Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04690-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04690-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04690-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
3 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04690-00
Accionante: British American Tobacco Colombia S.A.S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – inmediatez. Sentido del fallo de tutela: Se
declara improcedente.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por British American Tobacco
Colombia S.A.S. en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
1.- La solicitud de tutela
La sociedad tutelante interpuso esta acción constitucional en procura de la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los
cuales considera vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 29 de octubre
de 2025 por la autoridad convocada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 05001333301720230009800/01,
mediante la cual se revocó la dictada el 13 de marzo de 2025 por el Juzgado 17
Administrativo de Medellín y, en su lugar, se negaron las pretensiones de la
demanda.
2.- Hechos
2.1.- El 22 de julio de 2021 se expidió la tornaguía de movilización y tránsito No. 11-
203134, que amparaba mercancías gravadas con el impuesto al consumo de
cigarrillo y tabaco de origen extranjero, cuyo sujeto pasivo es British American
Tobacco Colombia S.A.S. La sociedad radicó la solicitud de legalización el 6 de
mayo de 2022, esto es, con 122 días de mora; por ello, mediante la Resolución No.
2022060192221 del 12 de septiembre de 2022, confirmada por la Resolución No.
2022060374324 del 30 de noviembre de 2022, el departamento de Antioquia le
1Obra escrito de tutela a folios 1-18 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
6ABDA22FABA407C8 77C8B72E48FAB032 650AF622A139F9E4 668860648D6C33A7.
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impuso una sanción de $42.828.000 por la infracción del artículo 22 de la Ley 1762
de 2015, a pesar de que la sociedad había reconocido la infracción y efectuado un
pago reducido de $17.132.0002.
2.2.- Con base en esas circunstancias, la empresa, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó al departamento de Antioquia
para que se declarara la nulidad de los citados actos administrativos. El proceso
correspondió al Juzgado 17 Administrativo del Circuito de Medellín, bajo el radicado
No. 05001333301720230009800.
2.3.- El a quo ordinario, mediante sentencia del 13 de marzo de 20253, accedió a
las pretensiones. Consideró que, conforme a la jurisprudencia, el artículo 22 de la
Ley 1762 de 2015 no sanciona la presentación extemporánea de la tornaguía sino
su falta de radicación, de modo que, habiéndose radicado la tornaguía el 6 de mayo
de 2022, aunque por fuera del término, la conducta era atípica.
2.4.- Inconforme, el departamento de Antioquia apeló. Mediante sentencia del 29 de
octubre de 20254, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión y, en su
lugar, negó las pretensiones. Afirmó que el tipo sancionador del artículo 22 de la
Ley 1762 de 2015 incorpora un elemento temporal que obliga a integrarlo con el
término del artículo 10 del Decreto 3071 de 1997, esto es, 15 días, o 10 para las
tornaguías de tránsito, por lo que la radicación extemporánea constituye una
infracción autónoma sancionable. Con apoyo en una sentencia del Consejo de
Estado del 23 de mayo de 2024, concluyó que la sanción se ajustaba a derecho.
3.- Fundamentos de la acción de tutela
La sociedad accionante sostiene que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió
en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente vertical, pues
interpretó de manera extensiva el artículo 22 de la Ley 1762 de 2015 para tener
como sancionable la radicación extemporánea de la tornaguía e integró un elemento
estructural del tipo a partir de una norma reglamentaria, en detrimento de los
principios de legalidad, tipicidad y prohibición de analogía en materia sancionatoria.
2 A folios 84-85 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 6ABDA22FABA407C8
77C8B72E48FAB032 650AF622A139F9E4 668860648D6C33A7.
3 Ibidem, a folios 86-87.
4 A folios 83-99 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 6ABDA22FABA407C8
77C8B72E48FAB032 650AF622A139F9E4 668860648D6C33A7.
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Añade que, con ello, se apartó sin carga argumentativa suficiente del precedente de
la Sección Cuarta del Consejo de Estado5, que estableció que la radicación tardía
no equivale a la no radicación y, por tanto, resulta atípica.
Aduce la peticionaria que dicho apartamiento vulneró también su derecho a la
igualdad, en la medida en que se le dio un trato distinto al reconocido por el Consejo
de Estado a otros sujetos que, en situaciones fácticas análogas, fueron
considerados no incursos en la conducta sancionable.
