Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00055-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00055-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00055-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00055-00
Demandante OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VELÁSQUEZ
Demandada CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Proceso de
responsabilidad fiscal. Obra inconclusa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por el señor Omar Ricardo Diazgranados
Velásquez, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 19 de diciembre de 2025, el señor Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
interpuso acción de tutela, mediante apoderado judicial, contra el Consejo de
Estado, Sección Primera, por considerar vulnerado su derecho fundamental al
debido proceso, con ocasión de la sentencia de 16 octubre de 2025 proferida en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 47001-23-33-000-2015-
00021-01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«9.1.- Se sirva amparar de forma integral, el derecho fundamental al debido proceso del señor
OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VELÁSQUEZ, por la vulneración de la sección
accionada, al confirmar la sentencia del 12 de diciembre de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena.
9.2.- En virtud de lo anterior, solicitamos se ordene al Despacho del Dr. Oswaldo Giraldo
López, o quien lo reemplace, a que profiera una nueva decisión al interior del citado
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se valoren
adecuadamente los argumentos expuestos».
2. Hechos
Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
2.1. El señor Omar Ricardo Diazgranados Velásquez presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Contraloría General del Departamento del Magdalena, en la que solicitó la
declaratoria de nulidad de los actos administrativos mediante los cuales fue
declarado fiscalmente responsable en su calidad de gobernador del
Magdalena.
2.2. En sentencia de 12 de diciembre de 2018, el Tribunal Administrativo del
Magdalena (radicado 47001-2333-000-2015-00021-00) negó las pretensiones de
la demanda.
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Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
El tribunal explicó que se acreditó una conducta dolosa o gravemente culposa
por parte del gobernador del Magdalena, el señor Omar Ricardo Diazgranados
Velásquez, quien dispuso la liquidación del contrato de obra 081 de 9 de
febrero de 2007, cuyo objeto consistió en la recuperación del centro histórico
del Distrito de Santa Marta con la construcción de la primera etapa del proyecto
del Parque Taykú.
La autoridad judicial reconoció que tal contrato se encontraba suspendido por
falta de recursos, debido a que en el año 2007 fueron embargados por el
Fondo de Previsión Social, a pesar de que fueron girados por el Ministerio de
Cultura en cumplimiento de un convenio interadministrativo suscrito entre el
Departamento de Magdalena y el Distrito de Santa Marta.
No obstante, el señor Omar Ricardo Diazgranados Velásquez se limitó a
liquidar el contrato sin adelantar todas las gestiones administrativas,
financieras y contractuales necesarias y tendientes a terminar la ejecución de
la obra, pese a que esta se encontraba ejecutada en un 70%. Tal circunstancia
obligaba a los intervinientes del contrato y en especial a la administración a
terminar, al menos, la primera fase del proyecto y así satisfacer el interés de
la comunidad.
El Tribunal explicó que para el periodo en el que ostentó su calidad de
gobernador del Departamento del Magdalena el actor fungió como gestor fiscal
en la actividad contractual. Por lo tanto, tenía el deber legal de vigilar y llevar
hasta su término la ejecución del contrato, so pena de incurrir en las sanciones
a que hubiere lugar. Aseguró que al demandante le corresponde
responsabilizarse por el daño derivado de una deficiente e inadecuada
planeación contractual al no haber realizado las gestiones necesarias para
terminar la obra inconclusa.
La autoridad judicial también consideró que se acreditó el daño patrimonial, ya
que la Gobernación del Departamento del Magdalena realizó pagos por la
suma de $2.483’603.388 en virtud del contrato 081 del 9 de febrero de 2007,
sin culminar la obra. Esto generó el menoscabo de los derechos colectivos de
los ciudadanos, pues no se recuperó el espacio público del centro histórico de
la ciudad de Santa Marta con la construcción del precitado proyecto.
