Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00033-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00033-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00033-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00033-01
Accionante: Marco Antonio López Varela
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 12
de febrero de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Quinta.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 19 de diciembre de 20251, Marco Antonio López Varela, a través de apoderado,
interpuso acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia,
que considera vulnerados por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Montería
y el Tribunal Administrativo de Córdoba, debido a que, mediante auto del 24 de abril
de 2024, el primero rechazó la demanda; decisión que fue confirmada por el
segundo el 18 de julio de 2025, en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 23001333300320240013900/01.
2. Hechos
2.1. El hoy accionante interpuso demanda3 contra la Nación – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución 4128
del 9 de octubre de 2023. A título de restablecimiento del derecho solicitó, entre
otras cosas, ordenar a la referida entidad i) reintegrarlo al cargo de teniente coronel
activo, sin solución de continuidad; ii) pagarle las diferencias salariales de las
prestaciones sociales, los aportes al sistema de seguridad social y los demás
1 Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, 60648543175F6847 A4BA60B0324AF547
17EC65C5C3581EC1 33CFD0CE2DA725F5.
2 Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 253398264A5E0896 55558B8AF47E93FF
2BE591560B6C3378 D785CFE20A241C9A.
3 Archivo denominado “02 demanda”, carpeta “C01 Expediente principal” visible a índice 12 de SAMAI del
expediente de primera instancia, certificado D5DA0E1F46E1EF4E 2F2CC24E2BECACD1
2C70D61129F9FA23 122AB0BE909D9CA2.
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Accionante: Marco Antonio López Varela
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emolumentos a los que tenía derecho en dicho cargo y que dejó de percibir; y iii)
cancelar los perjuicios inmateriales sufridos con ocasión del retiro del servicio.
2.2. El 24 de abril de 20244, el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Montería, en
auto de primera instancia, rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de
la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.3. Inconforme con la decisión, el señor López Varela interpuso recurso de
apelación.
2.4. Mediante providencia del 18 de julio de 20255, el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Segunda de Decisión, confirmó la decisión apelada.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo que:
3.1. Las providencias censuradas incurrieron en un defecto sustantivo, porque el
rechazo de la demanda por haber operado la caducidad del medio de control se
“basó en una interpretación totalmente errónea de la normatividad que indica desde
cuándo se perfecciona la notificación del acto administrativo.”
Así, teniendo en cuenta el contenido de la Resolución 4128 de 2023 del Ministerio
de Defensa Nacional, el inciso 3 del artículo 67 del CPACA, lo definido en la sentencia
de 26 de abril de 2018 del Consejo de Estado y, especialmente, en la sentencia de
unificación SUJ-26-22, para que la notificación del acto administrativo se entienda
legalmente cumplida, es obligatorio, necesario e inexcusable la entrega, no solo de
la resolución de retiro del servicio, sino también de copia del acta de la junta asesora
que lo recomendó, pues de lo contrario no pueden iniciarse los términos judiciales
de caducidad de la acción. En consecuencia, se desconoció que se trató de un acto
administrativo complejo integrado por la resolución que decidió su retiro del cargo y
el acta que recomendó el retiro.
4 Archivo denominado “05 Auto rechaza”, carpeta “C01 Expediente principal” visible a índice 12 de SAMAI del
expediente de primera instancia, certificado D5DA0E1F46E1EF4E 2F2CC24E2BECACD1
2C70D61129F9FA23 122AB0BE909D9CA2.
5 Archivo denominado “04 Auto resuelve recurso”, carpeta “C02 Segunda instancia” visible a índice 12 de SAMAI
del expediente de primera instancia, certificado D5DA0E1F46E1EF4E 2F2CC24E2BECACD1
2C70D61129F9FA23 122AB0BE909D9CA2.
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En ese orden, la Resolución 4128 de 09 de octubre de 2023 se entiende notificada
solo hasta el 27 de noviembre de 2023, cuando se expidió copia del acta 07 de la
sesión ordinaria del 23 de septiembre de 2023. Por lo tanto, el término de caducidad
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho inició el 28 de
noviembre de 2023 y finalizó el 2 de junio de 2024, razón por la cual la demanda sí
fue radicada oportunamente el 10 de abril de 2024.
