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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00117-00

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00117-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento del Cesar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Petrona Isabel Alcázar Torrenegra, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00117-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 00117 00
Accionante: Petrona Isabel Alcázar Torrenegra
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Acción: Acción de Tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir con
el requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la ciudadana Petrona Isabel Alcázar
Torrenegra, actuando a través de apoderado judicial, contra la sentencia de 26 de junio
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar1, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 20001 33 33
007 2024 00106 01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La ciudadana Petrona Isabel Alcázar Torrenegra promovió acción de tutela en contra de
la precitada providencia, y para ello, formuló las siguientes pretensiones2:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en sentencia
del 26 de junio de 2025 emitida dentro del proceso con radicado No. 20-001-
33-33-007-2024-00106-01, transgredió los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE de la señora
PETRONA ISABEL ALCÁZAR TORRENEGRA, al haber adoptado una
decisión que se aparta de los principios de la sana crítica que rigen la
valoración probatoria y del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un
análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el fin 4 de lograr el
esclarecimiento de la situación fáctica de la accionante y, (ii) aplicando en
debida forma la normatividad que reglamenta las competencias en el

1 En adelante el Tribunal.
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00117 00.

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procedimiento administrativo definido para la gestión de las solicitudes de
reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes del Fomag.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante relató que, presentó solicitud de reconocimiento de cesantías a través del
sistema “Humano en Línea”, por lo cual la Secretaría de Educación del Departamento del
Cesar expidió la Resolución No. CESARC2022000043 el 22 de agosto del mismo año, y
posteriormente, la Fiduprevisora S.A. giró los recursos el 8 de septiembre de 2022.

Adujo que elevó petición ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional- Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el Departamento del Cesar y la
Fiduprevisora S.A., con el propósito de obtener el reconocimiento de la sanción por mora
establecida en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019, sin obtener una respuesta en
el término legal, configurándose así el silencio administrativo negativo, el cual dio lugar
al acto administrativo ficto que fue sometido a control jurisdiccional.

Señaló que, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar3 mediante
sentencia de 27 de marzo de 2025 negó las pretensiones de la demanda. Decisión frente
a la cual interpuso recurso de apelación.

Manifestó que, el Tribunal mediante sentencia de segunda instancia de 26 de junio de
2025, confirmó la decisión inicial.

Como fundamento de la acción de tutela, el accionante expuso que el desacuerdo se
centra en la fecha de radicación en debida forma de la solicitud de cesantías presentada
en el aplicativo “Humano en Línea”, para determinar si era procedente la sanción
moratoria por pago tardío de la precitada prestación.

Sostuvo que la petición quedó presentada desde el 8 de abril de 2022, momento en el
que realizó el “envío de documentación”, sin que mediara devolución o requerimiento por
información incompleta. No obstante, tanto el Juzgado como el Tribunal tomaron como
fecha de radicación el 22 de agosto de 2022, al considerar que esta solo se configura
cuando la administración valida y aprueba los documentos en el sistema. Con
fundamento en ese criterio, concluyeron que la resolución y el pago se efectuaron dentro
de los términos legales, razón por la cual descartaron la configuración de la sanción
moratoria.

Afirmó que: (i) en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) la sentencia objeto de
cuestionamiento incurrió en un defecto fáctico y sustantivo.

En cuanto al defecto fáctico, afirmó que la autoridad judicial efectuó una valoración
inadecuada e incompleta del material probatorio, al desconocer la trazabilidad aportada
por el aplicativo, la cual evidenciaría la radicación de la petición de cesantías desde el 8
de abril de 2022.

En relación con el defecto sustantivo, alegó que la decisión se basó en un criterio
operativo interno, la aprobación administrativa de los documentos, que no corresponde
al parámetro legal para iniciar el cómputo del término correspondiente, aplicando un

3 En adelante el Juzgado.

2

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criterio no previsto en la ley y, por tanto, incompatible con el marco normativo que regula
el reconocimiento de cesantías.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 14 de enero de 20264 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto de 19 de enero de 20265 la admitió y dispuso notificar6 al Tribunal,
como autoridad judicial accionada; así como vincular7 Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito de Valledupar, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el departamento del Cesar,
como terceros con interés directo en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió tanto al Juzgado como al Tribunal para que allegaran copia
digital del expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, identificado con radicado núm. 20001 33 33 007 2024 00106 00/01.

3.2. El Ministerio de Educación Nacional8 allegó informe mediante el cual solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela y, adicionalmente, que se dispusiera su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Sostuvo que no se evidencia vulneración alguna de los derechos fundamentales del
accionante que le sea atribuible, razón por la cual el amparo resulta improcedente.

Agregó que no es responsable de la conducta u omisión que dio lugar a la presunta
afectación alegada y que, en consecuencia, carece de competencia para pronunciarse
sobre los hechos y pretensiones formulados, toda vez que estos se circunscriben a
actuaciones y decisiones adoptadas por otra entidad, respecto de las cuales no tiene
injerencia.

