Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00122-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00122-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00122-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
13 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00122-00
Accionante: WALBERTO JIMÉNEZ PÉREZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso, a la vida, a la dignidad humana, a la seguridad social, a
la igualdad, al mínimo vital y a la protección constitucional de las personas en condición de
discapacidad / MORA JUDICIAL – Circunstancias en las que se configura.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por el señor Walberto Jiménez Pérez, a través de agente oficiosa, de conformidad
con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29
y 37 del Decreto 2591 de 1991.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1.El 8 de enero de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a la
dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad, al mínimo vital y a la
“protección constitucional de las personas en condición de discapacidad”2.
Hechos relevantes
2.El señor Walberto Jiménez Pérez presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, con el fin de obtener la nulidad del Oficio núm. 332592
ARPRE - GRUPE - 1.10 del 9 de diciembre de 2016, mediante el cual la entidad
negó el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez.
3.El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Bolívar que, por medio de
sentencia del 30 de marzo de 2022, determinó lo siguiente: (i) ordenar el pago de la
1
Que ingresó al despacho para fallo el 29 de enero de 2026.
2
Obra en certificado 055DB5DA84CC55A7 AE2BBEA28D9E202F 5669C8F7255AF76D
53D32702090A1704, pág. 3, índice 2 de Samai.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00122-00
Accionante: Walberto Jiménez Pérez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
pensión de invalidez en cuantía equivalente al 95%, en cumplimiento de los
requisitos establecidos en el régimen previsto en el Decreto 1796 de 2000; y (ii)
negó la pretensión relativa al reconocimiento de una indemnización por pérdida de
capacidad laboral, debido que a que dicha prerrogativa era incompatible con la
prestación pensional.
4.A juicio del a quo, al actor le asistía el derecho al reconocimiento de la pensión de
invalidez, toda vez que presentaba una pérdida de capacidad laboral superior al
75% atribuible a la prestación del servicio, la cual fue dictaminada por medio de Acta
de Junta Médica Laboral núm. 1229 del 8 de octubre de 2001 y por Acta núm. 2279-
2630 de 28 de diciembre de 2004, suscrita por el Tribunal Médico de Revisión Militar
y de Policía; y sometida a nueva valoración por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Magdalena que, en dictamen del 12 de febrero de 2016, le determinó
una pérdida de la capacidad laboral del 100%.
5.La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional presentó apelación contra
la decisión de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de
auto del 15 de marzo de 2023, concedió el recurso en efecto suspensivo y ordenó
su envío al Consejo de Estado.
6.El 8 de junio de 2023, el expediente fue asignado a la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado bajo el radicado núm. 13001-23-33-000-2018-
00106-01.
7.Desde el 6 de febrero de 2024, el asunto se encuentra a despacho para fallo, sin
que a la fecha de la presentación de la acción de tutela de la referencia se haya
proferido decisión de segunda instancia.
Pretensiones
8.En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):
“PRIMERO. Que se amparen los derechos fundamentales invocados.
SEGUNDO. Que se ordene al Consejo de Estado – Sección Segunda
proferir decisión de fondo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado bajo el número 13001233300020180010601, dentro
de un término razonable y perentorio, atendiendo la condición de sujeto de
especial protección constitucional del accionante.
TERCERO. De manera subsidiaria o como mecanismo transitorio, solicito
que sea viable ordenar a la entidad competente adoptar medidas
administrativas temporales de protección del mínimo vital”, en el entendido
del reconocimiento liquidación y pago temporal de la pensión de invalidez a
que tendría derecho por tener más del 50% de incapacidad laboral, mientras
la jurisdicción competente Consejo de Estado donde se encuentra el litigio
del proceso, decide de fondo el libelo y controversia de la demanda
pensional que actualmente cursa sobre dicha Corporación Judicial, con el
fin de sustituir la situación derivada de la falta de ingresos , vida digna y
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00122-00
Accionante: Walberto Jiménez Pérez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
seguridad social, y sin que esta pretensión pretenda sustituir al juez natural
del proceso o remplazar la segunda instancia.”3.