La convocante alega, además, un yerro fáctico en su dimensión negativa, por cuanto
el tribunal no valoró de manera integral el material probatorio, en particular, el
comprobante del pago con el que se allanó a la infracción, ni el procedimiento
sancionatorio aduanero aplicable, que contempla la figura del allanamiento con
reducción de la multa, omisión que, a su juicio, resultaba determinante para la
solución del litigio.
4.- Pretensiones de la acción
En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
omisión se alega; (ii) dejar sin efectos la sentencia proferida el 29 de octubre de
2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia; y (iii) ordenar a dicha autoridad
proferir un nuevo fallo ajustado a derecho.
5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1.- Mediante auto del 22 de junio de 2026 el despacho ponente admitió la acción
de tutela y vinculó al Juzgado 17 Administrativo de Medellín, que conoció en primera
instancia el proceso ordinario, y al departamento de Antioquia, demandado en ese
medio de control.
5.2.- El Tribunal Administrativo de Antioquia sostuvo que la sanción por la
legalización extemporánea de la tornaguía no vulneró los principios de legalidad y
tipicidad, pues el artículo 22 de la Ley 1762 de 2015 incorpora un elemento temporal
que exige acudir al término del artículo 10 del Decreto 3071 de 1997, de modo que
5 Sentencia del 11 de octubre de 2024, exp. 28110.
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los 122 días durante los cuales la tornaguía permaneció sin legalizar encuadran en
la infracción; concluyó que se trató de una decisión motivada y ajustada a derecho,
con la que no se vulneró derecho fundamental alguno.
5.3.- El Juzgado 17 Administrativo de Medellín reseñó el trámite surtido en primera
instancia y sostuvo que este se desarrolló con observancia de las garantías a la
contradicción, a la defensa y al debido proceso. Advirtió, además, que la Sección
Quinta del Consejo de Estado conoció de la acción de tutela No. 2026-00079-00
relacionada con la misma sentencia.
5.4.- El departamento de Antioquia solicitó declarar improcedente el amparo por
falta de relevancia constitucional y de inmediatez. Como petición previa, pidió
vincular al trámite a la consejera ponente de la solicitud de unificación
jurisprudencial que cursa en la Sección Cuarta del Consejo de Estado sobre la
interpretación del artículo 22 de la Ley 1762 de 2015, por versar, a su juicio, sobre
el mismo debate de legalidad.
II. CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por British
American Tobacco Colombia S.A.S. en contra del Tribunal Administrativo de
Antioquia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución,
37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
2.- Cuestiones previas
2.1.- La Sala advierte que la sociedad accionante manifestó que con anterioridad
promovió una acción de tutela igualmente en contra de la sentencia del 29 de
octubre de 2025, la cual fue declarada improcedente por falta de legitimación en la
causa por activa, al no haberse acreditado el poder especial para actuar, mediante
sentencia del 8 de mayo de 2026 proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera de esta corporación, dentro del radicado No. 11001031500020260007901.
Por tratarse de una nueva solicitud sobre los mismos hechos, corresponde verificar
si se configura temeridad o cosa juzgada constitucional.
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Al respecto, se considera que no se materializa ninguna de esas figuras. En efecto,
tanto la temeridad como la cosa juzgada constitucional exigen, entre otros
elementos, identidad de partes entre las actuaciones, la cual no se presenta en este
caso respecto de la parte accionante, pues se declaró improcedente la primera
solicitud por falta de legitimación en la causa por activa. En esa medida, al no
haberse allegado el poder para actuar, la sociedad British American Tobacco
Colombia S.A.S. no adquirió en aquel trámite la condición de parte. En
consecuencia, no hay identidad de partes que impida el estudio de la presente
acción o que implique una conducta temeraria, máxime cuando la misma sociedad
reveló la existencia del trámite anterior.
A lo anterior se suma que, del cotejo integral de los dos escritos de tutela, se
advierten diferencias específicas circunscritas a los acápites de oportunidad,
juramento y anexos. En cuanto a la oportunidad, el primer escrito precisó fechas
exactas, ya que señaló que la sentencia cuestionada fue notificada el 4 de
noviembre de 2025, quedó en firme el 7 del mismo mes y transcurrió un lapso inferior
a 2 meses para la presentación del amparo, mientras que el escrito objeto de este
trámite omite las fechas precisas y expone de forma genérica que entre la ejecutoria
de la providencia cuestionada y la interposición del amparo transcurrió un lapso
prudente y proporcionado. Respecto al juramento, el primer texto indicó que la parte
accionante no había presentado otra acción por los mismos hechos, en tanto que el
segundo manifiesta expresamente que con anterioridad se promovió una idéntica,
pero con la aclaración de que fue declarada improcedente por falta de legitimación.