3.3. El Tribunal Administrativo del Cesar9 allegó informe en el que solicitó negar las
pretensiones de la demanda al no existir vulneración de los derechos fundamentales
alegados.

Sostuvo que, en la providencia cuestionada se reiteró la obligatoriedad de utilizar el
aplicativo “Humano en Línea” para la gestión y radicación de las solicitudes de cesantías
de los docentes, de modo que la fecha válida para el cómputo de términos corresponde
a aquella en que el sistema registra la solicitud con la certificación laboral generada y
validada.

4 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001-

03-15-000-2026-00117-00.
5 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001-

03-15-000-2026-00117-00.
6 Esta orden se cumplió el 21 de enero de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado nro. 11001-03-15-000-2026-00117-00.
7 Ibidem.
8 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001-

03-15-000-2026-00117-00.
9 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001-

03-15-000-2026-00117-00.
3

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Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

Indicó que, en el caso concreto, se estableció que la peticionaria inició el trámite el 8 de
abril de 2022; sin embargo, la validación y aprobación de los documentos se produjo el
22 de agosto de 2022, fecha que el Tribunal tomó como radicación efectiva. Con base en
ello, concluyó que la entidad territorial expidió la resolución y efectuó el pago dentro de
los plazos legales, por lo que no se configuró mora ni sanción moratoria.

En consecuencia, descartó la vulneración de derechos fundamentales respecto de la
providencia acusada y solicitó negar las pretensiones de la demanda.

3.4. El departamento del Cesar10 allegó informe en el que solicitó que se declare la falta
de legitimación en la causa por pasiva y, adicionalmente, declarar la improcedencia de la
presente solicitud de amparo, por cuanto no se evidencia una vulneración de los derechos
fundamentales alegados.

3.5. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar, guardó silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 11 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,12 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201914, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.

4.2. CUESTIÓN PREVIA

Se observa que tanto el Ministerio de Educación Nacional como el departamento del
Cesar solicitaron, en sus respectivos informes, su desvinculación del trámite de tutela, al
considerar que carecen de legitimación en la causa por pasiva.

Para resolver dicha solicitud, es preciso señalar que el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991 regula lo relativo a la legitimación en la causa por pasiva, en los siguientes términos:

Artículo 13. Personas Contra Quien se Dirige la Acción e Intervinientes. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos,

10 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001-

03-15-000-2026-00117-00.
11 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
12 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
13 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
4

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sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud.

De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre
de 200615, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva de la siguiente forma:

En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia
T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al
demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor
le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr
que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el
demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no
es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o
cuando no es su conducta la que inflige el daño. (Destaca el Sala)

Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que no es procedente acceder a la
solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Educación Nacional y el
departamento del Cesar, por cuanto, de la revisión del expediente del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, se advierte que dichas entidades fueron vinculadas como
demandadas.

En consecuencia, su permanencia en el trámite resulta necesaria para garantizar la
eficacia de la decisión que se adopte, así como para salvaguardar su derecho de
contradicción frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.

15 Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.

5

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4.3. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente16:

4.3.1. La accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del Oficio CES2023ER028239-
CES2023EE026848 de 10 de enero de 2024, por medio de la cual la Secretaría
Departamental de Educación del Cesar, negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por retardo en el pago del auxilio de cesantías en su favor, de acuerdo con lo
previsto en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019.

4.3.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado, que, mediante sentencia de 27
de marzo de 2025, resolvió negar las pretensiones de la demanda.

4.3.3. Inconforme con la decisión anterior, la accionante interpuso recurso de apelación,
y el Tribunal, mediante sentencia de 26 de junio de 2025, confirmó la decisión recurrida.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez de tutela debe verificar es la relevancia
constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que17:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de exponer de manera clara,
expresa y suficiente las razones por las cuales el asunto sometido a su consideración
reviste de relevancia constitucional; pues, de no hacerlo, correría el riesgo de inmiscuirse
en cuestiones que son propias del juez natural de la causa. Justamente, esa indebida

16 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado

con radicado núm. 20001 33 33 007 2024 00106 00/01.
17 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.

6

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interferencia es la que pretende evitarse mediante el examen del requisito de relevancia
constitucional.

A partir de la sentencia C-590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha sido
desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU-573 de
2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades18:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista verdadera trascendencia constitucional es
indispensable que se encuentren acreditados de manera concurrente los tres elementos
que integran el requisito de la relevancia constitucional19. En consecuencia, la ausencia
de cualquiera de ellos conduce, de forma inexorable, a la improcedencia de la acción de
tutela, por no superarse dicho presupuesto de procedibilidad.

