Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2015-00021-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2015-00021-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 47001-23-33-000-2015-00021-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
5 de junio de 2025
Radicación: 47 001 23 33 000 2015 00021 01
Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 47 001 23 33 000 2015 00021 01
Demandante: OMAR RICARDO DIAZGRANADOS VELÁSQUEZ
Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA
Tesis: No es nulo el acto administrativo que declaró fiscalmente
responsable al demandante en calidad de representante
legal del departamento y ordenador del gasto, por
disponer la liquidación del Contrato nro. 081 de 2007,
pese a que las obras para la construcción de la primera
etapa del Parque Tayku quedaron inconclusas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia proferida el 12 de diciembre de
2018 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que denegó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Omar Ricardo Diazgranados Velásquez, actuando por conducto
de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto por el artículo 138 del CPACA
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Radicación: 47 001 23 33 000 2015 00021 01
Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
interpuso demanda en contra de la Contraloría general del departamento
del Magdalena y, para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
“[…]
1. Que se declare la nulidad del acto administrativo de fecha 17 de marzo
del año 2014, por medio del cual se dicta un fallo de responsabilidad
fiscal en el expediente No. 310 tramitado ante la Contraloría General
del Departamento del Magdalena.
2. Que como la decisión de fallo de responsabilidad fiscal fue
controvertido por los recursos de ley que también se declare la nulidad
de los actos posteriores que resuelven la reposición y apelación (Auto
de fecha 13 de junio de 2014, y, Auto de fecha 19 de junio de 2014
respectivamente)
3. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad se decrete el
archivo del expediente y en caso de que se hubiese iniciado el proceso
de jurisdicción coactiva respectiva que también se dé por terminado.
4. Que se elimine a mi poderdante de la base de datos que informa el
boletín de responsabilidad fiscal y del grupo SIRI de la Procuraduría
General de la Nación.
5. Que como consecuencia de lo anterior se ordene el restablecimiento
del derecho al señor OMAR DIAZGRANADOS VEL[Á]SQUEZ y como
consecuencia de ello se ordene:
6. Que sobre dichos perjuicios, que pague sobre las sumas que resultare
condenada, según la petición anterior, en favor del actor o a quien
represente sus derechos, los índices de devaluación monetaria
registrados por el Banco de la República y/o el Departamento
Administrativo de Estadística Dane, durante el curso del proceso y
hasta cuando se verifique el pago a título de indemnización monetaria
de conformidad con lo previsto por el artículo 178 del Código
Contencioso Administrativo.
7. Que se condene al pago de los intereses moratorios en caso de que no
se dé cumplimiento al fallo dentro del término legal, hasta el momento
de su pago, lo anterior de conformidad con el fallo C-188 de 1999 de
la Corte Constitucional.
8. Que se condene al demandado a reconocer y pagar las agencias en
derecho que genere esta actuación.
[…]”. (mayúsculas originales).
Normas invocadas como infringidas y concepto de violación
El demandante afirmó que con la expedición de los actos acusados se
vulneraron las siguientes disposiciones:
Constitución Política: Artículo 29.
Ley 610 de 2000: Artículos 5, 18, 48, 53, 56 y 57.
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Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 47 001 23 33 000 2015 00021 01. Archivo PDF “DEMANDA (…)”.
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Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
Código de Procedimiento Civil: Artículos 51, 53 y 311.
La parte demandante expuso como cargos de violación los siguientes:
Primer cargo. Violación del derecho fundamental al debido proceso y al
derecho de contradicción y defensa
Señaló en concreto que con la expedición del acto administrativo acusado
se transgredió de forma evidente el artículo 29 constitucional, por cuanto
la decisión allí contenida no estuvo ajustada a las normas procesales y se
negó el acceso a la justicia y a un debido proceso.
Segundo cargo. Violación de las normas legales relativas a los requisitos
para declarar la responsabilidad fiscal
Citó lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley 610 de 2000 e igualmente
resaltó los elementos que deben estar cumplidos para declarar la
responsabilidad fiscal atendiendo lo previsto por el artículo 5 de la misma
ley 610, para aseverar que no es suficiente que se haya producido un
daño, sino que además debe estar originado en una actuación dolosa o
culposa del encartado.
Argumentó que “(…) en el fallo de responsabilidad recurrido, no existe ni
siquiera sumariamente, pues está claro no existió, si la conducta de mi
defendido fue a título de culpa grave o dolosa, ni determina que normas
desatendió mi cliente y [que] tipo de normas violentó. En este sentido,
aunque nos esmeramos por debatir lo fallado en el auto recurrido, es claro
que el fallador no hizo claridad sobre este elemento fundamental de la
responsabilidad fiscal, en tanto no determinó ni el tipo de conducta, el
grado de ésta y si esta fue determinante para la ocurrencia del daño, lo
cual está claramente probado, mi cliente no desplegó conducta alguna
que generara un daño a los recursos del Estado (…)”.
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Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
Refirió algunos apartes del fallo de responsabilidad fiscal para ilustrar que
el acto acusado no determinó la conducta culposa o dolosa del señor
Diazgranados Velásquez, así mismo aseguró que en el expediente no
existe un acervo probatorio serio y contundente que permitiera proferir
un fallo con responsabilidad adverso a sus intereses.
Alegó que también existe carencia probatoria, pues la supuesta confesión
extraída de manera irregular y modificada en su versión libre no podía ser
tomada como prueba en contra del actor; que hay carencia absoluta de
pruebas en el fallo de responsabilidad fiscal; que el fallador no constató
que el contrato adicional celebrado nunca llegó a legalizarse, como
tampoco se realizó la operación presupuestal de registro y, en conclusión
que nunca se perfeccionó el contrato, “por lo tanto, es un contrato sin
efecto alguno, pues resulta ser inejecutable, hecho este, que sí conocía
mi defendido, por ello apoyado en un equipo tomó tan responsable
decisión de no continuar con la ejecución del contrato, pues este carecía
de financiación”.
Adujo que la Contraloría incumplió con lo previsto en el artículo 53 de la
Ley 610 de 2000, toda vez profirió un fallo con responsabilidad fiscal sin
pruebas que conduzcan a la certeza de la existencia del daño atribuible a
la conducta del demandante.
Concluyó que “(…) analizado el artículo 5, 48 y 53 de la ley 610 de 2000,
se puede verificar que el fallo con responsabilidad de fecha 17 de marzo
no cumple con los requisitos sustanciales señalados en [las] mencionadas
normas para proferir fallo con responsabilidad fiscal, puesto (sic) no
existe; Una determinación concreta y objetiva de la conducta, no existe
como es lógico un nexo causal entre la conducta y la producción del daño,
como tampoco prueba certera que demuestre la responsabilidad (…)”
Tercer cargo. Violación del artículo 311 del Código de Procedimiento Civil,
en relación con la aplicación del artículo 56 de la Ley 610 de 2000
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Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
Citó lo dispuesto por el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil y el
artículo 56 de la Ley 610 de 2000 e indicó que en el presente caso se
presentaron dos solicitudes de adición en contra de los autos que
resolvieron los recursos de reposición y apelación respectivamente, la
primera fue declarada extemporánea, mientras que la segunda no fue
resuelta.
Frente a la primera solicitud de adición, indicó que “(…) era clara y viene
dispuesto así por el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil. Por lo
tanto, la aplicación de la norma impone que la solicitud de adición debe
ser presentada dentro de los cinco (5) días hábiles después de la última
notificación, lo que nos lleva a concluir que la solicitud de adición que
presenté, a través de apoderado, ante el despacho de Contralor Auxiliar
Departamental del Magdalena fue presentada en el tiempo estipulado por
la ley, es decir dentro del término de ejecutoria, sin embargo este derecho
fue coartado por el fallador, al declarar extemporáneo el recurso,
aduciendo que el t[é]rmino de ejecutoria es de un (1) día contrario a lo
señalado en la norma directamente aplicable, el artículo 56 de la ley 610
de 2000 (…)”.
En cuanto a la segunda solicitud de adición mencionó que “(…) se presentó
frente al auto que resolvió la apelación del fallo con responsabilidad fiscal
del 17 de marzo de 2014, es decir del fallo de segunda instancia a nuestro
entender no se encuentra ejecutoriado hasta que se resuelva la solicitud
de adición, tal como lo dispone el Artículo 302 del Código General del
Proceso (…) No obstante, cuando se pida aclaración o complementación
de una providencia, solo quedar[á] ejecutoriada una vez resuelta la
solicitud se aclara: el fallo solo queda ejecutoriado cuando exista
pronunciamiento positivo o negativo (…)”.
Por lo anterior, adujo que existe una clara irregularidad en el trámite del
proceso de responsabilidad fiscal, por lo que el fallo no está debidamente
ejecutoriado.
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Cuarto cargo. Falta de competencia del superior para decidir sobre el
recurso de apelación
Alegó que existe “(…) incompetencia del funcionario que expide el acto,
toda vez que el superior jerárquico al resolver el fallo de segunda instancia
en recurso de apelación, no esperó el t[é]rmino de ejecutoria del fallo de
primera de instancia para emitirlo, ni siquiera hizo un estudio de fondo
del proceso al fallar en menos de 24 horas, como tampoco avoco el
conocimiento, sino que en acto de apresuramiento despacharon tal
asunto. El artículo 56 de la ley 610 del 2000, como se ha argumentado
establece la ejecutoriedad de las providencias y el artículo 57 la segunda
instancia y es muy explícito las (sic) violación a tales normas (…)”.
Quinto cargo. Desacato a las ritualidades procesales en lo atinente a la
consulta
Hizo referencia en extenso a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 610
de 2000 frente al grado de consulta en los procesos de responsabilidad
fiscal e indicó en qué casos procede y que dicha figura impone el deber
del funcionario de remitir el expediente a su superior jerárquico o
funcional cuando ocurra algunas de las tres condiciones señaladas en
dicho artículo. Que “(…) en este caso el Contralor Auxiliar para las
Investigaciones quien expidió el auto de fallo con responsabilidad fiscal
de fecha 17 de marzo de 2014, en el cual se falló también sin
responsabilidad a favor de Francisco Infante Vergara y Jhon Guerrero, sin
embargo, este funcionario omitió este deber legal de remitirlo (…)”.
Consideró que existió una expedición irregular de los actos acusados
debido a que el funcionario competente omitió su deber de legal de remitir
el expediente al superior jerárquico para resolver el grado de consulta,
ignorando las ritualidades procesales exigidas para que sean válidas las
actuaciones.
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Sexto cargo. Violación a los artículos 51 y 83 del Código de Procedimiento
Civil por la no conformación del litis consorcio necesario: consorcio
Gamma – Unión Temporal Parque Tayku
Este cargo no fue sustentado.
Séptimo cargo. Desconocimiento del debido proceso por desviación de
poder
Aseveró que “(…) [h]ay una desviación de poder porque el funcionario de
primera instancia actúa al parecer con una intencionalidad diferente a la
perseguida por la norma lo que es una prueba directa de ella es la
negación de la solicitud de nulidad del fallo de primera Instancia, el cual
lo declaro (sic) extemporáneo, solicitud de adición del auto que resuelve
el recurso de reposición del fallo de primera instancia, solicitud de adición
de fallo de segunda instancia, solicitud de nulidad y solicitud de
revocatoria directa por la no conformación del Litis consorcio, y por la no
integración del mismo (…)”
Finalmente, concluyó que los artículos 51 y 311 del Código de
Procedimiento Civil y el artículo 56 de la Ley 610 de 2000 “(…) no solo
fueron desconocidos, sino absolutamente violad[o]s, lo que destruye no
solo la presunción de legalidad misma del acto acusado”.
1.2. Contestación de la demanda
La Contraloría general del departamento del Magdalena, actuando por
conducto de apoderado, contestó la demanda en oportunidad y se opuso
a las pretensiones, por considerar que carecían de fundamento fáctico y
jurídico y que los actos acusados fueron expedidos con arreglo a las
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normas y procedimientos relativos al proceso de responsabilidad fiscal,
por lo que también se opuso al restablecimiento solicitado 2.
Luego de referirse a los hechos expuestos en la demanda, solicitó que
fueran desestimadas las pretensiones y se condenara en costas al
demandante. Se pronunció frente a los cargos de la siguiente manera:
(i) “El derecho al debido proceso en materia de responsabilidad fiscal”
Señaló que en diversas ocasiones la Corte Constitucional se ha referido al
derecho al debido proceso en materia de responsabilidad fiscal y
transcribió apartes de la sentencia SU- 620 de 1996, así como también
citó la sentencia C- 832 de 2002, indicando que la Corte reiteró su postura
de que en el trámite del proceso fiscal se deben observar las garantías
sustanciales y procesales que informan el debido proceso y que, “(…)
existe una jurisprudencia constitucional constante en el sentido de que se
deben respetar las previsiones del artículo 29 Superior (…)”.
Aseveró que en el proceso que se adelantó en contra del señor
Diazgranados se demostró que la Contraloría le respetó todas las
garantías constitucionales y legales, se le dio la oportunidad de intervenir
y ejercer su derecho de defensa y, le fueron notificadas todas las
providencias allí proferidas.
(ii) “Elementos de la responsabilidad fiscal”
Sostuvo que el señor Diazgranados Velásquez fue hallado responsable
fiscalmente por ejercer una gestión fiscal irregular, antieconómica e
ineficiente, en razón a que, si bien es cierto no celebró el contrato objeto
de investigación, no debió limitarse solo a liquidar el contrato, sino que
tenía el deber de realizar las gestiones contractuales – administrativas
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Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 47 001 23 33 000 2015 00021 01. Archivo PDF “CONTESTACION
DEMANDA”.
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necesarias para buscar el cumplimiento de los fines estatales, que para el
caso era terminar las obras del Contrato nro. 081 de 2007, máxime
cuando se estableció que se habían ejecutado en un 70%.
Agregó que el hoy demandante al momento de liquidar el Contrato nro.
081 no tuvo en cuenta los $121.605.817 que pertenecían a imprevistos
derivados del AIU “lo que lo forzaba a que de esta suma de dinero se
subsanaran todos los gastos “imprevistos” que se presentan normalmente
en una ejecución de obra como el proyecto Tayku (…) violando los
principios de economía y responsabilidad estipulados en la Ley 80 de 1993
y demás normas concordantes”.
Alegó que no se podía desconocer que la gobernación del Magdalena con
el fin de garantizar la ejecución total de la obra el 25 de junio de 2007
suscribió un contrato adicional al Contrato nro. 081 de 2007 y existió un
informe en el que quedó reseñado que la obra se ejecutó en un 70%, por
lo que resultaba inaceptable que el demandante alegara que no existía el
suficiente recurso económico para terminar de ejecutar la obra
proyectada diez meses después de estar ejerciendo como gobernador y,
por ende como ordenador del gasto, comportamiento que evidenciaba una
falta de cuidado y diligencia en el trámite y dirección de los procesos
contractuales.
Aseveró que no cabía duda alguna “(…) que con la acción y omisión de los
agentes fiscales que intervinieron en el proyecto Parque Tayku, se causó
un daño patrimonial a la administración departamental del Magdalena,
puesto que se cancelaron unas sumas de dinero que estaban destinadas
para financiar la obra Parque Tayku, las cuales a pesar de ser canceladas
no produjeron un beneficio para la comunidad samaria, pues la obra no
cumplió su fin estatal; existiendo un mal manejo de los recursos de la
entidad territorial”.
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(iii) “La adición”
Resaltó que como lo ha advertido la Corte3, los procesos de
responsabilidad fiscal son de carácter administrativo y se rigen por las
normas de la Ley 610 de 2000 y, en los asuntos allí no previstos se remite
a otras fuentes normativas como lo son el Código Contencioso
Administrativo (hoy CPACA) y el Código de Procedimiento Civil (hoy
Código General del Proceso).
Que, descendiendo al caso concreto, el apoderado judicial del señor Omar
Diazgranados solicitó el 25 de junio de 2014 adicionar la providencia por
medio de la cual se resolvió el recurso de reposición que confirmó en todas
sus partes el fallo con responsabilidad fiscal.
Anotó que, conforme al artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, la
adición se puede solicitar dentro del término de ejecutoria de la
providencia y que acorde con el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 los
actos administrativos quedarán en firme cuando contra ellos no proceda
ningún recurso, desde el día siguiente a su notificación.
Alegó que “luego, al arrimar los citados discernimientos legales y
jurisprudenciales al caso sub lite, los mismos, nos fuerzan a deducir
irrefutablemente que la solicitud de adicción (sic) presentada por el
abogado del señor DIAZGRANADOS VELASQUEZ, se tornaba
absolutamente extemporánea, pues la misma no fue presentada dentro
del término de ejecutoria del auto objeto de adicción (sic), pues la fecha
de expedición de la providencia que se pretende adicionar, fue la del 13
de junio de 2014, y notificada por estado el día 17 de junio de la misma
anualidad, lo que quiere decir que esa adicción (sic) debió presentarse,
ese mismo día, y no el día 25 de junio de 2014 como lo hizo el accionante,
es decir, esperó para presentarla más de ocho (8) días; desconociendo
3
Para lo que citó, entre otras, la sentencia SU- 620 de 1996.
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que el término de ejecutoria del auto objeto de adicción (sic), ya había
fenecido, lo que no le permitía acceder a esa figura (…)”.
(iv) “Notificaciones”
Citó el contenido del artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, considerando
que de dicha disposición se desprendía que toda providencia diferente al
auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, al auto de
imputación y el fallo de primera o única instancia se debía notificar por
estado, por consiguiente, el auto que resuelve el recurso de reposición y
concede el de apelación se debía notificar por estado.
Señaló que el artículo 66 de la Ley 610 de 2000 es claro en establecer
que en lo no regulado se debe acudir primero al Código Contencioso
Administrativo (hoy CPACA) y luego al Código de Procedimiento Civil, por
consiguiente, en el caso concreto se debía acudir a la notificación por
estado prevista por el artículo 201 de la Ley 1437 de 2011.
Concluyó que “(…) al aplicar los citados criterios al caso que nos ocupa,
debemos devenir indudablemente que el Auto adiado junio 13 de 2014
por medio del cual se resolvió el recurso de reposición y se concedió el de
apelación al demandante dentro del proceso de responsabilidad fiscal No.
310, se tiene que notificar por ESTADO, además que se desfija el mismo
día en que se fijó el mismo; lo que acarrea que si se notifica por otro
medio o de otra forma, estaríamos trasgrediendo groseramente el
ordenamiento jurídico acoplable al asunto sub examine (…)”.
(v) “Del grado de consulta”
Recalcó que para que el grado de consulta se pueda surtir ante el superior
jerárquico debe haberse dictado i) un auto de archivo; ii) un fallo sin
responsabilidad fiscal o iii) un fallo con responsabilidad fiscal y el
responsable fiscalmente se encuentre representado por un apoderado de
oficio. Argumentó que el caso concreto no se configuró ninguno de los
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tres escenarios para que procediera el grado de consulta; también puso
de presente que la consulta está condicionada a la no interposición del
recurso de apelación por parte de los sujetos legitimados para ello.
(vi) “Ejecutoria de los autos”
Manifestó que el término de ejecutoria del auto o del fallo es precisamente
el plazo que tiene el interesado para ejercer los recursos que la ley le
brinda para impugnar el contenido de la decisión, pero además el
vencimiento del término de ejecutoria le indica al funcionario y a las
partes que la providencia está en firme y, por consiguiente, que es de
obligatorio cumplimiento.
Argumentó que el artículo 56 de la Ley 610 de 2000 numeral 1 frente a
la ejecutoria de las decisiones establece que las mismas quedarán
ejecutoriadas cuando contra éstas no proceda ningún recurso, por ende,
respecto de los autos que se notifican por estado como el del 13 de junio
de 2014, la ejecutoria se produce de inmediato, por cuanto contra la
precitada providencia no procedía recurso alguno.
Consideró que en el caso la Contraloría auxiliar para las investigaciones
al decidir sobre el recurso de reposición y en subsidio de apelación
interpuesto, “se avenía a derecho, en razón de que la interpretación dada
al numeral primero del artículo 56 ya citado, no se opone a las normativas
reguladoras de la materia (…)”.
Por lo explicado, solicitó fueran denegadas las pretensiones por considerar
que los actos acusados fueron expedidos con apego a la ley.
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II. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo del Magdalena en sentencia del 12 de diciembre
de 2018 negó las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas4.
Luego de referirse a los hechos probados, manifestó lo siguiente frente a
los elementos de la responsabilidad fiscal:
(i) “La acreditación de una conducta dolosa o gravemente culposa de
quien ejerció gestión fiscal”
Expuso que de conformidad con las pruebas allegadas al plenario estaba
acreditado que el señor Diazgranados Velásquez fungió como gobernador
del departamento del Magdalena desde el 1 de enero de 2008 en cuya
fecha se venía ejecutando el Contrato de obra nro. 081 de 2007 y su
objeto consistía en la recuperación del centro histórico del Distrito de
Santa Marta con la construcción de la primera etapa del proyecto del
Parque Tayku, empero éste se encontraba suspendido por falta de
recursos, comoquiera que fueron embargados durante el 2007 por el
Fondo de Previsión Social a pesar de ser girados por el Ministerio de
Cultura y además la gobernación pasó a desembolsar en favor del
contratista las órdenes de pago por la suma de $283.045.231.
Indicó que también quedó demostrado con el acta de recibo final de la
obra y el acta de liquidación bilateral del contrato firmada por el
demandante, que las labores ejecutadas por el contratista en relación con
el proyecto ascendieron a la suma de $1.769.499.759, pues le cancelaron
dineros por concepto de anticipo y que de las actas parciales de la obra
se desprendía un total de $ 2.483.603.338, sin amortizar el valor del
anticipo.
4
Ibidem, Archivo PDF “FALLO”.
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Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
Anotó que quedó probado que el señor Diazgranados Velásquez se limitó
a liquidar el contrato sin adelantar las gestiones administrativas,
financieras y contractuales necesarias para terminar la ejecución de la
obra.
Consideró que resultaba “inapropiada la afirmación expuesta por el actor
en lo atinente a que en absoluto hubiera mediado pruebas sobre su
deficiente gestión fiscal pues como ya se dijo en el acápite de lo probado,
las obras fueron recibidas con un avance del 70 %, circunstancia que
obligaba a los intervinientes del contrato, y en especial a la administración
a concluir por lo menos la primera fase del proyecto y satisfacer el interés
de la comunidad”.
Señaló que en la exposición libre y espontánea rendida el 14 de noviembre
de 2009 por el señor Omar Ricardo Diazgranados Velásquez ante la
Contraloría general del departamento del Magdalena, se observa que
tenía conocimiento de la problemática del proyecto y ante la situación no
buscó soluciones administrativas, financieras y técnicas para concluir las
obras que ameritaba el proyecto, pues contaba con una ejecución del 70%
del Contrato de obra nro. 081 de 2007, lo que evidenciaba la configuración
de una conducta dolosa o gravemente culposa por parte del demandante
al tiempo que ejerció sus funciones como gobernador del departamento
del Magdalena.
(ii) “La existencia del daño patrimonial”
Argumentó que del acta de liquidación del Contrato nro. 081 de 2007 se
observaba la paralización de la obra de la primera etapa del proyecto del
Parque Tayku por 305 días, por lo que estaba probada la deficiente
inversión de unos recursos estatales en cabeza del departamento del
Magdalena, cuyo pago y manejo afectó su capacidad financiera.
Así mismo, que la gobernación del departamento del Magdalena hizo
pagos por la suma de $2.483.603.340, como consecuencia del Contrato
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nro. 081 de 2007 sin haberse culminado la obra, por lo que este segundo
presupuesto también estaba acreditado.
(iii) “Relación de causalidad entre la conducta y el daño”
Sostuvo que para la Sala no existían dudas de que la ineficiente gestión
fiscal adelantada por el señor Omar Diazgranados Velásquez en calidad
de gobernador del departamento del Magdalena en la etapa final del
proyecto influyó indiscutiblemente en la paralización de la obra y en la
mala ejecución contractual, razón por la cual había quedado demostrado
el nexo causal entre la conducta dolosa o gravemente culposa incurrida
por el demandante y el daño patrimonial generado.
Frente a los cargos invocados en la demanda analizó lo siguiente:
(i) “Vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
defensa y contradicción en el trámite del proceso de responsabilidad
fiscal”
Afirmó que no era de recibo la manifestación del demandante en el
sentido que se le vulneró el debido proceso, alegando que la decisión de
atribuirle responsabilidad fiscal carecía de sustento probatorio, pues las
decisiones de la Contraloría contenían una adecuada y suficiente
fundamentación fáctica, jurídica y probatoria de la que se colegía que
ejerció una ineficaz e ineficiente gestión fiscal y, en consecuencia, su
actuar influyó en la causación de un daño patrimonial al departamento
del Magdalena, sin que se hubiera advertido en el devenir del proceso una
irregularidad que resultara lesiva a su derecho de defensa y contradicción.
(ii) “Infracción de las normas legales relativas a los requisitos para
declarar la responsabilidad fiscal”
Señaló que no existían dudas de que el señor Diazgranados Velásquez,
en calidad de gobernador del departamento del Magdalena para el año
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2008 fungió como ordenador del gasto dentro de la etapa de ejecución
del Contrato nro. 081 de 2007 celebrado con la Unión Temporal Parque
Tayku a efectos de construir un sitio de esparcimiento ciudadano y que
con su actuar incurrió en una deficiente gestión administrativa y financiera
que generó nuevas suspensiones del proyecto y posteriormente su
paralización, afectando la situación financiera del ente territorial.