En el acápite de anexos, el documento inicial enlistó 7 elementos, mientras que el
segundo incluye un 8º, que corresponde a la copia de la providencia de
improcedencia del 8 de mayo de 2026.
Establecido lo anterior, la diferencia advertida en el acápite de oportunidad resulta
relevante para el estudio que sigue, pues, contrario a lo afirmado por la sociedad, el
requisito de inmediatez debe verificarse a partir de la ejecutoria de la providencia
atacada, según se examinará.
2.2.- Otro aspecto relevante es que se pidió la vinculación de la magistrada de la
Sección Cuarta que conoce de la solicitud de unificación de jurisprudencia No.
11001032700020260001000, la cual versa sobre el mismo tópico que se discute en
este proceso. No obstante, esta Sala no accederá a tal petición, pues, por tratarse
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de una vía constitucional urgente en la que se ventilan prerrogativas fundamentales,
la tutela no está sujeta a prejudicialidad ni requiere de un pronunciamiento previo
para su resolución.
3.- Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos denunciados por la parte actora.
4.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad6 y de procedencia7 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
5.- El cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso concreto
5.1.- La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 5 de
agosto de 2014, especificó que la inmediatez es una condición que permite
concretar la urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si se
interpuso en un periodo razonable, para cuyo efecto fijó como regla general “un
plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según el caso”8.
Sin embargo, para determinar la oportunidad y razonabilidad del tiempo transcurrido
entre la firmeza de la providencia acusada y el momento en que fue interpuesta la
solicitud de amparo, cuando este sea mayor al de 6 meses, la jurisprudencia
6 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
7 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201.
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constitucional ha insistido en que en cada caso concreto se evalúe este
presupuesto, a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela.
5.2.- Así, la Sala tomará como punto de partida, para el análisis del presupuesto
aludido, la fecha de ejecutoria de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, al ser la que se cuestiona en este trámite constitucional.
Como hitos relevantes se advierte que el fallo proferido por la autoridad accionada
el 29 de octubre de 2025 fue notificado a las partes el 5 de noviembre de ese mismo
año9, por lo que quedó en firme el 12 de noviembre siguiente.
Bajo ese hilo argumental, si bien en el escrito de tutela la sociedad accionante se
limitó a afirmar de manera genérica que el amparo se interpuso dentro de un lapso
razonable, se tiene que la acción sub judice se presentó el 16 de junio del año en
curso10. En ese sentido, se hace evidente que, entre la ejecutoria de la providencia
atacada, ocurrida el 12 de noviembre de 2025, y la interposición del amparo
transcurrió un término superior a 6 meses, de modo que no se encuentra satisfecho
el requisito estudiado, ya que cuando se formuló el depreco iusfundamental ya
estaba superado el plazo que la jurisprudencia constitucional ha considerado
oportuno.
5.3.- Por otra parte, no se encontró acreditada ninguna condición o circunstancia
que permita la flexibilización del presupuesto sub examine. La sociedad accionante
es una persona jurídica que actuó por conducto de apoderado y no invocó ni acreditó
situación de vulnerabilidad o de fuerza mayor que justificara la tardanza. Tampoco
la existencia de la anterior acción de tutela altera el cómputo, pues, como se expuso
en la cuestión previa, en aquel trámite la sociedad no adquirió la condición de parte
por un error que le es atribuible, de suerte que su presentación no tiene la virtualidad
de preservar ni de interrumpir el término de inmediatez respecto a esta nueva
solicitud. Por consiguiente, no hay lugar a extender el plazo fijado por el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional como razonable para acreditar el requisito de
inmediatez.
9 Como consta en el índice 14 del expediente No. 05001333301720230009801.
10 Como consta en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 082252D894CB4E40
E318C3CA9A7757E4 4F24BD9213422048 293D639C67AF4B53.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
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6.- En consecuencia, la acción de tutela será declarada improcedente por no
satisfacerse el requisito de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
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