3.2. Las autoridades judiciales accionadas desconocieron el precedente
jurisprudencial contenido en la segunda regla de derecho fijada en la sentencia SUJ-
26-22 del Consejo de Estado que definió que, “[e]n la diligencia de notificación del
acto de retiro del servicio al interesado, la correspondiente institución deberá
entregarle copia de la referida recomendación y sus soportes; y de comportar
carácter reservado, de igual modo, se deberá garantizar su acceso a ellos, con la
obligación de preservar tal condición”.
4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“3.1. Ampárese los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad ante la ley
y acceso a la administración de justicia del Teniente Coronel En Retiro MARCO
ANTONIO
LÓPEZ VALERA -C.C: 2989396- y contra los Accionados por haberse declarado la
caducidad de la acción y rechazado la demanda dentro del proceso
23001333300320240013900 de nulidad y restablecimiento del derecho laboral.
3.2. Declárese la nulidad de los siguientes autos dictados dentro del proceso
23001333300320240013900 y 23001333300320240013901:
• Auto del 24.04.2024 del JUZGADO 03° ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MONTERÍA por medios del cual se rechaza la demanda.
• Auto del 18.07.2025 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA -SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN- por medio del cual se confirmó el rechazo de la demanda.
3.3. TERCERO: Ordénese a los ACCIONADOS dictar la providencia que se
corresponda
respetando los derechos fundamentales invocados y donde se admita la demanda.”6
(Resaltado original del texto).
6 Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
253398264A5E0896 55558B8AF47E93FF 2BE591560B6C3378 D785CFE20A241C9A, folio 1.
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5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Mediante auto del 26 de enero de 20267, se admitió la acción de tutela y se
vinculó al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. También se dispuso la
notificación a las partes y a la entidad vinculada.
5.2. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional8 señaló que el accionante
pretende reabrir el debate que culminó en sede ordinaria, sin que se observe
vulneración a derechos o un perjuicio irremediable.
Finalmente, aseveró que las decisiones reprochadas aplicaron correctamente las
normas que regulan la caducidad del medio de control, analizaron las fechas
relevantes y concluyeron, con fundamento legal, que el término había sido
superado. Adicionalmente, garantizaron el derecho de defensa, pues el actor
interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto de fondo.
5.3. El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Montería9 sostuvo que la providencia
acusada valoró adecuadamente los medios probatorios disponibles y que fueron
aportados con la demanda; en consecuencia, no se configuran los defectos
alegados por el accionante ni se vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.
5.4. El Tribunal Administrativo de Córdoba no se pronunció10.
6. Fallo de tutela de primera instancia
El 12 de febrero de 202611, el Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró
improcedente la acción de tutela al no cumplir el requisito de relevancia
constitucional.
7 Índice 4 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado
87B90D7923B2B947 90B1BC9BC1D68DC4 05F2A93E8BB83901 0AFD64C89D6D2B99.
8 Índice 11 de SAMAI, certificado
38197E47F363B7D9 EA776BD6417EA24B DC83D4DD9E841F89 FBF58071E737CC1E, ibid.
9 Índice 14 de SAMAI, certificado
E113CDD33A9A9D05 A31E32201CAE52D5 1D75F32357C310FC 456BF1461F5AFDA1, ibid.
10 Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que el Tribunal Administrativo de
Córdoba hubiera rendido informe, pese a la notificación electrónica surtida obrante a índice 7 de SAMAI del
expediente de primera instancia.
11 Índice 16 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado
4724FE62189D6375 B3E82BEE86B29ED0 A9FC592AE690E4FA 241C03FBE07B1DDD.
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El a quo constitucional consideró que no se cumplía con el requisito de relevancia
constitucional, pues el accionante pretende reabrir un debate propio del juez natural
sobre una situación definida y consolidada. Adicionalmente, sostuvo que un
desacuerdo en relación con las conclusiones de la decisión acusada no puede ser
razón para que el juez constitucional intervenga en la protección de los derechos
fundamentales, puesto que, aceptar lo contrario, sería invadir la órbita del juez
natural.
En ese orden, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre dichas
garantías en contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada, que
amerite la intervención en sede constitucional.
7. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación12,
en el que manifestó lo siguiente:
7.1. El a quo constitucional desconoció que el sub lite sí reviste de relevancia
constitucional, pues se discute la vulneración de los derechos al acceso a la
administración de justicia, debido proceso e igualdad.