Fundamentos de la demanda de tutela
9.La parte demandante sostiene que el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado núm. 13001-23-33-000-2018-00106-00 ingresó al Consejo de
Estado hace dos años y nueve meses, sin que a la fecha se haya proferido fallo de
segunda instancia. Afirma que la demora no es atribuible a la parte demandante ni
responde a maniobras dilatorias, sino que obedece exclusivamente al tiempo
prolongado que el proceso ha permanecido pendiente de decisión.
10.Señala que presenta una pérdida de la capacidad laboral del 100%, lo que le
impide desempeñar cualquier actividad productiva o remunerada y, en
consecuencia, generar ingresos propios. Explica que su compañera asume
simultáneamente el rol de cuidadora permanente y de madre cabeza de familia,
pues debe atender sus necesidades diarias de asistencia y acompañamiento. Esta
doble carga limita de manera significativa sus posibilidades laborales y de
generación de ingresos, lo que repercute negativamente en la estabilidad
económica del núcleo familiar.
Trámite procesal
11.Mediante auto del 19 de enero de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado como accionada y al Tribunal Administrativo de
Bolívar, a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al Ministerio Público
y a los demás intervinientes del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 13001-23-33-000-2018-00106-00/01, en
calidad de terceros con interés en las resultas del proceso, para que rindieran
informe.
12.Asimismo, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para
que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.
Intervenciones
13.La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
conducto del magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, solicitó que se niegue el
amparo solicitado, en razón a que el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho ha sido tramitado adecuadamente de conformidad con la complejidad del
asunto y los graves problemas de congestión judicial que afectan al despacho
sustanciador.
14.Sostuvo que el asunto se encuentra en el flujo ordinario de decisión, que en las
altas cortes se ve impactado por la carga estructural del servicio. De esta manera,
si bien el expediente está a despacho para fallo desde el 6 de febrero de 2024,
3
Folio 10 del escrito de tutela. Índice 2 de Samai.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00122-00
Accionante: Walberto Jiménez Pérez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
indicó que de ello no se deriva, por sí mismo, que exista una omisión imputable, en
atención a que la sola permanencia en despacho no prueba desidia.
15.En efecto, pidió que se tengan en cuenta los graves problemas de congestión
judicial que enfrenta la Sección Segunda del Consejo de Estado, dependencia que,
según el informe del Consejo Superior de la Judicatura para el año 2024, tenía 7.604
de los 16.925 asuntos judiciales en trámite de toda la Corporación. Asimismo, indicó
que el despacho sustanciador en segunda instancia tiene acumulado en su
inventario 1.606 procesos vigentes, cifra que desborda la capacidad profesional del
consejero y de los empleados de la unidad que dirige.
16.A través del magistrado Luis Miguel Villalobos Álvarez, el Tribunal
Administrativo de Bolívar solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva, ya que no ha realizado ninguna conducta que afecte los derechos
fundamentales reclamados. Precisó que la autoridad llamada a solventar las
pretensiones de la demanda es la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, donde se encuentra el trámite la segunda instancia del proceso ordinario.
17.El Grupo de Asuntos Legal de la Secretaría de General de la Policía
Nacional pidió su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
18.La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
19.De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado incurrió en una mora judicial en el trámite del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 13001-23-33-
000-2018-00106-01, y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la vida, a la dignidad humana, a la seguridad
social, a la igualdad, al mínimo vital y a la “protección constitucional de las personas
en condición de discapacidad” de la parte accionante?
20.Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Subsección adoptará la
siguiente ruta de análisis: (i) reiteración de jurisprudencia constitucional respecto de
la mora judicial; (ii) análisis de los requisitos de procedencia formal para establecer
si existe mora judicial injustificada y; (iii) examen de fondo del caso en concreto.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00122-00
Accionante: Walberto Jiménez Pérez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
Mora judicial
21.La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido la mora judicial como
un “fenómeno multicausal”, por lo general asociado a las deficiencias estructurales
del sistema judicial, los cuales limitan el goce efectivo del derecho al acceso a la
administración de justicia. Este fenómeno se materializa cuando la acumulación de
procesos excede la capacidad de los servidores judiciales responsables de su
resolución4.