(iii) “Infracción al artículo 311 del Código de Procedimiento Civil en
aplicación del artículo 56 de la Ley 610 de 2000 y en conexo la falta de
competencia del superior para el recurso de apelación contra el fallo de
responsabilidad fiscal”
Recordó que el demandante alegó que al haberse declarado
extemporánea la solicitud de adición del auto que resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra el fallo de responsabilidad fiscal del 17 de
marzo de 2014 se había contrariado lo dispuesto por el artículo 311 del
CPC y el artículo 56 de la Ley 610 de 2000 y que el funcionario de segunda
instancia no tenía competencia para resolver el recurso de apelación ya
que no esperó el término de ejecutoria del fallo de segunda instancia. Al
respecto, advirtió que el proceso de responsabilidad fiscal tenía un
contenido material de naturaleza administrativa fijada tanto por la
Constitución como por la ley, lo que ha sido avalado por la jurisprudencia
constitucional, para lo cual trajo a colación lo dicho por la Corte
Constitucional en la sentencia C-840 de 2001 al examinar el artículo 1 de
la Ley 610 de 2000.
Anotó que en el caso concreto, el 17 de marzo de 2014 se profirió fallo
con responsabilidad fiscal en contra del demandante, siendo éste un acto
definitivo susceptible de recursos; así mismo precisó que el fallo fue
debidamente notificado al señor Diazgranados Velásquez tanto así que
interpuso los recursos de ley dentro de la oportunidad procesal, con lo
cual se le garantizó el debido proceso, aunado a que, el ente de control
resolvió de plano los recursos conforme al estatuto de responsabilidad
fiscal.
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Por otra parte, en lo atinente a las notificaciones, recordó que la Ley 610
establece el régimen legal aplicable y que los artículos 46 y subsiguientes
prevén la forma de notificación de las providencias dictadas en el curso
de los procesos de responsabilidad fiscal. Agregó que con la expedición
de la Ley 1474 de 2011 se modificó el régimen de notificaciones en los
procesos de responsabilidad, que entró en vigor el 12 de julio de 2011,
no obstante, respecto del tránsito legislativo debía tenerse en cuenta lo
previsto por la Ley 157 de 1887, modificada por el artículo 624 del Código
General del Proceso.
Que, en el caso en estudio, la notificación del fallo de responsabilidad del
17 de marzo de 2014 se surtió mediante comunicación al apoderado del
demandante al día siguiente de su expedición, pero fue recibida por este
el 20 de marzo de 2014 y se notificó personalmente del fallo el 1 de abril
de 2014. Anotó que se debía tener en cuenta lo dispuesto por el artículo
106 de la Ley 1474 de 2011.
Afirmó que “(…) como quiera que esta actuación administrativa se inició
antes del 02 de julio de 2012, también resultan aplicables las
disposiciones del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de
1984), cuyo artículo 44 señala que las decisiones que pongan término a
una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado,
a su representante o apoderado (…) para la Sala es claro que el auto que
resuelve la reposición o en su defecto la apelación contra el fallo con
responsabilidad fiscal de primera instancia, debe ser notificado por
estado, atendiendo estrictamente lo dispuesto en la norma especial es
decir, la Ley 1474 de 2011 (…)”
Recalcó que en este evento quedó demostrado que la Contraloría Auxiliar
para las Investigaciones resolvió el recurso de reposición formulado por
el demandante en contra el fallo de responsabilidad fiscal mediante
proveído del 13 de junio de 2014, confirmándolo en todas sus partes y
concediendo el recurso de apelación, y tal decisión fue notificada por
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estado del 17 de junio de 2014 en la forma dispuesta por el artículo 106
de la Ley 1474 de 2011.
Advirtió que la solicitud de adición o complementación de las providencias
se debe resolver conforme lo dispone el artículo 311 del Código de
Procedimiento Civil (hoy art. 287 del Código General del Proceso).
Anotó que, “en vista que el auto que resolvió el recurso reposición
constituye un acto administrativo contra el cual no procede recurso
alguno, su ejecutoria se produce una vez se surta la notificación, por
tanto, si la notificación por estado debe efectuarse pasado un día a la
fecha del auto y se debe fijar al comenzar la primera hora hábil del
respectivo día y desfijarse al finalizar la última hora hábil del mismo día,
tal notificación se entiende surtida al finalizar el día de fijación del estado;
razón por la que se considera que la solicitud de adición de un fallo de
responsabilidad fiscal debe efectuarse en dicho lapso. Siendo así, la
decisión del ente de control fiscal demandado de negar por estar fuera de
término, la solicitud de adición presentada contra el auto que resuelve la
reposición del fallo de responsabilidad fiscal, no comporta ninguna
irregularidad que afecte del debido proceso del actor y acto seguido el
funcionario de segunda instancia estaba totalmente facultado para
resolver de plano el recurso de apelación contra el fallo de responsabilidad
fiscal. Por lo anterior, estos dos cargos no están llamados a prosperar
(…)”.
(iv) “Desacato a las ritualidades procesales en lo atinente a la consulta”
Expuso que conforme a lo establecido por el artículo 18 de la Ley 610 de
2000, el grado de consulta es un mecanismo creado por el legislador con
el fin de que en el marco del proceso de responsabilidad el superior
jerárquico de quien profiere una decisión que consiste en el archivo, fallo
sin responsabilidad fiscal o fallo con responsabilidad fiscal y el
responsabilizado hubiere estado representado por un apoderado oficio,
modifique, confirme o revoque la decisión.
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Advirtió que contrario a lo afirmado por la parte actora, este cargo no
tenía vocación de prosperidad, porque en el caso no se daban ninguno de
los supuestos descritos en la norma, teniendo en cuenta que el fallo de
responsabilidad fiscal fue recurrido por los investigados que no estaban
de acuerdo con su decisión, por lo que, no procedía la consulta, pues el
recurso de apelación lo conoce en segunda instancia el superior de quien
profirió la decisión inicial.
(v) “Violación a los artículos 51 y 83 del Código de Procedimiento Civil,
por la no conformación del Litis consorcio necesario Consorcio GAMMA –
Unión Temporal Parque Tayku”
Afirmó que la parte demandante no sustentó este cargo, por lo que, se
abstuvo de realizar un estudio de fondo.
(vi) “Desconocimiento del debido proceso por desviación de poder”
Refirió lo manifestado por la parte demandante y reiteró que el proceso
de responsabilidad fiscal es una actuación administrativa que fenece con
la expedición de un acto administrativo definitivo, como lo es el fallo de
responsabilidad fiscal y que si bien es cierto el mismo es susceptible de
recursos, ello no le quita esta categoría; por consiguiente, teniendo en
cuenta lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley 610 de 2000 y 109 de la
Ley 1474 de 2011, el fallo de responsabilidad se trata de la decisión final
que resolvió el fondo del asunto, de manera que no era de recibo el
argumento del señor Diazgranados Velásquez respecto de la existencia de
un vicio de nulidad de los fallos de responsabilidad fiscal aludiendo a una
desviación de poder, pues los mismos fueron expedidos respetando todas
las garantías del investigado.
Por lo expuesto, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas.
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III. EL RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con lo decidido por el a quo, el demandante interpuso recurso
de apelación que sustentó así5:
En cuanto a la conducta desplegada por el demandante como primera
autoridad administrativa del departamento:
Aseguró que el demandante no fue negligente “toda vez que el señor DIAZ
GRANADOS VELASQUEZ no fungía como gobernador del Departamento
en las etapas de estudios, diseños, suscripción de convenios
interadministrativos entre el ente territorial y el Ministerio de Cultura,
cronograma de licitación y posterior adjudicación del contrato de obra del
parque Tayku, ni mucho menos en los desembolsos o pagos para la
ejecución de este contrato”.
Sostuvo que con la certificación expedida por la gobernación del
Magdalena se demostraba que el demandante fue elegido gobernador del
departamento por voto popular el 28 de octubre de 2007 para el período
constitucional 2008- 2011, quien tomó posesión del cargo el 1 de enero
de 2008 y cumplió funciones hasta el 13 de diciembre de 2010, toda vez
que por Decreto 004618 fue suspendido provisionalmente por parte del
gobierno nacional. Alegó que dicha situación era “distinta a lo
supuestamente probado por el despacho en el folio 15 en el acápite 2.4.
al manifestar que estuvo en el cargo hasta el 30 de diciembre de 2010”.
Agregó que “(…) en consonancia con la conducta desplegada por mi
prohijado ausente de responsabilidad en el proceso fiscal objeto de este
medio de control, aporto comunicación suscrita por el secretario general
del Ministerio de Cultura de la República de Colombia, fechado 15 de abril
de 2010 (…) en el cual certifica que el embargo realizado por FONPRECON
sustrajo los recursos consignados por la Nación para el desarrollo del
5
Ibidem, Archivo PDF “RECURSO APELACION (…)”
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proyecto Tayku y el citado embargo afectó el normal desarrollo del
convenio arriba referenciado, y en consecuencia no se ejecutó la totalidad
de los recursos por el ministerio para la culminación del proyecto objeto
de sanción”.
Anotó que “(…) los embargos que desfinanciaron el contrato para la
construcción de la obra parque cultural Tayku se realizaron en el año
2007, bajo el mandato del gobernador encargado Francisco José Infante
Vergara, quien terminó su mandato el 31 de diciembre de 2007. Aunado
a lo anterior de desfinanciar el proyecto al permitir que se embarguen
recursos con destinación específica, suscribe acuerdo de pago el día 6 de
diciembre del año 2007 con la (…) directora general de FONPRECON,
dentro del mismo documento autoriza que se tomen los recursos
consignados por el ministerio de cultura como partida convenida por parte
de la nación para la ejecución de la obra (…)”.
Concluyó que por tal motivo no hubo negligencia por parte del señor Diaz
Granados, puesto que para el 1 de enero de 2008 ya el proyecto no tenía
liquidez presupuestal para su ejecución, por lo que no fueron
determinantes sus actos por sustracción de materia, pues no participó en
la contratación, ni en la ejecución contractual.
Adujo que “(…) es importante aclarar al despacho la mala fe, la falta de
observancia legal y la mala planificación del gobernador saliente el día 31
de diciembre de 2007, o sea el señor INFANTE VERGARA, toda vez que
mi representado en memorial de fecha 12 de diciembre de 2007 (…)
conmina respetuosamente estando en la etapa de empalme entre las dos
administraciones tanto saliente como entrante, el gobernador elegido
Díaz Granados esboza la crítica situación financiera que cruzaba el
departamento, en especial por el cartel de los embargos (…)”.
Alegó que “en dicho memorial lo exhorta a no realizar pagos o suscribir
acuerdos de pago, no por capricho de mi representado sino un mandato
legal, toda vez que el departamento se encontraba bajo la Ley 550 de
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1999 (…). En tal sentido es pertinente probar que mi representado desde
antes de ser gobernador actuó de buena fe, con planificación toda vez que
ya había sido en varias oportunidades ordenador del gasto de manera
encargada en el departamento, tenía conocimientos técnicos y
profesionales para dichos casos, situación contraria a lo desarrollado por
el señor INFANTE VERGARA, absuelto en el proceso de responsabilidad
fiscal nro. 310”.
Señaló que si bien es cierto el contrato se liquidó bajo el mandato del
señor Omar Díaz Granados, dicha liquidación técnica se realizó con el
deber de protección del erario público a fin de evitar millonarias demandas
por parte del contratista, toda vez que fue el departamento quien
incumplió el contrato de obra y que los incumplimientos ya asediaban al
demandante al momento de su posesión como gobernador, dado que, el
contratista presionaba por medio de requerimientos pagos de acreencias
laborales, celaduría, maquinaria, materiales, entre otros insumos
necesarios para la ejecución del mismo.
También afirmó que como se probaba con las actas de consejos de
gobierno, habían hecho ingentes esfuerzos para la consecución de
recursos y solicitudes a la DAF para la autorización de recursos necesarios
y faltantes para la ejecución de este contrato.
Por último, en este punto dijo que, “como se logra corroborar en el
expediente, en el mes de abril de 2008 llegan unos nuevos embargos de
recursos inembargables y el 9 de abril de reúne el comité y decide realizar
otrosí en tiempo para la culminación del contrato, como no se cumple con
el pago de los avances el día 22 de abril de 2008 se suspende el contrato
a fin de no generar un detrimento patrimonial mayor al departamento,
toda vez que no hay recursos, tampoco había autorización de la DAF, fue
consciente de que iba a quedar mal y el contratista podría solicitar el pago
de indemnizaciones y cláusulas, no fue por mala planificación sino que no
se encontraba los recursos por los embargos y acuerdo suscritos antes de
llegar al cargo como gobernador del departamento”.
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Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
En relación con el segundo argumento expuesto por el tribunal, esto es,
frente a la vulneración al debido proceso:
Consideró que se violó este derecho al demandante, ya que la Contraloría
departamental como ente de control de la administración y no como ente
acusador declaró la nulidad del acto administrativo que había exonerado
de responsabilidad al señor Diazgranados, y decidió vincularlo
nuevamente. Alegó que “(…) desde el primer momento se inicia la
vulneración y menoscabo de su derecho fundamental al debido proceso,
contradicción y defensa, al negársele por parte de la Contraloría y después
de estar mi representado más de 3 años de estar por fuera de dicha
investigación, en auto del 10 de enero de 2014 la contraloría le niega
aportar pruebas”. Relató lo siguiente:
“[…] la oficina auxiliar para las investigaciones, el día 3 de febrero de
2014 expide auto por medio del cual decreta la práctica de una prueba
(folios 115-116), resolviendo el recaudo de unos documentos y ordena
comisión de una funcionaria al ente territorial. Sorpresivamente dicho
auto que decreta la prueba no fue notificado a las partes para que estos
ejercieran su contradicción y defensa, pero aun no les basta con violentar
el ordenamiento constitucional y legal, sino que también el procedimental
en no esperar que dicho auto quede ejecutoriado o en firme, cuando el
día 5 de febrero de 2014 la comisionada realiza dicha comisión y
recauda las pruebas sin permitirle a las partes ejercer su debido proceso.
(…)
De las pruebas recaudadas relacionadas en el acápite anterior, no ordenan
el traslado a los investigados o partes procesales en dicho proceso de
responsabilidad fiscal, cercenando de manera injustificada sus derechos
fundamentales inherentes como administrados.
o Con respecto a la actuación administrativa surtida en instancia ante la
Contraloría auxiliar y el despacho del Contralor [me] permito manifestar
que existen irregularidades de tipo constitucional y legal que adolecen de
legalidad para permitir por parte del operador de justicia de primera
instancia que dichos actos sigan surtiendo electos jurídicos en contra de
mi representado, por tal razón ruego a usted proteja los derechos
fundamentales del señor DIAZ GRANADOS VELASQUEZ y declare la
nulidad del acto administrativo de fecha 17 de marzo de 2014, por
medio del cual lo declara responsable fiscalmente de acuerdo a lo
siguiente:
1. El 17 de marzo de 2014, la oficina auxiliar para las investigaciones
profiere fallo para la responsabilidad fiscal suscrita por el contralor auxiliar
LUIS ALBERTO RINCON, en el cual, falla como responsable fiscalmente a
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Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
mi representado y exonera de responsabilidad al gobernador que lo
antecedió en el cual a lo largo de este proceso y en especial de este escrito
hemos demostrado su falta de observancia legal, de planificación y buena
fe.
2. El día primero de abril de 2014 mi representado por medio de su
apoderado se notifica del fallo anteriormente citado y el día 9 de abril de
2014, presenta nulidad del auto de fecha 3 de diciembre de 2013 en lo
que respecta en la reapertura del proceso en contra del señor
OMAR DIAZ GRANADOS VELAZQUEZ
3. Así mismo, el día 10 de abril solicita el apoderado de mi representado,
solicitud de nulidad contra el auto que lo responsabiliza fiscalmente.
En ese sentido, en (sic) abril 22 de 2014 encontrándose dentro de la
oportunidad, legal y administrativa para presentar recurso ante esta
instancia, radica recurso de reposición y en subsidio apelación contra auto
de fecha 17 de marzo de 2014 del proceso de responsabilidad fiscal supra
citado, teniendo claro para la fecha al despacho que se han presentado
dos solicitudes de nulidades contra autos completamente distintos
encontrándose en la oportunidad toda vez de no encontrar fallos
definitivos y un recurso de reposición en subsidio de apelación.
4. El día 24 del mes de abril de la misma anualidad, la Contraloría auxiliar
para las investigaciones resuelve la solicitud de nulidad contra el auto de
fecha 17 de marzo ampliamente citado,
5. El día 24 de abril de 2014 se notifica el apoderado de mi representado,
por tal motivo, el día 30 de abril se presenta recurso de apelación contra
el auto de fecha 24 de abril por medio del cual resuelve la nulidad.
6. En auto de fecha mayo 8 de 2014 se concede el recurso en el efecto
devolutivo y se notifica por estado el día 12 de mayo de 2014.
Seguidamente, en la misma fecha se envía al contralor departamental
para que resuelva dicho recurso, lo cual lo hace el 30 de mayo negándolo
por improcedente, el cual fue notificado por estado el día 10 de mayo de
2014.
7. El día 5 de junio de 2014 obra en el expediente 310 a folio 1593 oficio sin
firma de la secretaria de despacho del Contralor, remisión de la resolución
No. 123 del día 30 de mayo de 2014 por medio del cual se decide el
recurso.
8. A folio 1598, el 13 de junio de 2014 el contralor auxiliar decide el
recurso de reposición presentado por mi prohijado confirmando en todas
sus partes el fallo de fecha 17 de marzo de 2014 en el cual se declara
responsable a mi representado, notificando por estado el día 17 de junio
de la misma anualidad.
9. El día 18 de junio de 2014 el Contralor auxiliar remite el proceso de
responsabilidad fiscal al Contralor Departamental para [que]decida el
recurso de apelación, lo cual extrañamente el día siguiente en resolución
No. 100/22-137 de fecha 19 de junio de 2014 el Contralor Departamental
en una providencia de más de 30 folios decide confirmar la providencia
impugnada en marzo de 2014, visible de folio 1623 a 1654 (PRF 310),
publicada por estado el día 20 de junio por el término de un día.
10.El día 26 de junio, la secretaria de despacho remite el proceso a la oficina
auxiliar para las investigaciones. Causa extrañeza al suscrito recurrente
que a folio 1655 existe una solicitud de expedición de copias suscrita por
el apoderado de DIAZ GRANADOS VELASQUEZ, con la constancia de
recibido del ente fiscal del mismo día, pero foliada con fechas posteriores
aun siendo este anterior al fallo por medio del cual se decide el recurso
de apelación.
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11.El folio siguiente encontramos comunicación suscrita por la jefa de oficina
jurídica en la cual autoriza la entrega de 22 folios.
12.El día 25 de junio con constancia de recibido por parte de la entidad se
presenta solicitud de adición del auto por medio del cual resuelve el
recurso de reposición dirigido al contralor auxiliar. Así mismo, el día
siguiente obra en folio 1666. memorial en el cual insta al Contralor auxiliar
y Contralor Departamental sobre las irregularidades en el trámite que se
surtieron entre el recurso de reposición y apelación, toda vez que, sin
obrar término de ejecutoria, siguieron adelante con la actuación.
13. Vislumbradas las irregularidades presentadas por parte de la Contraloría
del Departamento del Magdalena, las violaciones fragrantes a los
derechos fundamentales, como al debido proceso, contradicción, defensa,
a folio 1673 aparece un oficio sin número de fecha junio 27 de 2014 en
el cual sobresale la constancia de ejecutoria suscrito por la profesional
universitaria ITALA GRANADOS, en el cual me permito trascribir
textualmente: “Se deja constancia que el día 25 de junio de 2014
debidamente notificada y resuelto recursos de ley interpuestos contra el
fallo de responsabilidad fiscal de fecha 17 de abril de 2014”
sorpresivamente encontramos que ni siquiera la providencia citada
coincide con la fecha de expedición del auto por medio del cual declara
responsable fiscalmente por la inejecución del parque Taykú a mi
representado, no obstante, a este error de tipo formal encontramos vicios
que adolecen el presente proceso, pero estos de índole de fondo, toda vez
que no se han decidido nulidades arriba destacadas, ni las solicitudes de
los recursos anteriormente citados.
14.Por tal motivo de acuerdo a lo aquí expuesto no se encuentra ejecutoriado
dicha actuación administrativa por encontrarse pendiente solicitudes por
resolver por parte de la administración, violando de manera sustancial
mis derechos fundamentales en especial el debido proceso, en caso similar
me permito traer a colación jurisprudencia del Consejo de Estado en
hechos similares la cual declaró nula la actuación ordenada por un ente
de control fiscal6 (…)”.
[…] (negrillas originales del escrito).
Por lo anotado, solicitó se revocara lo decidido por el tribunal de instancia
y se accediera a las pretensiones.
El recurso de apelación fue concedido por auto del 14 de febrero de 2019
proferido por el magistrado ponente de la decisión de primera instancia7.
6
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Providencia
del 22 de octubre de 2015. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Expediente radicación nro.
63001 23 31 000 2008 00156 01.
7
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 47001 23 33 000 2015 00021 01. Archivo PDF “AUTO QUE CONCEDE (…)”.
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IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
4.1. El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de
reparto del 27 de marzo de 20198 y admitido en proveído del 3 de julio
de 20199.
4.2. Por auto del 29 de julio de 2019, por considerarse innecesaria la
audiencia de alegaciones y juzgamiento, el despacho corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir
concepto10.
4.2.1. El apoderado de la parte actora al descorrer el traslado solicitó que
fuera revocada la sentencia de primera instancia, para lo cual reafirmó
los argumentos expuestos al interponer el recurso de apelación11.
4.2.2. El apoderado de la Contraloría general del departamento del
Magdalena pidió que se confirme la sentencia de primera instancia 12.
4.2.3. El señor Agente del Ministerio Público no rindió concepto.
4.3. El expediente ingresó para fallo el 9 de septiembre de 201913.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación,
atendiendo lo previsto por los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201914, éste último, modificado por el artículo 1
8
Ibidem, Archivo PDF “ACTA REPARTO (…)”.
9
Ibidem, Archivo PDF “AUTO ADMITE (…)”.
10
Ibidem, Archivo PDF “AUTO CORRE (…)”.
11
Ibidem, Archivo PDF “ALEGATOS (…)”.
12
Ibidem.
13
Ibidem, Archivo PDF “INFORME (…)”.
14
Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
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del Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre 2024 expedido por la Sala Plena
del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
5.2. Los actos acusados
Corresponden a los siguientes:
5.2.1. El fallo con responsabilidad fiscal del 17 de marzo de 2014,
proferido por el Contralor Auxiliar para las Investigaciones de la
Contraloría general del departamento del Magdalena, que dispuso15:
“[…] ART[Í]CULO PRIMERO. Fallar con Responsabilidad Fiscal, de
conformidad con el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, en cuantía de
TRES MIL TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL
SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO
CENTAVOS ($3.031.560.771,98) en contra de los señores TRINO
LUNA CORREA, identificado con la cédula de ciudadanía No.(…), en su
calidad de Gobernador del Magdalena para el período 2004-2007;
SANDRA RUBIANO LAYTON, identificada con la cédula de ciudadanía
No. (…), en su calidad de Gobernadora encargada para el período 2007,
OMAR DIAZGRANADOS VEL[Á]ZQUEZ identificado con la c[é]dula de
ciudadanía No. (…) en su calidad de Gobernador del Magdalena, señor
WILLIAM RIZCALA MUVDI identificado con la C[é]dula de Ciudadanía No.
(…) en su calidad de representante legal de la UNI[Ó]N TEMPORAL
PARQUE TAYKU, y al señor EDINSON V[Á]SQUEZ CAMPOS
identificado con la c[é]dula de ciudadanía N° (…) en su calidad de
Representante Legal de la Firma Consorcio GAMMA e Interventor
de la obra cuestionada, los cuales responderán de manera solidaria; por
las razones expuestas en esta providencia.
ART[Í]CULO SEGUNDO: Fallar sin Responsabilidad Fiscal de
conformidad a lo consagrado en el artículo 54 de la Ley 610 de 2000, a
favor de los señores FRANCISCO INFANTE VERGARA, Identificado con
cédula de ciudadanía número (…), en su condición de ex Gobernador del
Magdalena, y a JHON JAIRO GUERRERO GONZ[Á]LEZ identificado
con la C[é]dula de Ciudadanía N° (…) en su calidad de secretario de
infraestructura de la Gobernación del Magdalena: por las razones
expuestas en esta providencia.
ART[Í]CULO TERCERO: Notificar el contenido del presente fallo en la
forma y términos establecidos en el Artículo 108 de la ley 1474 de 2011
y por remisión normativa de acuerdo a lo contemplado en la ley 1437 de
2011. Contra esta providencia procede el recurso de reposición y en
subsidio apelación que se deberá interponer ante el funcionario del
conocimiento […]”. (mayúsculas y negrillas originales)
15
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 47001 23 33 000 2015 00021 01. Archivo PDF “82ED_C03_01 ANEXOS”,
pág. 2.
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5.2.2. El Auto del 13 de junio de 2014, proferido por el Contralor Auxiliar
para las Investigaciones de la Contraloría general del departamento del
Magdalena “auto por el cual se decide sobre unos recursos de reposición”,
que resolvió16:
“[…] ART[Í]CULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes el Fallo
con Responsabilidad Fiscal No. 310 de marzo 17 de 2014, en cuantía de
TRES MIL TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL
SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO
CENTAVOS ($3.031.560.771,98) en contra de los señores TRINO
LUNA CORREA, identificado con la cédula de ciudadanía No. (…), en su
calidad de Gobernador del Magdalena para el periodo 2004-2007;
SANDRA RUBIANO LAYTON, identificada con la cédula de ciudadanía
No. (…), en su calidad de Gobernadora encargada para el período 2007,
OMAR DIAZGRANADOS VEL[Á]ZQUEZ identificado con la c[é]dula de
ciudadanía N° (…) en su calidad de Gobernador del Magdalena, señor
WILLIAM RIZCALA MUVDI identificado con la C[é]dula de Ciudadanía
N° (…) en su calidad de representante legal de la UNI[Ó]N TEMPORAL
PARQUE TAYKU, y al señor EDINSON V[Á]SQUEZ CAMPOS
identificado con la c[é]dula de ciudadanía N° (…) en su calidad de
representante legal de la firma CONSORCIO GAMMA e Interventor de
la obra cuestionada; por las razones expuestas en esta providencia.
