Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00079-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00079-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00079-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00079-01
Accionante: British American Tobacco Colombia S. A. S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Octava de Decisión
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Sanción por
infracción contenida en el artículo 22 de la Ley 1762 de 2015 (no radicar tornaguías
para legalización) / CONFIRMA IMPROCEDENCIA – No cumple el presupuesto de
legitimación en la causa por activa
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 19 de febrero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 19 de diciembre de 2025, el señor Juan David López Vergara, en su alegada
calidad de apoderado de la sociedad British American Tobacco Colombia S.A.S.,
promovió acción de tutela contra la Sala Octava de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad y se dejara sin efectos la sentencia de
29 de octubre de 2025, emitida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho1 que instauró contra el departamento de Antioquia, con el fin de que se
anularan los actos administrativos2, por cuyo conducto fue sancionada3 la referida
sociedad por incurrir en la infracción contenida en el artículo 22 de la Ley 1762 de
2015, esto es, por no radicar tornaguías para legalización.
2.
En la providencia acusada se revocó la decisión judicial de 13 de marzo de 2025,
mediante la cual el Juzgado Diecisiete Administrativo de Medellín accedió a las
pretensiones de la demanda, para en su lugar, negarlas. Se determinó que la sanción
1 Expediente 05001-33-33-017-2023-00098-01.
2 Resoluciones 2022060192221 de 12 de septiembre y 2022060374324 de 30 de noviembre de 2022.
3 Con una multa de $42.828.000. Sin embargo, se reconoció el pago que realizó la Compañía por $17.132.000,
al allanarse a la sanción, lo que arrojaba un saldo de $25.696.000.
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Accionante: British American Tobacco Colombia S. A. S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Octava de Decisión
prevista en el artículo 22 de la Ley 1762 de 2015 incorpora un elemento temporal
que permite su integración con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 3071 de
1997. Por tanto, la radicación extemporánea de la tornaguía constituye una infracción
autónoma susceptible de sanción. En esa medida, como se radicó la tornaguía para
su legalización el 6 de mayo de 2022, es decir, 122 días después del vencimiento
del plazo que tenía para tal efecto (15 días luego de su expedición, lo que ocurrió el
22 de julio de 2021), procedía la sanción impuesta.
3.
La parte actora sostuvo que se incurrió en desconocimiento del precedente,
pues se desatendió el criterio del Consejo de Estado, fijado en la sentencia de 11 de
octubre de 20244, relativo a la aplicación de la sanción consagrada en el artículo 22
de la Ley 1762 de 2015 frente a la radicación extemporánea de tornaguías,
consistente en excluir la posibilidad de sancionar por extemporaneidad. Ello sin que
el Tribunal accionado expusiera -de manera explícita y suficiente- las razones
jurídicas que justificaban su apartamiento de dicho precedente.
4.
En el mismo sentido, el Consejo de Estado ha señalado que existe tipicidad
únicamente cuando las acciones u omisiones del administrado guardan perfecta
similitud con los hechos previstos en el tipo legal, siendo inadmisibles
interpretaciones extensivas, analógicas o inductivas para subsanar vacíos
normativos o ampliar la conducta sancionable.
5.
Pese al anterior criterio, el Tribunal accionado interpretó que la “radicación
extemporánea” de tornaguías constituye una manifestación de la conducta
sancionable estipulada en el artículo 22 de la Ley 1762 de 2015, aunque esa
hipótesis nunca fue prevista por el legislador. Dicho precepto legal solo establece
como conducta típica la “no radicación” de la tornaguía. La extemporaneidad no
figura en el tipo ni puede derivarse de él sin acudir a interpretaciones extensivas
expresamente rechazadas por la jurisprudencia.
6.
Por lo anterior, la conclusión de la autoridad judicial de que al terminar el plazo
establecido en el artículo 10 del Decreto 3071 de 1997 se habilita la sanción, equivale
a incorporar un elemento esencial del tipo sancionador a partir de una norma
reglamentaria, lo que contraviene el principio de legalidad y desconoce los elementos
que estructuran la conducta típica.
7.