22.Como lo indica el artículo 29 Superior, toda persona que interpone una acción o
ejerce un recurso dentro de un proceso judicial tiene el derecho a obtener una
respuesta dentro de los plazos previstos por la ley. No obstante, no todo retraso en
el pronunciamiento de una decisión judicial constituye automáticamente una
vulneración constitucional, en la medida en que es necesario demostrar que la
demora fue injustificada, atribuible a la falta de diligencia del funcionamiento del
empleado judicial o que el tiempo de duración del proceso resulte irrazonable5.
23.En ese sentido, corresponde al juez de tutela analizar, en cada caso en concreto,
si la conducta de los servidores o de la corporación judicial responde a una actitud
caprichosa o arbitraria o si, por el contrario, obedece a problemáticas estructurales
que dificultan el cumplimiento de los plazos procesales, como la congestión judicial
o la ausencia de condiciones mínimas de infraestructura en los despachos. Este tipo
de circunstancias, por su naturaleza, no pueden ser atribuidas directamente a los
servidores judiciales.
24.La Corte Constitucional ha establecido que la mora judicial puede estar
justificada cuando el incumplimiento de los términos procesales obedece a
situaciones estructurales, como la congestión judicial o la fuerza mayor. En estos
eventos, al tratarse de circunstancias ajenas al actuar de los encargados de
administrar justicia, no se configura una vulneración de los derechos fundamentales.
Por lo tanto, lo procedente es negar la existencia de la afectación alegada, y
disponer que el proceso continúe su curso conforme el turno asignado, siempre que
no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable6.
25.De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional7, para establecer si
existe mora judicial es necesario adelantar un análisis en dos etapas. La primera
corresponde al examen de procedibilidad formal, el cual se satisface cuando se
cumple entre otros los siguientes requisitos:
26.Una vez superado el análisis de procedibilidad formal, se pasa a la segunda
etapa del examen, correspondiente al análisis de fondo, en el que se debe
establecer si, en el caso concreto, se configura la mora judicial injustificada.
Conforme el precedente constitucional, ésta se presenta cuando se verifican los
siguientes elementos:
4
Corte Constitucional, SU-179 de 2021.
5
Corte Constitucional, SU-333 de 2020.
6
Corte Constitucional, SU-179 de 2021.
7
Corte Constitucional, SU-333 de 2020.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00122-00
Accionante: Walberto Jiménez Pérez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
“(i) la demora obedece al incumplimiento de los términos previstos en la ley
para adelantar una actuación judicial; (ii) no existe una causa razonable que
justifique dicha dilación, como lo sería la congestión judicial o la carga
excesiva de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión de la
autoridad judicial en el cumplimiento de sus deberes funcionales”.
27.En suma, la mora judicial constituye un problema estructural del sistema de
justicia, cuyo análisis exige valorar las circunstancias específicas de cada caso. No
todo retraso en la emisión de una providencia equivale a una vulneración
constitucional, pues solo adquiere relevancia cuando la demora carece de
justificación y es atribuible a la inactividad o negligencia del funcionario judicial. Si,
por el contrario, la tardanza obedece a causas estructurales como la congestión
judicial, la falta de personal o condiciones materiales deficientes no puede imputarse
responsabilidad al despacho. En consecuencia, únicamente cuando se demuestra
que el retardo es injustificado y afecta de manera directa el derecho al debido
proceso o al acceso a la administración de justicia, procede la intervención del juez
constitucional para ordenar las medidas correctivas necesarias.
Análisis del caso en concreto
28.A juicio de la Sala, cuando la acción de tutela se interpone con el propósito de
obtener la protección de derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la
mora judicial, el análisis no debe limitarse a verificar si la autoridad judicial respetó
los plazos legales para adoptar una decisión. Lo verdaderamente relevante consiste
en establecer si la tardanza alegada carece de una justificación objetiva y
razonable8.
29.En el caso bajo examen, la Sala constata que se cumplen los requisitos de
procedencia formal de la acción de tutela promovida por mora judicial.
30.Respecto del requisito de diligencia de la parte actora, se observa que la parte
accionante ha mantenido una actuación activa, constante y comprometida con la
defensa de sus derechos, lo que ha permitido que el proceso avance hasta su fase
final.