ART[Í]CULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación, para lo cual
se ordena remitir la documentación pertinente al funcionario de
conocimiento de segunda instancia para que decida sobre la apelación.
ART[Í]CULO TERCERO: Notificar a todos y cada uno de los posibles o
presuntos responsables que figuren dentro del Proceso de
Responsabilidad Fiscal No. 310, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 106 de la ley 1474 del 2011.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
5.2.3. La Resolución nro. 100-22-137 emitido del 19 de junio de 2014 por
el Contralor general del departamento del Magdalena, que en lo
pertinente dispuso17:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada de
fecha 17 de marzo de 2014, proferida por la Contraloría Auxiliar para las
investigaciones, de acuerdo a lo expuesto por la parte motiva de este
proveído.
ART[Í]CULO SEGUNDO: Contra la presente providencia no procede
recurso alguno.
Ibidem, Archivo PDF “82ED_C03_01 ANEXOS”, pág. 53.
16
Archivo PDF “82ED_C03_01 ANEXOS”, pág. 75.
17
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ART[Í]CULO TERCERO: Notificar el presente proveído de conformidad
con lo estipulado en el artículo 106 de la ley 1474 de 2011.
ART[Í]CULO CUARTO: En firme esta providencia, envíese a la
Contraloría Auxiliar para las Investigaciones para lo pertinente.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
5.3. Lo probado en el proceso
5.3.1. Los hechos que originaron el proceso de responsabilidad
fiscal
(i) Está acreditado en los antecedentes administrativos que el 12 de
octubre de 2006 el Ministerio de Cultura, la gobernación del Magdalena y
la alcaldía distrital de Santa Marta suscribieron el Convenio
Interadministrativo nro. 1377 con el siguiente objeto 18:
“[…] CL[Á]USULA PRIMERA – OBJETO: Integrar esfuerzo entre la
Nación, el Departamento del Magdalena y D.T.C.H de Santa Marta para
la ejecución de la Fase I de las obras de recuperación de espacio público
y demás obras arquitectónicas que contribuirán a la recuperación del
Centro Histórico de Santa Marta entre las que se encuentra el Parque
Tayku. (…) CL[Á]USULA QUINTA – VALOR Y FORMA DE PAGO: El
valor total del convenio corresponde a la sumatoria de los aportes de
cada entidad participante y asciende a ONCE MIL CIENTO SESENTA Y
OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.168.000.000.00) distribuidos
así: a) La suma de MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($1.300.000.000.00) de conformidad con CDP No. 1649 del 14 de agosto
de 2006 aportados por el Ministerio de Cultura, para la licitación pública
que permita ejecutar la Primera etapa de obra del parque Tayku, los
cuales serán girados al Departamento del Magdalena en dos pagos de
SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
($650.000.000.00) cada uno, así: el primer giro dentro de los quince
(15) días contados a partir de la suscripción del presente convenio, y el
segundo giro, cuando se lleve a cabo la suscripción del contrato de obra
que realice la gobernación para la ejecución de la primera fase del parque
Tayku, previa certificación expedida por el supervisor del convenio. b) La
suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/СТЕ ($800,000,000,00)
aportados por el Departamento del Magdalena asignados mediante el CD
N° 1043 expedido por la Gobernación el 5 de mayo de 2006, cuyo objeto
aportar para la construcción del "parque central Taiku" en el DTCH de
Santa Marta, los cuales serán objeto de licitación pública. c) Y la suma
de NUEVE MIL SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.068
000 000), aportados por el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa
Marta, para las vigencias, 2006, 2007 y 2008 (…)
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
18
Ibidem, Archivo PDF “86ED_C05_01 ANEXOS”, pág. 183.
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(ii) El 9 de febrero de 2007 se celebró el Contrato de obra nro. 081 entre
los representantes legales de la gobernación del Magdalena y la Unión
Temporal del Parque Tayku, en el que consta lo siguiente frente a la
naturaleza, objeto y obligaciones del contratante y del contratista 19:
“[…] Hemos acordado suscribir el presente contrato previa la selección
objetiva realizada mediante el proceso de licitación pública que culminó
con la adjudicación del proceso mediante resolución No. 045 de 2007 de
conformidad con (ilegible) la ley 80 de 1993 y decreto 2170 de 2002, el
cual se regirá por las siguientes cláusulas: CL[Á]USULA PRIMERA:
NATURALEZA DEL CONTRATO: Este contrato es el de los denominados
de Obra de que trata el numeral 1, artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
CL[Á]USULA SEGUNDA: OBJETO. - El objeto del presente contrato
es la CONSTRUCCIÓN de la I ETAPA DEL PARQUE CULTURAL
TAYKU EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA, con las cantidades, especificaciones técnicas [y] demás
condiciones consignadas en los términos de referencia elaborado por la
entidad territorial detallada en la propuesta por el CONTRATISTA. En
desarrollo del objeto contractual, el CONTRATISTA se compromete a
efectuar todos los trabajos necesarios para que las mencionadas obras
puedan destinarse al fin para el cual fueron diseñadas. El CONTRATISTA
aportará todos los equipos, maquinarias, mano de obra, servicios
profesionales, técnicos o accesorios y en general cualquier otro elemento
o servicio (ilegibles) para el cabal cumplimiento del objeto antes descrito.
CL[Á]USULA TERCERA: VALOR: de conformidad con lo establecido en
los pliegos de condiciones elaborados por el departamento y acepto por
el proponente con la presentación de la oferta, el valor del presente
contrato esta discriminado de la siguiente manera: un valor inicial de
TRES MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($3.200.000.000,00), Y UN PRESUPUESTO CONDICIONADO a la gestión
del departamento del Magdalena ante el Ministerio de Cultura por valor
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS
VEINTITR[É]S SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON 19 C/VOS
($1.266.723.717,19) los cuales para su ejecución se tendrá en cuenta
lo señalado en el anexo No. 2 del pliego de condiciones, que forma parte
integral del presente contrato. PAR[Á]GRAFO 1: En todo caso el valor
del contrato será hasta por la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTITR[É]S
MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON 19 C/VOS) de
conformidad con la propuesta presentada por el contratista, de
acuerdo con las actividades, cantidades, unidades y precios que están
contenidos en la propuesta económica presentada por el contratista y
que forma parte integral del contrato. PAR[Á]GRAFO: en el caso que se
presente imposibilidad por parte del departamento, para la consecución
de los recursos correspondientes al presupuesto condicionado, las obras
se ejecutaran y hasta completar el monto del valor inicial, igual se
liquidara el presente contrato y no habrá derecho por parte del
contratista a futuras reclamaciones.
(…)
19
Ibidem, Archivo PDF “86ED_C05_01 ANEXOS”, pág. 374.
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CL[Á]USULA VIG[É]SIMA PRIMERA: LIQUIDACI[Ó]N DEL
PRESENTE CONTRATO: A la terminación del presente Contrato, las
partes, suscribirán un Acta en la cual conste detalladamente la
liquidación definitiva del presente contrato, la constancia de recibo a
satisfacción de las obras y la certificación por parte de DEPARTAMENTO
de paz y salvo a favor del CONTRATISTA por todo concepto. (…)
CL[Á]USULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1) Serán
obligaciones del DEPARTAMENTO las siguientes: a) Cancelar
oportunamente el valor del presente contrato de obra b) Adoptar las
medidas de control e intervención necesaria que garantice la ejecución
del objeto del Contrato. c) Las obligaciones consignadas en el artículo 4º
de la Ley 80 de 1993 y las que se desprendan para el cumplimiento del
contrato. 2) Serán obligaciones del CONTRATISTA las siguientes: a)
Ejecutar en forma idónea y oportuna la obra contratada de conformidad
con las especificaciones técnicas y cantidades detalladas en los (ilegible),
de referencia que elaboró el Departamento y en oferta presentada por el
contratista, los cuales hacen parte integral de este contrato: b) Pagar la
publicación en la Gaceta Departamental y los demás impuestos que se
generen en virtud del presente Contrato. c) Entregar la obra en el plazo
y términos estipulados en el contrato. d) Pagar oportunamente los
salarios indemnizaciones, trabajadores que emplee para la ejecución de
la obra contratada. e) Rendir los informes y atender los requerimientos
que le haga EL DEPARTAMENTO y el INTERVENTOR (…).
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
(iii) El precitado contrato fue adicionado en dos oportunidades: i) el 25 de
junio de 200720, aumentando el valor inicial en la suma de setecientos
cuarenta y un millones cien mil cuatrocientos veintiséis pesos
($741.100.426) y ii) el 5 de septiembre de 200721 que prorrogó el
contrato de obra por el término de tres meses.
(iv) Igualmente se comprueba que el contrato se suspendió en tres
ocasiones en las siguientes fechas: 28 de septiembre de 200722 (129
días); 16 de junio de 2008 (54 días); 15 de julio de 2008 (122 días)23.
(v) En el informe sin fecha del proyecto de construcción del parque cultura
Tayku suscrito por el gerente de proyectos de la gobernación del
Magdalena, dirigido al presidente de la asamblea departamental del ente
territorial, se explicó lo siguiente frente al avance del Contrato de obra
nro. 081 del 9 de febrero de 200724:
20
Ibidem, Archivo PDF “86ED_C05_01 ANEXOS”, pág. 379.
21
Ibidem, Archivo PDF “86ED_C05_01 ANEXOS”, pág. 387.
22
Ibidem, Archivo PDF “86ED_C05_01 ANEXOS”, pág. 393.
23
Ibidem, Archivo PDF “86ED_C05_01 ANEXOS”, pág. 395.
24
Ibidem, Archivo PDF “86ED_C05_01 ANEXOS”, pág. 198.
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“[…] En cumplimiento a su solicitud me permito presentar a continuación
un informe del desarrollo de las obras del Parque Tayku:
(…)
Se presentaron 8 proyectos, un jurado de muy alto nivel definió que el
mejor proyecto para la ciudad de acuerdo a los parámetros de diseño fue
el proyecto presentado por el arquitecto N[É]STOR MEDINA, no obstante
no se ajustara al presupuesto inicialmente planteado por la gobernación;
con estos resultados el Gobierno departamental aporto del presupuesto
3.200 millones de ellos 1.300 millones los aportó el Ministerio de Cultura
y el saldo lo aportó el departamento del presupuesto el distrito se
comprometió a condonar los impuestos del predio y a través de las
concesiones de amoblamiento urbano y alumbrado público a desarrollar
las obras de urbanismo y el alumbrado del mismo.
(…)
Posteriormente se dio inicio a un Proceso licitatorio cuyo objeto es la
Construcción de la primera etapa del Parque Tayku, en el Distrito de
Santa Marta. Y se definió en alcances condicionales la segunda etapa
acorde a la gestión de recursos por parte de los gobernantes de turno.
1. Como resultado del proceso se adjudicó el contrato a la UNI[Ó]N
TEMPORAL PARQUE TAYKU, presentó propuesta que fue finalmente
escogida y otorgada por medio de Contrato 081 de [f]ebrero 09 de
2007, en un valor de $3.200.000,00 y un plazo contractual de Seis
meses.
2. Que el Valor Total de las Obras Ejecutadas por el Contratista
conforme se desprende del informe de Interventoría es por la suma
MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
$ (1.769.499.759), lo cual queda constancia en el Acta de Recibo
final de fecha DICIEMBRE 29 DE 2008 del 2008 suscrita entre el
contratista y la Interventoría.
(…)
SUSPENSIÓN Nº 1
En la ciudad de Santa Marta D.T.C.H a los Veinticinco (28) días del mes
de septiembre del año 2007, se reunieron las siguientes personas:
Francisco Infante Vergara como gobernador del Magdalena y en Calidad
de Contratante, Cesar Mora como Representante Legal del Consorcio
Gamma como Interventor y William Rizcala Muvdi como representante
Legal de la Unión Temporal Parque Tayku como Contratista, con el fin de
suspender el contrato anteriormente citado.
CAUSAS: debido a la Notificación de suspensión de obra del 25 de
septiembre impartida-por-la Policía Nacional por contravenir la ley 388
de 1997 que estipula como requerimiento indispensable el tener la
Licencia de construcción, requisito que está en trámite actualmente en
la Curaduría Urbana Nº 1 de la ciudad de Santa Marta. Por lo tanto, se
suspende la obra por un término de 45 días calendario mientras se
culminan dichos trámites y se obtiene la Licencia [de] construcción.
SUSPENSIÓN Nº 2
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Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
En la ciudad de Santa Marta D.T.C.H a los veintidós (22) días del mes de
[a]bril del año 2008, se reunieron las siguientes personas: Omar Ricardo
Diazgranados Velásquez como Gobernador del Magdalena y en Calidad
de Contratante, Fabián Saumett Pacheco como Supervisor del Contrato,
Cesar Mora como Representante Legal del Consorcio Gamma como
Interventor, William Rizcala Muvdi como representante Legal de la Unión
Temporal Parque Tayku como Contratista, con el fin de suspender el
contrato anteriormente citado de acuerdo con la solicitud del, del día 22
del mes de [a]bril del año 2008.
CAUSAS: Aclaración por parte de la Administración de la Gobernación
del Magdalena acerca de los recursos disponibles y vigentes que
respalden el contrato inicial 081 de 2006 por un valor inicial de $
3.200.000.000 y el contrato adicional No. 1 de junio 25 de 2006 por
valor de $741.100.426, y definir el presupuesto final para la primera
Etapa de construcción del Parque Cultural Tayku y establecer el
cronograma de ejecución y fecha de terminación del proyecto.
SUSPENSIÓN Nº 3
En la ciudad de Santa Marta D.T.C.H a los quince (15) días del mes de
[j]ulio del año 2008, se reunieron: Omar Ricardo Diazgranados
Velásquez como Gobernador del Magdalena y en Calidad de Contratante,
Fabián Saumett Pacheco como Supervisor del Contrato, Cesar Mora
como Representante Legal del Consorcio Gamma como Interventor,
William Rizcala Muvdi como representante Legal de la Unión Temporal
Parque Tayku como Contratista, con el fin de suspender el contrato
anteriormente citado de acuerdo con la solicitud del, del día 15 del mes
de [j]ulio del año 2008.
CAUSAS: Embargos de Recursos a la cuenta establecida para el Parque
Tayku, por lo tanto, se suspende temporalmente el contrato hasta que
se acuerde entre el contratista y la Administración del Departamento del
Magdalena la forma de liquidación del contrato.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
(vi) El Contrato de Obra nro. 081 de 2007, fue liquidado mediante acta
del 3 de junio de 2009 suscrita por el gobernador del departamento del
Magdalena Omar Ricardo Diazgranados y el contratista25.
5.3.2. El proceso de responsabilidad fiscal
Del expediente de responsabilidad fiscal nro. 310 se desprenden las
siguientes actuaciones que son relevantes para el caso26:
25
Ibidem, Archivo PDF “86ED_C05_01 ANEXOS”, pág. 87.
26
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 47001 23 33 000 2015 00021 01.
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Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
5.3.2.1. El jefe de la oficina de responsabilidad fiscal de la Contraloría
general del departamento del Magdalena por auto nro. 116 del 10 de julio
de 2008, abrió indagación preliminar, con ocasión de unas denuncias
realizadas a través de un informe periodístico, lo que sustentó así 27:
“[…] no podemos desconocer que a través de un medio periodístico se
pueden realizar quejas o elevar denuncias que permitan descubrir la
verdadera realidad acaecida en la relación social, tal y como sucedió en
la presentación del informe periodístico en la edición encontrado el día 9
de [j]ulio del hogaño, en la página 8C del periódico: Hoy Diario del
Magdalena y que se tituló, para efectos de la pertinencia en este auto:
‘Contraloría anuncia auditoria especial al Parque Tayku’ Allis (sic) se
indica que: ‘Ante la situación por la que atraviesa el proyecto del Parque
Tayku, cuyas obras se encuentran paralizadas desde hace varios meses,
la Contraloría Departamental anunció realizar una auditoría especial,
teniendo en cuenta las situaciones anómalas que hay alrededor de esta
obra... En cuanto a la desviación de los recursos del proyecto del Parque
Tayku para la cancelación de embargos, Rodríguez Orozco dijo que por
cuestiones de competencias, estos temas no son comunicados a la
entidad, pero le parece una ‘situación grave’ que los dineros destinados
para adelantar proyectos se desvíen perjudicando de esta manera su
proceso. La desviación de los recursos para pagar embargos no fue
comunidad (sic), pero es incorrecto que los recursos destinados para
algunos proyectos sean desviados para cubrir obligaciones de los
embargos’, afirmó el Contralor Eduardo Rodríguez’. Lo anterior, debe ser
sistemáticamente abordado desde el anterior fundamento periodístico a
través de una entrevista exclusiva concedida al periódico El informador,
por el señor Vicepresidente Francisco Santos Calderón, que se anexa
también al expediente.
(…)
Es innegable que se debe proceder a dar inicio a la Indagación Preliminar
para establecer la ocurrencia de la desviación de los recursos del
Proyecto Parke (sic) Tayku, para la cancelación de embargos […]”.
(mayúsculas originales)
5.3.2.2. Por auto del 30 de junio de 2009, proferido por el jefe de la oficina
de responsabilidad fiscal de la Contraloría General del Departamento del
Magdalena, se dispuso28:
“[…] ART[Í]CULO PRIMERO. Avocar el conocimiento y abrir Proceso
de Responsabilidad Fiscal No. adelantado en las dependencias
administrativas de la gobernación del Magdalena.
ART[Í]CULO SEGUNDO. Practíquense las siguientes pruebas:
1. Llamar a rendir Versión Libre y espontánea a los sres:
27
Ibidem, Archivo PDF “86ED_C05_01 ANEXOS”, pág. 3.
28
Ibidem, Archivo PDF “86ED_C05_01 ANEXOS”, pág. 55.
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Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
1-. TRINO LUNA CORREA, gobernador del Magdalena durante el periodo
2004-2007, identificado con la c[é]dula No. (…)
2-. SANDRA RUBIANO LAYTON, en su calidad de gobernadora durante el
primer semestre 2007, identificada con la c[é]dula de ciudadanía No. (…)
3-. FRANCISCO INFANTE VERGARA, en su calidad de gobernador del
magdalena durante el segundo semestre de 2007, identificado con la
c[é]dula de ciudadanía No. (…)
4.- OMAR DIAZGRANADOS VEL[ÁS]QUEZ, identificado con la c[é]dula de
ciudadanía No. (…), en su calidad de gobernador del magdalena actual.
5-. JAIME GUZM[Á]N, identificado con la c[é]dula de ciudadanía (…), en
su calidad de secretario jurídico de la gobernación durante el primer
semestre de 2007.
6.-PAUL CORREA SILVA, identificado con la c[é]dula de ciudadanía (…),
en su calidad de secretario jurídico de la gobernación durante el segundo
semestre de 2007.
7- UNI[Ó]N TEMPORAL PARQUE TAYKU, representante legal WILLIAN
RIZCALA MUVDI identificado con la c[é]dula de ciudadanía No. (…).
8.- JHON GUER[R]ERRO, secretario de infraestructura de la gobernación
durante el segundo semestre 2007, identificado con la c[é]dula de
ciudadanía No. (…)
9. CESAR MORA BARNEY identificado con la c[é]dula de ciudadanía No.
(…), Representante legal de CONSORCIO GAMMA, interventor externo
de la obra cuestionada.
2. Solicitar al jefe de la oficina de control fiscal de esta entidad Dr.
PLINIO CANDANOZA, que comisione a un funcionario de esa dependencia
para que técnicamente, mediante visita ocular determine los valores
invertidos la construcción de la obra PARQUE TAYKU, de tal forma que
se realice una comparación con el anticipo y/o cualquier otra
remuneración hecha al contratista.
3. Solicitar copia de las pólizas si es del caso, de los funcionarios y ex
funcionarios involucrados sobre el cual recae el Proceso de
Responsabilidad Fiscal, como también del contratista e interventor
externo para proceder de conformidad.
4. Tener con el valor legal que les corresponde, los documentos
aportados.
5. Practíquense las demás pruebas que sean conducentes y pertinentes
para el esclarecimiento de los hechos.
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar al representante legal de la entidad
afectada, la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal.
ARTÍCULO CUARTO. Desde el momento que se tenga copia de las
respectivas pólizas, vincular al garante en su calidad de tercero
civilmente responsable. Comunicándole el presente Auto de Apertura.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
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5.3.2.3. Por auto del 6 de diciembre de 201029, el jefe de la oficina de
responsabilidad fiscal de la Contraloría general del departamento del
Magdalena, declaró la nulidad del precitado auto y ordenó la remisión a
la Contraloría General de la República por competencia.
5.3.2.4. Mediante oficio nro. 8211330 sin fecha suscrito por la Contralora
Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de
la Contraloría General de la República, ordenó iniciar indagación
preliminar con el fin de determinar el daño patrimonial en relación con los
recursos aportados por el Ministerio de Cultura y respecto de los recursos
de la gobernación del Magdalena dispuso lo siguiente:
“[…] De acuerdo con la competencia otorgada por la Resolución No.
05868 de 2007, envío el antecedente del asunto para que su Despacho
adelante, de manera prioritaria, la Indagación Preliminar
correspondiente, a fin de determinar el acaecimiento de daño fiscal en
relación con los recursos aportados por el Ministerio de Cultura al
Convenio Tripartita No. 1377/06.
De igual manera, es claro que la Contraloría Departamental del
Magdalena conserva la competencia en relación con sus recursos, por lo
que se debe dar el traslado correspondiente para el trámite que a ellos
les corresponde.
[…]”. (mayúsculas originales)
5.3.2.5. Por auto del 12 de julio de 2011 proferido por el jefe de la oficina
de responsabilidad fiscal de la Contraloría general del departamento del
Magdalena, avocó nuevamente el conocimiento del proceso de
responsabilidad, decreto pruebas y ordenó seguir el trámite del proceso31.
5.3.2.6. Por auto del 16 de noviembre de 2012 el jefe de la oficina de
responsabilidad fiscal de la Contraloría general del departamento del
Magdalena profirió auto de imputación de responsabilidad fiscal, así32:
29
Ibidem, Archivo PDF “86ED_C05_01 ANEXOS”, pág. 426.
30
Ibidem, Archivo PDF “86ED_C05_01 ANEXOS”, pág. 454.
31
Ibidem, Archivo PDF “86ED_C05_01 ANEXOS”, pág. 497.
32
Ibidem, Archivo PDF “86ED_C05_01 ANEXOS”, pág. 562.
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“[…] ART[Í]CULO PRIMERO: Proferir auto de imputación de
responsabilidad Fiscal en contra de los señores: TRINO LUNA CORREA,
identificado con la C.C. (…) en su calidad de Gobernador de Magdalena
durante el periodo 2004-2007. SANDRA RUBIANO LAYTON,
identificada con la C.C. (…) en su calidad de Gobernadora Encargada
durante el periodo 2007, FRANCISCO INFANTE VERGARA identificado
con la C.C. (…) en su calidad de (sic), y por a CONSORCIO GAMMA
REPRESENTADO por EDINSON V[Á]SQUEZ identificado con la cédula
de ciudadanía (…), interventor de la obra cuestionada. Dentro del
proceso de responsabilidad Fiscal radicado con el número 310
adelantado en las dependencias administrativas de la Gobernación del
Magdalena, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente proveído.
ART[Í]CULO SEGUNDO: Absténgase de imputar responsabilidad Fiscal
Contra OMAR DIAZGRANADOS VEL[ÁS]QUEZ identificado con la
c[é]dula de ciudadanía (…) en su calidad de Gobernador vigencia 2008-
2011, JAIME GUZM[Á]N PONSON identificado con la C.C. (…) en su
calidad de Secretario Jurídico de la Gobernación durante el segundo
semestre 2007, PAUL CORREA SILVA identificado con la C.C. (…) en
su calidad de secretario jurídico de la gobernación durante el segundo
semestre de 2007, UNI[Ó]N TEMPORAL PARQUE TAYKU con su
representante legal el Sr. WILLIAM MUVDI identificado con la C.C. (…),
JHON GUERRERO identificado con la C.C. (…) en su calidad de
secretario de infraestructura de la gobernación.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
5.3.2.7. El 22 de noviembre de 2013 “por el cual se declara la nulidad de
una actuación”, el Contralor Auxiliar para investigaciones de la Contraloría
general del departamento del Magdalena dispuso33:
“[…] Es el momento procesal para que este Despacho emita decisión de
fondo, pero del estudio minucioso de las presentes diligencias, se
advierte que el procedimiento se encuentra afectado por una de las
causales de nulidad previstas en la Ley 610 de agosto de 2000, como es
la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el
debido proceso; toda vez que en el Auto de Imputación calendado
noviembre 16 de 2012, se advierte la inobservancia de la coherencia que
debe existir entre las decisiones contenidas en la parte resolutiva de la
providencia y el análisis jurídico - normativo plasmado en su parte
considerativa, junto con la valoración realizada por el tallador de los
aspectos tácticos y probatorios.
En este orden de ¡días, es dable precisar que la Contraloría Auxiliar para
las Investigaciones, antes Oficina de Responsabilidad Fiscal, al proferir
la providencia adiada 16 de noviembre de 2012 Auto de Imputación de
Responsabilidad Fiscal, omitió justificar o sustentar en la misma, cuáles
fueron las razones DE JURE o DE FACTO que lo conllevaron a abstenerse
de imputar responsabilidad fiscal contra los señores OMAR
DIAZGRANADOS VEL[ÁS]QUEZ identificado con la cédula de ciudadanía
(…) en calidad de Gobernador vigencia 2008 - 2011, JAIME GUZM[Á]N
PONSON identificado con la cédula de ciudadanía (…) en calidad de
Secretario Jurídico de la Gobernación, PAUL CORREA SILVA identificado
33
Ibidem, Archivo PDF “88ED_C06_01 ANEXOS”, pág. 164.