La afirmación de que el artículo 22 de la Ley 1762 de 2015 prevé una sanción “por
día transcurrido” sin radicar la tornaguía, no tiene la virtualidad de suplir la ausencia
de previsión legal expresa respecto de la extemporaneidad. Si bien los reglamentos
pueden operacionalizar plazos o procedimientos, no pueden crear ni ampliar
infracciones. Por tanto, la remisión al Decreto 3071 de 1997 no puede transformar
un cumplimiento tardío en una infracción, pues ello supondría una interpretación
4 Expediente 28110, C. P. Wilson Ramos Girón.
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extensiva del tipo sancionador expresamente prohibida y una ampliación indebida de
la potestad sancionatoria estatal.
8.
Por lo expuesto, aunque el Tribunal accionado ofrece motivos para separarse del
precedente, dichas razones son jurídicamente insuficientes, pues se apoyan en
presupuestos dogmáticos prohibidos en materia sancionatoria.
9.
De igual modo, se incurrió en defecto fáctico porque no se valoraron, de manera
integral y coherente, las pruebas que reposaban en el expediente, lo que condujo a
una decisión contraria al ordenamiento jurídico. No se tuvo en cuenta que el
departamento de Antioquia no actuó conforme a la regulación aduanera vigente,
pues le impidió ejercer plenamente su derecho a allanarse.
10.
Al respecto, indicó que el 12 de julio de 2022 presentó escrito en el que reconocía
la infracción y pagó la sanción reducida al 40%, lo cual se acoge al procedimiento
sancionatorio regulado en el Decreto 1165 de 2019. Sin embargo, la Administración
indicó que la Ley 1762 de 2015 no contemplaba allanamientos parciales y continuó
con el trámite sancionatorio como si no existiera solicitud ni pago de allanamiento.
11.
Los aludidos vicios del procedimiento, en particular, la omisión de tramitar y decidir
la solicitud de allanamiento presentada, fueron expuestos en la demanda, por lo que
el juez tenía el deber de pronunciarse sobre aquellos y al no hacerlo, omitió valorar
elementos esenciales que afectaban la legalidad del procedimiento y la validez de la
sanción impuesta.
B. Sentencia de primera instancia
12.
Mediante sentencia de 19 de febrero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente el trámite constitucional, al no superar el presupuesto
de relevancia constitucional. Se determinó que la controversia planteada por la parte
actora se limitó a una discrepancia interpretativa de naturaleza estrictamente legal,
propia del ámbito ordinario de competencia del juez contencioso-administrativo. Es
decir, el debate gira en torno a una mera inconformidad de la sociedad actora con la
decisión del tribunal accionado en lo que concierne a la interpretación y alcance del
artículo 22 de la Ley 1762 de 2015.
13.
Además, el Tribunal accionado dio cuenta de la existencia de la sentencia que la
parte actora estima desconocida y luego expuso las razones por las cuales
consideraba necesario replantear la interpretación del aludido precepto legal. Indicó
que en atención a aquel pronunciamiento judicial podría entenderse que la norma en
cuestión solo sanciona la no radicación de las tornaguías y no su presentación
extemporánea. Sin embargo, también explicó que la disposición sí tiene un elemento
temporal, en tanto la sanción por multa se calcula a partir de los días transcurridos
cuando no se radiquen las tornaguías. Por ende, se debía acudir al artículo 10 del
Decreto 3071 de 1997 que establecía el plazo para presentar las tornaguías, con lo
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cual no se afecta el núcleo esencial del tipo descrito en la ley, máxime cuando
también citó jurisprudencia del Consejo de Estado que sustenta su criterio.
14.
En cuanto al defecto fáctico, anotó que tenía la finalidad de reabrir el debate
ordinario y constituir una tercera instancia, pues se fundamenta en una reiteración
de los argumentos presentados al interior del proceso, en cuanto a que la sanción
era por no registrar las tornaguías, mas no por hacerlo de manera extemporánea, y
en ese sentido no era sujeto pasivo de la referida sanción, y que, en todo caso, en
sede administrativa se había allanado y había pagado el porcentaje correspondiente,
lo que daba lugar a la terminación del proceso.
C. La impugnación
15.
La parte actora sostuvo que se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional porque se lesiona en forma clara, directa y sustancial el debido
proceso. El Tribunal accionado se limitó a estudiar el cargo principal sobre la
legalidad de la sanción y omitió pronunciarse sobre los demás cargos y pretensiones
de la Compañía, relacionados con el allanamiento.
16.