4.4.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá en el
examen del segundo y del tercer criterio que la compone, esto es, (i) evitar que la acción
de tutela se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los
de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial, e (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

4.3.2.1. Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica

Frente al segundo elemento, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente20:

[…] la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las
discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole
económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos
para su trámite, dado que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena
de “involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones”
[…]. (Subrayado fuera del texto).

18 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este

criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
19 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
20
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
7

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En igual sentido, anotó que21:

[…] en tales términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación
de una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se
desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes
constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés general”
[…]. (Subrayado fuera del texto).

La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el segundo elemento que la compone, esto es, preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos
de mera legalidad o de naturaleza económica, no está superado.

Lo anterior, debido a que la discusión planteada por la parte actora está relacionada con
el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en las Leyes
1071 de 2006 y 1955 de 2019, por el retardo en el pago de las cesantías parciales
solicitadas, lo que implica un debate meramente legal y económico.

Al efecto, frente a la naturaleza de la sanción moratoria, la Corte Constitucional, en
sentencia T-599 de 2019, expuso que “(…) el caso sub judice carece de relevancia
constitucional, porque la acción de tutela (i) tiene como finalidad el reconocimiento de una
sanción económica, en lugar de la protección de un derecho fundamental, toda vez que
la accionante solicita únicamente el pago de la sanción moratoria, mas no la consignación
de las cesantías causadas por su trabajo (…)”22.

Por lo anterior, en el caso en cuestión, el segundo criterio de la relevancia constitucional
no se cumple.

4.3.2.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” […]23.
(Subrayado fuera de texto).

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial. Como se expresó con

21
Ibidem.
22
Corte Constitucional. Sentencia T – 555 del 20 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
23 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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claridad en la Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a
la controversia judicial”.

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.

Ello obedece a que la parte accionante pretende reabrir la controversia ya debatida en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, orientando sus reparos a cuestionar
la valoración probatoria y la interpretación normativa efectuadas por la autoridad judicial
accionada. En particular, sostiene que no se apreciaron adecuadamente los elementos
de juicio que acreditaban la fecha de radicación de la solicitud de reconocimiento de
cesantías, de la cual dependía la eventual configuración de la sanción moratoria
reclamada.

Sin embargo, del estudio del recurso de apelación presentado por el accionante dentro
del proceso ordinario se advierte que tales inconformidades ya fueron expuestas y
debatidas ante el juez natural. En esa oportunidad, el actor insistió en que la mora debía
contabilizarse desde el 8 de abril de 2022, fecha en la cual afirma haber presentado la
solicitud, y no desde el momento en que la documentación fue validada por la Secretaría
de Educación, como lo sostuvo el despacho.

Al resolver la controversia, el Tribunal efectuó un examen del acervo probatorio y de las
reglas previstas en el aplicativo institucional “Humano en Línea”, concluyendo, con
fundamento en el instructivo del sistema, que la radicación válida de la solicitud solo se
configura cuando el solicitante cuenta con la certificación de historia laboral y salarial y la
documentación ha sido debidamente verificada y aprobada por la entidad. A partir de
dicha trazabilidad, determinó que la validación ocurrió el 22 de agosto de 2022 y que,
desde esa fecha, debían contabilizarse los términos para establecer la eventual mora.

Con base en ello, el Tribunal constató que la entidad territorial expidió oportunamente la
resolución de reconocimiento de las cesantías y puso los recursos a disposición de la
interesada dentro del término legal, descartando así la configuración de la sanción
moratoria. Se tiene que, tales conclusiones se sustentaron en una valoración razonada,
coherente y suficiente de los hechos probados y de las normas aplicables.

De este modo, se evidencia que la autoridad judicial accionada sí expuso fundamentos
fácticos y jurídicos claros que justifican su decisión, sin que se advierta arbitrariedad,
desconocimiento del debate procesal o ruptura del debido proceso.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado:11001 03 15 000 2026 00117-00
Accionante: Petrona Isabel Alcázar Torrenegra
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo utilizada como
una instancia o recurso adicional al proceso ordinario para cuestionar la valoración que
el juez natural de la causa hizo sobre el acervo probatorio obrante en el expediente y así,
controvertir lo resuelto en la providencia acusada, por lo que se concluye que, de acuerdo
con la jurisprudencia constitucional citada previamente, la petición de amparo no cumple
con el tercer criterio de la relevancia constitucional.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión del
juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación, las
pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes,
simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución
y la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales
atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por
fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia, entraría
en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del juez
competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el
evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le fueron
planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones, excepciones y
hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado a
decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre
las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido el
debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando ella está
por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han formulado
demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede comprometer el núcleo
fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida; pero ese no es el supuesto en el
caso que aquí se examina.

Por lo anotado, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple
con el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

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Radicado:11001 03 15 000 2026 00117-00
Accionante: Petrona Isabel Alcázar Torrenegra
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Educación Nacional y el Departamento del Cesar, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Petrona
Isabel Alcázar Torrenegra, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 19 de
febrero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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