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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00106-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00106-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia del 30 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas en ambas instancias al señor Walberto Jiménez Pérez, a favor de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2018-00106-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Magistrado ponente: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00106-01 (3600-2023)
Demandante: Walberto Jiménez Pérez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

Tema: Pensión de invalidez. Régimen de los miembros de la Fuerza
Pública. Organismos médico-militares y de policía. Valor
probatorio de los dictámenes rendidos por las juntas regionales
de calificación de la invalidez.

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia y niega las
pretensiones de la demanda.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 30 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El 31 de mayo de 2017, el señor Walberto Jiménez Pérez por conducto de
apoderado judicial presentó demanda1 contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional con el fin de obtener la nulidad del Oficio No.
332592/ARPRE-GRUPE-1.10 de 9 de diciembre de 2016, por medio del cual se
negó el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez y el reajuste de la
indemnización por pérdida de capacidad laboral.

2. Como restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de
una pensión de invalidez en cuantía equivalente al 100 % del salario mínimo
mensual vigente más el 40 %, a partir de la fecha de retiro de la institución, así como
la indemnización correspondiente o en su defecto, el reajuste de conformidad con
la pérdida de capacidad laboral dictaminada por el médico especialista en salud
ocupacional aportado. Además, reclamó el pago de 100 salarios mínimos por
concepto de perjuicios.

3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, señaló que prestó sus
servicios a la Policía Nacional y que, durante ese tiempo, adquirió la condición de
discapacidad que actualmente padece la cual fue calificada en un 100 % por la Junta

1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 1
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 13001-23-33-000-2018-00106-01 (3600-2023)
Demandante: Walberto Jiménez Pérez

Regional de Calificación de la Invalidez del Magdalena. Indicó que, debido a dicha
condición, se encuentra imposibilitado para desempeñar cualquier actividad laboral.
Asimismo, afirmó que, desde su retiro no ha recibido la atención médica que
requiere.

4. En cuanto a la vulneración alegada2, sostuvo que durante su vinculación a
la institución policial se presentaron diversas circunstancias que incidieron
negativamente en su estado de salud y su calidad de vida. Afirmó que resulta
inequitativo que, tras haber prestado sus servicios a la patria, no haya retornado a
la vida civil en las mismas condiciones en las que ingresó, ni le hayan sido
reconocidos los emolumentos a los que considera tener derecho, en particular, la
pensión de invalidez y la indemnización por pérdida de capacidad laboral.

5. Señaló que en el acta de la Junta Médico Laboral que le realizaron no se
consignaron la totalidad de patologías que padece, las cuales, según afirma, han
presentado deterioro progresivo.

6. Sostuvo que de conformidad con la Ley 923 de 2004 y los Decretos 4433
de 2004 y 1157 de 2014, cumple con los requisitos para acceder tanto a una pensión
de invalidez como a la indemnización por pérdida de capacidad laboral, toda vez
que su disminución psicofísica fue calificada en 100 %.

7. Finalmente, manifestó que tratándose de derechos ciertos e indiscutibles no
era exigible el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial y, en todo
caso, le era aplicable el término de prescripción cuatrienal.

Contestación de la demanda

8. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional se opuso a
las pretensiones de la demanda.

9. Manifestó que de conformidad con los registros del sistema de talento
humano de la entidad, se estableció que el señor Jiménez Pérez estuvo vinculado
a la institución como agente, acumuló un total de 10 años, 6 meses y 25 días de
servicio y fue retirado por voluntad de la Dirección General no por disminución
psicofísica como se señaló en la demanda.

10. Sostuvo que el dictamen que pretende hacerse valer como prueba de la
variación (incremento) del índice de pérdida de capacidad laboral del demandante
no tiene la aptitud legal dentro del régimen especial de la Fuerza Pública, para
desvirtuar la calificación hecha previamente por los organismos médico-laborales
Militares y de Policía.