Lo anterior, por cuanto la autoridad judicial tenía dos cargas ineludibles, si
confirmaba la decisión podía limitarse al estudio del agravio del apelante único, pero
si revocaba, como ocurrió, debía pronunciarse expresa y suficientemente sobre los
otros argumentos y pretensiones de la demanda, entre ellos, el atinente al
allanamiento y sus efectos procesales y sustantivos. Por tanto, al omitirse ese
estudio y, sin embargo, negar las pretensiones en segunda instancia, el Tribunal
afectó las garantías de congruencia, igualdad de armas, tutela judicial efectiva, y, en
suma, la plenitud de las formas propias del juicio.
17.
Es decir, se invoca un vicio estructural de la sentencia de segunda instancia,
consistente en su incongruencia omisiva frente a un cargo y pretensión relevantes
sobre el allanamiento, en un escenario de apelante único.
18.
Asimismo, se alega que se quebrantó la reserva de ley y la tipicidad estricta al
ampliar (por vía analógica y con apoyo en un reglamento) el tipo sancionatorio fijado
por el legislador. En concreto se amplió el tipo sancionatorio (no radicar) para abarcar
la extemporaneidad, con base en un decreto reglamentario (Decreto 3071 de 1997).
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Octava de Decisión
19.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19915.
E. Análisis del caso concreto
20.
La Sala advierte que la solicitud de amparo no supera el presupuesto de
procedibilidad de legitimación en la causa por activa.
21.
Frente al aludido requisito el a quo anotó que la empresa tutelante estaba
legitimada en la causa por activa, porque actuó como demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó la providencia que se
cuestiona en este asunto. Afirmación que comparte esta Sala, no obstante, se
evidencia que dicha sociedad actuó por conducto de apoderado judicial, al cual se le
requirió en esa instancia que aportara el poder especial que le fue otorgado para
promover esta acción de tutela.
22.
En esa medida, resultaba indispensable que el juez de primera instancia
examinara si el profesional del derecho había aportado el mandato requerido, dado
que ello determinaba si aquel estaba habilitado para promover este trámite
constitucional en nombre de la aludida sociedad.
23.
Al respecto, se evidencia que el abogado requerido no aportó mandato especial y
específico para presentar la tutela, omisión que impedía que en primera instancia se
analizara el cumplimiento de los presupuestos generales para la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, pues para ello se debía verificar en
primer lugar si quien la presentó estaba legitimado para ese fin, como se expone a
continuación.
24.
Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, cualquier persona puede acudir
a la acción de tutela, bien sea -por sí misma o a través de un representante, para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública y, excepcionalmente de los particulares. Mandato constitucional
que se consagró en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.
25.
De acuerdo con el Decreto 2591 de 1991, los titulares de la acción de tutela podrán
solicitar el amparo constitucional (i) bien sea en forma directa, (ii) por intermedio de
un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos,
interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado
con poder judicial o mandato expreso), (iv) así como a través de agente oficioso
(cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover su propia
defensa). De igual manera, según se dispone en la ley, se encuentran legitimados
para ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los personeros
5 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Octava de Decisión
municipales (facultados para intervenir en representación de terceras personas,
siempre que el titular de los derechos haya autorizado6.
26.
En cuanto al ejercicio de la acción de tutela por medio de la figura del
apoderamiento judicial, la jurisprudencia constitucional ha señalado que se habilita
siempre que: (i) el acto jurídico formal se concrete en un escrito que se denomina
poder; (ii) el referido poder sea especial, es decir, que haya sido otorgado por una
sola vez y con un objeto específico, de tal manera que “aquel que sea conferido para
la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se
entiende otorgado para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le
den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial”7; y (iii) el destinatario
del acto de apoderamiento sea un profesional del derecho habilitado con tarjeta
profesional.
27.
La Corte Constitucional también ha precisado que el poder otorgado para
presentar una acción de tutela, además de ser especial, debe ser específico. Así, el
apoderamiento judicial debe contener de forma clara y expresa los siguientes
elementos: (i) los nombres y datos de identificación del poderdante y su apoderado;
(ii) la autoridad pública o el particular contra la cual se va dirigir la acción de tutela;
(iii) el acto o documento que motiva la solicitud de amparo, y (iv) los derechos
fundamentales cuya protección se busca reclamar.
28.