7.2. Las autoridades judiciales accionadas desconocieron el precedente
jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ-SII-
26-2022 del 7 de abril de 2022, emitida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
según la cual, en los casos de retiro de oficiales de la Fuerza Pública, la legalidad
de la notificación del acto administrativo comprende la obligación de entregar al
interesado copia del acta de la Junta Asesora y sus soportes. En efecto, en dicha
providencia se estableció que “[e]n la diligencia de notificación del acto de retiro del
servicio al interesado, la correspondiente institución deberá entregarle copia de la
referida recomendación y sus soportes”.
En ese orden, se debe tener en cuenta que la Resolución 4128 del 9 de octubre de
2023 señala que el acta 07 de la sesión ordinaria del 23 de septiembre de 2023
12 Índice 21 de SAMAI, certificado 8732B187C3436EBB C74215D47D715E1B 883365290A1C2F88
87A9C3917A51522D, ibid.
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hace parte integral de aquella; en ese sentido, las accionadas desconocieron que
se trató de un acto administrativo complejo integrado por la resolución que decidió
su retiro del cargo y el acta que recomendó el retiro.
8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante auto del 2 de marzo de 202613, el a quo concedió la impugnación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019, esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 12 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Quinta.
2. Cuestión previa
A pesar de que el tutelante atacó las providencias de primera instancia del 24 de
abril de 2024 y la del 18 de julio de 2025, que la confirmó, la Sala analizará
únicamente la segunda en mención, puesto que se observa que esta fue la que
concluyó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado
23001333300320240013900/01.
3. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales y, en caso afirmativo, establecerá
si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
13 Índice 24 de SAMAI, certificado F28F86E85D198B15 C20200FCF6B24E54 55AC40F52F3B76F7
80A8DA1E28BC5CEE, ibid.
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4. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad14 y de procedencia15 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
5. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
5.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”.16
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber17: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202218, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
14 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
15 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
16 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
17 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
18 Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
5.2. Para la Sala resulta evidente que los cargos formulados no satisfacen el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un intento de
revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.
5.3. En el caso concreto, el señor López Varela cuestiona, en esencia, que el
Tribunal Administrativo de Córdoba incurrió en un defecto sustantivo, porque el
rechazo de la demanda por haber operado la caducidad del medio de control se
“basó en una interpretación totalmente errónea de la normatividad que indica desde
cuándo se perfecciona la notificación del acto administrativo.”
Así, afirma que teniendo en cuenta el contenido de la Resolución 4128 de 2023 del
Ministerio de Defensa Nacional, el inciso 3 del artículo 67 del CPACA, lo definido en
la sentencia del 26 de abril de 2018 del Consejo de Estado y, especialmente, en la
sentencia de unificación SUJ-26-22, para que la notificación del acto administrativo
se entienda legalmente cumplida, es obligatorio, necesario e inexcusable la entrega
no solo de la resolución de retiro del servicio, sino también de copia del acta de la
junta asesora que lo recomendó, pues de lo contrario no pueden iniciarse los
términos judiciales de caducidad de la acción. En consecuencia, se desconoció que
la Resolución 4128 del 9 de octubre de 2023 señala que el acta 07 de la sesión
ordinaria del 23 de septiembre de 2023 hace parte integral de aquella; de manera
que se trató de un acto administrativo complejo.
En ese orden, a su juicio, la Resolución 4128 de 09 de octubre de 2023 se entiende
notificada solo hasta el 27 de noviembre de 2023, cuando se expidió copia del acta
07 de la sesión ordinaria del 23 de septiembre de 2023. Por lo tanto, el término de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho inició el
28 de noviembre de 2023 y finalizó el 2 de junio de 2024, razón por la cual la
demanda sí fue radicada oportunamente el 10 de abril de 2024.
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5.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en el auto del 18 de julio de
2025 emitido por el Tribunal Administrativo de Córdoba, se observa el siguiente
análisis textual:
“ […] Ahora bien, en cuanto a la inconformidad del recurrente respecto de que no ha
operado la caducidad del medio de control en el sub judice, por considerar que el
término debe contarse a partir del 27 de noviembre de 2023 —fecha en que fue
notificada el Acta No. 07 del 23 de septiembre de 2023 de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares— en razón a que, en su
criterio, la Resolución No. 4128 del 9 de octubre de 2023 y dicha acta conforman una
unidad de contenido destinada a integrar un único acto administrativo complejo, la
sala advierte que no le asiste razón a la parte actora, conforme se pasa a explicar.