2 Invocó como normas violadas las siguientes: artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 228, 229 y 230 de la

Constitución Política; 9 del Código Sustantivo del Trabajo; 3 de la Ley 923 de 2004; 32 del Decreto 4433 de
2004; y 2 del Decreto 1157 de 2014.

Radicación: 13001-23-33-000-2018-00106-01 (3600-2023)
Demandante: Walberto Jiménez Pérez

11. Alegó que las decisiones de los organismos y autoridades médico-laborales
son irrevocables y obligatorias y contra las mismas solo proceden las acciones
judiciales.

Sentencia apelada

12. Mediante sentencia del 30 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de
Bolívar declaró la nulidad del Oficio No. 332592 ARPRE-GRUPE-1.10 del 9 de
diciembre de 2016, ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez
en los términos del Decreto 1796 de 2000; dispuso el pago del retroactivo pensional,
el descuento del valor reconocido por concepto de indemnización por pérdida de
capacidad laboral y la indexación de la primera mesada; y negó demás pretensiones
de la demanda.

13. Para ello, el tribunal sostuvo que, aunque los integrantes de la Fuerza
Pública tengan un régimen especial, mediante el cual se determina la capacidad
psicofísica de sus miembros, no es menos cierto que dicha calificación puede ser
realizada por las Juntas de Calificación de Invalidez en la calidad de peritos, como
se encuentra consagrado en el artículo 1 del Decreto 1352 de 2013. En
consecuencia, estimó que el dictamen pericial rendido por la Junta Regional de
Calificación de la Invalidez del Magdalena era un medio probatorio conducente,
pertinente y útil para demostrar la disminución de la capacidad laboral del
demandante a la luz del artículo 226 de la Ley 1564 de 2012 – CGP.

14. Asimismo, señaló que al haberse establecido como fecha de estructuración
de la pérdida de capacidad laboral el 8 de octubre de 2001, el régimen pensional
aplicable era el del Decreto 1791 de 2000 y en ese sentido, se cumplía con el valor
porcentual mínimo (75 %) que exigía la norma para ser beneficiario de la pensión
reclamada, pues la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena, de
acuerdo con el Decreto 94 de 1989 determinó un índice de disminución psicofísica
del 100 %.

15. Sostuvo que existía incompatibilidad entre la indemnización por pérdida de
capacidad laboral y la pensión de invalidez, toda vez que la contingencia que
protege una y otra son la misma. En consecuencia, en aras de evitar un doble pago
por una misma fuente obligacional, ordenó que se descontaran los valores relativos
a la indemnización ya reconocida y pagada.

16. Agregó que no operó el fenómeno de la prescripción, como quiera que al
haberse hecho exigible la pensión el 16 de febrero de 2016 (día siguiente a la
notificación del dictamen de la junta regional) y haberse presentado la reclamación
administrativa el 24 de agosto del mismo año y radicado la demanda el 31 de mayo
de 2017, se interrumpió en debida forma el término de los tres años.

17. Finalmente, condenó en costas a la parte demandada por resultar vencida
en el proceso.

Radicación: 13001-23-33-000-2018-00106-01 (3600-2023)
Demandante: Walberto Jiménez Pérez

Recurso de apelación

18. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional solicitó que
se revocara la decisión de primer grado y en su lugar se negaran las pretensiones
de la demanda.

19. En su escrito, señaló que la Policía Nacional basó su actuación
administrativa en los actos preparatorios emitidos por los organismos médico-
laborales, entiéndase la Junta y el Tribunal Médico Laboral Militar y de Policía, como
autoridades competentes para determinar la disminución psicofísica de los
miembros de la Fuerza Pública en los términos del Decreto 1796 de 2000.

20. En virtud de lo anterior y en atención al Acta No. 1229 de 8 de octubre de
2001, indicó que el señor Jiménez Pérez no cumplió con los requisitos pensionales
del artículo 117 del Decreto 1213 de 1990, pues, mientras la norma exigía un índice
de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 75 % la Junta dictaminó un valor
porcentual del 14 % - apto para actividad militar.