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con la cédula de ciudadanía (…) en calidad de Secretario Jurídico de la
Gobernación. UNI[Ó]N TEMPORAL PARQUE TAYKU representada
legalmente por el señor WILLIAM RIZCALA MUVDI, identificado con la
cédula de ciudadanía (…) y JHON GUERRERO, identificado con la cédula
de ciudadanía No (…) en su calidad de secretario de infraestructura.
Luego, es inexplicable e inadmisible, para este Despacho, que en el
plurindicado Auto, el operador fiscal de esa época, hubiese descrito
expresamente en el acápite de los considerandos que la gestión
adelantada por los funcionarios y contratistas para ejecutar el proyecto
parque Tayku, no fue adecuada, por el contrario fue negligente, ineficaz
y antieconómica, lo cual vulneró aquellos principios propios de la
contratación estatal (planeación, responsabilidad, economía), como
también principios de la función administrativa y de la gestión fiscal
(eficiencia; eficacia y economía), y en la parte resolutiva de esa
providencia, se abstenga de imputar responsabilidad fiscal en contra de
los señores OMAR DIAZGRANADOS VEL[ÁS]QUEZ, JAIME GUZM[Á]N
PONSON, PAUL CORREA SILVA, UNI[Ó]N TEMPORAL PARQUE TAYKU
representada legalmente por el señor WILLIAM RIZCALA MUVDI y JHON
GUERRERO; incluso desconociendo abiertamente lo consagrado en el
Auto de Apertura de Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 310 de fecha
junio 30 de 2009 en lo concerniente a que estos mismos servidores
públicos fueron citados a versión libre, lo que los arropa con el vestuario
de los maniquíes objeto de responsabilidad fiscal.
De lo anterior, se colige inequívoca e irrefragablemente que el Auto de
Imputación datado noviembre 16 de 2012, viola el principio de la
congruencia interna, pues en el mismo, brilla por su ausencia la armonía
y concordancia que debe existir entre las conclusiones derivadas de las
valoraciones fácticas, probatorias y jurídicas contenidas en la parte
considerativa, con la decisión plasmada en la parte resolutiva del fallo.
Así las cosas, la decisión adoptada en el artículo segundo de la parte
resolutiva del multirreferido Auto de Imputación, con clara violación del
principio de la congruencia, no es de recibo y debe ser revocada.
(…)
Artículo primero. Declarar la nulidad parcial del Auto de Imputación de
Responsabilidad Fiscal de fecha noviembre 16 de 2012 prorrumpido
dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 310, en el sentido de
dejar sin efectos lo consagrado en su artículo segundo de la parte
resolutiva del precitado proveído.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
5.3.2.8. Mediante auto del 3 de diciembre de 2013 proferido por el
Contralor Auxiliar para investigaciones de la Contraloría General del
Departamento del Magdalena, resolvió34:
“[…] ART[Í]CULO PRIMERO: Modifíquese el artículo segundo de la
parte resolutiva del auto de imputación de responsabilidad fiscal de fecha
16 de noviembre de 2012, el cual quedará así: Imputar
responsabilidad Fiscal Contra los señores OMAR DIAZGRANADOS
VEL[ÁS]QUEZ identificado con la cédula de ciudadanía (…) en su calidad
34
Ibidem, Archivo PDF “88ED_C06_01 ANEXOS”, pág. 172.
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de Gobernador vigencia 2008-2011, UNI[Ó]N TEMPORAL PARQUE
TAYKU con su representante legal el Sr. WILLIAM RIZCALA MUVDI
identificado con la C.C. (…), JHON GUERRERO identificado con la C.C.
(…) en su calidad de secretario de infraestructura de la gobernación.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
De dicho auto se destaca lo siguiente frente a las razones por las que
imputó responsabilidad fiscal al hoy demandante:
“[…] De ahí que relacionando el caso que nos ocupa identificamos, que
FRANCISCO INFANTE VIVES, en calidad de Gobernador Designado
mediante decreto 26 de [j]unio de 2007, emanado del Ministerio del
Interior y de Justicia, hasta el 31 de [d]iciembre de 2007, TRINO LUNA
CORREA, Gobernador del Magdalena entre 1 de enero de 2004, hasta el
12 de marzo de 2007, SANDRA RUBIANO LAYTON, Gobernadora
encargada desde el 12 de marzo de 2007 hasta el 26 de [j]unio de 2007,
OMAR DIAZGRANADOS VEL[Á]SQUEZ, gobernador del Magdalena
para la época de los hechos, UNI[Ó]N TEMPORAL PARQUE TAYKU en
calidad de contratista, representada legalmente por el Sr WILLIAM
RIZCALA MUVDI identificado con la cédula de ciudadanía No (…),
CESAR MORA BARNEY, identificado con la cédula de ciudadanía No (…)
en calidad de representante legal de CONSORCIO GAMMA, Interventor
de la Obra Parque Taykú mediante contrato No 164 de 2 de [m]arzo de
2007, y JHON GUERRERO identificado con la C.C. (…) en su calidad de
secretario de infraestructura de la gobernación, con su actuar
ocasionaron daño a los recursos públicos de la Gobernación del
Magdalena, en una suma de errores que se concretiza en falta de
planeación, en negligencia o falta de acción y otra por inejecución de
poder de vigilancia y control, produjeron que hoy se quebrantaran los
principios de la gestión pública, la contratación estatal y la gestión fiscal,
toda vez que todas las actuaciones fueron antieconómicas y anti
eficientes que al final suscitó pérdida de recursos públicos o la
oportunidad de invertir de una mejor forma los recursos que beneficiaran
en [ú]ltimas a la colectividad samaria y magdalenense, a la cual hoy se
despoja de sus derechos por la apatía de los administradores públicos.
En este orden de ideas, los diferentes funcionarios que ostentaron el
cargo de Gobernadores y Gobernadores Encargados y quienes sobre sus
manos pesó el Proyecto Parque Tayku, tenían dentro de sus funciones la
obligación adquirida por compromiso propio de llevar a cabo un Proyecto
diferente para la ciudad de Santa Marta y que por causa de la indebida
supervisión, planeación, estudio y sin tener presente los requisitos de ley
necesarios para desarrollar la obra el mismo, nunca llego a buen término
y por el contrario, los recursos inyectados al mismo hoy se puede decir
que fueron recursos perdidos. La razón a dicha afirmación se debe a que
la infraestructura del parque Tayku es bochornosa y los $ 2.483.603.340
invertido no justifican la nefa[s]ta edificación que hoy está presente en
el lote.
El gobernador o gobernadores, como quiera son los ordenadores del
gasto de la entidad, ejecutan el presupuesto en cada vigencia fiscal, y
según inciso tercero del artículo 11 de la Ley 80 de 199313 tienen la
competencia para celebrar contratos, por lo que evidentemente son
gestores fiscales y tienen dominio y disposición jurídica y material de los
bienes públicos, por ello pueden ser objeto de responsabilidad fiscal. Por
su parte el contratista del Estado debe colaborar con la entidad
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contratante en lo que sea necesario para que el objeto contratado se
cumpla y que este sea de la mejor calidad, en general obrar con lealtad
y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones
y entrabamientos que pudieran presentarse; el Interventor, es el
encargado de vigilar y controlar la buena ejecución de los recursos
públicos en un contrato estatal a nombre de la entidad contratante y en
virtud de ello y de lo establecido en el artículo 82 del estatuto
Anticorrupción de Contratación también son objeto de responsabilidad
fiscal por sus presuntos hechos u omisiones que les sean imputables y
causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y
ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o
ejerzan las funciones de interventoría.
Realizando un análisis exhaustivo de la parte fáctica y dado los
presupuestos jurídicos y fácticos descritos en el presente auto y
acogiéndonos al aporte probatorio remitido de Control Fiscal de esta
Entidad y lo recaudado en esta investigación, se tiene certeza de
conformidad con las pruebas existentes en el expediente que el Objeto
contratado Construcción Parque Tayku mediante contrato 081 de 2007,
firmado por Sandra Rubiano Layton como Gobernadora encargada y
William Rizcala Muvdi, como representante de la Unión Temporal Parque
Taykú, no se ejecutó y para ello la Gobernación del Magdalena
desembolsó la suma de los bienes Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres
Millones Seiscientos Tres Mil Trescientos Cuarenta Pesos ML
($2.483.603.340). Así mismo se logra observar dentro del expediente y
de la declaración libre y espontánea que rindieron los presuntos
responsables, que no hubo control por parte de los funcionarios Públicos
para vigilar que los bienes contratados cumplieran el objetivo, para lo
cual fueron contratados.
Así las cosas y habiéndose detallado cada uno de los presupuestos
normológicos y fácticos que dieron origen a que este despacho en virtud
de su competencia procede a imputar responsabilidad fiscal por los
hechos constitutivos de la misma, queda claro pues que existió una
conducta culposa atribuible en este caso a los señores;
OMAR DIAZGRANADOS VEL[Á]SQUEZ, por ejercer una gestión fiscal
irregular, antieconómica e ineficiente, en razón que si bien es cierto, [é]l
no celebro el plurimencionado contrato objeto de investigación y que al
momento de posesionarse como gobernador y representante legal del
Departamento del Magdalena la ejecución del contrato estaba totalmente
paralizada, ya que la obra carecía de licencia de construcción, además
los recurso[s] transferidos por la nación a través del Ministerio de la
Cultura, habían sido embargados por Fonprecom, también lo es, que [é]l
no debió limitarse a liquidar el contrato en mención, sino a realizar las
gestiones administrativas tendientes y necesarias para buscar el
cumplimiento de los fines estatales, para el caso que nos ocupa, era
terminar las obras ejecutadas mediante el contrato No. 081 del
9/02/2007, toda vez, que de acuerdo a lo manifestado por el Comité
integrado por Dr. Marcos Mejía Bacca, la Dra. Sandra Rubiano (Gerente
del Proyecto), Dr. Fabián Saumeth (Secretario de Infraestructura del
Dpto.) y otras personas, las obras se habían ejecutado en un 70%,
siendo viable la culminación de dicha obra y así se hubiese contribuido y
velado por los derechos que tiene la comunidad Magdalenense frente al
Estado.
Por otro lado, es dable anotar que el doctor OMAR DIAZGRANADOS
VEL[Á]SQUEZ al momento de liquidar el Contrato 081 de 2007, no tuvo
en cuenta como base de liquidación del mismo, los ($121.605.817.00)
pertenecientes a imprevistos derivados del A. I. U. (Administración,
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Imprevistos y Utilidad), lo que lo forzaba a que de esta suma de dinero,
se subsanaran todos los gastos ‘imprevistos’ que se presentan
normalmente en una ejecución de una obra como el proyecto Taykú;
amén que en la precitada Acta, determinados conceptos (tiempo muerto
de equipos formaletería, gastos de almacenistas y otros), violando los
principios de economía y responsabilidad estipulados en la Ley 80 de
1993 y demás normas concordantes.
Por último, no sobra recordar que la doctrina ha precisado que quienes
se encuentran vinculados a la Administración, orgánica, material,
funcional o teleológicamente, tienen deberes funcionales, entendidos
como aquellos que están en función de un interés que ‘le es indisponible
a la Administración, pero cuya consecución se le ha impuesto por la
Constitución y la ley’.
En el caso de la contratación estatal, dicho interés se identifica
con el objetivo principal de la misma, que es la satisfacción del
interés general. Para su consecución, el ordenamiento jurídico ha
establecido determinadas reglas que deben observarse para cumplir el
deber funcional aludido con anterioridad. Dicho deber se exige a todos
los servidores vinculados a la Administración en los términos expuestos,
que, actuando en nombre de ella, adelanten un proceso contractual.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)
5.3.2.9. Mediante fallo con responsabilidad fiscal del 17 de marzo de
2014, proferido por el Contralor Auxiliar para las Investigaciones de la
Contraloría general del departamento del Magdalena, se falló con
responsabilidad fiscal solidaria en cuantía de tres mil treinta y un millones
quinientos sesenta mil setecientos setenta y un pesos con noventa y ocho
centavos ($3.031.560.771,98), entre otros, en contra del señor Omar
Diazgranados Velásquez, en calidad de ex gobernador del Magdalena35.
En dicho fallo quedó consignado lo siguiente frente al detrimento:
“[…] 2. UN DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO
Que para efectos de la Ley 610, se entiende por daño patrimonial al
Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo,
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado,
producida por una Gestión Fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente,
inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado,
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de la Contralorías. Que
dicho daño puede ser ocasionado por acción u omisión.
35
Ibidem, Archivo PDF “82ED_C03_01 ANEXOS.pdf”, pág. 2.
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En el caso sub lite, no cabe duda alguna que con la acción y omisión de
los agentes fiscales que intervinieron en el proyecto Parque Tayku, se
causó un daño patrimonial a la administración Departamental del
Magdalena, puesto que se cancelaron unas sumas de dinero que estaban
destinadas para financiar la obra Parque Tayku, las cuales a pesar de ser
canceladas, no produjeron un beneficio para la comunidad samaria, pues
la obra no cumplió su fin estatal; existiendo un mal manejo de los
recursos de la entidad territorial.
No hay que olvidar QUE ESTE PROYECTO JAMÁS cumplió con el
beneficio social.
Este punto cobra especial relevancia si recordamos que la Constitución
consagra que el control fiscal debe evaluar los resultados obtenidos por
la administración en su gestión. De esta forma el daño patrimonial no
consiste simplemente en que se hayan perdido recursos, sino que tiene
una dimensión adicional: los recursos públicos deben haber sido
empleados en conseguir los fines estatales, sino es así
igualmente se habrá causado un daño. Este caso es frecuente en las
miles de obras públicas que se empiezan y nunca son terminadas:
edificios, carreteras, puentes, etc. En todas ellas se podría dar el
argumento perverso de que los recursos están representados en la obra
incompleta y no se han perdido. Desde una versión más coherente con
los fines estatales podemos observar que estas obras no producirán un
beneficio social real, los dineros del Estado han sido mal invertidos y por
lo tanto se ha producido un daño patrimonial al Estado. Creemos que
esta segunda posición es la que debe primar o aplicarse al caso que nos
convoca, puesto que los recursos públicos, a diferencia de los privados,
tienen exclusivamente un fin social servir a la comunidad. Por lo tanto,
de nada le sirve al Estado o a la comunidad tener invertidos
recursos en obras que jamás serán aprovechadas o tendrán
utilidad alguna, como ocurrió con el Proyecto Parque Tayku.
[…]”. (mayúsculas, subrayas y negrillas originales)
En cuanto a la cuantificación del daño se expuso:
“[…] CUANTIFICACI[Ó]N DEL DAÑO:
Del examen detenido del acervo probatorio obrante en el expediente
contentivo del presente proceso, se evidencia que con la acción u omisión
de los funcionarios identificados se ha causado un daño patrimonial por
la suma de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ML ($2.690.150.937, 59) según
consta en la certificación emanada de la Oficina de Tesorería de la
Gobernación del Magdalena, obrante a folio 1077 del Cuaderno Siete (7),
las cuales germinaron de las arcas del Departamento del Magdalena, sin
haberse ejecutado en su totalidad el Contrato 081 de febrero 9 de 2007,
como se demostró a lo largo de este auto; por lo que se dio un manejo
indebido a los recursos de la entidad, causando con ello disminución y
menoscabo de los derechos colectivos de los ciudadanos, aunado a que
no se cumplió con la finalidad Estatal. En concreto el daño se encuentra
demostrado, en los pagos realizados por el proyecto y que este nunca se
culminó.
Por otra parte, en la Teoría General de la[s] obligaciones la regla general
es de que est[á]s cuando exige pluralidad de sujetos deudores, se divide
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pro parte o pro cuota, sin embargo, existe el régimen de obligaciones
jurídicamente indivisibles, denominadas solidarias, el cual origina su
pago IN SOLIDUM (por entero). Este tipo obligacional aparece
desarrollándose en el artículo 1568 inciso 3º del Código Civil. La
característica definitiva de la solidaridad es que, en la relación externa
entre acreedores y deudores, o deudores y acreedores, no cabe la
división de los créditos o de las deudas, según sea el caso, sin perjuicio
de que internamente la situación de cada miembro del grupo sea
autónomo, y en principio tenga una parte de la deuda.
En el caso que nos ocupa, no es posible determinar o cuantificar hasta
donde llega la responsabilidad patrimonial de cada uno de los vinculados,
teniendo en cuenta la naturaleza del bien jurídico tutelado por la
responsabilidad fiscal, que es el patrimonio público, que según la
experiencia y el pensar de muchos doctrinantes, tienen una dimensión
jurídica y ética que les hace distinguir de los simples efectos
patrimoniales derivados de las obligaciones comunes.
Así las cosas, la obligación que surge es de carácter solidario, frente a la
pluralidad de factores dañinos. En este sentido ha sustentado su posición
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
del 11 de abril de 1.994, al señalar:
‘Cuando el hecho perjudicial ha sido causado por dos o más personas
(los sujetos son su causa eficiente) no se procede una división de la
responsabilidad, como si cada uno llevara apenas una parte de la culpa,
sino que por mandato legal surge una obligación solidaria de responder’.
En este orden de ideas los señores TRINO LUNA CORREA, identificado
con la cédula de ciudadanía No. (…), en su calidad de Gobernador del
Magdalena para el período 2004-2007; SANDRA RUBIANO LAYTON,
identificada con la cédula de ciudadanía No. (…), en su calidad de
Gobernadora encargada para el periodo 2007, OMAR DIAZGRANADOS
VEL[ÁS]QUEZ identificado con la cédula de ciudadanía (…) en su calidad
de Gobernador del Magdalena, señor WILLIAM RIZCALA MUVDI
identificado con la Cédula de Ciudadanía (…) en su calidad de
representante legal de la UNI[Ó]N TEMPORAL PARQUE TAYKU, y al señor
EDINSON V[Á]SQUEZ CAMPOS identificado con la cédula de ciudadanía
(…) en su calidad de Interventor de la obra cuestionada, responderán
solidariamente por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA
MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ML
($2.690.150.937, 59)
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
En cuanto a la actualización del daño se explicó:
“[…] ACTUALIZACI[Ó]N DEL DAÑO.
De conformidad con el artículo 53 inciso 2°. de la Ley 610 de 2000, la
cuantía de la Responsabilidad fiscal debe ser actualizada al valor
presente, al momento de la decisión, según los índices de precios al
consumidor, certificados por el DAÑE.
V.P. = $2.690.150.937, 39 x 0.04
1.21
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V.P. =$3.031.560.771,98
(…)
VALOR RESPONSABILIDAD FISCAL: TRES MIL TREINTA Y UN
MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y
UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
($3.031.560.771,98).
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
5.3.2.10. Mediante la Resolución nro. 100-22-137 del 19 de junio de
2019, proferida por el Contralor general del departamento del Magdalena
“por medio del cual se decide un recurso de apelación”, en lo pertinente
analizó36:
“[…] Al respecto en su memorial contentivo el doctor WILSON RICARDO
HERN[Á]NDEZ ROSALES en su condición de apoderado del señor OMAR
RICARDO DIAZGRANADOS V[Á]SQUEZ (sic), manifiesta: Sustentación
Fáctica y Jurídica de la Defensa 1. Incongruencia en lo afirmado
por el fallador: los hechos descritos en el proceso no dan lugar a
la existencia de Responsabilidad Fiscal, a) Carencia de pruebas:
El fallador en su justificación afirma que ‘máxime cuando el comité
integrado por Marco Mejía Bacca, Dra. Sandra Rubiano/gerente del
proyecto) dr Fabián Saumeth (Secretario de Infraestructura del Dpto. y
otras personas establecieron que las obras se habían ejecutado en un
70% siendo viable su culminación, y así se hubiese construido y velado
por los derechos que tiene la comunidad magdalenense frente al
Estado...’ No obstante, la afirmación del fallador se nota que ni en la
decisión final ni en el expediente se identifica a que comité se hace
referencia o la fecha del mismo. Me pregunto cómo puede un
investigador fallador endilgar responsabilidad con base en una prueba
que no conoce, que no la relaciona, que no señala y peor aún, que no
constata. Pues, este toma la declaración y abiertamente le da trámite de
una confesión de mi defendido, que claramente no lo es, primero porque
mi defendido se encuentra en una exposición libre y espontánea:
Sobre este particular, en primer lugar debe aclararse que no se ha dado
la connotación jurídica de una confesión en los términos y alcances
utilizados por el recurrente, sino, se hizo una evaluación integral de las
pruebas, de tal suerte que se analizó lo dicho por el investigado ex
gobernador en la versión libre, -que de paso lo hizo voluntaria y
espontáneamente- con los otros medios de prueba recaudados
legalmente en la actuación, tales como informes de supervisión e
interventoría, que coinciden en que la obra estaba avanzada en más de
un 70%...es importante anotar que este es un hecho no desvirtuado en
el expediente por los medios probatorios recaudados, tampoco el
recurrente lo desvirtúa, ni lo hizo el ex gobernador en su diligencia de
versión libre.
‘b) Suplantación de la Administración - Juzgamiento Subjetivo.
Nótese que el despacho asume una posición de administrador de la cosa
a toma la posición que hubiese tomado el fallador en el evento de ser el
36
Ibidem, Archivo PDF “82ED_C03_01 ANEXOS.pdf”, página 75.
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quien ejerciera el cargo de gobernador y condena argumentando que el
gobernador de la época DEBIÓ adelantar;’
En cuanto a esta anotación, es preciso resaltar que los deberes y
obligaciones que juró cumplir como servidor público: constitución y la
ley, además a los deberes establecidos en la ley 734 de 2002; en ningún
momento corresponde a un ‘imaginario’ como audazmente lo califica el
recurrente, es una verdadera afirmación que sirve de premisa para
desarrollar el cargo de haber actuado con ineficacia e ineficiencia, pues
con su falta de gestión y de resultados concretos sobre soluciones al
problema de las obras inconclusas, ha sepultado en el fracaso el proyecto
que pudo haber sido rescatado o mejorado o continuado, en todo caso,
con su conducta omisiva abandonó la inversión de millonarios recursos
que el departamento invirtió en esas obras...numeral 2º artículo 34
ley 734/02:2 Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el
servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u
omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un
servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.
Expresiones subrayadas declaradas EXEQUIBLES por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C 030 de 2012 (…). Ejercer sus
funciones consultando permanentemente los intereses del bien común,
y teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el
reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de
las necesidades generales de todos los ciudadanos’. diferentes
actuaciones: este olvida que en esta clase de procesos o en cualquier
otro en sede administrativa el fallador no puede juzgar una actuación
basada en el imaginario creado desde su perspectiva, este debió, este
tenía que hacer, sino que este, en su real saber y entender debe analizar
las circunstancias de tiempo modo y lugar de la ocurrencia de los hechos,
ahí este evento debe juzgar con base en la justificación, hecho razones
o argumentaciones que llevaron al sujeto en aquel momento tomara una
determinada decisión, implica ello que el fallador no se limite a estudiar
posición frente a la situación, sino en analizar profundamente la conducta
desplegada por el sujeto, si este violo normas de imperativo
cumplimiento o desatendió otra.
‘c) El fallo se encuentra basado en hecho inexistente: el contrato
en el que se fundamenta no tuvo vida jurídica. En la misma exposición
afirma el fallador que ahora, no podemos desconocer que el Gobernador
de Magdalena, el día 25 de junio de 2007, suscribió un contrato adicional
al contrato 081 de febrero de 2007, entre el Departamento del
Magdalena y la Unión Temporal, el cual dentro de unos de sus apartes
estableció que a fin de garantizar que la primera etapa del parque Tayku
cuente con los bloques inicialmente proyectados terminados y óptimos
para su utilización, es necesario obtener recursos para las actividades
descritas que son consideradas como fundamentales..." La defensa que
hemos venido ejerciendo ha demostrado la carencia absoluta de pruebas
en el fallo de responsabilidad fiscal. La decisión recurrida denota falla de
conocimiento de los hechos, el tallador nunca constaté que el contrato
adicional celebrado nunca llego a legalizarse, como tampoco nunca se
realizó la operación presupuestal de registro, la falla de registro
presupuestal dio lugar al incumplimiento con lo prescrito en el artículo
38 del Estatuto presupuestal Colombiano decreto compilatorio 111 de
1996 el que prescribe que "los compromisos efectivamente adquiridos
con cargo a las disponibilidades presupuestales expedidas deben contar
también con registro presupuestal en virtud del cual los recursos no
podrán ser desviados a ningún otro fin (...)’. En conclusión, nunca se
perfeccion[ó] el contrato, por lo tanto, es un contrato sin electo alguno,
pues resulta ser inejecutable.
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Cabe aclarar, aun cuando esta circunstancia sea cierta, no tiene la
vocación de desvirtuar la conducta deficiente e irresponsable del
entonces gobernador, pues, como se dijo, le asistió el deber de asegurar
que la inversión de recursos públicos que encontró en la obra no se
malograran... este es el centro alrededor del cual gravita la censura a la
conducta del exgobernador, es decir, no sobre la forma, sino sobre el
fondo de su conducta, sobre la inutilidad de su actuar en el rescate de la
millonaria inversión efectuada por el departamento, si bien no intervino
en la formación ni ejecución propiamente dicha de las obras, si llega a
ellas con la suficiente oportunidad para propiciar, buscar y diseñar
soluciones a fin de evitar el mal mayor que ahora afrontamos como lo es
unas obras inútiles, una inversión infructuosa, abandonada por completa
al haberse liquidado el contrato sin generar soluciones efectivas ni
responsabilidades mayores, a manera de ejemplo, un gestor público que
encuentra unas inversiones hechas con recursos públicos, que no
comparte pero que debe respetar y darle cumplimiento a los términos
de lo contratado, tiene el deber legal de buscar que la inversión sea
beneficiosa, logre los objetivos trazados en el proyecto y en el contrato,
tal como lo consagra expresamente los artículos 3 y numeral 9 del 4 de
la ley 80/93: artículo 3 De los fines de la Contratación Estatal. Los
servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y
con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de
los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrad[o]s que colaboran con ellas en la consecución de dichos
fines....(…). Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo
posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán
los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar
rápida y eficazmente las diferencias a situaciones litigiosas que llegaren
a presentarse.