[…] Es diáfano entonces que la Resolución No. 4128 del 9 de octubre de 2023 y el
Acta No. 7 del 23 de septiembre de 2023 de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional para las Fuerzas Militares no conforman un acto administrativo
complejo, pues, si bien este tipo de actas tienen la connotación de actos
administrativos de trámite al ser consideradas como recomendaciones, solo son
demandables ante la jurisdicción cuando impidan continuar con la actuación
administrativa, lo que no sucede en el asunto.
De esta forma, el acto administrativo contenido en el Acta No. 07 del 23 de septiembre
de 2023 de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas
Militares no es pasible de ser atacado a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho al no ser un acto administrativo definitivo, ya que, se
reitera fue emitido como recomendación de la Resolución No. 4128 de 2023, que es
el acto acusado y que define la situación del actor.
En ese orden, no es viable alegar la fecha de notificación de esta como el día desde
el cual debe hacerse el cómputo del término de caducidad de la acción, pues, la
resolución que ordena el retiro del servicio activo del señor Marco Antonio López
Varela se dio por llamamiento a calificar servicios, por ende, no es dable exigir una
motivación expresa o soporte documental de esta, como tampoco la correspondiente
recomendación de la junta asesora. Así lo refirió el Consejo de Estado en la sentencia
de unificación SUJ-SII-26-2022 del 7 de abril de 2022 […]
Descendiendo al caso que nos ocupa, del plenario no se extrae que la decisión de
retirar del servicio al demandante esté precedida por una sanción adoptada dentro
de un trámite disciplinario, de modo que, conforme la jurisprudencia transcrita, y,
como se dijo con antelación, la Resolución No. 4128 del 9 de octubre de 2023, fue
notificada el 10 de octubre de 2023, de acuerdo con la constancia aportada por el
actor10, por lo que, la contabilización del término de caducidad para atacar la
legalidad de dicho acto empieza a correr desde el día siguiente, esto es, 11 de
octubre de 2023, fecha de materialización o ejecución de su retiro.
De esta manera, al haberse efectuado el retiro definitivo del actor el 11 de octubre de
2023, -día siguiente de habérsele notificado la decisión adoptada-, el término de
caducidad de 4 meses para impetrar el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho empezó a correr a partir de esa fecha y vencía el 11 de febrero de 2024,
no obstante, dicha fecha correspondió a un domingo, por lo que, conforme lo
dispuesto en el artículo 62 de la Ley 4 de 1913, el término se venció al día hábil
siguiente, es decir, el 12 de febrero de 2024.
Pese lo anterior, el demandante elevó solicitud de conciliación extrajudicial el 12 de
febrero de 2024, esto es, el mismo día en que fenecería el término para impetrar la
demanda, por lo tanto, se suspendió el término de caducidad de la acción hasta el
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día siguiente en que se realizara esta, lo cual ocurrió el 8 de abril de 2024, por ende,
el señor López Varela tenía como límite para incoar el medio de control el 9 de abril
de 2024, y, la demanda fue interpuesta el 10 de abril de 2024, lo que quiere decir
que, en el caso de marras operó el fenómeno de la caducidad del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, tal y como lo estableció el a quo.”19
(Resaltado original del texto).
5.5. Luego de lo relatado, se observa que en sede de tutela la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por
la autoridad judicial accionada en el auto de segunda instancia censurado.
Pues bien, el Tribunal Administrativo de Córdoba realizó un recuento jurisprudencial
sobre la definición de acto administrativo y la diferencia entre actos definitivos y de
trámite, así como de la naturaleza de las actas de las juntas asesoras o los comités
de evaluación, las cuales calificó como actos de trámite; para tal efecto, trajo a
colación de manera expresa la providencia del 26 de abril de 2018 proferida por el
Consejo de Estado.