21. Insistió en que a la luz del artículo 22 del Decreto 1796 de 2000, las
decisiones de los organismos y autoridades médico-laborales son irrevocables y
obligatorias, y contra las mismas solo proceden las acciones judiciales.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

22. Mediante autos de 16 de noviembre de 2023, se admitió el recurso de
apelación contra la sentencia de 30 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.

23. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

24. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.

Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala determinar si el demandante acreditó conforme al
régimen especial de la Fuerza Pública que su pérdida de capacidad laboral es igual
o superior al porcentaje exigido para el reconocimiento de la pensión de invalidez,

Radicación: 13001-23-33-000-2018-00106-01 (3600-2023)
Demandante: Walberto Jiménez Pérez

de cara a la calificación realizada por la Junta Regional de Calificación de la
Invalidez del Magdalena y que fue aportada con la demanda.

26. Es preciso señalar que, de conformidad con el artículo 328 del CGP, no se
hará pronunciamiento alguno sobre la vinculación a la Policía Nacional y los
perjuicios reclamados, dado que ello no fue objeto de reparo en el recurso de
apelación.

Análisis del problema jurídico

27. La Sala revocará la sentencia de primera instancia del 30 de marzo de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar y negará las pretensiones de la
demanda, luego de corroborar que el dictamen que pretendió hacer valer la parte
demandante no fue expedido por alguno de los organismos médico-militares y de
policía y la calificación hecha por la Junta Regional de Calificación de la Invalidez
no se hizo como dictamen pericial.

28. Para resolver lo anterior, se deben hacerse algunas consideraciones en
relación con el régimen jurídico de las prestaciones pensionales y económicas por
pérdida de capacidad laboral, el umbral de invalidez y la idoneidad probatoria en el
régimen pensional y de sanidad de la Fuerza Pública.

29. De conformidad con el artículo 117 del Decreto 1213 de 1990 (Estatuto del
personal de agentes de la Policía Nacional), los agentes que para el momento de
su retiro del servicio presenten disminución psicofísica determinada por la Sanidad
de la Policía Nacional tendrán derecho al reconocimiento y pago de una
indemnización, el auxilio a la cesantía y demás prestaciones que correspondan para
ese momento y una pensión vitalicia, mientras subsista la incapacidad. Dicha norma
igualmente fijó reglas de tasación de la pensión acorde al índice de pérdida de
capacidad laboral y de la indemnización de conformidad a las circunstancias que
dieron lugar a aquella disminución.

30. La Ley 923 de 2004, mediante la cual se señalan las normas, objetivos y
criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública 3, precisó
frente a la pensión de invalidez que no podría establecerse como requisito para
acceder a esta prestación una disminución de la capacidad laboral inferior al 50%.
Asimismo, estableció la compatibilidad entre las indemnizaciones por muerte o
disminución de la capacidad psicofísica y la pensión o asignación de retiro
correspondiente, lo cual aplica según las normas que reglen dichas prestaciones,
sin que proceda una indemnización sustitutiva.

3 Acorde con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993. «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la

presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido
por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la
presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas […]»

Radicación: 13001-23-33-000-2018-00106-01 (3600-2023)
Demandante: Walberto Jiménez Pérez

31. Por su parte, el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 estableció que los
miembros de la Fuerza Pública, incluido el personal vinculado para la prestación del
servicio militar obligatorio, tiene derecho al pago de una pensión mensual, cuando
la Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía
determine una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75 % ocurrida
en servicio activo y mientras subsista dicha incapacidad. Dicha norma igualmente
fija el momento de efectividad de esa prestación y su forma de liquidación.