‘d) Inexistencia del nexo causal entre el acta de liquidación del
contrato y el daño que se imputa. En el fallo, dice el investigador que
mi defendido OMAR DIAZGRANADOS VEL[ÁS]QUEZ al momento de
liquidar el contrato 081 de 2007, no tuvo en cuenta como base de
liquidación del mismo, los ($121.605.817) perteneciente a imprevistos
derivados de A.I.U (administración, imprevisto y utilidad), lo que forzaba
a que de esta suma de dinero, se subsanara todos los gastos de
imprevistos que se presentan normalmente en una ejecución de obra
como el parque Tayku, amen que en la precitada acta, determinado
concepto (tiempo muerto de equipos, formaletería gastos de almacenista
y otros) violando los principios de economía y responsabilidad en la ley
80 de 1993 y demás normas concordante. Al respecto encontramos que
el fallador no explica lo que quiere decir o interpretar de la situación la
escasa redacción no logra determinar cuál es la conducta de mi cliente
frente al acta de liquidación y a la toma de decisiones concertada entre
los intervinientes de cancelar los gastos ocasionados señalados en la
mencionad[a] acta. 2. Las conductas que realiz[ó] mi apadrinado en
calidad de gobernador fueron ajustadas a la ley y a la protección de los
recursos públicos - Imposibilidad de ejecución contractual proyecto
parque Tayku a) diferentes reuniones promovidas con los sujetos del
contrato. Fíjese solamente a que folio 256, 257, 258, 259 y 260 del
cuaderno No. 3 del expediente 310, documentos apartados por la
interventoría en la diligencia de versión libre rendida por Cesar Ahiley
Mora Barney, como representante de la firma Gamma, quien fungía
como interventor del proyecto, estos exhiben un informe de todas las
reuniones que promovió como gobernador y los cuales asistía en su
mayoría con el objeto de buscar soluciones que buscaban desestancar el
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proyecto, pues como se probó dentro del sumario venia con
inconvenientes graves en su ejecución. De esas múltiples reuniones en
la que particip[ó] fueron las promovidas desde apenas a los 17 días de
haberse posesionado como Gobernador del Magdalena como se puede
observar a folio 257, en tal sentido no le asiste razón al investigador
fallador decir que actuó con una conducta omisiva’.
Al examinar los resultados de la gestión del exgobernador, encontramos
un contrato liquidado y unas obras abandonadas completamente, sin
aparente fórmula de solución; es decir, que en últimas, para el entonces
gobernador parece haber sido suficiente liquidar el contrato para cumplir
con uno de sus deberes legales, pero hay, después de mucho tiempo,
las obras permanecen abandonadas en el estado en que las dejó al
liquidarlas... b) Imposibilidad de ejecución - Situaciones que llevaron a
liquidar al fracasado proyecto parque Tayku. Embargo de recursos
parque Tayku. A mi representado se le entregó en administración una
entidad totalmente endeudada. Con esto quiero decir que al
departamento no le quedaron recursos para libre inversión, ósea que
aquellos proyectos que estaban dentro del plan de desarrollo
departamental no tenían la más minina posibilidad de ser financiados.
En este sentido el Consejo De Estado sala de Lo Contencioso
Administrativo sección Tercera subsección C. manifiesta que el
PRINCIPIO DE PLANEACION EN LA CONTRATACION ESTATAL -
Sujeción de la actividad estructuradora de la administración al
principio de planeación:
‘El principio de la planeación o de la planificación aplicado a los procesos
de contratación y a las actuaciones relacionadas con los contratos del
Estado guarda relación directa e inmediata con los principios del interés
general y la legalidad, procurando recoger para el régimen jurídico de
los negocios del Estado el concepto según el cual la escogencia de
contratistas, la celebración de contratos, la ejecución y liquidación de los
mismos, no pueden ser, de ninguna manera, producto de la
improvisación. La ausencia de planeación ataca la esencia misma del
interés general, con consecuencias gravosas y muchas veces nefastas,
no sólo para la realización efectiva de los objetos pactados, sino también
respecto del patrimonio público, que en últimas es el que siempre está
involucrado en lodo contrato estatal, desconociendo en consecuencia
fundamentales reglas y requisitos previos dentro de los procesos
contractuales; es decir, en violación del principio de legalidad. (...) Si
bien es cierto que el legislador no tipifica la planeación de manera directa
en el texto de la Ley 80 de 1993, su presencia como uno de los principios
rectores del contrato estatal es inevitable y se infiere: de los artículos
209. 339 y 341 constitucionales, de los numerales 6, 7 y 11 a 14 del
artículo 25, del numeral 3 del artículo 26, de los numerales 1 y 2 del
artículo 30, todos de la Ley 80 de 1993: y del artículo 2º del Decreto 01
de 1984; según los cuales para el manejo de los asuntos públicos y el
cumplimiento de los fines estatales, con el fin de hacer uso eficiente de
los recursos y desempeño adecuado de las funciones, debe existir un
estricto orden para la adopción de las decisiones que efectivamente
deban materializarse a favor de los intereses comunales.
Los gobernador (sic) o gobernadores, como quiera que son los
ordenadores del gasto de la entidad ejecutan el presupuesto en cada
vigencia fiscal, y según inciso tercero del artículo 11 de la Ley 80 de 1993
tienen la competencia para celebrar contratos, por lo que evidentemente
son gestores fiscales y tienen dominio y disposición jurídica y material
de los bienes públicos, por ello pueden ser objeto de responsabilidad
fiscal. Por su parte el contratista del Estado debe colaborar con la entidad
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controlante en lo que sea necesario para que el objeto contratado se
cumpla y que éste sea de la mejor calidad, en general obrar con lealtad
y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones
y entrabamientos que pudieran presentarse; el Interventor, es el
encargado de vigilar y controlar la buena ejecución de los recursos
públicos en un contrato estatal a nombre de la entidad contratante y en
virtud de ello y de lo establecido en el artículo 82 del estatuto
Anticorrupción de Contratación también son objeto de responsabilidad
fiscal por sus presuntos hechos u omisiones que les sean imputables y
causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y
ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o
ejerzan las funciones de interventoría,’
(…)
En el caso objeto de examen, este despacho considera que existe merito
suficiente para confirmar la decisión tomada en primera instancia,
teniendo en cuenta que innegablemente con la conducta gravemente
culposa de los funcionarios vinculados, se ha faltado a los principios
propios de la función administrativa y la Gestión Fiscal, así como, a la
normatividad contenida en la ley 80 de 1993 y demás normativas que
regulan la materia de que se trata, derivándose con ello un detrimento
en los recursos del Departamento del Magdalena, toda vez que se
efectuó un gasto de recursos públicos y la entidad no recibió como
contraprestación ninguna rentabilidad o utilidad, ni mucho menos se
produjo un beneficio social: incumpliéndose así mismo con la misión
institucional de la entidad […]”. (mayúsculas y negrillas originales,
subrayas ajenas)
5.4. Análisis de la Sala
La Sala para resolver recuerda que en la demanda se formularon como
cargos los siguientes: (i) Violación del derecho fundamental al debido
proceso y al derecho de contradicción y defensa; (ii) Violación de las
normas legales relativas a los requisitos para declarar la responsabilidad
fiscal; (iii) Violación del artículo 311 del Código de Procedimiento Civil en
relación con la aplicación del artículo 56 de la Ley 610 de 2000; (iv) Falta
de competencia del superior para decidir sobre el recurso de apelación;
(v) Desacato a las ritualidades procesales en lo atinente a la consulta; (vi)
Violación de los artículos 51 y 83 del Código de Procedimiento Civil por la
no conformación del litisconsorcio necesario entre el Consorcio Gamma -
Unión Temporal Parque Tayku y (vii) Desconocimiento del debido proceso
por desviación de poder.
El a quo al examinar los cargos denegó las pretensiones de la demanda
por considerar que no se desvirtuó la legalidad de los actos acusados.
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En el recurso de apelación la parte demandante centra su disentimiento
frente a lo decidido por el tribunal de instancia, en los siguientes puntos,
que serán analizados en el mismo orden, así:
5.4.1. Afirmó que la conducta que desplegó como primera autoridad
administrativa del departamento no fue negligente, pues no fungió como
gobernador en las etapas previas a la suscripción del contrato, ni en su
celebración y ejecución. Afirmó también que los embargos de los recursos
girados por la Nación para el desarrollo del Proyecto Tayku afectaron el
normal desarrollo del proyecto y desfinanciaron el contrato y que para el
1 de enero de 2008 ya no tenía liquidez presupuestal para su ejecución,
por lo que sus actos no fueron determinantes. Que si bien participó en la
liquidación del contrato, se hizo bajo el deber de protección del erario con
el fin de “evitar millonarias demandas por parte del contratista, toda vez
que fue el departamento quien incumplió el contrato de obra y los
incumplimientos asediaban al demandante al momento de su posesión
como gobernador”.
En relación con este primer reproche, la Sala advierte que lo manifestado
por el recurrente no tiene la virtualidad de afectar la legalidad de los actos
acusados, si se tiene en cuenta que:
(i) Ni en la sentencia proferida por el a quo, ni en el fallo fiscal se afirma
que la responsabilidad endilgada al señor Diazgranados esté fincada en
que participó en las etapas previas a la suscripción del Contrato nro. 081
de 2007, o en su celebración; sino que, lo cuestionado es que durante el
período en que fungió como gobernador ejerció una gestión fiscal
irregular, antieconómica e ineficiente, ya que, tuvo a su cargo la
liquidación del contrato y pese a que solo se ejecutó el 70% de la obra no
hizo ninguna labor tendiente a procurar su culminación, lo que conllevó a
la pérdida de los recursos públicos invertidos para la construcción de la
primera etapa del Parque Tayku.
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(ii) En efecto, acorde con la certificación nro. 2432 suscrita por el técnico
operativo de la secretaria general del departamento del Magdalena37, está
acreditado que el señor Omar Ricardo Diazgranados Velásquez fue
gobernador del departamento del Magdalena, en el siguiente período:
“[…] elegido por Voto Popular el día 28 de [o]ctubre de 2007, según
Credencial expedida por el Consejo Electoral, PARA EL PERÍODO
CONSTITUCIONAL 2008-2011. Posesionado el 1° de enero de 2008 ante
el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena y
[p]rotocolizada mediante Escritura Pública No. 0002 del 2 de enero de
2008. Hasta cuando por Decreto 004618 del 13 de [d]iciembre 2010, se
le suspende provisionalmente su cargo y que mediante Decreto 032 del
11 de [e]nero del 2011 se le revoca el Decreto 4618 del 13 de diciembre
del 2010, hasta cuando por Decreto 000340 del Ministerio del Interior y
de Justicia por el cual se declara el decaimiento del Decreto 032 del 2011
y se ratifican los Decretos 4618 y 4812 del 2010.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales).
(iii) Así mismo, se comprueba que el Contrato de obra nro. 081 de 2007,
fue liquidado mediante acta del 3 de junio de 2009 suscrita por el hoy
demandante en calidad de gobernador del departamento del Magdalena.
Allí quedó consignado lo siguiente38:
“[…] En Santa Marta, se reunieron las siguientes personas: Doctor OMAR
RICARDO DIAZGRANADOS VEL[Á]SQUEZ, quien actúa en condición
de Gobernador del Departamento del Magdalena; Ing. FABI[Á]N
SAUMETT pacheco, Secretario de Infraestructura Departamental; el
Ing. WILLIAM RIZCALA MUVDI, quien Representa la UNI[Ó]N
TEMPORAL PARQUE TAYKU en su carácter de CONTRATISTA; y el Ing.
EDISON V[Á]SQUEZ CAMPO, en Representación del CONSORCIO
GAMMA, quien actúa como INTERVENTOR; con el objeto de suscribir
Acta de Liquidación anticipada del Contrato 081 de Febrero 09-2007,
terminado el veintinueve (29) de noviembre del año Dos Mil Ocho
(2.008), según acta de terminación suscrita entre las partes.
OBJETO: CONSTRUCCI[Ó]N DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE
CULTURAL TAYKU EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA.
CONTRATISTA: UNI[Ó]N TEMPORAL PARQUE TAYKU Representante
Legal WILLIAN RIZCALA MUVDI
INTERVENTOR: CONSORCIO GAMMA Representante Legal EDISON
V[A]SQUEZ CAMPO
ADJUDICACI[Ó]N: CONTRATACIO[Ó]N DIRECTA POR CONVOCATORIA
PÚBLICA
37
Ibidem, Archivo PDF “86ED_C05_01 ANEXOS”, pág. 520.
38
Ibidem, Archivo PDF “86ED_C05_01 ANEXOS”, pág. 87.
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Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
LUGAR: SANTA MARTA (MAGDALENA)
VALOR INICIAL: $3.200.000.000.00
FECHA DE INICIACI[Ó]N: MARZO 8 DE 2007
PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES
ADICI[Ó]N No. 1: SEPTIEMBRE 04 DE 2007 (90 D[Í]AS)
ADICI[Ó]N No. 2: ABRIL 09 DE 2008 (90 D[Í]AS)
TOTAL PLAZO ADICIONAL: CIENTO OCHENTA D[Í]AS (180) D[Í]AS
SUSPENSI[Ó]N No. 1: SEPTIEMBRE 28 DE 2007
REINICIO ΝΟ.1: FEBRERO 4 DE 2008
TIEMPO SUSPENDIDO No. 1: 129 D[Í]AS
SUSPENSI[Ó]N No.2: ABRIL 22 DE 2008
REINICIO No. 2: JUNIO 16 DE 2008
TIEMPO SUSPENDIDO No. 2: 54 D[Í]AS
SUSPENSI[Ó]N No. 3: JULIO 15 DE 2008
REINICIO No. 3: NOVIEMBRE 15 DE 2008
TIEMPO SUSPENDIDO No. 3: 122 D[Í]AS
TOTAL TIEMPO SUSPENDIDO: 305 D[Í]AS
FECHA TERMINACI[Ó]N: NOVIEMBRE 29 DE 2008
VR. FINAL EJECUTADO: $ 1.769.499.759
TOTAL PAGOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO:
$2.483′603.340.00.
(…)
IV. ACUERDOS
Luego de analizar las consideraciones planteadas, las partes acordaron
la siguiente liquidación:
DESCRIPCIÓN VALOR
VALOR CONTRACTUAL 3.200.000.000,00
DESEMBOLSO DE ANTICIPO (50%) 1.600.000.000,00
TOTAL DE OBRA EJECUTADO 1.769.499.759,00
TOTAL AMORTIZADO HASTA EL ACTA 5 885.896.419,00
VALOR A FAVOR DEL $714.103.581,00
DEPARTAMENTO
1 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $109.370.774,00
POR REINTEGRO DE IMPUESTOS
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2 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $147.910.470,00
POR TIEMPO MUERTO DE
FORMALETERIA Y EQUIPO EN OBRA
DURANTE TODO EL TIEMPO DE
SUSPENSI[Ó]N
3 GASTOS DE VIGILANCIA $37.220.214,00
4 UTILIDAD ESPERADA DEL 5% $35.819.833,00
5 COSTOS CAMBIO ESPECIFICACIONES $40.229.461,00
CONCRETO
6 PAGO REAJUSTE DE PRECIOS SEGÚN $100.584.674,00
LIQUIDACI[Ó]N INTERVENTOR[Í]A
7 GASTOS DE ADMINISTRACI[Ó]N $61.000.000,00
SUSPENSI[Ó]N OBRA
SALDOS A FAVOR CONTRATISTA $532.135.426,00
VALOR FAVOR DEPARTAMENTO $714.103.581,00
DIFERENCIA A FAVOR $181.968.155,00
DEPARTAMENTO
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO: $181.968.155,00
Respecto a lo solicitado por el contratista y los cuales no fueron
considerados en los ítems antes descritos se entiende que no hubo
reconocimiento por parte del Departamento del Magdalena en su
condición de contratante, por lo que no se reconoce derecho o suma
alguna en la presente liquidación respecto a las solicitudes no
contempladas en la liquidación acordada.
REINTEGRO DE SUMAS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO
El Contratista se obliga a restituir la suma adeudada al Departamento en
tres cuotas de la siguiente manera:
a. La suma de $60.656.051,67 el día 1 del mes de agosto del año
2009.
b. La suma de $60.656.051,67 el día 1 del mes de octubre del año
2009.
c. La suma de $60.656.051,67 el día 1 del mes de diciembre del
año 2009.
El presente documento constituye título de recaudo para el cobro de las
sumas acordadas y presta m[é]rito ejecutivo, para ello las partes de
antemano renuncian a los requerimientos de ley.
CONSTANCIAS
Las partes acuerdan que con la presente liquidación las partes se
encuentran a paz y salvo por todo concepto, por lo que renuncian
mutuamente a cualquier reclamación de orden legal, administrativa o
judicial que pueda surgir en virtud de la celebración del contrato 081 de
febrero 9 de 2007, y en general de todos y cada uno de sus derechos
derivados de la ejecución del citado contrato, con excepción de la
obligación contenida en el presente documento.
(…)
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Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
En señal de aceptación firman las partes el presente documento una vez
leído y aprobado en su integridad, a los 3 junio de 2009 (sic) dos mil
nueve (2009), por los que en ella intervinieron.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
Por lo tanto, contrario a lo afirmado por el recurrente, no se probó que
hubiese sido diligente como primera autoridad administrativa del
departamento para que los recursos estatales invertidos en la
construcción de la primera etapa del Parque Tayku no se perdieran, sino
que se dejara una obra inconclusa. A ello cabe agregar que, durante su
mandato como gobernador del departamento firmó la liquidación del
Contrato de obra nro. 081 de 2007 y, así mismo, como lo certificó el
gerente de proyectos de la gobernación del Magdalena, participó en la
segunda y tercera suspensión del proyecto.
Al respecto, en la respectiva certificación consta que la suspensión nro. 2
fue para la “aclaración por parte de la Administración de la Gobernación
del Magdalena acerca de los recursos disponibles y vigentes que respalden
el contrato inicial 081 de 2006 por un valor inicial de $ 3.200.000.000 y
el contrato adicional No. 1 de junio 25 de 2006 por valor de $741.100.426,
y definir el presupuesto final para la primera Etapa de construcción del
Parque Cultural Taykú y establecer el cronograma de ejecución y fecha
de terminación del proyecto”.
Mientras que, la suspensión nro. 3 fue por causa de “embargos de
Recursos a la cuenta establecida para el Parque Tayku, por lo tanto, se
suspende temporalmente el contrato hasta que se acuerde entre el
contratista y la Administración del Departamento del Magdalena la forma
de liquidación del contrato”.
Ahora bien, en el recurso de apelación el recurrente centra su atención en
explicar cuál fue la causa de los embargos y en la falta de liquidez
presupuestal, que según afirma afectaron el normal desarrollo del
proyecto; sin embargo, la Sala destaca que, en la demanda no se expuso
ningún fundamento en ese sentido, por lo que el recurso de apelación no
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Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
se trata de una instancia para adicionar argumentos que no fueron
invocados en oportunidad y frente a los cuales el demandado tampoco
tuvo la posibilidad de defenderse, de manera que no hay lugar a examinar
dicho reparo.
(iv) Por otra parte, en lo que tiene que ver con las imputaciones que el
recurrente hace del gobernador que le antecedió en el cargo y el
cuestionamiento que formula porque no fue vinculado al proceso fiscal,
se le recuerda que lo que aquí se examina es la legalidad de los actos que
lo declararon fiscalmente responsable, de manera que los motivos que
llevaron al órgano de control fiscal a no vincular al anterior gobernador se
trata de un asunto ajeno a estas diligencias.
(v) Por último, tampoco es de recibo para la Sala lo afirmado por el
recurrente en el sentido que liquidó el contrato para “proteger el erario”
y “evitar millonarias demandas por parte del contratista, toda vez que fue
el departamento quien incumplió el contrato de obra y los
incumplimientos asediaban al demandante al momento de su posesión
como gobernador, puesto que precisamente en su deber de protección
del recurso público lo que le correspondía era garantizar la culminación
de la obra y la adecuada inversión de los recursos del Estado, y no el pago
de una obra inconclusa.
Por lo tanto, estos reproches no tienen prosperidad.
5.4.2. El segundo reproche del recurrente consiste en afirmar que se le
violó el debido proceso y el derecho de contradicción y defensa, para lo
que hizo un relato del trámite seguido al interior del proceso fiscal y
concluye que se presentaron unas irregularidades al surtirse los recursos
de reposición y de apelación “toda vez que sin obrar término de ejecutoria
siguieron adelante con la actuación”, por lo que estima que la decisión no
está en firme.
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Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
La Sala comienza por precisar que tal como lo afirma el recurrente, el
debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones, ya sea judiciales o
administrativas.
La Corte Constitucional ha definido el debido proceso administrativo,
como “el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la
administración, “materializado en el cumplimiento de una secuencia de
actos por parte de la autoridad administrativa39” ”40.
En la misma sentencia antes citada, esto es, la T- 105 de 2023, la Corte
recordó que hacen parte de las garantías del debido proceso
administrativo, entre otros, los derechos a: (i) ser oído durante toda la
actuación; (ii) la notificación oportuna y de conformidad con la ley; (iii)
que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas; (iv) que se permita
la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación; (v)
que la actuación se adelante por la autoridad competente y con el pleno
respeto de las formas propias previstas por el ordenamiento jurídico; (vi)
gozar de la presunción de inocencia; (vii) el ejercicio del derecho de
defensa y contradicción; (viii) solicitar, aportar y controvertir pruebas;
(ix) impugnar las decisiones y promover la nulidad de aquellas obtenidas
con violación al debido proceso.
Por último, la Corte en la misma providencia, identificó tres finalidades
del debido proceso, a saber: (i) asegurar el ordenado funcionamiento de
la administración; (ii) garantizar la validez de sus propias actuaciones y
(iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los
administrados. Finalidades que según afirmó, se satisfacen a la luz de
cuatro componentes del debido proceso administrativo: (i) el acceso a la
justicia en libertad e igualdad de condiciones; (ii) el ejercicio de la legítima
defensa, (iii) la determinación de trámites y plazos razonables y, (iv) la
imparcialidad en el ejercicio de la función pública administrativa.
Sentencias T- 051 de 2016, C- 980 de 2010 y T-796 de 2006.
39
Corte Constitucional. Sentencia T- 105 del 18 de abril de 2023. M.P. José Fernando
40
Reyes Cuartas.
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Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
En el caso concreto, en aras de determinar si las garantías que componen
el debido proceso administrativo fueron o no respetadas durante el
proceso de responsabilidad fiscal que se adelantó en contra del
demandante, y más específicamente, al surtirse los recursos de reposición
y de apelación, se observa lo siguiente:
El fallo de primera instancia y los recursos e incidentes
interpuestos contra el mismo
(i) Mediante Fallo con responsabilidad fiscal 17 de marzo de 201441,
proferido por el Contralor Auxiliar para las Investigaciones de la
Contraloría general del departamento del Magdalena, se falló con
responsabilidad fiscal solidaria en cuantía de tres mil treinta y un millones
quinientos sesenta mil setecientos setenta y un pesos con noventa y ocho
centavos ($3.031.560.771,98), entre otros, en contra del señor Omar
Diazgranados Velásquez, en calidad de ex gobernador del departamento
del Magdalena; decisión que le fue notificada de manera personal el 1 de
abril de 201442.
(ii) El 10 de abril de 2014, la defensa del hoy demandante solicitó
“decretar nulidad de lo actuado en contra de OMAR RICARDO
DIAZGRANADOS VELÁSQUEZ” para lo cual expuso 43:
“[…] II. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA
SOLICITUD DE NULIDAD
1. Incongruencias en lo afirmado por el fallador, Falta de
Pruebas.
a) Carencia de pruebas:
El fallador en su justificación afirma que "máxime cuando el comité
integrado por Marco Mejía Bacca, Dra. Sandra Rubiano (gerente del
Proyecto) dr. Fabián Saumeth (Secretario de Infraestructura). del Dto.)
y otras personas, establecieron que las obras se habían ejecutado en un
70%, siendo Viable su culminación, y así se hubiese construido y velado
por los derechos que tiene la comunidad magdalenense frente al
41
Ibidem, Archivo PDF “88ED_C06_01 ANEXOS”, pág. 440.
42
Ibidem, Archivo PDF “88ED_C06_01 ANEXOS”, pág. 480.
43
Ibidem, Archivo PDF “88ED_C06_01 ANEXOS”, pág. 517.
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Estado...", sin embargo este no señala cual comité, fecha del
mismo, el fallador no señala el folio dentro del expediente. Me
pregunto cómo puede un investigador-fallador endilgar
responsabilidad con base a una prueba que no conoce, que no la
relaciona, que no la señala y peor aún, que no constata. Pues este
toma la declaración y abiertamente le da trámite de una
confesión de mi defendido, que claramente no lo es, primero
porque mi defendido se encuentra en una exposición libre y
espontánea y no en etapa de juicio o probatoria. Segundo, porque
esta exposición no cumple con los requisitos señalados en el
artículo 195 del código de procedimiento civil, para tramitarla
como una confesión, y tercero, mi cliente en la versión libre
expone con alguna inseguridad lo que un tercero le ha informado,
lo cual lo hace saber cómo se describe más adelante.