De manera que, en este tipo de asuntos, el contenido del acto de apoderamiento
es el que permite al juez constitucional verificar el cumplimiento del presupuesto de
procedibilidad atinente a la legitimación en la causa por activa.
29.
En suma, cuando la acción de tutela se promueve a través de apoderado judicial,
además de acreditar que se encuentra habilitado para ejercer la profesión, el
abogado debe aportar el poder especial que lo faculta para actuar.
30.
En el sub lite se tiene que el abogado Juan David López Vergara presentó la
demanda de tutela manifestando actuar como apoderado de la empresa British
American Tobacco Colombia S.A.S., que actuó como demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó la decisión judicial objeto
de censura constitucional. Para tal efecto, aportó el poder que esa sociedad le
confirió el 3 de febrero de 2023 para que promoviera el medio de control.
31.
Por lo anterior, el juez de primera instancia, mediante auto admisorio de 16 de
enero de 2026, requirió al profesional del derecho para que allegara “el poder
6 La propia jurisprudencia constitucional se ha encargado de puntualizar, en relación con la figura de la acción
de tutela, que si bien es cierto que la informalidad es una de sus notas características, cuyo fundamento estriba
precisamente en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales,
también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos requisitos mínimos de procedibilidad,
dentro de los cuales se encuentra el atinente a la debida acreditación de la legitimación por activa -o la titularidad-
para promover el recurso de amparo constitucional. Cfr. Sentencias T-464A de 2006, T-493 de 2007 y C-483 de
2008 de la Corte Constitucional.
7 Sentencia T-1025 de 2006, reiterada en la sentencia T-194 de 2012.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00079-01
Accionante: British American Tobacco Colombia S. A. S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Octava de Decisión
especial que le fue otorgado por la sociedad British American Tobacco Colombia
S.A.S. para promover la presente acción de tutela contra providencia judicial, con el
fin de acreditar su calidad de apoderado especial en el presente proceso
constitucional”.
32.
Sin embargo, el mencionado abogado no atendió el requerimiento judicial.
Omisión que le impide a la Sala habilitar en este caso el apoderamiento judicial en
materia de tutela, pues el poder que se aportó no es especial ni específico. En la
medida en que no se concedió para la presentación de esta tutela, por ende, no
relaciona la autoridad judicial contra la que iba dirigida la tutela, la decisión judicial
que reprocha, la referencia del proceso en el que aquella se emitió y los derechos
fundamentales cuya salvaguarda se pretendía.
33.
Ciertamente, de admitir el mencionado poder se avalaría que el profesional del
derecho pueda promover diferentes acciones judiciales, con objetos distintos, en
nombre y en representación de su mandante, en un claro desconocimiento del
principio de especificidad que rige en los procesos de tutela.
34.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que este mecanismo
constitucional “no admite que se pueda asumir de manera indeterminada o ilimitada
la representación de otro, ni la informalidad que caracteriza a la acción de tutela se
opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos de procedibilidad”8.
35.
En ese sentido, si bien es cierto que la informalidad es una de las notas
características de la acción de tutela, cuyo fundamento estriba precisamente en la
aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas
procesales, también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos
requisitos mínimos de procedencia, que surgen de su naturaleza jurídica y de los
elementos especiales que la componen.
36.
En consonancia con lo anterior, las exigencias de especialidad y especificidad no
resultan desproporcionadas ni caprichosas, sino que, por el contrario, son
razonables a la luz del marco normativo y jurisprudencial que ha fijado una serie de
requisitos para habilitar el apoderamiento judicial en los procesos de tutela. Sin
mencionar, que un abogado que pretenda representar a otra persona en un proceso
judicial debe tener claro el alcance de las facultades concedidas y, en igual sentido,
está obligado a acreditar la especificidad de su encargo profesional, pues justamente
se trata de un poder especial. Admitir la omisión en su delimitación, implica
considerar el mismo como un poder general y, consecuentemente, exigir los
requisitos que para el mismo dispone la ley, como que su otorgamiento se haga por
escritura pública9.
8 Sentencia T-417 de 2013.
9 Código General del Proceso, Artículo 74.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00079-01
Accionante: British American Tobacco Colombia S. A. S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Octava de Decisión
37.
En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia impugnada, que declaró
improcedente el trámite constitucional.
38.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de febrero de 2026, proferida por la
Sección Quinta de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela,
por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
10 VF
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