier diferencia con la interpretación en que se funda una decisión judicial; ello, ya
que el derecho es dinámico y constituye una ciencia cultural en la que bien pueden
debatirse vías jurídicas distintas para resolver un mismo caso, y todas ellas resultar
razonables y compatibles con las garantías y derechos fundamentales de los sujetos
procesales, pues son distintas las escuelas de pensamiento jurídico y variados los
métodos de interpretación que se utilizan para resolver un problema. Precisamente de
ello deriva la autonomía de los jueces en su labor de administración de justicia y la
necesidad de establecer órganos de cierre.

Ahora bien, resulta pertinente precisar que en la jurisprudencia constitucional se han
identificado varias situaciones que ponen de presente la existencia de un defecto material
en una providencia judicial25. En atención a los presupuestos que las configuran, dichos
eventos pueden agruparse en i) el defecto sustantivo que plantea un conflicto en relación
con la fuente formal de la providencia que se ataca y, ii) el defecto sustantivo en torno
al método de interpretación de la norma jurídica que fundamenta la decisión, a saber:

• Defecto sustantivo respecto de la fuente:

Tiene lugar cuando la sentencia se fundamenta en una norma que indiscutiblemente no
es aplicable al caso bajo examen por cuanto, es inexistente, ha sido declarada contraria
a la Constitución, está derogada o ha perdido vigencia. Asimismo, tiene lugar este defecto
cuando de forma manifiestamente arbitraria se aplica una norma legal que no se adecúa
a la situación fáctica del caso, lo cual debe ser debidamente alegado y probado ante el

24 Corte Constitucional, Sentencia T-757 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera, en la cual se reitera lo

señalado en las sentencias SU-399 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, SU-400 de 2012 M.P.
(e): Adriana María Guillén Arango, SU-416 de 2015 M.P.: Alberto Rojas Ríos y SU-050 de 2017 M.P.: Luis
Ernesto Vargas Silva.
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juez constitucional, a riesgo de desconocerse la autonomía del funcionario judicial que
dictó la providencia.

• Defecto sustantivo en torno al método:

Se configura cuando la fuente formal de la sentencia radica en una norma aplicable al
asunto bajo examen, por lo que hay acuerdo al respecto, pero la hermenéutica que de
ella se hace no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable y aceptable,
o “[…] la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes […]”26, o cuando se fija el alcance de una norma
desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar
una interpretación sistemática.

4.4.3. Caso concreto

En el asunto bajo examen, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República -
FONPRECON controvierte la sentencia proferida el 17 de julio de 2025 por la Subsección
A, Sección Segunda del Consejo de Estado, que revocó la dictada el 5 de junio de 2024
por la Subsección C, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
núm. 25000 23 42 000 2017 00186 00/01, y, en su lugar declaró probada la caducidad
del medio de control al considerar lo siguiente:

[…] el término de caducidad de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024 es plenamente aplicable tanto en los procesos promovidos después de la
entrada en vigor de la norma (16 de julio de 2024) como en aquellos que se
encontraban en curso; exceptuándose, en todo caso, aquellas pensiones que
hubieren sido otorgadas mediante fraude o con ocurrencia de algún delito.

37. En consecuencia, en virtud de la facultad prevista en el inciso segundo del
artículo 187 del CPACA, será procedente que esta Sala declare la caducidad de
la acción de encontrarse probado que han transcurrido más de cinco (5) años
desde la fecha en que se efectuó el reconocimiento de la pensión, incluso si el
proceso ya se encontraba en curso para la fecha en que entró en vigor el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024; esto último, aun si el demandado no la propuso como
excepción.

Caso concreto.

38. Está probado que al señor Alberto Montoya Reza le fue reconocida pensión
de vejez mediante la Resolución 250 del 13 de febrero de 2003, cuya nulidad se
demanda en el presente asunto.

39. Se observa, que la demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 20 de enero de 2017.

40. Así las cosas, comoquiera que la demanda fue interpuesta más de trece (13)
años después de haberse proferido el acto administrativo censurado, esta
Subsección declarará de oficio la excepción de caducidad de la acción de
conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 […].

26 Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera.

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La entidad accionante alega que, en la precitada decisión se aplicó de oficio la figura
jurídica de la caducidad prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, norma que,
aduce, perdió vigencia por disposición de la Corte Constitucional, mediante el Auto 841
de 2025. Adicionalmente, resaltó que la providencia cuestionada fue proferida con
posterioridad a la expedición de dicho auto constitucional.

La Sala advierte que, en el caso en cuestión, no se configuró el defecto sustantivo
invocado por la parte actora, por las razones que pasan a explicarse.