Ahora, esta información al parecer fue tomada y manipulada por el
investigador de la declaración Libre y Espontánea rendida por mi
poderdante el día 14 de abril de 2009 (220-222), donde expone que
conformó una comisión y no un comité como lo afirma quien falla, y con
alguna duda en sus afirmaciones dice; ‘sino estoy mal eran
superiores al 70%’, seguidamente expone ‘según me informa la
parte técnica entre ellos el secretario de infraestructura y la
firma interventora’. Entiéndase que el Gobernador de la Época no es
Ingeniero, por lo que tampoco puede determinar técnicamente el
porcentaje de una obra, esto lo determinan los técnicos de la materia.
Sin embargo, el fallador modifica arbitrariamente lo dicho por mi
defendido y lo transforma a una afirmación probatoria.
Lo anterior, denota una carencia infinita de conocimiento por parte del
fallador del proyecto parque Tayku, por cuanto no tuvo en cuenta que
mi poderdante se refería a la ejecución de solo la primera etapa del
contrato 081 de 2007, y no de todo el proyecto terminado, el cual estaba
proyectado en $5.207.723.717, como se explica a continuación;
• El valor de este contrato es por $4.466.723.717, sin embargo, se
indica un valor inicial por $3.200.000.000 y un presupuesto condicionado
a la gestión del departamento del magdalena ante el ministerio de
cultura por $1.266.723.717: además que se había solicitado y se había
alcanzado a firmar una adición de 741.000.000 millones de pesos para
obras adicionales de rampas para un total del proyecto que debería
costar finalmente $5.207.723.717.
Por otro lado, al contratista se le había entregado en las diferentes actas
$2.483.000.000 millones de pesos, a lo cual se le debe restar la
diferencia a favor del departamento que se generó en [el] acta de
liquidación del contrato número 081-2007 por valor de $181.968.155
para un total de entregado al contratista de $2.301.031.845.
No obstante, lo anterior, como ya lo señal[é] mi poderdante no expuso
una cifra o un porcentaje seguro, este estim[ó] un porcentaje, pues
lógicamente no es [é]l, el profesional idóneo para ello, como tampoco lo
era como Gobernador. En tal sentido, el investigador como debe
corresponder en esta clase de procesos debió ir al fondo y verificar lo
dicho por este y no tomar la versión como medio probatorio (el cual no
es). Esta simple verificación pudo hacerla en su momento constatando
las actas de liquidación, informes de interventorías entre otros
documentos que hacen parte del proyecto además de realizar un cuadro
económico ponderado y objetivo, lo cual le hubiese arrojado un
porcentaje mucho menor y no realizar una versión, tal como la hizo el
fallador donde afirma que en un comité se dejó sentada esa posición.
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Cabe aclarar que, revisado el expediente del proceso, no existe ni
siquiera mención por parte del investigador para verificar el porcentaje
de ejecución de las obras que determin[ó] la interventoría o la
determinada por este mismo ente de control.
Entonces, resulta claro, que existe carencia probatoria en este punto, lo
cual debe obligar al fallador de primera instancia [a] modificar su
decisión o bien sea encontrar argumentos diferentes a estos, lo cual
procesalmente est[á] proscrito realizarlo.
b) Carencia de Investigación- Carencia de Pruebas- Inexistencia
de Contrato adicional
En la misma exposición afirma el fallador que; ‘Ahora, no podemos
desconocer que la gobernación del magdalena, el día 25 de junio
de 2007, suscribió un contrato adicional al contrato 081 de febrero
de 2007, entre el Departamento del Magdalena y la Unión Temporal, el
cual dentro de unos de sus apartes estableció que a fin de garantizar que
la primera etapa del parque cultural Tayku cuente con los bloques
inicialmente proyectados terminados y óptimos para su utilización, es
necesario obtener recursos para las actividades descritas que son
consideradas como fundamentales....’.
En este punto seguiremos con nuestra argumentación basada en la falta
de conocimiento y falta investigación profunda del fallador y por
consecuencia falta de pruebas, lo cual denota dudas sobre su idoneidad,
por cuanto el fallador nunca constató que el contrato adicional celebrado
no se legalizó, como tampoco nunca se realizó la operación presupuestal
de registro, es decir, no se hizo el registro presupuestal, por lo que no
se cumplió con lo prescrito en el Artículo 38 del Estatuto Presupuestal
Colombiano decreto compilatorio 111 de 1996 el que prescribe que ‘Los
compromisos efectivamente adquiridos con cargo a las disponibilidades
presupuestales expedidas deben contar también con registro
presupuestal, en virtud del cual los recursos no podrán ser desviados a
ningún otro fin (...)’.
En conclusión, nunca se perfeccionó el contrato, por lo tanto, es un
contrato sin efecto alguno, pues resulta ser inejecutable, hecho este que,
si conocíamos nosotros, por ello tomamos tan responsable decisión de
no continuar con la ejecución del contrato, pues este carecía de
financiación, como lo demostraremos dentro del proceso.
La anterior situación qued[ó] evidenciada en diferentes momentos
durante la vigencia del proyecto; el primero de ellos en reunión celebrada
para suspensión de obra No. 2 del contrato, donde se manifiesta, ‘que
se suspende el proyecto hasta tanto la administración no aclare la
disponibilidad de los recursos en cuanto a los contratos adicionales, ya
que se informó verbalmente que tanto para los adicionales de
construcción e interventoría no se realizaron los registro[s]
presupuestales...’.
Una segunda reunión celebrada en el despacho de mi defendido cuando
fungía como Gobernador celebrada el día 23 de abril de 2008, ‘por parte
de la secretaria financiera se informa oficialmente que los contratos
adicionales no tienen respaldo presupuestal y que solo se tienen los
registro para los contratos iniciales tanto de construcción ye
interventoría...’ Y así en lo sucesivo se encuentran sendas
evidencias que demuestran que esos contratos nunca se
legalizaron, por ello resulta muy extraño e incluso tendencioso y
sospechoso, que el fallador afirme con tal seguridad que, con la
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celebración de este contrato adicional, se habría podido culminar
la obra, cuando ni siquiera tuvo el cuidado de revisar el
expediente, menos aún las situaciones verdaderas y particulares
que llevaron a que el proyecto fracasara. En este sentido no se
puede endilgar responsabilidad alguna, en razón a que mi
defendido no firmó el contrato adicional señalado, no dependió
de él la realización del registro presupuestal, puesto no era
Gobernador para esa fecha. (Ver folio 258 y 259 cuaderno 3
documento aportado por la interventoría en la diligencia de la
versión libre. Las copias de estas actas se encuentran en el cd
aportado por la interventoría en esta misma diligencia, o bien su
despacho puede solicitarlas a la interventoría)
Lo anterior, refleja como ya lo hemos señalado que el fallador tom[ó]
información incierta e imprecisa como prueba fundamental para tomar
su decisión y peor aún endilgó responsabilidad fiscal a mi defendido
profiriendo un fallo que a todas luces carece de pruebas.
El derecho probatorio es importante en todas las actuaciones
investigativas del Estado, porque permite al funcionario tomar las
decisiones que corresponden, en derecho y en justicia, evitando la
violación de derechos fundamentales de las personas. En el caso del
Proceso de Responsabilidad Fiscal, así como en los procesos
sancionatorios, se evita una condena a un inocente, o la obligación al
resarcimiento patrimonial del Estado sin que haya lugar, sin que exista
prueba para la responsabilidad fiscal
Es por ello, que se hace necesario conocer todos y cada uno de los
formalismos que las leyes establecen en la práctica de las pruebas, con
el fin que las mismas puedan ser la base de las decisiones y no se vea el
Estado en la imposibilidad de decidir contrariamente a la verdad.
La prueba resulta ser el medio o mecanismo por el cual se demuestra
algo, y jurídicamente lo que permite es saber cómo ocurrió un hecho.
Los medios de prueba existentes en nuestra legislación, exigen unos
requisitos fundamentales y unas formalidades esenciales para ser
estimados como base para la toma de decisión, cualquiera sea el sentido
de ésta, es así que en materia de responsabilidad fiscal, como en
cualquiera otro proceso, las pruebas son la base para la demostración de
los hechos, es fundamental conocer que en todo proceso deben
respetarse y acatarse los principios generales que gobiernan el derecho
probatorio, pues con la aplicación concreta y clara de tales principios se
estará cumpliendo con los presupuestos necesarios que debe tener el
desarrollo adecuado de la etapa probatoria en el proceso. Esos principios
son: Auto responsabilidad, libre apreciación, unidad, adquisición,
inmediación, publicidad, contradicción, necesidad, oportunidad, y
economía procesal, los cuales deben aplicarse en la fase probatoria, y
aún más, aplicarse a cada uno de los medios de prueba y así garantizar
un debido proceso
En tal sentido el artículo 22 de la ley 610, prescribe que ‘Toda providencia
dictada en el proceso de responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas
legalmente producidas, allegadas o aportadas al proceso’.
Así mismo señala el Artículo 23 de la misma ley que: ‘El fallo con
responsabilidad fiscal sólo procederá cuando obre prueba que conduzca
a la certeza del daño patrimonial y de la responsabilidad del investigado’
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El legislador muy sabiamente creó, entre otras garantías procesales,
estas que hoy citamos, que cuando el fallador tome cualquier decisión,
esta debe estar fundamentada en pruebas serias, reales, valoradas
dentro de la órbita de la sana cr[í]tica, alejada de cualquier apreciación
subjetiva. Así, se garantiza el debido proceso y el principio de legalidad.
La garantía prescita en la citada ley, como desarrollo del artículo 29 de
la Constitución, resulta vulnerada en la decisión de la Contraloría
Departamental del Magdalena, Pues, el investigador y fallador no allegó
pruebas conducentes como ya lo demostré que lleve a la certeza de un
daño, máxime cuando en el caso del literal B) ni siquiera existe la prueba
que señala el fallador y no existirá nunca.
Con base a las anteriores consideraciones, estudiadas las normas y
probada la carencia de pruebas para responsabilizar fiscalmente a mi
cliente dentro del proceso de responsabilidad fiscal 310-, y no habiendo
certeza que mi cliente con su actuación causó un daño patrimonial al
erario público del Departamento, pues no obra prueba contundente.
Solicito que de manera inmediata se decrete la nulidad de lo actuado
frente a mi cliente, en razón a que existe claramente una comprobada
existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso,
pero además con esta decisión, la de fallar fiscalmente en contra de mi
defendido sin un sustento probatorio suficiente, transgrede claramente
el derecho al debido proceso.
[…]”. (mayúsculas, subrayas y negrillas originales).
(iii) La precitada solicitud de nulidad fue resuelta por el Contralor Auxiliar
para las Investigaciones de la Contraloría general del departamento del
Magdalena por auto del 24 de abril de 2014, “auto por medio del cual se
resuelve nulidades”, en el siguiente sentido44:
“[…] Las leyes 610 del 2000 en sus artículos 36 y 37 y 1474 de 2011
establecen
‘CAUSALES DE NULIDAD. Son causales de nulidad en el proceso de
responsabilidad fiscal la falta de competencia del funcionario para
conocer y fallar, la violación del derecho de defensa del implicado o la
comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el
debido proceso. La nulidad será decretada por el funcionario de
conocimiento del proceso’.
El artículo 37 de la plurimencionada ley reza: ‘SANEAMIENTO DE
NULIDADES. En cualquier etapa del proceso en que el funcionario
advierta que exista alguna de las causales previstas en el artículo
anterior, decretará la nulidad total o parcial de lo actuado desde el
momento en que se presentó la causal y ordenará que se reponga la
actuación que dependa del acto declarado nulo, para que se subsane lo
afectado. Las pruebas practicadas legalmente conservaran (sic) su plena
validez’.
Artículo 109. ‘Oportunidad y requisitos de la solicitud de nulidad.
La solicitud de nulidad podrá formularse hasta antes de proferirse la
44
Ibidem, Archivo PDF “88ED_C06_01 ANEXOS”, pág. 733.
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decisión final, la cual se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de su presentación.
Contra el auto que decida sobre la solicitud de nulidad procederá el
recurso de apelación, que se surtirá ante el superior del funcionario que
profirió la decisión'.
Descendiendo al caso concreto, nos vemos forzado a invocar el extracto
de un fallo de reposición de única instancia proferido el 27 de febrero de
2004, por el viceprocurador general de la nación, radicado N° 002-
73503-02, proceso adelantado contra Amilkar Acosta Medina y otros,
aplicable analógicamente por su naturaleza administrativa al de proceso
de responsabilidad fiscal, en el que se lee que ‘La postulación de una
nulidad después del fallo de primera o única instancia es de
naturaleza extemporánea. Se dice fallo de primera instancia o única
instancia por cuanto, los fallos de segunda instancia o el de reposición
se integran con ella, respectivamente, jurídicamente hablando. La
petición de nulidad podrá formularse hasta antes de proferirse fallo
definitivo, esto es, hasta antes del fallo de primera o única instancia
(artículo 146 del CDU)... Si así no se entendiera la norma entonces no
existiría límites a la petición de nulidad, pues operaría en cualquier
momento procesal, esto es, después del fallo de primera instancia y
antes de resolver la segunda o después del fallo de única y antes de la
reposición, luego entonces, en cualquier oportunidad procesal, pues
proferidas esas decisiones pendientes se han agotado las instancias. De
allí que, como en el presente caso, las peticiones de nulidad efectuadas
antes del fallo de primera instancia y debidamente resueltas, como las
que se hacen después del fallo objeto de esta reposición, son asuntos de
los cuales no puede ocuparse nuevamente el despacho, toda vez, que
dichas peticiones son manifiestamente inconducentes y dilatorias en los
términos de los artículos 14 numeral 2º del C de P.P, 38 numeral 2° del
C de P.C. y 21 del CDU’ (las negrillas y subrayas fuera de texto).
De lo expuesto, se infiere inequívocamente en primer término que
encuentra vigencia en el proceso de las contralorías el principio de
preclusión, por el que sus diversas fases se desarrollan en forma
sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas,
impidiendo el regreso a las ya extinguidas y consumadas, por cuanto un
desenvolvimiento no es discrecional.
(…)
No proviene empero esta observación de algunos perjuicios, como el que
el presunto responsable es un individuo molesto que utiliza las nulidades
de manera táctica para entorpecer el proceso. Prueba de que la voluntad
del legislador es que sólo se opongan nulidades hasta antes de proferido
el fallo con responsabilidad, es que dispuso en el inciso segundo del
artículo 38 de la ley 610 de 2000 que el auto que las decida queda sujeto
al recurso horizontal de reposición y al jerárquico de apelación.
Si estuviera consentido provocar nulidades en el instante anterior a la
expedición de la providencia que decide la apelación contra el fallo, no
podrían surtirse entonces los dos grados respecto de la que negara la
nulidad, puesto que el funcionario que desata la apelación que ataca el
fallo agota ya la vía administrativa.
Acentuemos también de otra parte que una vez dictado el
pronunciamiento con responsabilidad fiscal concluye la competencia de
las Contralorías respecto del objeto de juicio y sólo se reabre en razón
de los medios de impugnación ofrecidos por la ley, los recursos de
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reposición y apelación igual a lo que acontece con cualquier otro acto de
la administración, no en atención a pretensiones de nulidad.
Con base en lo anterior, este despacho considera conveniente rechazar
la petición de nulidad impetrada contra el fallo con responsabilidad fiscal
de fecha 17 de marzo de 2014, por haberse sobrepasado la oportunidad
procesal idónea.
En mérito de las anteriores consideraciones,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: NIEGUESE por improcedente las solicitudes de
nulidad presentada contra el fallo con responsabilidad fiscal de fecha 17
de marzo de 2014, proferidos dentro del proceso de responsabilidad
fiscal N° 310 adelantada en las dependencias administrativas de la
Gobernación del Departamento del Magdalena, de conformidad a lo
expuesto en la parte motiva del presente proveído.
[…]”. (mayúsculas, subrayas y negrillas originales).
(iv) La defensa del señor Diazgranados Velásquez el 2 de mayo de 2014
interpuso recurso de apelación en contra del auto del “auto por medio del
cual se resuelve nulidades”, y lo sustentó así45:
“[…] RAD: Recurso de Apelación contra auto de fecha veinticuatro (24)
de abril que resuelve solicitud de nulidad dentro del Proceso de
Responsabilidad Fiscal 310
I. ANTECEDENTES
Como quiera que nos encontramos en una etapa procesal en la cual ya
es suficientemente conocido los hechos y antecedentes que llevaron a la
construcción del parque Tayku, consideramos que no es necesario
extendernos en narrar la génesis de dicho proceso contractual, de la
misma manera no nos detendremos a repetir lo pedido en la solicitud de
Nulidad, pues además de anexar copia de la solicitud, su despacho
analizó profundamente nuestra rogada petición.
Sin embargo, es importante resaltar, en esta oportunidad procesal, que
con la decisión de primera instancia se ha conculcado en manera grave
los derechos fundamentales de mi cliente al debido proceso y a una
defensa técnica, ajustada a los lineamientos normativos, como lo
demostraremos en la presente oportunidad procesal.
En efecto, la defensa que se ha venido ejerciendo en favor del Doctor
Omar Diazgranados Velázquez ha señalado la carencia de
fundamentación de los elementos de responsabilidad que se le pretenden
imputar a mi defendido, con lo que se ponía en conocimiento del
despacho la necesidad de mantener una concordancia entre los principios
rectores de la Responsabilidad Fiscal y el caso en concreto. Sin embargo,
el planteamiento realizado en la defensa no fue analizado por el fallador
como correspondía, por ello recurrimos a la Nulidad como medida legal,
con que cuentan los presuntos responsables para salvaguardar los más
45
Ibidem, Archivo PDF “88ED_C06_01 ANEXOS”, pág. 741.
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íntimos principios y derechos del debido proceso y el derecho a la
defensa.
De igual manera, sin mayor pretensión diferente a defender los derechos
de mi cliente hoy vulnerados por su despacho, presento el presente
recurso avocado por el atropellado auto que expidió en día precedente,
donde con interpretaciones alejadas de toda realidad jurídica, crea una
condición asistiendo a un sistema diferente, a sabiendas que posee el
suyo propio, como son las normas, principios y reglas del proceso de
responsabilidad fiscal, proceso autónomo y con reglas de aplicación
especial.
Se observa que la Contraloría Auxiliar para las Investigaciones en el auto
que resuelve la solicitud de nulidad dentro en el proceso de la referencia
se niega la misma por improcedente en los siguientes términos, el cual
lo copiamos literal de la providencia para no tener que hacer que el
juzgador interprete en otro sentido;
(…)
Aduce el despacho a líneas seguidas que de lo expuesto se infiere
inequívocamente en primer término que encuentra vigencia en el
proceso de las contralorías el principio de preclusión, por el que sus
diversas fases se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura
definitiva de cada una de ella, impidiendo el regreso a las ya extinguidas
y consumadas por cuanto un desenvolvimiento no es discrecional.
Continua el despacho con su argumentación arguyendo que ‘creemos por
ende se deben denunciar una vez se produzcan o se tenga conocimiento
de ellos, no en la ocasión que se le plazca a las personas procesadas,
pues atenta contra el orden del procedimiento y la buena fe (art 71 C.P.
Civil), que en estadios previos al fallo toleren la existencia de esos
defectos, sin elevar una protesta o petición rectificadora, para alegarlos
al final o en forma desordenada, a objetos de lograr que se compete el
plazo de prescripción’.
A lo anterior, intentaremos reponer el auto utilizando la siguiente
metodología 1. Desvirtuar lo afirmado por el fallador, inadecuada
interpretación de la solicitud. 2. Causales de Nulidad y su trámite dentro
del Proceso de Responsabilidad Fiscal. Errada interpretación del artículo
38 de la ley 610 de 2000 y 109 de la ley 1474 de 2011 3. 3. Fraude
Procesal y Prevaricato.
1. DESVIRTUAR LO AFIRMADO POR EL FALLADOR
Su despacho en su argumenta (sic) afirma que; ‘creemos por ende se
deben denunciar una vez se produzcan o se tenga conocimiento de ellos,
no en la ocasión que se le plazca a las personas procesadas, pues atenta
contra el orden del procedimiento y la buena fe (art 71 C.P. Civil), que
en estadios previos al fallo toleren la existencia de esos defectos, sin
elevar una protesta o petición rectificadora, para alegarlos al final o en
forma desordenada, a objetos de lograr que se compete el plazo de
prescripción’. No obstante, su argumentación, este solo se limitó a un
aspecto meramente procesal, obviando flagrantemente lo expuesto
como argumentos en la solicitud de nulidad presentada. Nótese que
precisamente lo que ataca la solicitud de Nulidad, son situaciones que
solo pudieron conocerse con la expedición del fallo con responsabilidad
fiscal, en efecto, por ejemplo solo pudimos saber que se darían valor
probatorio a unos contratos (adicionales) que carecían de existencia,
pues estos se habían liquidados y tuvieron una vida jurídica desconocida,
toda vez que fueron inejecutables por razones ajenas a mi cliente, pues
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no contaba con disponibilidad jurídica frente a estos, pues mi defendido
no era gobernador cuando estos se tramitaron.
En tal razón, si su despacho argumenta que los hechos o situaciones que
puedan generar una nulidad tienen que denunciarse una vez se produzca
o tengan conocimientos de ellos, lógicamente nos estaría otorgando la
razón, en el entendido que la situación, la de conocer el valor probatorio
que usted de otorgo a unos contratos (adicionales), solo la conocimos
con la expedición del fallo con responsabilidad fiscal de fecha 17 de
marzo de 2014, dentro del proceso de responsabilidad fiscal 310 y como
lo hemos argumentado este o estos contratos al momento de
posesionarse mi cliente como Gobernador carecían de toda legalidad, no
contaba con un registro presupuestal que amparara recursos públicos
para destinarlos al proyecto parque tayku, valga aclarar que no debemos
a entrar a la discusión si este hubiera podido legalizar los contratos, pues
en tratándose de contratación estatal y presupuesto público colombiano,
sería un delito y una falta disciplinaria asistir a esta situación. Por tanto,
sugerimos estudie en profundidad la solicitud de nulidad planteada, a
efecto de proteger los derechos fundamentales al debido proceso y a la
defensa de mi cliente.
En cuanto al otro punto planteado en la solitud de nulidad, lo que tiene
que ver el valor probatorio que se le otorgó a la versión libre y
espontánea rendida por mi cliente, si bien es cierto se logró mencionar
en el auto de imputación, este creíamos no se iba a tener en cuenta al
momento de fallar, pues estábamos convencido que el fallador no se le
ocurriría darle valor probatorio a una afirmación sin contar con los
elementos de prueba necesarios. En este sentido, acudimos a la nulidad,
por considerar que el fallador tomo la declaración libre y espontanea
cómo elemento determinante para fallar en contra de mi cliente, sin
contar con los elementos probatorios necesarios para ello, que hubiese
podido ser pruebas testimoniales, técnicas, de ingeniería o
arquitectónica que corroboraran lo dicho en mencionado comité, el cual
ni siquiera el fallador cita dentro del sumario, hecho que denota que no
conoció, no palpó, no estudio la prueba.
2. CAUSALES DE NULIDAD Y SU TRAMITE DENTRO DEL PROCESO
DE RESPONSABILIDAD FISCAL
2.1. Causales de Nulidad
Las causales de nulidad en los procesos de responsabilidad fiscal se
encuentran reguladas en el artículo 36 de la ley 610 de 2000, el cual
prescribe que: ‘Son causales de nulidad en el proceso de responsabilidad
fiscal la falta de competencia del funcionario para conocer y fallar: la
violación del derecho de defensa del implicado: o la comprobada
existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.
La nulidad será decretada por el funcionario de conocimiento del
proceso’.
La norma nos ubica en tres causales expresas de nulidad en el proceso
de responsabilidad, la primera, se refiere a la falta de competencia del
funcionario para conocer y fallar, la segunda, por violación del derecho
de defensa del implicado y la tercera la comprobada existencia de
irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso, a estas dos
últimas acudimos, como lo hemos señalado, porque se le han conculcado
los derechos del debido proceso y el derecho a la defensa, como quiera
que al juzgársele con prueba inexistente, desconoce todas las normas
que rigen el proceso de responsabilidad fiscal y no permite un juicio justo
y transparente.
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Además de las causales antes mencionadas, se aplican a este proceso
las nulidades prescritas en el código contencioso y de lo contencioso
administrativo y el código de procedimiento civil, las cuales se le darán
el mismo trámite que estas.
2.2. Tramite De La Solicitud De Nulidad Y Término Para
Interponerla-Interpretación
En el proceso de responsabilidad fiscal existen dos formas de solicitar y
tramitar las solicitudes de nulidad que se traten dentro de este, esto
dependerá si estamos en frente de un proceso verbal o frente a un
proceso ordinario, como en el que nos encontramos. En el primer caso,
es decir, en el proceso verbal las solicitudes de nulidad y su resolución
se deberán resolver en la audiencia de descargo, así lo señala el artículo
99 de Ley 1474 de 2011, en tratándose de proceso ordinario, señala el
artículo 38 de la ley 610 de 2000 que; ‘Podrán proponerse causales de
nulidad hasta antes de proferirse el fallo definitivo. En la respectiva
solicitud se precisará la causal invocada y se expondrán las razones que
la sustenten. Sólo se podrá formular otra solicitud de nulidad por la
misma causal por hechos posteriores o por causal diferente. Contra el
auto que resuelva las nulidades procederán los recursos de reposición y
apelación’, a su vez el artículo 109 de la ley 1474 de 2011 prescribe que;
‘la solicitud de nulidad podrá formularse hasta antes de proferirse la
decisión final, la cual debe resolverse dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de su presentación’.
Fíjese que nos encontramos frente a dos disposiciones normativas
especiales que se refieren al mismo tema, el de la oportunidad para
proponer la nulidad, sin embargo, sus finalidades son diferentes una
intentó regular el término para presentarlas y la otra los requisitos, no
obstante el despacho no hizo un análisis interpretativo de las mismas
dentro de su mismo sistema, sino que recurrió a un sistema diferente,
sin realizar ningún estudio interpretativo, y como agravante, no solo
aplicó una interpretación de una norma de un sistema diferente, como
lo es el proceso disciplinario, sino que el mismo careció de toda sana
regla de interpretación jurídica.