31.En cuanto al requisito de subsidiariedad, aunque el proceso judicial aún se
encuentra en trámite, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, en los
casos de mora judicial, el ciudadano no está obligado a agotar otros mecanismos
procesales —como recursos o incidentes—, dado que su utilización solo prolongaría
la tardanza y profundizaría la vulneración de los derechos fundamentales. En ese
contexto, la accionante se hallaba en una situación de indefensión, al carecer de un
medio judicial idóneo y eficaz que le garantizara una decisión oportuna.
8
En Palabras de la Corte en la Sentencia T-186 de 2017: “el análisis para concluir si la mora era
justificada o no, implicaba una valoración crítica del cumplimiento de los deberes por parte del
funcionario judicial, entre los que se incluía la adopción de medidas tendentes a superar situaciones
de congestión, acudiendo a los superiores y autoridades competentes dentro de la organización de
la Rama Judicial, así como la información confiable y certera a los usuarios de la administración para
que estuvieran enterados de las razones por las cuales sus trámites no habían podido resolverse a
tiempo.”
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00122-00
Accionante: Walberto Jiménez Pérez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
32.Por último, en relación con el requisito de inmediatez, la acción de tutela se
interpuso dentro de un término razonable, toda vez que el proceso judicial continúa
abierto y la presunta afectación a los derechos fundamentales permanece vigente y
actual.
33.Una vez superado este análisis formal, la Sala entrará analizar de fondo el
presente asunto. Así, para determinar la existencia de mora judicial injustificada, es
necesario realizar una valoración integral de las circunstancias que rodean la
demora, al considerar que cuenta con factores como la complejidad del asunto, la
existencia de motivos razonables que justifiquen la dilación, la conducta de los
interesados y la diligencia del funcionario judicial. En ese sentido, el mero
incumplimiento de los plazos procesales no configura, por sí solo, una vulneración
constitucional, pues es indispensable analizar el contexto en el que se produjo el
retardo.
34.En el caso concreto, el señor Walberto Jiménez Pérez solicitó la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a la dignidad humana, a
la seguridad social, a la igualdad, al mínimo vital y a la protección constitucional de
las personas en condición de discapacidad, los cuales considera vulnerados por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado debido a que dicha
Corporación no ha proferido sentencia de segunda instancia dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 13001-23-
33-000-2018-00106-01.
35.Al respecto, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se
advierte que en dicho asunto la autoridad judicial accionada ha adelantado las
siguientes actuaciones:
̶ El 14 de junio de 2023, la Secretaría General de esta Corporación remitió a
despacho el recurso de apelación presentado por la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional contra la sentencia del 30 de marzo de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
̶ Por medio de auto del 16 de noviembre de 2023, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del entonces
magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas, admitió el recurso de apelación.
̶ La decisión precitada fue notificada a las partes el 13 de diciembre de 2023.
̶ Luego de ejecutoriado el auto admisorio y sin solicitud de prueba, el 6 de
febrero de 2024, el expediente pasó a despacho para dictar sentencia.
̶ Adicional a ello, la Sala advierte que el magistrado Rafael Francisco Suárez
Vargas terminó su período constitucional como consejero el 18 de octubre de
2024 y el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo tomó posesión de su cargo
en reemplazo el 2 de febrero de 2025.
36.Ahora bien, en el escrito de contestación, el magistrado sustanciador de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que el asunto
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00122-00
Accionante: Walberto Jiménez Pérez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
en cuestión se tramita dentro del turno ordinario para decisión, el cual, en las altas
corporaciones, se ve impactado por la carga estructural del servicio. Asimismo,
adujo que el despacho a su cargo tiene acumulado en su inventario 1.606 procesos
vigentes en segunda instancia, cifra que desborda la capacidad profesional de él y
de su equipo de trabajo.
37.Al respecto, esta Sala reconoce que, si bien las actuaciones y decisiones dentro
de los procesos judiciales deben ajustarse a los términos establecidos por la ley, no
pueden ignorarse las condiciones estructurales de congestión que afectan a la
Rama Judicial y, en particular, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
las cuales, en cierta medida, dificultan calificar situaciones como la presente como
una mora judicial injustificada.
38.Asimismo, conviene recordar que, según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
446 de 1998, los jueces están obligados a proferir las sentencias respetando
estrictamente el orden en que los expedientes ingresan al despacho para ese
propósito, sin que sea posible modificarlo, excepto en los eventos de sentencia
anticipada o cuando exista prelación legal.