Finalmente, el juez colegiado encontró acreditada la relación de causalidad
entre la conducta y el daño patrimonial. La ineficiente gestión fiscal adelantada
por el señor Omar Diazgranados Velásquez, en calidad de gobernador del
Departamento del Magdalena, en la etapa final del proyecto influyó en la
paralización de la obra y en su mala ejecución contractual.
2.3. La anterior providencia fue apelada por el señor Omar Ricardo Diazgranados
Velásquez.
2.4. Mediante sentencia de 5 de junio de 20251, el Consejo de Estado, Sección
Primera confirmó el fallo de primera instancia.
Explicó que, contrario a lo afirmado por el recurrente, no se probó su diligencia
para que los recursos estatales invertidos en la construcción de la primera
etapa del Parque Taykú no se perdieran; en vez de esto, se dejó una obra
inconclusa.
Precisó que en el recurso de apelación el recurrente centró su atención en
explicar cuál fue la causa de los embargos y de la falta de liquidez presupuestal
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El mensaje de datos a efectos de surtir la notificación de la sentencia de segunda instancia se remitió el 19 de junio de
2025. La notificación se entiende realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje, conforme
lo establece el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011.
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Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
del Departamento, que a su juicio afectó el normal desarrollo del proyecto. Al
respecto, la autoridad judicial resaltó que en la demanda no se expuso ningún
fundamento en ese sentido y que el recurso de apelación no era una instancia
para adicionar argumentos que no fueron invocados en la oportunidad debida
y frente a los cuales el demandado no tuvo la posibilidad de defenderse.
Aseguró que era deber del gobernador proteger el recurso público, garantizar
la culminación de la obra y velar por la adecuada inversión de los recursos del
Estado. En vez de ello, se generaron pagos por una obra inconclusa.
Por último, se desestimó el cargo del actor consistente en que se violó su
debido proceso, por irregularidades presentadas en el procedimiento
administrativo de responsabilidad fiscal adelantado en su contra.
3. Fundamentos de la acción
Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, la parte actora argumentó que el Consejo de
Estado, Sección Primera incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, por las
razones que se exponen a continuación.
3.1. Defecto fáctico: se incurrió en valoración irracional de pruebas
determinantes, pues la sentencia reprochada mantiene la condena fiscal con
base en la premisa de que el gobernador no fue diligente y que debía
garantizar la culminación de la obra. Sin embargo, no se confrontó el acervo
documental según el cual existía una imposibilidad real de culminar el proyecto
dado el contexto financiero en que se encontraba la Gobernación. Este último
estaba desfinanciado y fue objeto de un embargo previo.
La parte actora indicó que las fuentes de financiación del contrato se originan
en el Convenio Interadministrativo 1377 de 12 de octubre de 2006, suscrito
entre el Ministerio de Cultura, la Gobernación y el Distrito de Santa Marta.
Posteriormente, se celebró el contrato de obra 081 de 2007 de 9 de febrero de
2007, esto es en la administración anterior, con un plazo de ejecución inicial
de seis meses.
Narró que a finales del año 2007 ocurrió una sustracción legal de recursos. El
dinero girado por el Ministerio de Cultura con destinación específica para el
Parque Taykú fue embargado por el Fondo Prestacional del Congreso. Este
hecho se encuentra acreditado en la certificación del Ministerio de Cultura de
15 de abril de 2010. El embargo se produjo como consecuencia de un acuerdo
de pago que el anterior gobernador suscribió con la directora del Fondo
Prestacional del Congreso, lo cual está acreditado mediante acuerdo de pago
del 6 de diciembre de 2007. Por lo tanto, para el 1 de enero de 2008, fecha de
posesión del señor Diazgranados, los recursos para terminar la obra ya no
existían.
