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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00158-01

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00158-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el fallo de 5 de marzo de 2025, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó el amparo deprecado por el señor Robert Oiden Andrade Álvarez, para en su lugar, DECLARAR la improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00158-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

4 de junio de 2026

Demandante: Robert Oiden Andrade Álvarez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00158-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00158-01
Demandante: ROBERT OIDEN ANDRADE ÁLVAREZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
“A”

Tema: Tutela contra providencia judicial – Revoca la negativa para en su
lugar, declarar la improcedencia por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación radicada por el señor Robert Oiden
Andrade Álvarez contra la sentencia de 5 de marzo de 2026, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, en la que negó el amparo.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Robert Oiden Andrade Álvarez, por medio de apoderado judicial, presentó
acción de tutela el 13 de enero de 2026, contra el Consejo de Estado, Sección,
Segunda, Subsección “A”, con el fin de que se le proteja el derecho fundamental al
debido proceso.

La referida garantía constitucional la estimó vulnerada con ocasión del fallo de 5 de
junio de 2025, a través del cual, revocó la decisión de 13 de octubre de 2021, dictada
por el Tribunal Administrativo de Nariño, que había accedido parcialmente a las
pretensiones, para en su lugar, negarlas en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado número 52001-23-33-000-
2014-00195-02, que promovió el accionante contra el departamento de Nariño,
Secretaría de Educación.

1.2. Pretensiones

Las peticiones deprecadas son las siguientes:

PRIMERO. - Sírvase TUTELAR el derecho fundamental del debido proceso, por
desconocimiento del precedente horizontal y defecto fáctico en la expedición de la
sentencia judicial proferida en segunda instancia dentro del proceso 52001-23-33-
000-2014-00195-02 (4619-2022) y como consecuencia de ello:

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Demandante: Robert Oiden Andrade Álvarez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00158-01

1. Ordenar que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al fallo judicial
que así lo ordene, proceda el Consejo de Estado, a conformar la sala respectiva, para
revocar en su integridad la sentencia de segunda instancia fechada el 05 de junio de
2025; para en su reemplazo, dictar una que se acompase con el debido entendimiento
del precedente del Consejo de Estado sobre el contrato realidad, como también de la
correcta valoración probatoria que obra en el proceso judicial.

2. Proceda el Consejo de Estado evaluar y pronunciarse sobre el recurso de apelación
interpuesto por la parte activa de la litis, a fin de determinar la estimación de los
prejuicios morales y/o materiales así solicitados en el recurso.1

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia:

1.3.1. El señor Robert Oiden Andrade Álvarez, radicó el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra el departamento de Nariño, Secretaría de
Educación Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución 3043
de 23 de agosto de 2013 y, en consecuencia, que se indicara que entre las partes
existió una relación laboral sin solución de continuidad entre el 18 de julio de 2001
y el 30 de diciembre de 2011.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a reconocer y
pagar las prestaciones ordinarias y extraordinarias que dejó de percibir el actor
durante el periodo mencionado, incluyendo las sanciones por su no pago y que le
devuelvan los aportes del Sistema de Seguridad Social.

Asimismo, que se pagaran los perjuicios morales, así como el daño a la vida de
relación, y que se ordenara el reajuste e indexación de las sumas reconocidas y se
condenara en costas a la parte accionada.

1.3.2. En consecuencia, el asunto le correspondió al Tribunal Administrativo de
Nariño, que en fallo de 13 de octubre de 2021 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, dado que, concluyó que el demandante prestó sus
servicios de manera permanente por un poco más de diez años, en labores
esenciales dentro de la entidad.

Asimismo, que las funciones desempeñadas eran inherentes al giro esencial de los
negocios de la entidad territorial, según daba cuenta el manual de funciones y
competencias laborales adoptado en el 2011, y no podían considerarse
ocasionales, en tanto que se desempeñaba en el área de sistemas cumpliendo
labores destinadas a la satisfacción de programas de gestión y de desarrollo de
proyectos, dando soporte técnico informático.

Expuso que, según los testimonios practicados, debía cumplir con el horario fijado
para la Secretaría de Educación Departamental y recibía órdenes directas de la jefe
de la dependencia a la que era asignado, debiendo, además, rendir informes

1 Transcripción literal, por lo que puede contener errores.

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Demandante: Robert Oiden Andrade Álvarez
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puntuales al Ministerio de Educación y al DANE para la toma de decisiones o
asignación de recursos.

Expuso que la contratación a través de terceros no desfiguraba la existencia de una
relación laboral entre las partes, porque quien se benefició de las actividades
desempeñadas fue la administración departamental.