39.Adicionalmente, en el caso bajo estudio debe considerarse que, con
posterioridad al ingreso del expediente del proceso ordinario al despacho, se
presentó un cambio de ponente debido a la finalización del período constitucional
del magistrado inicialmente designado. Esta situación sugiere que, además del
trámite ordinario de los procesos, en este asunto se ha requerido de una gestión
cuidadosa y una atención particular a diversos aspectos procesales y sustanciales,
debido a que el nuevo consejero que asumió la ponencia tomó posesión el 2 de
febrero de 2025.
40.De conformidad con lo descrito, esta Subsección considera que las posibles
demoras son consecuencia de la carga laboral del despacho de conocimiento, el
cual ha adelantado los diferentes asuntos de conformidad con la naturaleza de los
expedientes que tiene a cargo y el orden de ingreso, lo que exige una celosa
atención por parte del funcionario judicial y su equipo de trabajo al tiempo que
dificulta la resolución de la litis dentro de lapsos cortos.
41.Por otro lado, respecto del sistema de turnos, la Corte Constitucional9 ha
señalado que las autoridades judiciales, en principio, deben procesar y resolver los
procesos en el orden cronológico en el cual se hayan promovido o iniciado. Frente
a ello, estableció que en la definición de criterios para fijar órdenes de atención de
los procesos judiciales, se debe evaluar que resulten razonables y respeten la
igualdad, a saber:
“[…] todas las personas tienen el mismo derecho a que sus conflictos sean
atendidos oportunamente por la administración de justicia. Dado el cúmulo
de procesos que ocupan a los juzgados, es entonces preciso establecer un
criterio para fijar el orden de atención a los mismos, criterio que debe ser
razonable y respetar el derecho de igualdad. La norma demandada
establece una pauta en ese sentido al determinar que los procesos serán
9
Sentencia C-134 de 2023.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00122-00
Accionante: Walberto Jiménez Pérez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
fallados de acuerdo con el orden de ingreso al despacho para sentencia.
Este criterio - conocido como el de la cola o el de la fila - respeta de manera
general el derecho de igualdad, en la medida en que determina que los
procesos serán fallados de acuerdo con el orden de ingreso, sin atender a
criterios de clasificación sospechosos - tales como la condición social de las
partes, la raza o el sexo de las mismas, etc. - o a favoritismos inaceptables
desde el punto de vista del derecho de igualdad. Asimismo, el criterio es
razonable porque fija como punto de partida para la elaboración del orden
en el que deben decidirse los casos el momento de ingreso de los mismos
al despacho para el fallo, es decir, el momento en el que ya todos los
procesos deben estar completos para proceder a dictar la sentencia. En ese
instante, los procesos deben contar con todos los elementos necesarios
para la emisión de la providencia y se encuentran, entonces, en una
situación similar, si bien evidentemente algunas sentencias requerirán más
elaboración que otras10”.
42.En ese sentido, ha dicho la jurisprudencia constitucional11 que la tardanza en la
observancia de los términos judiciales constituye una mora judicial injustificada
cuando (i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique
dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la
tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de
la autoridad judicial.
43.Sobre este punto, jurisprudencialmente12 se han establecido las circunstancias
que dan lugar a la dilación injustificada, exigiéndose para ello lo siguiente:
i. El incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación por parte del funcionario competente.
ii. La omisión en el cumplimiento de las obligaciones en el trámite de los
procesos a cargo de la autoridad judicial.
iii. La falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a
circunstancias que no se pueden contrarrestar.
44.En este orden de ideas, en el presente caso no se configura una mora judicial
injustificada por parte de la autoridad judicial accionada, pues es posible colegir que
los tiempos han sido razonables y se ajustan a la realidad de la congestión judicial.
Así, al no advertirse una vulneración de derechos fundamentales, esta Sala negará
el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por el señor Walberto
Jiménez Pérez, a través de agente oficiosa, contra la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
10
Sentencia C-248 de 1999.
11
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 23 de agosto de 2018.
Radicación No: 11001-03-15-000-2018-02247-00.
12
Ibidem.
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00122-00
Accionante: Walberto Jiménez Pérez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
III. R E S U E L V E
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada
por el señor Walberto Jiménez Pérez, a través de agente oficiosa, contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
10
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