El otro hecho crucial ignorado por la autoridad judicial accionada es que el
Magdalena estaba sometido a un acuerdo de reestructuración de pasivos. Bajo
este régimen, el gobernador no tiene autonomía plena para gestionar recursos
o contraer nuevas deudas. Cualquier movimiento requiere la aprobación del
Comité de Vigilancia y de la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF en adelante) del
Ministerio de Hacienda. Las actas del consejo de gobierno y las
comunicaciones con la DAF acreditan que no había autorización para nuevos
endeudamientos o adiciones presupuestales para obras. Por ende, exigirle al
señor Diazgranados que consiguiera dinero en este contexto constituye un
imposible fáctico y jurídico.
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En consecuencia, es errado concluir que la falta de ejecución fue una decisión
discrecional del gobernador. Realmente, la liquidación del contrato respondió
a la insuficiencia de recursos originada por la sustracción legal de recursos
ocurrida en el año 2007 previo a la administración del actor; no resulta
jurídicamente viable culminar una obra en ausencia de disponibilidad
presupuestal.
El Consejo de Estado no valoró el acuerdo de pago del 6 de diciembre de 2007
ni la certificación del Ministerio de Cultura del 15 de abril de 2010. Estos
documentos tienen un valor probatorio relevante, pues demuestran que el
dinero fue sustraído legalmente vía embargo y acuerdo por la administración
anterior. Tales pruebas indicaban saldo cero o recursos embargados en las
cuentas del convenio. Ignorar esa realidad financiera, así como las pruebas
que dan cuenta de esto, constituye un defecto fáctico.
Por otra parte, manifestó que tampoco era cierta la afirmación del Consejo de
Estado, según la cual era viable terminar la obra teniendo en cuenta que esta
tenía un avance del 70%. Tal tesis desconoce las pruebas técnicas y
financieras aportadas al plenario y demuestra que el juez confundió viabilidad
técnica con viabilidad financiera. La viabilidad de terminar el 30% restante no
dependía del concreto vertido, sino de la disponibilidad presupuestal.
De otro lado, consideró que se desconoció el oficio de empalme de 12 de
diciembre de 2007 en el que el señor Diazgranados le solicitó al gobernador
encargado «suspender inmediatamente cualquier pago o acuerdo de pago que implique
tomar recursos de cuentas bancarias inembargables de convenios de destinación específica
como son las del Parque Taykú». Esta prueba documental acredita que el actor
previó el daño y advirtió a quien tenía la competencia para evitarlo, esto es a
su antecesor. De manera que al advertir sobre la inconveniencia de usar los
recursos del Parque Taykú para pagar a Fondo Prestacional del Congreso,
Diazgranados agotó su deber de cuidado en la medida de sus posibilidades
como gobernador electo, sin funciones de ordenación del gasto aún.
Por último, se pasó por alto la certificación del área de presupuesto, según la
cual a noviembre de 2007 existía un saldo de más de $5.098’940.847 en el rubro
de obligaciones contingentes. Esto acredita que la administración anterior
tenía otros fondos para pagar al Fondo Prestacional del Congreso, sin tocar el
dinero del Parque Taykú.
La causa del daño, entonces, fue la mala elección de la fuente de pago por
parte del gobernador anterior, no la gestión posterior del señor Diazgranados.
3.2. Defecto sustantivo: la autoridad judicial accionada aplicó el artículo 5 de la
Ley 610 de 2000 prescindiendo del elemento subjetivo de la responsabilidad
fiscal, esto es dolo o culpa grave. Esto denota que materialmente realizó un
análisis objetivo de la responsabilidad, lo cual está prohibido
constitucionalmente.
El juez administrativo no explicó cómo la conducta de liquidar un contrato
desfinanciado constituye culpa grave. No se comprende de qué forma es
negligente liquidar un contrato que no tiene fondos para continuar.
A su vez, se desconoció el Estatuto Orgánico del Presupuesto, según el cual
está prohibido contraer obligaciones sin el correspondiente certificado de
disponibilidad presupuestal y, el registro presupuestal. Y se interpretó
erróneamente la Ley 550 de 1999 que regula la reestructuración de pasivos.
En cumplimiento de esta última, los recursos disponibles debían destinarse a
pagar las acreencias listadas en el acuerdo.