(i) Por auto 841 del 17 de junio 2025, la Corte Constitucional dispuso, entre otras cosas,
“SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de las normas
de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena
decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo que se refiere a
lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada ley”.

(ii) Mediante comunicado núm. 27 de esa misma fecha, esto es, el 17 de junio de 2025,
el presidente de la Corte Constitucional de la época informó lo siguiente:

La Corte Constitucional, por unanimidad de los integrantes de su Sala Plena,
ordenó devolver a la presidencia de la Cámara de Representantes la Ley 2381 de
2024, “por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral
para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones”,
para que se subsane el vicio de procedimiento identificado.

(iii) El 10 de julio de 2025, el presidente de la Subsección A, Sección Segunda del
Consejo de Estado de la época, convocó a sesión virtual para someter a consideración,
entre otros proyectos, el identificado con el radicado núm. 25000 23 42 000 2017 00186
00/01, objeto de debate en esta acción constitucional, tal como se evidencia a
continuación:

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(iv) Mediante comunicado del 11 de julio de 2025, el presidente de la Corte Constitucional
de la época informó lo siguiente:

Bogotá D.C. 11 de julio de 2025

Sobre unas recientes declaraciones del Presidente de la República relacionadas
con el expediente D-15.989 sobre la reforma pensional, es preciso informar que:

• El ponente, que es el Presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge
Enrique Ibáñez Najar, desmiente que esté detrás de alguna estrategia para hundir
la reforma pensional.

• Hasta ahora no se ha podido terminar de firmar el Auto 841 del 17 de junio de
2025, que ordenó la subsanación, en tanto está en proceso de recolección de
firmas el Auto en mención. El asunto se llevará a la próxima Sala Plena, que se
cumplirá el 23 de julio del presente año.

• Con base en el comunicado de prensa relacionado con el Auto 841,
https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/comunicado-27-junio-17-de-
2025 que ordenó la subsanacion, el Gobierno nacional convocó a sesiones
extraordinarias y la Cámara de Representantes adelantó un trámite sobre el
cual no ha rendido informe a la Corte.

• Por lo tanto, el proceso está suspendido hasta tanto se firme el Auto 841 y
ulteriormente se analice y se revise el informe que la Cámara de Representantes
aún no ha remitido.

Jorge Enrique Ibáñez Najar
Presidente

(Subrayas fuera del texto original)

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(v) El 17 de julio de 2025, el presidente de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo
de Estado de la época, convocó a sesión virtual para someter a consideración, entre otros
proyectos, el identificado con el radicado núm. 25000 23 42 000 2017 00186 00/01, objeto
de debate en esta acción constitucional, tal como se evidencia a continuación:

En dicha Sala de decisión del 17 de julio de 2025 quedó aprobado el fallo que es
cuestionado en esta sede constitucional.

(vi) El auto 841 del 17 de junio de 2025 dictado por la Corte Constitucional fue notificado
por estado el 14 de agosto de 2025, tal como se advierte a continuación:

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Conforme lo anterior, la Sala advierte que, si bien mediante auto 841 del 17 de junio de
2025, la Corte Constitucional suspendió la aplicación de la Ley 2381 de 2024, dicho auto
fue notificado el 14 de agosto de 2025, es decir, con posterioridad a la fecha en que se
profirió el fallo hoy acusado que declaró de oficio la caducidad del medio de control objeto
de debate en esta sede constitucional.

Adicionalmente, es pertinente resaltar que la autoridad judicial accionada registró el fallo
en cuestión para debatir en Sala, el 10 de julio de 2025, antes del comunicado del 11 de
julio de 2025 emitido por la Corte Constitucional en el que, dicho sea de paso, se indicó
que el auto no estaba firmado por todos los integrantes de la Sala Plena y que por tal
motivo el proceso quedaba suspendido.

Por lo anterior, para el momento en que se debatió la sentencia de segunda instancia
controvertida por la entidad accionante aún no se había suspendido la Ley 2381 de 2024
en la que se fundamentó para declarar la caducidad del medio de control, por lo tanto,
aún se encontraba vigente.

En consecuencia, sin que resulte necesario efectuar consideraciones adicionales, la Sala
negará el amparo deprecado por FONPRECON, por cuanto el defecto sustantivo
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invocado no se encuentra configurado. Ello, por cuanto, la autoridad judicial accionada
aplicó una norma vigente al momento en que profirió el fallo del 17 de julio de 2025
cuestionado, comoquiera que a esa fecha aún no estaba firmado en su totalidad, ni se
había notificado, el auto que suspendió la norma aplicada al caso en concreto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Departamento del
Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por el Fondo de Previsión del Congreso de la
República, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 26 de
febrero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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