Dijo que la vinculación tuvo lugar desde el 18 de julio de 2001 hasta el 30 de
diciembre de 2011, y consideró que el fenómeno prescriptivo operó frente a los
derechos laborales anteriores al 30 de diciembre de 2008, puesto que se
presentaron interrupciones significativas en los contratos suscritos antes de esa
fecha y la reclamación administrativa se presentó el 16 de julio de 2013, esto,
cuando habían transcurrido más de tres años desde la finalización de la mayoría de
aquellos.

Finalmente, negó las demás pretensiones y condenó en costas a la parte
demandada.

1.3.3. Inconforme con la decisión del a quo, el departamento de Nariño, Secretaría
de Educación, interpuso recurso de apelación, el cual fue conocido por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, que en providencia de 5 de junio de
2025 revocó el fallo de primera instancia, para en su lugar, denegar las súplicas.

Como fundamento de su decisión, afirmó que, de las pruebas obrantes en el
expediente, y del análisis de estas se pudo evidenciar que efectivamente el
demandante sí prestó sus servicios al departamento de Nariño como auxiliar
administrativo y técnico en sistemas de la Secretaría de Educación, a través de
contratos de prestación de servicios y a través de empresas de asociación temporal,
pues así se evidenció en los medios de convicción.

La autoridad demandada, aseguró que el señor Andrade Álvarez:

Prestó sus servicios no solo en el área de sistemas de la Secretaría de Educación y
Cultura de la Gobernación de Nariño, sino también en la oficina de registro y
estadística, en la oficina de atención al ciudadano, en la oficina de planeación y de
nómina y también desempeñó funciones de apoyo a la gestión de la Secretaría de
Educación y cultura del Departamento de Nariño, a través de varios contratos de
prestación de servicios.

Sin embargo, contrario a lo concluido por la primera instancia, esos elementos no son
suficientes para determinar la existencia de una relación laboral, pues de la simple
lectura de los acuerdos y las obligaciones contractuales no logra desprenderse por sí
mismo la subordinación y dependencia continuada. (Resaltas fuera del texto
original)

Por su parte, y en relación con el elemento de la subordinación, el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección “A” arguyó que «los objetos contractuales
variaron en algunos de los acuerdos suscritos, sin que resulte posible agrupar las
actividades en una sola, como lo hizo el Juez de primera instancia al indicar que el

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demandante prestó sus servicios en calidad de profesional de sistemas dentro de la
entidad demandada de manera continua y permanente».

Asimismo, argumentó que las pruebas testimoniales «no ofrecen suficientes
elementos para concluir la subordinación o dependencia a la que dice estuvo
sometido el demandante mientras atendió las labores contractuales en la
Gobernación de Nariño; pues, si bien dicen que se recibían ordenes, las
manifestaciones no dan cuenta de las órdenes específicas que le eran dadas al
señor Robert Oiden Andrade Álvarez, máxime cuando se pudo establecer que
durante la prestación de sus servicios como contratista no cumplió un único objeto
contractual, por el contrario, las actividades desempeñadas fueron diversas y en
ese sentido es necesario establecer en cada actividad o función desarrollada de qué
manera se impartían órdenes como muestra de una real subordinación». (Resaltas
fuera del texto original)

Indicó que algunas de las obligaciones si bien podrían tener implícito cierto grado
de subordinación, lo cierto, es que, por la naturaleza misma de la tarea, no existían
pruebas que confirmaran que en la ejecución contractual se le impartió directriz o
direccionamiento al actor y en qué sentido.

Nótese que no narran las condiciones en que el demandante ejecutó todas sus
obligaciones, solo se refirieron a la labor de estadística en la realización de
formularios para la recopilación de datos que debían ser presentados al DANE y al
Ministerio de Educación Nacional y a las funciones de nómina las cuales desarrolló
entre 2001 y 2005, sin contar con que el actor realizó otras actividades hasta el año
2011.

La judicatura demandada, también dijo que no se narraron las condiciones en las
que el demandante ejecutó todas sus obligaciones, solo se refirieron a la labor de
estadística en la realización de formularios para la recopilación de datos que debían
ser presentados al DANE y al Ministerio de Educación Nacional y a las funciones de
nómina las cuales desarrolló entre 2001 y 2005, sin contar con que el actor realizó
otras actividades hasta el año 2011.

Por consiguiente, para el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A” no
había pruebas sobre las condiciones pactadas en los contratos de prestación de
servicios, pues se echaron de menos elementos de convicción tendientes a
acreditar la dirección y control efectivo de las actividades que el señor Andrade
Álvarez debía ejecutar.