Como quiera que nos encontramos frente a dos normas que regulan
aparentemente de manera diferente el término u oportunidad para
proponer y solicitar la nulidad dentro del proceso de responsabilidad
fiscal, proponemos realizar una interpretación más coherente de las
mismas, empezando por reconocer que estamos frente a dos normas
que corresponden a un mismo sistema normativo y que en vez de
oponerse pueden integrarse para dar una interpretación jurídica sana
frente a las finalidades que ellas persiguen, sin necesidad de recurrir a
un sistema diferente, sino desde este mismo, es decir, el de
responsabilidad fiscal, aplicando una interpretación teleológica.
Lo primero que buscaremos desentrañar es a que se refieren las normas
cuando señalan ‘fallo definitivo’ y ‘decisión final’, con el objeto de
descubrir a que se refiere o el sentido de cada uno de estos postulados.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua, define la palabra ‘fallo’
como: ‘Sentencia de un juez o de un tribunal, y en ella, especialmente,
el pronunciamiento decisivo o imperativo con decisión definitiva’ a su vez
define la palabra ‘definitivo’ como; ‘Que decide, resuelve o concluye’.
Adviértase que el sentido armónico de las palabras que utiliza el
legislador para referirse al tema, no es otro a que a que exista dentro
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del proceso de responsabilidad fiscal, una sentencia con decisión
definitiva y conclusiva, es decir inamovible.
Por otro lado, esta misma institución define la palabra ‘decisión’ como la
‘Determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa’ y a
la palabra final, se refiere a ‘Que remata, cierra o perfecciona algo’.
En el caso que nos ocupa, nos encontramos frente a un fallo que aún no
ha puesto fin a una actuación, toda vez que estamos tratando una
decisión de primera instancia, la cual aún, es objeto de recursos como la
reposición y apelación, en donde no cabe duda que existe la amplia
posibilidad de ser modificado por el mismo órgano que lo expidió o por
su superior, quiere ello decir que no estamos frente a un acto, sentencia,
fallo de carácter definitivo. El legislador sabiamente incluyo dentro de las
normas las condiciones fallo definitivo o fallo final, queriendo decir que
podría presentarse solicitud de nulidad hasta antes que ocurriera un fallo
definitivo o decisión final y no antes del fallo de primera instancia, pues
este no pone fin a la actuación y en este caso mucho menos pues nos
encontramos frente a un proceso de doble instancia, donde como ya sea
enmarcado puede haber una modificación de la decisión.
Entonces es ineludible concluir que la finalidad de las normas, antes
señaladas y no estudiadas si quiera someramente por el despacho es
otorgarle la posibilidad a los implicados, en el evento que así se advierta,
que estos puedan presentar solicitudes de nulidad hasta antes de una
decisión definitiva, lo que quiere decir que una vez el ente de control
emita una decisión definitiva queda cerrada toda posibilidad de presentar
solicitudes de nulidad. En tal sentido el despacho antes de acudir a un
sistema, a un proceso diferente debe acudir a su propio sistema para
analizar las normas aplicables y que haya duda para su aplicación,
evitando con ello realizar una analogía inexacta al caso que se plantea.
El proceso de Responsabilidad fiscal debemos estudiarlo, analizarlo e
interpretarlo dentro de la órbita del derecho administrativo, pues nos
encontramos de cara a un proceso cuya naturaleza es administrativa, tal
como lo señala el artículo 1° de la ley 610 de 2000, ‘El proceso de
responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas
adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer
la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando
en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por
acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del
Estado’. En tal sentido, cuando las normas de sus sistema (sic) no son
profundamente claras o no exista una regulación especial, debe el
juzgador acudir a las normas que le son naturales a él, es decir a las
normas del Código Contencioso Administrativo, por tratarse de un
proceso de esta naturaleza. (Subrayado es nuestro).
Ahora, encontrándonos frente a los enunciados ‘hasta antes de proferirse
una decisión final’, o ‘hasta antes de proferir un fallo definitivo’ que son
la fuente central de nuestra discusión, en razón a que el a-quo consideró
que no era viable presentar solicitud de nulidad en esta instancia del
proceso (fallo de primera instancia), y otorgándole la razón a que no
existe una fuente normativa dentro del sistema de normas especiales
dela Responsabilidad Fiscal que exprese con exactitud a que se refieren
tales disposiciones, pues sería ilógico que el legislador se detuviera a
detallar este aspecto, tenemos necesariamente que recurrir al código
contencioso administrativo principalmente para desentrañar parte de la
norma.
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El fallo con responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría Auxiliar para
las investigaciones, el mismo que hoy debatimos por su dudosa
legalidad, independientemente de su contenido y finalidad es un Acto
Administrativo, el cual, aun gozando de la presunción de
legalidad, puede ser objeto de los recursos de reposición y
apelación, lo que traduce a que puede ser modificado, por eso
claramente nos encontramos en un fallo que sin duda alguna podemos
afirmar que no es definitivo.
En gracia de discusión, en el evento que aceptemos la interpretación
dada por el despacho, en el sentido que los implicados solo pueden
presentar solicitud de nulidad dentro del proceso de responsabilidad
hasta antes del fallo de primera instancia, o cuando excepcionalmente
ocurrieran situaciones posteriores al fallo de primera instancia, debemos
afirmar que estaríamos como ya lo mencionamos en el primer argumento
de defensa frente a este postulado, en el sentido que la valoración de las
pruebas se dio inequívocamente en el fallo de primera instancia, pues
antes no pudo debatirse por ejemplo el tema de los contratos
adicionales, pues esta prueba solo fue revelada en el argumento del
fallador en el fallo con responsabilidad fiscal y que estámás (sic) que
probado que los contratos ahí mencionados no existe, ni tenía existencia
en el momento de posesionarse mi cliente como gobernador.
Por otro lado, como ya hemos advertido al fallador en la solicitud de
nulidad y en el recurso de reposición y apelación, sobre la carencia
probatoria de su decisión frente a mi cliente, este en su real saber y
entender, en caso de no aceptar nuestra tesis interpretativa, debe
analizar que no se trata de discutir la interpretación o aplicación de una
norma meramente procesal, sino que se encuentran en riesgo los
derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa de
mi cliente, por ello con el ánimo de mantener indemnes estos derechos
el despacho debe dar aplicación a lo prescrito en el artículo 37 de la ley
610 de 2000, el cual dispone que ‘En cualquier etapa del proceso en que
el funcionario advierta que existe alguna de las causales previstas en el
artículo anterior, decretará la nulidad total o parcial de lo actuado desde
el momento en que se presentó la causal y ordenará que se reponga la
actuación que dependa del acto declarado nulo, para que se subsane lo
afectado. Las pruebas practicadas legalmente conservarán su plena
validez’.
3. FRAUDE PROCESAL Y PREVARICATO
En decoro de lo anterior, solicitamos se revoque el auto mediante el cual
se niega por improcedente la solicitud de nulidad contra el fallo con
responsabilidad fiscal de fecha 17 de marzo de 2014, proferido por la
Contraloría Auxiliar para las investigaciones, por los argumentos aquí
planteados
En caso de negar la anterior petición, solicitamos sea concedido el
recurso de apelación aquí interpuesto en efecto suspensivo.
[…]”. (mayúsculas, subrayas y negrillas originales).
(v) Mediante la Resolución nro. 123 del 30 de mayo de 2014, el Contralor
general del departamento del Magdalena, resolvió el recurso de apelación
interpuesto en contra del auto del 24 de abril de 2014 proferido por el
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Contralor Auxiliar para las Investigaciones de la Contraloría General del
Departamento del Magdalena “auto por medio del cual se resuelve
nulidades”, en el siguiente sentido46:
“[…]CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Sea lo primero señalar que el proceso de las Contralorías es de
naturaleza administrativa y que se inicia con el auto de apertura y
termina con el fallo, que puede ser con o sin responsabilidad, contra el
proceden los recursos de reposición y apelación.
El fallo o decisión de fondo o de terminación del proceso de
responsabilidad fiscal es el acto administrativo que, como su nombre lo
indica, pone fin al proceso. El artículo 57 de la ley 610 de 2000 prescribe
sólo el plazo en que se debe decidir la segunda instancia, pero no el acto
administrativo que contiene, que es un auto, por lo que puede decirse
que el fallo definitivo es el descrito en los artículos 53 y 54 de esa pluri
mencionada ley.
Evocan los términos del artículo 74 del CPACA según el cual los actos
que pongan fin a las actuaciones administrativas serán susceptibles de
recursos y citan el artículo 163 del CPACA, que al referirse a la
individualización de pretensiones aluden a que si el acto definitivo fue
objeto de recurso en la vía gubernativa también deberán demandarse
la[s] decisiones que lo modifiquen o confirmen.
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la lengua "definitivo
"es lo que decide, resuelve o concluye y que jurídicamente es el acto que
pone fin a una actuación administrativa contra la cual proceden los
recursos de reposición y apelación.
Aluden también la definición contenida en el servicio jurídico de internet
notinet, de conformidad con la cual el fallo sobre el fondo o fallo definitivo
decide en principio sobre la totalidad o parte de la cuestión litigioso,
objeto del proceso, concluyendo entonces que el acto definitivo es
sinónimo de acto que pone fin al procedimiento administrativo, como lo
es el fallo con responsabilidad fiscal. Precisan además que media
diferencia entre el acto administrativo definitivo que pone fin a un
procedimiento administrativo y los actos administrativos que resuelven
los recursos de la vía gubernativa, por lo que el acto que poner (sic) fin
al procedimiento no es el resultado de las decisiones de la vía
gubernativa.
Precisa el Honorable Consejo de Estado que una nulidad se origina en la
sentencia que pone fin al proceso, cuando se dicta en un proceso
terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención, o
cuando se condena a quien no ha figurado como parte, o cuando el
proveído se profiere estando suspendido y en otros casos, sin que pueda
confundirse la nulidad del proceso con la generada en el proceso.
Es claro entonces que las nulidades a invocarse una vez proferida
sentencia o fallo en los procesos de responsabilidad fiscal no pueden ser
las mismas que se hayan presentado en el transcurso del proceso y sólo
pueden invocarse cuando la decisión final no es susceptible de recurso,
46
Ibidem, Archivo PDF “88ED_C06_01 ANEXOS”, pág. 751.
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lo que no ocurre en el proceso de las contralorías, ya que contra este
proceden el recurso de reposición y apelación.
Es importante advertir que la nulidad es un mecanismo extremo al cual
debe recurrir el funcionario competente, para subsanar irregularidades o
vicios presentados en el proceso, cuya magnitud y trascendencia sean
tales que afecten el proceso en su estructura o contrasten con las
garantías fundamentales previstas en el Art. 29 de la Carta Política.
No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para
la que estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa.
Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial
afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases
fundamentales de la instrucción y el juzgamiento. No puede invocar la
nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado, con su conducta, a la
ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa
técnica.
Los actos irregulares pueden convalidarse con el consentimiento del
perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales.
Sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para
subsanar la irregularidad sustancial.
Podrán proponerse causales de nulidad hasta antes de proferirse el fallo
definitivo.
Ahora bien, el objetivo que persigue la nulidad es la de garantizar el
debido proceso y enderezar la actuación procesal en derecho,
subsanando las irregularidades y vicios.
Empero, la nulidad puede ser decretada de oficio o a petición de parte,
el funcionario competente podrá declarar en cualquier estado del proceso
la nulidad parcial o total de lo actuado, mediante providencia
debidamente motivada; las pruebas decretadas y aportadas legalmente
antes de la declaratoria de nulidad, conservan plenamente su validez de
conformidad con el Código de Procedimiento Civil.
El capítulo III de la Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite
de los procesos de responsabilidad fiscal, reglamenta las nulidades en
estos procesos, en los siguientes términos:
‘Articulo 36. Causales de nulidad. Son causales de nulidad en el proceso
de responsabilidad fiscal la falta de competencia del funcionario para
conocer y fallar, la violación del derecho de defensa del implicado; o la
comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el
debido proceso. La nulidad será decretada por el funcionario de
conocimiento del proceso.
Artículo 37. Saneamiento de nulidades. En cualquier etapa del proceso
en que el funcionario advierta que existe alguna de las causales previstas
en el artículo anterior, decretará la nulidad total o parcial de lo actuado
desde el momento en que se presentó la causal y ordenará que se
reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo, para que se
subsane lo afectado. Las pruebas practicadas legalmente conservarán su
plena validez.
Estas normas son aplicables a los procesos de responsabilidad fiscal que
se tramiten por el procedimiento ordinario y verbal.
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En cuanto al término para proponer las nulidades, la Ley 610 en su
artículo 38 señala:
‘Articulo 38. Término para proponer nulidades. Podrán proponerse
causales de nulidad hasta antes de proferirse el fallo definitivo. En la
respectiva solicitud se precisará la causal invocada y se expondrán las
razones que la sustenten. Sólo se podrá formular otra solicitud de
nulidad por la misma causal por hechos posteriores o por causal
diferente. Contra el auto que resuelva las nulidades procederán los
recursos de reposición y apelación’.
Este artículo fue subrogado por el artículo 109 de la Ley 1474 de 2011,
en donde señala que la solicitud de nulidad podrá formularse hasta antes
de proferirse la decisión final, (decisión de la primera instancia).
Excepcionalmente y cuando los motivos que generen la nulidad sean
posteriores a la decisión de primera instancia, será posible hacer esta
solicitud, pero teniendo en cuenta que la causa de la nulidad fue posterior
al fallo de responsabilidad fiscal.
La solicitud de nulidad se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de su presentación, solamente es aplicable en los Procesos
que se tramiten por el procedimiento ordinario.
Superando la literalidad de ese precepto, entendemos no obstante que
solo pueden pedirse nulidades durante las etapas que anteceden a la
emisión del fallo con responsabilidad fiscal de que trata el art 53 de la
ley 610 de 200, ya que sobrevendrían problemas en la práctica si fuera
posible suscitarlas estando aún en curso impugnaciones contra ese fallo.
Si se reclama una nulidad luego de la declaración con responsabilidad
debe el funcionario rechazarlas, al haberse sobrepasado la oportunidad
procesal idónea.
En este orden de ideas, la contraloría General de la república emitió el
concepto jurídico No. EE27678 calendado mayo 7 de 2012 en el que
textualmente consagra:
(...)
‘Conocemos su solicitud de concepto radicada con el número
2012IE17810 del veintiuno (21) de marzo de 2012, en donde nos
pregunta cómo
Donde nos pregunta cómo entiende la Contraloría General de la
República la expresión ‘actuación final’ contenida en el primer inciso del
artículo 109 de la Ley 1474 de 2011’.
El artículo 109 de la Ley 1474 de 2011 señala:
OPORTUNIDAD Y REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE NULIDAD.
La solicitud de nulidad podrá formularse hasta antes de proferirse la
decisión final, la cual se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de su presentación.
Contra el auto que decida sobre la solicitud de nulidad procederá el
recurso de apelación, que se surtirá ante el superior del funcionario que
profirió la decisión. (Subrayado fuera del texto original).
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Consideramos que la expresión en comento, decisión final, debe
entenderse dentro de la estructura del Proceso de Responsabilidad Fiscal
y el contenido completo del articulo 109 citado. El articulo hace relación
a la oportunidad para solicitar la nulidad procesal, establece la
procedencia del recurso de apelación y establece una competencia para
el conocimiento de dicha solicitud.
El trámite del Proceso de Responsabilidad Fiscal establecido en la Ley
610 de 2000 modificado por la Ley 1474 de 2012 es una actuación
administrativa de dos instancias. El segundo inciso del articulo 109 da
continuidad al inciso primero de la misma noma, lo primero de la misma
norma lo que permite inferir válidamente que la actuación se surte en el
siguiente orden:
Oportunidad para interponer solicitud de nulidad.
Auto que decide solicitud de nulidad.
Apelación.
Trámite ante superior del funcionario que profirió decisión de solicitud de
nulidad.
Decisión final
Si la solicitud de nulidad tiene apelación, ello significa que la solicitud de
nulidad se presenta y se resuelve en la primera instancia, haciendo
relación la expresión ‘decisión final’ al acto administrativo que falla con
o sin responsabilidad fiscal en primera instancia. No puede entenderse
la decisión final como la decisión de segunda instancia, ya que no habría
posibilidad de interponer el recurso de apelación ante el funcionario que
resuelve la segunda instancia, dado que se trataría de una tercera
instancia, lo que no resulta razonable en el contexto de ninguna
actuación judicial o administrativa.
En este orden de ideas, consideramos que puede hacerse la solicitud de
nulidad dentro de los Procesos de Responsabilidad Fiscal que adelanta la
Contraloría General de la República, hasta antes de proferirse el fallo de
primera instancia. Excepcionalmente, y cuando los motivos que generan
la nulidad sean posteriores a la decisión de la primera instancia, será
posible hacer esta solicitud, pero teniendo en cuenta que la causa de la
nulidad fue posterior al fallo de responsabilidad fiscal.
Lo expuesto, nos fuerza a colegir que una vez proferido el fallo en el
proceso de responsabilidad fiscal, no es jurídicamente viable decretar la
nulidad, pues las actuaciones son preclusivas y, una vez surtidas, expiran
inexorablemente, sin que sea posible volver a ellas.
No se debe olvidar que las actuaciones administrativas en esta clase de
procesos, que se van originando con el fin de establecer la
responsabilidad de los sujetos procesables fiscalmente, son regladas y
deben ser tramitadas como lo establece la Ley 610 del 2000, modificada
por la Ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción).
Por lo tanto, su desarrollo no es a discreción del operador jurídico,
sino que debe apegarse a las normas propias del juicio.
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Así las cosas, el proceso inicia con el acto de apertura y culmina con el
fallo que declara o no la responsabilidad fiscal, el cual resuelve la
totalidad de los cuestionamientos y contra el que proceden los recursos
de reposición, apelación y queja, según sea de única o segunda instancia.
En mérito de las anteriores consideraciones DE JURE Y DE FACTO y a la
fuerza inteligible de los hechos que la acompañan,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: NIEGUESE por improcedente el recurso de
apelación interpuesto contra el Auto adiado 24 de abril de 2014 mediante
el cual se resolvió una solicitud de nulidad dentro del proceso de
responsabilidad fiscal No. 310 prorrumpido por la Contraloría Auxiliar
para las Investigaciones de la Contraloría General del Magdalena; de
conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales).
Trámite del recurso de reposición contra el fallo de primera
instancia
(i) El 22 de abril de 2014, la defensa del señor Diazgranados Velásquez
interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación 47 contra el fallo
con responsabilidad fiscal del 17 de marzo de 2014, proferido por el
Contralor Auxiliar para las Investigaciones de la Contraloría general del
departamento del Magdalena.
(ii) Por auto del 13 de junio de 2014, el Contralor Auxiliar para las
Investigaciones de la Contraloría General del departamento del
Magdalena resolvió los recursos de reposición interpuestos por los
investigados, en el sentido de confirmar en su integridad Fallo con
responsabilidad fiscal 17 de marzo de 201448.
La decisión fue notificada por estado, tal como se evidencia de la
constancia adjunta a la providencia49.
“[…] NOTIFICACIÓN POR ESTADO
RADICACIÓN: Proceso de Responsabilidad Fiscal No 310
FECHA DEL AUTO: 13 de junio de 2014
47
Ibidem, Archivo PDF “88ED_C06_01 ANEXOS”, pág. 566.
48
Ibidem, Archivo PDF “88ED_C06_01 ANEXOS”, pág. 765.
49
Ibidem, Archivo PDF “88ED_C06_01 ANEXOS”, pág. 786.
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Demandante: Omar Ricardo Diazgranados Velásquez
CONTENIDO: Auto por medio del cual se deciden sobre unos recursos de
reposición.
(…)
El presente ESTADO se fija por el término de un (1) día, hoy 17 de junio
de 2014, siendo las 8:00 a.m.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales).
(iii) El 25 de junio de 2014, el apoderado del señor Diazgranados
Velásquez radicó solicitud de adición en contra del auto del 13 de junio
de 2014 “auto por el cual se decide sobre unos recursos de reposición”
proferido por el Contralor Auxiliar para las Investigaciones de la
Contraloría General del Departamento del Magdalena, para lo cual expuso
los siguientes argumentos50:
“[…] I. OPORTUNIDAD PROCESAL DE LA SOLICITUD
La presente solicitud se realiza con fundamento en el artículo 311 del
Código de Procedimiento Civil que reza
(…)
Por encontrarnos dentro del término de ejecutoria de la providencia por
medio de la cual se resolvió la reposición interpuesta en contra del fallo
con responsabilidad fiscal, la presente solicitud es procedente y debe ser
resuelta antes de que se proceda a enviar el expediente a segunda
instancia, en la que se surtirá la apelación. Toda vez que, de no
adicionarse la presente providencia se estaría vulnerando el derecho a la
defensa de mi poderdante. Pues, no puede el fallador de segunda
instancia entrar a revisar una decisión que no responde a lo reclamado
por el recurrente.
En consideración a lo anterior, corresponde al a quo, estudiar la presente
solicitud y pronunciarse sobre la adición de la providencia antes de que
se estudie su apelación.
II. LA PROVIDENCIA OMITE LA RESOLUCIÓN DE LOS EXTREMOS
DE LA LITIS
El recurso de reposición interpuesto en contra del fallo con
responsabilidad fiscal tenía como fundamento que el a quo se
pronunciara sobre elementos indispensables para la existencia de la
responsabilidad en el mundo jurídico. La falta de determinación de los
elementos de la responsabilidad limitan la defensa de mi poderdante y
conducen de manera inequívoca a una providencia que carece de piso
jurídico.
En aras de que se dé un estudio congruente entre los argumentos
presentados la reposición y la posición del despacho de la contraloría
50
Ibidem, Archivo PDF “82ED_C03_01 ANEXOS”, pág. 108.
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auxiliar para investigaciones, me permito solicitar que se pronuncie
sobre los siguientes argumentos que no fueron objetos de estudio dentro
de la providencia por medio de la cual se resolvió el recurso.
b. ARGUMENTO DENOMINADO: INEXISTENCIA DE
DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA
Un fallo en el que no se determina la conducta por la que se imputa
responsabilidad nos transporta la época de la Inquisición, en la que los
juristas no teníamos cabida y en la que cualquier argumento hubiera sido
desechado aun antes de emitir un pronunciamiento sobre él.
En el caso que nos ocupa, se llamó la atención sobre la falta de
determinación de la conducta generadora de daño. Pues, no puede el
fallador decir: que los administradores, ciudadanos o funcionarios
actuaron de manera negligente Esa es una apreciación inconclusa y que
no permite al investigado saber que conducta de las muchas que habrá
cometido como ciudadano o como funcionario lo han dejado envuelto en
este proceso que de manera injusta y poco garantista se le adelanta.
En consideración a la necesidad de establecer qu[é] conducta fue la
generadora del daño que se le imputa y si fue cometida por mi
poderdante, se propusieron los siguientes argumentos en el recurso de
reposición, que no fueron analizados en la providencia que resolvió dicho
recurso:
Afirma el fallador de primera instancia a folio 994 que esta última acta
le sirve como fundamento para proceder a imputar a mi poderdante
responsabilidad fiscal.
Vale indicar que las razones para vincularme al proceso por el órgano de
control no tienen un verdadero asidero fáctico o jurídico. En efecto,
señala el libelista a folio 1000: ‘...y los embargos d[e] los recursos que
posteriormente se desarrollaron generaron la liquidación del proyecto
bajo la administración del señor OMAR DIAZGRANADOS VEL[A]SQUEZ,
cuando la obra tenía una construcción del 70% de la totalidad según
informe de interventoría. Lo anterior, entre otros hechos que se
desarrollarán, muestra la falta de compromiso como autoridad, como
funcionarios y como ciudadanos de aquellos a su cargo tenían la[s]
riendas del Departamento para con una obra que traería progreso a la
ciudad. Obra que que (sic) beneficiaría a toda la comunidad, pero debido
a la presunta negligencia de funcionarios públicos, hoy se encuentra en
proceso de destrucción natural, pues nunca se llegó a concluir la misma’.
(sic) [...]
Aduce el investigador que la aludida decisión de liquidar el contrato
resultó antieconómica, dado que no debí[a] efectuar tal acción, sino
realizar las gestiones administrativas tendientes y necesarias para
buscar el cumplimiento de los fines estatales. Y alude el doctor Rincón a
que, de acuerdo a lo manifestado por el comité técnico integrado por el
suscrito para que analizaran y conceptuaran sobre el tema, las obras se
habían ejecutado en un 70%, luego era viable la culminación de las
mismas. Amén de que en el proceso liquidatorio se realizó sobre
conceptos que vulneran en su decir, los principios de economía y
responsabilidad del estatuto de contratación estatal.
Lo anterior reafirma nuestra convicción que la medida de vincularme al
proceso no tiene la fuerza probatoria necesaria para ello, como puede
juzgarse sin mayor fórmula de juicio que la continuación del contrato no
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generaría mayores costos para el ente territorial, y si incontables
beneficios?
Es ilógico pensar que un mandatario que recibe la responsabilidad del
constituyente primario atentaría de una manera tan grosera contra el
patrimonio del estado sin contar con los soportes técnicos que avalen la
decisión. Para llegar a esas conclusiones en nuestro modesto pensar se
deben poseer por los menos los testimonios de los participantes, los
peritazgos arquitectónico y de ingeniería, al igual que las liquidaciones
financieras.
(…)
Lo anterior, para significar que existe una jurisprudencia constitucional
constante que ha definido el proceso de responsabilidad fiscal como un
trámite administrativo que debe ceñirse a los postulados constitucionales
que iluminan el derecho fundamental al debido proceso. De tal suerte
que el llegar a conclusiones a priori constituye de suyo una violación de
este principio.