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4. Trámite e intervenciones
4.1. Mediante auto de 16 de enero de 2026, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Omar Ricardo Diazgranados Velásquez contra el
Consejo de Estado, Sección Primera.
Asimismo, se ordenó notificar como terceros con interés a la Contraloría
General del Departamento del Magdalena, al Ministerio Público y al Tribunal
Administrativo del Magdalena; se reconoció al abogado de la parte actora
como su apoderado judicial; y se ordenó efectuar las notificaciones
correspondientes.
4.2. La Contraloría Distrital de Santa Marta indicó que, aunque en el auto
admisorio no fue vinculada, procedió a verificar el objeto de la acción
constitucional. Ejercicio del cual advirtió que la presunta vulneración de
derechos fundamentales no está relacionada con su actuar, pues en criterio
del actor la trasgresión se deriva de la sentencia de 5 de junio de 2025
controvertida.
4.3. El Consejo de Estado, Sección Primera sostuvo que el asunto no cumple
con el requisito de relevancia constitucional, pues los reproches planteados no
giran en torno al alcance, aplicación o desarrollo de un derecho fundamental,
sino que buscan controvertir las consideraciones de naturaleza legal
contenidas en la sentencia que le fue desfavorable a los intereses del actor.
Lo pretendido, entonces, es reabrir el debate ya resuelto en el proceso
ordinario y cuestionar las decisiones allí adoptadas.
En todo caso, de considerar procedente la acción manifestó que los defectos
alegados no se configuran. Respecto del defecto sustantivo alegado, aseguró
que en el escrito de tutela no se especificó cuál disposición normativa fue
inaplicada o indebidamente interpretada, aspecto indispensable para
estructurar un verdadero defecto sustantivo. Lo que se desprende del
planteamiento del accionante es una mera discrepancia con determinadas
consideraciones contenidas en la sentencia censurada.
En cuanto al defecto fáctico, indicó que la valoración probatoria hecha por el
juez de la causa no puede ni debe considerarse como violación al debido
proceso, salvo que se trate de una evidente arbitrariedad o una ausencia total
de motivación. Tal circunstancia no ocurrió en el caso, puesto que en la
providencia controvertida se expusieron con suficiencia los fundamentos
fácticos, jurídicos y probatorios de la decisión.
A su vez, indicó que no se acreditó la diligencia exigible a quien ostentaba la
condición de máxima autoridad administrativa y ordenador del gasto, para
evitar que los recursos públicos destinados a la construcción de la primera
etapa del Parque Taykú se perdieran y se generara una obra inconclusa.
Sostuvo que tales conclusiones obedecieron a un examen propio del juez
natural, debidamente motivado y adoptado dentro del marco de sus
competencias; y que estas no pueden ser revaluadas en sede de tutela so
pretexto de una simple discrepancia con el sentido de la decisión.
Por lo expuesto, solicitó declarar improcedente la tutela por no cumplir el
requisito de relevancia constitucional; o en su defecto, negar el amparo
solicitado.
4.4. El Tribunal Administrativo del Magdalena sostuvo que el tutelante fungió
como ordenador del gasto dentro de la etapa de ejecución del contrato 081 del
9 de febrero de 2007, celebrado con la U. T. Parque Taykú; y en ese sentido,
incurrió en una deficiente gestión administrativa y financiera que generó
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nuevas suspensiones del proyecto. Por ende, su paralización afectó la
situación financiera del ente territorial.
En su criterio, no se vulneraron los derechos fundamentales del señor
Diazgranados Velásquez, pues no se desatendieron las normas
procedimentales aplicables al caso. La presente solicitud de amparo obedece
más bien a la inconformidad de la parte actora con las decisiones proferidas
por los jueces naturales, pese a que la acción de tutela no es una instancia
adicional. Solicitó negar el amparo.
4.5. En auto de 12 de marzo de 2026, se ordenó notificar a la Contraloría General
del Departamento del Magdalena conforme se dispuso en el auto admisorio.