En ese orden de ideas, la decisión del ad quem fue la siguiente:

Primero. Revocar la sentencia del trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021)
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño. En su lugar, NEGAR las
pretensiones formuladas.

Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.

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1.4. Fundamentos de la solicitud

El señor Robert Oiden Andrade Álvarez, adujo que la autoridad judicial demandada,
en la sentencia de 5 de marzo de 2025, incurrió en los siguientes yerros:

Defecto fáctico: adujo que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”
en el fallo reprochado sostuvo que las pruebas documentales y testimoniales no
daban cuenta de algún grado de subordinación laboral, y que los testigos fueron
ambiguos respecto de la multiplicidad de actividades asumidas por el actor.

Expuso que la autoridad no le dio «profundidad al testimonio de la Señora PIEDAD
ELENA ESTRADA ANGEL, quien, en su dicho argumentó de manera detallada, los
grados de subordinación laboral y funciones ejecutadas por el actor». Además,
adujo que tampoco analizó adecuadamente lo dicho por la señora Carmen Eugenia
Cruz Erazo.

Adicionalmente, precisó que contrario a lo que expuso el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “A”, el señor Andrade Álvarez nunca ejecutó sus
labores autónomamente, sino que insistió en que siempre hubo subordinación.

Manifestó que en el presente asunto se configuró este yerro, porque «pese a obrar
en el expediente un acervo probatorio abundante, preciso, coherente y concordante,
tanto documental como testimonial, que acreditaba de manera inequívoca la
existencia de subordinación real, control efectivo, imposición de horarios, sujeción
a jefes inmediatos, ejercicio de poder disciplinario, cumplimiento de funciones
misionales y ausencia total de autonomía técnica, el fallador optó por desconocer
su contenido sustancial y su fuerza demostrativa, concluyendo, en abierta
contradicción con la realidad probatoria que no se encontraba acreditada la
dirección y control efectivo de las actividades del demandante».

Desconocimiento del precedente: El señor Robert Oiden Andrade Álvarez, trajo a
colación la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, fechada el 9 de septiembre de 2021, radicación
05001-23-33-000-2013-01143-01, y expuso que dicho pronunciamiento se refirió a
la contratación por el término estrictamente indispensable atendiendo a la
temporalidad de este tipo de vínculo.

Además, dijo que en la providencia reprochada, se reconoció plenamente la
prestación de servicios al departamento de Nariño de forma reiterada a través de
múltiples contratos de prestación de servicios pero que «pese a ello la Sala concluyó
que no era suficiente para declarar probada la subordinación y en consecuencia la
existencia de una relación laboral lo que iba en contra de lo dicho en la sentencia
frente a no utilizar el contrato de prestación de servicios de manera indefinida para
actividades permanentes o recurrentes de la entidad debiendo ser para lo
estrictamente indispensable».

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1.5. Trámite de la acción en primera instancia

Mediante auto de 20 de enero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la presente acción de tutela, y ordeno notificar al actor, así como al Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”.

Como terceros con interés, vinculó al Tribunal Administrativo de Nariño, al
departamento de Nariño, Secretaría de Educación y al Ministerio Público, para que,
si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente trámite tutelar.

1.6. Intervenciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes manifestaciones.

1.6.1. Departamento de Nariño, Secretaría de Educación

El secretario de Educación del departamento intervino en el presente trámite tutelar,
y aseguró que esta acción es abiertamente improcedente, puesto que, es claro que
busca una instancia adicional para controvertir los argumentos que resolvió el juez
natural de la causa.

Sostuvo que, durante todas las etapas del proceso del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, se respetó el derecho fundamental al debido
proceso del accionante, y que la sentencia reprochada en sede de tutela, contrario
a lo que dijo el actor, si valoró los medios de convicción y concluyó que el Tribunal
Administrativo de Nariño, en primera instancia, dio un alcance laboral a
circunstancias que por sí solas no acreditaban el elemento subordinación que era
un criterio diferenciador entre el contrato de prestación de servicios y la relación
laboral.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Nariño

El magistrado ponente de la sentencia cuestionada adujo que esta solicitud de
amparo no cumplía con los requisitos de procedencia de tutela contra providencia
judicial, dado que, en su criterio, lo pretendido por el actor era insistir sobre un
aspecto probatorio que se discutió en sede ordinaria.

También expresó que se estaba en presencia de una tutela contra una decisión
proferida por un órgano de cierre, lo que hacía que el estudio fuera aún más riguroso
respecto a su procedencia.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 5 de marzo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado negó el amparo deprecado por el señor Robert Oiden Andrade Álvarez.