El artículo 48 de la ley 610 de 2000 señala que "El funcionario
competente proferirá auto de imputación de responsabilidad fiscal
cuando esté demostrado objetivamente el daño o detrimento al
patrimonio económico del Estado y existan testimonio que ofrezcan
serios motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o
cualquier medio probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de
los implicados. De la misma manera, la norma en cuestión fija los
requisitos para imputar responsabilidad fiscal:
1) Identificación plena de los presuntos responsables, de la entidad
afectada y de la compañía aseguradora.
2) La indicación y valoración de las pruebas practicadas.
3) La acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad
fiscal y de la determinación de la cuantía del daño Patrimonial al Estado.
En lo que respecta a este último punto, el de los ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL, tenemos que el
artículo 5 de la Ley 610 de 2001, indica que para que se configure una
responsabilidad fiscal, se deben conjugar los siguientes elementos:
1. Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza
gestión fiscal. (negrita es nuestra).
2. Un daño patrimonial al Estado.
3. Un nexo causal entre los dos elementos anteriores
Ahora bien, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto y en gracia de
discusión, analicemos el tercer elemento constitutivo de la
responsabilidad fiscal que es el NEXO CAUSAL. El tratadista URIEL
ALBERTO AMAYA OLAYA, en su obra ‘Teoría de la Responsabilidad Fiscal,
Aspectos Sustanciales y Procesales’ indica: La doctrina es uniforme en
señalar que hay relación de causalidad, cuando el hecho doloso o
culposo, es la CAUSA DIRECTA Y NECESARIA DEL DAÑO (mayúscula es
nuestra): cuando sin aquel este no se habría producido... En todo caso,
de tiempo atrás se han venido planteando y superando diversas
teorías...para imponerse hoy en día la denominada teoría de la causa
adecuada, particularmente en el derecho privado: "Según esta teoría, no
todas las condiciones necesarias de un resultado son equivalentes.
Aquella que según el curso natural y ordinario de la[s] cosas es idónea
para producir el resultado, esa es la causa. (negrita y subrayado es
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nuestro). Las demás condiciones que no producen normal y
regularmente ese efecto son solamente condiciones antecedentes o
factores concurrentes’.
(…)
b. AUSENCIA DE LA CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA QUE SE
IMPUTA
Se llamó la atención en el recurso, interpuesto en tiempo, en contra del
fallo con responsabilidad fiscal, de que la providencia carecía de un
elemento indispensable para que se estableciera la responsabilidad
fiscal, el fallo carecía de la graduación de la responsabilidad. La carencia
de la graduación de la responsabilidad conlleva a la existencia de una
inevitable nulidad de la resolución. Pues, la responsabilidad en ningún
motivo puede ser imputada careciendo de la determinación y graduación
de la conducta de la que supuestamente proviene el daño.
En consideración a que es indispensable para resolver la Litis la
existencia del requisito de la calificación de la conducta, se expusieron
los argumentos que a continuación se transcriben y que no fueron
resueltos en el recurso de reposición.
• Los argumentos expuestos:
Dispone la ley 610 de 2000 que las conductas de los autores debe[n]
determinarse bajo el grado de responsabilidad, y no es suficiente con
que se haya producido el daño, sino además este se haya originado en
una actuación dolosa o culposa del encartado. Así las cosas, a efectos de
establecer la responsabilidad fiscal, la Contraloría General del
Departamento del Magdalena, id possum quod iure possum, no puede
olvidar que un [principio] básico de la responsabilidad fiscal lo constituye
el hecho que la misma se estructura sobre tres elementos a) un daño
patrimonial del estado b) una conducta dolosa o culposa atribuible a una
persona que realiza la gestión fiscal y; c) un nexo causal entre el daño y
la conducta. De tal suerte que la defensa no encuentra razonable
endilgar responsabilidad ante la existencia de una conducta dolosa o
culposa que hubiera dado lugar a la existencia del daño que se atribuye.
En este punto, en el fallo de responsabilidad recurrido, no existe ni
siquiera sumariamente, pues está claro no existió, si la conducta de mi
defendido fue a título de culpa grave o dolosa, ni determina que normas
desatendió mi cliente y tipo de normas violent[ó]. En este sentido,
aunque nos esmeramos por debatir lo fallado en el auto recurrido, es
claro que el fallador no hizo claridad sobre este elemento fundamental
de la responsabilidad fiscal, en tanto no determinó ni el tipo de conducta,
el grado de esta y si esta fue determinante para la ocurrencia del daño,
lo cual está claramente probado, mi cliente no despleg[ó] conducta
alguna que generara un daño a los recursos del Estado.
(…)
La defensa a mi encomendada difiere de la decisión y consideraciones
tenidas en cuenta por parte del fallador de primera instancia, habida
cuenta que no se valoraron con la suficiencia que ello requiere los hechos
que dieron origen a la investigación fiscal, concatenados como es natural
con las pruebas obrantes en el proceso, siempre de manera crítica y
sistemática; en efecto, el auto de imputación es prolífico en las
argumentaciones sustanciales aplicables para los procesos de
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responsabilidad fiscal, sin embargo denota una serie de argumentos
filosóficos en lo que tiene que ver con la responsabilidad fiscal de los
afectados. Más no se detiene a consignar las razones por las cuales, mi
cliente en este caso obró con actitud dolosa para afectar el patrimonio
del estado; manifiesta la afectación a la comunidad cuando lo que evite
con el actuar de mi cliente fue que ella se siguiera afectando.
Ese celo evidenciado en el aspecto filosófico no es el mismo que se dio
en materia de valorar y acreditar la responsabilidad de mi representado;
de forma muy respetuosa, considera este defensor que el análisis que se
hizo por parte del despacho fue muy superfluo, a tal punto que la
responsabilidad endilgada a mi defendido se limitó a señalar que por el
sólo hecho de contar con un porcentaje de ejecución de la obra, está
debió culminarse no importando los otros costos reales que pudieran
generarse. Es que no es culminar un 30% como alegremente se piensa.
Es la finalización absoluta de un proyecto cuyos costos ya no eran los
mismos con los que se inició.
En este juicio deontológico, tal como doctrinaria y jurisprudencialmente
se encuentra establecido, la esencia de la afectación del bien jurídico
tutelado comporta de suyo la existencia de la antijuridicidad, es decir, la
infracción del deber atribuible al servidor público. Así las cosas es claro
concluir que en el presente caso, estamos en presencia de conductas del
encartado que en ningún momento fueron antijurídicas, no hubo un
quebrantamiento de su deber funcional, por consiguiente salta a la vista
la ausencia de ilicitud sustancial, afirmación a la que se llega no solo por
un estudio de la conducta del doctor Omar Diazgranados, sino también
por el encuadramiento de la situación objeto de la investigación con
posiciones jurisprudenciales tales como la esbozada por la Corte
Constitucional en sentencias C-373 y C-948 del 2002 en la cual el Juez
Constitucional determinó rotundamente ‘No es posible tipificar faltas
que remitan a conductas que cuestionan la actividad del servidor
público haciendo abstracción de los deberes funcionales que le
incumben y tampoco es posible consagrar cláusulas de
responsabilidad administrativas que permitan la imputación de
faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta’.
En el proceso de responsabilidad fiscal, la tipicidad y la antijuridicidad
están unidas en forma inescindible, de tal suerte que la ausencia de uno
de estos elementos hace imposible determinar la existencia de
responsabilidad del servidor público. De tal suerte que, el ius puniendi
de la Contraloría Departamental del Magdalena en el presente caso se
contrae a demostrar la existencia de una conducta dolosa del doctor
Diazgranados sin atender las reales causas de su actuar.
De la misma manera no debe olvidarse que este tipo de decisiones y las
formas de liquidación fueron fruto de la creación de un comité con
personas que ya venían con el proceso y de las más altas calidades
técnicas en quienes deposite mi mayor confianza acerca de las
actuaciones asesoradas.
(…)
Atendiendo las consideraciones planteadas y valorando que del material
probatorio no se concluye responsabilidad fiscal de mi cliente dado que
las conductas desplegadas a lo largo del tiempo al frente del cargo no
ocasionaron las irregularidades de que se le acusan; igualmente en el
entendido de que esa misma conducta no está revestida de ilicitud
alguna y soportado en el hecho que toda responsabilidad objetiva, por
imperio de la ley, está proscrita en el derecho.
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III. SOLICITUD
De manera atenta, me permito solicitar se sirva adicionar la providencia
por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición, pronunciándose
sobre la totalidad de los argumentos presentados como defensa en el
escrito de la reposición.
[…]”. (mayúsculas, subrayas y negrillas originales).
(iv) Por auto del 9 de julio de 2014, el Contralor Auxiliar para las
Investigaciones de la Contraloría general del departamento del
Magdalena, resolvió la precitada solicitud de adición, para lo cual esbozó
los siguientes argumentos51:
“[…] Descendiendo en el caso concreto tenemos que el apoderado
judicial del señor OMAR DIAZGRANADOS VEL[Á]SQUEZ, el día 25 de
junio de 2014 solicitó mediante memorial adicionar la providencia por
medio de la cual se resuelve recurso de reposición que confirma en todas
sus partes el Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 310 du marzo 17 de
2014.
El artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, indica los presupuestos
Indispensables para adicionar in sentencia o autos, señalando que:
‘ARTÍCULO 311. ADICI[Ó]N. Modificado por el artículo 1, numeral 141
del Decreto 2282 de 1989. Cuando la sentencia omita la resolución de
cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de
conformidad con la ley debla ser objeto de pronunciamiento, deberá
adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del
término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada
dentro del mismo término.’ (El subrayado es nuestro)
La Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado ha considerado en
caso similar al aquí estudiado que ‘... Así pues, de acuerdo con la norma
citada, la adición es pertinente tanto para sentencias como para autos,
pero sólo procede cuando el juez omite pronunciarse sobre aspectos
relevantes de la Litis y por tanto, so pretexto de adicionar, no es posible
introducir ninguna modificación a lo ya definido, pues se trata de
agregar, de pronunciarse sobre aspectos que por omisión el funcionario
judicial no consideró, pero no para reformar las decisiones tomadas...
(subrayas fuera del texto).
Por otro lado, es imperativo señalar que la ley 1437 de 2011 en su
Artículo: 87 señala: Firmeza de los actos administrativos. Los actos
administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente
al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de
la decisión sobre los recursos interpuestos.
51
Ibidem, Archivo PDF “82ED_C03_01 ANEXOS”, pág. 117.
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3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer
los recursos, si estos no fueran interpuestos, o se hubiere renunciado
expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del
desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo
85 para el silencio administrativo positivo.
Así mismo, la ley 1474 de 2011, en su artículo 106, establece
‘Notificaciones. En los procesos de responsabilidad fiscal que se
tramiten en su integridad por lo dispuesto en la Ley 610 de 2000
únicamente deberán notificarse personalmente las siguientes
providencias: el auto de apertura del proceso de responsabilidad
fiscal, el auto de imputación de responsabilidad fiscal y el fallo
de primera o única instancia: para estas providencias se aplicará el
sistema de notificación personal y por aviso previsto para las actuaciones
administrativas en la Ley 1437 do 2011. Las demás decisiones que se
profieran dentro del proceso serán notificadas por estado". (Las
negrillas y subrayas fuera de texto).
Así las cosas, tenemos que, si bien es cierto la ley 610 de 2000 en los
casos no previstos en esta ley, nos remite a otras fuentes normativas,
aplicando en su orden las disposiciones del Código Contencioso
administrativo (hoy código de procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo) código de procedimiento civil y el código de
procedimiento penal, también lo es, que la ley 1437 de 2011 en su
numeral 1 y 2 establece ‘Firmeza de los actos administrativos. Los actos
administrativos quedarán en firme: 1) Cuando contra ellos no proceda
ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación
o publicación según el caso. 2) Desde el día siguiente a la publicación,
comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos
interpuestos’.
Luego, al aplicar los citados criterios legales y jurisprudenciales al caso
sub lite, no fuerzan a colegir inequívocamente que la solicitud de adicción
en comento, resulta absolutamente extemporánea; por cuanto simple y
llanamente la aludida petición, no fue presentada dentro del término de
ejecutoria del auto objeto de adicción, pues la fecha de expedición de la
providencia que se pretende adicionar, fue la del 13 de junio de 2014, y
notificada por estado el día 17 de junio de la misma anualidad, lo que
significa irrefragablemente que le multi indicada adicción (sic) debió
presentarse a más tardar el día 20 de junio de 2014.
Por lo que este Despacho,
(…)
ARTICULO PRIMERO. Declarar extemporánea la solicitud de
adición presentada por el doctor WILSON HERNANDEZ ROSALES en
su calidad de apoderado del señor OMAR DIAZGRANADOS VELASQUEZ,
de conformidad a lo expuesto la parte motiva.
[…]”. (mayúsculas, subrayas y negrillas originales).
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Trámite del recurso de apelación contra el fallo con
responsabilidad fiscal
(i) Mediante la Resolución nro. 100-22-137 del 19 de junio de 2014 “por
la cual se decide un recurso de apelación” el Contralor general del
departamento del Magdalena confirmó el fallo con responsabilidad fiscal
del 17 de marzo de 2014, proferido por el Contralor Auxiliar para las
Investigaciones de la Contraloría general del departamento del
Magdalena52; decisión que fue notificada por estado, como da cuenta la
constancia del 20 de junio de 2014, suscrita por la auxiliar administrativa
adscrita al despacho de Contralor General del Departamento del
Magdalena, así:
“[…] ESTADO
El presente Estado se fija por un término de (1) día hábil en un lugar
visible de la Contraloría General del Magdalena. Hoy veinte (20) de
JUNIO del 2014, Siendo las (11) am.
(…)
Se desfija el VEINTICUATRO (24) DE JUNIO del 2014, siendo las 6:00
pm.
(…)
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales).
(ii) El 26 de junio de 2014, el apoderado del señor Diazgranados
Velásquez radicó solicitud de adición en contra de la Resolución nro. 100-
22-137 del 19 de junio de 2014 “por medio del cual se decide sobre un
recurso de apelación” proferido por el Contralor general del departamento
del Magdalena, para lo cual expuso53:
“[…] RAD: Solicitud de adición del auto por medio del cual se resuelve
el recurso de apelación del fallo con responsabilidad fiscal.
(…)
52
Ibidem, Archivo PDF “88ED_C06_01 ANEXOS”, pág. 790.
53
Ibidem, Archivo PDF “84ED_C04_015 ANEXOS_ Pruebas y Anexos. Documentos
reservados.pdf”, pág. 385.
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I. OPORTUNIDAD PROCESAL DE LA SOLICITUD
La presente solicitud se realiza con fundamento en el artículo 311 del
Código de Procedimiento Civil que reza:
(…)
Por encontrarnos dentro del término de ejecutoria de la providencia por
medio de la cual se resolvió la APELACIÓN interpuesta en contra del fallo
con responsabilidad fiscal, la presente solicitud es procedente. Toda vez
que, de no adicionarse la presente providencia se estaría vulnerando el
derecho a la defensa de mi poderdante.
En consideración a lo anterior, corresponde al fallador, estudiar la
presente solicitud y pronunciarse sobre la adición de la providencia de
apelación.
II. LA PROVIDENCIA OMITE LA RESOLUCIÓN DE LOS EXTREMOS
DE LA LITIS
El despacho de la Contraloría que se encuentra a su cargo decidió
acumular las apelaciones que se habían presentado dentro del proceso,
esto es, la apelación del auto por medio del cual se resolvió la nulidad y
la apelación del fallo con responsabilidad fiscal.
No obstante, la decisión de la Contraloría General resulta ser contraria a
las garantías de los investigados, no hay norma que lo prohíba, por lo
tanto, es una actuación admisible. Sin embargo, lo que no es admisible
es que no se haya resuelto la apelación de la nulidad que se encontraba
pendiente. El resuelve de la providencia por medio de la cual se dio fin a
la apelación del fallo con responsabilidad fiscal omitió resolver sobre la
nulidad que se encontraba en curso. Por lo anterior, el fallo debe ser
ADICIONADO con fallo complementario en el que se pronuncie dentro de
la parte resolutiva sobre la apelación a la nulidad presentada.
Se llama la atención sobre este punto toda vez que hasta que no se
resuelvan sobre todos los extremos de la Litis no quedará en firme el
fallo con responsabilidad fiscal.
III. SOLICITUD
De manera atenta me permito solicitar se sirva adicionar la providencia
por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición (sic),
pronunciándose sobre la totalidad de los puntos que debían ser resueltos
en sede de segunda instancia.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
(iii) Por oficio del 27 de junio de 2014, suscrito por la profesional
universitaria Itala Granados Candanoza adscrita a la Contraloría Auxiliar
para las Investigaciones de la Contraloría general del departamento del
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Magdalena, expidió constancia de ejecutoria del proceso fiscal en los
siguientes términos54:
“[…]Se deja constancia que el día 25 de junio de 2014, debidamente
notificada y resuelto los recursos de ley interpuesto contra el Fallo Con
Responsabilidad Fiscal de fecha 17 de abril de 2014, proferido dentro del
proceso de responsabilidad fiscal No 310, adelantado en las
dependencias administrativa de la Gobernación del Departamento del
Magdalena, este queda debidamente ejecutoriado conforme a lo previsto
en el artículo 87 de la ley 1437 de 2011.
[…]”.
Con fundamento en lo anterior, la Sala arriba a las siguientes
conclusiones:
(i) La inconformidad del recurrente se centra en manifestar que al surtirse
los recursos de reposición y de apelación se le transgredió el debido
proceso y que la decisión que lo declaró fiscalmente responsable no está
en firme; sin embargo, lo que la Sala observa es que el apoderado del
señor Diazgranados Velásquez después de proferida la decisión de
primera instancia, esto es, el fallo de responsabilidad fiscal del 17 de
marzo de 2014, radicó el 10 de abril de 2024 una solicitud de nulidad en
donde alegó la carencia de pruebas para decidir en su contra, solicitud
que le fue negada por improcedente por auto del 24 de abril de 2014.
(ii) Así mismo, contra el auto del 24 de abril de 2014 el apoderado del
señor Diazgranados interpuso el 2 de mayo de 2014 recurso de apelación,
el cual le fue resuelto mediante la Resolución nro. 123 del 30 de mayo de
2014 por el Contralor general del departamento del Magdalena, en el
sentido de negarla por improcedente.
(iii) A su vez, el 22 de abril de 2014 el apoderado del señor Diazgranados
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el fallo
de responsabilidad fiscal del 17 de marzo de 2014. El recurso de
reposición fue decidido por auto del 13 de junio de 2014 por el contralor
54
Ibidem, Archivo PDF “88ED_C06_01 ANEXOS”, pág. 841.
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auxiliar para las investigaciones de la Contraloría general del
departamento del Magdalena, decisión que fue notificada por estado el 17
de junio de 2014 y, el 25 de junio de 2014 el apoderado del señor
Diazgranados solicitó la adición del auto del 13 de junio de 2024, la cual
fue declarada extemporánea por auto del 9 de julio de 2014.
(iv) En cuanto al recurso de apelación interpuesto por el apoderado del
señor Diazgranados contra el fallo del 17 de marzo de 2014, éste fue
decidido mediante la Resolución nro. 100-22-137 del 19 de junio de 2014,
notificada por estado del 20 de junio de 2014 el cual fue desfijado el 24
de junio de 2014, con lo cual quedó concluido el procedimiento
administrativo.
Con todo, el apoderado del señor Diazgranados por escrito del 26 de junio
de 2014 solicitó la adición de la precitada resolución, lo que sustentó en
que “la providencia omite la resolución de los extremos de la litis”,
petición que no está evidenciado le haya sido resuelta y por ello alega que
el acto que lo declaró fiscalmente responsable no quedó en firme; sin
embargo, no le asiste razón si se tiene en cuenta que:
En cuanto a la firmeza, el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 vigente para
la fecha en que se adelantó dicho trámite, dispuso que los actos
administrativos quedarán en firme “1. Cuando contra ellos no proceda
ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación
o publicación según el caso”, notificación del recurso de apelación que en
este evento se verificó por estado el 20 de junio de 2014 y fue desfijado
el 24 de junio de 2014, con lo cual quedó concluido el procedimiento
administrativo, es decir, que la solicitud de adición que presentó el hoy
recurrente fue posterior a la firmeza del acto, puesto que la radicó el 26
de junio de 2014.
Adicionalmente, frente a la ejecutoriedad de las providencias, el artículo
56 de la Ley 610 de 2000 dispuso: “Artículo 56. Ejecutoriedad de las
providencias. Las providencias quedarán ejecutoriadas: 1. Cuando contra
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ellos no proceda ningún recurso (…)”. En el presente caso una vez resuelto
el recurso de apelación no procedía ningún recurso contra dicha decisión.
(v) Conforme con lo anterior, no está acreditado que las garantías que
componen el debido proceso administrativo hayan sido inobservadas por
el órgano de control fiscal, toda vez que, el recurrente fue oído durante
la actuación que se siguió en su contra; no está evidenciado que las
providencias se le hayan dejado de notificar de manera oportuna y de
conformidad con la ley, u ocurrido dilaciones injustificadas, o que no se le
permitiera su participación; la actuación se adelantó por la autoridad
competente y con el respeto del trámite previsto en la Ley 610 de 2000;
se le dio la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción
y de impugnar las decisiones proferidas en su contra.
Por último, en cuanto a la providencia que el recurrente alega debió
aplicarse en este caso, esto es, la del 22 de octubre de 2015 proferida por
esta Sección55, se tiene, que allí se declaró la nulidad de los actos
acusados que habían declarado fiscalmente responsable al demandante
por un vicio de incompetencia del funcionario que profirió el grado
jurisdiccional de consulta, lo que aquí no ocurre. En dicho caso se
examinó:
“[…] la Sala encuentra que la competencia para resolver el grado
jurisdiccional de consulta en el caso concreto estaba en cabeza de la
Contralora Municipal y no de la Dirección de Responsabilidad Fiscal, dado
que el acto objeto del aludido mecanismo había sido proferido por esta
última. En ese sentido el argumento esgrimido por el apoderado de la
Contraloría señala que la regla de competencia no fue desconocida
teniendo en cuenta que, en definitiva, es la Resolución No. 097 de 20 de
septiembre de 2007 la que revoca el fallo sin responsabilidad fiscal y
declara fiscalmente responsable a la actora.
7.1.10.- Desconoce el apelante en este punto que la falta de
competencia que se alega en la demanda no se predica de la Resolución
097 de 2007, por medio de la cual se resolvió el grado de consulta, ya
que, como se ha dejado ver, ese acto fue proferido por la Contralora
Municipal y por tanto de él no puede desprenderse causa invalidante por
este concepto. Es del fallo con responsabilidad fiscal No. 001-002 que se
55
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Providencia del 22 de octubre de 2015. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Expediente
radicación nro. 63001 23 31 000 2008 00156 01.
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predica la falta de competencia, dado que le correspondía a la Contralora
Municipal y no a la Dirección de Responsabilidad Fiscal proferir nuevo
fallo.
[…]”.
Por lo tanto, la providencia invocada no tiene ni siquiera el carácter de
antecedente aplicable al caso, ya que los problemas jurídicos resueltos no
guardan semejanza, ni los hechos resultan equiparables, de tal forma que
en este punto tampoco le asiste razón al recurrente.
Corolario de lo explicado, será confirmada la decisión de primera instancia
que denegó las pretensiones de la demanda, por no estar desvirtuada la
legalidad de los actos acusados en cuanto atribuyeron responsabilidad
fiscal al demandante.
5.5. Costas procesales en segunda instancia
El artículo 188 del CPACA estableció que, “salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil (…)”. A su vez, el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, lo adicionó en el siguiente sentido: “en todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”, no
obstante, para la fecha en que se profirió la sentencia de primera
instancia, - 12 de diciembre de 2018-, esta última modificación no estaba
vigente.
El artículo 365 del Código General del Proceso, la condena en costas está
sujeta, entre otras, a las siguientes reglas: - se condenará a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación; - debe ordenarse en la sentencia o en el auto que
resuelva la actuación que dio lugar a aquella, y - solo habrá lugar a costas
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cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
Como lo ha explicado esta Sección56, el criterio objetivo valorativo de la
condena en costas implica que es objetivo, por lo que, no resulta de un
obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada,
sino que es el resultado de su derrota en el proceso o en el recurso
propuesto, y valorativo, porque se requiere que en el expediente el juez
revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación, el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado
efectivamente realizada dentro de éste.
Atendiendo las normas citadas en precedencia, se condenará en costas
en esta instancia a la parte actora, dado que le será resuelto
desfavorablemente el recurso.
Para ello, se comprueba que la Contraloría General de la República acudió
a este proceso por conducto de apoderado. En consecuencia, se dará
aplicación a lo previsto por el Acuerdo nro. 1887 del 27 de agosto de
200357, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, que estableció
las tarifas de las agencias en derecho para los procesos Contencioso
Administrativos, en el capítulo tercero del artículo sexto, y se impondrá
su favor, el pago de la suma equivalente a un salario mínimo mensual
legal vigente a cargo de la parte actora58.
Por último, dado que no está acreditada la causación de gastos procesales,
esta Sala no condenará en costas por dicho concepto.
56
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del
4 de febrero de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación nro. 25000
23 41 000 2015 00180 01.
57
Gaceta de la judicatura. Consultado en actosadministrativos.ramajudicial.gov.co.
58
Atendiendo a que la disposición establece que en los procesos de segunda instancia con
cuantía se impondrá hasta el cinco por ciento del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de diciembre de
2018 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, acorde con lo
explicado en la parte motiva de la presente decisión.
SEGUNDO: Condenar a la parte actora a pagar a favor de la parte
demandada, Contraloría General de la República, por concepto de
agencias en derecho, la suma equivalente a un salario mínimo mensual
legal vigente.
TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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