Descendiendo al caso concreto, encontró probado que la Resolución 4128 del 9 de
octubre de 2023 y el Acta 7 del 23 de septiembre del mismo año de la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares no constituyen un acto
administrativo complejo, en tanto esta última corresponde a un acto de trámite que
contiene una recomendación y no define de manera directa la situación jurídica del
administrado, por lo que no es susceptible de control judicial autónomo, salvo que
impida continuar la actuación, circunstancia que no se presenta en el caso.
En consecuencia, sostuvo que el acto definitivo y demandable es la resolución que
dispuso el retiro del servicio del entonces demandante, sin que resulte procedente
tomar como punto de partida para el cómputo de la caducidad la notificación del
acta de la Junta Asesora, máxime cuando, tratándose del retiro por llamamiento a
calificar servicios, no se exige motivación expresa ni la entrega de soportes
adicionales, para lo cual citó la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ-SII-
26- 2022 del 7 de abril de 2022 emitida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
radicado 52001-23-31-000-2009-00349-01.
19 Archivo denominado “04 Auto resuelve recurso”, carpeta “C02 Segunda instancia” visible a índice 12 de
SAMAI del expediente de primera instancia, certificado D5DA0E1F46E1EF4E 2F2CC24E2BECACD1
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Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro
El tribunal determinó que la Resolución 4128 de 2023 fue notificada el 10 de octubre
de 2023, por lo que el término de caducidad comenzó a correr a partir del 11 de
octubre del mismo año, fecha en la que se materializó el retiro del servicio. Por lo
tanto, los 4 meses para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho vencían el 11 de febrero de 2024; sin embargo, al coincidir esta fecha con
un día inhábil, el plazo se extendió hasta el 12 de febrero siguiente. Aseveró que, si
bien el entonces demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial en esta
última fecha, lo que suspendió el término de caducidad hasta la realización de la
audiencia el 8 de abril de 2024, el plazo se reanudó al día siguiente, esto es, el 9 de
abril de 2024, siendo esta la fecha límite para interponer la demanda. No obstante,
aquella se radicó el 10 de abril de 2024, razón por la cual operó el fenómeno de la
caducidad del medio de control.
5.6. Respecto al argumento orientado al desconocimiento del precedente fijado por
el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, esta última corporación ha sostenido
que establecer su configuración exige que el accionante vincule la falta de aplicación
de una regla jurisprudencial con la violación de una garantía fundamental o, en otros
términos, que explique con suficiencia por qué el precedente con identidad fáctica y
jurídica era aplicable en su caso y de qué forma la inobservancia de tales
consideraciones o reglas jurisprudenciales afectó sus garantías fundamentales.20
Ahora, en el sub lite, el accionante cita la sentencia de unificación jurisprudencial
CE-SUJ-SII-26-2022 del 7 de abril de 2022 emitida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, sin indicar la similitud fáctica y jurídica que permita
acertadamente concluir que en efecto se incurrió en la causal específica invocada,
para ligar de manera inescindible los fundamentos de hecho con una situación que
pudiera transgredir los derechos fundamentales de los que es titular. Esta falta de
sustento impide el análisis del cargo y exime a la Sala de realizar un estudio de
fondo, lo que permite concluir que el defecto alegado carece de relevancia
constitucional.
El respeto al precedente exige no solo la referencia a decisiones previas, sino
también la exposición clara y estructurada de los puntos de coincidencia entre los
20 Compárese, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 11 de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00033-01
Accionante: Marco Antonio López Varela
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro
casos analizados, con el fin de demostrar que el fallo objeto de censura se apartó
injustificadamente de la jurisprudencia aplicable.
5.7. Así, para esta Subsección es claro que el accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como
se observó, los reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate
que tuvo lugar en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con
el fin de que prevalezca su interpretación sobre la acogida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, en el proceso 23001333300320240013900/01. Cuestión
distinta es que la parte accionante no comparta el sentido de la decisión adoptada,
aspecto que desborda el ámbito de competencia del juez constitucional, en tanto no
le corresponde definir la forma en que el juez natural debe decidir.
Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada21, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario.22
6. Bajo esta línea argumentativa, en el sub lite no se encuentra acreditado el
requisito de relevancia constitucional; en consecuencia, la acción tuitiva resulta
improcedente, como lo concluyó el a quo, razón por la que se confirmará el proveído
impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
21 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
22 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00033-01
Accionante: Marco Antonio López Varela
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 12 de febrero de 2026, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró la improcedencia de la
solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
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