El a quo constitucional aseguró que, según el actor, la judicatura accionada no
valoró integralmente las pruebas aportadas, concretamente los testimonios de las

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señoras Piedad Elena Estrada y Carmen Eugenia Cruz Erazo, los cuales fueron
rendidos en el proceso ordinario, así como algunas pruebas documentales.

Frente a ese yerro, el a quo advirtió que después de revisar la sentencia enjuiciada,
concluyó que no existió ausencia de valoración o una indebida valoración de los
medios de convicción arrimados al proceso, pues en la sentencia, el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, concluyó, «a partir del conocimiento que
tuvo cada una de las testigos de la relación entre el actor y la entidad territorial, las
declaraciones no ofrecían suficientes elementos de juicio que permitieran dar por
acreditado el elemento de subordinación o dependencia, propio de una verdadera
relación laboral pues, de acuerdo con el análisis hecho por la autoridad judicial, si
bien mencionaron que recibían ordenes no especificaron que estuvieran dirigidas al
actor de manera concreta».

También se hizo hincapié en que durante la prestación de los servicios del señor
Andrade Álvarez como contratista al servicio del ente territorial, no cumplió un solo
objeto contractual, sino que tuvo diversas actividades al interior de la entidad, de
manera que era necesario establecer la forma como se impartieron ordenes en cada
una de las labores por él desempeñadas.

En ese sentido, para la Sección Cuarta, «resultó razonable que el juez natural
concluyera que en el asunto bajo estudio no se hubiera encontrado demostrado el
elemento subordinación y por ende una relación laboral encubierta, conforme las
pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso, análisis que se hizo por el
juez natural conforme a los principios de la sana crítica y autonomía judicial con los
que cuenta la autoridad judicial, cosa distinta es que el actor no esté de acuerdo con
esa valoración».

Por su parte, y respecto del desconocimiento del precedente, indicó que la sentencia
que el tutelante alegó como desatendida, sí fue tenida en cuenta por la judicatura
demanda, con fundamento en que, fue a partir de la misma, que justamente el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” estudió de fondo el caso, de
cara a los hechos y lo probado en el expediente.

Para finalizar, explicó que «tratándose de providencias judiciales proferidas por
altas Cortes (quienes cumplen la función de unificar jurisprudencia y actuar como
órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones), se exige la configuración de un
error en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta
con la Constitución Política y que sea incompatible con la jurisprudencia
constitucional. Lo cual no acontece en el sub examine».

1.8. Impugnación2

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 17 de febrero de 2026, el
apoderado del señor Andrade Álvarez, impugnó la decisión de 5 de marzo de 2026,
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la que negó el amparo.

2 La sentencia fue notificada el 10 de febrero de 2026 y la impugnación se radicó el 17 del mismo

mes y año.

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La parte actora hizo un resumen de la sentencia proferida por el a quo
constitucional, y manifestó su inconformidad con el estudio de los dos yerros en los
que presuntamente incurrió la sentencia de 5 de marzo de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, para lo cual reiteró cada uno
de los argumentos que había expuesto en el escrito inicial de tutela, por lo que volvió
a mencionar las pruebas tanto testimoniales como documentales que en su sentir
no se analizaron integralmente.

Insistió en que la judicatura demandada incurrió en el defecto fáctico, porque revocó
el fallo de primera instancia del proceso ordinario, «pese a obrar en el expediente
un acervo probatorio abundante, preciso, coherente y concordante, tanto
documental como testimonial, que acreditaba de manera inequívoca la existencia
de subordinación real, control efectivo, imposición de horarios, sujeción a jefes
inmediatos, ejercicio de poder disciplinario, cumplimiento de funciones misionales y
ausencia total de autonomía técnica, el fallador optó por desconocer su contenido
sustancial y su fuerza demostrativa, concluyendo, en abierta contradicción con la
realidad probatoria que no se encontraba acreditada la dirección y control efectivo
de las actividades del demandante».

Por su parte, y en relación con el desconocimiento del precedente, adujo que el
pronunciamiento de la Sección Cuarta del Consejo de Estado fue nulo, dado que,
en su sentir no se refirió a la sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021,
con radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01.

De modo que, solicitó que se revoque la sentencia del a quo.