32. De igual manera, el artículo 32 ídem estableció que el índice mínimo exigido
para el reconocimiento de la pensión de invalidez se disminuye al 50 %, cuando la
incapacidad permanente parcial fuere ocasionada por (i) combate, (ii) actos
meritorios del servicio, (iii) acción directa del enemigo, (iv) tareas de mantenimiento
o restablecimiento del orden público, (v) conflicto internacional o (vi) accidente
ocurrido durante la ejecución de un acto propio del servicio.

33. Posteriormente, el Decreto 1157 de 2014 (artículo 2) modificó el índice de
invalidez a exigir y fijó en un porcentaje igual o superior al 50 %. Además, varió las
tasas de reemplazo sobre las partidas computables para la liquidación de la mesada
pensional. No obstante, mantuvo la conducencia de las actas de los organismos
médico-laborales militares y de policía para calificar aquella pérdida de capacidad
laboral para efectos prestacionales.

34. Sobre este último aspecto, es decir, la competencia de la Junta Médico
Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, cobran especial
importancia los artículos 19 del Decreto 94 de 1989, 3 y 14 del Decreto 1796 de
2000 y 2.2.5.1.51 del Decreto 1072 de 2015, pues de estas disposiciones se
concluye de forma conjunta que la capacidad psicofísica de los miembros de la
Fuerza Pública será determinada por los organismos4 Médico-Militares y de Policía.
Lo anterior no impide que, en sede judicial, el juez contencioso valore dictámenes
rendidos por juntas de calificación de invalidez como prueba pericial en calidad de
auxiliares de la justicia.

35. En otras palabras, en el régimen especial de la Fuerza Pública, la
determinación de la pérdida de capacidad laboral con efectos prestacionales es
competencia exclusiva de los organismos médico-laborales militares y de policía,
sin perjuicio de que dictámenes de juntas de calificación de invalidez puedan
valorarse como prueba pericial en sede judicial, siempre que cumplan las exigencias
procesales correspondientes

36. A partir de este marco normativo, la Sala, previo a establecer el régimen
pensional aplicable al caso concreto y, con ello, los requisitos que resultan exigibles
para las prestaciones reclamadas, se determinará cuáles son los hechos materiales
del caso que están probados, así como la validez o valor probatorio, para el caso
concreto de las calificaciones de pérdida de capacidad laboral de los miembros y/o

4 Es preciso señalar que el artículo 3 del Decreto 1796 de 2000 diferenció autoridades de organismos. Estos

últimos se refieren a los cuerpos colegiados, mientras que los primeros a los miembros que los integran.

Radicación: 13001-23-33-000-2018-00106-01 (3600-2023)
Demandante: Walberto Jiménez Pérez

ex miembros de las Fuerzas Militares hechas por las juntas de calificación de la
invalidez.

37. De conformidad con lo probado en el proceso, se advierte que (i) el señor
Walberto Jiménez Pérez nació el 1 de marzo de 19675; (ii) prestó sus servicios
durante 11 años, 2 meses y 20 días en la Policía Nacional 6; (iii) la Junta Médico
Laboral de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional a través de Acta No. 225
de 10 de agosto de 1999, estableció que el demandante tras consultar por
disestesia, parestesias y calambres esporádicos en extremidades inferiores y
superiores, no tenía pérdida o disminución de capacidad psicofísica, no ameritaba
incapacidad y era apto para el servicio; (iv) el 3 de enero de 2000, sufrió un
accidente de tránsito mientras manejaba una motocicleta en estado de embriaguez,
sin documentos y violando medidas de seguridad, hechos que ocurrieron en
actividad particular, ajena a la labor policial7; y (v) el 24 de noviembre de 2000, se
le retiró del servicio por voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional8.