4.6. La Contraloría General del Departamento del Magdalena aseguró que la
pretensión de la parte actora es improcedente, en tanto que desconoce la
naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela y pretende
convertirla en una instancia adicional para reabrir un debate jurídico ya
concluido.
También aseveró que no se configuran los defectos fáctico y sustantivo
invocados, porque el juez contencioso sí valoró integralmente el acervo
probatorio, la decisión se encuentra debidamente motivada y se fundamenta
en el marco jurídico aplicable y vigente; de manera que se realizó una
interpretación razonada.
Finalmente, sostuvo que no se acredita la existencia de un perjuicio
irremediable que justifique la intervención del juez de tutela como mecanismo
transitorio.
Por lo expuesto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela
interpuesta y en subsidio negar el amparo solicitado por inexistencia de
vulneración de derechos fundamentales.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas cortes
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si la acción interpuesta cumple a cabalidad con los requisitos generales
de procedibilidad, especialmente el de relevancia constitucional.
Solo en caso de superar dicho análisis, y de encontrar satisfechos todos los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial, se determinará si al proferir la sentencia de 5 de junio de 2025 el Consejo
de Estado, Sección Primera incurrió en alguno de los defectos alegados por la parte
actora.
4. Alcance del requisito de la relevancia constitucional de la tutela contra
providencia judicial
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito,
esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de
Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte
Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores3.
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A saber: Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
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La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales.
Para la verificación de este requisito, le corresponde al juez constitucional verificar
que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia adicional al proceso
en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le corresponde
estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la providencia
cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si estos fueron
resueltos integralmente por el juez natural.
5. Análisis del caso
5.1. Como se desprende de lo expuesto previamente, el cumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, tratándose de tutela contra providencia judicial,
implica un conjunto de elementos que deben reunirse. En ese sentido, son
varios los aspectos que se estudian a fin de definir si un asunto es de
relevancia constitucional.
Entre estos elementos, se requiere que la acción constitucional no se esté
empleando como una tercera instancia para reabrir el mismo debate ya surtido
ante el juez natural, que se cumpla con una carga argumentativa suficiente,
entre otras condiciones.
Justamente, la Sala encuentra que la acción constitucional se está empleando
como una instancia adicional, en tanto que los argumentos expuestos en el
escrito de tutela ya fueron objeto de debate ante el juez natural.
En el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia
también se alegaron los siguientes argumentos:
(i) El dinero girado por el Ministerio de Cultura con destinación específica
para el Parque Taykú fue embargado por el Fondo Prestacional del
Congreso. Este hecho se encuentra acreditado en la certificación del
Ministerio de Cultura. Dicho embargo se produjo como consecuencia de
un acuerdo de pago suscrito por el anterior gobernador con la directora
del Fondo Prestacional del Congreso, lo cual está acreditado mediante
acuerdo de pago del 6 de diciembre de 2007.
(ii) Se pasó por alto el oficio de empalme de 12 de diciembre de 2007 en el
que Diazgranados le solicitó al gobernador encargado «suspender
inmediatamente cualquier pago o acuerdo de pago que implique tomar recursos de
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción
de tutela.
Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La
discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.
Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela
contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida
la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
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Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
cuentas bancarias inembargables de convenios de destinación específica como son las
del Parque Taykú».
Esta prueba documental acredita, como se indicó en la apelación, que el
señor Omar Ricardo Diazgranados Velásquez «desde antes de ser
gobernador actuó de buena fe, con planificación».
Allí se exhortó «a no realizar pagos o suscribir acuerdos de pago, no por capricho de
mi representado sino un mandato legal, toda vez que el departamento se encontraba
bajo la ley 550 de 1999, consistente en ley de quiebras».
(iii) El Departamento estaba sometido a la Ley 550 de 1999 que establece el
régimen de reestructuración de los entes territoriales.