1.9. Trámite de la acción en segunda instancia

1.9.1. El 21 de abril de 2026, los magistrados Omar Joaquín Barrero y Gloria María
Gómez Montoya manifestaron estar impedidos para conocer de la acción
constitucional del asunto. Consideraron que estaban inmerso en la causal 5.º del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

1.9.2. Al respecto, por auto de la misma fecha de esta providencia, la Sala declaró
infundada la causal, pues no encontró acreditado el supuesto hecho establecido en
la norma.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por el
señor Robert Oiden Andrade Álvarez contra la sentencia de 5 de marzo de 2025,
por medio de la cual, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó el amparo
solicitado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

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2.2. Problema jurídico

Corresponde determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión
de primera instancia de 5 de marzo de 2025, por medio de la cual, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado negó el amparo solicitado por el señor Robert Oiden Andrade
Álvarez.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
los requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia
constitucional y, de encontrarse superado, junto con los demás, (iii) el caso
concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la solicitud de amparo contra providencias
judiciales5.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
5 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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2.4.1.1. La Sala advierte que en el asunto sub examine no se cumple el presupuesto
de la referencia, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio
adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)

En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20227 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y
acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca la trasgresión de
aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional
no puede convertirse en una tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00158-01

rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de
una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre 8.

2.5.1.2. En este caso, a juicio del señor Robert Oiden Andrade Álvarez, el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” trasgredió su derecho fundamental al
debido proceso, al proferir la sentencia de 5 de marzo de 2025, en la que revocó el
fallo de 13 de octubre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, que
había accedido parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 52001-23-33-000-2014-
00195-02, que promovió el accionante contra el departamento de Nariño, Secretaría
de Educación.

Pues bien, la Sección Cuarta de Consejo de Estado, en la sentencia de 5 de marzo
de 2025, negó el amparo deprecado por el tutelante, de modo que, contra esa
decisión el señor Andrade Álvarez, presentó impugnación, escrito en el cual insistió
en los yerros fáctico y por desconocimiento del precedente. En síntesis, reiteró que
el a quo del proceso ordinario no valoró integralmente las pruebas testimoniales y
documentales, las cuales presuntamente daban cuenta de la subordinación a la que
el actor era sometido; asimismo, insistió en que se desconoció la sentencia de
unificación de 9 de septiembre de 2021, con radicado 05001-23-33-000-2013-01143-
01, y dijo nuevamente que en la misma se hizo referencia a «la contratación por el
término estrictamente indispensable atendiendo a la temporalidad de este tipo de
vínculo».

En este punto, la Sala considera que si bien, el a quo negó el amparo, lo cierto es
que la presente solicitud no supera el requisito de la relevancia constitucional. Lo
dicho, debido a que la parte actora en su escrito de impugnación reiteró la
inconformidad con los criterios adoptados por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “A”, sin que en el escrito inicial y en el de impugnación medie
un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita vislumbrar que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.
Esto, dado que, la competencia de este operador judicial se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a
estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.

La carga argumentativa que hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para
cumplir el mencionado ejercicio, sino que dicha labor comprende un ejercicio
argumentativo mucho más profundo. En el escrito contentivo de la tutela, se advierte

8 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

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el reparo a la decisión de 5 de marzo de 2025, a partir de los defectos fácticos y por
desconocimiento del precedente.

De modo que, resulta oportuno destacar que la judicatura demandada consideró
que en el caso del tutelante no se configuraron los elementos indispensables para
que existiera un contrato laboral, por consiguiente, es claro que, parte de la
controversia propuesta por el señor Andrade Álvarez se circunscribe a un simple
desacuerdo con la valoración probatoria que hizo el ad quem del proceso ordinario,
puesto que en su sentir, omitió la valoración integral de las pruebas testimoniales y
documentales, de las cuales, se podía evidenciar el elemento de subordinación.

Asimismo, frente al desconocimiento del precedente, el tutelante no presenta una
regla como tal, dado que, no indicó de manera clara, las razones por las que
considera que la providencia de 9 de septiembre de 2021 proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado le resulta aplicable a su caso, dado que solo hizo
referencia al presunto tema sobre el cual versa la decisión.

Así las cosas, la colegiatura evidencia que los reproches planteados por el
accionante tanto en el escrito inicial de la tutela como en la impugnación reflejan
una mera inconformidad con lo decidido por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “A”, por concluir que no existió una relación laboral
encubierta, dado que, el señor Andrade Álvalez no logró probar el elemento de la
subordinación.

En este punto, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una decisión
judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos fundamentales, no
conlleva a que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el presupuesto bajo
estudio. En estos casos, se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al alcance,
contenido o goce de una garantía iusfundamental.

No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.

2.5. Conclusión

De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión revocará el fallo de 5 de
marzo de 205 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó el
amparo deprecado por el actor, para en su lugar, declarar la improcedencia por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

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III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR el fallo de 5 de marzo de 2025, proferido por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que negó el amparo deprecado por el señor Robert
Oiden Andrade Álvarez, para en su lugar, DECLARAR la improcedencia por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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