38. Asimismo, quedó acreditado que (vi) el 20 de enero de 2001, la Sección de
Prestaciones Sociales de la Policía Nacional liquidó las cesantías definitivas como
personal retirado al señor Jiménez Pérez9; (vii) la Junta Médico Laboral de la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional en Acta No. 1229 de 8 de octubre de
2001, determinó que la pérdida de capacidad laboral del demandante como una
incapacidad permanente parcial de 14 % producto de «actos realizados en contra
de la ley, los reglamentos al orden superior», asimismo, dispuso que era apto para
la actividad militar; (viii) a través del Acta No. 2279-2630 de 28 de diciembre de
2004, el Tribunal Médico-laboral de Revisión Militar y de Policía resolvió dar
aplicación al artículo 34 del Decreto 94 de 198910; (ix) el 7 de diciembre de 2005, la
Policía Nacional liquidó la indemnización por pérdida de capacidad laboral en $
1.744.426,67 COP; y (x) mediante Dictamen No. 470015 de 12 de febrero de 2016,
la Junta Regional de Calificación de la Invalidez del Magdalena estableció que el
demandante perdió el 100 % de su capacidad laboral por enfermedad de origen
común (trastorno esquizofrénico tipo paranoide severo)11.

39. Ahora bien, en cuanto a la prueba del porcentaje de disminución psicofísica,
la Sala estima pertinente señalar que los documentos presentados por la parte
actora con la reclamación administrativa y aportados con la demanda en el proceso
de la referencia (dictamen de la Junta Regional de Calificación de la invalidez del
Magdalena) no cumplen con la aptitud legal que el legislador fijó para efectos de

5 Cédula de ciudadanía.
6 Hoja de servicios No. 72144240 de 9 de enero de 2001.
7 Informativo prestacional por lesión No. 79 de 2000 e Informe por novedad de 3 de enero de 2000.
8 Resolución No. 3997 de 24 de noviembre de 2000.
9 Resolución No. 787 de 20 de enero de 2001 de la Policía Nacional.
10 Artículo 34. Incumplimiento del proceso de exámenes y pruebas. Cuando el proceso de exámenes y pruebas,

ordenados para efectos de Junta y Tribunal Médico, se viere interrumpido por más de treinta (30) días sin causa
justificada, por parte del interesado, se entenderá que renuncia a los derechos que pretendía defender y se
procederá a archivar el expediente, previa constancia en el mismo sobre tal incumplimiento.
11 «Esta Junta Regional determina que la patología estructurada y única a tener en cuenta para calificar por lo

determinante de sus consecuentes secuelas a nivel cognitivo y relacional es el trastorno esquizofrénico tipo
paranoide severo en remisión parcial y, en concordancia se establecen los porcentajes correspondientes a la
Pérdida de Capacidad Laboral».

Radicación: 13001-23-33-000-2018-00106-01 (3600-2023)
Demandante: Walberto Jiménez Pérez

calificar la pérdida de capacidad laboral para asuntos prestacionales. Como se
señaló, la ley es clara en establecer que la capacidad psicofísica de los miembros
de la Fuerza Pública solo puede ser calificada por los organismos Médico-Militares
y de Policía.

40. Así, se reitera que la competencia para realizar la correspondiente
valoración médico-laboral radica, en primera instancia en las Juntas Médico-
Laborales y en sede de revisión en el Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y
de Policía, sin perjuicio de que las Juntas de Calificación de Invalidez puedan
intervenir en el proceso judicial en calidad de auxiliares de la justicia o peritos
cuando así se disponga.

41. Al respecto, es preciso señalar que el dictamen allegado con la demanda
fue incorporado al proceso como prueba documental12, decisión que no fue objeto
de recurso alguno por la parte demandante. En ese sentido, no podría considerarse
que aquella calificación tiene el carácter de dictamen pericial rendida por la Junta
Regional de Calificación de la invalidez del Magdalena como auxiliar de la justicia,
en los términos de las reglas propias de este medio de prueba previstas en el
CPACA y el CGP. Así, dado que el dictamen no fue decretado como prueba pericial
por el juez, ni se surtieron las etapas de contradicción y aclaración previstas en el
CGP, no puede atribuírsele el valor propio a aquel medio de prueba.