En virtud de lo anterior, no podían efectuarse acuerdos de pago o pagos
no autorizados por el Comité de Vigilancia y por su promotora. Y aun así,
contrariando la ley, el anterior gobernador suscribió dicho acuerdo con el
Fondo Prestacional del Congreso y autorizó la toma de recursos de
destinación específica, como eran las cuentas del Parque Taykú, sin
autorización del Ministerio de Hacienda.
(iv) Se desconoció la certificación del área de presupuesto del Departamento
del Magdalena que acredita que este último contaba con un saldo mayor
a cinco mil millones de pesos. Dinero con el cual podía cubrir totalmente
la obligación con el Fondo de Pensionados del Congreso, sin exponer
legal, administrativa y financieramente la ejecución del Parque Taykú. De
manera que el embargo efectuado no era necesario.
(v) El Departamento del Magdalena se encontraba en reestructuración de
pasivos porque estaba quebrado, no tenía recursos para inversión ni en
Santa Marta ni en los demás municipios del ente territorial, la DAF no le
autorizaba suscribir convenios administrativos con entidades del orden
nacional por los malos manejos realizados anteriores al 1 de enero de
2008, es decir antes de la posesión del señor Omar Ricardo
Diazgranados Velásquez en el cargo de gobernador.
Por tal motivo, reprochó que se haya aseverado que el actor no hizo lo
necesario financiera y presupuestalmente para ejecutar el contrato.
(vi) El señor Omar Ricardo Diazgranados Velásquez no actuó con dolo ni
mucho menos generó un daño con su conducta al Departamento del
Magdalena. Su conducta se fundamentó en los principios de la adecuada
administración pública. No había recursos, tampoco había autorización
de la DAF. Por lo tanto, en virtud del incumplimiento del Departamento,
el contratista podía solicitar el pago de indemnizaciones.
De ahí que la decisión de liquidación no obedeció a mala planificación,
sino a que no se encontraba los recursos por los embargos y el acuerdo
de pago suscrito, antes de que el referido ocupara el cargo de gobernador
del Departamento.
Se observa, entonces, que los reparos expuestos en el medio de control son
una reproducción de los argumentos desarrollados en el escrito de tutela. De
manera que la parte actora está empleando la acción como si fuera una
instancia adicional, pues los mismos cargos mencionados ya fueron resueltos
por parte del juez natural. Así se desprende del contenido de la sentencia de
5 de junio de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, en
la cual tales cargos fueron resueltos.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00055-00
Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
Por consiguiente, dado que en el caso se corrobora la identidad de los cargos
expuestos, la Sala considera que la tutela se está utilizando como si fuera un
recurso más propio del debate ante el juez de la causa. De ahí que la acción
interpuesta carece de la relevancia constitucional necesaria, pues se está
empleando como si esta fuera una instancia adicional del medio de control.
5.2. Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye
en sí misma una vulneración de derechos fundamentales. Justamente, lo
advertido en el caso es que la parte actora presentó tutela por no estar de
acuerdo con la decisión de las autoridades accionadas. Sin embargo, tal
discrepancia de criterios no implica una vulneración real a su derecho al debido
proceso.
De manera reiterada, se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto; lo que no ocurre en este caso.
No debe olvidarse que tratándose de providencias judiciales proferidas por
altas cortes (quienes cumplen la función de unificar la jurisprudencia y actuar
como órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones), se exige la
configuración de un error en la providencia judicial acusada que haga que esta
riña de manera abierta con la Constitución Política y que sea incompatible con
la jurisprudencia constitucional. Este elemento no acontece en el caso.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural.
Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.
En consecuencia, si los requisitos generales de procedibilidad no se cumplen,
no hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los presupuestos
generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente, proseguir al
segundo estadio de análisis consistente en determinar si las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos planteados por el tutelante.
6. Conclusión
Con base en lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción, por
considerar que no se satisface el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor Omar
Ricardo Diazgranados Velásquez, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
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Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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