42. Por lo tanto, pese a que el dictamen No. 470015 de 12 de febrero de 2016
determinó que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del demandante era
del 100 % por enfermedad común (trastorno esquizofrénico tipo paranoide severo),
al no haber sido expedido por autoridad competente, no desvirtuó el 14 % calificado
como producto de enfermedad común (por actos realizados contra la ley, el
reglamento o la orden superior) en el Acta No. 1229 de 8 de octubre de 2001, índice
que no llega al tope mínimo que exige la norma para el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez. Es decir, si bien el dictamen emitido por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez es un documento válido y existente en el proceso, no
resulta idóneo para acreditar la pérdida de capacidad laboral con efectos
prestacionales en el régimen especial de la Fuerza Pública.

43. Al respecto, no puede pasarse por alto varias circunstancias de hecho que
resultan relevantes para el caso concreto:

(i) Las patologías analizadas en uno y otro dictamen fueron diferentes.
Mientras que en la valoración del 2001, la Junta Médico Laboral de la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional tomó en consideración las
patologías «Maxilofacial: Fx malar derecha consolidada sin secuelas […]
Ortopedia: esguince lumbosacro crónico, epicondilitis medial crónica […]
Oftalmología: pinguécula nasal OD, pterigión nasal OI, ametropía […]
Optometría: agudeza visual que corrige 20/20 AO […] Neurología: sin
secuelas […] Endocrinología: hipoglucemia reactiva […] Otorrino: rinitis

12 Audiencia inicial de 19 de febrero de 2019.

Radicación: 13001-23-33-000-2018-00106-01 (3600-2023)
Demandante: Walberto Jiménez Pérez

alérgica […] Urología: testículo único derecho, orquidopexia derecha», el
dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena
en el 2016 expresamente dispuso que solo tomaría en cuenta el trastorno
esquizofrénico tipo paranoide severo;

(ii) De acuerdo con el diagnostico hecho por la junta de calificación de la
invalidez, el demandante consultó varios especialistas por enfermedad
mental desde 2002, sin embargo, dado su incumplimiento en los términos
del artículo 34 del Decreto 94 de 1989, ello no pudo ser valorado por el
Tribunal Médico-laboral de Revisión Militar y de Policía; y

(iii) No obra en el proceso prueba de que se haya solicitado por parte del señor
una nueva valoración ante las autoridades u organismos médico-laborales
militares y de policía y que, en consecuencia, los exámenes no se hayan
practicado por negligencia de estas últimas.

44. En ese orden, la Sala estima que no hay razones suficientes para considerar
que la Junta Regional de Calificación de Invalidez desplazó a la Junta Médico
Laboral de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y al Tribunal Médico-
laboral de Revisión Militar y de Policía. Razón suficiente para considerar que la
valoración llevada a cabo por la primera y aportada con la demanda no tiene el
alcance probatorio que la parte demandante pretende dar en el proceso.

45. Además, al no existir prueba en el plenario que dé cuenta de un porcentaje
distinto al que sirvió en su momento para el reconocimiento y pago de la
indemnización por pérdida de capacidad laboral, no hay lugar a reconocer sumas
adicionales ni a ordenar el reajuste sobre aquella prestación económica.

46. En consecuencia, al no configurarse algún vicio de nulidad en el acto
demandado, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y negará las
pretensiones de la demanda.

Condena en costas

47. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

48. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público,
creando así una excepción a la regla general según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo

Radicación: 13001-23-33-000-2018-00106-01 (3600-2023)
Demandante: Walberto Jiménez Pérez

dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

49. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

50. En consecuencia, se condenará en costas en ambas instancias a la parte
demandante por cuanto se accede totalmente a las peticiones del recurso de
apelación presentado por la parte demandada. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho
sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia del 30 de marzo de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar y, en su lugar, NEGAR las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en ambas instancias al señor Walberto
Jiménez Pérez, a favor de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho
sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Radicación: 13001-23-33-000-2018-00106-01 (3600-2023)
Demandante: Walberto Jiménez Pérez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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